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24jun12
La insólita parábola del general Santoyo
Hace dos meses el general (r) Mauricio Santoyo sabía que una corte de Virginia, en Estados Unidos, lo estaba buscando y lo iba a solicitar en extradición para que respondiera nada menos que por recibir sobornos por 5 millones de dólares y aliarse entre 2000 y 2008 con la temida Oficina de Envigado para enviar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
Aunque Santoyo era consciente de que el asunto era grave no se preocupó. Al fin y al cabo, desde mediados de los años noventa había lidiado con complejos problemas judiciales de los que sorprendentemente siempre salió adelante. Cuando se enteró de que la corte norteamericana lo buscaba, entró en contacto con la DEA en Estados Unidos y por intermedio de sus abogados firmó un acuerdo en el que prometió que se presentaría y comparecería ante la Justicia estadounidense para aclarar su situación. Eso ocurrió hace dos meses. Pero Santoyo sencillamente nunca se presentó y perdió la posibilidad de enfrentar las acusaciones en su contra de una forma discreta. La solicitud de la corte de Virginia fue filtrada y produjo el escándalo que sacudió al país durante la semana pasada, al ver al primer general en su historia, condecorado como un campeón en la lucha contra el secuestro, pedido en extradición
Los ventiladores
En mayo de 2008, 13 jefes paramilitares fueron extraditados y, desde las cárceles en Estados Unidos, algunos empezaron a hablar. Uno de los primeros en mencionar con nombre propio a Santoyo fue Juan Carlos Sierra, alias el Tuso. Dijo a las autoridades norteamericanas que uno de los oficiales que más ayudaban a los paramilitares, a los narcos y especialmente a la Oficina de Envigado era Santoyo. Luego, Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, contaron cómo Santoyo y varios oficiales cercanos a él habían sido fichas claves en la 'sucesión' en el mando en la Oficina de Envigado en la que Carlos Mario Aguilar (Rogelio) terminó reemplazando a otro de los extraditados, don Berna. El de Rogelio fue otro testimonio decisivo.
A mediados de los años noventa Rogelio, que era agente del CTI y ya trabajaba para la Oficina de Envigado, habría conocido a Santoyo y a varios de sus hombres en el Gaula de Medellín y se habrían asociado. Muchos años después, en junio de 2008, las vendettas y la presión de la Policía contra la Oficina obligaron a Rogelio a entregarse a la DEA en Argentina y fue enviado a Nueva York. Allí encendió el ventilador. Contó que los enlaces con Santoyo y sus hombres se hacían por intermedio de varios lugartenientes que tras su entrega habían quedado al frente de los negocios ilegales de la Oficina. Mencionó varias nombres: Mauricio Cardona, alias Yiyo; Leonardo Muñoz, alias Douglas; Nito, y Dagoberto García, alias Percherón. El primero se entregó a la DEA, el segundo fue capturado por la Policía en Colombia y extraditado a Estados Unidos. Nito fue asesinado y Percherón fue arrestado cuando intentaba entrar a Estados Unidos por Washington.
Aunque para comienzos de 2009 los jefes paras habían mencionado a Santoyo, el caso en su contra no parecía muy sólido. Sin embargo, en los primeros meses de ese año, Rogelio, Yiyo, Douglas y Percherón, cada uno por su lado, coincidieron en mencionar el nombre de un oficial que al final sería la clave para armar el caso que hoy tiene pedido en extradición a Santoyo. Todos mencionaron al mayor (r) Roque García como la ficha clave de Santoyo en sus nexos con la Oficina de Envigado. Este hombre sería la 'prueba reina' contra el general.
La pieza clave
Roque García llegó a trabajar a Medellín a mediados de los años noventa como parte de un grupo especial de la Dijin. "Ahí es cuando conoció a Rogelio y a Santoyo. Se hizo muy amigo de los dos y es cuando se tuerce y empieza a trabajar con ellos y con la Oficina. Parte de lo que hacía era tratar de torcer a otros para que trabajaran para la Oficina", contó a SEMANA uno de los oficiales que trabajó con él en Medellín. En 2005, poco después de ascender al grado de mayor, Roque pidió su retiro de la Policía y se quedó a vivir en Medellín.
"Él pidió el retiro porque ya estaba muy caliente y mucha gente sabía en qué andaba. Para esa época Santoyo ya estaba en Presidencia como jefe de seguridad pero dejó a su gente en Medellín, que eran esencialmente Roque junto con otros dos oficiales de su confianza, el mayor (r) Bayron Ordóñez, que era un exGaula que trabajó con Santoyo y era conocido con los alias de el Verde, Caraguayo o el Gordo, y el capitán retirado Edward García, conocido con el alias de Orión. Ellos tres quedaron al frente de los contactos con la Oficina de Envigado", dijo otro exoficial a SEMANA
En los primeros días de mayo de 2009 Roque García fue abordado por agentes de la DEA en el aeropuerto de Medellín. Allí le informaron que era requerido por una corte de Nueva York a raíz de las declaraciones que en su contra habían dado los otros extraditados. Roque aceptó voluntariamente subir a un avión de la agencia antidrogas. En la corte, se dio cuenta de que sus antiguos socios lo habían delatado y que incluso habían contado de asesinatos en los que habría participado, incluyendo a eventuales informantes de agencias antidrogas. Eso le implicaría una condena que fácilmente rondaría los 30 años. "Frente a ese panorama a Roque no le quedó otro escenario diferente que colaborar con la Justicia norteamericana. Aunque al comienzo se resistió y negó todo, la cárcel allá ablanda a cualquiera. Después de un año comenzó a hablar. A los primeros que echó al agua fue a Ordóñez y a García, que era muy importante en ese momento para la DEA", afirma una persona que asesoró a Roque García.
Gracias a la información que entregó, las autoridades tuvieron los elementos necesarios para armar un caso judicial contra el mayor Ordóñez y el capitán García. Para mediados de 2010, tras la partida de Roque, esos dos exoficiales aprovecharon las capturas, vendettas y el reacomodo en el interior de la oficina y se transformaron en una especie de 'patrones' de esa empresa criminal, junto con Félix Isaza, alias Beto. El paradero de ambos se desconoce hasta hoy.
El siguiente paso de la colaboración de Roque fue hablar sobre quien fue su jefe: el general (r) Santoyo.
"Roque negó que mandaran toneladas de coca junto con los de la Oficina de Envigado, pero sí aceptó que trabajaron por años con ellos. Contó que lo que hacían y por lo que recibían dinero era más simple. Básicamente era pasar información sobre operaciones que se fueran a desarrollar contra la Oficina, avisar de órdenes de captura y en otros casos hacer operaciones 'legales' que consistían en cascar a los rivales", dijo a SEMANA una persona que tuvo acceso a lo que contó Roque. "Aceptó que en varias oportunidades él recibió dinero de los hombres de la Oficina para él y para que se lo llevara al general Santoyo", dijo.
Gracias a su testimonio y a la colaboración que entregó, Roque García terminó cumpliendo apenas poco más de tres años de cárcel en Estados Unidos. La semana pasada estaba en una cárcel de tránsito a la espera de salir en los próximos días rumbo a un tercer país. Esa declaración fue el puntillazo final que determinó que la corte de Virginia pidiera a Santoyo.
'A mí que me esculquen'
Ese pedido ha estallado, con justificada razón, como una bomba en Colombia. Santoyo era un oficial condecorado por su actuación contra el secuestro y por haber liderado más de 140 operaciones de rescate, entre 1995 y 1998, lo que le ganó, además de medallas, el reconocimiento de Álvaro Uribe, gobernador en parte de ese tiempo. Sin embargo, no solo los rumores sobre él vienen de tiempo atrás sino que ha enfrentado investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos, desde que fue involucrado en interceptaciones ilegales masivas entre 1997 y 2001, que le valieron su destitución por parte de la Procuraduría.
Por eso, lo más sorprendente en esta historia es que todos los responsables de la larga y exitosa carrera del general se laven hoy las manos. El número y nivel de quienes de una u otra manera dieron su espaldarazo a Santoyo en el pasado tiene pocos precedentes: la Presidencia, el Congreso, el Consejo de Estado, el Ministerio de Defensa, la Dirección de la Policía, la Fiscalía.
Más allá de las acusaciones que ahora se le hacen en Estados Unidos -las cuales primero habrán de probar los fiscales de ese país-, había razones para preguntarse sobre su idoneidad. Pero ninguno de los que lo promovió pareció preocuparse por ellas.
Álvaro Uribe, que como gobernador de Antioquia coincidió con Santoyo al frente del Gaula, lo tuvo luego como jefe de seguridad en la Presidencia entre 2002 y 2006. En 2003, Santoyo fue destituido por la Procuraduría a raíz de aquellas 'chuzadas', pero la Presidencia lo mantuvo en su cargo. Ahora el expresidente dice en Twitter: "Espero que el general Santoyo y la institución policial expliquen el caso". Otra investigación contra el oficial, en Fiscalía, fue objeto de un auto inhibitorio. El fiscal de la época, Luis Camilo Osorio, declaró en estos días a Caracol Radio: "Eso tenía un fiscal propio que tomó unas decisiones en su momento sobre el caso".
En 2004, al responder a un recurso del oficial, la Procuraduría ratificó la destitución, pero este continuó como jefe de seguridad del presidente. En 2006, una sala del Consejo de Estado suspendió la medida. Uno de los tres magistrados que tomaron la decisión era el hoy procurador, Alejandro Ordóñez. Hoy ha dicho que lo que se hizo fue suspender temporalmente la sanción de destitución contra Santoyo, pero que el proceso no fue cerrado.
En noviembre de 2007, el coronel sobre el cual pesaba este proceso fue ascendido a general en la Comisión Segunda del Senado, a pedido del Partido de la U y pese a las advertencias en contra de varios senadores. Marta Lucía Ramírez, que estuvo entre quienes lo apoyaron, dijo a semana.com: "La falta de diligencia estuvo en la Dirección de Policía y en el Ministerio (de Defensa), donde no hubo los controles para evitar este ascenso". Y recordó de paso que entre quienes lo recomendaron estaba el ministro de Defensa del momento, Juan Manuel Santos. Aunque cuando ascendió, el director de la Policía era el general Jorge Daniel Castro, su sucesor, Óscar Naranjo, ha reconocido su responsabilidad y ha dicho que "si hubiese tenido información seria no habría permitido el ascenso al general Santoyo". El presidente, por su parte, declaró: "Sería muy importante que el general Santoyo fuera y respondiera ante la Justicia norteamericana por sus actos".
Finalmente, después de ser enviado a la embajada colombiana en Italia como agregado policial, a su retorno al país el general Santoyo fue condecorado por el presidente Uribe y, en 2009, se retiró de la Policía.
Insólita parábola. Un hombre acusado de graves violaciones a los derechos humanos, destituido por la Procuraduría, con su destitución ratificada por esta y apenas suspendida temporalmente por el Consejo de Estado en el marco de un proceso que seguía su curso -y lo sigue, pues, según el procurador, "está vivo y coleando"-, logra llegar a la cúspide del generalato, con evidente protección de muy arriba, y mantenerse intocado hasta ahora, cuando estalla, por obra de la Justicia gringa, la bomba de la acusación de que, durante todos esos años, habría estado al servicio de narcotraficantes y paramilitares.
Lo más grave podría estar por venir. En caso de ser extraditado, dadas las condiciones del plea bargain en Estados Unidos (las negociaciones y acuerdos a los que llegan los acusados a cambio de información), el único recurso del general Mauricio Santoyo Velásquez sería enfrentar una drástica condena o 'salpicar' hacia arriba -si es que tiene evidencia de que quienes lo protegieron estaban al tanto de sus presuntas complicidades con quienes debía combatir-. En ese caso, a los eventuales implicados de poco les valdría el colombianísimo 'a mí que me esculquen' del que han hecho gala por estos días quienes lo promovieron, echando la culpa a otros o diciendo que es el general el que debe defenderse.
No obstante, está por verse si es extraditado, por las profundas implicaciones que puede tener enviar a una justicia extranjera a un general de la república. En Colombia, el proceso de su destitución por las 'chuzadas' de los años noventa sigue su curso, pero no hay, hasta ahora, ninguna investigación por complicidad con narcotráfico o paramilitarismo contra él. Eso lo protegería de las acusaciones que motivaron el pedido de extradición. Y se habría salvado otra vez.
[Fuente: Revista Semana, Bogotá, 24jun12]
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