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07may06
La encrucijada de las guerras.
Como nunca antes había sucedido en su historia reciente, Pereira y su área metropolitana quedaron convertidos, desde el pasado 27 de abril, en el teatro de operaciones dentro de la guerra que les declaró el Gobierno al narcotráfico y a las bandas de sicarios. Esa fue la orden del presidente álvaro Uribe Vélez a las Fuerzas Militares, momentos después del crimen de la empresaria Liliana Gaviria Trujillo.
A partir de ahí, el Comando de Policía de Risaralda quedó convertido en una especie de cuartel general donde altos oficiales de la Policía, del Ejército e investigadores de la Fiscalía no sólo planearon las estrategias para capturar a los asesinos de la hermana del ex presidente César Gaviria Trujillo, sino que desde allí también se buscan los mecanismos para acabar con una especie de eje del mal que narcotraficantes y bandas de sicarios lograron construir en los 10 últimos años entre la capital de Risaralda, Dosquebradas y Cartago, en el norte del Valle.
Es una misión difícil de cumplir en corto tiempo, ya que la contracultura del narcotráfico logró permear —no sólo en estas tres ciudades, sino en casi toda la región— desde la política, el comercio y la industria del turismo, hasta el mercado de tierras. La influencia de los narcos, según habitantes y autoridades de la región, se viene consolidando desde comienzos de la década de los 90 en la región del antiguo Caldas, venida a menos después de la crisis cafetera de 1989, provocada por el desplome de los precios del grano a nivel internacional.
Rumbo a la madre patria
Este último aspecto es quizá lo que, según los investigadores de la Dijín destacados en Pereira, produjo un cambio radical en las costumbres de la sociedad en el Eje Cafetero, pues quienes no tuvieron cómo paliar la crisis, terminaron ingresando a la filas del narcotráfico o buscando alternativas en países como España, donde no menos de 5.000 risaraldenses viven actualmente.
Esa falta de oportunidades para los habitantes de la región provocó a la vez una desbandada de hombres y mujeres hacia Estados Unidos y Europa, reclutados en los ejércitos de mulas, aspirando a lograr pasar dos kilos de heroína o cocaína para ganarse $10 millones en cada viaje.
Sin embargo, el padre Rubén Darío Jaramillo, director de la Pastoral Social del Eje Cafetero y los límites con el Chocó, sostiene que no todos los que salen del país van cargados de droga. En España, por ejemplo, hay quienes trabajan como albañiles o en labores agropecuarias, de cuyos sueldos viven decenas de familias. El sacerdote cuenta que es tal el número de risaraldenses en ese país, que durante una reciente visita a Madrid, en una de las colonias de hispanos encontró una promoción para asistir a un partido de fútbol entre las selecciones de los municipios de Apía y Santuario. Y recientemente se conoció la historia de siete músicos de la banda municipal de Pereira que después de cumplir una gira en la capital de España, desaparecieron del hotel y jamás volvieron a Colombia.
Aunque son varios los sectores que se mueven por fuera del narcotráfico —incluido el de la construcción—, este último fenómeno, según el propio Gobierno, mueve US$300 millones diarios, a pesar de que el año pasado la Policía logró incautar entre el Eje Cafetero y el Valle del Cauca cerca de 11 toneladas de cocaína.
Es por eso que también el Gobierno tiene la certeza de que con este dinero se pagan las bandas de sicarios que se venden al mejor postor en los municipios de La Virginia, Dosquebradas (Risaralda), Cartago y El águila, en el Valle.
Pero no sólo el sicariato, el atraco y la venta de armas y drogas es el común denominador en esta región del país. En Pereira y Cartago, donde existen más casas de cambio que en Medellín y Cali, la Dijín logró establecer que los narcotraficantes contratan a familias enteras para retirar pequeñas cantidades de dinero provenientes del exterior. Este método de lavar divisas es conocido como “pitufeo”, con el que la persona contratada alcanza a cobrar unos 40 giros de a US$900 por día.
Otro de los problemas que preocupan a quienes quedaron con la responsabilidad de acabar con el crimen en la región es la compra desaforada de tierras por parte de testaferros del narcotráfico. En este momento está en estudio el caso de un supuesto narcotraficante que, según otras fuentes oficiales, compró toda el área rural de Quimbaya (Quindío).
Este es el escenario en el que el presidente Uribe puso a los generales óscar Naranjo, director de la Dijín, y Alonso Arango, subdirector de la Policía Nacional, a plantear una guerra abierta contra las bandas de matones y el narcotráfico. El mismo en el que suceden hechos como el asesinato de Liliana Gaviria Trujillo, y donde también se mueve la guerrilla.
La Perla del Otún, en crisis
El jueves pasado la Policía de la capital risaraldense vivió un día común y corriente. Detuvo a cuatro jóvenes que portaban pistolas sin salvoconducto, estuvo presente en el levantamiento del cuerpo de un joven asesinado por la mañana en el barrio Campestre de Dosquebradas y por la noche trató de buscar la identidad de dos hombres muertos que fueron encontrados dentro de un Mazda 626 en la vereda El Guayabo, zona rural de Pereira.
Rutinario y normal en una ciudad donde las muertes violentas llegan a cinco en un día. La Iglesia Católica dice que los fines de semana la estadística supera las 15 víctimas. Según datos de la Policía, el año pasado los homicidios en Risaralda alcanzaron a llegar a 915 y en 2006 ya hay reportados 1.786.
En esta cadena de muertes violentas y asesinatos, de acuerdo con el Gobierno, están las redes del narcotráfico que sólo en el sector de la Galería, mueven $40 millones diarios.
Este es apenas un asomo a los problemas que están consumiendo a la Perla del Otún, acosada no sólo por la muerte sino también por el desempleo, que empezó el año ubicando a la ciudad en el cuarto lugar del país con más del 16% de sus 600.000 habitantes sin puestos de trabajo.
Las bandas de sicarios
La organización humanitaria Caritas registra estudios donde aparecen unas 80 bandas delincuenciales que operan en el área metropolitana. En Dosquebradas los grupos se concentran en los barrios Martillo, Pueblo Sol, Camilo Torres y Otún. Y en Pereira, estas organizaciones permanecen en Cuba, la Avenida del Río, Boston y Villa Santana, donde a pesar de los operativos policiales, las fábricas clandestinas de armas siguen en el negocio de venta y alquiler. En Cuba, por ejemplo, hay sitios donde alquilan ametralladoras hechizas por $200.000.
Pero como si esto fuera poco, la Iglesia Católica está preocupada por las hordas de jóvenes que deambulan por las noches en vehículos lujosos buscando dónde hay indigentes durmiendo en la calle para apuñalarlos o golpearlos.
El otro grito de guerra
Las Fuerzas Armadas, en Risaralda, no sólo tendrán que abrir un frente de guerra contra el narcotráfico y las bandas de sicarios. El reto también es correr del escenario geográfico a la guerrilla y a los paras que no se desmovilizaron en el marco de los acuerdos de Santa Fe de Ralito con las Auc.
El Gobierno, a través del Ejército y la Policía, deberá combatir a las Farc en los siguientes terrenos: los frentes 50 (que opera en Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas), 47 (que tiene influencia entre los límites de Caldas y Chocó), y la columna móvil Aurelio Rodríguez (que opera en el norte del departamento: Mistrató, Pueblo Rico, Guática y Quinchía).
En esta misma región también opera el Ejército Revolucionario Guevarista (Erg), y el frente Cacique Calarcá, con su núcleo María Elena Barón, que hacen presencia en Pereira, Pueblo Rico, Mistrató y Belén de Umbría.
A estos últimos escenarios hay que agregarle la guerra que tendrán que librar contra el frente Cacique Pipintá, una disidencia del desmovilizado bloque Central Bolívar que no se desmovilizó y que continuó con sus estructuras en el Eje Cafetero. Igual tarea tendrá que cumplir con algunos de los desmovilizados del frente Héroes y Mártires de Guática, que estaban al mando de Lorenzo González Quinchía (a. Macaco) y que continuaron como ruedas sueltas en Risaralda.
[Fuente: El Espectador, Bogotá, Col, 07may06]
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