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24ago17
Una indígena muerta por enfrentamientos entre grupos armados
El pasado martes, durante enfrentamientos entre grupos armados ilegales en la cuenca del río Truandó, en Riosucio (Chocó), una zona que es blanco de enfrentamientos entre organizaciones paramilitares y guerrillas como el Eln, una mujer indígena de 22 años murió por el impacto de una bala perdida. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en la misma zona "en menos de una semana dos personas de las comunidades han sido asesinadas en este contexto".
La víctima era de padres de las comunidades Wounaan Juin Duur y Embera, y tenía 4 hijos. La ACNUR denunció que la comunidad Wounaan, compuesta por alrededor de 100 personas, está en riesgo de desplazamiento hacia la cabecera municipal, mientras que los Emberá Kipardó La Loma (38 familias) han decidido quedarse en su territorio, "a pesar del contexto de peligro, pues consideran que no hay garantías suficientes frente a la atención estatal".
Pero el asesinato de la mujer es el hecho más reciente que pone en evidencia el riesgo de estas comunidades. Desde marzo, cuando recrudecieron los enfrentamientos en el territorio, han sido víctimas de incidentes y accidentes por contaminación por minas antipersonal, homicidios selectivos, amenazas e intimidación, combates y hostigamientos, limitaciones a la movilidad, decomiso de alimentos, desplazamientos forzados y confinamiento.
A lo que se suma que, según la ACNUR, han sido varios los llamados hechos por las comunidades que habitan estos territorios, "sin que hasta el momento la respuesta de las instituciones del Gobierno a nivel local, regional y nacional haya sido eficiente frente al riesgo y las emergencias de desplazamiento que se han presentado".
Ante tal panorama, la ACNUR no solo reiteró su llamado a las autoridades locales y nacionales para una pronta acción y su acompañamiento a las comunidades que en estos momentos se encuentran en situación de vulnerabilidad, sino que hizo "un llamado urgente a los actores armados ilegales para que respeten y no involucren ni afecten a la población civil que habita el territorio".
[Fuente: El Espectador, Bogotá, 24ago17]
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