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12feb10
Se presenta al Consejo de Seguridad un informe sobre el reclutamiento de niños soldados en Colombia
Una confrontación más entre el Gobierno y las Naciones Unidas está teniendo lugar tras bambalinas. El desacuerdo gira en torno a los niños en la guerra.
La Resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad creó un mecanismo de monitoreo, que le permite a este órgano internacional volcar su atención sobre situaciones en las cuales los menores resulten víctimas, sean o no parte de su agenda. De manera voluntaria, pero con reticencia, Colombia aceptó el proceso de supervisión en diciembre del 2008.
Como resultado, el Secretario General presentó en agosto un informe ante el Consejo de Seguridad. El texto en sí no ha creado mayores dificultades. Denuncia el reclutamiento de menores de las FARC, ELN y demás grupos armados ilegales y tantas otras de sus violaciones, como los ataques a escuelas y hospitales. A las Fuerzas Armadas les exige que detengan el uso de menores como informantes.
No es el informe lo que tiene envenenado al Gobierno; es la negociación de las conclusiones, que serán publicadas en un documento separado. En ese escenario, la Representante Especial del Secretario General para Niños y Conflicto Armado, Radhika Coomaraswamy, puso sobre la mesa el acceso de Naciones Unidas a los grupos armados ilegales. Coomaraswamy aspira a comprometerlos en la formulación de planes de acción que permitan acabar las violaciones contra los niños. He aquí el meollo del asunto.
Durante la discusión del texto de la Resolución 1612, varios Estados temieron que ella diera pie a que la ONU se convirtiera en una rueda suelta. Bloquearon la posibilidad del diálogo con agrupaciones armadas no-estatales mediante una cláusula que le prohíbe a la ONU iniciar contactos sin la autorización del Estado.
La Secretaría General de la ONU continúa presionando para obtenerla y el Gobierno lo resiente. En marzo del 2009, el Secretario General afirmó que "en situaciones preocupantes, como las de Birmania y Colombia, el Gobierno ha sido reticente a autorizar el diálogo".
Tanta presión desde Nueva York ha complicado la operación de la ONU en el terreno porque ha puesto a sus funcionarios bajo el manto de la sospecha.
En diciembre, la ONU informó al Gobierno que una de las guerrillas había expresado interés en desmovilizar a 50 menores indígenas en el Chocó. El Gobierno reclamó mayor información, pero esta no llegó. Por eso, interpretó el silencio de la ONU como un medio para forzar una autorización para el diálogo directo. Todo indica que la ONU no disponía de más datos para proporcionar, justamente por la prohibición expresa de acercamientos. La información había llegado a través de la Defensoría y la Diócesis de Quibdó.
Este malentendido muestra que el Gobierno tiene una lectura preconcebida de la ONU y hace encajar cada gesto de la Organización en ella. Es necesario recuperar la fluidez de la comunicación. Ni la ONU ni el Gobierno pueden permitir que una relación, de por sí frágil, empeore.
Las cosas no son fáciles. En carta del 23 de octubre, la Cancillería denunció ante la Fiscalía el robo del que fue víctima una funcionaria española de la ONU, la coordinadora del informe sobre la Resolución 1612. Dos computadores portátiles y dos discos duros externos le fueron sustraídos de su domicilio. Nada sugeriría la acción de fuerzas oscuras si no fuera porque los delincuentes encontraron el pasaporte y unos 4.000 dólares que estaban escondidos. Los dejaron, intactos, a la vista.
No debe sorprender, entonces, la hipersensibilidad que prevalece en la relación entre el Gobierno y la ONU. No obstante, cuesta creer que no se puedan diseñar mecanismos humanitarios que den garantías a todos. Si el Gobierno y Piedad Córdoba lo han logrado, ¿por qué no se podría con la ONU? Los niños representan un interés superior.
[Fuente: Por Laura Gil, El Tiempo, Bogotá, 12feb10]
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