21ago02
La crisis humanitaria de las comunidades negras, indígenas y mestizas en todo el territorio del Chocó está adquiriendo dimensiones cada vez más dramáticas.
La Diócesis de Quibdó reunida en Asamblea Diocesana del 19 - 21 de Agosto de 2002, da a conocer a la opinión pública lo siguiente:
Después del horrendo crimen de guerra del dos de mayo en Bellavista/Bojayá la atención nacional e internacional, motivada por el alto número de víctimas civiles, se concentró durante varias semanas sobre este trágico acontecimiento. Las grandes campañas de solidaridad en los medios, las promesas de programas de ayuda de parte del Gobierno y dos visitas del Presidente de la República, Andrés Pastrana, al lugar de los hechos transmitían la imagen de un compromiso institucional firme de estar dando una solución rápida y eficaz a la grave crisis humanitaria de las comunidades de Bellavista y sus alrededores.
Ahora, cuando ya han pasado más de tres meses, constatamos con preocupación que la crisis humanitaria de las comunidades negras, indígenas y mestizas en todo el territorio del Chocó está adquiriendo dimensiones cada vez más dramáticas.
La atención de las instituciones del Estado es deficiente:
Más de 4.000 desplazados de los municipios de Bojayá y Vigía del Fuerte se encuentran en Quibdó en un abandono muy lamentable; su Pliego de Petición para un retorno digno no ha encontrado ningún compromiso de parte de las instituciones departamentales y nacionales. Varios centenares de ellos, desesperadamente han retornado ya sin ningún apoyo ni garantías. En Bellavista ni siquiera se ha restablecido el servicio de salud, educación, personería, juzgado, registraduría, notaría, luz y teléfono.
Al mismo tiempo, decenas de miles de campesinos afrocolombianos e indígenas se encuentran ante el peligro de nuevos combates, expuestos a bloqueos económicos, presiones y atropellos de los diferentes actores armados. La única reacción notable del Estado consiste hasta ahora en el aumento de las Fuerzas Militares. No se ve ningún esfuerzo para atenuar la constante zozobra en la que viven las comunidades rurales del Chocó. Por lo tanto, siguen llegando continuamente nuevos desplazados de diversos sitios a Quibdó o a otras cabeceras municipales. Reina el temor de que en cualquier momento, en cualquier lugar del departamento, se pueda repetir una catástrofe igual o peor que la de Bojayá.
Los grupos paramilitares se siguen moviendo con plena libertad:
El 3 de agosto, en Vigía del Fuerte, dos paramilitares que se mueven desde hace dos meses públicamente y con toda libertad por esta cabecera municipal, persiguieron por el río Atrato una embarcación con campesinos, los obligaron a parar en las afueras del pueblo amenazándolos con arma corta, e investigaron la identidad de los pasajeros. El día siguiente, los campesinos fueron a informar sobre este suceso al comandante del Ejército, quien manifestó estar ya enterado del asunto, sin que hasta la fecha se hayan tomado medidas contra la presencia de los paramilitares en Vigía del Fuerte.
El 3 de agosto un grupo de paramilitares proveniente de la región del San Juan a través de la carretera Panamericana bajó por el río Pató. En la vereda Bocas de Partadó, municipio del Río Quito, asesinaron a Maximino Santos Valencia, un campesino de 22 años. En la comunidad indígena de Gengadó saquearon la tienda comunitaria. 125 personas de la comunidad de Gengadó huyeron hacia la selva. 78 personas de la comunidad indígena vecina de Quijaradó se desplazaron a la comunidad de Chiguarandó. Aunque estas comunidades mientras tanto ya regresaron a sus lugares, todas las comunidades del río Pató están viviendo en condiciones muy precarias, sufren escasez de alimentos y una epidemia de paludismo y otras enfermedades y, por lo tanto, se encuentran en alto riesgo de desplazamiento, el cual ya se está produciendo gota a gota.
El 5 y 6 de agosto unos 100 a 200 paramilitares provenientes del suroeste antioqueño entraron a las veredas La Argelia, El Yarumo y El Roble, municipio El Carmen de Atrato. En La Argelia, el 5 de agosto, asesinaron a José Arnobio Vargas Vargas, un campesino de 32 años, quien deja una viuda con tres menores de edad. A raíz de este hecho las 24 familias que estaban viviendo en esta comunidad se desplazaron a El Carmen de Atrato, lo que significa ya el tercer desplazamiento para esta población. En El Roble, el 6 de agosto, asesinaron a Lledis Ermin Palacio Palacio, una campesina de 21 años, quien deja una niña de seis meses. En el Yarumo y El Roble, durante esta incursión y otra anterior del 11 de julio, los paramilitares robaron 157 cabezas de ganado, 10 caballos y 2000 truchas e incendiaron una casa, lo que ha llevado a estas dos veredas a un desplazamiento gota a gota.
El 12 de agosto llegaron varias familias desplazadas de Domingodó a Vigía del Fuerte, que vienen huyendo del Bajo Atrato por el avance de numerosas tropas de paramilitares en el río Truandó. Estos paramilitares pasaron nuevamente por Riosucio, sin que la Fuerza Pública hubiera intentado cerrarles el paso.
El 19 de agosto a las 2:00 p.m., en Villa Conto, Municipio del Río Quito, un grupo de 50 paramilitares provenientes de la región del San Juan, obligó al Equipo Misionero de la Diócesis a entregarles un motor fuera de borda, con el fin de movilizarse hacia la cabecera municipal de Paimadó. Sólo después de haber hecho dos viajes, ya en horas de la noche los paramilitares devolvieron el motor.
LA FUERZA PÚBLICA...
El 2 de agosto a la media noche, en Lloró se escucharon unos disparos aislados, como había ocurrido ya en otras ocasiones. Algún tiempo después estalló una granada en el puesto de Policia, lo cual causó la muerte al comandante del puesto, el teniente Mauricio Javier Valencia. A continuación se presentó un enfrentamiento entre la Policía y un grupo armado sin identificar que duró aproximadamente doce horas. A partir de las 2:00 a.m. el pueblo de Lloró fue ametrallado por un avión fantasma que a las 5:00 a.m. fue relevado por un helicóptero. Estos ametrallamientos dejaron a cuatro civiles heridos y causaron daños materiales en numerosas casas. A las 8:00 a.m. se presentó una disminución del fuego armado y a las 8:30 una aparente calma. A esta misma hora llegaron tropas del Batallón de Infantería Alfonso Manosalva Flórez de la IVª Brigada del Ejército Nacional y a las 9:00 a.m. comenzó un nuevo enfrentamiento que duró hasta las 12:00 m. con apoyo del avión fantasma. El Ejército hizo requisas en algunas casas, donde supuestamente buscaban guerrilleros o armas. La casa cural fue allanada tres veces: a las 10:00 a.m., a las 12:10 p.m. y a las 4:15 p.m. Los miembros del Ejército revisaron los tanques de agua de la casa, las habitaciones, los archivos y escritorios y a su vez a uno de los miembros del Equipo Misionero que descansaba en este momento se le requisó y olieron sus manos por si tenía pólvora, no le pidieron que se identificara, de igual manera las preguntas del soldado encargado eran ofensivas, preguntas como: ¿Por dónde está el túnel? ¿Cuántos estuvieron en este sótano?, etc.
El 5 de agosto, a las 6:55 p.m. en Vigía del Fuerte, José Nery Palacios Calvo de 28 años, bajo efectos de la droga, además de presentar trastornos mentales, hirió en la cabeza a su madrastra y a una hermanastra en la pierna con un punzón. El Ejército se hizo presente en el lugar de los hechos de una manera masiva. El joven se armó con un hacha, la cual no quiso entregar. A las 7:20 p.m. un soldado le disparó y una hora después murió.
El 8 de Agosto a las 7:15 p.m., en un lugar céntrico de Vigía del Fuerte, por donde circulan muchos civiles, un soldado manipuló una granada, la cual estalló y dio muerte a cuatro militares.
La guerrilla continúa con infracciones al Derecho Internacional Humanitario:
El 30 de Julio, cerca de la desembocadura del río Buey, municipio del Medio Atrato, guerrilleros del Bloque José María Córdova de las FARC retuvieron a Leonidas Borja Rodríguez, pequeño comerciante de Vigía del Fuerte quien venía bajando desde Quibdó con su bote lleno de carga. El 14 de agosto fue encontrado su cadáver cerca de la población de San José de la Calle.
El 9 de agosto, en el mismo sitio, guerrilleros del mismo grupo sacaron de la lancha "Arca de Noé", de propiedad de la Asociación Campesina Integral del Atrato, a la fuerza un tambor de 50 galones de gasolina como "vacuna". Esta gasolina estaba destinada a recoger los delegados de las comunidades para asistir a un taller de salud. Amenazaron a la tripulación advirtiéndoles que en caso de no pagar la cuota en cada viaje meterían a la lancha en un caño para que se pudriera ahí.
El 16 de agosto, tropas del Bloque José María Córdova de las FARC llegaron a la comunidad indígena de Hoja Blanca en el río Cuía, municipio de Bojayá, con la intención de instalarse en este lugar. A consecuencia, esta comunidad se vio obligada a desplazarse y se dispersaron entre diferentes comunidades vecinas.
Desde el mes de julio se han presentado constantemente atropellos de parte del frente Cimarrón del ELN a las comunidades negras e indígenas de los ríos Quito y Pató. Con frecuencia saquean víveres, gasolina y ganado y presionan a la población civil con tono amenazante para que les sirvan de informantes y les presten servicios de transporte. Con estos abusos está creciendo el riesgo de desplazamientos en estas comunidades.
Por todo lo anterior:
1. Exigimos al Estado colombiano que atienda de manera urgente y eficaz la grave situación de orden social y humanitario que viven las comunidades y pueblos del Chocó. De manera especial exigimos que se preste la atención en salud, educación y demás necesidades básicas, antes que aumentar el presupuesto militar y consecuentemente la presencia de hombres armados en las comunidades.
2. Exigimos al Estado colombiano que a través del sistema de justicia se investiguen y sancionen a los diferentes responsables de las diversas acciones violatorias de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, que la Diócesis de Quibdó y otros organismos como la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hemos hecho en repetidas ocasiones.
3. Exigimos al Estado colombiano y a su nuevo gobierno que se establezcan mecanismos que verdaderamente protejan los derechos humanos de nuestras poblaciones y no que en el marco de la Conmoción Interior se restrinjan las libertades y derechos fundamentales que todos tenemos.
4. Exigimos a los distintos grupos armados que reconozcan la autonomía de los pueblos indígenas y negros del Chocó y respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario, que obligan a proteger la población civil que debe quedar excluida de las acciones bélicas.
5. Exigimos a todas las partes del conflicto armado que se abstengan de seguir haciendo señalamientos contra miembros de las comunidades y en especial contra evangelizadores de esta Diócesis en el sentido de ser simpatizantes o colaboradores de algún grupo armado, acusaciones infundadas que traen nefastas consecuencias para sus víctimas.
Una vez más, hacemos un llamado a las diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, a la comunidad internacional y a los grupos y comunidades que nos han venido apoyando en la labor de defensa de la vida, para que se continúe acompañando esta labor humanitaria, se exija al Estado colombiano y a los actores armados lo antes dicho para que los pueblos del Chocó puedan desarrollar sus planes de vida.
Finalmente, agradecemos todas las expresiones de solidaridad recibidas hasta ahora, que muestran el profundo dolor que desde diversas partes del mundo se ha sentido por los hechos que aquí acontecen y hacen evidente los lazos de hermanamiento que se han construido en la búsqueda de justicia y verdad.
Quibdó, agosto 21 de 2002
Direcciones útiles del Gobierno Colombiano para Solidaridad Urgente
Este documento ha sido publicado el 24ago02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights