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17may17
Denuncian asesinato de dos campesinos de la ciudad de Putumayo
La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria -FENSUAGRO-, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, los asesinatos y amenazas contra líderes y lideresas del movimiento campesino, de las fuerzas políticas de izquierda y sectores sociales en general, una de cuyas víctimas centrales es nuestra Federación. Denunciamos el asesinato de nuestro compañero Mario Andrés Calle Correa, presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca Subdirectiva Guacari, organización afiliada a FENSUAGRO, hacia parte de la Coordinación Campesina del Valle del Cauca "CCVC", del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano "PUPSOC" y del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica.
Denunciamos los asesinatos de la señora Diomar Valverde Ordoñez de 34 años y el señor Calet Morales de aproximadamente de 40 años, Campesinos de la ciudad de Putumayo específicamente en la región de Teteye, estas personas fueron asesinadas en extrañas circunstancias el día 14 de mayo de 2017.
Denunciamos las amenazas a campesinos de Caloto Maria Elena Gomez y Gerardo Barona Avirama.
Nos encontramos desconcertados ante la incapacidad y el silencio cómplice del estado colombiano, sus instituciones y en particular del gobierno de Juan Manuel Santos Calderón ante la arremetida criminal y demencial del paramilitarismo contra nuestros afiliados en vastas regiones del territorio nacional. Esta situación la hemos puesto en conocimiento en más de una ocasión al Ministerio del Interior, a la Fiscalía General de la Nación, a la Unidad Nacional de Protección, a las Fuerzas Militares, a la Alta Consejería para los DDHH y otras instituciones, sin que a la fecha veamos acciones contundentes de parte de estas instancias para detener esta persecución contra Fensuagro y otros sectores sociales y populares del país.
Las justas luchas del campesinado Colombiano por el derecho a la tierra, la paz y la justicia social, entre otras, son aplastadas por el terror militarista de las denominadas "bandas criminales" que no son otra cosa que el reencauche del paramilitarismo al servicio de los grandes intereses latifundistas y terratenientes, de la gran minería, de los despojadores de tierras, de las petroleras, del capital transnacional, de los están en contra de las sustitución gradual de cultivos de uso ilícito, de los negociantes de la guerra y en general de los sectores más retrógrados que se oponen a LA IMPLEMENTACIÓN de los acuerdos de paz que se desarrolla entre el gobierno Colombiano y las FARC E.P, como también a los diálogos que avanzan con el ELN.
¿Hasta cuándo señor Presidente Santos, FENSUAGRO y las organizaciones hermanas seguiremos contando nuestros muertos, nuestros heridos, nuestros desplazados, nuestros judicializados, nuestros desaparecidos, nuestros amenazados? Es hora de parar la guerra contra los campesinos, no se convierta en cómplice de un nuevo genicidio político y social, que ante los ojos del mundo se ha empezado a ejecutar a raíz de la firma de la paz y la implementación de los acuerdos.
Antecedentes:
A pesar de que en la zona rural media y alta de Guacarí hay presencia de efectivos militares pertenecientes al Batallón Palacé de Buga, adscrito a la Tercera Brigada del Ejército Nacional, la situación de seguridad viene empeorando desde que la insurgencia de las FARC.EP se concentró en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización "ZVTN", según indican las comunidades. Esta situación se presenta tanto en Guacarí como en el resto de municipios de la cordillera central en donde las FARC-EP tuvieron presencia, lo que se ha denunciado ante las autoridades competentes.
Como campesino productor agroecológico nuestro compañero Mario Andrés Calle Correa; siempre fue crítico del gobierno, de la corrupción, de la ausencia de inversión pública en el campo, de las prácticas clientelistas de los gobiernos de turno, de la pobreza del campesinado, de la falta de espacios para la participación política de las comunidades y de la injusticia social. Se caracterizó por ser un defensor del proceso de paz y de los acuerdos de la Mesa de Diálogo de La Habana y de su constante trabajo por la defensa de los derechos de los campesinos.
Hechos:
Nuestro compañero Mario Andrés Calle Correa, fue asesinado de tres impactos de bala en el Corregimiento Santa Rosa de Tapias, vereda Alto Pomares, del municipio de Guacarí Valle; cerca de las 9:30 de la mañana, la señora madre de Mario Andrés Calle Correa escucha unos disparos y que piden auxilio, por lo tanto ella sale a ver y encuentra el cuerpo de su hijo en el suelo con el caballo al lado y unos panes tirados sobre el piso.
Los hechos ocurrieron cuando el compañero Mario Andrés Calle Correa regresaba a su vivienda, a bordo de su Caballo después de entregar la leche que producía en su finca "Las Palmitas" y de comprar unos panes. El cuerpo sin vida de Mario Andrés, presenta tres impactos de arma de fuego tipo pistola 9 mm los cuales se alojaron: "dos en la región anteroauricular y una en la región condroesternal".
De igual manera denunciamos los asesinatos de la señora Diomar Valverde Ordoñez de 34 años y el señor Calet Morales de aproximadamente de 40 años, Campesinos de la ciudad de Putumayo específicamente en la región de Teteye, estas personas fueron asesinadas en extrañas circunstancias el día 14 de mayo de 2017.
Denunciamos también las amenazas el Viernes 28 de abril de 2017, a las 5:20 de la tarde, un hombre vestido de chaqueta negra, pantalón azul, botas pantaneras y cabello corto, llega a la vivienda de Maria Elena Gomez, pregunta por ella al esposo, este responde que ella no estaba; el desconocido le deja razón que: "Si la seguridad campesina del municipio, participo en la acción, en ayuda de la liberación del señor que estaba secuestrado, están en graves problemas" y se retira del lugar.
El Sábado 29 de abril de 2017 cerca de las 2:30 de la tarde, un hombre tez Indígena, con buzo rojo, gorra negra y gafas, que se movilizaba en una moto XT Dorada, llego donde Gerardo Barona Avirama, en la esquina de su vivienda, y le pregunta que si había participado de la actividad del secuestrado, y le señala que si era así "están en dilemas" y se retiró del lugar.
Las comunidades indígenas y campesinas del municipio de Corinto, en asamblea el día miércoles 26 de abril del 2017, al conocer que el vehículo en el que fue secuestrado días antes el señor Roberto María Silva, fue abandonado en su territorio, y en una acción de control territorial deciden ir en busca del lugar donde tenían retenido al agricultor, por lo que el día Jueves 27 de abril a las 5:00 de la mañana deciden adelantar la acción lo que llevo a que a las 6:00 de la mañana fuera liberado el agricultor en el corregimiento el Palo, del Municipio de Caloto. Gerardo Barona Avirama, ex concejal del Municipio de Caloto. En la actualidad es un reconocido defensor de Derechos Humanos; integrante de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano "Francisco Isaías Cifuentes" y del comité de derechos humanos del municipio de Caloto, de la Asociación de Trabajadores campesinos pro constitución de zona de reserva campesina del Municipio de Caloto, afiliada a FENSUAGRO-CUT, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano "PUPSOC" y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca. Maria Elena Gomez identificada con C.C. No. 25.366.003 de Corinto, en la actualidad es coordinadora de la seguridad campesina en el municipio de Caloto, e integrante de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano "Francisco Isaías Cifuentes", de la Asociación de Trabajadores campesinos pro constitución de zona de reserva campesina del Municipio de Caloto Filial de FENSUAGRO -CUT, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca.
Nuestra Federación ha sido una organización perseguida desde su nacimiento por tener una posición clara y diáfana sobre la tenencia de la tierra, por la defensa de los derechos de los campesinos, por luchar por una reforma agraria democrática e integral, por la Constitución de las Zonas de Reserva Campesina y por la búsqueda incansable de la paz con justicia social.
Responzabilizamos:
Al Estado Colombiano en cabeza del señor presidente de la nación Juan Manuel Santos Calderón, a la Fiscalía General de la Nación, a las Fuerza Pública y demás instituciones del Estado quienes por acción u omisión han permitido la presencia y accionar del paramilitarismo y sus financiadores.
Exigimos
Que las autoridades competentes, incluyendo la Fiscalía General de la Nación investigue los hechos aquí denunciados para encontrar los responsables materiales e intelectuales del asesinato de nuestro compañero Mario Andrés y de los campesinos Diomar Valverde Ordoñez y Calet Morales y las amenazas a nuestros compañeros María Elena Gómez y Gerardo Barona Avirama y a cumplir con el acuerdo final pactado por el Gobierno Nacional y las FARC - EP, producto de varios años de trabajo en la Mesa de Diálogo de La Habana, en tanto que éste contempla el desmantelamiento de los grupos armados delincuenciales, de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y de sus redes de apoyo, como uno de los fundamentos para lograr la paz estable y duradera para la nación colombiana que se ha empecinado en vencer el flagelo de todas las formas de violencia.
Que la Unidad Nacional de Protección, brinden medidas de protección integrales a nuestros a todos los miembros del Comité Ejecutivo de FENSUAGRO, como a los miembros de la Junta Nacional y dirigentes amenazados de FENSUAGRO.
1. Que la Fiscalía General de la Nación cree una comisión especial de fiscales; que realicen una investigación exhaustiva de los hechos narrados arriba, de manera que se obtengan resultados concretos sobre los autores materiales e intelectuales de las amenazas; ya que el estado ha demostrado ser eficiente en otros casos cuando son amenazados dirigentes del gobierno o sus hijos.
2. Responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, al trabajo, la organización, la honra y reputación y a la libre movilidad de los dirigentes amenazados en especial a los compañeros de nuestra organización, que están siendo afectados por la acción arbitraria de fuerzas paramilitares mal llamadas "Bacrim".
Al Estado Colombiano:
1. El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.
2. Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, al trabajo, la organización, la honra y reputación y la libre movilidad de todos nuestros compañeros y las organizaciones de base afiliadas a FENSUAGRO, y demás organizaciones sociales y políticas que están siendo afectadas por la acción de las fuerzas enemigas de la paz.
3. Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos consagrados en los hechos de esta Denuncia Pública.
A la Defensoría del Pueblo:
1. Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos constitucionales a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, al trabajo, la organización, la honra y reputación y la libre movilidad de nuestros compañeros, y demás organizaciones sociales y políticas, que se están viendo afectados por la acción de las fuerzas enemigas de la paz.
2. Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos consagrados en los hechos de esta Denuncia Pública.
Solicitamos:
A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)
En el cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas a las que se ha comprometido respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.
Instamos a los organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales y populares a mantenerse atentos y alerta ante la crítica situación de derechos humanos que está afrontando todo el país. Solicitamos a las organizaciones hermanas nacionales e internacionales exigirle al gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, pare esta grave violación de los derechos humanos contra los campesinos colombianos.
Al campesinado y a nuestros afiliados continuar fortaleciendo la unidad y a estar en máxima alerta, organizando la movilización y de continuar las amenazas, los asesinatos a salir en gran éxodo campesino a Bogotá.
¡es hora de parar la guerra y construir la paz!.
Eberto Díaz Montes, Presidente y Alirio García, Secretario de Solidaridad y DDHH
Comité Ejecutivo Nacional FENSUAGRO.
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