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28mar06
Campesinos desgranan su desdicha en Putumayo.
“Este Presidente nos tiene llorando”, dice Mariluz, una campesina, en un recuento de desdichas con vecinos en su tienda de El Afilador, un pueblo lejano de Colombia, cerca de la frontera con Ecuador, castigado con pobreza y guerra.
De 53 años, la mujer evoca el pánico que vivió la semana pasada por cuatro días de combates entre el Ejército y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, lo cual sumado a la fumigación de su cultivo de coca la tiene a punto de marcharse al país vecino.
“Fue horrible, no respetan nada. Lo mejor será irnos”, afirma, mientras considera partir a la ciudad ecuatoriana de Lago Agrio, destino de cientos de campesinos del departamento de Putumayo en los últimos años.
“Vivimos humillados...”
Una vecina de Mariluz añade que los choques les impidieron a sus hijos ir a la escuela.
“Llevo tres días sin dormir. Vivimos humillados por la guerrilla, el Ejército y los paramilitares. Estamos entre tres leyes y a todas debemos obedecer”, se lamenta.
Como muchos sitios de Colombia, a El Afilador, una aldea ribereña del río San Miguel, compuesta de casas de madera y caminos fangosos, sólo se lo conoce por el conflicto.
Allí las Farc iban a liberar a dos policías, pero operativos militares lo impidieron.
Los agentes recobraron la libertad el sábado en otro caserío de Putumayo, una región selvática y petrolera que albergó el 50% de las siembras de coca del país hace un lustro, siendo el blanco inicial del Plan Colombia contra las drogas.
Bonanza cocalera
En El Afilador fue liberado en noviembre pasado un militar, pero entonces no hubo el despliegue propio de la actual campaña electoral en la que el presidente álvaro Uribe Vélez busca ser reelegido mientras las Farc apuntan a atacar con su política de mano fuerte.
Mariluz, al igual que miles de labriegos pobres de Putumayo, vivió una bonanza cocalera a partir de 1998, pero desde enero es una damnificada de las fumigaciones aéreas con herbicida, comenzadas hace seis años.
Por ello, y por los recientes combates, decidió no surtir más su pequeño negocio.
“La coca es lo único de lo que se puede vivir acá”, asegura, y recuerda que su cultivo producía un kilo de droga cada tres meses, por el que los grupos ilegales o particulares pagaban unos 880 dólares.
Para el indígena Eladio Lusitante, joven gobernador de los Cofán, una etnia asentada cerca de El Afilador, la coca era el seguro contra el hambre.
“Para nosotros los indígenas, que somos los más pobres de por acá, la coca era sólo un medio de supervivencia”.
Los pobladores, que dicen cargar el estigma de guerrilleros, coinciden en que la coca fue la alternativa a la desidia estatal reflejada en la falta de servicios y de cuatro kilómetros de carretera, los cuales de existir les abrirían puertas a otros productos.
“¿Con qué ánimo siembra uno?”
“Debemos hacer recorridos de cuatro horas en canoa, muy costosos. Necesitamos la carretera para no depender de la coca”, señala Mariluz. Y cuenta: “doña Anita sembró una hectárea de piña y no hubo quién comprara una sola fruta. ¿Con qué ánimo siembra uno?”.
Otro habitante relata que varios enfermos murieron siendo desplazados en lancha o a pie para recibir atención médica.
Los lugareños aseguran que las aspersiones también afectaron al ganado, contaminaron el agua y produjeron alergias.
“Y dicen que no es un veneno”, expresó un labriego señalando un tronco gris sin hojas. Algunos han vuelto a sembrar, aunque en menor proporción.
“Uribe vive en otro país…”
“Uribe vive en otro país. Estamos muy bravos (enojados) con él. Quisiera que caminara descalzo desde La Albania y aguantara hambre, para que sepa cómo es que nos toca vivir”, dice con rabia Mariluz.
Al rosario de penurias se suman otras agresiones: la guerrilla dinamitó el 10 de marzo pasado un puente y varios tramos de un oleoducto de San Miguel, y los paramilitares asesinan a civiles acusándolos de guerrilleros y cobran peaje en el río.
Además, los rebeldes anuncian un paro armado por las elecciones presidenciales del 28 de mayo próximo, similar al que antecedió las elecciones legislativas del 12 de marzo, que dejó 30 muertos e infartó el transporte en un tercio del país.
[Fuente: Por Alexánder Martínez, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, Col, 28mar06]
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