EQUIPO NIZKOR |
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14may05
Declaración dada en conferencia de prensa por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Me gustaría agradecer al Gobierno de Colombia por su invitación para visitar el país y facilitar las muchas discusiones fructíferas que he tenido durante los últimos tres días. Fue un honor ser recibida por el Presidente, con quien sostuve un diálogo informativo y valioso. También tuve la oportunidad de encontrarme con el Vice-Presidente, el Ministro del Interior y Justicia, la Ministra de Relaciones Exteriores, el Ministro de Defensa y otros altos oficiales del Gobierno y de la fuerza pública. También tuve el placer de reunirme con el Procurador General, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y los miembros de la Corte Constitucional. Por supuesto, como hago en todas mis visitas, también me reuní con muchos representantes de diferentes sectores de la sociedad civil.
Me ha impresionado la energía, el compromiso y la forma apasionada como manifiestan sus esperanzas y sus visiones hacia el futuro del país. Al respecto quiero destacar a los excepcionales jóvenes que conocí en Ciudad Bolívar en Bogotá. También visité comunidades a lo largo del Río Atrato, en el Chocó, donde puede apreciar mejor el nivel dificultades que el actual conflicto armado ha provocado en las comunidades afrocolombianas e indígenas. Hay pueblos vacíos a lo largo del río Atrato, a pocos kilómetros de comunidades hacinadas, en las que la población desplazada carece del acceso más básico a la salud, a la vivienda y a la educación. Los pocos que quedan atrás viven en medio del miedo y en condiciones de aún más extrema privación.
Colombia es una democracia establecida, pero es un Estado donde el Estado de Derecho enfrenta retos tremendos. La Constitución de 1991 con su bloque de constitucionalidad en derechos humanos proporciona una sólida guía para enfrentar aquellos retos, como también lo hace el marco institucional establecido y el extraordinario capital humano de los cuales el país puede beneficiarse para su liderazgo y fuerza de trabajo.
Creo que la presencia de mi Oficina en Colombia, por invitación del Gobierno, es un crédito a su voluntad de enfrentar estos retos de forma transparente y creíble.
La nueva propuesta del Secretario General sobre la reforma de la ONU ofrece una útil y constructiva visión, que debe encontrar particular resonancia en Colombia.
La reforma propuesta se construye sobre tres pilares: la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos. La propuesta establece que no puede haber seguridad sin desarrollo, ni desarrollo sin seguridad, y que ni seguridad ni desarrollo pueden ser sostenibles adecuadamente sin los derechos humanos.
En este contexto, el Secretario General me ha pedido preparar un plan de acción para redefinir el papel de mi Oficina en el mundo conforme su visión. Este plan de acción le será presentado al final de este mes y entre otros asuntos promoverá un compromiso mayor a nivel de país. La oficina en Colombia, que es la más completa presencia del Alto Comisionado en un país, seguramente servirá como guía para nuestro trabajo en el futuro.
Nuestro mandato en Colombia es un mandato integral que incluye la observación, la asesoría, la cooperación técnica y la información y la promoción de los derechos humanos. Es un modelo que creo continuará sirviendo bien a los colombianos en su búsqueda para el goce pleno de todos los derechos humanos, para todos.
Hace un mes, la situación de los derechos humanos en Colombia fue extensamente discutida durante la 61st sesión de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. El Presidente de la Comisión emitió una Declaración que expresó el consenso tanto de la comunidad internacional como de las autoridades colombianas para avanzar en la efectiva realización de los derechos humanos en el país. La Declaración reafirma las 27 recomendaciones que he presentado en mi Informe y la necesidad de apoyar su pronta implementación por todas partes concernidas. En este sentido, estoy complacida porque el Gobierno coordinará con mi Oficina para establecer un cronograma, antes del final de Junio, para la implementación de las recomendaciones.
De nuevo quiero denunciar inequívocamente las infracciones al derecho internacional humanitario por parte de los grupos armados ilegales, que operan en el país y lamento su falta de voluntad para responder a las recomendaciones que en mi Informe se ha dirigido a ellos.
Con relación al conflicto armado interno que tristemente continua afectando a todos los colombianos en muchas formas crueles, hago un llamado a todos los grupos armados ilegales para establecer, inmediatamente, un cese efectivo de hostilidades, para participar en diálogos y negociaciones con el Gobierno hacia una paz justa y duradera. Los diálogos y las negociaciones deben, por lo tanto, dar prioridad, desde el inicio, al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos.
En relación con las negociaciones, exhorto al Gobierno y al Congreso a establecer, tan pronto como sea posible, un marco legal que reconoce completamente y garantice los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas. La impunidad tiene que ser evitada, mientras que ciertos incentivos y beneficios judiciales pueden ser esenciales para el éxito de las negociaciones. El marco legal también debe tener debidamente en cuenta la situación de las mujeres, los niños y las minorías vulnerables. Un proceso justo y previsible es esencial para persuadir a los miembros de los grupos armados ilegales de que hay un futuro para ellos en Colombia si renuncian a sus acciones criminales. Una inadecuada rendición de cuentas de las atrocidades cometidas en el pasado es una traición adicional para aquellos que confían en la ley para su protección
El mínimo elemento para una adecuada rendición de cuentas es el pleno respeto al derecho a la verdad. Sin exponer públicamente la verdad, la realidad de lo que han vivido las víctimas es negada y no es posible darles en forma alguna justicia y reparación. Además, sin una completa y creíble rendición de cuentas de sus acciones, la población no puede confiar en que los grupos armados ilegales hayan sido efectivamente desmantelados.
Comparto las preocupaciones expresadas por muchos otros que el actual Proyecto de Ley ante el Congreso debe ser fortalecido con respecto al derecho a la verdad. La actual formulación no proporciona incentivos a los perpetradores que quieran ser beneficiados, para que se presenten y revelen completamente los crímenes en los cuales han participado. En lugar de esto, el proyecto de ley los induce a revelar lo mínimo posible, ya que ellos no pierden los beneficios si posteriormente se detecta que no han revelado completamente su participación en crímenes. Además, desde mi punto de vista, la Ley debe prever mayor acceso a la reparación para todas las víctimas.
En este y otros aspectos del borrador de Ley, mi oficina continúa dispuesta a brindar asesoría en como estas mejoras deseables puedan hacerse.
En un Estado democrático el diálogo con todos los sectores de la sociedad, en particular con las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y las ONG de derechos humanos, es esencial. Por lo tanto, me gustaría alentar al Gobierno y a las organizaciones de la sociedad civil a desarrollar un mayor espacio para este diálogo. La elaboración de un Plan de Acción de Derechos Humanos debe ser tomada en cuenta como una oportunidad para mejorar el diálogo.
Debo anotar el compromiso y el involucramiento de las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil dirigido a atender la dramática situación de los grupos vulnerables en Colombia.
ONG nacionales y defensores de derechos humanos continúan subrayando la necesidad urgente de mejorar la situación para las mujeres y los niños, para los afrocolombianos, las poblaciones indígenas y otros grupos vulnerables de la sociedad. Comparto sus preocupaciones y mi oficina esta dispuesta a continuar brindando asesoría y apoyo en estas materias.
Muchas gracias.
Traducción no oficial distribuida por la Oficina en Colombia Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Bogotá, Mayo 14 de 2005
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