Equipo Nizkor - Ausencia de imparcialidad y vulneracion de derechos humanos en capturas de 20-4.

Policia controló las audiencias y realizó filmaciones ilegales a la ciudadania

En la mañana del viernes 20 abril de 2018 la Fiscalía General de la Nación (FGN), dirigida por Néstor Humberto Martínez (NMH), capturó 31 personas del suroccidente de Colombia, entre amas de casa, campesinas, indígenas, afrodescendientes, exguerrilleros amnistiados, exfuncionarios públicos y líderes sociales beneficiarios de Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de derechos Humanos -CIDH-.

La investigación penal macro 190016000602201406810 fue iniciada por la Fiscalía Octava de Popayán Cauca que adujo amenazas por que fue reasignada la Fiscalía Once Especializada de la Dirección de Fiscalías Nacional Especializada contra el Terrorismo de Bogotá.

Los capturados viven en zonas controladas por las antiguas FARC-EP y ahora están bajo la presencia de una diáspora de grupos armados, entre ellos el ELN. Precisamente a los 31 capturados de las 56 órdenes de captura expedidas los señalan de su presunta relación con esta organización armada.

De los procederes de los funcionarios del Estado en esta operación, es fácil inferir razonablemente que la arremetida judicial tiene múltiples propósitos y no propiamente garantizar derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos sino precisamente todo lo contrario.

En primer término NHM hace el mandado a una élite que no quiere la paz o que, mejor, quiere seguir favoreciéndose de los réditos de la guerra a expensas del sufrimiento de las mayorías nacionales. Por eso sus primeras descargas han sido contra personas que se habían acogido a Ley 1820 de 2016 y que gozan de los beneficios de la amnistía de iure. Uno de ellos, Andrés Felipe Zambrano, tuvo que ser liberado porque lo acusaban de hechos sucedidos cuando estaba privado de la libertad; otros tres quedaron privados de la libertad ilegalmente ya que se les desconoció el principio de seguridad jurídica. El pecado de otros, es haber participado como sociedad civil en los diálogos de Quito.

Para las audiencias la FGN dispuso a los capturados en tres grupos a los que denominó "Políticos", "Estructura financiera" y "Rango Bajo".

En este último grupo estaba María Liliana Yela, una mujer analfabeta que fue capturada en su casa en Túquerres Nariño y llevada a Cali a ser imputada como rebelde del ELN, siendo que ya estaba privada de la libertad en su domicilio por cuenta de la misma FGN y por los mismos hechos, "si no fuera trágico sería risible". El Juez la dejó en libertad y la FGN le dio 20 mil pesos para su retorno. En este grupo también estaba una campesina que se había allanado a cargos por el delito de rebelión, pero al ver la contundencia de una evidencia presentada por un defensor que demostró que su principal testigo de cargo "Mono Sergio", confirmó que todo es un montaje, la mujer intentó retractarse pero finalmente será condenada. http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/testigo-afirma-que-captura-de-exalcaldes-es-un-montaje-audio-411935

Uno de los casos más escandalosos es el de Karen Alejandra Dizú, vice gobernadora del cabildo nasa de Pueblo Nuevo de Jamundí Valle y delegada ante el Tribunal de Justicia Indígena de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, ORIVAC.

El Juzgado 25 penal municipal de Control de Garantías -J25PMCG- de Cali, la Procuraduría General de la Nación -PGN- y La FGN desconocieron los derechos individuales y colectivos de las autoridades de los pueblos indígenas nasa a juzgar a sus nacionales. Máxime que Karen Alejandra Dizú es una autoridad ancestral que ha sido elegida por 56 gobernadores y autoridades tradicionales agrupadas en la ORIVAC. Pese a la insistencia de la defensa y la demostración del cumplimiento de los requisitos exigidos por la Corte Constitucional en su línea jurisprudencial (Sentencias T-921-13, T-397-16) a favor de la dirigente indígena, el J25PMCG niega los derechos emanados del Fuero Especial Indígena y de la Jurisdicción Especial Indígena. Vemos en esta, una decisión de odio. Porque habiéndose demostrado la existencia de un Centro de Armonización acorde a su cultura, el juzgado envía a la líder indígena a una cárcel ordinaria que afectará su identidad y su cultura. El establecimiento le está poniendo otro caro desafío al conjunto del pueblo indígena colombiano.

La FGN desconoció sus propias Directivas 012 de 21 de julio de 2016, el protocolo 21.1-08 que ordena la coordinación entre autoridades indígenas y ordinarias para dirimir los conflictos de competencia por jurisdicción cuando quiera que haya un indígena señalado de un delito, en aplicación de las reglas dispuestas por la Corte Constitucional. Asimismo se desconoció la Directiva 001 de 2015 que regula el alcance de las directivas de la FGN.

Del grupo "Políticos" resulta aberrante moral y jurídicamente que la triada JUEZ, FGN y PGN, hayan dado credibilidad a un informante desmovilizado que se demostró que mintió contra las líderes sociales y defensoras de derechos humanos Sara Liliana Quiñonez y Tulia Maris Valencia, beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH.

Por su puesto que en la distribución de funciones de esta empresa de judicialización criminal estuvo un séquito funcionarios estatales que desarrolló labores no menos importante en esa estrategia de guerra contra líderes y organizaciones sociales. Un numeroso grupo de capturados pasó a primera noche en los baños horrorosos de un establecimiento policial; la numerosa presencia de personal de la policía nacional con armas de asalto, casi en número uno a uno con los asistentes, generó una atmosfera de guerra y no de un debate judicial imparcial. Esto implicó en la práctica un golpe de estado a la función judicial; los insultos e irrespeto y hasta el contacto físico de los sabuesos a los abogados, defensores de derechos humanos y líderes sociales dentro y fuera de las salas de audiencia evidenciaron el odio de los agentes del estado contra los ciudadanos, pobres todos.

Luego de las audiencias del lunes en la noche, la escolta del el equipo jurídico de la ORIVAC se percató del seguimiento que hicieron durante un largo trayecto cuatro sujetos que se desplazaban en otro vehículo.

Si bien todos estos hechos deben ser denunciados, esclarecidos y sancionados con rigor, el martes en la noche sucedió otro hecho de la mayor gravedad: Una mujer de la policía nacional vestida de civil irrumpió la audiencia que se desarrollaba contra los "Rango Bajo" y filmó a cada uno de los seis imputados, los cinco abogados, a las autoridades indígenas y familiares que se encontraban en la sala, incluso filmó con descaro a personal de ONU Derechos Humanos.

Exigimos la plena identificación de la agente estatal que realizó tal maniobra, interrogarla sobre quien le ordenó esa operación y los fines y usos para los que será usada esa filmación. La Rama Judicial deberá dar explicaciones sobre este incidente y ofrecer claridad y disculpas a los afectados.

Tal hecho pone en grave riesgo la vida y la integridad personal y moral de los asistentes. Hacemos responsable a la FGN, PGN, Policía Nacional y al Gobierno de Juan Manuel Santos de lo que pueda ocurrir a estas personas.

Una causa de irritación adicional de todos los agentes estatales armados y no armados que participaron en los operativos policiales y judiciales ante el fiasco, fue el acompañamiento de la comunidad, la férrea defensa que hicieron los más de veinte abogados defensores, la contundente solidaridad de las organizaciones sociales y de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como la alta moral y la indeclinable convicción de los líderes sociales mostrada en la jornada ante esta arremetida judicial (vendrán otras) de NHM, FGN, PGN y Policía Nacional que obedece a los más abyectos propósitos.

Corporacion Justicia y Dignidad
Organización regional indígena del Valle del Cauca -ORIVAC-

Cali, 26 de abril de 2018

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