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14ago06
Eduardo Pizarro Leongómez plantea revolcón a Ley de Justicia y Paz.
En pocas semanas la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) le presentará al Congreso de la República un proyecto de ley que pretende la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en Colombia. La iniciativa, que busca ir más allá de la Ley de Justicia y Paz, le plantea al país, como debate inicial, comenzar la reparación desde 1964, año en que nacen las guerrillas y se legalizan las autodefensas.
Aunque no entra a operar todavía la controvertida Ley de Justicia y Paz, las expectativas para las víctimas del conflicto armado y para el país en general, siguen siendo muy grandes. Por eso el presidente de la CNRR, Eduardo Pizarro Leongómez, llevando el tema a sus justas proporciones, advierte que las políticas de reparación deben ser a largo plazo —de 10 a 15 años— y que no se puede esperar a que en un año todas las víctimas de un conflicto tan prolongado sean reparadas en términos materiales.
¿Por qué se decidió el año de 1964 como punto de partida para una reparación de víctimas?
La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación nació en el marco de la Ley de Justicia y Paz, y esto significa que la reparación tal y como está prevista, es una reparación por la vía judicial. La Comisión está facultada, ante todo, para hacer reparaciones colectivas a las comunidades afectadas por la violencia y hacer recomendaciones a los jueces en torno a los montos de las indemnizaciones. Sin embargo, la Comisión tomó una decisión que quiere proponerle al país y es la de presentar, a mediano plazo, un proyecto de reparación integral que vaya más allá de la Ley de Justicia y Paz y que necesariamente debe ser aprobado en el Congreso de la República. La fecha de 1964 es para abrir un debate nacional en torno a cuándo surge el conflicto contemporáneo en Colombia, lo cual no significa que todas las víctimas desde 1964 vayan a ser objeto de reparación.
¿Cómo reparar a las víctimas de un conflicto que lleva 50 años?
Esa es la propuesta que la Comisión le hará al país, que haya una política de reparación integral en el marco del conflicto contemporáneo. Ahora bien, la verdad es que el 90% de las víctimas de orden político que hubo en Colombia se dieron con el surgimiento de los grupos de autodefensa y la expansión de las guerrillas. Antes de los años 80 hubo alrededor del 10% de las víctimas. Si uno habla de 1964, si esa fuese la fecha que aceptase el país y aprobase el Congreso, y que en el proyecto de reparación integral propone la Comisión, no aumentaría sustancialmente el número de víctimas. Entre 1964 y los años 80 el número de víctimas fue relativamente limitado, porque no existían grupos de autodefensa de orden nacional y las guerrillas eran muy precarias. Digamos que el grueso de los homicidios políticos en Colombia se produjo desde 1980 en adelante y como un pico dramático en los 90.
Cuando habla de víctimas, ¿podemos incluir las del Estado, de la guerrilla y de los ‘paras’?
En este momento la Ley de Justicia y Paz define quiénes son víctimas de homicidios, de masacres, de minas antipersonales, de desaparición forzada y de otros actos similarmente atroces, que van a ser contemplados para las políticas de reparación.
Se habla de que la reparación tendría un costo de $52 billones y se dice que no existen los recursos para reparar. ¿Esto terminará sólo en un acto simbólico?
La reparación es un proceso complejo que involucra verdad, justicia, reparación colectiva, reparación individual, reparación simbólica, garantías de no repetición de la violencia y procesos de reconciliación a nivel regional y global. Entonces, las víctimas del conflicto pueden esperar por parte de la Comisión una reparación integral que no se debe confundir con un cheque. ¿Cuánto vale un padre o un hijo asesinado? Cuando las víctimas entiendan que en Colombia va a haber aplicación de justicia para los responsables de los crímenes de guerra, cuando se entienda que las víctimas pueden retornar a sus propiedades que les fueron expropiadas ilegalmente, recuperar los restos de sus familiares o conocer la verdad, la reparación ya no se mirará en términos simplemente materiales, sino especialmente en términos integrales.
En algunos casos se está vendiendo la idea de que la reparación es un hecho limitado a un monto de dinero.
Yo creo que es un concepto equivocado que puede generar expectativas falsas entre las víctimas. En Colombia hay víctimas de todos los estratos socioeconómicos. Yo me reuní recientemente con un empresario que me planteó que su sueño de reparación era la devolución del cadáver de su hijo, secuestrado por las Farc y enterrado en una fosa común en la antigua zona de distensión. Para otras personas de enorme vulnerabilidad económica, madres cabeza de familia, desplazadas por la violencia y que sufrieron el asesinato de sus esposos, la reparación material es importante. Para las comunidades afrocolombianas del Pacífico, la reparación a la cual aspiran es fundamentalmente de orden colectivo, la restitución de sus tierras comunales. Entonces cada sector de la sociedad tiene expectativas distintas.
¿Cómo hacer creer a las víctimas en la reparación si el Estado no ha logrado conciliar con la UP?
Las políticas de reparación deben ser a largo plazo, no se puede esperar que en un año todas las víctimas de un conflicto tan prolongado sean reparadas en términos materiales. Las políticas de reparación materiales, las cuales serán una realidad, se deberán llevar a cabo a lo largo de 10 ó 15 años, donde las víctimas más vulnerables ocuparán el primer lugar. Hay que acabar con la idea de que la reparación es exclusivamente material y de la noche a la mañana. Esto es una política compleja, el número de víctimas es inmenso y tiene que ser realizado a largo plazo.
¿Cómo hará el Estado para reparar a tres millones de desplazados?
Hay que aclarar esto: no todas las víctimas son necesariamente sujetos de políticas de reparación material individual. Ante todo, serán sujetos de reparación aquellas víctimas que han sufrido crímenes atroces, esto debe quedar claro porque hay víctimas del conflicto que van a ser objeto de otras modalidades de reparación. Por ejemplo, existen personas que sufrieron actos de violencia en sus regiones y su familia no fue objeto de asesinatos o de masacres, en este caso la reparación será a la comunidad.
¿Se podrían incluir en la reparación las víctimas del Palacio de Justicia?
Las víctimas del Palacio de Justicia podrían ser eventualmente en un futuro objeto de políticas de reparación. Eso va a depender de cuál va a ser el proyecto de reparación integral que va a entregar la Comisión y va a depender de lo que el Congreso indique. Hoy no son objeto de política de reparación en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Es importante diferenciar esta ley de un proyecto futuro de reparación integral.
¿Qué tiene en mente la Comisión con ese proyecto de ley?
La Comisión le va a entregar al país un documento en el cual se propone un universo de víctimas, un proyecto de reparación integral y un período histórico. Ese documento será entregado en las próximas semanas para iniciar un debate nacional y ese debate nacional, el cual tendrá como uno de sus escenarios el Congreso de la República, será el que finalmente le dirá al país qué es víctima beneficiaria de políticas de reparación, qué tipos de reparación habrá en Colombia, para quién y en qué período histórico.
¿En esa iniciativa se contempla crear una comisión de la verdad?
La Comisión creará en las próximas semanas un grupo de trabajo sobre las razones del origen de los grupos armados ilegales en Colombia, con el objeto de adelantar el conocimiento sobre lo que pasó. No se trata todavía de una comisión de la verdad, es una comisión que exige la ley para conocer las razones históricas del conflicto, pero que debe ir creando las condiciones para una futura comisión de la verdad. Eso no significa que no habrá desde ya verdades judiciales e incluso verdades históricas, porque en la medida en que inicien las indagatorias a la cúpula paramilitar, va a haber mucha verdad judicial, y por parte del grupo de trabajo, mucha verdad histórica. Porque sin verdad no puede haber ni reparación ni justicia.
¿Quién pagará las indemnizaciones por los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Los fallos de la Corte Interamericana son obligatorios para el Estado, quien debe reparar a las víctimas en forma obligatoria. Es evidente que el Estado tiene la posibilidad de nombrar abogados y discutir estos procesos en Costa Rica durante los procesos judiciales, pero una vez los fallos se dictan, debe reparar a las víctimas.
¿Cómo encaja la reparación integral en estos fallos?
Es importante explicar que la importancia que tendría un proyecto de reparación integral es que Colombia adelantaría las políticas de verdad, justicia y reparación con una dinámica nacional que podría conducir a que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos no imponga nuevas condenas al Estado colombiano, porque estamos llevando a cabo las políticas que ésta en sus fallos exige. Esta fue la experiencia de Argentina.
¿Cuál es la moraleja para la sociedad, víctima también del conflicto, cuando ve que para ser escuchado tiene que recurrir a la violencia?
Es la primera vez en la historia que se negocia con un grupo armado no derrotado militarmente, como era el caso de las Auc, diciéndole que tras entregar las armas, deberá ir a la cárcel. Eso no tiene antecedentes en el mundo.
Pero los desmovilizados han puesto reparos a la Ley de Justicia y Paz.
Lo que tenemos que buscar es que haya paz, pero que a la vez haya justicia. No sacrificando la justicia como la sacrificaron los chilenos, argentinos, uruguayos o salvadoreños. Nosotros en Colombia vamos a tener justicia.
¿Con cuánto dinero cuenta la Comisión para reparar a las víctimas?
La Comisión en sí misma no cuenta con recursos, porque el Fondo Nacional de Reparación a las Víctimas va a estar compuesto por los bienes que sean expropiados o que entreguen los grupos desmovilizados y en forma subsidiaria, por recursos del presupuesto nacional o de la cooperación internacional. Por ahora hay que esperar a que se ponga en funcionamiento la Ley de Justicia y Paz.
[Fuente: El Espectador, Bogotá, Col, 14ago06]
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