EQUIPO NIZKOR |
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07nov05
Agradecimiento de las Comunidades Afrodescendientes de Jiguamiandó, familias de Curvaradó y Cacarica.
Agradecemos a los pueblos del mundo su solidaridad, a los afroamericanos por su solidaridad a raiz de la desaparición y asesinato de ORLANDO VALENCIA y la detención arbitraria y paradero desconocido BERNARDO PEQUI DIAZ, se lo llevo la Brigada 17 y no sabemos donde está, ellos niegan tenerlo y nadie en el Estado responde.
Preocupados por nuestra integridad y la de nuestro territorio, por los múltiples ataques que hemos venido recibiendo como retaliación a nuestra resistencia civil llamamos a los hombres y mujeres del mundo que rechazan la injusticia y han optado por la defensa de los derechos de los pueblos a exigir del Estado colombiano un actuar consecuente con los principios de la Democracia y los presupuestos de un Estado Social de Derecho, puestos en entredicho con los hechos que a continuación denunciamos:
1. Desde el año 2001 hemos informado a las diferentes instancias del Gobierno Nacional y Local y entidades del Estado, la usurpación de nuestras tierras para la imposición del proyecto palmicultor, lo mismo que la persecución y hostigamiento de los que hemos sido víctimas a raíz de nuestro proceso de defensa del territorio y la vida.
Y en el Cacarica desde el 2004 con la siembra de baby con apropiación de las tierras colectivas y desde el 2003 con la siembra de coca en presencia del ejército.
2. Hemos exigido el respeto de nuestros derechos porque nos han sometido a más de 17 desplazamientos, 111 hermanos han sido asesinados, desaparecidos, como ocurrió el 15 de octubre de 2005 con ORLANDO VALENCIA, y PEQUI como ha ocurrido con nuestros 85 hermanos del Cacarica asesinados, desaparecidos y torturados, los daños psicológicos colectivos y a 3 niños. Nos torturan y amenazan constantemente, nos asedian, nos hostigan, incursionan e irrespetan nuestras Zonas Humanitaria, nos presionan para que cedamos en nuestra resistencia por la tierra y nos pleguemos al proyecto de siembra de palma aceitera. A pesar de nuestro clamor de verdad, justicia y reparación, todo continúa impune, la violación de nuestros derechos fundamentales no cesa, el monocultivo de palma avanza en nuestros territorios colectivos y la inactividad e inefectividad del gobierno es una constante.
3. Se ha verificado la existencia de la palma y se ha reconocido que es un impedimento para que retornemos a las tierras que nos vimos obligados a abandonar y que es un contrasentido a la reforma agraria que buscaba dar tierras a los campesinos pobres, porque en la práctica la implementación de dicho proyecto permite la concentración de nuestro territorio en pocas manos y al servicio de intereses minoritarios, a los que nos oponemos.
4. Creímos que el reconocimiento del Incoder después de una comisión de verificación en terreno, era para nosotros un avance, pues supusimos que esto obligaría a los diferentes estamentos competentes tomar las medidas necesarias para que se frenara el avance de la palma y se sancionara a los violadores de las normas y de nuestros derechos como etnias. Pero la esperanza de recuperar las tierras que nos han sido usurpadas impidiendo nuestro derecho a retornar y el de administrar nuestro territorio ancestral, se ha venido desvaneciendo.
5. Hace unos días conocimos una nota de prensa del INCODER, reproducida por algunos medios en la que se informó que 39 predios correspondientes a mas de 10.000 hectáreas pertenecían a los empresarios de la palma. Esta información contradice el informe presentado por esta misma institución en marzo del presente año en el que estableció que habían 142 predios privados que se encontraban dentro de nuestro título colectivo. En la nota de prensa aparece que ahora estudia 732 y que ha realizado hasta la fecha un análisis de 131 de ellos, es decir del 18%, ya legalizando así el 51% de los cultivos que irregularmente se hicieron en nuestro territorio porque 10.162 hectáreas serán descontadas de nuestro título y con ello dan vía libre a más de la mitad del proyecto total de implementación la palma aceitera.
6. Como lo mostramos en nuestro anterior comunicado, también el INCODER expidió la Resolución 1516 con la que pretende legalizar la usurpación de tierras mediante la figura de "alianzas estratégicas", que entre otras cosas, ya venía siendo usada en la práctica por las empresas palmicultoras, burlando nuestro derecho a la consulta y dividiendo a las comunidades.
7. Las decisiones impuestas por el gobierno nacional contradicen el compromiso asumido por el Gobierno a través de la Vicepresidencia de la República, en la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mes de Marzo de este año, en la que dijo a la corte que resolvería internamente el problema de la palma aceitera. Contradice también lo dialogados con nosotros, como la reunión sostenida con el programa Presidencial de Derechos Humanos, el Incoder y el Ministerio del Interior en Murindó el 4 de septiembre, en presencia de acompañantes de organizaciones de Derechos Humanos. Allí, nuestro hermano ORLANDO VALENCIA y la detencion arbitraria de BERNARDO PEQUI DIAZ manifestó con claridad que las tierras de las comunidades continúan invadidas por la palma aceitera, que estaban reconociendo como representante de las comunidades a MANUEL MOYA que claramente está a favor de las empresas de Palma desconociendo nuestra verdaderos representantes y que contaban estas siembras ilegales con la protección de la policía, la Brigada XVII junto con los paramilitares.
8. El Gobierno Colombiano a través de la Vicepresidencia de la República, se comprometió a entregar el 11 de septiembre, todos los títulos de propiedad que han presentado los empresarios de la palma sustentar que son propietarios de nuestros territorios. Hasta la fecha NO SE HAN ENTREGADO ESTOS DOCUMENTOS, pero si sale pública una noticia, que no está respaldada por ningún informe conocido, en la que dicen que ya se resolvió el problema de las tierras en Curvaradó y Jiguamiandó. NO HAN ENTREGADOS ESTOS DOCUMENTOS, pero sí la brigada 17 ha desarrollado dos operativos militares, acompañados de encapuchados en el que han robado bienes de nuestras comunidades, han amenazado a nuestros acompañantes nacionales e internacionales y han roto las cuerdas y letreros que identifican nuestras zonas humanitarias.
NO HAN ENTREGADO ESTOS DOCUMENTOS pero si la policía retuvo ilegalmente a ORLANDO VALENCIA a nuestros acompañantes y a 9 miembros más de nuestras comunidades y después desaparecieron y asesinaron unos "civiles" que se paseaban todo el tiempo al frente de la policía , a nuestro hermano ORLANDO VALENCIA.
SE SOLICITO A LA VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA conformar una comision de verificación de los daños ambientales y esta tampoco se ha realizado.
9. Por otra parte en nuestras vidas no ha habido un minuto de paz, tan pronto se conoció el primer informe del INCODER algunos pobladores del Curvaradó fueron amenazados por los paramilitares diciéndoles que devolverían las tierras pero que ellos tenía sicarios que harían las cosas más fáciles. Todo el tiempo somos señalados de guerrilleros por parte de miembros de las fuerzas militares. En varias incursiones de militares y paramilitares a nuestros lugares de residencia nos han invitado a sembrar palma y se nos critica porque supuestamente no queremos el desarrollo.
10. En el Cacarica las comunidades continúan siendo sometidas a operacioes militares contra los que habitan en las Zonas Humanitarias, mientras los paramilitares se apropian de dos caseríos, siembran baby con apoyos de gobiernos internacionales, y eso ocurre con oficinas en el municipio de Riosucio donde los paramilitares estan al lado de todas las autoridades
11. Los empresarios participan en la reuniones de presentacion de la Resolucion 1516 hecha por el gobierno nacional en convocatorias del INCODER, en una complicidad que no guarda distancias entre palmeros, madereros, bananeros, arracacheros, ganaderos.
En el bajo Atrato el desastre en vidas humanas, en destrucción ambiental, en apropiación de los territorios colectivos es simultaneo con la presencia paramilitar de control y tambien en desarrollo de la politica de seguridad democratica
SOLICITUDES
A nuestros hermanos solidarios
1) Exigir al Estado Colombiano devolver con vida a BERNARDO PEQUI DIAZ detenido arbitrariamente por la Brigada 17 y de quien no responden pos su paradero e integridad personal
2) Exigir al Estado Colombiano que ordene de inmediato el cese de la siembra de palma aceitera y de banano baby, la deforestacion y la ganaderia en nuestros territorios colectivos.
3) Solicitar al Gobierno Nacional el cumplimiento de las medidas Provisionales que han sido otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre las que aparece el respeto a nuestras zonas humanitarias y la garantía para un retorno a los territorios de los que hemos sido desplazados a las comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó y las medisdas cautelares del Cacarica de los afrodfescendientes de las Zonas Humanitarias
4) Exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento de la Ley 70 de 1993 y de el convenio 169 de la OIT, respetando nuestros derechos a la consulta, al territorio y ala existencias.
5) Suspensión inmediata de los créditos por parte de FINAGRO y Banco Agrario a los palmicultores, ganaderos, bananeros y madereros que irregularmente han usurpados nuestros territorios colectivos.
6) Solicitar al Gobierno Colombiano que se adelante una comisión técnica que _evalúe los daños ambientales que la implementación del monocultivo de palma africana a causado en nuestros territorios.
7) Solicitar a sus países internacionales del norte la suspensión de los dineros de ayuda económica para la implementación de proyectos como el de palma aceitera, platano, yuca, arracacho, caña, cacao, ganaderia en los territorios colectivos de nuestras comunidades.
Bajo Atrato, Noviembre 7 de 2005
Consejo Comunitario Mayor del Jiguamiandó; Consejo Comunitario Mayor del Curvaradó; Familias de los Consejos Comunitarios de CAVIDA y Familias Desplazadas del Curvaradó
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