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23dic16
"Mucha política y pocas soluciones prácticas": Todd Howland
El representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, enciende las alarmas sobre las fallas en la implementación de los acuerdos. Dice que el gobierno necesita abrir las puertas para que la sociedad ayude más.
SEMANA: Usted dijo hace poco en el Congreso que le produce miedo lo que está pasando hoy en Colombia. ¿Por qué?
Todd Howland: En los procesos de paz son muy importante las primeras semanas, meses y años. El miedo es porque en este momento todo el mundo está en una pelea política y no hay tiempo para pensar cómo se van a implementar los acuerdos. El proceso no salió como estaba planeado porque al perder el plebiscito no había un plan B. Pero los tiempos de la concentración de las Farc y de la implementación se separaron. El problema es que hay poca atención a cosas prácticas, que tienen impacto en las decisiones de las personas.
SEMANA: ¿Esa incertidumbre política explica cierto repunte de la violencia?
T.H.: En las comunidades la gente no entiende qué está pasando. Hay muchos planes del gobierno, pero no se ve aún la implementación porque todo está sujeto a procesos políticos o burocráticos que están lejos de su realidad. Esa incertidumbre le deja el espacio a quienes están contra el proceso para manifestar su resistencia al cambio. Muchos de quienes están esperando a concentrarse tienen la sensación de que se deben cuidar a sí mismos. También se preguntan quién va a ocupar el espacio que dejan las Farc.
SEMANA: ¿Se siente la llegada de las bandas criminales?
T.H.: La sustitución de cultivos no ha comenzado porque en este momento todo depende de los trámites legislativos y la aprobación de presupuesto. Pero las economías ilícitas siguen y son muy atractivas para otros grupos. Desde los ministerios hay planes, pero no hay acciones concretas.
SEMANA: ¿O sea que el Estado no se preparó para este momento?
T.H.: Planes sí hay. Por ejemplo, la Agencia de Renovación del Territorio es un pequeño equipo y están bien preparados para su tarea. Pero no tienen plata ni la autorización para comenzar. Nadie pensaba que iba a ganar el No en el plebiscito y no se previeron los problemas que esto iba a traer en la implementación.
SEMANA: Y el problema es que el calendario no para…
T.H.: Hay algo complicado del proceso de paz y es que en algunos temas no se llegó a acuerdos específicos. Por ejemplo, esta semana se instaló el Consejo Nacional de Reincorporación, pero todavía no hay un plan ni está claro cómo será la parte operativa. Por eso todavía no hay un mensaje para los miembros de las Farc que dejarán las armas sobre qué se va a hacer, cuáles son sus posibilidades para el futuro.
SEMANA: ¿Así de grave es?
T.H.: El proceso se puede recuperar de estas primeras semanas. El gobierno tiene que buscar más la ayuda de la sociedad civil. En el caso de la reincorporación en realidad no es tanta la gente ni los lugares donde hay que actuar. El gobierno debe buscar como socios a las Iglesias, a las universidades, a los empresarios. Sería interesante que hubiese alguien respondiendo a la crisis, rectificando, para que el resto del gobierno se pueda enfocar en los procesos políticos. No es tan fácil hacer dos tareas tan grandes al mismo tiempo.
SEMANA: ¿Qué tan preocupantes son las disidencias en las Farc?
T.H.: Hay varios tipos de disidentes. Están los individuales que generalmente se van, por ejemplo, al ELN. Hay otros que desertan para crear sus propios grupos como en Tumaco. Y hay situaciones como la del Guaviare que involucran a por lo menos tres frentes, en los que hay mandos medios que tienen mucha gente tras de sí. Que haya disidencias es normal, pero lo importante es que haya un mensaje claro para quienes están en el campo esperando concentrarse: el mensaje de que el gobierno va a cumplir y que la sociedad tiene interés de que este proceso funcione. Sin embargo, hoy hay problemas de salud, de comida, y eso les hace pensar que las cosas van a continuar lo mismo. Yo creo que en Colombia hay mucho apoyo al proceso de paz y hay mucha creatividad, pero hay que abrir espacios.
SEMANA: Usted también manifestó preocupación por la Ley de Amnistía…
T.H.: Es normal y necesario que luego de un conflicto armado haya crímenes que pueden ser objeto de amnistía, como la rebelión. Pero en el acuerdo se habla de libertad condicional para quienes han cometido crímenes que no son cobijados por la amnistía. Nosotros esperamos que esa libertad sea bien definida en esta ley.
SEMANA: ¿Le preocupa la salida masiva de los presos hacia las zonas veredales?
T.H.: Creo que con los presos debe haber un trabajo de reintegración. Ellos tienen que comenzar sus acciones restaurativas, que sean documentadas, y después el juez o el magistrado de la Jurisdicción para la Paz evaluará ese trabajo a la luz del proceso. Puede decir si ya ha cumplido o necesita más tiempo de sanción.
SEMANA: Su oficina ha seguido de cerca las investigaciones por falsos positivos y estos ahora posiblemente entren a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) caso a caso…
T.H.: Los derechos humanos están relacionados con problemas del Estado de derecho. Por eso a diferencia de un crimen común que se resuelve de manera individual, en las violaciones de derechos humanos es muy importante establecer si hubo un sistema. Es necesario saber cómo una organización ha colaborado con estos crímenes. Los falsos positivos se dieron en un contexto de incentivos tasados en dinero o ascensos que también pueden considerarse un fraude a los recursos del Estado. Quienes recibieron premios por estas muertes tienen la obligación de reparar y devolver esos recursos.
SEMANA: Sí, pero a última hora en el acuerdo se aligeró de manera fuerte la responsabilidad por mando en la cadena militar.
T.H.: Los magistrados de la JEP tendrán que actuar en todo caso de conformidad con los estándares internacionales. No se pueden cambiar las obligaciones internacionales. Para Colombia es incómodo admitir que hubo un problema como los falsos positivos en sus Fuerzas Armadas. Pero es mejor enfrentar esa realidad que encubrirla con micos. Micos que en cinco meses, o en cinco años, o quizá en 50 no podrán sostenerse. Sobre este tema la Corte Penal Internacional está pidiendo más información porque recuerde que ella actúa si los Estados no lo hacen.
SEMANA: Algo similar puede estar pasando con el asesinato de líderes sociales. ¿Realmente se pueden ver como casos aislados?
T.H.: El fiscal ha dicho que estos crímenes tienen causas múltiples, pero en algunas regiones la Fiscalía debe hacer una investigación más integral. Por ejemplo: Córdoba. Allí ha habido un problema de despojo de tierras. Hay amenazas de activistas de restitución, y en los últimos años hubo varios asesinatos a reclamantes de predios. No se puede decir que no hay interconexión en esta criminalidad. El problema que ocurre muchas veces, y a nosotros también nos pasa, es que trabajamos en silos. Alguien estudia las amenazas, otro los asesinatos y otros el despojo. Y no se cruza para ver el fenómeno político y económico que hay detrás de todo.
SEMANA: O sea que ustedes tampoco ven un patrón…
T.H.: En el caso de las amenazas es difícil decir que no haya algo más centralizado. Estas tienen un lenguaje, un estilo y hasta la tipografía es similar. En asesinatos es diferente pues hay tres tipos de casos. Uno, los que tienen que ver con factores políticos; dos, los que están asociados a economías ilícitas; y tres los que son por razones de orden público. Ahora, no digo que no exista un patrón. Solo que hasta ahora no es claro para nosotros. Seguramente las nuevas entidades que se crearán, como la Comisión Nacional de Garantías, tendrán que salirse de la óptica de contar muertos y mirar realmente qué está pasando en las regiones.
SEMANA: Por ejemplo…
T.H.: El Bagre, en Antioquia. Allí hay demasiada minería ilegal, y las muertes y las amenazas afectan mucho a gente que está haciendo oposición a esta minería o personas que querían entrar a la actividad. Eso indica que la solución pasa por hacer cambios en este sector. En Córdoba, como ya dije, hay otro problema y debe haber otra solución. Hay que ver las situaciones regionales de manera más micro para encontrar esos patrones.
SEMANA: ¿Qué tanto afecta la corrupción este sistema de garantías?
T.H.: Este es parte del problema. En El Bagre no puede haber una minería ilegal tan extensa sin corrupción. Es lo que ocurrió con los falsos positivos donde muchos oficiales se quedaron con el dinero por el que murieron personas. Hay una aceptabilidad con estos temas que mina la autoridad moral hacia abajo. En el proceso de paz existe la oportunidad de confrontar este problema.
[Fuente: Revista Semana, Bogotá, 23dic16]
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