EQUIPO NIZKOR |
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26abr06
El Ejército comenzó a investigar y requisar viviendas en la comunidad indígena de La Pava.
Hemos dicho abiertamente que los pueblos indígenas no somos Guerrilleros, ni paramilitares, ni informantes de la fuerza pública y que nuestra política de autonomía esta basada en las normas y tradiciones culturales ancestrales y en la pertenencia territorial, por ende en nuestro ejercicio del derecho propio dentro de nuestros territorios, considerados como entidades publicas de carácter especial
Hechos
El día Lunes 3 de Abril del 2006, a las 10:00 de la mañana llegó el Ejército Nacional a la comunidad indígena de La Pava y comenzó a investigar a los indígenas de esa comunidad, empezaron a requisar las casas y después hicieron sentar a tres indígenas, al gobernador Jairo Dogari Tunay, Silvio Casama Bailarin y Algenor Bailarin Begi, miembros de la comunidad.
El ejécito empezó a indagar a los tres compañeros indígenas, les preguntaban donde estaba la guerrilla y los indígenas les contestaron que no sabían donde estaban, después pasaron a preguntar a los demás habitantes de la comunidad y ellos contestaron que la guerrilla no pasaba por esta comunidad, después empezaron a torturar a los tres compañeros dándole patadas, puñetazos, los hacían tender al suelo y les apretaban el cuello con mucha presión, casi ahorcándolos.
Después apartaron al gobernador y un soldado dio la orden de que le dieran dos tiros y después lo hicieron devolver nuevamente a la comunidad y de ahí los soldados empezaron a reírse de estos compañeros indígenas que torturaron y empezaron a grabar las palabras del gobernador. Finalmente, el ejécito le dijo a la comunidad que se desplazara prontamente porque cuando regresaran a la comunidad y los encontraban no respondían de lo que pudiera pasar.
En estos momentos hay 62 habitantes indígenas de la comunidad La Pava desplazados en la comunidad negra La Peña, desplazamiento ocasionado por el ejécito Nacional.
Exigencias:
Exigimos a la fuerza pública el respeto a nuestros territorios, nuestra autonomía, nuestras autoridades indígenas, nuestra integridad moral y física, nuestra vida y nuestros derechos humanos.
Al Presidente de la República, que es el jefe supremo de las fuerzas armadas, que garantice que la fuerza pública respete nuestros derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
A las autoridades competentes, la correspondiente investigación y aplicación de las sanciones respectivas al ejécito.
Al Gobierno departamental la Ayuda Humanitaria y brigadas de salud
A la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, le solicitamos hacer un seguimiento de la violación de los derechos que padecemos como pueblos indígenas del Chocó, realizada por los grupos armados ilegales y por la fuerza pública, ya que este no es el único caso, sino uno de los innumerables casos que hemos sufrido.
Quibdó, Abril 26 de 2006
Consejo de Autoridades Indígenas
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