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08sep13


El costo institucional del problema agrario


En la historia de Colombia solo dos veces algún gobernante intentó elaborar una reforma agraria, desplegar una política de apoyo abierto al agro en general. Primero fue A. López Pumarejo, y más tarde C. Lleras Restrepo. Y ambos fracasaron. Estuvieron, literalmente, a punto de perder el poder, si no la vida por su intento.

La reforma agraria es un asunto eminentemente liberal. Burgués, por tanto. Nada tiene de marxista ni de comunista. Es, simple y llanamente, la idea de desarrollo agrario para alimentar al propio pueblo. Así fuera para después ponerlo a trabajar. La mayoría de los países europeos llevaron sus reformas agrarias en el contexto del desarrollo del estado nacional, de proyectos-país, en fin, de consolidación de la república. Y en América Latina, con variaciones, fueron logros que llevaron a cabo otros países entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Pero en Colombia, las élites nacionales jamás tuvieron una política agraria que pudiera ser considerada como algo semejante a una política pública. Colombia pasó de la mita y la encomienda, directamente al latifundio y la inequidad en el campo. Es decir, pasó del medioevo... a la Edad Media. En materia agraria, lo de Colombia ha sido eterno retorno de lo mismo. Y, por tanto, sus consecuencias: violencia en el campo y contra el campo, aislamiento de la ciudad y el campo (que en Colombia se denomina eufemísticamente: "Bogotá y la provincia", cantada por un cantante de vallenato, y reiterada en estos días a raíz del cambio de gabinete del presidente Santos).

En honor a la verdad, a Santos le estalló la bomba agraria, resultado de toda una historia de inequidad, abandono y violencia. Colombia, un país de regiones, inmensamente rico en naturaleza, que, sin embargo, específicamente a partir del neoliberalismo ("modelo neoclásico") importado por el gobierno de Gaviria y sostenido y alimentado hasta la fecha por todos y cada uno de los gobiernos habidos, importa el 80% de la comida que consume. Totalmente irracional (y sólo aceptable para un archipiélago como Japón).

El costo institucional de las protestas agrarias --la cuestión agraria-- es que Santos perderá la reelección en el 2014. Él, que quería, a semejanza de un expresidente de EE. UU., "traicionar a su clase" para pasar a la historia.

Pues esa es su verdadera finalidad, su sueño, su pesadilla. Pasar a la historia. A diferencia de su predecesor que duró ocho años --gracias a haber cambiado las reglas para beneficio propio--, y que pasará a la historia como una anécdota. Una muy mala anécdota.

De familia de expresidentes, miembro de la más encumbrada aristocracia colombiana, él mismo no puede perdonarse no pasar a la historia, que, lo sabe bien, es el verdadero mérito de los gobernantes y políticos.

Y, sin embargo, el verdadero costo del problema agrario no es el institucional, sino el social. Cincuenta años de cruenta guerra civil, en los que la guerrilla y el Estado alcanzaron, a un altísimo costo humano, un equilibrio estratégico, con ventajas diferenciadas de orden táctico. Con el costo social subsiguiente.

El problema agrario es la mejor expresión de que en Colombia jamás ha habido un proyecto nacional. Toda la burguesía en Colombia traicionó el papel que le correspondía históricamente: desarrollar las fuerzas productivas, cuidar a su sociedad y nación, elevar la calidad de vida interna. Eso es lo que hace históricamente la burguesía, para fortalecer su apuesta por el sistema de libre mercado. Pero en Colombia ni siquiera eso. Y como lo dice con fineza García Márquez al final de Cien años de soledad, una burguesía semejante no merece una segunda oportunidad sobre la tierra. El papel que debía jugar jamás lo entendió, jamás ni siquiera lo leyó. Una burguesía históricamente analfabeta, miope y bruta. Y por eso mismo violenta.

¿Que las negociaciones de la Habana son un proyecto nacional, una política de Estado, un proyecto--país? Eso no se lo cree nadie. Nunca sobrará recordar que luego de echar lápiz y papel, como se dice, los principales gremios y poderes del país llegaron a la conclusión que, literalmente, la paz es el mejor negocio. Pues con la firma de la paz en La Habana, el PIB aumentará entre dos y tres puntos por año.

Lo de La Habana no es nada de altruismo o democracia, ética y buenos valores. Es cuestión de oportunidad de negocio, mejorar la imagen internacional del país, y atraer a los más prestigiosos capitales internacionales. Y eso: crecer económicamente. Que es algo perfectamente distinto al conjunto de temas y problemas relativos al desarrollo. Dentro de los cuales, el tema agrario es fundamental e inaplazable.

La consecuencia social --no ya institucional-- de la cuestión agraria, consiste en que todos los gobiernos que nunca fueron capaces de llevar la reforma agraria al terreno que corresponde, hicieron de Colombia el segundo país más inequitativo en el mundo; el segundo país con mayor desplazamiento forzado en el mundo; en fin, uno de los países con mayor falta de transparencia en el orbe mundial, por ejemplo.

Santos está tocando a las puertas de la OCDE pidiendo que Colombia sea acogida en el club de los países más ricos y desarrollados. Si la OCDE lo acepta, habrá una enorme inconsistencia: será el único país miembro que jamás llevó a cabo una reforma agraria. Con todas las consecuencias necesarias.

Al presidente Santos le queda un año de gobierno. Y su verdadera preocupación no es la de resolver la cuestión agraria, sino la de hacerse reelegir. En un país con todos los grandes medios puestos a su disposición, y con una corta memoria histórica, es posible que lo logre. Pero, si lo logra, será su verdadera tragedia (la de Santos). Pues carece de un proyecto-país. A diferencia de varios de los gobiernos de América Latina.

Una observación final: la expresión más puntual de que Santos carece de un proyecto-país es que en el marco de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, Colciencias fue entregada, con criterios eminentemente políticos, a un partido de éstos, algo que jamás había sucedido. Y que su locomotora de la innovación jamás prendió ni siquiera motores. Y que el conocimiento no aparece ni de lejos como una preocupación central de este gobierno. Pero muchos otros argumentos pueden presentarse sin ninguna dificultad. Un proyecto-país: nada de eso suena ahora en las agendas y nombres pre-electorales. Otro motivo más para la abstención.

[Fuente: Por Carlos Eduardo Maldonado, Desde Abajo, Bogotá, 08sep13]

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