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19jun11
Candidaturas en el Magdalena: ¿qué pasó con renovación política?
El pasado jueves, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, afirmó que el Magdalena es el departamento del país donde más dificultades se presentarían para aplicar las Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
La frase del funcionario no sorprendió a los habitantes del Departamento, quienes desde hace ya varios años han venido padeciendo la arremetida de organizaciones criminales al margen de la ley, así como el enquistamiento de clanes políticos dedicados única y exclusivamente al saqueo de la cosa pública. Hoy por hoy, el Magdalena es el único departamento del país donde todavía impera la voluntad de los grupos de extrema derecha.
El más reciente episodio que ha puesto al Magdalena en la mira de la opinión pública nacional es el aval otorgado por el Partido Liberal al candidato a la Gobernación Luis Miguel Cotes Habeych, más conocido con el remoquete de El Mello Cotes. La investigadora y analista política Claudia López, quien fue una de las personas que destapó el fenómeno de la parapolítica, y en especial la creación de los llamados “distritos electorales”, creados por Jorge 40 para la toma del poder político en los departamentos de la Región Caribe, recientemente se ocupó de la candidatura de Cotes como aspirante liberal a la Gobernación.
“(…)Ese joven es Luis Miguel El Mello Cotes, figura de mostrar para estas elecciones de Trino Luna, exgobernador condenado por parapolítica; de Ómar Díaz Granados, exgobernador destituido por corrupción y, por supuesto, de su padre y tío, Álvaro y Miguel Cotes Vives, negociantes, célebremente conocidos como Los conejos desde las épocas de la marimba del Mono Abello. (…)”, escribió López en su columna habitual en La Silla Vacía.
Pero, además, la investigadora, quien hace parte del Movimiento de Observación Electoral (MOE) y de la Corporación Nuevo Arco Iris, señaló que al joven aspirante liberal lo acompañan también sus parientes consanguíneos Juan Carlos Vives Menotti, José Joaquín Vives Pérez y José Francisco Zúñiga Vives, condenado por parapolítica.
Si bien es cierto que los reflectores apuntan al Mello Cotes, no lo es menos que todo el Departamento se encuentra permeado por la corrupción, el narcotráfico y la parapolítica. De hecho hay varios candidatos, o aspirantes, en iguales circunstancias, como José Luis Pinedo, también aspirante a la Gobernación, cuyo padre –Miguel Pinedo Vidal- se encuentra recluido en la actualidad en la cárcel La Picota de Bogotá. También está el aspirante por el partido de La U, Joaquín Gutiérrez Caballero, sobrino de Enrique Caballero Aduén -también recluido en La Picota- por parapolítica, señalado por Hernán Giraldo, El Señor de la Sierra de ser uno de sus aliados políticos, y de Jorge Caballero Caballero, quien ya pagó cárcel por parapolítica, pero se le libraron copias para investigarlo por delitos de lesa humanidad.
Está además la aspirante Lisseth Peñaranda, exdefensora del pueblo del Magdalena, respaldada por Luis Vives Lacouture, procesado por parapolítica y quien aspira a darle el aval por el Partido de Integración Nacional (PIN).
¿Cuáles son los verdaderos alcances del fenómeno de la ‘parapolítica’ en el Magdalena? ¿Cómo se tejen los hilos del poder en el Departamento? ¿Dónde está la renovación política que se plantea con los jóvenes aspirantes a la Gobernación del Magdalena? ¿Qué responsabilidad les cabe a los directores de los partidos por la escogencia de candidatos cuestionados ética y moralmente en el Magdalena? ¿Es necesario un pacto de transparencia política entre los partidos?
Candidaturas cuestionadas
Después del ‘tsunami’ que significó para el país el llamado escándalo de la parapolítica, cuesta entender cómo en el Magdalena varios partidos siguen patrocinando candidaturas cuestionadas por la opinión pública. Algunas de ellas no sólo son cuestionadas moralmente.
El nombre de algunos aspirantes aparece en varios de los acuerdos firmados con los jefes paramilitares, entre ellos Jorge 40 y Hernán Giraldo. Uno de los que aparece firmando el llamado ‘Pacto de Chivolo’, como se señala en la sentencia del exsenador Jorge de Jesús Castro Pacheco (procesos de única instancia 29.200 y 26.470 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia), es José David González, aspirante a la Alcaldía del municipio de Guamal por el Partido Liberal.
También figura entre los aspirantes a cargos de elección popular por ese Partido Handy Stummo, quien pretende llegar a la Alcaldía de Nueva Granada, y también es uno de los firmantes del ‘Pacto de Chivolo’, que sirvió para llevar a la Gobernación del Magdalena a José Domingo Chelo Dávila, actualmente detenido en La Picota por parapolítica. Otro nombre que figura como aspirante a obtener el aval del liberalismo es Alberto Vives Pacheco, quien aspira a volver a la Alcaldía de Ciénaga, pese a que fue condenado por peculado.
Un Departamento de clanes
Históricamente el departamento del Magdalena ha sido dominado políticamente por tres o cuatro familias. Desde los tiempos remotos en los que los alcaldes y gobernadores eran designados a dedo desde Bogotá y Miami, hasta la fecha, en la que son elegidos popularmente, en el escenario político departamental siempre aparecen los apellidos Vives, Diazgranados, Pinedo, Campo y Dávila, o los nombres de sus ahijados políticos, quienes gobiernan en cuerpo ajeno.
Por eso no es raro encontrar esos nombres y apellidos vinculados a los escándalos de la parapolítica y Agro Ingreso Seguro, para solo citar los más recientes casos.
Todas las reformas políticas que se han llevado a cabo en el país para darle mayor transparencia a los procesos electorales y una depuración a las costumbres políticas, no han encontrado terreno abonado en el Magdalena. De hecho, el gobernador Omar Diazgranados, miembro de esa élite política departamental, se encuentra suspendido por actos de corrupción y por lo menos tres de los últimos alcaldes de Santa Marta han estado vinculados a procesos de parapolítica y actos de corrupción.
Las intentonas de jóvenes aspirantes a ocupar cargos de elección popular en el Departamento, pero que no cuentan con el respaldo de dichos clanes familiares, se han estrellado contra esa telaraña sofisticada del poder, que les ha impedido ver cristalizados sus sueños. El caso más reciente es el del rector de la Universidad del Magdalena, Carlos Caicedo, quien pagó con cárcel los señalamientos provenientes del exgobernador Trino Luna, procesado por ‘parapolítica’.
Corrupción rampante
Buena parte de la clase política del Magdalena encontró en la corrupción un modo de vida. Las administraciones locales, en especial la de Santa Marta, a través de las concesiones, alcanzaron los mayores niveles de corrupción administrativa y es así como no hay actividad económica local que no se vea influenciada por este fenómeno.
Un ejemplo palpable que demuestra hasta dónde ha llegado la relación entre paramilitarismo y política es el memorando encontrado en el computador de Don Antonio, en el que señala de forma detallada el escenario de residuos sólidos de Santa Marta y la forma cómo se haría la distribución y reparto de los multimillonarios contratos.
Otros proceso que se han visto salpicados por escándalos de corrupción son, entre otros, la concesión de la malla vial de Santa Marta, el amoblamiento urbano de la ciudad y el recaudo de impuestos, cuyas adjudicaciones generaron una gran controversia. Obras de infraestructura, como la doble calzada Santa Marta-Ciénaga o la variante Puente del Doctor-Mamatoco, están siendo observadas con lupa por la Contraloría General de la República. Y no solo asaltan el erario público, sino que adelantan obras privadas sin ningún respeto por el entorno o la ciudadanía, como ha ocurrido con la famosa “marina” que decidió privatizar de facto una buena porción de la bahía.
El reto de octubre
Las próximas elecciones regionales será el termómetro que permitirá medir hasta dónde los partidos políticos aprendieron la lección de la parapolítica. Y a juzgar por lo que está pasando con las candidaturas cuestionadas, es bastante probable que esa amarga lección aún siga vigente.
No de otra forma puede entenderse el hecho de que, por ejemplo, el Partido Liberal pretenda avalar candidatos que no se ajustan al cambio de las costumbres políticas que tanto pregonan en Bogotá y que tanto necesitan departamentos como el Magdalena.
No tiene ninguna presentación que el Partido Liberal haga aprobar en Bogotá una ley para proteger a las víctimas y en Santa Marta esté avalando políticamente a los victimarios. Lo mismo sucede con el Partido de La U y con Cambio Radical, entre otros, que también avalarían candidatos del mismo origen aunque en cuerpo ajeno.
El país aguarda con suma atención la decisión de la revisión constitucional de la reforma política a los partidos que establece cambios fundamentales en materia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones, financiación de las campañas políticas, entre otras, pero que no dejará de ser letra muerta sino existe el compromiso real de cambio por parte de los partidos políticos, única forma de evitar que se convierta, en otra frustración más para los colombianos.
En manos de los directores nacionales de los partidos recae la responsabilidad histórica de señalar el derrotero que marca la reforma política. Pero no es solo en los partidos y directorios donde está la responsabilidad.
También el pueblo magdalenense y sobre todo el samario tienen el deber histórico de rebelarse contra ese estado de cosas. Los samarios, desde los muy humildes de ‘La Lucha’ o ‘Pescaito’ hasta los muy encopetados del “Rodadero Reservado” o de las “Torres de Colón o de Las Cascadas” tienen la carga histórica, como en la época de la Independencia, de expulsar de esas privilegiadas tierras a toda esa casta de saqueadores. El honor histórico de albergar la última morada del Libertador, no es compatible con el de un pueblo cómplice o cobarde frente a la tiranía de la corrupción.
[Fuente: Por Óscar Montes, Análisis, El Heraldo, Barranquilla, 19jun11]
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