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05sep08
Palma aceitera y peligro conviven en el noroccidente
Desde el jueves hay un defensor de derechos humanos menos en el Bajo Río Atrato, noroccidente de Colombia. Jimmy Jansasoy, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, tuvo que abandonar la región, donde los cultivos de palma africana avanzaron sobre territorios selváticos de comunidades mestizas y negras.
El viernes 29 de agosto, Jansasoy dictó un taller sobre zonas de biodiversidad en un caserío en la cuenca del río Curbaradó, afluente del Atrato.
En esa región, la Comisión de Justicia y Paz, y organizaciones internacionales de derechos humanos como la canadiense Proyecto Acompañamiento Solidaridad Colombia (PASC) y Peace Brigades International (PBI), respaldan a comunidades que han sido objeto de crímenes de lesa humanidad.
Todos han recibido una seguidilla de amenazas de muerte desde el 24 de agosto, que ya hicieron salir de la zona a otros dos miembros de la Comisión de Justicia y Paz.
El miércoles 3 a las tres de la tarde, en el municipio de Chigorodó, noroccidental departamento de Antioquia, cuatro civiles armados encañonaron a Jansasoy y lo obligaron a abordar una camioneta de doble cabina y vidrios polarizados, secuestrándolo durante poco más de una hora.
Revisaron el contenido de su morral: "Sólo tiene una Biblia, un cuaderno y sus cosas personales", reportó un hombre de gafas oscuras por celular, medio por el que recibían las órdenes.
Querían que Jansasoy les diera "los nombres exactos" de todos los que acompañan a las comunidades, "y las direcciones de dónde viven y de sus familias".
Jansasoy dijo que no tenía esos datos. "Le damos hasta el domingo", le advirtieron.
Al liberarlo, lo conminaron a ir a la Zona Humanitaria de Andalucía Caño Claro, no contar sobre su detención y anotar nombres y ubicación de las familias de los defensores de derechos humanos que trabajan con esa comunidad.
"Debido a este acto de detención ilegal, intimidación, presión psicológica y amenaza", dice un comunicado de la Comisión de Justicia y Paz, Jansasoy "se vio obligado a abandonar la región".
No hay garantías "para la defensa y promoción de los derechos humanos en el Bajo Atrato, en el Curbaradó", sentencia la entidad.
Las Zonas Humanitarias fueron creadas por campesinos como respuesta a la acción violenta de las milicias paramilitares de ultraderecha, que alcanzaron su apogeo en los años 90.
Surgieron en el norte de Antioquia y en el vecino departamento del Chocó a raíz de las matanzas y el desplazamiento forzado que acompañaron la operación militar Génesis, desplegada en esos departamentos en 1997 por el general (hoy en retiro) Rito Alejo del Río, entonces comandante de la Brigada 17 del ejército, y detenido el jueves por la Fiscalía General de la Nación.
Del Río es acusado de trabajar con los paramilitares, incluso en la operación Génesis, llevada a cabo contra la guerrilla izquierdista de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) durante el periodo en que el presidente Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia (1995-1997).
Las Zonas Humanitarias son comunidades en resistencia contra la guerra, que reivindican el principio de distinción entre civiles y combatientes, base del Derecho Internacional Humanitario.
Desplazados y retornados, o asentados en un nuevo lugar, sus miembros disponen que en su territorio no pueda ingresar ningún actor armado, pero no son neutrales, pues se consideran víctimas de una violencia que ejercen directamente la fuerza pública y sus aliados paramilitares.
Los campesinos de las Zonas Humanitarias pueden ser casi analfabetas, pero relacionan el horror que han padecido con la tendencia económica de imponer un modelo único de desarrollo, basado en agroindustrias y monocultivos privados como las plantaciones de palma, de cuyo aceite se destila biodiésel.
Por eso, las Zonas Humanitarias se caracterizan por modelos propios de producción campesina y tradicional. En la cuenca del Curbaradó, con apoyo de la Comisión de Justicia y Paz, las comunidades están creando desde 2006 "zonas de reserva natural y de biodiversidad", donde el cultivo de subsistencia se lleva bien con la selva del Chocó, una de las de mayor biodiversidad del mundo.
El mismo día en que fue intimidado Jansasoy, cuatro expertos procedentes de Ecuador, Chile, Uruguay y México dictaron en Bogotá conferencias en la estatal Universidad Nacional de Colombia, en un foro sobre biodiversidad, soberanía y seguridad alimentaria.
Entre todos trazaron el mapa de la modalidad que se impone en los últimos años en el mundo: cada país se especializa en un producto. "Ecuador en banano, Colombia en flores, Argentina en soja", puso como ejemplo Elizabeth Bravo, de la no gubernamental Acción Ecológica de Ecuador.
Países otrora exportadores de alimentos se convierten en importadores netos. Ganan las transnacionales que fabrican fertilizantes, indispensables en los monocultivos.
Los combustibles fósiles dejaron de ser inagotables en un sistema económico adicto a la energía. Se busca reemplazarlos por agrocombustibles obtenidos, en parte, de alimentos como el maíz. La tierra, y qué se siembra en ella, se tornan asuntos estratégicos.
Los fertilizantes aumentan de precio, los alimentos también. Bravo abundó en cifras: en el último año, el arroz ha subido 90 por ciento, el trigo 130 por ciento, el maíz 53 por ciento.
Según un informe confidencial e interno del Banco Mundial, divulgado en julio por el diario británico The Guardian, la promoción de los agrocombustibles elevó en hasta 75 por ciento los precios de los alimentos, recordó la uruguaya Silvia Ribeiro, del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, con sede en Estados Unidos y México.
Los cultivos de explotación, la agroindustria, el monocultivo y las tecnologías riesgosas ambientalmente y para la salud, no producen más alimentos, demuestran las estadísticas desde 1950. La solución no es seguir bajo los mismos esquemas, dijo Ribeiro, "la producción de alimentos debe estar en manos de la propia gente, de los campesinos del mundo".
La Zona Humanitaria Caño Claro, en la cuenca del Curbaradó, 45 kilómetros al suroccidente de Chigorodó, está rodeada de cultivos de palma aceitera custodiados por numerosos puestos de control de la policía y el ejército.
Tras una desmovilización pactada que se logró parcialmente, el gobierno considera que los paramilitares de ultraderecha ya no existen. Pero pululan en la región, bajo el nombre de "Águilas Negras".
Detrás de sus amenazas y operativos "se ocultan los beneficiarios empresariales del paramilitarismo", denuncia la Comisión de Justicia y Paz.
Pero específicamente en esta parte de Colombia, resulta que los propios paramilitares son "empresarios y lavadores de activos del tráfico de droga, que ocultan sus actuaciones criminales bajo el rostro del progreso con los agronegocios de la palma aceitera, la ganadería extensiva y la deforestación intensiva", agrega un comunicado de la entidad.
Los paramilitares entraron en los años 90 a las cuencas de los ríos Jiguamiandó, Curbaradó y Domingodó y desalojaron a las comunidades, con el argumento de erradicar a la guerrilla izquierdista, que a su vez estaba allí desde la década anterior.
Pero "hay indicios de que esos desalojos se dieron no tanto para expulsar a la guerrilla, sino para apropiarse de tierras que le pertenecen a la comunidad", advirtió en diciembre el fiscal general Mario Iguarán en una entrevista al diario bogotano El Tiempo.
La fiscalía recogió más de 100 testimonios, practicó inspecciones judiciales en las empresas de cultivo de palma, en plantas aceiteras, bancos y oficinas de registro de propiedades, y decidió llamar a indagatoria a 26 empresarios de palma y a ganaderos, por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir y usurpación de tierras.
Aún la fiscalía no toma decisiones. Por eso, para la Comisión de Justicia y Paz las investigaciones en el proceso penal que se sigue no han sido eficaces, prontas ni oportunas.
Tampoco se sabe de medidas gubernamentales concretas para "propiciar la restitución de la propiedad de la tierra colectiva ocupada de mala fe por empresarios beneficiarios del paramilitarismo", señala la Comisión de Justicia y Paz.
La propuesta efectuada el jueves por la Comisión al gobierno, de "desarrollar una estrategia integral preventiva" que involucre a las autoridades ambientales "a fin de evitar la ampliación de la siembra de palma, la extensión ganadera y la deforestación intensiva", queda esperando una respuesta.
[Fuente: Por Constanza Vieira, IPS, Bogotá, 05sep08]
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