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27ago11
Se busca testigo del holocausto
Jaime Arenas, quien fuera conductor del consejero de Estado Jorge Valencia, fue torturado tras la retoma militar del Palacio de Justicia en 1985.
Un episodio escasamente referenciado en las investigaciones sobre la desaparición de doce personas durante el operativo de recuperación del Palacio de Justicia, abrió en las últimas horas un nuevo capítulo judicial que podría esclarecer cuál pudo ser el destino de quienes nunca volvió a saberse después del 7 de noviembre de 1985. Se trata de la suerte corrida por el conductor Jaime Arenas, quien fue sometido a torturas en una guarnición militar y luego liberado por mediación de un magistrado. Hoy se desconoce su paradero.
Una historia que nunca quiso contar el entonces consejero de Estado Jorge Valencia Arango, pero que a instancias de la Comisión de la Verdad integrada por tres exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, y la participación del abogado Daniel Prado, quien interviene en el proceso como representante de los familiares de los desaparecidos, recobra trascendental importancia. A tal punto que el abogado Prado pedirá a la Fiscalía que investigue cuanto antes dónde se encuentra Jaime Arenas para que ratifique su testimonio.
Su presencia accidental en el Palacio de Justicia en noviembre de 1985 obedeció a que en su condición de conductor del hijo del consejero de Estado Jorge Valencia Arango, había acudido el miércoles 6 a cumplir con un requerimiento laboral. Cuando empezó el ataque del M-19, se encontraba en el sótano y, en medio del caos que se formó por la reacción militar, fue tomado como rehén del jefe guerrillero Andrés Almarales, quien lo puso en la tarea de cargar a otras personas o trasladar heridos, hasta que terminó en el cuarto piso de la edificación.
Al concluir la recuperación militar del Palacio, como los demás rescatados, Jaime Arenas fue conducido a la Casa del Florero, pero ante sus dificultades para explicar su presencia en el sitio y los señalamientos de quienes lo vieron cumpliendo órdenes de Almarales, junto a otras personas, fue sacado de la Casa del Florero y conducido a una unidad militar, sin que quedara registrado en el personal que salió vivo del Palacio de Justicia. Entonces Arenas fue objeto de crueles torturas mientras escuchaba gritos de otras personas.
En medio de su drama y como último recurso en una pausa de sus torturadores, cuando vio que otra persona en sus mismas condiciones le entregó un número telefónico a un soldado para que avisara dónde estaba, él decidió hacer lo mismo y, para motivar al uniformado, se quitó un anillo de oro que le había regalado su jefe y se lo entregó al tiempo que le daba su nombre y un número telefónico. Ese soldado, sin saberlo, terminó llamando a la casa del magistrado Jorge Valencia Arango, quien de inmediato empezó a comunicarse con altos oficiales de las Fuerzas Militares para relatar el caso.
Como se percató de que sus reclamos no tenían eco, Valencia advirtió que si no aparecía Jaime Arenas estaba dispuesto a salir a los medios a contar lo que estaba sucediendo. Horas después, muy golpeado, llorando y preso de un ataque de nervios, el conductor apareció en la casa del magistrado y le contó paso a paso lo que le había sucedido y cómo en el lugar donde había sido torturado, que era como un cobertizo donde guardaban caballos, siempre escuchó gritos y lamentos, hasta que alguien lo llamó por su nombre y le dijo que se largara.
El magistrado Valencia Arango, indignado por lo sucedido, instó al conductor Arenas a formular la denuncia al día siguiente, pero éste se negó rotundamente, comentándole que en el momento que era liberado, uno de los sujetos lo amenazó detallándole los nombres de sus familiares y diciéndole además que tenía que callar para toda la vida lo que había visto y soportado. Valencia respetó la decisión de Arenas y a partir de ese día nunca volvió a saber del conductor. En consecuencia, él tampoco reveló lo sucedido a las autoridades judiciales.
Lo hizo muchos años después ante los tres exmagistrados de la Comisión de la Verdad, quienes ligeramente detallaron el hecho en su informe final, en el capítulo sobre torturas y tratos inhumanos y degradantes a sobrevivientes trasladados a instalaciones militares. Y ahí permanecía sin resonancia hasta que el abogado Daniel Prado, buscando nuevas pruebas en la investigación, tras leer las sucintas líneas, recordó que de boca del propio exmagistrado Valencia él había escuchado esa historia, pero como era un testimonio no judicializado, no había pensado en usarlo.
Lo escuchó después del asesinato de su amigo Eduardo Umaña Mendoza, en abril de 1998, cuando asumió el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia y quiso oír del magistrado Valencia su concepto sobre algunos procesos que había llevado el Consejo de Estado por casos de tortura. En compañía de una abogada acudió a su oficina en el sector de Chapinero Alto y oyó la catarsis del jurista, quien visiblemente conmovido le contó lo sucedido a su conductor Arenas y lo que él mismo había vivido ese día.
El testimonio del magistrado Valencia y lo que oyó de viva voz el abogado Prado, de alguna manera coincide con lo que relataron dos testigos estelares del expediente por los desaparecidos del Palacio de Justicia. Los entonces estudiantes Eduardo Matson Ospina y Yolanda Santodomingo, quienes fueron objeto de torturas por sus dificultades para explicar por qué estaban en el Palacio de Justicia, pero sobrevivieron gracias a que Matson era familiar de un dirigente político y alguien pudo enterarse de que estaban en una unidad militar.
En su momento, Yolanda Santodomingo comentó que estuvo vendada y que permanentemente quienes la torturaban se decían: "Póngale más trapo en la cara para que cuando disparemos no se desfigure". Este testimonio fue determinante en el proceso de investigación que adelantó la Fiscalía y que ha permitido a la justicia hasta ahora condenar en primera instancia al coronel Alfonso Plazas Vega y al general Jesús Armando Arias Cabrales. Otros 10 oficiales y suboficiales del Ejército esperan una decisión judicial en sus casos.
En desarrollo del proceso, dos testigos han hablado sobre el destino final de los desaparecidos. El exsuboficial de inteligencia Ricardo Gámez Mazuera, quien en 1989 relató ante un notario cómo se había enterado de que uno de los desaparecidos del Palacio había muerto torturado en una guarnición militar. Sin embargo, este testimonio no fue aceptado porque no se hizo ante un fiscal. También existe la declaración del exsuboficial Bernardo Garzón Garzón, quien habló de la desaparición de la guerrillera Irma Franco. Se controvierte porque hubo retractación.
El caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia vuelve a moverse, en esta ocasión porque el abogado Daniel Prado anunció que urgirá a la Fiscalía a que indague el paradero del conductor Jaime Arenas, de quien se desconoce su suerte.
[Fuente: Redacción Judicial, El Espectador, Bogotá, 27ago11]
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