02nov05

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Accion urgente por la vida y los derechos humanos en el Cauca.

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Crisis total en la defensa de los derechos humanos del departamento del Cauca que se refleja con las detenciones irregulares de José Vicente Otero Chate, indígena Nasa y Miguel Alberto Fernández Orozco, Presidente de la CUT, Cauca; las amenazas contra comunidades y trabajadores sociales, en especial, del Macizo colombiano; los excesos de la fuerza pública para reprimir los procesos de liberación de la madre tierra adelantada por indígenas y campesinos desde el pasado 12 de octubre; los señalamientos irresponsables tanto del vicepresidente de la república como de funcionarios gubernamentales del orden nacional y departamental buscando ilegitimar el movimiento y generar divisiones entre sectores sociales Indígenas, Campesinos y Afros, y el incremento de la presencia y accionar de los paramilitares, así como los asesinatos selectivos de jóvenes, atribuidos a la mal llamada limpieza social.

Hechos:

El día 1 de noviembre, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS retuvo al compañero, MIGUEL ALBERTO FERNANDEZ OROZCO reconocido dirigente popular, sindical y campesino, acusándolo de falsa amenaza y de fraude procesal, sin tener pruebas contundentes de las acusaciones basadas éstas en anónimos y violándole los derechos al debido proceso.

Tanto la detención de Miguel Alberto Fernández Orozco como la de José Vicente Otero Chate, son situaciones que se han caracterizado por el uso de Testigos anónimos, la Violación al debido proceso y las declaraciones de funcionarios por lo medios de información, alterando el debido proceso y afectando la imagen y el buen nombre de las personas y las organizaciones a las que ellos pertenecen.

Contexto regional.

Con anterioridad a varios años el movimiento social del Cauca ha venido realizando acciones coordinadas en defensa de los derechos fundamental, destacando las Movilizaciones y Jornadas de Protesta, como la Movilización del 12 de Octubre y las acciones por Liberación de la Madre Tierra que han buscado recomponer los acuerdos que tiene el Estado colombiano con las organizaciones sociales y la exigencia de una verdadera reforma agraria popular. Estas actividades recibieron de parte del gobierno nacional atención a través de la fuerza pública en donde se ha distinguido el uso de la fuerza, la utilización de gases, y armas explosivas que dejaron un saldo alto de heridos y afectaciones graves sobre la salud humana. Se destaca el uso de un lenguaje y una actitud guerrerista por parte la presidencia y vicepresidencia de la República, gobernación del Cauca y los mandos militares, con lo cual han buscado deslegitimar el movimiento social y sus organizaciones, al igual que generar divisiones entre sectores sociales Indígenas, Campesinos y Afros.

Incremento del paramilitarismo y persecución a la juventud.

Con la llamada Ley de Justicia y Paz se está legitimando, incrementando y posicionando el paramilitarismo en diferentes municipios del Cauca, generando zozobra en las comunidades como en el caso de Silvia, donde para intimidar las acciones de liberación firman letreros en las paredes alusivos a las tomas de tierras planteando: Haremos respetar la propiedad privada.

Desde finales de Septiembre de 2.005 vienen circulando en Popayán Panfletos de las AUC anunciando la creación del Bloque de Limpieza , amenazando personas señaladas como delincuentes. Otro ejemplo de violencia son los múltiples asesinatos, que superan los 20 jóvenes de los barrios populares, en municipios como Popayán, Puerto Tejada y Patía en las últimas semanas. Un ejemplo fue el asesinato del joven ARSENIO LOPEZ DELGADO de 26 años, perteneciente a una familia desplazada y ayudante de construcción, quien desapareció el día 21 de octubre, siendo encontrado al día siguiente, muerto y con signos de tortura.

Esta misma situación se presenta en las comunidades de los municipios del Sur, Cauca, como Balboa, Patía, Mercaderes, Florencia, Norte de Nariño como San Pablo, La Unión, San Lorenzo, Taminango; territorios donde actúa el bloque héroes del sur de las AUC, según se afirma, son desmovilizados del acuerdo Gobierno paramilitares en El Tablón (Taminango), realizado en Agosto pasado. En esta zona han proliferado grupos actuando a nombre de las AUC (Mano Negra, Camisas Negras, Los Hombres de Negro, ONG-Organización Nueva Generación, bloque Macizo), que amparados en la desmovilización y la protección de la fuerza pública realizan retenes, atracos a pasajeros del transporte intermunicipal, extorsiones a comerciantes, amenazas y asesinatos.

Amenazas a comunidades y dirigentes.

Desde hace varios meses líderes y organizaciones vienen denunciando la existencia de amenazas a sus vidas y procesos organizativos sin que se tengan informes por parte de las instituciones de control e investigación del Estado. Al respecto, el lunes anterior, 17 de octubre, la Asociación Agroambiental de San Pablo (Nariño) recibió un panfleto suscrito por las AUC en donde se señala al CIMA y ASOPATIA- (Asociación Supradepartamental de municipios del Alto Patía, Co-ejecutora del 2º. Laboratorio de Paz para la región del Macizo y Alto Patía) de estar dirigidos por terroristas y hampones izquierdistas , de igual manera se les condiciona a estar neutrales en sus pensamientos no utilizar ningún nombre de organizaciones para hacer inteligencia y desestabilizar la región. Los estaremos vigilando paso a paso .

La Red por La Vida y Los Derechos Humanos del Cauca, a partir de la responsabilidad y compromiso que hemos asumido con las comunidades de sistematizar, informar y dar seguimiento a los casos de violación a los derechos humanos en el departamento, desde el año pasado en el documento INFORME DE DERECHOS HUMANOS AÑO 2.004 presentado a la comunidad en general y a los organismos de derechos humanos del Estado y no gubernamentales, alertamos sobre la caótica situación y la amenaza latente que existe contra la vida de las comunidades y contra los dirigentes sociales y sus organizaciones, además se evidencia la ineficiencia de las instituciones del Estado para garantizar la vida y seguridad de sus ciudadanos.

Teniendo en cuenta las situaciones narradas, la Red por la Vida y los DDHH del Cauca y Suroccidente, exigimos:

• 1. Del Gobierno Nacional y Departamental plenas garantías para nuestra legítima actividad social y la defensa de los derechos humanos.

• 2. Del Ministerio del Interior y la Vicepresidencia de la República brindar garantías de protección para la vida e integridad de comunidades, organizaciones y líderes de los procesos de movilización y Liberación de la Madre Tierra y el ajuste de las medidas de protección que garanticen sus actividades de liderazgo.

• 3. A los organismos de control del Estado hacer efectiva la vigilancia constitucional sobre los organismos judiciales e instituciones de investigación e inteligencia, frente a la observancia del debido proceso y demás derechos fundamentales, en especial para los casos de JOSE VICENTE OTERO CHATE, Indígena Nasa y MIGUEL ALBERTO FERNANDEZ OROZCO, Presidente de la CUT.

• 4. A la Fiscalía General de la Nación informar sobre los resultados de las denuncias realizadas por las Organizaciones Sociales frente a las violaciones y delitos cometidos por integrantes de las AUC.

• 5. Al Ministerio del Interior el cumplimiento de los acuerdos y requerimientos realizados por las organizaciones sociales en el CRER y en los Espacios de Concertación y Negociación como las Mesas de Trabajo.

De igual forma requerimos:

• de la Comisión de Verificación de la OEA su intervención en el seguimiento al cese de hostilidades y la desmovilización de las AUC y la operación de grupos a su nombre en la Región del Cauca y Nariño.

• de la Comisión Interamericana de DDHH-CIDH su pronunciamiento frente a los actos violatorios de DDHH y el DIH que han realizado los grupos armados tanto legales como ilegales que hacen presencia en la Región del Cauca y Nariño.

• de las organizaciones defensoras de derechos humanos, nacionales e internacionales, su solidaridad, acompañamiento y seguimiento a cada uno de los casos y situaciones denunciadas.

Expresar su solidaridad enviando mensajes y misivas sobre la situación expuesta y requerimientos a:

Dr. Alvaro Uribe Vélez, Presidencia de la República.
Cra. 8 No. 7-26, Palacio de Nariño, Bogotá D.C.
Fax: +57.1.566.2071
Mailto:auribe@presidencia.gov.co

Dr. Sabas Pretil de La Vega,
Ministerio del Interior y de Justicia
Avenida Jiménez No. 8-89, Bogotá D.C.
Fax: +57.1.560.3386

Dr. Mario Hernan Iguarán Aran, Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.
Fax: +57.1.570.2000
Mailto:denuncie@fiscalia.gov.co

Dr. Edgardo José Maya Villazón, Procuraduría General de la Nación
Cra. 5 No. 15-80 Bogotá D.C.
Fax: +57.1.342. 9723
Mailto:reygon@procuraduria.gov.co

Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz,
Defensoría Nacional del Pueblo
Fax: +57.1.640.0491
Bogotá D.C.
Mailto:defensoria@defensoria.org.co

Dr. Juan José Chaux Mosquera,
Gobernación del Cauca
Calle 4 Cra. 7 Esq. Popayán
Fax: +57.2.824.3597

Popayán, en los tiempos de la dignidad y resistencia, noviembre 2 de 2.005
Red por La Vida y Los Derechos Humanos del Cauca

DDHH en Colombia

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