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04mar10
Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia
Distr. GENERAL
A/HRC/13/72
4 de marzo de 2010
ESPAÑOL
Original: ESPAÑOL E INGLÉSConsejo de Derechos Humanos
13.º período de sesiones
Tema 2 de la agenda
INFORME ANUAL DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS E INFORMES DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO Y DEL SECRETARIO GENERAL
Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia * ** Resumen De conformidad con el mandato establecido en el acuerdo firmado en 1996 entre el Gobierno de Colombia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, este informe analiza los hechos más importantes relacionados con la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en Colombia en el año 2009. El informe registra, entre otros temas, importantes avances, destacando la reducción drástica de las denuncias por ejecuciones extrajudiciales y los progresos en la tramitación de los procesos contra congresistas y funcionarios públicos por presuntos vínculos con organizaciones paramilitares.
El informe reconoce la apertura gubernamental al escrutinio internacional al recibir a cuatro relatores especiales y realizar el seguimiento por propia iniciativa de las recomendaciones del examen periódico universal. La Alta Comisionada agradece el espíritu de cooperación que existe entre el Gobierno y su oficina en Colombia y destaca la apertura y franqueza del Gobierno para tratar los retos que enfrenta en materia de derechos humanos.
El informe muestra cómo el conflicto armado interno continúa planteando muchos retos para el país, incluyendo el total desprecio por el derecho internacional humanitario por los grupos guerrilleros. Esta situación se ve exacerbada por la violencia contra la población ejercida por los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de las organizaciones paramilitares, los nexos de los actores armados con el narcotráfico y el impacto especialmente grave del conflicto armado interno en las comunidades indígenas y afrocolombianas.
Asimismo, el informe analiza los desafíos en la implementación de la Ley 975 (2005), llamada de "justicia y paz", el aumento de amenazas y la utilización ilegal de los servicios de inteligencia contra los defensores y las defensoras de derechos humanos y otras personas, la polarización entre el Gobierno y la comunidad de derechos humanos y entre el ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, así como el aumento de los casos de violencia sexual. Además, persisten profundas debilidades en varios departamentos para alcanzar la plena satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, que se traducen en discriminación de facto y marginación de la población afrocolombiana e indígena.
Finalmente en el informe se resumen algunas de las principales actividades desarrolladas por la oficina en Colombia y se presentan una serie de recomendaciones.
ÍNDICE III. Derechos humanos y derecho internacional humanitario
A. Situación de la rama judicial
C. Defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y sindicalistas
E. Ejecuciones extrajudiciales
G. Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
I. Grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares
J. Derecho internacional humanitario
L. Derechos de las víctimas y Ley 975 (2005)
IV. Resumen de actividades de la oficina en Colombia
ANEXO
I. Introducción 1. El 29 de noviembre de 1996 el Gobierno y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos firmaron el acuerdo que establece la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ("la oficina en Colombia"). Dicho acuerdo fue extendido, sin modificaciones, hasta el 30 de octubre de 2010.
2. Según su mandato, la oficina en Colombia observa la situación de derechos humanos y de derecho internacional humanitario para asesorar a las autoridades en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para la promoción y protección de los derechos humanos. Además, remite informes analíticos a la Alta Comisionada. El presente informe cubre el año 2009 y hace énfasis en varios temas considerados prioritarios, que fueron periódicamente discutidos con el Gobierno.
3. En 2009, Colombia demostró una gran apertura hacia los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Visitaron el país, por invitación del Gobierno, cuatro relatores especiales: sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (8 a 18 de junio); sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas (22 a 27 julio); sobre la situación de los defensores de derechos humanos (7 a 18 septiembre); y sobre la independencia de jueces y abogados (7 a 16 diciembre) |1|.
4. La Alta Comisionada Adjunta visitó Colombia del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2009, con ocasión de su participación en la Segunda Conferencia de Examen de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (Convención de Ottawa). Durante su visita, mantuvo reuniones con el Vicepresidente, ministros y altos funcionarios públicos, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional. También viajó a Putumayo para conocer de primera mano los retos locales en derechos humanos y derecho internacional humanitario.
5. Asimismo, tres órganos de tratados analizaron la situación del país: el Comité para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (21 y 22 de abril de 2009), el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (12 y 13 agosto) y el Comité contra la Tortura (10 y 11 noviembre). |2| Además, el Gobierno completó el examen periódico universal en marzo y el Secretario General de las Naciones Unidas presentó al Consejo de Seguridad el 19 de agosto el primer informe sobre los niños y el conflicto armado en Colombia, en cumplimiento de la resolución 1612 (2005) del Consejo |3|.
6. El desafío en 2010 es avanzar en la implementación efectiva de las recomendaciones de estos mecanismos de protección y de las formuladas por la Alta Comisionada que están pendientes, para lo cual la oficina en Colombia ofrece su acompañamiento y cooperación.
II. Contexto 7. La plena satisfacción de los derechos humanos en Colombia continúa estando afectada por un conflicto armado interno complejo, exacerbado por la violencia organizada, particularmente la relacionada con el tráfico de drogas. Esta situación ha perjudicado el funcionamiento de las instituciones democráticas y el desarrollo socioeconómico del país. El mejoramiento de la seguridad de los últimos años y la disminución en la tasa nacional de homicidios en 2009 se vieron afectados por el claro aumento de las tasas de homicidio en algunas ciudades, como por ejemplo Medellín, el aumento del número de intimidaciones y amenazas de muerte contra jóvenes y defensores de derechos humanos, entre otros, la expansión de los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares y el incremento de la violencia que éstos ejercen contra la población.
8. Otros hechos que afectaron los derechos humanos en 2009 fueron las graves irregularidades en las que se vio involucrado el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); la persistencia de tensiones entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia, incluyendo el impasse en la elección del Fiscal General de la Nación; las dificultades para lograr más liberaciones de secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) después de que varios policías y políticos fueran liberados durante el primer semestre del año; el continuo incumplimiento del derecho internacional humanitario por parte de los grupos guerrilleros y sus ataques contra la población civil; y la polarización política alimentada por la incertidumbre de un posible referéndum que abriría la puerta a una segunda reelección del Presidente Uribe.
9. También hubo una serie de avances normativos y políticas adoptadas por el Gobierno que ayudaron a mejorar la situación de derechos humanos, incluyendo una drástica reducción del número de quejas por ejecuciones extrajudiciales atribuidas al Ejército.
III. Derechos humanos y derecho internacional humanitario 10. Las tensiones y enfrentamientos públicos entre las ramas ejecutiva y judicial en 2009 pudieron haber socavado la independencia de la rama judicial. La oficina en Colombia documentó críticas públicas de desprestigio a la Corte Suprema y a sus magistrados de parte de funcionarios públicos de alto nivel y de actores sociales y políticos, así como interferencias indebidas, directas o indirectas, a sus funciones por medio de influencias, presiones y amenazas. Estos actos podrían constituir una violación a los principios de independencia del poder judicial de las Naciones Unidas |4| y han dado lugar a preocupaciones frente a la seguridad personal de algunos magistrados.
11. La persistencia de los problemas estructurales de la administración de justicia |5| y los desacuerdos al interior de la rama judicial dieron lugar a propuestas de reforma judicial. Cualquier reforma que se lleve a cabo debería ser participativa y transparente, con el fin de asegurar la plena satisfacción del derecho a una justicia competente, independiente, imparcial y pronta para toda la ciudadanía.
12. Es esencial fortalecer el trabajo de la rama judicial, en especial de la Corte Suprema de Justicia, garantizando que pueda ejercer sus responsabilidades con independencia, seguridad, libertad y profesionalismo, sin restricciones ni presiones.
13. Durante su visita en diciembre, la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados hizo un llamado para que se mejorara la protección de todos los operadores judiciales y para que se garantizara su independencia.
B. Organismos de inteligencia 14. En 2009 se hizo público que el DAS, entidad de inteligencia dependiente de la Presidencia de la República, había estado desarrollando, por lo menos desde 2003 y de manera generalizada y sistemática, una serie de actividades ilegales dirigidas contra, entre otros, defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas y altos funcionarios del Gobierno, como el Vicepresidente. Además, información preocupante publicada en los medios de comunicación indicaría que incluso los magistrados de la Corte Suprema fueron objeto de vigilancia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un Relator Especial de las Naciones Unidas y la oficina en Colombia fueron también objeto de vigilancia. Estas acciones, en muchos casos, tenían como objetivo neutralizar las labores desarrolladas por las víctimas, a quienes se consideraba "blancos legítimos" por ser potenciales opositoras de las políticas gubernamentales.
15. Las acciones ilegales incluyeron interceptaciones de teléfonos y correos electrónicos, seguimientos, hostigamientos y amenazas, robos de información e ingresos ilegales a oficinas y domicilios. Esto provocó un clima de miedo e inseguridad y, en algunas ocasiones, sabotaje y descrédito del trabajo de los defensores y las defensoras de derechos humanos. Las acciones contra las mujeres incluyeron amenazas directas contra sus hijos e hijas, en ocasiones con manifiesto contenido sexual violento.
16. La autoría parece haber recaído en estructuras no formales creadas por los responsables del más alto nivel del DAS, lo que permitió contar con una apariencia de legalidad y jerarquía para obtener, administrar e intercambiar información y disponer de recursos humanos, técnicos y económicos de la misma institución. En algunos casos, incluso los esquemas de protección a cargo del DAS fueron utilizados para obtener información de las personas protegidas.
17. La Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación iniciaron investigaciones contra aproximadamente 40 funcionarios del DAS, entre ellos cuatro de sus ex directores. El Gobierno adoptó medidas para reestructurar el DAS, incluyendo la aceptación de renuncias, investigaciones internas y la separación de las funciones de policía judicial de las actividades de inteligencia. No obstante, en septiembre de 2009 el Presidente ordenó la liquidación del DAS y la creación de una nueva agencia de inteligencia.
18. Asimismo, algunos miembros de la Fuerza Pública continuaron utilizando las facultades de inteligencia del Estado para desarrollar operaciones ilegales y clandestinas en contra de sectores sociales y políticos críticos del Gobierno, usando métodos similares a los arriba descritos. Estas acciones también estuvieron dirigidas contra funcionarios públicos cuya función es defender los derechos humanos. En algunas ocasiones, la información obtenida de forma ilegal fue utilizada por algunas secciones de la Fiscalía para abrir procesos judiciales contra defensores de derechos humanos y activistas sociales.
19. Fue especialmente preocupante el robo de información relacionada con los derechos de la niñez a una funcionaria de las Naciones Unidas por personas desconocidas.
20. El reto actual es establecer las responsabilidades y circunstancias que facilitaron el desarrollo de estas actividades ilegales por el DAS e identificar a quienes las permitieron y a quienes se beneficiaron de ellas. Las dificultades enfrentadas por los investigadores en la fase inicial deben ser superadas para que las investigaciones puedan continuar con independencia y seguridad, sin presiones ni amenazas. La impunidad, así como la ausencia de controles democráticos y de supervisión sobre los servicios de inteligencia, permitieron que estas conductas criminales pudieran ser cometidas.
21. Más allá de la anunciada liquidación del DAS, es imperioso establecer requisitos legales, políticos y administrativos, así como sólidos sistemas de control y supervisión, sobre los organismos de inteligencia. La nueva Ley de Inteligencia y el decreto que la desarrolla deberían avanzar en este sentido. Se insta al Gobierno a adoptar medidas específicas y transparentes con claros plazos para la implementación de esta normativa. En este sentido, las instituciones gubernamentales relevantes deberían acelerar la elaboración de un plan de acción para la creación de un mecanismo nacional de depuración de los archivos de inteligencia, en consulta con víctimas y organizaciones interesadas, que posibilite un activo rol de la Procuraduría General de la Nación, tal y como ha recomendado en años anteriores la oficina en Colombia.
C. Defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y sindicalistas 22. La oficina en Colombia observó, entre otros, casos de homicidios, amenazas, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, injerencias arbitrarias en domicilios y sedes de las organizaciones y robos de información dirigidos contra defensores y defensoras de derechos humanos. Estas violaciones fueron atribuidas a miembros de grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares y a grupos guerrilleros, en particular las FARC-EP, así como, en algunos casos, a integrantes de la Fuerza Pública.
23. En 2009, la oficina en Colombia constató un aumento de las intimidaciones y amenazas de muerte a través de panfletos y correos electrónicos contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y comunitarios y miembros de otros grupos marginados. Si bien las investigaciones avanzaron en algunos casos, la mayoría de las amenazas permanecen en la impunidad y en ocasiones las autoridades rápidamente las descalificaron, sin una investigación previa.
24. Mientras tanto, algunas denuncias por rebelión, terrorismo, injurias y/o calumnias contra defensores o periodistas que cuestionan políticas gubernamentales o denuncian corrupción y violaciones de derechos humanos, fueron investigadas rápidamente. La Fiscalía tiene que actuar con transparencia, prontitud e imparcialidad en todos los casos, independientemente de si un defensor o defensora de derechos humanos es una víctima o está acusado de un delito.
25. Las amenazas y asesinatos contra sindicalistas, |6| periodistas, personas lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas (LGBT), y contra quienes promueven sus derechos, son motivo de especial preocupación. También preocupa la situación de quienes defienden derechos etnoterritoriales de comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas. Las personas que representan y apoyan a víctimas en el marco de la Ley 975 (2005), especialmente si procuran la restitución de tierras usurpadas, han sido amenazadas e incluso asesinadas, así como también lo han sido personas que trabajan por la paz, líderes y lideresas comunitarios y funcionarios que promueven y defienden derechos humanos, como los analistas del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) |7| y personeros.
26. En los últimos años, el Gobierno ha invertido una gran cantidad de recursos humanos y financieros en los programas de protección para los diferentes grupos en riesgo. Los importantes esfuerzos realizados, sin embargo, requieren estar mejor coordinados, ampliarse, para incorporar, por ejemplo, a los funcionarios del SAT, fortalecerse con enfoque de género y agilizarse acortando los tiempos entre la adopción de medidas y su efectiva implementación. La cesión de los esquemas de protección a empresas privadas y otras reformas debería realizarse en consulta con las personas beneficiarias, recordando que el Estado mantiene la obligación indelegable de prevenir, proteger y garantizar el pleno disfrute de derechos en su jurisdicción.
27. Entre abril y mayo de 2009, el Gobierno, las plataformas de derechos humanos y paz y sectores sociales acordaron un procedimiento para dialogar sobre las garantías de las que deben gozar las defensoras y defensores en el desarrollo de sus actividades. En abril, con el activo apoyo de la comunidad internacional, se creó la Mesa Nacional de Garantías y posteriormente se realizaron audiencias regionales en la mitad de los departamentos del país. La oficina en Colombia valora este ejercicio y los compromisos concretos alcanzados, y llama a su rápida implementación por el Gobierno. Varias amenazas de muerte recibidas por defensores y defensoras de derechos humanos que participaron en estas discusiones todavía no han sido adecuadamente investigadas.
28. La oficina en Colombia ve con preocupación que algunos funcionarios públicos, civiles y militares, han continuado realizando declaraciones contra defensores y defensoras de derechos humanos, acusándoles o sugiriendo que su trabajo es contrario a los intereses del Estado o que son simpatizantes de la guerrilla. Tales señalamientos aumentan los factores de riesgo de los defensores y defensoras y pueden limitar sus actividades, provocando autocensura y profundizando la desconfianza entre el Estado y la sociedad civil.
29. Frente a esta situación, la oficina en Colombia valora positivamente la normativa expedida y los pronunciamientos del Presidente, el Vicepresidente y el Ministro del Interior sobre la legitimidad del trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos. |8| Se alienta a los altos funcionarios a mantener un activo y coherente discurso público de apoyo a los defensores y defensoras de derechos humanos y al resto de los funcionarios a acogerse al mismo. El Gobierno y la Procuraduría deberían sancionar a los funcionarios públicos que continúen estigmatizando a los defensores y defensoras de derechos humanos.
30. Durante su visita en septiembre, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos reconoció que el Gobierno había realizado importantes esfuerzos para apoyar a este colectivo, al tiempo que afirmaba que los defensores y defensoras continuaban realizando su trabajo en un ambiente poco propicio de hostilidad y miedo.
31. La oficina en Colombia considera que se ha progresado en la elaboración de los planes nacionales de derechos humanos. La Mesa Nacional de Garantías es un paso importante hacia la elaboración concertada de un plan nacional de acción en derechos humanos y derecho internacional humanitario. El Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, que debería ser rápidamente implementado en todos los departamentos y municipios por el Ministerio de Educación, fue presentado en noviembre de 2009.
D. Investigaciones por presuntos vínculos de miembros del Congreso y funcionarios públicos con organizaciones paramilitares 32. Desde la detención de tres congresistas en noviembre de 2006, el número de políticos y funcionarios públicos investigados por supuestas relaciones con organizaciones paramilitares, o casos de "parapolítica", ha continuado aumentando. A noviembre de 2009, había 93 casos abiertos contra congresistas, de un total de 268 miembros elegidos para el período 2006-2010, pertenecientes a 15 partidos políticos diferentes. A diciembre de 2009, había un total de 13 personas condenadas, cinco absueltas y nueve casos en los que se determinó que no había suficientes pruebas para continuar con la investigación. |9| A noviembre de 2009, había 249 casos iniciados contra 12 gobernadores, 166 alcaldes, 13 diputados y 58 concejales.
33. Cuarenta y tres congresistas renunciaron a su curul para ser investigados por la Fiscalía, en lugar de la Corte Suprema. En septiembre de 2009, sin embargo, la Corte decidió que mantendría la competencia cuando el delito atribuido a un congresista estuviera relacionado con el ejercicio de su cargo y con sus funciones como miembro del Congreso. |10| La nueva jurisprudencia debería favorecer una investigación más uniforme de estos casos.
34. La oficina en Colombia saluda las medidas adoptadas por la Corte Suprema que fortalecen el debido proceso, tales como la expresa separación de las funciones de investigación y juzgamiento en el seno de la Corte. |11| Sin embargo, es necesario adoptar medidas adicionales, como por ejemplo garantizar el derecho a la segunda instancia, que la Corte Suprema parece estar considerando.
35. Los casos de "parapolítica" ponen de manifiesto la necesidad de que el Estado y la sociedad civil vigilen de cerca los procesos electorales previstos para 2010 y 2011, incluidos los municipales y departamentales, con el fin de evitar que situaciones similares se puedan reproducir. Las autoridades competentes deberán adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que los procesos electorales que se avecinan sean libres, transparentes y democráticos.
E. Ejecuciones extrajudiciales 36. Desde noviembre de 2008, las quejas recibidas por ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública, en particular del Ejército, disminuyeron drásticamente, |12| como consecuencia, fundamentalmente, de la implementación y monitoreo de las medidas adoptadas en octubre y noviembre de 2008 por el Presidente y el Ministerio de Defensa. |13| En 2009, el Ministerio de Defensa publicó nuevas reglas de enfrentamiento y un Manual de Derecho Operacional, que contiene importantes directrices para el respeto y promoción de los derechos humanos. La eliminación completa y permanente de las ejecuciones extrajudiciales requiere de esfuerzos constantes por parte del Ministerio de Defensa. La oficina en Colombia valora que el Ministerio de Defensa aceptara su oferta de monitorear la aplicación de algunas de las medidas encaminadas a fortalecer el cumplimiento por parte de las Fuerzas Militares de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
37. El gran número de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales es un asunto de gran preocupación para los próximos años. A septiembre de 2009, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía había asumido la investigación de 1.273 casos, con un total de 2.077 víctimas (122 de ellas mujeres y 59 menores de edad) en 29 departamentos. Estas cifras confirman que las presuntas ejecuciones no eran hechos aislados y ponen de manifiesto la necesidad de sostener a esta Unidad de la Fiscalía con suficientes recursos humanos, técnicos y económicos, de manera que asegure su eficiente funcionamiento e impida que los casos queden impunes.
38. El Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, durante su visita en junio de 2009, reconoció los esfuerzos realizados por el Gobierno, al tiempo que expresó preocupación por la brecha existente entre las políticas y su aplicación.
39. Se requieren esfuerzos adicionales para reforzar la plena asimilación y la adhesión de todo el personal militar a las políticas adoptadas por el Ministerio de Defensa en relación con las ejecuciones extrajudiciales. De hecho, algunos miembros de la Fuerza Pública continuaron pronunciando discursos agraviantes contra quienes denuncian casos de ejecuciones, adoptan medidas correctivas, investigan los casos y sancionan a los responsables. Algunas de estas declaraciones sugieren que el personal militar frecuentemente enfrenta infundadas acusaciones de ejecuciones extrajudiciales con el fin de cuestionar las operaciones militares. Sin embargo, las 109 resoluciones de acusación formuladas, los 38 casos con condena y las tres sentencias absolutorias en este tema ponen en entredicho tales señalamientos, al menos en algunos casos.
40. Una serie de prácticas procesales de los abogados defensores en estos procesos han sido calificadas de dilatorias e injustificadas y abogados particulares de militares se han presentado ilegalmente como funcionarios del Ministerio de Defensa y/o de la denominada Defensoría Militar (DEMIL) para presionar a testigos para que cambien sus testimonios. Estas actividades contravienen abiertamente las políticas emanadas del Alto Mando Militar y del Ministerio de Defensa y deben ser desautorizadas y sancionadas.
41. La Justicia Penal Militar continuó remitiendo a la justicia ordinaria casos de violaciones de los derechos humanos. |14| Sin embargo, la existencia de 249 conflictos de competencia planteados sobre casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales exige que este esfuerzo se refuerce para asegurar que los conflictos de competencia no se conviertan en una práctica sistemática para dilatar innecesariamente los procesos judiciales. El fuero militar debe estar limitado exclusivamente a delitos relacionados con el servicio, como lo reconoce claramente el Código Penal Militar reformado.
42. En 2009, se evidenciaron serias carencias para proteger a familiares de víctimas, testigos, fiscales y jueces. La oficina en Colombia registró amenazas de muerte, un homicidio y un intento de asesinato contra dos familiares de víctimas. Incluso miembros en activo de la Fuerza Pública que han decidido colaborar con la justicia han recibido amenazas. Estos hechos, junto con los intentos de desacreditar o dilatar los procedimientos judiciales, parecerían configurar un patrón de hostigamiento para impedir avances en los procesos. El Gobierno debería adoptar medidas para aumentar la protección de testigos, familiares de víctimas y operadores judiciales, legitimando públicamente su trabajo y contrarrestando cualquier acción que promueva la impunidad.
F. Violencia sexual 43. Las cifras sobre violencia sexual, incluyendo la ocurrida en el marco del conflicto armado interno, siguen siendo incompletas y segmentadas. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, el número total de casos de violencia sexual registrados, que incluye los ocurridos en el marco del conflicto armado interno, aumentó de 12.732 en el año 2000, a 21.202 en 2008. Resulta especialmente preocupante constatar que en casi el 86% de estos casos, las víctimas eran niñas, en su mayoría entre 10 y 14 años (31,5%). Se han puesto en marcha una serie de esfuerzos para abordar este problema y es urgente atender a las víctimas de manera adecuada, incentivar las denuncias y asegurar el registro y la investigación efectiva de los casos.
44. En 2009, la oficina en Colombia recibió una cantidad alarmante de información sobre casos de violencia sexual contra mujeres y niñas cuya responsabilidad fue atribuida a miembros de las FARC-EP y de los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares. Éstos últimos fueron acusados de cometer actos de violencia sexual y de crear redes de prostitución, de trata de personas y de esclavitud sexual, en algunas ocasiones con la tolerancia e incluso colaboración de algunos miembros de la Policía Nacional, particularmente en Medellín. La oficina en Colombia conoció casos de violación en Tolima y de reclutamiento de mujeres y niñas en Antioquia, que además fueron víctimas de anticoncepción forzada, atribuidos a miembros de las FARC-EP.
45. Resultan especialmente preocupantes varios casos en los cuales los presuntos responsables son miembros de la Fuerza Pública en Antioquia, Arauca, Bogotá, Bolívar, Cesar, Chocó y Guaviare. En la mayoría de estos casos las víctimas eran niñas. En algunos casos las autoridades militares y judiciales implementaron medidas adecuadas, tales como el reconocimiento público de la comisión del delito y la facilitación de las investigaciones, pero en otros, hubo miembros de la Fuerza Pública que contribuyeron a estigmatizar a las víctimas o las presionaron para que retiraran sus denuncias a través de coerciones, amenazas o prebendas.
46. Estos casos revelan la necesidad de que la Fuerza Pública adopte medidas firmes, claras y contundentes de "tolerancia cero" frente a la violencia sexual, incluyendo la separación del servicio. Sin que haya que esperar, ni excluir, los resultados de procesos judiciales y disciplinarios, se deberían adoptar medidas preventivas, reconocer los hechos públicamente (sin exponer a las víctimas ni volver a victimizarlas) y asegurar la reparación y garantías mínimas de no repetición. En este sentido, ha habido esfuerzos positivos, como la conformación de mesas de trabajo sobre violencia de género organizadas por el Ministerio de Defensa y las Naciones Unidas y la adopción de medidas para atender y proteger a las víctimas y para prevenir la violencia sexual.
47. A pesar de que la Fiscalía ha hecho esfuerzos significativos para capacitar a sus funcionarios y crear unidades especializadas de investigación en este tema, la impunidad de los hechos de violencia sexual sigue siendo generalizada. En su Auto 036 de 2009, la Corte Constitucional constató que las investigaciones sobre 183 casos de violencia sexual no eran satisfactorias. Asimismo, es necesario avanzar más en la implementación de los programas de prevención y atención de la violencia sexual ordenados por la Corte con la participación activa de las mujeres, que, a noviembre de 2009, seguían en etapa de diseño.
48. Es necesario reglamentar con prontitud la Ley 1257 (2008) que consagra "normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres". Entre tanto, existen disposiciones, como la no obligatoriedad de la conciliación, que las autoridades competentes deberían aplicar de manera directa e inmediata.
G. Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 49. Colombia sigue sin contar con una fuente confiable de cifras oficiales sobre tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los datos existentes no parecen reflejar ni la magnitud del problema ni su real impacto. El temor de las víctimas a represalias, la falta de confianza en las instituciones, la ausencia de acompañamiento legal y psicosocial apropiado, la falta de medidas de protección adecuadas y diferenciadas y la estigmatización social de las víctimas, son factores que dificultan la plena comprensión de la magnitud del problema.
50. A junio de 2009, la Fiscalía estaba investigando 10.545 casos de tortura. Estos casos corresponden tanto a tortura física como psicológica y, en su mayoría, las torturas se practicaron en concurso con otros crímenes, tales como desaparición forzada, secuestro o violencia sexual. El hecho de que la tortura esté asociada a otras violaciones de los derechos humanos no disminuye su gravedad.
51. Algunos grupos sociales son particularmente vulnerables a la tortura, como las mujeres, los niños y niñas, jóvenes, personas privadas de libertad y personas LGBT, especialmente en Antioquia.
52. La ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, como instrumento de prevención y cooperación técnica, contribuiría a dar una protección más eficiente contra este flagelo.
H. Desaparición forzada 53. La desaparición forzada sigue siendo una preocupación importante de la oficina en Colombia. A diciembre de 2009, el Registro Nacional de Desaparecidos había identificado 37.300 casos, de los cuales casi 10.000 correspondían a casos de desaparición forzada. |15| La mayoría de estos casos permanecen en la impunidad, sin resolver ni identificar perpetradores y móviles. En el marco de la lucha contra bandas de criminalidad organizada, especialmente en Medellín, se han reportado casos de desaparición forzada atribuidos a la Policía Nacional.
54. Las víctimas de desaparición forzada siguen siendo principalmente hombres jóvenes de escasos recursos o desempleados y habitantes de áreas urbanas marginales o zonas rurales aisladas. El impacto que tiene esta violación en sus familias, especialmente aquellas encabezadas por mujeres, es verdaderamente dramático, incluyendo el sufrimiento de desconocer el paradero de sus seres queridos.
55. La Fiscalía General de la Nación ha continuado llevando a cabo diligencias de exhumación. |16| A diciembre de 2009, en los procesos de la Ley 975 (2005) se habían enunciado 2.520 casos de desaparición forzada, de un total de 35.664 crímenes confesados. Como consecuencia, se habían exhumado 2.388 fosas y encontrado 2.901 cadáveres. Sin embargo, la identificación y entrega de restos y cuerpos son todavía muy lentas: hay 910 identificados de manera plena, de los cuales 796 han sido entregados a sus familiares.
56. Las investigaciones previas a los procesos de exhumación son esenciales para determinar las circunstancias de los hechos e intentar identificar a las víctimas. Por otro lado, asegurar la participación de las víctimas se vuelve difícil, ya que no se conoce la identidad de la persona que se va a exhumar. En este sentido, sería aconsejable mejorar la coordinación institucional entre la Fiscalía y las instituciones nacionales de búsqueda con el fin de intercambiar y comparar la información disponible. La oficina en Colombia aprecia los esfuerzos adelantados en 2009 y constata que aún queda camino por recorrer para que los familiares puedan participar plenamente en estos procesos.
57. La Ley de Homenaje, localización e identificación de víctimas de desaparición forzada, aprobada en noviembre de 2009, es un paso adelante importante en el reconocimiento de los derechos de las víctimas. La oficina en Colombia saluda el inicio del proceso de ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en el Senado. Su ratificación, de manera plena y pronta, va a exigir que la legislación nacional se adecue a los estándares de este instrumento.
I. Grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares 58. En muchas zonas del país, la oficina en Colombia observa con gran preocupación la expansión y creciente actividad y violencia contra la población perpetrada por los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares.
59. Entre los actos de violencia cometidos por estos grupos en 2009, se registraron masacres, asesinatos selectivos, amenazas, desplazamientos forzados y violencia sexual. Entre las víctimas de estos grupos hay líderes y lideresas sociales, indígenas, afrocolombianos y funcionarios locales, en muchos casos vinculados con procesos de restitución de tierras o manejo de recursos públicos. Los ataques han estado dirigidos contra quienes se oponen a las exigencias de estos grupos, poseen propiedades de su interés, son percibidos como colaboradores o miembros de otros grupos, o están en una zona de disputa con grupos rivales. Entre las víctimas también hay numerosos desmovilizados por ajustes de cuentas o por negarse a integrarse a estos grupos.
60. La violencia organizada que despliegan estos grupos en varias zonas urbanas y rurales les permite ejercer un grado visible de "control social", y obligan a la población a apoyar directa o indirectamente sus actividades. Asimismo continúan vinculando forzadamente, por engaño o mediante incentivos económicos, a jóvenes, niños y niñas que utilizan, por ejemplo, para narcotráfico, sicariato o vigilancia.
61. Algunos de estos grupos operan de un modo parecido a las antiguas organizaciones paramilitares, y participan en actividades criminales tales como narcotráfico, extorsión, despojo de tierras, prostitución y trata de personas, así como en actividades lícitas, aunque a veces irregulares, como loterías y seguridad privada. En las filas de estos grupos hay personas desmovilizadas y no desmovilizadas de las antiguas organizaciones paramilitares, reclutadas voluntaria o forzadamente. Varios de los actuales cabecillas fueron anteriormente mandos medios de esas organizaciones o militares.
62. En ocasiones estos grupos celebran acuerdos entre sí o con frentes de las FARC-EP o el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para facilitar negocios ilícitos, especialmente narcotráfico. También sostienen violentas disputas con otros grupos rivales, o incluso entre miembros de un mismo grupo, generando más violencia contra la población. La oficina en Colombia observó casos de colusión, de tolerancia y de aquiescencia de miembros de la Fuerza Pública con estos grupos, motivados principalmente por corrupción.
63. Estos grupos evolucionan de forma rápida y constante. Mientras el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (ERPAC), que opera en la región de Los Llanos, demuestra una articulación semejante a las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), otros grupos recurren a estructuras celulares, cooptando y contratando estructuras delictivas para llevar a cabo sus actividades. De manera creciente, la oficina en Colombia está recibiendo información sobre algunos grupos, como ERPAC o "Los Rastrojos", que mostrarían, en algunas regiones del país, características de capacidad operativa y organizativa propias de actores armados de acuerdo con el derecho internacional humanitario.
64. El alcance de la violencia organizada que despliegan estos grupos, el amplio poder económico que poseen, su capacidad para corromper autoridades e instituciones del Estado, sus vínculos con autoridades y poderes fácticos locales, su impacto sobre actores sociales y la intensa violencia que generan contra la población, los convierten en un enorme desafío para el Estado de derecho.
65. Los esfuerzos del Gobierno de luchar contra estos grupos se han traducido en resultados positivos, pero el reto que plantean va más allá de la delincuencia común. El hecho de que estos grupos operen en lugares donde actuaron los antiguos grupos paramilitares, aprovechando sus estructuras económicas y políticas, reitera la necesidad de redoblar los mecanismos de prevención para la población en riesgo (especialmente para los jóvenes en áreas urbanas y rurales) y de proteger y atender a los afectados.
J. Derecho internacional humanitario 1. Grupos guerrilleros
66. Durante los últimos años, el conflicto armado interno se ha desplazado hacia zonas periféricas y regiones fronterizas del país, forzando a los grupos guerrilleros a replegarse y operar en pequeños grupos, en ocasiones de civil, con armas cortas y valiéndose de la colocación de minas antipersonal de manera sistemática. En estas zonas de repliegue, las FARC-EP y el ELN, además de tener una presencia de larga tradición, han logrado captar recursos de la explotación de cultivos ilícitos, el contrabando y la extorsión generalizada.
67. Durante 2009, se atribuyó a las FARC-EP y al ELN un número elevado de homicidios de personas civiles. |17| Además, entre otras infracciones al derecho internacional humanitario atribuidas a los grupos guerrilleros, se registraron al menos 27 masacres, |18| ataques indiscriminados, actos de terrorismo, desplazamientos forzados, tortura, violencia sexual contra mujeres y niñas, toma de rehenes y ataques a misiones médicas y a infraestructuras. Entre sus víctimas se encuentran autoridades locales electas, líderes y lideresas comunitarios, docentes, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Especialmente las FARC-EP siguen recurriendo de manera sistemática a amenazas colectivas, obstrucciones a la libre circulación de personas y bienes y, en general, ejercen un fuerte control social en sus zonas de influencia, limitando la libertad en general.
68. En 2009, el número de homicidios contra indígenas aumentó en un 63% con respecto a la misma época en 2008. Además, sus líderes, lideresas y representantes fueron víctimas frecuentes de señalamientos y amenazas. Algunas de las comunidades más afectadas se encuentran en Antioquia, Caldas, Cauca, Nariño y Putumayo. Las dos masacres perpetradas contra integrantes del pueblo awá en febrero y agosto, en las que murieron 23 personas entre las que había ocho niños y niñas, son trágicos ejemplos de la vulnerabilidad de los pueblos indígenas.
69. En un contexto social difícil de pobreza y falta de oportunidades, las FARC-EP y el ELN continuaron reclutando niños y niñas. |19| La oficina en Colombia insiste en exigir a los grupos guerrilleros que cesen inmediatamente de reclutar niños y niñas y que desvinculen a los que permanecen en sus filas. Para ayudar a prevenir esta práctica, la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento ha brindado apoyo técnico a autoridades y comunidades de más de 100 municipios. Además, fruto del importante esfuerzo realizado por alcaldes y personeros, al menos 61 municipios cuentan ahora con una política de prevención del reclutamiento.
70. La colocación de minas antipersonal ha provocado numerosas víctimas y el aislamiento de una gran cantidad de comunidades afrocolombianas e indígenas. Según el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, en 2009, 67 militares y 44 civiles resultaron muertos y 373 militares y 148 civiles heridos como resultado de minas antipersonal; de los civiles afectados, 11 eran mujeres y 49 menores de edad. En diciembre de 2009, el Gobierno colombiano organizó la reunión de la Segunda Conferencia de Examen de la Convención de Ottawa en Cartagena.
71. Los grupos guerrilleros continuaron secuestrando. En diciembre de 2009, el Gobernador del departamento del Caquetá fue tomado como rehén por las FARC-EP y posteriormente asesinado. Las FARC-EP persisten en mantener en cautiverio a personas civiles y miembros de la Fuerza Pública en condiciones crueles e inhumanas, en algunos casos desde hace más de 10 años. Reiterando la exigencia de liberar a todos los secuestrados sin distinciones, de manera inmediata y sin condiciones, la oficina en Colombia llama a todas las partes involucradas a poner en primer lugar el interés de todas las personas que se encuentran en cautividad.
2. Fuerza Pública 72. Aunque en menor escala, también la Fuerza Pública, y especialmente el Ejército, ha sido considerada responsable de infracciones al derecho internacional humanitario. Se registraron homicidios, ataques indiscriminados, desplazamientos forzados, actos de pillaje, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, amenazas e impedimentos arbitrarios al libre tránsito de personas y bienes. En ocasiones, las restricciones a la circulación de alimentos pudieron haber afectado los niveles de desnutrición de la población, particularmente en la niñez.
73. Miembros de la Fuerza Pública continúan ocupando ocasionalmente escuelas, viviendas u otros bienes civiles, y ubicando puestos militares a su alrededor. En la medida en que son decisiones deliberadas, es necesario revisar minuciosamente las causas que llevan a las unidades operativas en el terreno a ignorar la capacitación recibida en derecho internacional humanitario y a incumplir las directivas ministeriales y del Alto Mando Militar.
74. En algunas zonas, la progresiva militarización de aspectos de la vida civil y el involucramiento de personas civiles, incluyendo niños y niñas, en actividades de inteligencia o acciones militares suponen un riesgo para los civiles de ser amenazados y atacados por los grupos guerrilleros. En este sentido, es importante que la coordinación gubernamental que platea la Directiva Presidencial N.º 01 de marzo de 2009 para la consolidación territorial, que incluye a actores civiles y militares, respete a cabalidad el principio de precaución y "no daño", sin restringir el espacio humanitario imprescindible para atender a la población civil.
75. La oficina en Colombia saluda la sentencia de la Corte Constitucional C-728 de octubre de 2009 por la que se exhorta al Congreso de la República a regular la objeción de conciencia frente al servicio militar.
K. Desplazamiento forzado 76. El desplazamiento forzado siguió aumentado en 2009, aunque en menor medida que en años pasados, con un continuo subregistro de casos. Se registraron desplazamientos forzados en casi todo el territorio nacional, siendo más frecuentes en aquellas zonas donde se desarrollan hostilidades. En 2009, el impacto de los desplazamientos forzados provocados por grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba y Nariño fue particularmente preocupante.
77. A principios de 2009, la Corte Constitucional emitió el Auto 008 de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 que evaluó cómo el Gobierno había atendido las situaciones de desplazamiento y a los desplazados. El Auto reconoce que persiste el "estado de cosas inconstitucional" con respecto al desplazamiento y destaca la ausencia de políticas públicas eficaces para prevenir el desplazamiento. La oficina en Colombia alienta a continuar con los procesos que hasta ahora se han iniciado en respuesta a la sentencia T-025, que deben incluir a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones de la sociedad civil.
78. Sigue sin haber un pleno aprovechamiento del SAT de la Defensoría del Pueblo. A pesar de que el número de informes de riesgo emitidos por el SAT en 2009 fue similar al de 2008, se registraron menos alertas en 2009. Continúan registrándose desplazamientos masivos en regiones donde las alertas tempranas y/o informes de riesgo que advertían de dicha posibilidad fueron ignorados o tomados en cuenta de manera imperfecta por el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT). En este contexto, se reconoce y valora positivamente el esfuerzo presupuestal realizado por el Gobierno para asumir la plena financiación del SAT con fondos nacionales.
79. El despojo de tierras por los actores armados ilegales es un factor determinante de muchos desplazamientos. Se calcula que la población desplazada podría haber perdido entre 1,2 millones y 10 millones de hectáreas como consecuencia directa del desplazamiento. |20| La mayoría de estas tierras sigue en poder de victimarios y sus testaferros. Además, es de suma preocupación que se registren numerosas amenazas y asesinatos contra personas que lideran o participan en procesos de restitución de tierras.
L. Derechos de las víctimas y Ley 975 (2005) 80. Las referencias hechas en el informe sobre derechos humanos y justicia de transición del Secretario General y la Alta Comisionada son prueba de la importancia que tiene el proceso colombiano de justicia de transición. |21| Teniendo en cuenta los análisis realizados en los últimos años, la oficina en Colombia sugiere que los mecanismos judiciales y no judiciales sean considerados al mismo tiempo para contribuir a satisfacer los derechos de las víctimas de una manera oportuna y plena.
81. Pese a los esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación, el progreso en 2009 en la satisfacción de los derechos de las víctimas bajo la Ley 975 (2005) ha sido modesto. Hasta diciembre de 2009, nadie había sido condenado bajo esta Ley, |22| las posibilidades de las víctimas de conocer la verdad de lo que les pasó, a ellas y a sus familiares, han estado restringidas en su mayor parte a lo revelado en las versiones libres |23| y no se ha reparado a nadie como consecuencia de los procedimientos de la Ley. Esta situación ha provocado, entre las víctimas que participan en este proceso, un creciente escepticismo, revictimización y fractura de los procesos sociales y organizativos que adelantan.
82. Sin embargo, esto no cuestiona la necesidad de un procedimiento de enjuiciamiento penal individual, como la Ley. Actualmente, el derecho a la justicia bajo la Ley, como ya había observado anteriormente la oficina en Colombia, se encuentra limitado por la benignidad excesiva en el proceso de individualización de la pena. Además, habría que considerar incorporar algunos cambios procedimentales en la Ley, como la necesidad de distinguir entre delitos "no indultables" |24| y conductas punibles menos graves; la posibilidad de imputaciones colectivas; o que la Fiscalía no tenga que comprobar la veracidad de todos los hechos mencionados en las "versiones libres", como prescribe actualmente la Ley, sino únicamente de los delitos no sujetos a indulto. |25|
83. El derecho a la verdad bajo la Ley ha obtenido algunos resultados positivos, fruto del tesón creativo de la Fiscalía. Ha habido avances importantes en la búsqueda de la verdad, como las revelaciones de la llamada "parapolítica", las más de 6.000 compulsas de copias sobre otros crímenes que permanecían impunes y los esfuerzos en la búsqueda de desaparecidos reseñados arriba. Sin embargo, la importancia de este derecho exige que sea complementado por mecanismos no judiciales. En este sentido, la oficina en Colombia toma nota de la propuesta de la Corte Suprema de empezar a explorar la posibilidad de establecer una comisión de la verdad. |26|
84. En lo referente al derecho a la reparación, el Decreto 1290 (2008) sobre la reparación por vía administrativa no parece que haya producido hasta el momento una necesaria distribución de recursos financieros. A diciembre de 2009, de las más de 275.000 solicitudes recibidas, se aprobó la entrega de recursos para 10.593 personas. Otros esfuerzos, como las Comisiones Regionales de Restitución de Bienes de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación son todavía aislados y limitados. El Fondo de reparación de las víctimas establecido en la Ley para recibir dineros y bienes de los victimarios postulados a la Ley no ha recibido los recursos esperados. |27| En este contexto, los procesos de extinción de dominio deberían ser agilizados y las tierras en manos de los testaferros de paramilitares deberían ser devueltas a sus legítimos dueños.
85. El archivo definitivo en junio de 2009 del proyecto de ley sobre víctimas fue una oportunidad clave perdida. Una ley de esta naturaleza, coherente con estándares internacionales, continúa siendo conveniente como un complemento apropiado al marco de justicia transicional en Colombia. Tal ley podría ayudar a colmar los vacíos en los procesos de reparación judicial y administrativa, incorporar mecanismos de restitución de bienes muebles e inmuebles, incluyendo tierras transferidas a terceros o testaferros, y considerar la reparación por violaciones de derechos sociales, económicos y culturales, explicitando atención diferencial por edad, etnia y género.
M. Pobreza y derechos económicos, sociales y culturales 86. La pobreza y extrema pobreza, la desigualdad y el conflicto armado interno continúan siendo factores que vulneran el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. La lucha contra la pobreza y la necesidad de reducir las importantes brechas entre ricos y pobres siguen siendo un imperativo ineludible para el Gobierno. Las estrategias y políticas de reducción de la pobreza deben buscar una justa distribución de los beneficios del desarrollo social entre toda la población.
87. La Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP) identificó que la pobreza había alcanzado el 46% de la población, siendo incluso más alta en las zonas rurales (65,2%). La pobreza extrema había llegado al 17,8% y casi se duplicaba en las zonas rurales (32,6%). |28| Disparidades similares aparecen también en otros indicadores sociales, como los índices de analfabetismo. |29| El disfrute del derecho a la salud está también más restringido en las zonas rurales, como consecuencia, entre otros, de barreras físicas de acceso, carencias en la infraestructura e información y el impacto del conflicto armado interno. Además, continúan existiendo profundas diferencias en la situación socioeconómica entre departamentos. |30| Los datos de los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) desagregados por regiones revelan que aunque algunos departamentos del país ya lograron los objetivos propuestos, otros presentan grandes rezagos.
88. En el marco de los ODM, algunos indicadores requieren una particular atención por parte de los responsables de la toma de decisiones. La equidad de género, junto con la sostenibilidad ambiental y la vivienda son algunos de los que cuentan con menos recursos en los planes de desarrollo departamental. |31|
89. Se estima que existen 4,3 millones de personas malnutridas en Colombia, que equivalen al 10% de la población total. |32| Como consecuencia del conflicto armado interno se han suspendido o interrumpido las actividades de caza y pesca, fuentes tradicionales de alimentación. En algunas zonas, las fumigaciones han causado daños a cultivos de subsistencia (pancoger). Entre los que enfrentan situaciones más preocupantes de inseguridad alimentaria, se encuentran las personas en situación de desplazamiento. |33|
N. Discriminación 90. En 2009, la Corte Constitucional determinó en varias sentencias que las personas con discapacidad son objeto de distintas violaciones a sus derechos, especialmente en el contexto del conflicto armado interno, y en particular con relación a la educación, la salud, y el trabajo. |34| La ratificación en julio de 2009 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, representa una oportunidad para avanzar en la atención diferencial y la protección de los derechos de estas personas. La oficina en Colombia alienta al Gobierno a ratificar también el Protocolo Facultativo de la Convención.
91. Los ataques contra las personas LGBT aumentaron en ciudades tales como Bogotá, Cali, Medellín y Cúcuta. La Corte Constitucional, en su sentencia C-029 de 2009, subrayó la falta de protección de las parejas del mismo sexo.
92. La oficina en Colombia saluda la decisión del Gobierno de apoyar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, su espíritu y los principios que la inspiran. Sin embargo, sigue habiendo retos importantes con relación a las minorías étnicas, incluyendo la adopción de una ley que penalice la discriminación racial, que confirme los compromisos adquiridos en la Conferencia de Examen de Durban de abril de 2009, así como el diseño de un sistema estadístico con datos desagregados sobre pueblos indígenas y afrocolombianos.
93. Los datos disponibles parecen indicar que los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas son objeto de marginación y discriminación racial de facto. Los cinco departamentos con el porcentaje más alto de población viviendo por debajo de la línea de pobreza o en situación de extrema pobreza (Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba y Nariño) coinciden con los que tienen una gran concentración de población afrocolombiana e indígena. |35|
94. Varias comunidades indígenas enfrentan situaciones de desnutrición. Se reportaron casos de muerte de niños y niñas por causas asociadas a la desnutrición en Cauca, Chocó, Nariño y Risaralda.
95. Los esfuerzos gubernamentales para superar estas desigualdades se han traducido en el diseño de políticas específicas para estas comunidades. |36| Sin embargo, algunas de estas políticas no fueron consultadas de manera apropiada y carecen de un enfoque étnico diferencial. Es necesario que las políticas públicas se reflejen en mejoras tangibles de las condiciones de vida de estos grupos lo más pronto posible.
96. Varias comunidades indígenas y afrocolombianas han denunciado la falta de consulta previa, libre e informada con respecto a "megaproyectos" de exploración y explotación de recursos naturales en sus territorios en Antioquia, Caldas, Cauca y Chocó. Algunos de los líderes y lideresas indígenas que participaron en procesos de consulta y espacios de concertación han sido asesinados. En 2009, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del Estatuto de Desarrollo Rural, |37| debido a la ausencia de consulta previa. La oficina en Colombia saluda la iniciativa del Gobierno de preparar un proyecto de ley para regular el derecho a la consulta. Este proceso debe ser concertado con los pueblos indígenas y afrocolombianos y se debe asegurar su activa participación.
97. En el Auto 004 de 2009, la Corte Constitucional concluyó que el conflicto armado interno podría causar el exterminio cultural o físico de numerosos pueblos indígenas y ordenó diseñar e implementar planes de salvaguardia étnica para 34 de ellos. Hasta la fecha, y a pesar de los esfuerzos de concertación adelantados entre el Gobierno y organizaciones indígenas, estos planes continúan en fase de diseño y necesitan un impulso importante para asegurar que estos pueblos reciban protección oportuna. Adicionalmente, en el Auto 005 de 2009, la Corte declaró que los derechos fundamentales de las comunidades afrocolombianas están siendo desconocidos de manera sistemática y continua.
98. A diferencia de 2008, las manifestaciones promovidas por organizaciones indígenas (Minga) en 2009 transcurrieron en general de forma pacífica, gracias al diálogo constructivo entre las organizaciones indígenas, autoridades gubernamentales y la Fuerza Pública. Las investigaciones sobre la violencia producida en la Minga de 2008, sin embargo, deben ser impulsadas para identificar y sancionar a los responsables de los actos de violencia y del uso excesivo de la fuerza.
99. Durante su visita en julio, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas reconoció las iniciativas del Gobierno para promover los derechos a la salud, la educación y el territorio de estos pueblos y subrayó que todas estas medidas deben ser fortalecidas y que se debe asegurar su efectiva implementación de manera concertada con los afectados.
IV. Resumen de actividades de la oficina en Colombia 100. La oficina en Colombia continuó cumpliendo con su mandato de observación,
asesoramiento, cooperación técnica y promoción. Al 30 de diciembre de 2009, se recibieron 1.387 quejas y se dió seguimiento a 1.279. Se realizaron un total de 264 misiones de observación que representaron 788 días en el terreno. Estas misiones, realizadas con frecuencia en zonas donde la presencia estatal es débil o inexistente, permitieron dar seguimiento a la situación regional y municipal, acompañar procesos locales y brindar asesoría a autoridades y a organizaciones de la sociedad civil. En 2009, el Presidente solicitó a la oficina en Colombia que acompañara la investigación de la masacre contra miembros del pueblo awá ocurrida en agosto. Con ese fin, la oficina en Colombia viajó al lugar de los hechos, acompañó a las víctimas, apoyó a la Fiscalía y compartió sus observaciones y recomendaciones con las autoridades nacionales.
101. La oficina en Colombia apoyó los procesos de revisión de la situación del país por los órganos de tratados, así como el mecanismo de seguimiento de las recomendaciones del examen periódico universal. Asimismo, colaboró con el Gobierno organizando una base de datos para dar seguimiento a las recomendaciones internacionales y a las solicitudes de acción, en la que se incluyeron las de la oficina en Colombia y las de los relatores especiales. Además, organizó seminarios sobre justicia indígena, derechos de las personas con discapacidad y derechos humanos en el sector privado, con énfasis en el Pacto Global. La oficina en Colombia puso a disposición de la Fiscalía un apoyo experto en investigaciones sobre violencia sexual. La oficina en Colombia intervino o participó en un total de 3.047 reuniones: 1.542 con instituciones públicas, 981 con representantes de la sociedad civil, 263 con organismos de Naciones Unidas y 261 con la comunidad internacional.
102. En noviembre, la oficina en Colombia y el Gobierno concluyeron un intercambio de cartas sobre la cooperación técnica para el bienio 2010-2011 y se hizo un compromiso con el Ministerio de Defensa para el monitoreo de las medidas adoptadas para superar las ejecuciones extrajudiciales.
103. La oficina en Colombia brindó apoyo logístico para las visitas de los cuatro relatores especiales y de la Alta Comisionada Adjunta, y quisiera expresar su profundo agradecimiento por la permanente colaboración recibida de parte del Estado colombiano y de las organizaciones de la sociedad civil.
104. En 2009, la oficina en Colombia imprimió y distribuyó 103.179 copias de publicaciones, de las cuales 18 eran nuevas publicaciones y 10 reediciones; registró 1.008 notas en los medios de comunicación sobre su labor; emitió 31 comunicados de prensa; y organizó por primera vez un concierto virtual de 24 horas en Internet con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos. La oficina en Colombia abrió cuentas en Facebook y en Twitter para presentar y difundir noticias, herramientas para la promoción de temas de derechos humanos y promover discusiones públicas.
V. Recomendaciones 105. La Alta Comisionada reitera sus recomendaciones previas y de nuevo urge al Gobierno, a los grupos armados ilegales y a la totalidad de la sociedad civil a dar prioridad al respeto pleno de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. La Alta Comisionada, con el ánimo de contribuir a lograr una paz sostenible por medio del dialogo y la negociación:
a) Reitera el llamado a todas las partes del conflicto a aceptar y acatar en su integridad el derecho internacional humanitario, respetando, sin excepciones, la vida, la integridad, los bienes y la autonomía de la población civil, y en especial de las poblaciones más vulnerables; e insiste en que los grupos armados ilegales liberen inmediatamente y sin condiciones a todas las personas secuestradas, cesen de reclutar niños y niñas inmediatamente y liberen a todos los niños y niñas reclutados;
b) Urge al Gobierno a implementar eficazmente las 15 medidas establecidas por el Ministerio de Defensa y a proteger a víctimas, testigos y operadores judiciales involucrados en procesos de ejecuciones extrajudiciales, y asimismo insta a que se apliquen de manera estricta los límites de la Justicia Penal Militar;
c) También urge al Gobierno a garantizar los derechos de la población civil ante la violencia organizada perpetrada por grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares, implementando estrategias adecuadas de combate; y recomienda redoblar esfuerzos para prevenir, investigar, juzgar y sancionar firmemente y sin ambigüedad cualquier vínculo, tolerancia o aquiescencia de la Fuerza Pública con estos grupos;
d) Alienta a la Fiscalía General de la Nación a crear un sistema de información confiable sobre la ocurrencia de actos de violencia sexual y crímenes de género y exhorta al Ministerio de Defensa a implementar una política de tolerancia cero ante estas violaciones, incluyendo la separación del servicio de los responsables;
e) Anima a las autoridades competentes a fortalecer la labor del Sistema de Alertas Tempranas actuando eficazmente sobre sus alertas y protegiendo adecuadamente a sus miembros;
f) Invita al Gobierno a conformar un grupo de trabajo interinstitucional que considere, de manera consensuada, transparente y participativa, reformas estructurales y procedimentales de la Ley 975 (2005), así como instrumentos de justicia transicional no judiciales;
g) Recomienda a la Procuraduría General de la Nación que sancione a los funcionarios públicos que con sus declaraciones deslegitimen o pongan en riesgo la labor de defensores de derechos humanos, al tiempo que insta al Gobierno a dar cumplimiento inmediato a los acuerdos alcanzados en la Mesa Nacional de Garantías para defensores de derechos humanos;
h) Llama al Gobierno a tomar medidas específicas para que los sistemas de inteligencia respeten los derechos humanos y estén sujetos a estrictos controles civiles y judiciales, a avanzar en la investigación de los responsables materiales e intelectuales de los delitos cometidos y a implementar un mecanismo efectivo de depuración de archivos con la activa participación de la Procuraduría;
i) Exhorta a las autoridades competentes a avanzar en las investigaciones sobre el origen y los autores de las amenazas hechas durante 2009 a través de panfletos y correos electrónicos;
j) Llama a la rápida implementación de planes de protección de pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, así como de medidas concertadas para asegurar su derecho a la consulta previa, libre e informada en todos aquellos asuntos que afecten a su vida, cultura y territorios; y alienta al Gobierno a desarrollar e implementar políticas que permitan la superación de la pobreza y la discriminación.
Anexo Como complemento al informe de la Alta Comisionada sobre la situación de derechos humanos en Colombia, a continuación se describen casos ilustrativos conocidos por la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ("la oficina en Colombia") ocurridos durante el período reportado en este informe, sobre violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
Situación del poder judicial
Los siguientes casos ilustran las tensiones y enfrentamientos públicos entre las ramas ejecutiva y judicial en 2009, así como las dificultades de seguridad sufridas por ciertos magistrados de Altas Cortes:
a) En un comunicado del 25 de noviembre, el Gobierno afirmó que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia había "faltado a la verdad" cuando negó haber informado al Presidente de la República de que las dificultades identificadas por la Corte para la elección de Fiscal General habían sido superadas tras la renuncia de uno de los tres candidatos;
b) Un Magistrado de la Corte Suprema, ex Presidente de esta corporación, fue víctima de seguimientos ilegales atribuidos al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En mayo de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del Magistrado.
Organismos de inteligencia
En 2009 se hizo público que el DAS, entidad de inteligencia dependiente de la Presidencia de la República, había estado desarrollando, por lo menos desde 2003 y de manera generalizada y sistemática, una serie de actividades ilegales dirigidas contra, entre otros, defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas y funcionarios estatales. Los casos descritos a continuación ilustran como estas operaciones afectaron la situación de derechos humanos:
a) El 11 y 13 de febrero, en Santa Fe de Antioquia y Marinilla (Antioquia), varios individuos de civil, sin autorización ni aviso previo, filmaron a fiscales de la Unidad Nacional de Derechos Humanos mientras realizaban diligencias sobre casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales imputadas al Ejército. Al ser abordados por los fiscales, se identificaron como integrantes de inteligencia militar;
b) El 27 de mayo, en zona rural de Yopal (Casanare), mientras funcionarios de la Fiscalía realizaban diligencias relacionadas con un presunto caso de ejecuciones extrajudiciales que involucra a miembros de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) del Ejército, una camioneta con vidrios polarizados, estacionada frente a las instalaciones del GAULA del Ejército y con hombres de civil armados, fue observada en repetidas ocasiones siguiendo a los miembros de la Fiscalía y a los funcionarios de la oficina en Colombia que les acompañaban;
c) En 2009 la oficina en Colombia conoció que durante los años 2004 y 2005, en el seno del Grupo Especial de Inteligencia G-3, perteneciente al DAS, se ordenaron y realizaron operaciones como la descrita a continuación para provocar temor en las víctimas y que desistieran de sus actividades. En 2005 una abogada y defensora de derechos humanos recibió en su residencia un paquete con una caja que decía "Para mi hija querida" con una muñeca y una nota: "Usted tiene una familia muy linda cuídela no la sacrifique". La muñeca tenía la cabeza y un brazo separados del cuerpo, una pierna rota y la ropa rasgada. La muñeca presentaba también la zona pélvica pintada con esmalte de uñas de color rojo, imitando sangre, y tenía una cruz en el pecho, con quemaduras de cigarrillo en un brazo, en la espalda y en los ojos;
d) Una periodista y defensora de derechos humanos venía siendo objeto de amenazas desde que comenzó una investigación por el asesinato del destacado periodista y humorista Jaime Garzón en 1999. Por esta razón, ella y su hija menor de edad tuvieron que dejar el país en 2004. En 2009, la oficina en Colombia conoció que al menos una de las amenazas fue ordenada y ejecutada por miembros del DAS.
Defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas
A continuación se describen casos ilustrativos de asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias, violencia sexual, injerencias arbitrarias en domicilios y sedes de las organizaciones y robos de información dirigidos contra defensores y defensoras de derechos humanos, que han sido atribuidos a grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares y a guerrillas, en particular las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), así como, en algunos casos, a miembros de la Fuerza Publica:
a) En mayo, en Arauca, un reconocido defensor de derechos humanos recobró su libertad después de haber permanecido detenido durante más de seis meses, acusado del delito de rebelión, al decretar la Fiscalía la preclusión de la investigación por falta de pruebas;
b) En Antioquia y Santander, cinco líderes campesinos fueron absueltos sin cargos después de haber permanecido detenidos por periodos que variaron entre 5 y 16 meses;
c) Un defensor de derechos humanos continúa privado de la libertad en Sucre desde hace más de un año. Fue acusado de concierto para delinquir con grupos paramilitares, a pesar de que había sido él mismo quien había denunciado a estos grupos. El fiscal que ordenó su detención está siendo investigado por corrupción;
d) Entre febrero y marzo circularon panfletos con amenazas en por lo menos 24 de los 32 departamentos del país. Un formato estándar fue distribuido en poco más de dos semanas, en lugares tan distantes como Armenia, Barranquilla, Bogotá, Chocó, Cúcuta, Medellín y Valle del Cauca. El documento alentaba la mal llamada "limpieza social" contra trabajadores sexuales, homosexuales, drogadictos y personas viviendo con VIH, entre otros. El panfleto textualmente indicaba que "[quien] se encuentre […] después de las 10:00 pm [en la calle] no responderemos", ordenaba "[…] esté más con la familia" y pedía "perdón a la sociedad si caen inocentes";
e) A principios de mayo, en Cesar, La Guajira y Magdalena, se distribuyeron unos panfletos en los que se calificaba de delincuentes a "una banda de abogados, funcionarios de Acción Social, Defensoría del Pueblo, personerías municipales y líderes de población desplazada" por defender los derechos de la población desplazada, y se amenazaba con "erradicarlos";
f) El 17 y 24 de febrero, desconocidos forzaron las sedes de dos organizaciones que realizan trabajo social en la zona nororiental y en la Comuna 13 de Medellín y sustrajeron solamente los discos duros de los computadores que contenían información sobre las labores que desarrollaban;
g) El 11 de agosto, desconocidos robaron dos computadores de la Defensoría del Pueblo en Montería (Córdoba), ubicados en los despachos de la Defensora Regional y de la Defensora Comunitaria del Alto Sinú;
h) El 24 de abril, en Patía (Cauca), un periodista de la cadena Radio Súper Popayán, conocido por sus labores de denuncia, fue asesinado por un desconocido que le disparó en su residencia;
i) El 20 de mayo, en Curillo (Caquetá), el director del canal local de televisión, conocido por sus labores de denuncia, fue asesinado a tiros por desconocidos que irrumpieron de forma violenta en su casa;
j) Entre el 15 y el 18 de junio, dos hombres y una mujer, miembros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) capítulo Sucre, recibieron amenazas de muerte a través de correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas a sus teléfonos celulares. Pocos días antes, el 12 de junio, habían participado activamente en la reunión de instalación de la Mesa regional de garantías para defensores de derechos humanos en Sincelejo (Sucre).
Ejecuciones extrajudiciales
Los siguientes casos ilustran la necesidad de esfuerzos constantes para la eliminación completa y permanente de las ejecuciones extrajudiciales, cuyas denuncias disminuyeron drásticamente durante el periodo reportado, asegurando que aquellos encontrados culpables son adecuadamente sancionados en un ambiente de seguridad para todos los actores involucrados:
a) En Salento (Quindío), el 16 de enero, se registró la muerte de dos hombres y una mujer de 18 años en una operación conjunta entre miembros del Batallón de Alta Montaña N.º 5 y el DAS. Las víctimas fueron presentadas como miembros de las FARC-EP muertas en combate;
b) En Tumaco (Nariño), el 23 de mayo, se atribuyó al Ejército la muerte de un hombre que habían previamente detenido. La investigación estuvo a cargo del Juez Penal Militar de Ipiales (Nariño) durante varios meses;
c) En Yondó (Antioquia), el 17 de octubre, soldados del Batallón Energético y Vial N.º 7 fueron presuntamente responsables de la muerte de dos adolescentes de 15 y 16 años. Las víctimas aparentemente se desplazaban en una motocicleta y recibieron varios impactos de bala, sin que hubiera existido una previa identificación u orden de detenerse;
d) En Zaragoza (Antioquia), el 15 de mayo, fue asesinado por desconocidos un suboficial retirado del Ejército que había denunciado una ejecución extrajudicial;
e) En Bogotá, el 4 de febrero, fue asesinado el hermano de una víctima de ejecución extrajudicial que impulsaba la investigación de la desaparición de su hermano en Soacha y el posterior reporte como muerto en combate por el Ejército en Norte de Santander;
f) En Cali (Valle del Cauca), el 10 de mayo, se registró el intento de asesinato del hermano de una víctima de ejecución extrajudicial, cinco días después de haberse iniciado la audiencia contra los presuntos responsables de la ejecución;
g) En Pitalito (Huila), el 8 de marzo, una patrulla policial con dos agentes llegó al barrio Los Pinos y ordenó a un hombre que se detuviera. Uno de los agentes, que declaró que suponía que la víctima era un criminal, bajó del vehículo y tras un breve intercambio de palabras, disparó a esta persona en el pecho. Varios vecinos fueron testigos de los hechos y denunciaron que los agentes les impidieron atender a la víctima inmediatamente. La víctima falleció dos días después en un hospital;
h) El 2 de junio, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería (Córdoba) condenó a 28 años de prisión a un mayor, un capitán y cuatro soldados profesionales del GAULA del Ejército de Montería por la ejecución extrajudicial de dos jóvenes. Entre las estrategias de la defensa estuvo acusar falsamente a la fiscal del caso de haber pagado a un testigo para que declarara contra los militares.
Violencia sexual
Los siguientes casos ilustran como las niñas y las mujeres sufren la violencia sexual generada por todas las partes del conflicto, así como por grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares:
a) En agosto, la oficina en Colombia conoció información según la cual las bandas criminales, "combos" (pequeñas pandillas de jóvenes) y otros grupos armados ilegales no identificados, habrían estado vinculando a niños y niñas de las comunas 5, 6 y 7 de Medellín (Antioquia) en actividades de prostitución y esclavitud sexual, junto con compra y venta de estupefacientes y cobro de extorsiones. Se denunció una actitud permisiva de miembros de la Policía Nacional;
b) El 16 de agosto, en Puerto Caicedo (Putumayo), una niña de 15 años fue violada, y amenazada de muerte si lo denunciaba, presuntamente por un desmovilizado de organizaciones paramilitares que formaba parte del grupo armado ilegal "Los Rastrojos";
c) En Puerto Asís (Putumayo), en mayo, se denunció que miembros del grupo armado ilegal "Los Rastrojos" estaban ofreciendo dinero en colegios de niñas para vincularlas a actividades de prostitución;
d) En marzo, en Riosucio (Chocó), se conoció que el comandante de la Policía Nacional habría cometido actos sexuales abusivos contra dos niñas de 8 y 10 años;
e) El 14 de junio, en el parque Tercer Milenio de Bogotá, un auxiliar bachiller de la Policía Nacional habría violado a una niña desplazada mientras otros auxiliares bachilleres filmaban el hecho;
f) El 11 de agosto, una niña del pueblo nukak de 5 años del resguardo El Refugio en San José del Guaviare (Guaviare) fue víctima de abusos sexuales presuntamente cometidos por un soldado del Batallón Joaquín París. Otras cuatro niñas del mismo pueblo, de edades entre los 17 años, habrían sufrido actos de violencia y explotación sexual por soldados de la misma unidad militar;
g) En marzo, en Yondó (Antioquia), se atribuyó la violación de dos niñas de 15 años de edad, a un soldado del Batallón Calibío, quién además las habría retenido durante varias horas y les habría producido lesiones en el cuerpo;
h) En marzo, en la zona rural de Casabianca (Tolima), una mujer fue violada y sometida a otros actos de violencia sexual presuntamente por miembros de las FARC-EP, que además la amenazaron de muerte, a ella y a sus hijos, si denunciaba los hechos;
i) A partir de las declaraciones en noviembre de una menor de edad que había sido reclutada por las FARC-EP, se denunció que el Frente 18 de este grupo obligaba a abortar a las niñas y adolescentes que resultan embarazadas;
j) En Cauca, a través de información proporcionada por un centro de salud en 2009, se denunció que una niña reclutada por las FARC-EP había sido obligada a usar anticonceptivos.
Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes
Los datos existentes no parecen reflejar ni la magnitud, ni el impacto real de esta violación. Los siguientes casos son algunos ejemplos de la gravedad de la situación:
a) El 26 de enero, más de 260 internos de la cárcel de Bellavista (Medellín) fueron sacados de sus celdas por la Policía Nacional y la Guardia Penitenciaria. Unos 150 fueron seleccionados, separados de los demás y remitidos a dos sitios, donde presuntamente sufrieron condiciones de hacinamiento, falta de acceso al agua, alimentos, servicios sanitarios y artículos de aseo;
b) El 9 de febrero, en Bogotá, se reportó que dos jóvenes fueron rociados con gasolina y luego quemados mientras estaban esposados en una estación de policía;
c) En Plato (Magdalena), el 21 de junio, se reportó que dos jóvenes detenidos en la estación de policía, fueron golpeados y amenazados de muerte;
d) El 26 de agosto, en Medellín (Antioquia), dos jóvenes detenidos por la Policía Nacional fueron presuntamente víctimas de agresiones físicas y verbales, quemaduras con colillas de cigarrillos, heridas provocadas con una lata y rociados con aerosol en la cara y en el cuerpo;
e) En Mesetas (Meta), el 15 de noviembre, un joven fue detenido ilegalmente y presuntamente torturado por tres agentes de la Policía Nacional que lo asfixiaron con una bolsa de plástico en la cabeza.
Desaparición forzada
La desaparición forzada sigue siendo una preocupación importante de la oficina en Colombia, que, en la mayoría de casos, permanece en la impunidad, sin resolver ni identificar perpetradores y móviles. Los casos descritos a continuación ilustran esta violación:
a) El 15 de febrero, una mujer, miembro del sindicato agrario SINTRAGRIM, desapareció en Miravalles, El Castillo (Meta), después de haber denunciado atropellos contra la población civil, presuntamente perpetrados por integrantes del Batallón 21 Vargas;
b) El 26 de marzo, en Medellín (Antioquia), un hombre desapareció después de haber sido detenido por agentes de la Policía Nacional presuntamente por problemas con la documentación de la motocicleta que conducía. No hay constancia de que hubiera sido trasladado a la estación de policía, y se presume que fue entregado a una banda delictiva;
c) El 29 de mayo, en Itaguí (Antioquia), tres mujeres fueron detenidas y entregadas a una banda delictiva presuntamente por agentes de la Policía Nacional.
Grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de las organizaciones paramilitares
Como se refleja a continuación, en muchas zonas del país, la oficina en Colombia observa con gran preocupación la expansión y creciente actividad y violencia contra la población perpetrada por los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares:
a) El 1.º de marzo, cinco miembros de una misma familia, entre ellos un hombre discapacitado, una mujer y dos menores de edad de 2 y 8 años, fueron asesinados en Patía (Cauca), presuntamente por miembros del grupo armado ilegal "Los Rastrojos";
b) A este mismo grupo "Los Rastrojos" atribuyeron las autoridades el asesinato de dos pescadores y la desaparición de otros cinco en Litoral de San Juan (Chocó), el 19 de marzo;
c) Entre el 2 y 3 de noviembre, ocho afrocolombianos miembros de una misma familia fueron asesinados en Barbacoas (Nariño) por personas que se identificaron como miembros del grupo armado ilegal "Águilas Negras";
d) En la región del Bajo Cauca (Antioquia), durante la primera mitad de 2009, miembros de los diversos grupos armados ilegales que operan en la zona vincularon niños a sus filas para realizar actividades de logística, inteligencia y sicariato;
e) En julio, en Córdoba, la Policía Nacional capturó a dos desmovilizados de organizaciones paramilitares que transportaban en un autobús de servicio público a 16 jóvenes para vincularles con los diversos grupos armados ilegales que operan en el sur del departamento;
f) En Meta, a mitad de 2009, el grupo armado ilegal Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (ERPAC) habría vinculado a jóvenes de barrios marginales de varios municipios, principalmente con promesas de empleo a corto plazo. Desde entonces, las familias no han vuelto a tener comunicación con los jóvenes vinculados.
Derecho internacional humanitario
Grupos guerrilleros
Los grupos guerrilleros siguen rechazando y despreciando el derecho internacional humanitario, atacando y asesinando civiles, especialmente miembros de pueblos indígenas, colocando minas antipersonal, reclutando y utilizando a la niñez, forzando desplazamientos y secuestrando, entre otras infracciones, como se ejemplifica a continuación:
a) El 4 de enero, en La Vega (Cauca), presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) asesinaron a un niño de 11 años que fue testigo del asesinato de su padre por el mismo grupo;
b) El 13 de enero, en Roberto Payán (Nariño), miembros de las FARC-EP atacaron la estación de policía con cilindros bomba que hicieron impacto en una cancha, provocando la muerte instantánea a dos niñas y un niño;
c) En Urrao (Antioquia), el 5 de febrero, miembros de las FARC-EP habrían asesinado a dos adolescentes afrocolombianos y serían responsables del desplazamiento de 10 familias por amenazas, acusándolas de ser colaboradoras del Ejército;
d) El 19 de febrero, en Barbacoas (Nariño), 11 miembros del pueblo awá fueron asesinados por miembros de las FARC-EP. Entre las víctimas se encontraban varios niños y dos mujeres embarazadas;
e) Durante los paros armados impuestos en marzo y en octubre por las FARC-EP en Arauca y Putumayo, la población civil sufrió severas restricciones y bloqueos al transporte de personas, medicamentos, alimentos y combustibles;
f) En Villavicencio (Meta), el 6 de marzo, miembros de las FARC-EP fueron presuntos responsables del ataque contra el acueducto que suministra agua potable a la ciudad, dejando a sus 300.000 habitantes sin suministro durante más de diez días;
g) Entre abril y junio, más de 180 personas de varias veredas de Ituango (Antioquia) estuvieron aisladas durante dos meses a causa de minas antipersonal colocadas por las FARC-EP.
h) El 13 de abril, integrantes del ELN habrían ingresado al hospital de Saravena (Arauca) y ejecutaron de varios disparos a dos miembros de la Policía Nacional que se encontraban hospitalizados;
i) En mayo, un joven de 17 años murió al explotar unas granadas con las que intentaba, forzado por las FARC-EP, atacar una estación policial en Putumayo;
j) En El Tarra (Norte de Santander), el 17 de mayo, integrantes del ELN fueron presuntamente responsables del asesinato de un hombre que era transportado en una ambulancia. El personal médico fue amenazado y después del incidente, se suspendió la atención en el único centro médico que funciona en la zona;
k) El 26 de mayo, en Carmen de Atrato (Chocó), las FARC-EP amenazaron a varias comunidades de los pueblos embera y katío anunciando que fueron colocadas varias minas antipersonal alrededor de los caseríos, escuelas y tambos comunitarios;
l) El 29 de mayo, miembros de las FARC-EP ingresaron al municipio de Garzón (Huila), y tomaron como rehén a un concejal. En la acción murieron dos vigilantes privados y un policía;
m) En Quibdó (Chocó), el 7 de junio, miembros de las FARC-EP lanzaron una granada contra un lugar de venta de bebidas, supuestamente por no pagar un impuesto ilegal (vacuna), provocando graves heridas a seis civiles que se encontraban en el lugar;
n) En Tame (Arauca), el 11 de junio, un miembro del pueblo makaguan, fue asesinado presuntamente por miembros del ELN;
o) El 21 de junio, miembros de las FARC-EP habrían asesinado en Teteyé (Putumayo), a un miembro del pueblo awá, perteneciente a la Junta de Acción Comunal;
p) Entre julio y agosto, dos niñas de 15 y 11 años y un niño de 15 años fueron reclutados por las FARC-EP en Toribio (Cauca);
q) Un joven de 17 años murió, el 19 de agosto, cuando transportaba explosivos hacia la alcaldía de Guapi (Cauca) presuntamente por orden de las FARC-EP;
r) El 12 de octubre, el alguacil mayor y médico tradicional del Resguardo Embera Katío en Puerto Libertador (Córdoba) murió al pisar una mina antipersonal, presuntamente colocada por las FARC-EP;
s) El 17 de octubre, el hospital de la cabecera municipal de Toribio (Cauca) fue seriamente afectado tras un ataque de las FARC-EP;
t) Integrantes de las FARC-EP presuntamente asesinaron a dos ediles del Partido Libertal, el 18 de octubre, en Sumapaz (Cundinamarca);
u) En Dabeiba (Antioquia), el 5 de noviembre, tres adultos murieron y dos niños quedaron heridos, todos de una misma familia, como consecuencia de haber pisado minas antipersonal presuntamente colocadas por las FARC-EP;
v) El 20 de noviembre, integrantes de las FARC-EP serían responsables de quemar un bus intermunicipal en Nariño, provocando la muerte de siete personas, incluidos dos niños;
w) El 21 de diciembre, por quinta vez desde 1987, fue tomado como rehén por las FARC-EP el Gobernador del Caquetá, de 68 años de edad, cuando se encontraba en su domicilio. Durante la acción, dos policías resultaron heridos y otro murió. Al día siguiente, efectivos del Ejército y la Policía Nacional encontraron el cuerpo de Gobernador rodeado de explosivos, que había sido degollado por miembros de las FARC-EP;
x) Durante 2009, ha sido reportado que las FARC-EP habrían estado reclutando niños y niñas en Antioquia, Cauca, Cesar, Chocó, Nariño, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca.
Fuerza Pública
La oficina en Colombia continua registrando quejas sobre infracciones al derecho internacional humanitario por miembros de la Fuerza Publica, especialmente contra la niñez:
a) En febrero, en varias regiones del Cauca, el Ejército ocupó temporalmente varias escuelas;
b) En febrero y marzo, en varias zonas rurales del Valle de Cauca, el Ejército habría ofrecido alimentos como incentivo a niños y niñas para obtener información sobre la presencia de grupos armados ilegales en la zona;
c) El 11 de febrero, en Guaviare, dos niños y una niña que estaban recibiendo clases en la escuela de una vereda, sufrieron heridas por disparos hechos por miembros del Ejército en respuesta al ataque realizado por un francotirador de las FARC-EP que mató a un soldado;
d) En mayo, tropas de la Fuerza de Reacción Divisionaria (FURED) de la Tercera División se ubicaron en los predios de una escuela en un corregimiento de Florida (Valle del Cauca);
e) Se denunció que en julio, el Ejército habría restringido el acceso de alimentos en Frontino (Antioquia);
f) En Santa Rosa (Bolívar), el 16 de noviembre, un niño de 4 años murió como consecuencia de un enfrentamiento entre el Ejército y las FARC-EP;
g) El 24 de noviembre, en La Macarena (Meta) un agricultor, que se desplazaba con su hijo de 5 años, falleció como consecuencia de un disparo en la cabeza por un soldado de la Brigada Móvil N.º 1. El caso fue presentado como un "error militar".
Desplazamiento forzado
El desplazamiento forzado siguió aumentado en 2009, aunque en menor medida que en años pasados, con un continuo subregistro de casos, en casi todo el territorio nacional, siendo más frecuentes en aquellas zonas donde se desarrollan hostilidades. Como se ilustra a continuación, el desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado interno y causado por los grupos armados ilegales es de particular preocupación en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó y Nariño:
a) Quinientas personas, la mayoría niños y niñas, se desplazaron masivamente en Barbacoas (Nariño), después de la masacre cometida por las FARC-EP en la zona en febrero;
b) Entre junio y julio, en Ituango (Antioquia), más de 1.000 personas se desplazaron por las minas presuntamente colocadas por las FARC-EP y las amenazas de este grupo;
c) El 8 de junio, un enfrentamiento entre los grupos armados ilegales "Águilas Negras" y "Los Rastrojos", provocó el desplazamiento de 513 personas, en Tumaco (Nariño);
d) Enfrentamientos entre miembros del Ejército y las FARC-EP provocaron el desplazamiento de 49 familias del resguardo indígena zenú en Córdoba, el 7 de julio;
e) El 23 de julio, un líder de población desplazada fue asesinado en Santa Fe de Ralito, Tierralta (Córdoba) por desconocidos. La víctima lideraba desde 2007 un proceso de reclamación de más de 1.400 hectáreas de tierra arrebatadas por las AUC;
f) En Chocó, el 17 de agosto, 117 miembros de una comunidad afrocolombiana se desplazaron por enfrentamientos entre dos grupos armados ilegales que se disputan la zona fluvial del Bajo Baudó;
g) Del 5 al 20 de septiembre, los operativos del Ejército contra el grupo armado ilegal "Los Rastrojos" provocaron el desplazamiento de alrededor de 50 familias en Bolívar (Valle del Cauca);
h) En Barrancón (Guaviare), varios asentamientos de diferentes pueblos indígenas desplazados forzadamente (jiw/guayabero, nukak makú) siguieron sin tener acceso en 2009 a agua potable y la atención en salud se ofrecía sólo una vez al mes. Además, la capacidad de la escuela fue insuficiente para el número de niñas y niños que necesitaban educación.
Pobreza y derechos económicos, sociales y culturales
Como muestran los siguientes casos, la pobreza, la pobreza extrema, la desigualdad y el conflicto armado interno siguen siendo factores que vulneran el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales:
a) A los habitantes de zona rural de San José del Guaviare, cerca del río Guayabero (Guaviare), que carecen de servicios e infraestructura de salud básica en su zona, parece habérseles sido negada la atención en salud en la cabecera municipal, por ser considerados integrantes de la guerrilla o sus colaboradores;
b) En zonas rurales del Guaviare, varias instituciones educativas carecen de infraestructura y salubridad adecuadas, así como de materiales de estudio. Algunos docentes abandonaron las instituciones educativas por temor a los efectos y acciones del conflicto armado en la zona.
Discriminación
Como se muestra a continuación, los ataques contra la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas (LGBT) aumentaron en ciudades como Bogotá y Medellín. Además, se han registrado casos de ataques y masacres contra miembros de los pueblos indígenas, así como falta, o inadecuada, consulta previa libre e informada.
a) Se han denunciado casos de maltrato cometidos por miembros de la Policía Nacional contra la comunidad LGBT en varias comunas de Medellín (Antioquia);
b) En abril, en Bogotá, el administrador de un bar que suele ser frecuentado por miembros de la comunidad LGBT fue víctima de agresiones físicas y verbales y amenazas de muerte, por desconocidos. La víctima había recibido un panfleto amenazante del llamado "Grupo de limpieza social de chapinero, por una sociedad libre de gays";
c) Tres comunidades indígenas de Chocó y Antioquia solicitaron la suspensión de las obras de exploración de la mina "Careperro" en sus territorios, en unos casos por falta de consulta previa y en otros por irregularidades en los procesos. Asimismo, miembros del Ejército ingresaron a los territorios indígenas para brindar protección a la construcción de un helipuerto en un lugar considerado sagrado por las comunidades;
d) El 2 de agosto, un dirigente indígena del Resguardo Inga Villa Catalina de Puerto Guzmán (Putumayo) fue asesinado por desconocidos. Desde 2006, la víctima había estado liderando un proceso de consulta ante la explotación de 18 yacimientos petroleros ubicados en territorio del resguardo. Por este asesinato y las amenazas contra otros líderes indígenas de la región, la Mesa Permanente del Pueblo Inga de Puerto Guzmán se retiró del proceso de consulta;
e) El 26 de agosto, en el resguardo Gran Rosario de Tumaco (Nariño) 12 personas del pueblo awá fueron asesinadas, cuando un grupo de hombres armados ingresó a la vivienda y, con gran sevicia, realizó disparos a corta distancia sin ninguna consideración hacia las mujeres y los niños. Entre las víctimas hubo dos niñas y cinco niños, entre ellos un bebé de 8 meses. Otras tres personas, entre ellas una niña, resultaron heridas.
Notas
* El informe se distribuye en todos los idiomas oficiales. El anexo se distribuye en español e inglés únicamente. [Volver]
** El presente documento se remite con retraso con el fin de incluir la información más reciente. [Volver]
1. Colombia fue el país que más visitas recibió de Relatores Especiales en 2009. [Volver]
2. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de Derechos Humanos formularon sus listas de cuestiones que debían abordarse en relación con el examen de los informes periódicos de Colombia. El examen de estos informes se llevará a cabo en mayo y en julio de 2010, respectivamente. [Volver]
3. Documento S/2009/434. [Volver]
4. Resoluciones de la Asamblea General 40/32, de 29 de noviembre de 1985, y 40/146, de 13 de diciembre de 1985. [Volver]
5. La oficina en Colombia ha señalado en varias ocasiones problemas tales como la "falta de denuncia de delitos ante las autoridades, dificultades en el acceso a la justicia, insuficientes recursos financieros y tecnológicos (a pesar de los incrementos presupuestales), falta de criterios unificados en la aplicación de las leyes, alta carga de trabajo de fiscales y jueces, lentitud en el avance de los procesos, y casos de corrupción" (A/HRC/7/39 y Corr.1, párrafo 12). [Volver]
6. El Programa Presidencial para los Derechos Humanos registró de enero a octubre 27 homicidios de sindicalistas, 14 de ellos maestros. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) reportó 37 homicidios, que incluyeron cuatro mujeres, durante el mismo periodo. [Volver]
7. El SAT, bajo el liderazgo y dirección del Defensor del Pueblo, tiene como misión producir alertas sobre violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. [Volver]
8. En una declaración pública el 17 de septiembre de 2009, el Presidente reconoció que "la defensa de los derechos humanos es una acción necesaria y legítima para la democracia". [Volver]
9. Otras cinco personas fueron puestas en libertad por haber cumplido parcialmente su condena. [Volver]
10. Providencia 27032, Álvaro Araujo Castro, Sala de Casación Penal, CSJ, acta N.º 291, 15 de septiembre de 2009. [Volver]
11. Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia N.º 001, 19 de febrero de 2009. [Volver]
12. En 2009, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía registró siete casos, frente a los 144 de 2008 y los 464 de 2007. [Volver]
13. Tres generales y otros 24 oficiales y suboficiales fueron destituidos por el Presidente, entre otras medidas. [Volver]
14. A noviembre de 2009, 251 casos habían sido remitidos por la Justicia Penal Militar a la justicia ordinaria. [Volver]
15. Registro Nacional de Desaparecidos, diciembre de 2009. [Volver]
16. La Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalia coordina el desarrollo de todas las exhumaciones ordenadas por fiscales a nivel nacional, a través del Centro Único Virtual de Identificación (CUVI). [Volver]
17. El Programa Presidencial de Derechos Humanos registró en Arauca 142 homicidios en el primer semestre de 2009, la mayoría debido a luchas entre el ELN y las FARC-EP. [Volver]
18. Programa Presidencial de Derechos Humanos, noviembre de 2009. [Volver]
19. El 6 de mayo, el frente sexto de las FARC-EP informó a la población de Jambaló (Cauca) de que sus niños y niñas podrían ser reclutados. [Volver]
20. Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado. Sexto Informe a la Corte Constitucional, Proceso Nacional de Verificación. Junio de 2008. [Volver]
21. A/HRC/12/18 de agosto de 2009. [Volver]
22. Entre agosto de 2002 y octubre de 2009, 51.992 personas se desmovilizaron individual y colectivamente, de las cuales 3.957 están postuladas a la Ley 975. A diciembre de 2009, había 737 versiones libres en curso. [Volver]
23. Esta vía se ha restringido aún más a raíz de la extradición de los más importantes comandantes paramilitares a los Estados Unidos de América en 2008, ante la falta de mecanismos de cooperación judicial con este país. [Volver]
24. Parecería necesario considerar la reforma de la lista vigente de delitos no sujetos a indulto para incorporar los que se recogen en los artículos 6 a 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. [Volver]
25. Otros aspectos son, por ejemplo, las imputaciones parciales, que si bien se perfilaban como una opción positiva aceptada por la Corte Suprema de Justicia, terminaron siendo cuestionadas (Sentencia 32022, de 21 de septiembre de 2009). En diciembre, sin embargo, la Corte reiteró la posibilidad de estas imputaciones (Auto 32575, de 14 de diciembre de 2009). [Volver]
26. Sentencia de la Corte 32022. [Volver]
27. Los aportes al Fondo, a diciembre de 2009, sumaron aproximadamente 27.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 14 millones de dólares de los Estados Unidos), mientras que el presupuesto para la reparación administrativa en 2009 era de 200.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 100 millones de dólares). [Volver]
28. Fase 1 MESEP Mercado Laboral, Pobreza y Desigualdad (2002-2008), resumen ejecutivo, noviembre de 2009. [Volver]
29. El analfabetismo en zonas rurales es del 14,8%, frente al promedio nacional de 6,9% (Encuesta de Calidad de Vida 2008, Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]). [Volver]
30. Mientras que el Índice de Desarrollo Humano en Bogotá es 0,843, en Chocó es 0,674 y en Caquetá 0,722% (Datos: Universidad Nacional de Colombia). [Volver]
31. "La contribución de los Planes de Desarrollo Departamentales al logro de los objetivos de desarrollo del Milenio", Colombia Líder, octubre de 2009. [Volver]
32. FAO/PMA, El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, 2009. [Volver]
33. Decimosexto informe del Defensor del Pueblo de Colombia al Congreso de la República, julio de 2009. [Volver]
34. Por ejemplo, T-022 (educación), T-096 y T-105 (salud), T-125 (trabajo). [Volver]
35. En Chocó, el 82,12% de la población es afrocolombiana y el 12,67% es indígena; en Cauca, el 21,55% es indígena y el 22,2% afrocolombiana (DANE, censo 2005). En estos departamentos, la tasa de mortalidad infantil es de 54 por 1.000, mientras que en Medellín es de 8 por 1.000 (Encuesta Nacional de Salud [ENDS], 2005). La tasa promedio nacional de mortalidad materna es de 73 muertes por 100.000 nacidos vivos, mientras que en Chocó es de 250 y en Cauca de 125 (Situación de Salud en Colombia: Indicadores Básicos, Ministerio de la Protección Social). [Volver]
36. Por ejemplo, el Plan Integral de largo plazo para la Población Negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal 2005- 2007; y el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 3491 de 2007 "Política de Estado para el Pacífico Colombiano". [Volver]
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