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DERECHOS


28feb05

Situación de los derechos humanos en Colombia.

Naciones Unidas
Distr. General
E/CN.4/2005/10
28 de febrero de 2005
Español
Original: Español/Inglés

COMISIóN DE DERECHOS HUMANOS
61.o período de sesiones
Tema 3 del programa provisional

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre la situación de los
derechos humanos en Colombia[*]

Índice

I. Contexto Nacional y Evolución del Conflicto Armado Interno

II. Politicas Públicas e Implementación de las recomendaciones

III. Situación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario

IV. Situación de Grupos especialmente vulnerables

V. Recomendaciones

Anexo I

Anexo II

I. Derechos Humanos

II. Derecho Imternacional Humanitario

Anexo III

Anexo IV

Resumen

El presente informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia cubre el año 2004 y responde a la solicitud formulada por la Comisión de Derechos Humanos durante su 60.º período de sesiones. El informe contiene cinco capítulos cuyo contenido se resume abajo. También hay cuatro anexos que tratan sobre las actividades de la oficina en Colombia del Alto Comisionado; casos representativos de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario; situación de grupos particularmente vulnerables; y notas sobre estadísticas.

Contexto nacional y evolución del conflicto armado interno

Durante el año 2004 la atención pública se concentró, principalmente, en el debate por la reelección presidencial, en las negociaciones con grupos paramilitares, y en los intentos para lograr un intercambio humanitario entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército del Pueblo (FARC-EP). La reforma del sector justicia y las iniciativas relacionadas con la agenda social fueron otros temas que se debatieron públicamente. Al comienzo de 2004 el Gobierno acordó con la Organización de los Estados Americanos (OEA) la apertura de la Misión para apoyar el Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA). El Gobierno dio prioridad a la desmovilización de los miembros de grupos armados al margen de la ley, y a las negociaciones con los grupos paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aun sin contar con un marco jurídico adecuado que garantizara, en concordancia con las normas internacionales, el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas. A finales de 2004 se inició la desmovilización de alrededor de 3.000 integrantes de las AUC. No hubo avances significativos en materia de negociaciones de paz entre el Gobierno y, respectivamente, las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El Secretario General de las Naciones Unidas continuó con sus buenos oficios. Otros países ofrecieron también sus servicios.

Fue evidente como los grupos paramilitares continuaron, a pesar del cese de hostilidades declarado por ellos y la desaparición de su tradicional líder, Carlos Castaño, su expansión y consolidación, incluyendo su inserción social e institucional a nivel local y regional, así como con su estrecha vinculación con el narcotráfico.

La evolución del conflicto armado interno se caracterizó por la consolidación de la presencia de la fuerza pública en las cabeceras municipales, y por el repliegue de las FARCEP y el ELN. A partir de abril de 2004 se puso en marcha el llamado Plan Patriota en el sur del país, la más grande operación militar en la historia moderna colombiana, cuyos objetivos declarados fueron golpear a las FARC-EP en su retaguardia y capturar a sus principales jefes. La fuerza pública golpeó a grupos paramilitares, pero en proporciones menores en comparación con las acciones dirigidas contra las FARC-EP. Las FARC-EP y el ELN llevaron a cabo una serie de ataques contra la población civil durante 2004, incluyendo, por parte del primer grupo, varias masacres de civiles y secuestros. En ocasiones se notaron actuaciones conjuntas entre las FARC-EP y el ELN. Hubo reiteradas declaraciones de altos funcionarios del Gobierno que desconocieron la existencia de un conflicto armado interno y afirmaron la existencia exclusiva de una amenaza terrorista contra la sociedad colombiana. El Gobierno y la Fiscalía General continuaron utilizando procedimientos masivos y sistemáticos de allanamientos y detenciones sin los fundamentos probatorios adecuados, muchas veces basados en informes de desmovilizados o reinsertados y en los archivos de inteligencia militar.

Durante 2004 siguieron bajando, a nivel nacional y en comparación con el año 2003, algunos indicadores importantes de violencia, como homicidios en general, masacres y secuestros. A pesar de esta disminución, siguen sie ndo altas las cifras. Con referencia a la población desplazada por la violencia se pudo observar que, aunque el número de nuevos desplazados durante 2004 disminuyó en comparación con el año 2003, aumentó el número total de personas desplazadas en el país.

Se formularon varias propuestas sobre un intercambio humanitario para lograr la liberación de las muchas personas civiles secuestradas y militares y policías en poder de las FARC-EP. Ninguna de las propuestas logró concretarse.

Políticas públicas e implementación de las recomendaciones

En materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario se notaron algunos logros y avances, pero también dificultades y contradicciones. En comparación con 2003, en el segundo semestre de 2004 se demostró más interés por parte de varias dependencias del Estado en cuanto a las recomendaciones del Alto Comisionado. Hubo una mayor apertura e intensificación de la interlocución por parte del Gobierno con representantes de la sociedad civil y de la comunidad internacional. A la vez, el proceso de implementación fue menos consistente de lo deseado y necesario dada la gravedad de las problemáticas y el grado limitado de ejecución de las recomendaciones, considerando que en 2004 estas fueron similares a las formuladas en 2003 y en años anteriores. Al final del año 2004 se pudo observar que el cuadro de implementación de las recomendaciones por parte del Estado era mixto y muy variado, lo cual también tuvo sus efectos en cuanto a la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Los grupos armados al margen de la ley continuaron incumpliendo sus obligaciones humanitarias y desatendiendo las recomendaciones de la Alta Comisionada.

En la aplicación de la política de seguridad del Gobierno se notaron inconsistencias entre sus objetivos y los métodos utilizados lo cual tuvo efectos sobre sectores de la población civil. Se registraron acciones positivas en materia de prevención y de protección, incluyendo el fortalecimiento del mecanismo de defensores comunitarios, y del Sistema de Alertas Tempranas, así como de los programas de protección a grupos vulnerables del Ministerio del Interior. Persistieron debilidades en las respuestas estatales a las alertas, así como en la disminución de los factores de riesgos sobre los grupos vulnerables. El Gobierno adoptó medidas positivas para la destrucción de las minas antipersonales almacenadas. Las Fuerzas Militares, en ocasiones, realizaron operaciones en las que inobservaron los principios humanitarios.

La Corte Constitucional declaró inexequible por vicios de forma el llamado Estatuto Antiterrorista, cuya incompatibilidad con las normas internacionales señaló, en su momento, la Alta Comisionada. Se registraron algunas acciones positivas en la lucha cont ra la impunidad por parte del Comité de impulso, pero sigue requiriendo de mayores medidas y compromisos sostenidos en el tiempo. Pudo observarse la precariedad de la política de lucha contra el paramilitarismo, y en particular contra sus estructuras, inc luyendo los nexos entre miembros de la fuerza pública y otros servidores públicos y esos grupos. En relación con las negociaciones con las AUC fue evidente la necesidad de contar con un marco jurídico adecuado.

La política económica y social adoptada por el Gobierno no permitió asegurar avances necesarios en la disminución de la brecha de inequidad, enfrentar la extrema pobreza, disminuir los índices de analfabetismo y desocupación, y aumentar el acceso a la salud y a la vivienda. Se realizaron actividades para elaborar un plan nacional de acción en derechos humanos y derecho internacional humanitario. La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha continuado asesorando al Gobierno, al Estado y a la sociedad en general en la implementación de las recomendaciones. Es de esperar un aprovechamiento mayor e integral de la cooperación y la asesoría de la oficina.

Situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario

Continuaron registrándose violaciones de los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y seguridad personales, al debido proceso, y a la vida privada e intimidad, así como a las libertades fundamentales de circulación, residencia, opinión y expresión. En materia de derechos económicos, sociales y culturales no se evidenciaron avances significativos. Se observó que hace falta un sistema estadístico oficial que recoja más adecuadamente las violaciones de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario.

La situación de derechos humanos siguió siendo crítica. Hubo un aumento de denuncias de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública y a otros servidores públicos. Continuaron siendo altos los de torturas y desapariciones forzadas. Fueron notables las denuncias de detenciones y allanamientos sin los fundamentos jurídicos adecuados, por parte de miembros del Ejército y de la Fiscalía. También hubo casos de manipulación de pruebas y de testigos. La continuidad de los ne xos entre servidores públicos y grupos armados ilegales, en particular paramilitares, se puso de manifiesto en varias denuncias en las que se atribuyó responsabilidad estatal por acción directa u omisión. Persistió la precariedad de la situación de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente para los grupos y regiones más vulnerables del país, y en particular en cuanto al acceso, la disponibilidad, la permanencia y el goce de los derechos al trabajo, a la educación, a la salud, y a la viv ienda.

Continuó la tendencia de disminución respecto de varios índices de infracciones al derecho internacional humanitario, en especial, de homicidio colectivo y la toma de rehenes, aunque los mismos siguen siendo altos. Los grupos paramilitares no respetaron el cese de hostilidades. Los grupos armados al margen de la ley, particularmente las FARC-EP y los paramilitares, siguieron cometiendo graves y numerosas infracciones como ataques a la población civil, ataques indiscriminados, homicidios, masacres, toma de rehenes, actos de terrorismo, desplazamientos forzados, utilización de minas antipersonal, reclutamiento de menores, y esclavitud y atentados contra la dignidad personal de las mujeres y niñas, como los actos de violencia sexual. Hubo denuncias de infracciones que se atribuyeron a miembros de la fuerza pública, en particular a miembros del Ejército, por homicidios, ataques indiscriminados, desplazamientos forzados, y ataques a la integridad y dignidad personales de las mujeres.

Situación de grupos especialmente vulnerables

Varias medidas positivas en materia de protección y prevención se vieron debilitadas por las declaraciones públicas de altas autoridades de Gobierno, que en ocasiones públicamente cuestionaron la legitimidad de la labor de los defensores de derechos humanos y el trabajo de sus organizaciones. Continuó la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos, incluyendo a sindicalistas, organizaciones de mujeres y otros líderes sociales, por las amenazas y acciones de los grupos armados al margen de la ley, en particular de los paramilitares. Continuó registrándose una tendencia a la baja del número de nuevos desplazados, pero el número total de personas desplazadas aumentó. Las comunidades indígenas y afrocolombianas continuaron estando amenazadas por la acción de los grupos armados al margen de la ley. Otros grupos vulnerables fueron las mujeres, los niños, los periodistas y formadores de opinión, los funcionarios públicos como los operadores judiciales, alcaldes, ex alcaldes y concejales, así como los miembros de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, y las personas discriminadas por su orientación sexual como gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.

Recomendaciones

La Alta Comisionada formula 27 recomendaciones concretas y prioritarias dirigidas a las autoridades nacionales de las tres ramas del poder público y de los órganos de control encargados de la protección y promoción de los derechos humanos, a los sectores representativos de la sociedad civil, y a los grupos armados ilegales. Las recomendaciones son las conclusiones prácticas, con miras al futuro, del análisis hecho con base en la observación sistemática y analítica, y la interlocución con las autoridades estatales y organizaciones de la sociedad civil.

La Alta Comisionada tiene la firme convicción que la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario podría mostrar una sensible mejora si las recomendaciones se aplican en un proceso consistente e integral durante el año 2005. Conforme los dos previos años, y para subrayar el hecho de que se trata de un proceso de implementación donde se necesita coherencia en el tiempo y entre los temas, las recomendaciones están agrupadas bajo los siguientes seis rubros: prevención y protección; conflicto armado interno; Estado de derecho y la impunidad; políticas económicas y sociales; promoción de una cultura de derechos humanos; y asesoramiento y cooperación técnica, por parte de la oficina en Colombia del Alto Comisionado.

Introducción

1. La Comisión de Derechos Humanos viene siguiendo con preocupación, desde hace varios años, la situación de los derechos humanos en Colombia, la cual se ha visto reflejada en sucesivas declaraciones de su Presidente. La Comisión solicitó en 1996 a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que estableciera una oficina en Colombia, teniendo en cuenta la invitación del Gobierno de este país. El 26 de noviembre de 1996 fue establecida la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mediante acuerdo firmado por el Gobierno de ese país y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el marco de este acuerdo, la oficina en Colombia debe observar la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario con el objeto de asesorar a las autoridades colombianas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para la promoción y protección de los derechos humanos, en el contexto de violencia y conflicto armado interno que vive el país. Ello debe permitir al Alto Comisionado presentar informes analíticos a la Comisión de Derechos Humanos. El acuerdo fue prorrogado en septiembre de 2002 por iniciativa del Presidente Uribe por un período de cuatro años, hasta octubre de 2006.

2. En el 60.º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, en la Declaración de la Presidencia, en abril de 2004, se reafirmó que la oficina en Colombia del Alto Comisionado "desempeña una función esencial en la lucha contra las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario", y solicitó al Alto Comisionado la presentación de "un informe detallado" que contenga un análisis realizado por su oficina sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. La oficina en Colombia del Alto Comisionado continuó sus funciones de observación, asesoramiento, cooperación técnica, promoción y difusión. Este informe cubre el año 2004, y va acompañado de cuatro anexos: uno sobre las actividades de observación, asesoría, cooperación técnica y promoción de la oficina en Colombia; otro sobre las violaciones de derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario; otro sobre la situación de grupos particularmente vulnerables; y otro sobre estadísticas.

I. Contexto Nacional y Evolución del Conflicto Armado Interno

3. El año 2004 estuvo marcado políticamente por tres grandes temas. El primero fue el debate público sobre cambios constitucionales que permitieran la reelección inmediata del Presidente. El segundo tema fue la negociación entre el Gobierno y grupos paramilitares organizados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y el tercero fue la ausencia de avances significativos en materia de negociaciones de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

4. En cuanto al primer tema de la posibilidad de una reelección inmediata, por iniciativa del Gobierno del Presidente Uribe, en marzo se radicó un proyecto de acto legislativo por el cual se reformaban algunos artículos de la Constitución Política de Colombia. Este acto fue finalmente aprobado por el Congreso en diciembre. El acalorado debate concentró la mayor parte de la atención de la opinión pública y del Congreso durante el año, puso en evidencia las divisiones existentes en cuanto a introducir cambios constitucionales en la estructura del Ejecutivo, y desplazó a un segundo plano otros importantes temas.

5. El segundo tema fue la negociación entre el Gobierno y grupos paramilitares organizados en las AUC, la cual se desarrolló sin que paralelamente exista un marco legal adecuado que garantizara el derecho a la verdad, a la justic ia y a la reparación de las víctimas, y que no haya impunidad para los autores de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Durante todo 2004 la oficina en Colombia brindó su asesoría al Gobierno y a miembros del Congreso para que se lograra un marco conforme a los estándares internacionales.

6. Al comienzo de 2004, el Gobierno acordó con la Organización de los Estados Americanos (OEA) la apertura de la Misión para apoyar el Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA), con las tareas principales de verificar eventua les acuerdos entre el Gobierno y grupos armados ilegales en relación al cese al fuego, su desmovilización y reinserción, en concordancia "con las obligaciones de sus Estados Miembros respecto a la plena vigencia de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario" [1].

7. Las negociaciones con las AUC tendieron a la desmovilización de grupos paramilitares, no obstante las continuas violaciones al cese de hostilidades, el cual fue reclamado públicamente por el Gobierno. Se pudo observar que este prerrequisito absoluto exigido por el Presidente Uribe no se cumplió como se hubiera esperado. No se han conocido consecuencias concretas para las AUC por los incumplimientos del cese de hostilidades, los cuales, según la Defensoría del Pueblo y otros observadores, fueron extensos y serios.

8. En su informe de seguimiento, la Defensoría del Pueblo señaló que las AUC fueron responsables de 342 casos de infracciones al cese de hostilidades. Entre éstos se incluyen desde la presunta reincorporación a las armas de desmovilizados hasta masacres, desplazamientos forzados, homicidios selectivos y sistemáticos, secuestros, abusos sexuales, desapariciones, amenazas, intimidaciones y pillajes, ocurridos en 11 departamentos y dirigidos contra la población civil, en muchos casos contra poblaciones indígenas. En noviembre se inició una desmovilización de 3.000 miembros de las AUC en distintas zonas del país, todavía sin definir un marco legal adecuado.

9. Paralelamente al proceso de negociación con las AUC, se hizo de mayor conocimiento público la expansión y consolidación de los grupos paramilitares en varias partes del país. Se conocieron actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas y el contrabando de armas, así como el control que estos grupos ejercen sobre las Administradoras de Régimen Subsidiado (ARS) en distintas regiones. También se tomó conocimiento de los vínculos de jefes paramilitares con sectores políticos y miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de la Fiscalía en el departamento de Norte de Santander. Se puso cada vez más en evidencia los intereses de los grupos al margen de la ley vinculados con el narcotráfico, lo cual en particular se reflejó en las disputas y enfrentamientos entre grupos paramilitares [2]. En este contexto, queda aún por aclarar la suerte del líder de las AUC Carlos Castaño, quien desapareció en el mes de abril.

10. El tercer tema fue la ausencia de avances en materia de negociaciones de paz entre el Gobierno y, respectivamente, las FARC-EP y el ELN. Con el liderazgo de las FARC-EP no hubo, por lo que se sabe, ningún contacto directo por parte del Gobierno. Hubo contactos entre voceros del ELN, representantes del Gobierno colombiano, y representantes del Gobierno de México, país que se comprometió a desempeñarse como facilitador, a través de un enviado especial. El Secretario General continuó con sus buenos oficios, decidiendo que éstos deben mantener un perfil bajo, y que el apoyo de las Naciones Unidas a Colombia debe darse prioritariamente en los temas humanitarios y de derechos humanos. Otros países ofrecieron también sus servicios. La Unión Europea, en el mes de abril, incluyó al ELN en su lista de organizaciones terroristas, donde ya figuraban las FARC-EP y las AUC.

11. Adicionalmente a estos tres temas, el Gobierno continuó la implementación de su política de seguridad. Las medidas incluyeron el aumento del número de los integrantes de los cuerpos militares y policivos. Se adoptaron medidas para hacer más eficaz la capacidad de movilización y de respuesta de la fuerza pública. La Corte Constitucional declaró inconstitucional por vicios de procedimiento la modificación de la Constitución, que permitía a los militares la práctica de detenciones, allanamientos, registros e interceptaciones telefónicas. Según el Gobierno, se incrementó considerablemente el número de personas en la red de informantes y se aumentó el contingente de soldados campesinos. Las autoridades continuaron llevando a cabo masivos e indiscriminados allanamientos y detenciones sin los fundamentos probatorios adecuados. Altos funcionarios del Gobierno se manifestaron públicamente, en algunas ocasiones, en contra de la labor de las organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, lo cual llamó la atención y aumentó las tensiones entre el Gobierno y estas organizaciones. Además, fue descubierta una gran operación (denominada Operación Dragón) de vigilancia y recopilación de información sobre sindicalistas, defensores de derechos humanos, congresistas y un Gobernador, por parte de una empresa privada vinculada con la Empresas Municipales de Cali (EMCALI). Un militar en servicio de alto rango participaba en esta labor de inteligencia. Algunas de las acciones enmarcadas en la política de seguridad fueron implementadas en contravención de anteriores recomendaciones de la Alta Comisionada.

12. La evolución del conflicto armado interno se caracterizó por la consolidación de la presencia de la fuerza pública en las cabeceras municipales, y por el repliegue de las FARCEP y el ELN. A partir de abril de 2004 se puso en marcha el llamado Plan Patriota en el sur del país, la más grande operación militar en la historia moderna colombiana, cuyos objetivos declarados fueron golpear a las FARC-EP en su retaguardia y capturar a sus principales jefes. Bajo la mayor presencia de la fuerza pública, las FARC-EP se replegaron hacia zonas más aisladas y de difícil acceso, lo cual imprimió una dinámica distinta al conflicto armado interno. En la ejecución de este plan se evidenció una falta de coordinación entre la fuerza pública y las instituciones civiles del Gobierno a nivel nacional y local, así como la ausencia de entidades estatales civiles en estas regiones, lo cual también afectó a la población civil. Continuó la presión de las fuerzas militares sobre el ELN. Asimismo grupos paramilitares continuaron su acción contra el ELN. Las FARC-EP y el ELN llevaron a cabo una serie de ataques contra la población civil durante 2004, incluyendo, por parte del primer grupo, varias masacres de civiles y secuestros. En ocasiones se notaron actuaciones conjuntas entre las FARC-EP y el ELN. La fuerza pública golpeó a grupos paramilitares, pero en proporciones menores en comparación con las acciones dirigidas contra las FARC-EP.

13. Hubo reiteradas declaraciones de altos funcionarios del Gobierno que desconocieron la existencia de un conflicto armado interno y afirmaron la existencia exclusiva de una amenaza terrorista contra la sociedad colombiana. Esta nueva caracterización de la problemática existente desde hace varias décadas en el país puede prestarse a confusiones y problemas en varios campos, desde los datos estadísticos hasta las políticas públicas, incluyendo la aplicación con rigor del derecho internacional humanitario. Un ejemplo adicional de riesgo es que los grupos armados ilegales no se sientan responsables de las infracciones que cometen contra la población civil, disminuyendo la eficacia de la protección que estos instrumentos internacionales establecen para las personas que no participan directamente en las hostilidades.

14. Durante 2004 siguieron bajando, a nivel nacional y en comparación con el año 2003, algunos indicadores importantes de violencia, como homicidios en general, masacres y secuestros. En los casos de secuestros y masacres la tendencia de disminución comenzó en el año 2001. La tendencia de disminución de la tasa global de homicidios comenzó en 2002. Es de esperar que estas tendencias positivas se mantengan, tomando en cuenta que los mencionados indicador es de violencia, a pesar de las disminuciones, siguen siendo muy altos. Con referencia a la población desplazada por la violencia se pudo observar que, aunque el número de nuevos desplazados durante 2004 disminuyó en comparación con 2003, el número total de personas desplazadas en el país aumentó.

15. Otros temas en la agenda del Gobierno y el Estado fueron la reforma del sector justicia, incluyendo los preparativos para la implementación del sistema acusatorio, las declaraciones públicas referente a iniciativas dirigidas a restringir el ejercicio de la acción de tutela, limitar el control de constitucionalidad sobre los actos del Ejecutivo y dar a éste influencia indebida en la organización y el funcionamiento de la judicatura. También fueron parte de la discusión política, temas de la agenda social, como el de la reforma tributaria, el de la pobreza, el de la salud pública, el del acceso equitativo a la educación, el del desempleo, y el del déficit habitacional, así como el tema de la extradición. Asimismo, se iniciaron negociaciones con los Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC), lo cual despertó manifestaciones y debates en pro y en contra.

16. Una cuestión de gran actualidad durante 2004 siguió siendo la de un acuerdo entre el Gobierno y las FARC-EP sobre la liberación de las personas privadas de la libertad por parte de este grupo armado ilegal. Hubo iniciativas de la Iglesia y de organizaciones de la sociedad civil encaminadas a una eventual negociación de un acuerdo entre el Gobierno y las FARC-EP, para lograr la liberación de rehenes y otras personas en poder de ese grupo armado ilegal y de guerrilleros presos. Algunas representaciones diplomáticas en el país ofrecieron su apoyo. Ninguna de las propuestas del Gobierno y de las FARC-EP logró avances en la materia.

17. La Alta Comisionada ha exigido con insistencia a los grupos armados al margen de la ley "abstenerse [...] de la práctica inaceptable del secuestro" y "liberar de inmediato y sin condiciones a todas las personas tomadas como rehenes". La oficina en Colombia se pronunció, en noviembre de 2004, sobre este tema en un documento de orientación de diez puntos, recordando las posibilidades que ofrecen los instrumentos internacionales en esta materia. Señaló que ante "la dolorosa ausencia de la libertad incondicional que se debe dar por los grupos armados ilegales, entre ellos las FARC-EP, a las personas retenidas de modo ilegítimo y por la situación infrahumana de los militares y policías en poder de las FARCEP, le compete siempre al Estado colombiano buscar opciones y alternativas para lograr, en satisfactorias condiciones de seguridad, la liberación de esas personas". En el mes de diciembre el Gobierno indultó a 23 miembros de las FARC-EP presos por delitos políticos.

18. En el segundo semestre de 2004 hubo distintas manifestaciones pacíficas con una notable participación de diferentes sectores sociales. Es de destacar la multitudinaria marcha pacífica que se realizó en septiembre, en el suroeste del país, de por lo menos 50.000 indígenas, quienes, durante casi una semana, reclamaron entre otras el respeto a sus derechos humanos, y el reconocimiento de la identidad y autonomía de los pueblos indígenas.

19. En agosto de 2004, la Cámara de Representantes eligió al nuevo Defensor del Pueblo, para un período de cuatro años. Antes de la elección, la oficina en Colombia había enfatizado la necesidad de que la labor de la Defensoría del Pueblo se ajuste a los principios de independencia e imparcialidad para que la institución continúe gozando de la confianza pública y pueda desempañar eficazmente su magistratura de influencia constructiva y de mediación.

20. La comunidad internacional continuó su cooperación con Colombia dando seguimiento a los compromisos acordados en la reunión celebrada en Londres en julio de 2003 y a la declaración de abril de 2004 del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos. En noviembre y diciembre se llevó a cabo una serie de reuniones, por primera vez, entre el Gobierno y organizaciones de derechos humanos, sobre el proceso de implementación de las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En dichas reuniones participaron la oficina en Colombia y representantes diplomáticos de los países que suscribieron la Declaración de Londres (el llamado grupo G-24). Como parte del proceso de seguimiento a esta declaración, el Gobierno de Colombia ha invitado a una reunión internacional en Cartagena de Indias en febrero de 2005.

21. Durante 2004, el Subsecretario General de las Naciones Unidas para asuntos humanitarios visitó el país en mayo, solicitando una respuesta más efectiva a la crisis humanitaria. También visitaron el país dos de los relatores especiales de la Comisión de Derechos Humanos: el Relator Especial para la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, y el Relator Especial para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

II. Politicas Públicas e Implementación de las recomendaciones

22. Las recomendaciones del Alto Comisionado para el año 2004 fueron asumidas como compromisos por parte del Gobierno de Colombia ante la comunidad internacional, a través de la declaración consensuada del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, en abril de 2004 (véase E/2004/23 - E/CN.4/2004/127, párr. 64). En esa declaración se formuló el compromiso de Colombia "de tomar en cuenta e implementar las recomendaciones contenidas en la Declaración del Presidente". Además se hizo "un llamado a la pronta implementación, por todas las partes concernidas, de las recomendaciones concretas y prioritarias para 2004". También la Comisión acogió con beneplácito "el compromiso del Gobierno de Colombia de trabajar en un espíritu constructivo con la oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos humanos para examinar la aplicación y evaluación de las recomendaciones" y consideró que "la reunión del grupo internacional de apoyo, en noviembre de 2004, en Bogotá, será una ocasión adecuada para valorar los progresos realizados al respeto, así como en la aplicación de la Declaración de Londres" (párrafo 37 de la Declaración).

23. La Alta Comisionada mantiene la firme convicción de que la situación en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario podría experimentar una sensible mejora en la medida en que se implementaran las recomendaciones en forma coherente y sostenida. La Alta Comisionada siempre ha subrayado el hecho de que la implementación es un proceso que tomará tiempo; de ahí la importancia de darle un seguimiento preciso y apoyo constante.

24. Durante 2004 hubo esfuerzos por parte de diferentes instancias del Estado colombiano, comenzando con la Vicepresidencia que, por delegación del Presidente, tiene que cumplir con un papel de liderazgo en la materia, para hacer realidad los compromisos asumidos. En varias áreas se tomó, o comenzaron a tomar, medidas para avanzar en el proceso de implementación. En comparación con 2003, en el segundo semestre de 2004 se demostró más interés por parte de varias dependencias del Estado en cuanto a las recomendaciones. A la vez, el proceso fue menos consistente de lo deseado y necesario, dada la gravedad de las problemáticas y el grado limitado de implementación de las recomendaciones del Alto Comisionado, considerando que en 2004 fueron similares a las formuladas en 2003 y en años anteriores. También ese año se caracterizó por la lentitud y las oportunidades perdidas. Hubo ciertas medidas y prácticas que en sí mismas contrarrestaron las recomendaciones y afectaron la situación en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

25. En este contexto, se debe subrayar que los grupos armados ilegales, de las FARC-EP, el ELN y las AUC y otros grupos paramilitares, desatendieron totalmente las recomendaciones dirigidas a ellos. Estos grupos ilegales continuaron cometiendo graves infracciones al derecho internacional humanitario y mostrando total falta de respeto por los derechos humanos.

26. Al final de 2004 se pudo observar que el cuadro de implementación de las recomendaciones por parte del Estado era mixto y muy variado, lo cual también tuvo sus efectos en cuanto a la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario (ver sec. 3). Es la esperanza de la Alta Comisionada que el Gobierno y el Estado, al adelantar más tempranamente durante 2005 la implementación integral de las recomendaciones, obtendrán resultados consistentes y sostenibles.

27. Con el fin de cumplir con su mandato de observación y seguimiento, y para contribuir con insumos para el trabajo y proceso de implementación pendientes, se presenta a continuación un análisis del impacto de las políticas públicas en relación con las 27 recomendaciones de la Alta Comisionada para el año 2004. La presentación sigue en orden las seis áreas en las cuales las recomendaciones están agrupadas: prevención y protección, el conflicto armado interno, el Estado de derecho y la impunidad, las políticas económicas y sociales, la promoción de una cultura de derechos humanos, y el asesoramiento y cooperación técnica de la oficina en Colombia de la Alta Comisionada.

28. El mayor despliegue militar del Estado en el territorio nacional permitió adoptar con mayor eficacia acciones de prevención y protección de la población civil en las cabeceras municipales. No obstante, en varias zonas rurales, la presencia de la fuerza pública tuvo un carácter esporádico, que en algunos casos aumentó la vulnerabilidad de la población civil. La presión para lograr result ados en el campo militar y policivo, la debilidad y la inconsistencia de los órganos de control y de la Fiscalía, y las atribuciones indebidas que siguen ejerciendo los militares en materia de detenciones y allanamientos afectaron particularmente a grupos vulnerables de la población que hubiesen requerido de una mayor protección. Contribuyó a lo mismo la práctica de capturas masivas o individuales basadas en meras sospechas, testimonios de reinsertados, o como resultado de irregulares informes de inteligencia.

29. La Alta Comisionada toma nota de los esfuerzos positivos del Gobierno en continuar estructurando su respuesta de prevención mediante el fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Alerta Temprana (CIAT). A la vez, el sistema no ha tenido el impacto esperado. En 2003, sobre un total de 84 informes de riesgo se emitieron 32 alertas tempranas (es decir, en un 38% de los casos). Para noviembre de 2004, sobre un total de 54 informes de riesgo, sólo se habían emitido 13 alertas tempranas (es decir, en el 24% de los casos). Han aumentado los casos donde se consuma la infracción advertida a pesar del lanzamiento de la alerta. En 2003, en 37 de las 84 alertas emitidas se consumó la infracción (un 44%). Para agosto de 2004, en 27 de las 54 alertas emitidas se consumó la infracción (un 50%). Ello evidencia una reducción de la capacidad de prevención y protección del CIAT.

30. Continúa siendo muy alto el número de informes de riesgo que no se transforman en alertas por decisión del CIAT y, sin embargo, se consuma la infracción advertida. En 2003, de 32 de informes de riesgo que no se transformaron en alerta, en 10 casos se consumó la infracción (un 31%). Para agosto de 2004, de 13 informes que no se transformaron en alerta, en 6 se consumó la infracción (un 46%). Este importante porcentaje llama a la reflexión sobre los mecanismos internos del CIAT para evaluar los informes de riesgo. Llama la atención que a pesar del proceso de diálogos que se adelanta con los paramilitares, este grupo aparece en el 92% de los casos de informes de riesgo.

31. A pesar de lo anterior, el CIAT sigue siendo un valioso instrumento para atender situaciones difíciles. Es, por lo tanto, imperioso seguir fortaleciéndolo, dotándolo de fundamento legal, de mejores mecanismos de seguimie nto y evaluación, así como garantizando el financiamiento en presupuesto nacional. Adicionalmente, cabe señalar que el sistema de alertas tempranas presenta debilidades para identificar los riesgos, amenazas y especial vulnerabilidad de las mujeres y, por consiguiente, para considerar la especificidad de la violencia de género en el marco del conflicto armado [3].

32. En materia de prevención merece destacarse, en consonancia con la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, el fortalecimiento por la Defensoría del Pueblo del mecanismo de defensores comunitarios, que en 2004 pasaron de 7 a 17 gracias al apoyo de la comunidad internacional. Sin embargo, la Procuraduría General y la Defensoría no han podido expandir su presencia y acompañar de manera adecuada en aquellas regiones de mayor presencia militar, así como en aquellas de alto índice de población indígena, afrocolombiana y desplazada.

33. Las políticas del Estado en materia de protección se desarrollaron principalmente a través de los programas de protección de grupos vulnerables, a cargo del Ministerio del Interior [4]. El Gobierno tomó varias medidas para fortalecer esos programas, aunque no logró resolver algunas dificultades, como las relacionadas con el tema de escoltas de confianza, en concertación con los grupos afectados. Han aumentado las solicitudes para recibir protección del programa por parte de sindicalistas, las de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, de periodistas y de ex alcaldes. Han disminuido las solicitudes de parte de ONG y de funcionarios públicos en ejercicio (alcaldes, concejales, diputados, personeros entre otros). La oficina recibió informaciones de posibles filtraciones de información confidencial en el seno del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CRER) y el incremento de personas vinculadas al Programa que han sido víctimas de homicidios.

34. Sigue planteándose una debilidad en lo que respecta a acciones para disminuir los factores de riesgo. Es aconsejable que, más allá de la realización de reuniones regionales de distensión y de acercamiento entre las autoridades locales, la fuerza pública, los defensores de derechos humanos, sindicalistas y otros líderes sociales, se den instrucciones claras e inequívocas para que los servidores públicos se abstengan, so pena de sanción disciplinaria, de cuestionar la legítima labor de esos ciudadanos, y así honrar el compromiso asumido por Colombia en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de asegurar "que no se hagan declaraciones públicas generalizadas que puedan poner en riesgo los derechos de quien se dedique a defender los derechos humanos o actividades sindicales" y a "profundizar el diálogo con la sociedad civil" (párrafo 32 de la declaración del Presidente de la Comisión).

35. El Gobierno impulsó prioritariamente una política de retornos de las comunidades desplazadas. Sin embargo, no siempre se han considerado adecuadamente la voluntad, la dignidad y la seguridad de las personas que retornan. No se tomó debidamente en cuenta la sentencia T-025 de 22 de enero de 2004, mediante la cual la Corte Constitucional dispuso que, a más tardar el 31 de marzo del mismo año, el Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia precisara la situación de los desplazados inscritos en el Sistema único de Registro y adoptara las medidas necesarias para asegurar los recursos destinados a atenderlos. También dispuso la sentencia que diversos organismos del Estado realizaran, dentro del año siguiente a la comunicación del fallo, todos los esfuerzos necesarios para asegurar el logro de la meta presupuestada por ellos para atender esa población. En septiembre de 2004 la Corte urgió al Gobierno a presentarle el programa de acción y el cronograma que debía elaborar en cumplimiento de la citada decisión. En diciembre, la Corte volvió a pronunciarse solicitando información al Gobierno sobre las acciones tomadas en cumplimiento de la mencionada sentencia.

36. El sistema de las Naciones Unidas ha unido esfuerzos con el Gobierno y organizaciones de la sociedad civil con el fin de impulsar un Plan de Acción Humanitaria 2005, que busca una respuesta conjunta y más eficiente frente a la crisis humanitaria en Colombia, de manera compatible con las normas y principios internacionales. Al momento de finalización del presente informe la concertación de dicho Plan quedaba todavía pendiente.

37. En los últimos meses de 2004 se registró un aumento en la muerte de líderes indígenas, para varios de los cuales había dictado medidas cautelares la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), especialmente en las comunidades embera chami y kankuamas, estos últimos con medidas provisionales de la Corte Interamericana. También se registró un aumento de secuestros de embera katíos. Desde 2003, el Gobierno no ha logrado consensuar una propuesta de plan de acción para los pueblos indígenas.

38. Ha sido positiva la convocatoria del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CRER) para atender la situación específica de los indígenas. Sería aconsejable dar a otros grupos, como el de las mujeres víctimas de amenazas y atentados, respuestas que consideren sus necesidades específicas en materia de prevención y protección.

39. La Alta Comisionada toma nota de que el Ministro de Defensa, por instrucción del Presidente, ha dispuesto excluir de los archivos de inteligencia aquellas informaciones que afectan a la intimidad y la seguridad de los defensores de derechos humanos, sindicalistas y otros líderes sociales. También toma nota de la comunicación del Procurador General en el sentido de querer acompañar esta tarea mediante un procedimiento mutuamente acordado con el Ministro de Defensa. Al respecto hubo reuniones de trabajo, sin embargo al finalizar este informe no se conoció todavía cuales serán los procedimientos para esta labor importante de la Procuraduría. La Alta Comisionada considera urgente avanzar en la tarea de clarificar el contenido de los archivos de inteligencia militar, para así evitar que este tipo de informes continúe utilizándose de manera indebida, como lo ejemplifican las quejas e informaciones directas que su oficina ha recibido sobre la utilización exclusiva de estos informes para la realización de capturas masivas, de allanamientos, y como sustento de acusaciones.

40. La Alta Comisionada no ha conocido avances en el cumplimiento de la obligación de sancionar disciplinariamente a los servidores públicos que con sus declaraciones, acciones u omisiones descalifiquen o pongan en riesgo la labor de los defensores de derechos humanos.

41. En cuanto a la recomendación de llevar a cabo un estudio independiente para desarrollar en forma integral la formación de los miembros de la fuerza pública en derechos humanos y derecho internacional humanitario, sigue pendiente una respuesta positiva del Ministro de Defensa a un proyecto de cooperación presentado por la Oficina de la Alta Comisionada desde 2003.

42. Los mandos y miembros de los grupos armados al margen de la ley, las FARC-EP, el ELN y las AUC, han persistido en el incumplimiento de sus obligaciones en materia de derecho internacional humanitario. Todos ellos siguieron cometiendo graves infracciones de las que fue víctima la población civil, entre ellas actos de terrorismo, homicidios de personas protegidas, toma de rehenes, utilización de minas antipersonal, reclutamiento de niños y niñas, violencia sexual, y bloqueos de alimentos o medicinas (véase sec. 3). Por la gravedad de los hechos sucedidos en este período la Oficina de la Alta Comisionada ha sugerido al Gobierno, en varias ocasiones, analizar la conveniencia de retirar la salvedad formulada al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que limita por siete años la competencia de la Corte para juzgar los crímenes de guerra cometidos en Colombia.

43. La Alta Comisionada acogió positivamente las medidas tomadas por el Gobierno para destruir las minas antipersonales almacenadas, en cumplimiento de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, el Almacenamiento, la Producción y la Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (Convención de Ottawa). Es necesario continuar los esfuerzos para prevenir y limitar los riesgos que las minas sembradas continúan representando para la población civil, en especial para los desplazados y retornados.

44. En el marco de las operaciones militares (entre otras el Plan Patriota) para controlar el territorio y asestar golpes a los grupos armados ilegales, las Fuerzas Militares han actuado, en ocasiones, inobservando los principios humanitarios de limitación, distinción, proporcionalidad y protección de los civiles. En algunos casos impidieron el acceso humanitario a las poblaciones expuestas. Ha habido denuncias de la población civil del atropello por parte de los llamados "soldados campesinos". La falta de una capacitación adecuada en el respeto de los derechos humanos es probablemente una razón detrás de muchos de estos atropellos y violaciones.

45. La poca claridad en versiones públicas sobre varios operativos, las apresuradas declaraciones de los mandos para culpabilizar a personas civiles y exonerar de responsabilidad a miembros de los cuerpos armados, y el traslado a la jurisdicción penal militar de procesos por hechos constitutivos de graves violaciones de los derechos humanos o de crímenes de guerra (por ejemplo, los procesos por los hechos de Guaitarilla, Cajamarca y Arauca), constituyen retos pendientes para el Estado en cuanto al respeto y la garantía de los derechos humanos y la observancia del derecho internacional humanitario. A ello se suman los graves casos de corrupción interna, ciertos abusos cometidos durante la ejecución del Plan Patriota y el conocimiento de continuos nexos de miembros de la fuerza pública con grupos paramilitares.

46. El Gobierno continuó promoviendo la desmovilización de miembros de grupos armados ilegales. Para ello presentó en abril una segunda versión del proyecto sobre un marco legal de "justicia y verdad" -inicialmente llamado de "alternatividad penal" y presentado en 2003, en cuya ocasión, la oficina no fue consultada o invitada a prestar su asesoría- que tomó en cuenta algunas observaciones de la oficina, que significaron avances.

47. Sin embargo, se requiere seguir adecuando el proyecto a los estándares internacionales. Por otra parte, al finalizar el presente informe no se había presentado todavía por parte del Gobierno, en el Congreso, una iniciativa legislativa para honrar adecuadamente los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación a las víctimas como base de un marco jurídico para cualquier proceso de negociación y desmovilización. Sin embargo, algunos congresistas presentaron unos proyectos y anteproyectos antes de finalizar la legislatura. Entre éstos se destaca un anteproyecto de ley, elaborado por un grupo de congresistas, el cual reunía positivamente la normativa internacional en la materia. La Alta Comisionada espera que se logre cuanto antes un marco jurídico adecuado, que honre los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas. Tal marco, al respetar los instrumentos internacionales contribuiría fructíferamente a los procesos de negociación.

48. Durante 2004, se han impulsado varios proyectos en los cuales hubiera sido aconsejable haber tenido en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Aun cuando algunos de estos proyectos no han prosperado, varios se han orientado hacia una sobrevaloración de las funciones militares y a limitar o reducir las garantías judiciales de los ciudadanos, elementos de importancia para el estado de derecho.

49. El 30 de agosto la Corte Constitucional declaró inconstitucional por vicios de procedimiento el Acto Legislativo N.º 02 de 2003, que otorgaba, de manera no compatible con los tratados internacionales, facultades de policía judicial a los militares, y permitía la práctica de detenciones, allanamientos, registros e interceptaciones telefónicas sin mandamiento judicial. De esta manera quedó sin sustento el proyecto de ley estatutaria que reglamentaba dichas facultades.

50. Se ratificó la Conve nción de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención, así como la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra personas discapacitadas. El Congreso aprobó la Convención Interamericana sobre terrorismo, y debatió el proyecto de ley aprobatoria del Protocolo Facultativo de la Convención Internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Se presentó al Congreso un proyecto de ley que modifica el tipo penal de trata de personas en concordancia con las normas internacionales sobre la materia.

51. El Congreso aprobó la Ley N.º 906 de 2004, por la cual fue adoptado el nuevo Código de Procedimiento Penal, que entrará en vigor, de manera progresiva, en enero de 2005. Dicho código ha sido demandado ante la Corte Constitucional por violatorio a los derechos a la igualdad, al debido proceso y las garantías judiciales. También se modificó, mediante Decreto N.º 2636 de 2004, el Código Penitenciario y Carcelario. éste otorga indebidamente funciones de policía judicial a los directores general, regionales y de prisiones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para la investigación de delitos cometidos al interior de los penales.

52. No se han observado avances significativos en materia de reforma del Código del Menor, en seguimiento a las recome ndaciones del Comité de los Derechos del Niño. Sigue pendiente la ratificación de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada y del Convenio N.º 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. No se han registrado acciones conducentes al reconocimiento de la competencia cuasi judicial de los comités de vigilancia de los tratados.

53. La Alta Comisionada ha conocido algunas propuestas tendientes a reducir las facultades de la Corte Constitucional. Aunque éstas no se concretaron, quiere subrayar que en un Estado de Derecho las garantías en el ejercicio de las funciones de control son fundamentales para fortalecer y dar legitimidad a las propias políticas de seguridad del Gobierno. Además, quiere resaltar la importancia de la labor de la Corte Constitucional para que el Estado colombiano continúe defendiéndose contra los grupos armados ilegales con métodos dignos de un Estado de derecho.

54. El Estado ha realizado algunas acciones orie ntadas a promover la perspectiva de género en los campos político, económico, social y cultural. Es de destacar la puesta en marcha, en mayo de 2004, del Observatorio de asuntos de género, creado para investigar, documentar, sistematizar, analizar y hacer visible la situación de las mujeres y de la equidad de género en Colombia. Sigue habiendo lagunas y debilidades para hacer efectiva la dimensión de género en otras políticas públicas como las referidas a la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la atención de la población desplazada y los programas de reinserción y desmovilización.

55. En cuanto a la política de lucha contra la impunidad, las actividades desplegadas por la Vicepresidencia y su Programa de lucha contra la impunidad, y el trabajo en el seno del Comité Especial de impulso de las investigaciones de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, lograron avances en las investigaciones de varios casos, principalmente mediante el desarrollo de diligencias judiciales que permitieron capturas y resoluciones de acusación. Es de esperar que estos avances resulten prontamente, en varios procesos judiciales finalizados.

56. En noviembre la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió una sentencia por la cual se confirmó la absolución de Carlos Castaño (líder desaparecido de las AUC), acusado de ser autor intelectual del homicidio del senador Manuel Cepeda en 1994. Esta decisión llama la atención tomando en cuenta la problemática reinante de la impunidad en el país. En otro caso, se registró la supuesta fuga de prisión del militar condenado por el atentado al entonces sindicalista y hoy congresista Wilson Borja.

57. Cabe destacar la creación de cuatro nuevas subunidades regionales de derechos humanos de la Fiscalía General, así como la creación, en seguimiento de la recomendación de la Alta Comisionada, de una subunidad central de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario encargada de impulsar las investigaciones sobre nexos entre servid ores públicos y grupos armados al margen de la ley [5]. A lo largo de 2004 se puso en evidencia la necesidad de contar, cuanto antes, con una carrera en la Fiscalía General que refuerce las garantías de independencia de los fiscales. Durante 2004 varios de ellos perdieron sus puestos por decisión discrecional del Fiscal General, sin proceso disciplinario alguno. En el marco del acta de entendimiento suscrita con la Fiscalía General para el seguimiento de las recomendaciones de la Alta Comisionada, la oficina ha presentado observaciones y recomendaciones en relación con el diseño e implementación de una carrera fiscal. La Alta Comisionada considera que éstas pueden aportar luces positivas a los desafíos en términos de independencia judicial y de lucha contra la impunidad.

58. La Alta Comisionada ha notado un debilitamiento de los procedimientos judiciales mediante la utilización frecuente, de manera poco rigurosa, de testimonios de personas desmovilizadas o reincorporadas, así como de archivos de inteligencia militar. Hasta el momento la oficina no ha podido registrar medidas eficaces por parte del Estado para sancionar a los servidores públicos involucrados en esas irregularidades procesales. En dichos procesos figuraban varias veces como sindicadas personas pertenecientes a organizaciones de derechos humanos y de sindicatos.

59. La situación carcelaria continuó siendo crítica. El Procurador General ha emitido alertas de riesgo de violación de los derechos humanos en las prisiones del país, provocados por los problemas que se derivan del hacinamiento, la insalubridad y el aislamiento. Para enfrentar esta situación el Ministerio del Interior y de Justicia y el INPEC necesitan seguir tomando medidas para definir e implementar una política penitenciaria y carcelaria más acorde a la normatividad internacional.

60. La Alta Comisionada no tuvo conocimiento de las acciones emprendidas por parte del Ministro de Defensa en cuanto a emplear la suspensión en el servicio como medida preventiva en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, se conoció de la aplicación de esta medida preventiva y hasta de retiro de miembros de la fuerza pública por casos de corrupción, faltas en el servicio y lesiones, entre otros.

61. La Alta Comisionada ha podido observar que necesitan fortalecerse las políticas gubernamentales en materia de lucha contra el paramilitarismo y, en particular, contra nexos de servidores públicos con los grupos paramilitares. Cabe anotar el mayor grado de infiltración e influencia de esos grupos en varios niveles de la administración departamental y local, así como a nivel social. Las políticas del Estado todavía no han podido enfrentarse suficientemente a los grupos paramilitares a nivel nacional o regional. Esta situación continúa siendo un riesgo para el Estado de derecho.

62. En relación con la desmovilización de los paramilitares, no se ha aclarado la situación jurídica de cada uno de los desmovilizados, incluyendo aquellos que han podido cometer graves crímenes constitutivos de crímenes de guerra o de lesa humanidad. Tampoco hay mucha claridad en cuanto al tratamiento que se otorga a los vínculos de los desmovilizados con el narcotráfico. Estas ausencias tienden a contribuir a la impunidad.

63. Queda pendiente una tarea de grandes implicaciones, como frenar, contrarrestar y abolir la fuerte influencia del paramilitarismo en varios lugares, administraciones e instituciones del país. Una parte de esta tarea es la necesidad de tomar medidas más concretas y adecuadas para cortar los nexos de servidores públicos con los grupos paramilitares. También debe evitarse por parte de funcionarios del Estado expresiones de complacencia o entendimiento con el paramilitarismo.

64. La política económica y social adoptada por el Gobierno no permitió asegurar avances necesarios en la disminución de la brecha de inequidad, enfrentar la extrema pobreza, disminuir los índices de analfabetismo y desocupación, y aumentar el acceso a la salud y a la vivienda. Las cifras oficiales indican que se lograron avances en cuanto al número de cupos escolares de la educación primaria. A pesar de esto, más de 300.000 niños y niñas en la edad primaria no estaban matriculados. No hubo avances en cuanto a que la educación primaria deberá ser gratuita.

65. Según el indicador de la línea de pobreza (LP) el 64% de la población vive en condiciones de pobreza. Según la Contraloría General el 31% de los colombianos pobres se encuentran por debajo de la línea de indigencia [6]. Adicionalmente al alto grado de pobreza, la brecha de inequidad sigue siendo grande. Según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el 20% de la población más pobre percibe el 2,7% de los ingresos totales de la nación, mientras que el 20% de la población más rica concentra casi el 62% [7]. El Banco Mundial sitúa a Colombia con el coeficiente de Gini de distribución de riqueza como el tercer país más desigual del continente americano [8].

66. El crecimiento económico de alrededor de un 3,6% durante 2004 no parece haber aumentado la generación del empleo formal y su formalización. Persisten altas cifras de desempleo y subempleo [9]. Esta situación también tiene un impacto sobre los derechos a la salud, a la seguridad social y a la vivienda, ya que el sistema general de seguridad en salud, el sistema de pensiones y los procedimientos crediticios de las entidades bancarias presentan barreras para las familias pertenecientes al sector informal de la economía. Durante 2004 los problemas del sistema de pensiones se hicieron más nota bles.

67. La cobertura del sistema de salud sigue siendo muy baja [10]. Casi el 40% de la población total no está afiliada. Durante el año se empeoró la situación hospitalaria, en particular por la precariedad de recursos y servicios.

68. Se observó un aumento en el nivel de la construcción de viviendas. Sin embargo, éste benefició particularmente a los estratos más altos [11].

69. Cabe destacar la incorporación de la perspectiva de género en el análisis de las estadísticas realizadas por el Departamento Administrativo de E stadística Nacional (DANE). Se espera que los cambios previstos por la nueva dirección del DANE no afecten esa importante iniciativa para poder evaluar el impacto diferenciado de las políticas públicas. También se espera que para el censo previsto para el año 2005, esta institución se beneficie adecuadamente de los preparativos hechos por parte de la dirección anterior del DANE. ésta venía trabajando desde hace varios años en la construcción de la metodología, de los indicadores y de las variables socioe conómicas del censo. Para desarrollar una política económica y social consistente que logre avances en cuanto a los derechos al trabajo, a la salud, a la educación y a la vivienda, entre otros derechos económicos y sociales, se necesita tener un censo que adecuadamente pueda recoger y proporcionar los datos relevantes.

70. El Gobierno realizó actividades encaminadas a concertar con las instituciones del Ejecutivo un diseño de un Plan Nacional de Acción en materia de derechos humanos. La Alta Comisionada confía que se amplíe la participación de otras instituciones estatales y se asegure la participación de las organizaciones de la sociedad civil para lograr un plan concertado entre todos. Confía, además, en que las políticas públicas incorporen las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, así como la perspectiva integral de género. Esta última debe permitir contrarrestar la discriminación y los estereotipos culturales existentes contra la mujer. Cabe señalarse la suscripción de un convenio marco de cooperación entre la Vicepresidencia y la oficina en Colombia, en diciembre de 2004, para que esta última preste su asesoría en esa materia.

71. Cabe destacar el trabajo de diseño del Plan Nacional en educación en derechos humanos, impulsado por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Educación, con el acompañamiento de otras dependencias del Ejecutivo, así como de representantes de la sociedad civil. La Alta Comisionada confía en que una pronta finalización y divulgación del plan permita hacer los ajustes necesarios a fin de iniciar cuanto antes el proceso de implementación participativa del mismo.

72. La Alta Comisionada, a través de la presencia permanente de su oficina, ha continuado apoyando al Gobierno y al Estado en el diseño y la aplicación de las políticas y programas destinados a mejorar la situación humanitaria y de derechos humanos. Su oficina ha prestado asesoría y cooperación técnica a las autoridades nacionales con el fin de promover, en particular, la implementación de las recomendaciones internacionales. La Alta Comisionada toma nota de que el instrume nto de asesoría y de cooperación que representa la oficina debe ser más aprovechado por el Gobierno y las instituciones del Estado colombiano.

III. Situación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario

73. Las acciones y omisiones que afectan a derechos consagrados en instrumentos internacionales de derechos humanos o en normas del derecho internacional general constituyen violaciones de éstos cuando tienen por autores a servidores públicos o se realizan con la aquiescencia de las autoridades. La responsabilidad por esas violaciones será por omisión cuando se incumpla el deber de garantía, en la medida en que este incumplimiento no sea deliberado y que no haya participación de agentes estatales en la preparación, comisión o encubrimiento. La responsabilidad será por acción cuando agentes estatales se vean involucrados en la preparación de los hechos, la participación en los mismos, o en el encubrimiento o protección de sus autores. Muchas de las violaciones, por su carácter grave, masivo o sistemático, constituyen crímenes de lesa humanidad, y son susceptibles de ser juzgadas por la Corte Penal Internacional.

74. En el marco del conflicto armado colombiano, las infracciones al derecho internacional humanitario son acciones u omisiones contrarias al artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a su Protocolo adicional II, y al derecho consuetudinario. Todas las partes participantes en las hostilidades, ya sea el Estado o los grupos armados ilegales (guerrillas o paramilitares), deben conformarse a las obligaciones impuestas por el derecho internacional humanitario. Muchas de las infracciones señaladas en este informe, cometidas como parte de un plan o política, o como parte de la comisión en gran escala, constituyen crímenes de guerra. Varias de esas infracciones podrían constituir igualmente crímenes de lesa humanidad.

75. En su trabajo, y para formular observaciones, valoraciones y recomendaciones, la Alta Com isionada se basa especialmente en tres fuentes: estudia detenidamente los datos y las estadísticas oficiales; realiza una observación directa, sistemática y analítica en todo el país; y efectúa el procesamiento riguroso de quejas, conforme a definiciones claras establecidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario.

76. Al estudiar la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario se debe destacar que no existe en Colombia un sistema de estadísticas oficiales que cubra adecuadamente las violaciones y las infracciones conforme a los instrumentos internacionales.

77. En cuanto a los derechos humanos, tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales, las estadística s pocas veces incluyen indicadores relevantes de violaciones a los mismos. En general no se utilizan parámetros acordes con la normativa internacional de derechos humanos, ni criterios unificados para el procesamiento de la información.

78. En cuanto a infracciones del derecho internacional humanitario, las estadísticas oficiales se refieren casi exclusivamente a conductas de los miembros de los grupos armados ilegales. Además, esas estadísticas no cubren correctamente ciertas infracciones al derecho interna cional humanitario, como las torturas, los ataques y amenazas contra la población civil, los ataques indiscriminados, los ataques contra bienes civiles, los ataques contra la misión médica, los ataques a la integridad y dignidad personales y el reclutamiento de menores.

79. Las estadísticas relacionadas con violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario presentan debilidades, omisiones, inexactitudes y contradicciones.

80. Por lo expuesto, se deduce que es importante evitar hacer inferencias de estadísticas sin un análisis contextual adecuado, ya que esto puede conducir a falacias o conclusiones apresuradas e inexactas. Para comentar o valorar desde el enfoque de los derechos humanos los efectos de una política estatal de seguridad, es necesario contar con estadísticas rigurosas hechas a partir de datos y conceptos adecuados y precisos.

81. Las anteriores observaciones se hacen con el propósito de alentar a que se desarrolle un sistema oficial de estadísticas que cubra adecuadamente la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Para contribuir a esto la Alta Comisionada ha incluido una nueva recomendación precisa al respecto [13].

82. La situación de los derechos humanos continuó siendo crítica, tanto en cuanto a los derechos civiles y políticos como a los derechos económicos, sociales y culturales.

83. No obstante los esfuerzos para fortalecer el respeto de los derechos humanos, en 2004 se registraron denuncias de violaciones al derecho a la vida, a la integridad, a la libertad y seguridad personales, al debido proceso, al respeto de la vida privada y de la intimidad, así como a las libertades fundamentales de circulación, residencia, opinión y expresión. Varios de los casos que reflejan esta situación están desarrollados en el anexo II de este informe.

84. La oficina en Colombia continuó registrando denuncias [15] de violaciones de derechos humanos atribuidas a la acción directa de servidores públicos, en particular de miembros de la fuerza pública. A otras instituciones estatales, como la Fiscalía General, se les atribuyó responsabilidad por haber estado asociadas a esas acciones o directamente involucradas en la práctica de las mismas. Varias de las acciones afectaron a grupos vulnerables, entre ellos defensores de derechos humanos, sindicalistas, comunidades indígenas y afrocolombianas, periodistas, personas detenidas, mujeres, líderes sociales, y personas víctimas de abusos por su orientación sexual. En algunos casos, la acción omisiva de las autoridades o la complicidad con miembros de grupos armados al margen de la ley, en particular de paramilitares, comprometió la responsabilidad del Estado.

85. Se observó un incremento, comparado con 2003, de denuncias de ejecuciones extrajudiciales y violaciones al debido proceso. Siguió siendo alto el registro de denuncias de detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y desapariciones forzadas. También se registró uso excesiv o de la fuerza y otros abusos de autoridad en la represión de actos de protesta, y atentados a la libertad de opinión y expresión. Igualmente se registraron violaciones a la integridad y dignidad personales mediante actos de violencia sexual. Muchas de éstas se atribuyeron a miembros de las fuerzas militares.

86. En el caso de la muerte de cinco campesinos en Cajamarca (Tolima) en abril, las autoridades trataron inicialmente, y con inusitada rapidez, de justificar las muertes como consecuencia de un combate o producto de un error militar. En otro controvertido incidente, en marzo, miembros del Ejército dieron muerte a siete policías y cuatro civiles en Guaitarilla (Nariño). Llamaron la atención los casos de ejecuciones extrajudiciales de personas cuyos cuerpos posteriormente fueron presentados ante los medios como guerrilleros o paramilitares abatidos en combate. La Fiscalía General abrió investigación por homicidio a efectivos del batallón Reveiz Pizarro, por la ejecución extrajudicial de tres sindicalistas en Arauca (Arauca), en el mes de agosto, al considerar que nunca existió el combate alegado por los militares implicados y otras autoridades del Gobierno y, por el contrario, lo que se produjo fue una ejecución extrajudicial.

87. Repetidas informaciones recogidas por la oficina, así como la observación directa en el terreno, indican que continúan dándose casos de vínculos entre los grupos paramilitares y servidores públicos, tanto miembros de la fuerza pública como otros funcionarios del Estado [16]. Si bien se adelantaron algunas acciones, como en el caso de la ciudad de Cúcuta, en la mayoría de los casos no se registraron medidas para sancionar adecuadamente estas conductas, y en ocasiones las autoridades civiles o militares negaron los hechos, sin haber invest igado debidamente los casos denunciados.

88. La administración de justicia se vio afectada principalmente en materia de independencia e imparcialidad judicial, respeto al debido proceso y a las garantías judiciales, así como de la presunción de inocencia. Persistieron los problemas de acceso a la justicia en varias regiones del país y altos índices de impunidad de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

89. Se registraron denuncias de violaciones a la independencia judicial que vincularon a fiscales destacados ante órganos de seguridad, situación que compromete la autonomía de éstos -sobre todo en casos que involucran a miembros de esas instituciones- en particular por estar ubicados en las instalaciones de esos órganos. Esto limita, además, el acceso de las víctimas y testigos a prestar declaraciones sin temores ni exposiciones adicionales de riesgo. Otras denuncias en materia de independencia judicial cuestionaron la declaración de insubsistencia de varios fiscales que perdieron sus empleos -varios de ellos luego de haber sido obligados a someterse a la prueba del polígrafo- sin que medie una investigación que determine su actuación irregular, y que garantice que esas decisiones no obedezcan a otras razones, como por ejemplo las vinculadas al curso de las investigaciones a cargo de fiscales.

90. La oficina continuó conociendo quejas de casos de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario investigados indebidamente por la justicia penal militar, en particular casos de homicidios de personas protegidas. Las instituciones no actuaron de manera consistente. En algunas oportunidades, la Fiscalía General reclamó su competencia y en otras consideró que ésta no le correspondía. Igualmente, el Consejo Superior de la Judicatura resolvió conflictos de competencia sobre situaciones similares, que manifiestamente se referían a violaciones de derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario, unos a favor y otros en contra de la jurisdicción ordinaria.

91. No obstante, cabe señalar los avances en la investigación adelantada por la Fiscalía General en el caso de las ejecuciones de los sindicalistas en Arauca, así como la decisión del Consejo Superior de la Judicatura de atribuir la competencia del caso de Cajamarca a la justicia ordinaria, modificando su decisión anterior. Es de destacar que la Procuraduría General solicitó, en noviembre, a la Justicia Penal Militar que revocara su decisión de archivar la investigación contra 12 militares implicados en el caso de Guaitarilla.

92. Varias denuncias de homicidios, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias por miembros de la fuerza pública fueron remitidas por la Procuraduría General para ser investigadas disciplinariament e por la Policía o el Ejército, según el caso. Llama la atención el archivo de algunos procesos disciplinarios, inclusive en casos en los que la justicia sancionó penalmente a los servidores públicos responsables. Se destacan, por otra parte, las actuaciones de la Procuraduría en el avance o la conclusión de algunos procesos como en el caso de Bojayá.

93. Funcionarios de la Fiscalía General continuaron protagonizando o apoyando la práctica de detenciones masivas, así como de detenciones individuales y allanamientos basados en investigaciones e indicios poco sólidos, en informes de inteligencia militar, en señalamientos anónimos o en testimonios de dudosa credibilidad. Se denunció que, en reiteradas ocasiones, se dieron órdenes de captura en blanco, o éstas se emitieron con posterioridad a las actuaciones, con la tolerancia o la implicación directa de los fiscales. Se ha observado la utilización frecuente de los testimonios de personas desmovilizadas, reinsertadas o reincorporadas en distintos procesos judiciales. Se denunciaron casos de desmovilizados que dieron falsos testimonios a cambio de dinero o de beneficios judiciales. Varios de esos procesos afectaron a personas miembros de organizaciones de derechos humanos o de sindicatos. Es de mencionar la captura, en el mes de agosto, de un reinsertado, testigo en diversos procesos, del que se denunció el cobro de dinero por sus falsos testimonios. La oficina tuvo conocimiento de la existencia de archivos de inteligencia militar en los que se señalaba a organizaciones de derechos humanos como vinculadas con grupos guerrilleros [17].

94. La práctica de detenciones individuales y masivas por parte de miembros de la fuerza pública, en particular por miembros del Ejército Nacional, con base en los precarios fundamentos antes referidos, con o sin autorización judicial, continuó afectando principalmente a los civiles que viven en regiones de continua presencia o dominio guerrillero. Llama la atención que la mayoría de las privaciones de libertad de las personas se generan por fuera del sistema judicial. Según información de la Policía Nacional, sólo un 17% de unas 259.400 capturas, realizadas hasta el 10 de octubre de 2004, fueron en seguimiento de órdenes judiciales previas, mientras que la abrumadora mayoría del 82% (unas 205.300) figura como "capturas en flagrancia". De las personas capturadas por los diferentes organismos de seguridad del Estado y puestos a disposición de la Fiscalía, alrededor del 8% lo fueron con órdenes de captura, y un 2% por detención administrativa, el resto habrían sido capturados en flagrancia. Llama la atención la aplicación inadecuada del concepto de flagrancia utilizado, ya que se registra que más del 50% de la capturas están relacionadas con sospechas de pertenecer a los grupos armados al margen de la ley [18].

95. El Procurador General y el Defensor del Pueblo llamaron la atención, en varias oportunidades, sobre los excesos cometidos durante la realización de procedimientos particularmente vinculados a capturas masivas [19]. Las detenciones arbitrarias, caracterizadas por la precariedad de los indicios, y las irregularidades y manipulaciones procesales, no sólo violan la presunción de inocencia de las personas, sino también provocan la estigmatización que genera el despliegue periodístico y público del nombre, y a veces foto o imagen, de las personas detenidas. Esto ubica además a esas personas en una situación de riesgo que puede llevar hasta la muerte, como ocurrió con el profesor Alfredo Correa de Andreis, víctima de homicidio un mes y medio después de haber sido puesto en libertad por orden de la Fiscalía.

96. En algunos casos se denunció la participación directa de servidores públicos en la manipulación de testigos y pruebas, agravando la credibilidad de la actuación judicial. La Procuraduría General observó, en un informe sobre la investigación en el caso de Guaitarilla, que todas las instituciones intervinientes cometieron irregularidades. Varias denuncias atribuyeron también a miembros de las fuerzas militares la manipulación de pruebas, la alteración de la escena del crimen, y otras irregularidades en la ejecución de las diligencias y operativos. No se conocen acciones tomadas contra los funcionarios judiciales ni contra los miembros de la fuerza pública responsables de esas irregularidades. Se denunciaron, en ciertas zonas, casos de falta de cumplimiento por parte de fiscales de su obligación de realizar levantamientos de cadáveres y de casos de obstaculización por parte de miembros de la fuerza pública.

97. Adicionalmente, resulta notable que algunos casos denunciados de violencia sexual contra mujeres y niñas no fueron adecuadamente investigados. En cambio, las víctimas tendieron a ser estigmatizadas, y en ocasiones incluso se abrieron investigaciones en contra de ellas. En un caso de acusación de rebelión contra una mujer de la que abusó sexualmente un miembro de la guerrilla, se denunció que funcionarios del DAS y de la Fiscalía General habrían participado directamente en irregularidades procesales, según se desprende del mismo pronunciamiento judicial que revocó la medida de aseguramiento. No se registraron medidas eficaces para sancionar a los servidores públicos involucrados en esas irregularidades así como para prevenir la recurrencia de éstas. Con frecuencia no se abren investigaciones. Tampoco se observaron avances en las investigaciones de las denuncias de violencia sexual [20].

98. La situación de derechos humanos en las prisiones del país denota una crisis continua. El crecimiento de la población carcelaria sobrepasa en la actualidad todo límite anteriormente registrado en el país. El porcentaje total de hacinamiento a nivel nacional asciende al 38%, con una población de 68.000 personas sobre una capacidad de 49.600, aunque en las cárceles de Riohacha, Valledupar, Arauca, Bucaramanga, Medellín, Cali e Itaguí, el hacinamiento supera el 100%. Esta misma situación se refleja en las prisiones de mujeres de Cali y Popayán. Las condiciones de hacinamiento extremo son equivalentes a tratos crueles, inhumanos o degradantes. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) registró un alto número de investigaciones disciplinarias que abarcan desde faltas relacionadas con el servicio hasta aquellas que constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes. Muchas de ellas son investigadas por la propia institución, por remisión de la propia Procuraduría General.

99. La mayoría de las violaciones a los derechos de las mujeres y las niñas quedan impunes debido a la falta de investigaciones de oficio, el escaso porcentaje de denuncias, ocasionado por el pudor, la falta de credibilidad en el sistema de justicia, y el subregistro en los casos de muerte o violencia sexual. El acceso y el tratamiento judicial se ven afectados, además, por la ausencia de programas de formación en género a operadores judiciales y la práctica sexista de la justicia, especialmente en el área penal. La adopción de la Ley N.º 882 de 2004, que elimina el maltrato sexual como delito argumentando que todo maltrato sexual es un maltrato físico que ya está penalizado, no es consecuente con las disposiciones internacionales sobre protección a las mujeres y las niñas contra la violencia. Subvalora además la violencia sexual como una problemática específica y grave, desconoce su práctica sistemática, e invisibiliza esta violación de género, contribuyendo a la impunidad.

100. Los derechos de las mujeres, en especial de las madres jefas de hogar, campesinas, indígenas, afrocolombianas y desplazadas, siguen afectados por la discriminación sexual, así como por las distintas formas de violencia de género. La acción de tutela (amparo) ha permitido en algunos casos proteger los derechos de las mujeres y las niñas, y garantizar puntualmente derechos fundamentales.

101. El panorama social y económico continúa mostrando altos niveles de pobreza e inequidad. La disponibilidad, el acceso, la permanencia y la calidad de los derechos al empleo, a la vivienda, a la salud y a la educación distan de ser satisfactorios. Persisten altas cifras de desempleo y subempleo [21], la situación hospitalaria y pensional continúa agravándose, y la cobertura del sistema de salud sigue siendo baja [22]. En materia de derecho a la vivienda se observó un repunte en la construcción, pero éste benefició particularmente a los estratos 4, 5 y 6, mientras que en los estratos 1, 2 y 3 persiste la insuficiente disponibilidad de vivienda propia y de acceso a los subsidios.

102. En cuanto al derecho a la salud, ha sido notoria la utilización de la tutela (amparo) por parte de muchas personas para poder tener acceso a este servicio fundamental [23]. A esta acción pueden acceder mayoritariamente las personas que se encuentran cubiertas por algún tipo de seguro.

103. En materia del derecho a la educación deben destacarse los esfuerzos realizados por el Estado para aumentar la cobertura y mejorar la calidad [24]. A pesar de dichos avances, aún no se cumple la recomendación de garantizar la educación primaria universal y gratuita, ni de reducir la brecha de inequidad [25].

104. La oficina en C olombia siguió registrando graves infracciones por parte de los grupos armados al margen de la ley, en particular por las FARC-EP y los grupos paramilitares, aun cuando varios de estos últimos han declarado un cese de hostilidades. Los grupos armados al margen de la ley persistieron en exponer a la población civil como el blanco principal de sus acciones, a través de ataques indiscriminados, homicidios, masacres, toma de rehenes, actos de terrorismo [27], desplazamientos forzados, utilización de minas antipers onal, reclutamiento de menores, y esclavitud y violencia sexual contra mujeres y niñas. Los civiles, y en particular los grupos étnicos, se vieron afectados por la restricción del transporte de alimentos, medicinas y personas, incluyendo acciones que provocaron el confinamiento o aislamiento de comunidades. Se registró un aumento de infracciones contra maestros, alcaldes y ex alcaldes. Aumentaron las muertes por efecto de minas antipersonal, en su mayoría en las zonas rurales.

105. Con las estadísticas ofic iales existentes no es fácil identificar adecuadamente los indicadores referidos a homicidios de personas protegidas en el marco del conflicto armado interno. El Observatorio de la Vicepresidencia registra durante los primeros 10 meses de 2004 42 masacres con 234 víctimas, siendo Antioquia, Valle, Casanare y Meta los departamentos más afectados. La toma de rehenes siguió afectando a la población civil. La Vicepresidencia registra un total de 1159 rehenes durante los primeros diez meses de 2004, de los cuales el 46% fue liberado por sus captores, el 26% continuaba en cautiverio y el 20% fue rescatado por la fuerza pública. Las FARC-EP continúan siendo los mayores responsables de este crimen entre los grupos armados al margen de la ley [28]. Llama la atención que, a pesar del compromiso del cese de hostilidades y de la anunciada desmovilización, los grupos paramilitares aumentaron el porcentaje de la autoría de esas acciones del 8 al 11% del total de secuestros, superando al ELN (con un 9%) y detrás de las FARC-EP (el 21%).

106. Los atentados contra la dignidad personal y otros atentados contra el pudor contra mujeres y niñas por parte de los grupos armados al margen de la ley continuaron registrándose en distintas zonas del país, generalmente acompañados de toma de rehenes, torturas, desplazamientos, desnudez forzada y otras formas de agresión física, sexual y psicológica. La esclavitud sexual continuó siendo una práctica que afectó los derechos de las mujeres y las niñas, estas últimas casi siempre reclutadas desde los 12 años para dicho fin. Esta práctica está generalmente acompañada de anticoncepción y aborto forzados. Esas situaciones plantean igualmente un alto riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual o VIH. Se denunciaron casos de mujeres en Cúcuta que después de haber sido obligadas a tener relaciones sexuales con los paramilitares fueron declaradas como "objetivo militar" por la guerrilla.

107. Se registraron también infracciones atribuidas a miembros de la fuerza pública que irrespetaron la inmunidad de la población civil, en particular homicidios en personas protegidas, ataques indiscriminados, desplazamientos forzados, bloqueos de comunidades, de alimentos y de medicamentos, y de violencia sexual contra mujeres y niñas.

108. Estos grupos armados ilegales continuaron infringiendo el derecho internacional humanitario y sus principios de limitación, distinción, proporcionalidad y protección de la población civil. Las FARC-EP siguieron cometiendo graves infracciones, tales como homicidios de personas protegidas, masacres, torturas y toma de rehenes que afectaron a muchos civiles, entre ellos, mujeres, población retornada, niños y niñas, y grupos étnicos. Se denunció que en tres oportunidades, dos en el Catatumbo (Norte de Santander) , y una en San Carlos (Antioquia), las víctimas de las masacres fueron personas que se dedicaban al cultivo de la hoja de coca. En otras ocasiones, las víctimas fueron personas desplazadas que habían retornado a sus lugares de origen, supuestamente sin contar con la "autorización" del grupo guerrillero, como sucedió en Antioquia. Igualmente, a los grupos guerrilleros se les atribuyó la responsabilidad de homicidios selectivos y amenazas de muerte que afectaron a servidores públicos, maestros e indígenas, entre otros. Pueden citarse los homicidios del alcalde de Rivera (Huila), en agosto; de un profesor, en abril, en el municipio de Tame (Arauca), y del mamo arhuaco, de 70 años, en noviembre en la Sierra Nevada de Santa Marta.

109. Además de no liberar sin condiciones a las personas tomadas como rehenes y no respetar las normas internacionales que protegen a las que han depuesto las armas o quedado fuera de combate, las FARC-EP, y en menor medida el ELN, continuaron con la práctica de toma de rehenes, con propósitos de extorsión económica y presión política. Se denunciaron torturas y homicidios de rehenes, como en el caso de los cinco rehenes encontrados muertos con señales de tortura en el municipio de Corinto (Cauca), en enero. En el departamento de Arauca se tomaron como rehenes a siete miembros de la misión médica que realizaban una jornada de vacunación en agosto. Adicionalmente, se continuó con la práctica del reclutamiento de menores de edad. Se atribuyó a las FARC-EP la comisión de ataques contra la población civil y ataques indiscriminados, como el sucedido en el municipio de Anza (Antioquia), donde miembros de las FARC-EP dispararon contra civiles y lanzaron una granada contra un establecimiento público, con el resultado de 2 civiles muertos y 7 heridos. Asimismo, se registraron actos de terrorismo, como la explosión de un carro bomba en Tame (Arauca), ocurrida en mayo, en la que murieron 4 civiles, entre ellos un niño, y 25 resultaron heridos, así como el atentado en una discoteca de Apartadó (Antio quia) que dejó 6 civiles muertos, entre ellos una niña de 4 años, y 22 heridos. También se atribuye a las FARC-EP la responsabilidad por desplazamientos forzados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Chocó y Nariño.

110. Se continuaron presentando restricciones al libre tránsito de personas y bienes por medio de retenes ilegales y amenazas de muerte generalizadas, como por ejemplo en el Río Carare (Santander) en abril, perjudicando especialmente a los habitantes de las áreas rurales. Se denunció, igualmente, la utilización de armas prohibidas y ataques contra bienes civiles, como la utilización de cilindros de gas en San Miguel (Putumayo), que causó heridas a dos personas protegidas y numerosos daños a bienes civiles, en septiembre.

111. Las FARC-EP y el ELN continuaron utilizando frecuentemente minas antipersonal. El Observatorio de Minas de la Vicepresidencia atribuyó la responsabilidad del 60% a las FARC-EP y del 10% al ELN de los casos que en 2004 causaron víctimas. Entre las víctimas se encuentran niños y niñas, en particular pertenecientes a comunidades indígenas, como en el caso de las heridas ocasionadas a menores de la etnia embera katío en abril y junio en Córdoba. A las FARC-EP se les atribuye la responsabilidad de reclutamiento de niñas, forzando el uso de anticonceptivos y la práctica compulsiva de pruebas masivas de VIH, y esclavitud sexual de mujeres y niñas. También se atribuye a este grupo armado ilegal ataques contra mujeres que por tener relaciones con miembros de la fuerza pública o de grupos paramilitares son víctimas de homicidios y amenazas, como la masacre de cuatro mujeres, una de ellas embarazada, ocurrida en octubre en Colosó (Sucre).

112. Los paramilitares continuaron cometiendo infracciones e infringiendo el cese de hostilidades [31]. Se registraron graves acciones que incluyen masacres, homicidios, toma de rehenes y desplazamientos forzados. Llamó la atención el alto número de infracciones, su gravedad y la impunidad con la que se ejecutan tomando en cuenta el declarado cese de hostilidades.

113. Se reportaron masacres atribuidas a paramilitares en Antioquia, Arauca, Bogotá, Córdoba, Guajira, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Risaralda. Algunas de ellas afectaron a comunidades indígenas; otras estuvieron acompañadas de tomas de rehenes, desplazamientos, desapariciones forzadas, homicidios con sevicia -como el de una persona muerta a golpes de mortero en Risaralda - y violaciones sexuales de mujeres y niñas. Adicionalmente, continuaron reportándose casos de homicidios, individuales y colectivos, así como de amenazas en los cuales se denunciaron nexos entre miembros del Ejército u otros funcionarios públicos y grupos paramilitares, sea por la omisión de las autoridades, o bien por la actuación conjunta o la realización de operaciones coordinadas, en las que personas ejecutadas por los paramilitares aparecían reportadas como muertas en combate por el Ejército.

114. La desaparición forzada continuó siendo una estrategia utilizada por los grupos paramilitares. Varias desaparicio nes estarían asociadas al reclutamiento forzado, incluso de menores, como el realizado por los grupos paramilitares en barrios pobres de ciudades como Bogotá, Medellín y Sincelejo. En violación del cese de hostilidades, en Puerto Libertador (Córdoba) se atribuyó la desaparición de dos personas al Bloque Norte de las AUC, en hechos en los que se produjo la toma de rehenes de diez personas, incluyendo a un ex concejal, y la posterior masacre de ocho de ellas.

115. Los fuertes enfrentamientos entre el Bloque Centauros de las AUC y las Autodefensas Campesinas de Casanare, el primero presente en la mesa de negociaciones, han provocado cientos de desplazados [32] y numerosos homicidios y desapariciones forzadas, sin que los llamados del Gobierno para el inmediato cese de los combates y la desmovilización de ambos grupos hayan surtido efecto.

116. También continuaron registrándose denuncias de infracciones contra mujeres y niñas, en particular violaciones sexuales, amenazas, torturas, homicidios selectivos, imposición de códigos de conducta y esclavitud sexual, atribuidas a grupos paramilitares.

117. La oficina siguió registrando denuncias relacionadas con infracciones al derecho internacional humanitario, tales como homicidios en personas protegidas, pillaje y desplazamientos forzados atribuidas a miembros de la fuerza pública. Las denuncias provienen tanto de zonas en las que se desarrollan importantes operativos militares -como los departamentos de Caquetá, Cauca y Putumayo- como de zonas en las que la fuerza pública ha tenido presencia permanente, como en Antioquia, donde se incrementaron las denuncias en contra de miembros de la IV Brigada del Ejército. La oficina observó un aumento de las denuncias de violencia sexual por parte de miembros del Ejército. También se registraron denuncias de infracciones al derecho internacional humanitario atribuidas a soldados campesinos.

118. La oficina registró algunas denuncias de masacres atribuidas a miembros del Ejército, como las sucedidas en Antioquia, Arauca y Boyacá. Se denunció la complicidad de los paramilitares en algunas de esas acciones. Se denunció la muerte de varios civiles ocasionada por operativos militares, en desconocimiento de los principios de distinción y proporcionalidad. Llaman la atención los continuos reportes a la oficina de casos en los cuales se han dado operaciones coordinadas entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares, y de casos donde las víctimas habrían sido detenidas por efectivos paramilitares y después reportadas por miembros del Ejército como dadas de baja en combate. Varios de estos casos han sido indebidamente sometidos al conocimiento de la justicia penal militar.

IV. Situación de Grupos especialmente vulnerables [34]

119. El conflicto armado, y en particular la acción criminal de los grupos armados al margen de la ley, que hacen caso omiso de los principios humanitarios de distinción y de inmunidad de la población civil, afectaron la situación de varios grupos particularmente vulnerables. éstos sufrieron, además, las consec uencias de algunas políticas públicas, y de la actuación de algunas autoridades a las que se atribuyeron violaciones de los derechos humanos contra aquéllos.

120. En este marco, la situación de vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos, incluyendo sindicalistas, organizaciones de mujeres y otros líderes sociales, se vio afectada por amenazas, homicidios y hostigamientos de los grupos armados ilegales, particularmente paramilitares. Algunas declaraciones públicas de altos funcionarios del Gobierno, que manifestaron cuestionamientos indiscriminados sobre la labor de los defensores y de sus organizaciones, contribuyeron a la polarización y al incremento de los factores de riesgo que afectan a estos defensores, limitando el impacto de los esfuerzos estatales de protección. Se denunciaron casos de detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, violaciones al debido proceso y a la libertad de expresión y opinión en contra.

121. Continuaron existiendo varias comunidades en riesgo, en particular las que se encuentran bajo amenazas de atentados o desplazamientos, las desplazadas, bloqueadas o sitiadas. El total de personas desplazadas siguió creciendo, aun cuando persistió la tendencia de disminución de nuevos desplazamientos forzados, la cual se estaría revirtiendo en el segundo semestre de 2004. El Estado realizó importantes esfuerzos para la atención de esas comunidades. Siguen existiendo debilidades en materia de soluciones duraderas y sostenibles, especialmente frente a la política de retornos, así como de atención diferenciada para mujeres y grupos étnicos.

122. Las comunidades indígenas y afrocolombianas sufrieron el impacto del conflicto armado sobre su diversidad étnica y cultural, al invadir sus territorios, así como de la situación de exclusión y discrim inación que sigue afectándolas. Las comunidades más afectadas fueron las de la Sierra Nevada de Santa Marta, del Eje Cafetero, del Chocó, y de las zonas donde se desarrolla el Plan Patriota. Fueron notables los homicidios, amenazas, y otros atentados contra líderes indígenas, en particular por las AUC y las FARC-EP. También se denunciaron homicidios, atribuidos a miembros de la fuerza pública, y capturas masivas y arbitrarias. El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas señaló el peligro de extinción para varios pueblos del Amazonas, Putumayo, Caquetá y Guaviare.

123. La población infantil siguió siendo víctima del conflicto armado, en especial por el reclutamiento forzado de miles de niños y niñas, la toma de rehenes, el desplazamiento y las minas antipersonal. Persistieron la explotación sexual y laboral, la violencia intrafamiliar y la inequidad en el goce de los derechos económicos sociales y culturales de la niñez. La oficina ha tenido conocimiento de la ocupación de escuelas por parte de la fuerza pública, lo que contraviene claramente disposiciones del derecho internacional humanitario.

124. Los derechos de las mujeres y las niñas siguen siendo vulnerados por la desigualdad, la discriminación y las distintas formas de violencia. La seguridad de las mujeres y niñas -particularmente de las campesinas, indígenas, afrocolombianas, y aquellas que se encuentran organizadas, desplazadas, retornadas o confinadas- se ve agravada por el conflicto armado, en especial por la violencia sexual y por el control social que ejercen los grupos armados. A pesar de los esfuerzos estatales, persisten las debilidades para recoger la situación específica de las mujeres y así responder adecuadamente a sus necesidades. El sistema judicial sigue siendo ineficaz para atender los casos de violencia de género.

125. Los periodistas y otros formadores de opinión fueron víctimas de amenazas y homicidios por parte de los grupos armados ilegales. También se denunció el uso excesivo de la fuerza por miembros de la fuerza pública y violaciones a la libertad de expresión y opinión por agentes del Estado. Toda esa situación incidió en la existencia de un clima de censura indirecta e intimidación, y de empleo acrítico de la información. Algunas de las denuncias examinadas por la oficina señalaban la existencia de presiones de las autoridades para la publicación de informaciones sobre el conflicto armado y otras estadísticas favorables para el Gobierno.

126. Ha sido notable la vulnerabilidad de los rehenes, así como de sus familias, por la persistencia del secuestro y del incumplimiento de las obligaciones humanitarias de los grupos armados ilegales, así como por las dificultades generadas en materia de derechos civiles y económicos por las lagunas legislativas. La misma situación se plantea en relación con las víctimas de la desaparición forzada.

127. Los funcionarios locales -en particular alcaldes, ex alcaldes, concejales y ex concejales-, funcionarios y operadores de justicia, miembros de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, médicos, empresarios y comerciantes, fueron otros grupos particularmente vulnerables a la acción de los grupos armados ilegales. Las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales fueron víctimas de abusos y discriminación por su orientación sexual, incluyendo maltrato y actos de limpieza social.

V. Recomendaciones

128. La Alta Comisionada formula 27 recomendaciones concretas y prioritarias dirigidas a las autoridades nacionales de las tres ramas del poder público y de los órganos de control encargados de la protección y promoción de los derechos humanos, a los sectores representativos de la sociedad civil, a la comunidad internacional, y a los grupos armados ilegales.

129. Las recomendaciones son las conclusiones práctic as, con miras al futuro, del análisis hecho con base en la observación sistemática y analítica, y la interlocución con las autoridades estatales y organizaciones de la sociedad civil. La Alta Comisionada tiene la firme convicción de que la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario podría mostrar una sensible mejora si las recomendaciones se aplicaran en un proceso consistente e integral durante el año 2005.

130. Conforme a los previos dos años, y para subrayar el hecho de que se trata de un proceso de implementación donde se necesita coherencia en el tiempo y entre los temas, las recomendaciones están agrupadas bajo los siguientes seis rubros: prevención y protección; conflicto armado interno; estado de derecho y la impunidad; políticas económicas y sociales; promoción de una cultura de derechos humanos; asesoramiento y cooperación técnica, por parte de la oficina en Colombia del Alto Comisionado

131. La Alta Comisionada alienta al Gobierno a adoptar normas que regulen la composición y las funciones del Comité Interinstitucional de Alerta Temprana (CIAT), y a establecer las sanciones por el no acatamiento de las alertas emitidas. También le alienta a garantizar la sostenibilidad del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y del CIAT mediante oportunas apropiaciones presupuestarias.

132. La Alta Comisionada alienta al Gobierno y al Congreso a asegurar la sostenibilidad de los programas de protección de defensores de derechos humanos y de otros grupos, a cargo del Ministerio del Interior. Exhorta a que se adopten las medidas necesarias para que los servidores públicos de la rama ejecutiva guarden el respeto debido al trabajo individual y colectivo de defensores de derechos humanos, incluyendo a organizaciones de mujeres, comunidades indígenas y afrocolombianas, dirigentes sindicales y otros líderes sociales. Para este efecto, sugiere tipificar disciplinariamente la conducta del servidor público que con sus declaraciones ponga en peligro la vida, la integridad o la seguridad de aquéllos, y a sancionar adecuadamente a quienes incurran en tal comportamiento.

133. La Alta Comisionada alienta al Gobierno a tomar medidas especiales y urgentes en defensa de las comunidades indígenas en riesgo de extinción y a cumplir las sentencias de la Corte Constitucional, en especial la T-25 de 2004, en materia de prevención y atención de los desplazados y otras comunidades en riesgo. También lo alienta a asumir la plena responsabilidad que en tales materias le compete al Estado conforme a los principios y normas internacionales.

134. La Alta Comisionada urge al Gobierno y al Congreso a que doten a la Procuraduría General y a la Defensoría del Pueblo de los recursos necesarios para que éstas puedan establecerse en aquellas zonas con alto índice de población indígena, afrocolombiana y desplazada donde aún no tienen presencia. Para tales efectos, invita al Procurador General y al Defensor del Pueblo a presentar oportunamente un plan de presencia territorial durante el primer semestre de 2005.

135. La Alta Comisionada alienta al Procurador General a establecer y llevar a cabo, en coordinación con el Ministro de Defensa, la revisión anual de los archivos de inteligencia militar sobre defensores y organizaciones de derechos humanos, con el fin de examinar la veracidad e imparcialidad de la información contenida en tales archivos y de excluir datos erróneos o tendenciosos.

136. La Alta Comisionada alienta al Ministro de Defensa a suscribir un acuerdo marco de cooperación con su oficina en Colombia para que, con base en un estudio independiente, se avance en la formación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de todos los miembros de la fuerza pública, de manera integral, sistemática y operacional.

137. La Alta Comisionada insta a los jefes y demás integrantes de las FARC-EP, del ELN, de las AUC y otros grupos guerrilleros y paramilitares a que respeten los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad individual de todos los civiles. Los insta, en especial, a que se abstengan en todo momento de ataques contra la población civil y de ataques indiscriminados, de la práctica inaceptable del secuestro, del reclutamiento de menores, de la violencia sexual, y de los actos de terrorismo. A tales efectos, exige a los mandos impartir a todos los miembros de sus agrupaciones órdenes claras y a asegurar la observancia obligatoria de la normativa humanitaria.

138. La Alta Comisionada insta a las FARC-EP, al ELN, a las AUC y a los demás grupos armados ilegales a que liberen, de inmediato y sin condiciones, a todas las personas tomadas como rehenes. También los insta a que reconozcan, sin limitaciones, las garantías establecidas por la normativa humanitaria para personas privadas de la libertad por motivos relacionados con el conflicto armado interno.

139. La Alta Comisionada insta a los integrantes de las FARC-EP y del ELN a que cumplan las obligaciones internacionales que prohíben el empleo, el almacenamiento, la producción y la transferencia de minas antipersonales.

140. La Alta Comisionada insta a todos los que tienen participación directa en las hostilidades a que observen plenamente los principios humanitarios de limitación, distinción, proporcionalidad y protección de la población civil, y a garantizar el acceso humanitario a las poblaciones expuestas.

141. La Alta Comisionada solicita al Gobierno que considere la posibilidad de retirar la salvedad formulada al momento de ratificar el Estatuto de Roma, por la cual no se acepta durante siete años la competencia de la Corte Penal Internacional para los crímenes de guerra cometidos en Colombia.

142. La Alta Comisionada urge a cada uno de los grupos armados ilegales a poner en práctica, cuanto antes, un cese efectivo de hostilidades, correspondido por el Gobierno. Exhorta, además, que con urgencia se inicien diálogos y negociaciones entre el Gobierno y los grupos armados ilegales que permitan la superación del conflicto armado interno y el logro de una paz duradera. Los diálogos y las negociaciones deberán priorizar, desde sus inicios, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. En cuanto a las negociaciones exhorta al Gobierno y al Congreso que establezcan, cuanto antes, un marco jurídico con mecanismos adecuados que reconozcan y garanticen plename nte los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas. El marco jurídico debe tomar en cuenta debidamente la situación de la mujer y de las minorías étnicas.

143. La Alta Comisionada exhorta al Gobierno y al Congreso a cumplir plenamente las obligaciones asumidas por Colombia como Estado Parte en los instrumentos internacionales de derechos humanos, derecho internacional humanitario, el Estatuto de Roma y derecho internacional del trabajo. Los alienta a ratificar los tratados internacionales pendientes, y a proceder al depósito de los instrumentos de ratificación de aquéllos que han sido aprobados internamente. Los alienta a no auspiciar cambios normativos que sean incompatibles con los instrumentos internacionales o que debiliten el control judicial de las actuaciones del Estado y el derecho a la tutela.

144. La Alta Comisionada exhorta al Gobierno, al Congreso y a los órganos judiciales a que promuevan normas y mecanismos adecuados para enfrentar la problemática de la impunidad, incluyendo un enfoque de género. Solicita igualmente a las instituciones que forman parte del Comité interinstitucional de impulso de investigación de casos de violaciones de los derechos humanos a que, de forma prioritaria, coherente y sostenible, avancen en el examen de los casos seleccionados para lograr una conclusión judicial de los mismos.

145. La Alta Comisionada exhorta al Fiscal General a que ponga en marcha la carrera para los funcionarios y empleados de su dependencia; a que implemente durante 2005 las recomendaciones formuladas en el diagnóstico sobre la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; y a que promueva las medidas legislativas y administrativas necesarias para asegurar la efectividad y efic acia del programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía. También le exhorta a respetar y a garantizar la independencia de los fiscales.

146. La Alta Comisionada exhorta al Ministro de Defensa y al Fiscal General a que apliquen los principios y normas internacionales que prohíben, salvo en circunstancias de carácter excepcional, las aprehensiones y los allanamientos sin previa orden judicial, y que rigen el concepto de flagrancia. También les exhorta a que aseguren el respeto a la presunción de inocencia y a las garantías del debido proceso, así como que sancionen a los funcionarios que infringen estos principios.

147. La Alta Comisionada urge al Ministro de Defensa a que emplee la suspensión en el servicio como medida preventiva. También lo exhorta a que dé instrucciones para que los funcionarios de la jurisdicción penal militar no reclamen competencias sobre casos de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, u otros delitos no relacionados con el servicio. Asimismo, exhorta al Fiscal General a que dé instrucciones claras para que los fiscales no cedan competencias a la jurisdicción penal militar en casos ajenos a ese fuero. Solicita al Consejo Superior de la Judicatura que resuelva los conflictos de competencia de conformidad con la jurisprudencia constitucional y las normas internacionales.

148. La Alta Comisionada alienta al Procurador General a que ejerza con rigor el poder disciplinario preferente sobre las investigaciones de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, incluyendo las que afecten a las personas privadas de la libertad. Exhorta a la Defensoría del Pueblo a que ejerza permanentemente su control sobre los establecimientos carcelarios y penitenciarios. Exhorta al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) a que garantice el acceso a los centros de reclusión de los abogados defensores. Se alienta al Ministerio del Interior y de Justicia y al INPEC a que integre de manera e fectiva las normas de derechos humanos en sus reglamentos y prácticas y en los programas de formación de sus funcionarios, así como a implementar las recomendaciones formuladas por su oficina en el marco del proyecto de cooperación y asistencia.

149. La Alta Comisionada alienta al Fiscal General que la subunidad de investigación de presuntos nexos entre servidores públicos y grupos armados ilegales de la unidad de derechos humanos y derecho internacional humanitario concentre sus tareas en el esclarecimiento de vínculos entre grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública, funcionarios civiles y personas de condición privada. También alienta que esta dependencia de la Fiscalía, en coordinación con otras unidades de la misma, incluya en sus investigaciones los aspectos económicos, financieros y jurídicos de tales vínculos. Además, le solicita que se revise la estructura de los fiscales destacados ante la fuerza pública y otros organismos de seguridad.

150. La Alta Comisionada solicita al Presidente de la República que, en su condición de Jefe del Estado y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, adopte las medidas necesarias para lograr que cese todo vínculo entre servidores públicos y miembros de grupos paramilitares, y para que se desmantele efectivamente las estructuras del fenómeno paramilitar.

151. La Alta Comisionada exhorta al Congreso y al Gobierno a aplicar, con base a estadísticas actualizadas y conforme a metodologías internacionalmente reconocidas, incluyendo un enfoque de genero, una política consistente dirigida a reducir la brecha de inequidad, a enfrentar la extrema pobreza, a disminuir los índices de analfabetismo y desocupación, y a garantizar los derechos a la salud, la educación y la vivienda. La educación primaria deberá ser gratuita, y los servicios de salud y los subsidios de vivienda han de garantizarse a los sectores menos protegidos.

152. La Alta Comisionada alienta al Gobierno y a las organizaciones de defensores de los derechos humanos a continuar en la institucionalización de espacios estables de interlocución, tanto en el nivel nacional como en el regional, para lograr mayores grados de entendimiento y respeto, y mejorar la promoción y protección de los derechos humanos en todo el país.

153. La Alta Comisionada solicita al Gobierno que incorpore al borrador del plan nacional de acción en derechos humanos y derecho internacional humanitario la agenda de temas pendientes para la implementación de las recomendaciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También le solicita que el borrador del plan de acción sea concertado, a más tardar en octubre de 2005, con amplios sectores de la sociedad, e incorpore un enfoque integral de género.

154. La Alta Comisionada exhorta al Defensor del Pueblo a asumir en todo el país la tarea de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. Asimismo, invita a la Ministra de Educación a finalizar y dar a conocer el plan nacional de educación en derechos humanos, e iniciar cuanto antes la implementación del mismo.

155. La Alta Comisionada alienta a que se desarrolle un sistema estadístico e statal que cubra adecuadamente las violaciones de derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario y que permita analizarlas bajo los parámetros internacionales establecidos. Para ello propone que se lleve a cabo, en el año 2005, un proyecto conjunto entre la Vicepresidencia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General, la Fiscalía General, el Ministerio de Defensa, el DANE y otras dependencias estatales, ONG de derechos humanos, e instituciones académicas, con la asistencia y asesoría de su oficina en Colombia.

156. La Alta Comisionada exhorta al Estado a que implemente de manera coherente y eficaz las recomendaciones internacionales, incluidas las del presente informe. Solicita al Vicepresidente de la República, a los ministros competentes, al Alto Comisionado para la Paz y a las demás entidades estatales a coordinarse adecuadamente entre sí para lograr esa implementación. Solicita que se haga público, dentro del primer semestre de 2005, el cronograma actualizado de implementac ión. Los invita a utilizar la capacidad de asesoría de su oficina.

157. La Alta Comisionada invita a las ramas y órganos del Estado y a las organizaciones de la sociedad civil a beneficiarse plenamente de la asesoría y cooperación técnica de su oficina en Co lombia. También invita a la comunidad internacional, en particular al grupo de países que suscribieron la Declaración de Londres de julio 2003, a dar el apoyo financiero y técnico necesario para que las distintas instituciones del Estado, las ONG y su oficina, contribuyan de manera efectiva a la implementación de las recomendaciones que ella ha formulado.

Anexo I

Actividades de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

1. Durante el año 2004 la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos desarrolló, en cumplimiento de su mandato, funciones de observación, asesoría, cooperación técnica, y promoción y difusión. Para ello contó con el apoyo financiero de varios países [a].

2. La oficina a lo largo del año 2004 ha sostenido interlocución con el Gobierno, con las autoridades nacionales y regionales, con diversos sectores de la sociedad civil y con la comunidad internacional.

I. Observación

3. La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de sus oficinas en Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín, realiza su tarea de observación con base en prioridades temáticas y geográficas que le permiten dar seguimiento, de manera analítica y sistemática, a la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el país. El desarrollo de esta actividad facilita la identificación de patrones y tendencias cuyo análisis permite orientar la labor de asesoría al Estado colombiano y a la sociedad civil en general.

4. El 30 de marzo del 2004 fue inaugurada la Suboficina de Bucaramanga, que abarca una importante región en el nororiente de Colombia. Desde su apertura, se privilegió, entre otras actividades, la consolidación de los contactos con autoridades estatales e instituciones de la sociedad civil.

5. Con la suboficina de Bucaramanga se consolida el esfuerzo iniciado en enero de 2002 con las aperturas de las suboficinas de Cali y Medellín. Este despliegue permite a la of icina no solamente contar con información de primera mano en el menor tiempo posible, sino orientar mejor su cooperación con las contrapartes locales. A través de las actividades de interlocución, la oficina sirve también como puente entre las entidades del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, al tiempo que acompaña y sirve de referente a los esfuerzos de diseño e implementación de las políticas públicas regionales en derechos humanos y derecho humanitario.

6. La presencia de la oficina en las distintas regiones del país, además de fortalecer las relaciones con las autoridades y con la sociedad civil en el orden local y regional, contribuye a la prevención y protección de la población vulnerable como las comunidades indígenas, afrocolombianas, las organizaciones locales defensoras de derechos humanos, sindicalistas, periodistas entre otros.

7. Durante 2004 se realizaron cerca de 226 misiones al terreno y se recibieron 1.211 quejas, de las cuales 827 fueron admitidas por referirse a conductas violatorias de los derechos humanos y/o infracciones del derecho internacional humanitario.

II. Asesoría

8. En este campo, la oficina prosiguió su interlocución con las autoridades, en particular con la Vicepresidencia de la República, varios ministerios, el Congreso, la rama judicial y los órganos de control. Se dio seguimiento a la agenda legislativa del Congreso, se analizó la jurisprudencia nacional y se evaluaron las políticas estatales en materias propias de su mandato. Se asesoró a distintas entidades del Estado y a las organizaciones de la sociedad civil en la aplicación e interpretación de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

9. Se participó en diversas reuniones destinadas a analizar las políticas y los programas gubernamentales y su coherencia con los principios y reglas internacionales. Al respecto se elaboraron una serie de documentos analíticos. Entre los temas que se analizaron están los referentes al estado de derecho, la justicia y la impunidad en el marco de las negociaciones, al impacto de la desmovilización, a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, al enfoque de género en la garantía de los derechos humanos, y al contenido de los derechos económicos, sociales y culturales. En foros, talleres y seminarios se fomentó el conocimiento de los instrumentos y los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, y se promovió la implementación de las recomendaciones de los órganos internacionales, en especial las formuladas por el Alto Comisionado.

10. En marzo de 2004 la oficina apoyó en su visita a Colombia al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. Para una mejor compresión de su mandato se elaboró el folleto "Preguntas y respuestas sobre los derechos de los pueblos indígenas". También se elaboró un folleto titulado "Preguntas y respuestas sobre libertad de opinión, expresión e información".

11. La oficina, con el apoyo del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), fortaleció la inclusión de la perspectiva de género en las distintas áreas de trabajo y participó activamente en el trabajo de la Mesa de Género del Sistema de Naciones Unidas en Colombia. Adicionalmente se facilitó talleres sobre el desarrollo de los indicadores de género y sobre herramientas básicas para incluir en el trabajo de comunicación el tema de género y los derechos de la mujer.

12. De otro lado se elaboró una guía para observar, recolectar y analizar la información sobre las violaciones de los derechos de las mujeres y de las niñas. La oficina promovió en diferentes foros y reuniones los derechos de las mujeres y sus mecanismos de protección, y la importancia del enfoque de género en la realización de los derechos humanos.

III. Cooperación y asistencia técnica

13. La cooperación y asistencia técnica de la oficina siguió centrando sus esfuerzos en apoyar las acciones de las diversas instituciones del Estado colombiano para implementar las recomendaciones formuladas por el Alto Comisionado y asumidas como compromisos ante la comunidad internacional a través de la Declaración del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de abril de 2004.

14. Durante el año 2004, la oficina ha mantenido un diálogo frecuente con organizaciones de la sociedad civil. Este diálogo se ha traducido, en algunas ocasiones, en la identificación y formulación conjunta de proyectos.

15. En el marco de la cooperación técnica se publicó en 2004 una serie de herramientas importantes para la defensa y protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, como: el Manual de Calificación de Conductas violatorias de los derechos humanos; la Guía práctica de pruebas para las investigaciones disciplinarias por violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario; Derecho Internacional de los Derechos Humanos; Protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, documentos básicos.

16. La oficina se reunió a lo largo del año con el Programa Presidencial para la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, a fin de analizar el esquema operativo para la concertación del Plan Nacional de Acción de derechos humanos y derecho internacional humanitario. El trabajo realizado por el equipo del citado Programa constituye un importante elemento para la elaboración del Plan, el cual deberá ser consultado y concertado con amplios sectores de la sociedad civil. En diciembre de 2004 se suscribió un convenio de cooperación técnica entre la oficina y la Vicepresidencia al respecto.

17. La oficina brindó apoyo téc nico al Comité Interinstitucional encargado de elaborar el Plan, presidido por la Defensoría del Pueblo e integrado por la Vicepresidencia, el Ministerio de Educación, una ONG representante de la sociedad civil y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La metodología propuesta permitió identificar áreas prioritarias de intervención y estrategias aplicables, así como fijar los plazos para el logro de los objetivos, teniendo en cuenta las realidades culturales y sociológicas particulares de las diversas regiones de Colombia. La oficina puso especial cuidado en que el Plan recogiera las recomendaciones internacionales, entre otras, las de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación. En la última fase del trabajo se elaboraron matrices de planificación para el Plan y para cada una de sus estrategias. De esta manera hoy se cuenta con indicadores sobre los niveles de resultados, con sus respectivas fuentes de verificación.

1. Fiscalía General

18. En cumplimiento de la carta de entendimiento suscrita con el Fiscal General en noviembre del 2003, se dio inicio al proyecto de fortalecimiento institucional.

Carrera fiscal

19. En ese marco, la oficina brindó asesoría para la implementación de la carrera de los fiscales y funcionarios de la institución. Esto ha implicado el análisis del proyecto del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General y de la reglamentación existente sobre el sistema de concurso, materias que fueron objeto de observaciones. Se encuentra en proceso el diseño y desarrollo un nuevo reglamento de evaluación del desempeño para fiscales y personal del Cuerpo Técnico de Investigaciones.

20. Con la aprobación del reglamento de concurso por parte del Fiscal General se estaría en condiciones de dar inicio a la implementación del sistema de carrera. Este proceso, acompañado de perfiles que respondan a la función por desempeñar, de un reglamento de evaluación del desempeño y del Estatuto Orgánico, constituirán pilares fundamentales para que la Fiscalía General responda, de manera adecuada y de conformidad con los estándares internacionales, los desafíos planteados por la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio.

Unidad Nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario

21. Se inició en agosto de 2004 el trabajo de diagnóstico sobre la Unidad Nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Este diagnóstico se está desarrollando conjuntamente con el Programa de Lucha contra la Impunidad de la Vicepresidencia de la República,

22. Con el fin de reunir la información más completa posible, se han llevado a cabo encuestas, entrevistas y análisis de documentos. Con base en este conjunto de informaciones en febrero del 2005 se entregará a la Fiscalía un diagnóstico con recomendaciones a corto, mediano y largo plazo que contribuyan al fortalecimiento institucional de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

2. Proyecto interinstitucional sobre la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad

23. Ante la grave situación de las prisiones colombianas, el proyecto pretende que la situación de crisis incesante del sistema penitenciario sea abordada por las diversas instituciones nacionales de manera programática y coherente.

24. El proyecto se diseñó y se enmarcó en una lógica de ejecución y administración por objetivos, buscando de esta manera impactar en el diseño y la evaluación de las políticas públicas relacionadas con la prisión en Colombia. Durante el año, el proyecto fue objeto de seguimiento continuo, incluyendo una misión de monitoreo externo.

25. En ese marco la oficina trabajó con el Ministerio del Interior y de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General. Igualmente, promovió la participación de otros sectores del Gobierno -como el de la salud- y de las organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de alternativas de solución a la crítica situación.

26. En desarrollo del proyecto, la oficina obtuvo el compromiso formal de la dirección del INPEC de implementar una serie de recomendaciones generales dirigidas al funcionamiento del sistema de prisiones y de recomendaciones específicas relativas al funcionamiento de seis centros ubicados en cada una de las regionales del instituto. De cumplirse esas recomendaciones, se estaría contribuyendo a garantizar un trato digno a las personas privadas de libertad. De otro lado, la oficina presentó un programa educativo que desarrolla un currículo particular en materia de derechos humanos e integra dicha materia en todos los cursos impartidos en la Escuela Nacional Penitenciaria. Se espera la institucionalización formal del programa y su implementación conforme a la propuesta aprobada.

27. En relación con los órganos de control, los esfuerzos del proyecto se concentraron en robustecer la capacidad programática de respuesta de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General ante una situación que demanda cada vez más su atención, tanto en lo atinente a casos individuales como a situaciones generalizadas.

28. El apoyo de la oficina ha promovido dentro de la Defensoría del Pueblo un proceso de definición y elaboración de pautas técnicas para el seguimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de protección y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad. Este ejercicio facilitará la implementación de un sistema de información para evaluar de manera sistemática el funcionamiento de las prisiones en el país. Se ha concluido un proceso de formación de los funcionarios de la institución que tienen responsabilidad en materia penitenciaria.

29. El componente de apoyo a la Procuraduría General ha conseguido la adopción y puesta en marcha de un plan de acción orientado a que la entidad aplique procedimientos de verificación estandarizados y sistematizados para ejercer el control preventivo del respeto de los derechos de las personas privadas de la libertad, y comunique a las autoridades y a la opinión pública los resultados de dicha verificación. Un logro concreto ha sido la estructuración y definición estratégica de su intervención en asuntos carcelarios y la comunicación a la autoridad y la opinión pública de los resultados de su verificación sobre varios aspectos de la vida carcelaria, tales como la sobrepoblación, el uso del aislamiento, el otorgamiento de beneficios administrativos y el derecho a la salud en prisión.

30. La formación en derechos humanos es un elemento esencial dentro de la estrategia para contribuir a superar la crítica situación de derechos humanos en Colombia. Durante 2004 se continuó impulsando la institucionalización de la capacitación de derechos humanos en instituciones del Estado y en otros sectores.

31. Capacitación con funcionarios gubernamentales. Con la finalidad de fortalecer la capacidad institucional se realizaron diversos cursos cuyo objeto ha sido constituir redes de formadores o ampliar las existentes. Así, con la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla" se realizaron dos cursos para 29 jueces y magistrados para ampliar la red de formadores de derechos humanos de la rama judicial. Con la Escuela de la Justicia Penal Militar, se culminó la capacitación para 38 funcionarios de ese cuerpo, que integrarán una red de formadores institucionales. En el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se capacitó a 36 funcionarios para crear una red similar.

32. En virtud del convenio de cooperación suscrito desde el 2003 con el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia se realizaron dos cursos de derechos humanos y derecho humanitario para 57 funcionarios judiciales y fiscales de ese departamento. La oficina dictó en la Presidencia de la República un curso básico de derechos humanos y derecho humanitario a 25 funcionarios de la seguridad de la primera dama.

33. Con la Defensoría del Pueblo se realizaron dos cursos a 40 funcionarios sobre la utilización del "Manual de calificación de conductas violatorias, derechos humanos y derecho humanitario", publicado en mayo de 2004 en el marco del proyecto de cooperación y asistencia técnica suscrito entre la oficina y esa entidad. Con ello se busca que quienes atienden y tramitan quejas en la Defensoría cuenten con un instrumento que les permita calificarlas conforme a los parámetros nacionales e internacionales de derechos humanos y derecho humanitario.

34. Capacitación a personeros municipales. El Programa de Capacitación a Personeros Municipales, a la fecha de terminación de este informe y después de tres años, cumplió la meta de for mar en derechos humanos y derecho internacional humanitario a 1.800 personeros elegidos durante dos períodos legales [b]. Esta actividad logró comprometer a dichos funcionarios con un proceso de reconocimiento de identidad y de pertenencia al Ministerio Público. Las estrategias de capacitación y de fortalecimiento del Ministerio Público demostraron que este órgano tiene una función fundamental en la consolidación del Estado de derecho. En ese sentido el Procurador General ha expresado su voluntad de iniciar la discusión para un proceso de transformación de las personerías.

35. El proyecto permitió observar las diferentes entidades territoriales y anotar algunas experiencias de formulación de planes de desarrollo que incluyeran, con el concurso del personero, componentes de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

36. El proyecto ha contribuido a potenciar el Instituto de Estudios del Ministerio Público como el espacio por excelencia para la futura capacitación de los personeros municipales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Continuar en esta vía es contribuir a la sostenibilidad de un proceso que ha arrojado resultados positivos. La Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, a través del Instituto, deberán hacer realidad la recomendación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el sentido de incorporar integralmente a los personeros a sus actividades y programas en materia de protección y promoción de esos derechos.

37. Sociedad civil e Iglesia. En desarrollo del proyecto "Capacitación en perspectiva de derechos a los agentes pastorales de la diócesis de Florencia y del Vicariato de San Vicente del Caguán-Puerto Leguizamo" se ha llevado a cabo un proceso de formación de formadores con sacerdotes, religiosas, agentes misioneros y laicos del departamento del Caquetá, uno de lo más expuesto por el conflicto armado interno. Se realizaron dos cursos en Florencia y uno en San Vicente del Caguán, en los cuales participaron cerca de 100 personas. Se espera que en 2005 estas circunscripciones eclesiásticas respalden a sus redes de formadores para que éstos repliquen su saber y robustezcan la capacidad de la Iglesia colombiana para asumir la defensa y la promoción de los derechos humanos.

38. Con las ONG beneficiarias de los proyectos Assisting Comunities Together (ACT) se desarrollaron dos actividades de capacitación básica de derechos humanos, una en Cali y otra en Medellín.

39. La oficina impulsó y lideró el proceso de implementación del Plan de Acción Interagencial para la integración de la dimensión de los derechos humanos, "Acción 2", contenida en el informe del Secretario General titulado (A/57/387 y Corr.1) "Fortalecimiento de las Naciones Unidas: un programa para profundizar el cambio". Se conformó un grupo de seguimiento integrado por los jefes de agencias [c].

40. A partir de septiembre de 2004, el equipo técnico se ha reunido cada mes, con un plan de trabajo y una metodología que permita asegurar, gradualmente y antes de fin de 2006, la integración de la dimensión de los derechos humanos en las políticas, programas, proyectos y actividades del sistema de las Naciones Unidas.

41. Como parte de ese programa, la oficina realizó cuatro cursos básicos en derechos humanos para los funcionarios del Sistema. Los cursos tuvieron lugar en Bogotá, Cali y Medellín, y contaron con la participación de 110 funcionarios.

42. Plan de Acción Humanitaria 2005. La oficina ha prestado apoyo en la elaboración del Plan y en el proceso de selección de las propuestas presentadas en ese marco. Sobre el primer punto se hicieron observaciones de carácter técnico que llevaron a una mayor claridad en la formulación de los componentes con respecto al Plan, y de las líneas de acción relacionadas con los objetivos de los mismos. En cuanto al segundo, se han calificado 140 propuestas presentadas y se ha dado alta prioridad a 22.

IV. Información, Promoción y Difusión

43. Entre las publicaciones realizadas por la oficina cabe mencionar 20.000 ejemplares en español y 1.000 en inglés de las Recomendaciones para Colombia 2004, 5.000 ejemplares del Informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia de 2003, y 20.000 cartillas de la Declaración Universal de Derechos Humanos adaptada para niños. Se imprimieron, además, 10.000 ejemplares del Calendario 2005, que se repartirá en todo el país. El número total de ejemplares de publicaciones de la oficina distribuidos en todo el territorio colombiano llegó a 80.000.

44. En el 2004, la oficina participó en numerosas actividades de promoción y divulgación (seminarios, foros, talleres y conferencias), e hizo presencia en la Feria del Libro de Bogotá con la venta de todas sus publicaciones.

45. En el marco del trabajo con los medios de comunicación or ganizó diez talleres con periodistas y dos más con los jefes de prensa del sistema de las Naciones Unidas, estos últimos para promover los derechos de la mujer. Se elaboraron 22 ponencias y 46 comunicados de prensa, y fueron organizadas diez ruedas de prensa. Sobre la oficina aparecieron 1.000 notas de prensa nacional y 350 notas de prensa internacional, 400 notas de radio y 270 notas de televisión. La oficina concedió aproximadamente 32 entrevistas a medios de comunicación masivos. La página web de la oficina tuvo 141.153 visitas. También se asesoró en el manejo de comunicaciones y derechos humanos a diferentes organizaciones indígenas.

46. Con motivo de la conmemoración el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se realizó un concierto gratuito, "Voces que cantan por nuestros derechos", con la presencia de 20.000 personas. El concierto fue televisado a nivel nacional y se desarrolló en el marco del convenio suscrito con la Alcaldía Mayor de Bogotá y Radio y Televisión de Colombia.

47. La oficina trabajó con la empresa Newell Sanford Colombia, organización que donó 6.000 lápices de color para los talleres de promoción de los derechos humanos en colegios públicos y privados realizados en Bogotá. Se entregaron aproximadamente 740 paquetes de lápices de colores para los talleres en otras ciudades del país.

48. En desarrollo del convenio de cooperación técnica suscrito con Radio Nederland Training Centre [d] la oficina difundió, a través del programa de radio Naciones Unidas Manos Amigas, cuatro CD con cuentos infantiles sobre derechos humanos. Este programa se distribuyó a 184 emisoras comunitarias, y es emitido por 300 de ellas en todo el país.

49. La oficina, conjuntamente con la Fundación Dos Mundos y la empresa Villegas Editores, preparó un libro de fotografías sobre imágenes de la situación de los derechos humanos en Colombia. Las fotografías fueron seleccionadas entre las que participaron en el concurso de reportaje gráfico Colombia: Imágenes y Realidades, realizado en 2003 por parte de la oficina y la Fundación Dos Mundos.

Anexo II

Casos representativos de violaciones de Derechos
Humanos e Infracciones al Derecho
Internacional Humanitario

Introducción

1. Se incorporan aquí las principales violaciones e infracciones registradas por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado durante el año 2004, incluyendo las modalidades identificadas, la atribución de responsabilidad por las mismas y los grupos particularmente afectados. Se trata de casos paradigmáticos que la oficina ha examinado exhaustivamente de acuerdo a su mandato y a sus métodos de trabajo.

I. Derechos Humanos

Derechos civiles y políticos

    Derecho a la vida

2. El derecho a la vida se vio afectado por un notable número de ejecuciones extrajudiciales, tanto individuales como colectivas, atribuidas directamente a miembros de la fuerza pública. Entre ellas cabe citar la ejecución de una persona y la tentativa de ejecución de otras tres, en junio, en el municipio de Bolívar (Valle), así como de otra persona en Puerto Guzmán (Putumayo), atribuida a miembros del batallón de soldados campesinos pertenecientes al Pelotón Fortaleza N.º 5 del Ejército Nacional.

3. Se registraron denuncias de ejecuciones de civiles atribuidas a miembros del Ejército Nacional que posteriormente fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. Esta situación se presentó particularmente en relación con miembros de la IV Brigada del Ejército en Medellín (Antioquia), donde además se denunciaron las alteraciones de la escena del crimen, así como en el Oriente Antioqueño. Son representativas de esto la masacre de cuatro campesinos, entre el 31 de diciembre de 2003 y el 1.º de enero de 2004, en Granada, y otras ejecuciones en Medellín, entre ellas la de un adulto y de un menor (ex milicianos informantes de la Policía), en septiembre, en el barrio La Cruz. Esta situación se presentó también en otras regiones del país como Cauca, donde se denunciaron las ejecuciones extrajudiciales de dos menores de edad, atribuidas a miembros del Batallón de contraguerrillas N.º 37, Macheteros del Cauca, en marzo, en Puracé. Asimismo se registró la ejecución de una persona por parte de miembros del Batallón Alfonso Manosalva Flórez del Ejército Nacional, en marzo, en Quibdó (Chocó), en la que se denunció que a la víctima le fue colocada un arma de fuego.

4. En otro connotado caso, la oficina registró la denuncia de la masacre de tres sindicalistas por parte de miembros del Ejército Nacional, en agosto, en Saravena (Arauca). Las autoridades precipitadamente apoyaron la versión de los miembros del Ejército sobre las muertes en combate. Las investigaciones judiciales y disciplinarias apuntaban a la existencia de ejecuciones extrajudiciales. También se atribuye al Ejército la responsabilidad por la muerte de siete policías y cuatro civiles en Guaitarilla (Nariño), ocurrida en marzo, así como la de cinco civiles, ocurrida en Cajamarca (Tolima) en abril.

5. Las comunidades indígenas resultaron particularmente afectadas. La oficina registró la ejecución extrajudicial de un indígena kankuamo -cuya comunidad cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - atribuida a miembros del Ejército Nacional adscritos al Batallón La Popa, en marzo, en Atánquez (Cesar); y las masacres de indígenas wuayuus en abril, y de wiwas, en enero y abril, en La Guajira, por paramilitares, en donde se denunció la responsabilidad de miembros del Ejército por omisión.

6. Continuaron registrándose ejecuciones y masacres cometidas por paramilitares en las que se recibió información fundada que comprometía la responsabilidad del Estado. Se denunció la omisión o la connivencia de autoridades locales en la ejecución de un líder político y defensor de derechos humanos, beneficiario del programa de protección del Ministerio del Interior, así como de su escolta, en abril, por miembros de las AUC, en Cúcuta (Norte de Santander). Otras denuncias vincularon la responsabilidad por la complicidad de miembros del Batallón 21 Vargas en la ejecución de un menor, en enero, así como la ejecución de la defensora de dere chos humanos y presidenta de la junta de acción comunal de la vereda Puerto Esperanza y de su hijo, en febrero, hechos ocurridos en El Castillo y atribuidos a los paramilitares del Bloque Centauros (Meta). En este último caso se denunció la presencia de miembros del Ejército entre los paramilitares que ejecutaron la acción.

7. Este año continuó viéndose comprometida la responsabilidad estatal por omisión, y hasta connivencia, en homicidios perpetrados por paramilitares en la Comuna 13 de Medellín (Antioquia) a pesar del fuerte control militar y policial. En el homicidio de la líder comunitaria y ex socia de la Asociación Mujeres de la Independencia (AMI) en octubre, en dicha comuna, se denunció la omisión de las autoridades.

8. Se registró la denuncia de connivencia por actuación conjunta de miembros de la fuerza pública en la masacre de seis raspachines, ocurrida en mayo, en San Luis, Oriente Antioqueño. Según la información recibida, los miembros del Ejército habrían realizado la acción y los paramilitares impedido el acceso de las autoridades para practicar el levantamiento de los cadáveres. El homicidio colectivo de tres personas, en febrero, fue atribuida de manera conjunta a miembros del Batallón de Artillería Bajes del Ejército y a paramilitares del antiguo Bloque Cacique Nutibara, en Granada (Antioquia). Otra denuncia se relaciona con la masacre de cuatro personas por miembros de la IV Brigada del Ejército, en febrero, en Medellín (Antioquia). Las víctimas habrían sido amenazadas por paramilitares que hacían presencia en el Bajo Cauca Antioqueño. En este último caso se denunció adicionalmente la manipulación de pruebas por miembros del Ejército.

9. La oficina registró un incremento de denuncias de ejecuciones extrajudiciales donde víctimas civiles habrían sido ejecutadas por paramilitares y posteriormente presentadas por el Ejército como guerrilleros o paramilitares muertos en combate, como en las ejecuciones extrajudiciales de un indígena kankuamo, en marzo, en Valledupar (Cesar), y de dos menores de edad, uno de ellos indígena wiwa, en febrero, en San Juan de Cesar (Guajira). Las víctimas habrían sido interceptadas en retenes paramilitares por el Bloque Norte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), y posteriormente presentadas por el Ejército como paramilitares muertos en combate.

    Derecho a la integridad personal

10. Se registraron denuncias de violaciones al derecho a la integridad personal por actos de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como por uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de la fuerza pública y de otros funcionarios de seguridad.

11. La oficina registró la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de miembros de la comunidad embera wounaan de Gengadó y Guijaradó, en Río Quito (Chocó), en marzo, atribuidos a soldados del Batallón Alfonso Manosalva de la IV Brigada del Ejército Nacional. Se denunció también la tortura de una persona en septiembre luego de ser detenido arbitrariamente en la Comuna 13 de Medellín (Antioquia ) por militares del Batallón de Ingenieros N.º 4 Pedro Nel Ospina, adscritos a la misma brigada.

12. Se denunciaron casos de ejecuciones extrajudiciales en las que los cadáveres presentaron señales de torturas como en la ocurrida contra dos menores de edad, en junio, en la ciudad de Cali (Valle), atribuidas a miembros de la Policía Nacional. Sin embargo, persistió el subregistro de casos de tortura en los informes forenses practicados sobre los cadáveres de las víctimas de muerte. Lo mismo puede señalarse sobre el subregistro de las violaciones sexuales.

13. Las personas detenidas o los internos de centros penitenciarios también se vieron afectados por estas violaciones. La Procuraduría General de la Nación investiga la responsabilidad de funcionarios del INPEC por torturas en Valledupar (Cesar), Barranquilla (Atlántico) y La Dorada (Caldas). Se denunciaron tratos crueles, inhumanos o degradantes contra reclusos del penal de San Isidro (Cauca). A su vez, el INPEC investiga más de 80 denuncias por ese tipo de tratos.

14. Se denunció también el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de la fuerza pública, como el atribuido al Escuadrón Móvil Antidisturbios en la manifestación de protesta contra el Tratado de Libre Comercio en Cartagena (Bolívar), produciendo numerosos heridos, entre ellos siete periodistas, así como en la manifestación pacífica de población que protestaba contra el "peajito social", en mayo, en la autopista Bello - Hatillo (Antioquia). La oficina registró el uso excesivo de la fuerza atribuido a la Policía Nacional en operativos en Cali (Valle), en febrero contra miembros de una asociación civil, entre ellos algunos beneficiaros del Programa de Protección del Ministerio del Interior y de medidas cautelares de la CIDH, así como contra manifestantes pertenecientes a organizaciones sociales y sindicatos, durante la marcha del 1.º de mayo.

    Derecho a la libertad individual y a la seguridad personal

15. Este derecho se vio afectado por desapariciones forzadas y detenciones ilegales o arbitrarias. La mayoría de las desapariciones forzadas fueron atribuidas a grupos paramilitares. En algunos casos se investiga la responsabilidad de funcionarios públicos, en especial del Ejército Nacional. Cabe señalar que la desaparición forzada está fuertemente subregistrada. Se denunció la complicidad de soldados adscritos a la IV Brigada del Ejército en las desapariciones de dos personas en octubre de 2003. Las víctimas habrían sido torturadas por miembros del Ejército y luego de permanecer desaparecidas, fueron encontradas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), descuartizadas en una fosa común, en marzo de 2004, supuestamente ejecutadas por paramilitares. La Procuraduría General de la Nación investiga la responsabilidad del Estado, particularmente de miembros del Ejército, y en menor medida de la Policía Nacional, en denuncias de desapariciones forzadas, particularmente en Antioquia, Tolima, Bolívar, Caquetá, Cesar, Magdalena, Guaviare y Atlántico.

16. La oficina en Colombia recibió información sobre detenciones masivas, con o sin orden judicial, en su mayoría basadas en débiles declaraciones o señalamientos de informantes o desmovilizados, así como en informes de inteligencia. Es representativa la detención de 32 personas por miembros de la Policía Nacional y de la Fiscalía, en febrero, en Chaparral (Tolima), así como la de 24 personas por funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), de la Fiscalía y del Ejército, en Corinto (Cauca), en junio. Los mismos fundamentos dieron lugar a detenciones individuales que afectaron a líderes y defensores de derechos humanos. Puede citarse entre ellas la detención de un defensor, por miembros del Servicio de Inteligencia Judicial Nacional (SIJIN), en junio, en Barranquilla (Atlántico), posteriormente liberado, y la detención, sin orden judicial, de un miembro de la Asociación de Negros Unidos del río Yurumanguí, por parte de la Infantería de Marina, en agosto, en Buenaventura (Valle).

17. En varios casos se cuestionó la actuación de la Fiscalía por apoyar dichas diligencias con órdenes de captura en blanco o elaboradas a posteriori. En la detención de 24 personas - cinco mujeres y 19 hombres-, en Santa Rosa (Cauca), por parte de miembros del Batallón de Alta Montaña N.º 4, el DAS, las Fiscalía y el CTI, se denunció que la Fiscalía había llegado con la orden de captura en blanco y procedía a diligenciarla con base en los señalamientos de un informante encapuchado. La estigmatización que provocan las detenciones arbitrarias, donde además las víctimas son expuestas a los medios de comunicación como pertenecientes a grupos armados ilegales, pone la vida de aquellas en riesgo. Esto sucedió con el profesor Alfredo Correa de Andreis, ejecutado en septiembre, en Barranquilla (Atlántico). La víctima había sido detenida en junio y sindicada del delito de rebelión con base en informaciones de un reinsertado. Su ejecución ocurrió quince días después de ser puesto en libertad por ausencia de pruebas en su contra.

    Derecho al debido proceso

18. Se continuaron registrando denuncias de violaciones al debido proceso por irrespeto de la independencia e imparcialidad de la justicia, de las garantías procesales y del principio de presunción de inocencia.

19. Se denunciaron varios casos de irregularidades por la manipulación de pruebas y testigos atribuida a funcionarios de la Fiscalía, así como a miembros del DAS y del Ejército Nacional. Se atribuyó a miembros del DAS y de la Fiscalía la utilización de testimonios de falsos desmovilizados y de testigos clonados en la investigación del defensor de derechos humanos Amaury Padilla, detenido en diciembre de 2003, en Cartagena (Bolívar) y puesto en libertad en junio de 2004. Otro caso relevante es el de Rina Bolaño, bacterióloga secuestrada por las FARC-EP y víc tima de violación sexual por un comandante de ese grupo armado, en agosto de 2003, quien fue acusada de rebelión por el supuesto autor de la violación, reinsertado posteriormente. Se denunció que los testimonios en su contra habían sido manipulados por miembros del DAS, con la complicidad de la fiscal, lo cual quedó plasmado en el auto que revoca la medida de aseguramiento y le concede la libertad. En agosto de 2004 precluyó la investigación en su contra, sin embargo, no avanzó el proceso por los delitos de la cual fue víctima inicialmente. Por otra parte, la Procuraduría determinó la manipulación de la escena del crimen por miembros del Ejército y funcionarios de la Fiscalía, en el caso de las ejecuciones extrajudiciales de siete miembros de la Policía del Gaula y de cuatro civiles por parte de miembros del Ejército, en marzo, en Guaitarilla (Nariño).

20. Se registró la obstaculización de la labor de la justicia, así como la violación de la independencia y autonomía judicial en casos en los cuales varios fiscales fueron removidos porque sus nombramientos fueron declarados insubsistentes por el Fiscal General de la Nación, invocando sus facultades discrecionales. Se denunció que en varios de esos casos el curso de las investigaciones que tenían a cargo los fiscales les habría provocado la pérdida de sus puestos. Adicionalmente, se registraron violaciones a los derechos a la honra, reputación y dignidad, y a la presunción de inocencia, al señalarse que esas decisiones respondían a una política por parte de la Fiscalía General de la Nación, de depuración de funcionarios corruptos, sin que mediara investigación judicial o disciplinaria. Esto sucedió, por ejemplo, en el caso del fiscal álvaro Bayona, y las fiscales Omaira Gómez y Aidee López, en abril, en Bogotá.

21. La independencia judicial fue violada por la asunción de competencia por la justicia penal militar de investigaciones de casos de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. En varios de esos casos, particularmente en aquellos relacionados con denuncias de homicidios de personas protegidas, la propia Fiscalía remitió la investigación al fuero militar. Ejemplos de esto han sido los procesos por el caso de Guaitarilla, arriba citado, así como de otras ejecuciones u homicidios, como los ocurridos contra una mujer en la Comuna 13 de Medellín (Antioquia), en julio, y contra otra persona en Quibdo (Chocó), en marzo, atribuidos a miembros del Ejército. Lo mismo se planteó en el caso del homicidio de una persona, en junio, en Bolívar (Valle), atribuido a miembros de la Policía, y de otra en Cali (Valle), en febrero, atribuido a un soldado de la Base Aérea. Debe señalarse que en otros casos se planteó conflicto de competencia, como en el de Cajamarca, donde se atribuye a miembros del Ejército el homicidio de cinco civiles. El Consejo Superior de la Judicatura decidió en un segundo pronunciamiento cambiar su decisión anterior y enviar la investigación a la justicia ordinaria.

    Derecho a la libertad de circulación y re sidencia

22. Las principales violaciones a este derecho están constituidas por desplazamientos forzados en los que se atribuye responsabilidad a la fuerza pública, por su actuación directa o por omisión o connivencia con operativos de grupos al margen de la ley, en particular paramilitares. Varios de estos ejemplos constituyen igualmente infracciones al derecho internacional humanitario y se reportan en el capítulo correspondiente a estas últimas.

    Derecho a la vida privada y a la inviolabilidad del domicilio

23. Este derecho se vio afectado por la práctica de allanamientos y registros ilegales o arbitrarios, con orden judicial basada en fundamentos jurídicos poco sólidos, o sin orden judicial, generalmente en la modalidad de los llamados allanamientos o registros voluntarios, en los cuales se prescinde de la orden judicial por la supuesta autorización de los destinatarios de estas diligencias. Ejemplos de estos últimos fueron las denuncias sobre varios allanamientos en Puerto Leguízamo (Putumayo) realizados durante los primeros meses de 2004 por miembros de la fuerza pública, y funcionarios de la Procuraduría y la Fiscalía. Se denunció también el caso del allanamiento, por parte de la Fiscalía y el Gaula, de la finca de los padres de un defensor de derechos humanos, en mayo, en Aratoca (Santander), así como la denuncia de un allanamiento ilegal por funcionarios del DAS y de la Fiscalía en la residencia de una defensora de derechos humanos, dirigente de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) y de la Fundación Mujer y Futuro, en octubre, en Bucaramanga (Santander).

    Derecho a la libertad de opinión y de expresión

24. Se registraron violaciones del derecho a la libertad de expresión y de información mediante tentativas de ejecución extrajudicial, amenazas, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza en contra de los periodistas. La oficina registró denuncias sobre las amenazas en contra de dos periodistas del periódico La Opinión, en mayo, atribuidas a un funcionario de la Dirección de Policía Judicial e Investigación (DIJIN) y a un coronel de la Policía Nacional, en Cúcuta (Norte de Santander). Uno de ellos tuvo que salir del país. Otro caso registrado, en junio, en Puerto Asís (Putumayo) fue la detención arbitraria de dos periodistas, sin orden judicial y sin haber sido informados de los motivos de la detención, por miembros de la Armada Nacional y del Ejército, quienes además habrían retenido y revisado todo el material periodístico, el cual les fue devuelto antes de ser puestos en libertad.

25. En la realización de algunas acciones participaron paramilitares y se recibió información fundada que compromete la responsabilidad del Estado, sea por omisión o por connivencia. Un ejemplo de omisión fue la que se denunció en relación con las amenazas a un periodista, beneficiario del Programa del Protección del Ministerio del Interior, atribuidas a paramilitares. Las mismas estarían vinculadas a su trabajo periodístico sobre el Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI), en febrero, en Cali (Valle). Se denunció la complicidad entre servidores públicos y grupos paramilitares en las amenazas contra tres periodistas, en junio, en Cúcuta (Norte de Santander), debido a la cobertura periodística de la detenc ión del alcalde local sindicado de tener vínculos con grupos paramilitares. Los periodistas recibieron información posterior sobre la existencia de planes para atentar contra sus vidas. Los hechos fueron atribuidos a paramilitares en complicidad con las autoridades municipales locales.

26. La libertad de expresión y de información se vio también afectada por las amenazas contra periodistas de la Revista Semana, en octubre, en Bogotá, luego de que ese medio de comunicación publicara el contenido de las graba ciones de algunos diálogos entre el Alto Comisionado para la Paz y los jefes paramilitares que se encontraban negociando con el Gobierno en Santa Fe de Ralito. Por otra parte, se denunció la violación de la libertad de opinión y de expresión contra el grupo musical Los Pasajeros, detenidos por la Policía Judicial y judicializados por la Fiscalía destacada ante el Grupo élite Antiterrorista, sobre la base de informes de inteligencia basados en declaraciones de informantes y reinsertados. Los músicos fueron puestos en libertad en diciembre. éstos habrían sido perseguidos por sus actividades en manifestaciones de protesta y sindicales. Se informó que e l Comandante de la Policía Metropolitana de Medellín declaró que las canciones del grupo eran una clara apología a la subversión.

II. Derecho Imternacional Humanitario

Homicidios y amenazas de personas protegidas

27. Los civiles continuaron siendo víctimas de homicidios individuales y colectivos por parte de miembros de los grupos armados ilegales. Se registra ron varias masacres perpetradas por miembros las FARC-EP en Antioquia, entre ellas la de 7 campesinos, en julio, en San Carlos, y la de 5 campesinos, en mayo, en Cocorná. También se registraron homicidios colectivos, atribuidos a las FARC-EP, en contra de trabajadores de cultivos ilegales, como la de 34 campesinos, en junio, y de 9 campesinos, en agosto, ambas en Tibú (Norte de Santander). Se denunció el homicidio de un líder comunitario, en febrero, en Tulúa (Valle).

28. A los grupos paramilitares se les atribuye el homicidio colectivo de tres indígenas wiwas, en enero, en San Juan del Cesar (Guajira). Este hecho provocó además el desplazamiento forzado de 800 miembros de la referida comunidad. Se denunciaron también los homicidios colectivos de 4 personas, en marzo, en San Luis (Antioquia), y de 11 personas, en mayo, en veredas de Tame (Arauca). A estos se suma la masacre de 11 personas, entre ellas una mujer embarazada y 2 niños, en octubre, en Candelaria (Valle). Se registraron incursiones paramilitares en las que se denunciaron homicidios individuales y colectivos, como los ocurridos, en julio, en Quinchía (Risaralda), donde habrían muerto 13 personas, y en varias veredas de Valle del Guamuez (Putumayo), entre el 15 y 16 de agosto, en la que murieron por lo menos 12 personas.

29. Se continuaron registrando homicidios selectivos atribuidos a grupos guerrilleros y paramilitares. Se atribuye a las FARC-EP el homicidio del secretario privado de la alcaldía de San Vicente del Caguán (Caquetá) y de su esposa, en junio, así como, el homicidio del alcalde y de un concejal del municipio de Rivera (Huila), y de un líder comunitario, en junio, en Valledupar (Cesar). Se registró también el homicidio colectivo de 4 personas retornadas, en septiembre, en San Carlos (Antioquia) y el de 1 maestro, en abril, en Tame (Arauca). Los grupos paramilitares fueron denunciados por los homicidios de 1 maestra y de 1 ex concejal, en octubre y noviembre, en Fortul (Arauca); de 1 líder comunitaria, en octubre, en la Comuna 13 de Medellín (Antioquia); y de 1 docente, en noviembre, en San Calixto (Norte de Santander).

30. Se registraron varios homicidios de miembros de comunidades indígenas, algunos de ellos con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se denunció a las FARC-EP por los homicidios del cabildante embera chamí del Resguardo de San Lorenzo, en julio, en Riosucio (Caldas); de 1 líder guambiano, en febrero, en Silvia (Cauca); y de 1 Mamo arhuaco, de 70 años, en noviembre, en la Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena). A los grupos paramilitares se les atribuyó el homicidio de dos indígenas embera chamís, por el Bloque Central Bolívar de las AUC, en agosto en Riosucio (Caldas), así como el asesinato de un líder indígena kankuamo, por miembros del Bloque Norte de las ACCU, en agosto, en Valledupar (Cesar), y el homicidio de un indígena pijao, por miembros del Bloque Tolima, en agosto, en Coyaima (Tolima).

31. Hubo denuncias de homicidios cuya autoría fue atribuida a miembros de la fuerza pública. Se denunciaron los homicidios de una persona por miembros del Batallón de Artillería N.º 4, adscrito a la IV Brigada del Ejercito Nacional, en junio, en Granada (Antioquia), y dos mujeres, por miembros del Batallón Antiguerrilla N.º 37, en marzo de 2004, en Pura cé (Cauca).

32. La oficina recibió información sobre amenazas contra la población para impedir su circulación en ciertas regiones del país, dejando comunidades bloqueadas y sitiadas. Se atribuyó a las FARC-EP la prohibición de ingreso de determinadas personas a la zona de Chalán, Colosó, Ovejas, en los límites con Morroa (Sucre). Los mismos hechos se denunciaron en la ruta de Carmen de Bolívar a El Salado (Bolívar), donde las FARC-EP han dado la orden de no transitar por la carretera, así como en el río Carare, en Landázuri (Santander), donde prohibieron el transporte fluvial, en abril. Se denunció a miembros de la Policía Nacional por amenazar a la población que transportaba alimentos hacia las tiendas comunitarias de algunas veredas del Medio Atrato Antioqueño, en abril, impidiendo su libre tránsito y aumentando la crisis humanitaria de la región. La oficina recibió información sobre las amenazas atribuidas a miembros de grupos paramilitares, en complicidad con miembros del Ejército Nacional, con los transportadores de alimentos entre San Juan del Cesar (Guajira) y el resguardo indígena wiwa/kogui, en abril.

Ataques contra la población civil y ataques indiscriminados

33. Los grupos armados al margen de la ley continuaron incumpliendo los principios humanitarios de limitación, distinción y proporcionalidad, y no respetando la inmunidad de la población civil, mediante ataques contra ésta y ataques indiscriminados, atribuidos en particular de las FARC-EP. Este grupo continuó usando indiscriminadamente artefactos explosivos; se recibió información sobre la utilización de cilindros de gas lanzados en contra de la población civil, en San Miguel, (Putumayo) y en varios municipios de Nariño, que ocasionaron graves heridas a civiles y daños materiales en las viviendas. Se registró también el lanzamiento de una granada y disparos en contra de civiles que se encontraban en un establecimiento público, en enero, en Anza (Antioquia), ocasionando la muerte de dos civiles y heridas a otros siete. Asimismo, se denunció el ata que de las AUC contra una casa donde había civiles, en el que murió un niño de 7 años, y dos mujeres resultaron heridas, en septiembre, en Anorí (Antioquia).

34. Entre los ataques indiscriminados se registró el atribuido a las FARC-EP y al ELN en Cumbitara, la Llanada, Ricaurte y los Andes (Nariño), en febrero, contra la estación de la Policía y las casas vecinas, produciendo un civil muerto y cuatro heridos.

35. Se denunció que durante operaciones militares adelantadas en San Vicente del Caguán (Caquetá ) por la Brigada móvil N.º 9, aparentemente contra las FARC-EP, en abril, aquellos dispararon contra unos civiles que se refugiaron cerca de su casa para protegerse, hiriendo gravemente a niña que posteriormente resultó muerta al impedírsele la búsqueda de atención médica. Se denunciaron igualmente bombardeos indiscriminados por parte de la Fuerza Aérea Colombiana contra el resguardo indígena awa, en Ricaurte (Nariño), en febrero, provocando el desplazamiento de 200 indígenas. Asimismo, la Procuraduría adelanta investigaciones por los bombardeos y ametrallamientos indiscriminados contra poblaciones habitadas atribuidos a la fuerza pública, ocurridos en los departamentos de Bolívar, Cauca, Tolima y Caquetá.

Actos de terrorismo

36. Los grupos guerrilleros, especialmente las FARC-EP, siguieron cometiendo actos de terrorismo. Se registró la explosión de una bomba en una discoteca en Apartadó (Antioquia), en mayo, que causó la muerte de 7 civiles, entre ellos una niña, y heridas a 22 personas, así como la detonación de un artefacto explosivo en el interior de un vehículo que causó la muerte de 2 personas y heridas a 12, en mayo, en San Carlos (Antioquia). La oficina recibió también la denuncia sobre la explosión de un carro bomba, en mayo, en Tame (Arauca), resultando 2 civiles muertos, entre ellos un niño, y 47 heridos, así como de otro carro bomba en el oriente de Cali (Valle), en junio. Los hechos se atribuyeron a las FARC-EP.

Torturas y otros atentados contra la dignidad personal

37. Se denunciaron torturas atribuidas a miembros de las FARC-EP de personas que posteriormente fueron muertas, como en el caso de cinco personas que habían sido tomadas como rehenes y cuyos cuerpos fueron hallados posteriormente con señales de tortura en Corinto (Cauca), en enero. Lo mismo se de nunció respecto del caso de ocho campesinos víctimas de homicidio, que habrían sido torturados previamente en enero, en Pensilvania (Caldas).

38. También se denunciaron actos de tortura atribuidos a los paramilitares en el parque Tayrona (Magdalena), en agosto, contra una persona a la que cortaron los testículos para luego degollarla. También se denunciaron las torturas durante las incursiones paramilitares en las veredas de Flor Amarillo, Piñalito y Cravo Charco, en Tame (Arauca), en mayo, donde varias de las víctimas habrían sido muertas después de haber sido torturadas con un descargas eléctricas, y las perpetradas contra indígenas wayus en la incursión a Bahía Portete, Uribia (Guajira). Se denunciaron actos de tortura en regiones de dominio guerrillero, en las cuales se estigmatiza a la población civil y se la acusa de colaboración con éstos. Se reportó que miembros de la Brigada Movil N.º 8 habrían torturado, en operativos contrainsurgentes, a dos campesinos, en abril, en Cunday (Tolima). Se informó además de que los soldados se había hecho pasar inicialmente por guerrilleros.

Toma de rehenes

39. La toma de rehenes sigue siendo una práctica utilizada principalmente por los grupos guerrilleros y, en menor medida, por los grupos paramilitares. Entre las denuncias de recibidas por la oficina se encuentran la toma como rehenes de 5 estudiantes universitarios y 1 profesora, atribuida a las FARC-EP, en septiembre, en Frontino (Antioquia), y la de 4 autoridades indígenas paeces, uno de ellos alcalde municipal, y su conductor, atribuida a las FARC-EP, en agosto en Toribío (Cauca). También se sindica a este grupo de la toma como rehenes de 1 niño y 1 niña, en octubre, en Orito (Putumayo), y de 4 civiles en Neiva (Huila) en febrero. Por su parte, se le atribuyó al ELN la toma de 12 rehenes ocurrida en mayo en Quibdo (Chocó), y del obispo de Yopal, en julio, en Paya (Boyacá)

40. La oficina recibió información sobre tomas de rehenes atribuida a miembros de grupos paramilitares, tales como la de 5 embera katíos, ocurrida en mayo, y la de 1 gobernador embera katío, en mayo, ambas en Tierralta (Córdoba). Se denunció también la toma de rehenes del ex senador José E. Gnecco, en junio, en la vía Santa Marta-Riohacha, por parte de las AUC al mando de Jorge 40.

41. Se responsabilizó a las FARC-EP por el homicidio de una niña de 15 años que se encontraba tomada como rehén por ese grupo armado, así como del homicidio de otro rehén, hermano de la Ministra de Educación, en julio.

Desplazamientos forzados

42. Durante 2004 se continuaron presentando casos de desplazamiento forzado, tanto individuales como colectivos, atribuidos a los grupos armados ilegales. Se sindicó a las FARC-EP por varios desplazamientos masivos ocurridos en Antioquia, en los municipios de San Francisco, en marzo y octubre , de San Carlos, en julio y septiembre, y de Cocorná en julio. Se registraron también desplazamientos en Samaná (Caldas), en abril, y en Riosucio (Chocó), en el mismo mes, atribuidos al mismo grupo guerrillero.

43. Se atribuyó a los paramilitares desplazamientos masivos en varias comunidades que habitan los ríos Opogadó y Bojayá (Chocó), en marzo, y en Hacarí (Norte de Santander), en febrero, entre otros.

44. Los combates entre grupos guerrilleros y paramilitares generaron desplazamientos masivos en San Juan (Chocó), durante el mes de julio, y en Maguy Payán (Nariño), en mayo. Adicionalmente, se registraron casos de desplazamiento como consecuencia de combates entre la fuerza pública y los grupos armados al margen de la ley, como los ocurridos entre mayo y junio en Cartagena del Chairá (Caquetá), y en Ricaurte (Nariño), en febrero.

Niños víctimas del conflicto armado

45. Los niños y las niñas siguieron siendo víctimas de homicidios, amenazas, ataques indiscriminados, toma de rehenes (Putumayo), desplazamiento forzado, y de actos de terrorismo (Arauca), entre otros.

46. Según la Defensoría del Pueblo, se presentaron denuncias de diez homicidios de niños y niñas pertenecientes a la etnia Wayu, de los que cinco habrían sido quemados y una niña violada por miembros de grupos paramilitares en la comunidad de Walilparture, Dibulla (Guajira). La oficina recibió información sobre la tortura, por parte de paramilitares, de un niño acusado de hurto, en abril, en Landázuri (Santander).

47. Persisten casos de niños y niñas afectados por las minas antipersonal. Por ejemplo, en julio 1 niño fue herido por la explosión de una mina en Samaná (Caldas), 4 niños resultaron lesionados luego de haber activado una mina, en septiembre en Argelia (Antioquia), y 3 niños embera katíos fueron heridos por minas antipersonales entre abril y junio, en el resguardo Quebrada Cañaveral, Puerto Libertador (Córdoba). Al parecer estos artefactos habrían sido sembrados por las FARC-EP.

48. Continuaron presentándose casos de reclutamiento forzado como el de 27 niños, atribuido al Bloque Centauros de las AUC, en febrero en Bogotá, el de 1 niño de 12 años, atribuido a paramilitares, en julio en Apartadó (Antioquia), y el de 11 niños por parte de miembros del antiguo Bloque Cacique Nutibara de las AUC, en agosto, en la Comuna 13 de Medellín (Antioquia).

49. También se ha recibido información sobre la utilización de menores como informantes o en operativos de inteligencia, incluyendo a niños desmovilizados, en contradicción de la Directiva N.º 13 de 2004, emitida por el Procurador General.

Mujeres víctimas del conflicto armado

50. Los derechos de las mujeres y de las niñas siguieron viéndose afectados por el conflicto armado. Se denunciaron amenazas contra ellas por el solo hecho de tener relaciones familiares o afectivas con algún integrante del grupo armado opuesto. Las más afectadas por esta situación siguieron siendo las mujeres campesinas, indígenas y afrocolombianas, en especial aquellas que se encuentran organizadas, desplazadas, retornadas o confinadas. Por ejemplo, en mayo se presentó el homicidio de una indígena kankuama, en Guatapurí (Cesar). La víctima habría sido muerta por las FARC-EP por haber cocinado y lavado ropa para miembros del Ejército Nacional. Asimismo, se registró la denuncia de la masacre de cuatro mujeres, una de ellas en estado de gestación, atribuida a las FARC-EP, en octubre, en Colosó (Sucre). El motivo habría sido, supuestamente, la relación personal de las mujeres con miembros de la fuerza pública.

51. La oficina registró un aumento en las denuncias de violaciones sexuales y otras formas de violencia sexual atribuidas a los grupos armados que participan en las hostilidades. Se denunció la esclavitud sexual de mujeres por parte de las FARC-EP en Tolima, Risaralda y Quindío. Se registró también la violación sexual de una mujer y de sus dos hijas, por parte de paramilitares pertenecientes al Bloque Central Bolívar, en Risaralda, la violación sexual de dos niñas indígenas wayuus en Dibulla (Guajira), así como la esclavitud sexual de mujeres por par te de paramilitares en el Casanare. Se denunció la violación sexual de dos niñas, atribuida a miembros de la IV Brigada del Ejército Nacional, en julio, en Sonsón (Antioquia), así como la desnudez forzada y el intento de violación sexual de dos indígenas embera wounaan, por parte de soldados del Batallón Alfonso Manosalva Flórez, en marzo, en Chocó. Se denunció también que niñas menores de 14 años habrían quedado embarazadas de los soldados del Batallón de Alta Montaña, debido a su presencia cerca de la escuela local, y en ocasiones, la ocupación, en Pichindé, Cali (Valle).

52. Las mujeres y sus organizaciones han sido víctimas de amenazas, torturas y desplazamientos por resistirse al control social y político por parte de los grupos armados ilegales, en particular de los paramilitares. Se denunciaron las amenazas y torturas de una periodista perteneciente a la Organización Femenina Popular (OFP), a quien los paramilitares le habrían cortado el pelo y quemado los pies con agua caliente, en enero, en Barranca bermeja (Santander). Otras organizaciones amenazadas han sido la Casa de la Mujer en Bogotá, la Liga de Mujeres Desplazadas de Bolívar en Cartagena y ANMUCIC en diferentes regiones del país. Algunas líderes de esta última han tenido que desplazarse y otras dejar el país.

Atentados contra la misión médica

53. Los grupos armados ilegales, especialmente las FARC-EP, continuaron cometiendo atentados en contra de integrantes de la misión médica. La oficina recibió información de que en agosto miembros de las FARC-EP tomaron como rehenes durante dos días a siete integrantes de una brigada de salud, cuando realizaban una jornada de vacunación en la Comunidad Flor Amarillo (Arauca). Se denunció el homicidio, en julio, en Dibulla (Guajira), de un indígena kogui, auxiliar de enfermería de la institución prestadora de servicios de salud (IPS) Gonawinda que se encontraba reunido con miembros de la comunidad taninaka, así como el hurto de una lancha municipal de vacunación, en agosto, en Puerto Asís (Putumayo). Se denunció el impedimento por parte de miembros del Ejército a la acción de la misión médica, en Pance (Valle) al ser retenida en un retén militar, en mayo.

Utilización de minas antipersonal

54. Los grupos armados ilegales persistieron en el uso de minas antipers onal. Se registró que las FARC-EP realizó la siembra de minas antipersonal en marzo en San Francisco, (Antioquia) y en el municipio de Cocorná (Antioquia), donde dos campesinos y un soldado resultaron heridos. Se constató que las minas habían sido sembradas en cercanías de una escuela. La oficina registró la muerte de una persona a causa de la detonación de una mina, en abril, en Murindó (Chocó), así como la muerte de varios miembros del Ejército por la utilización de estas armas, en marzo, en Orito (P utumayo). Los niños y las niñas están entre los principales lesionados a causa de la detonación de las minas.

Anexo III

Situación de Grupos particularmente vulnerables

Defensores de derechos humanos, sindicalistas y otros líderes sociales

1. Durante 2004 la situación de vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos se vio afectada, por las amenazas de los grupos armados al margen de la ley, en particular de los paramilitares. A esto se agregaron algunas declaraciones públicas de altos funcionarios del Gobierno [e] que cuestionaron la legitimidad del trabajo de sus organizaciones. La política estatal al respecto no ha sido coherente. El Gobierno continuó impulsando medidas de protección, a través del Programa del Ministerio del Interior, e intensificó la interlocución, en los últimos meses del año, con las organizaciones de derechos humanos. A la vez, declaraciones y actitudes de varios funcionarios han desconocido las directivas presidenciales y ministeriales en favor de los defensores de derechos humanos y sindicalistas [f]. Ello contribuyó a la polarización y a elevar los factores de riesgo que afectan a los defensores de derechos humanos.

2. Se registraron homicidios, amenazas y hostigamientos en contra de defensores de derechos humanos y sindicalistas, atribuidos, en su gran mayoría, a miembros de grupos paramilitares, pero también a integrantes de las FARC-EP. El Gobierno registró durante los primeros diez meses de 2004 el homicidio de 30 sindicalistas, mientras que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) registró 87 durante todo el año. Más del 50% de las víctimas pertenecían al magisterio.

3. También se reportaron a la oficina casos en que los defensores de derechos humanos y sindicalistas fueron víctimas de privaciones arbitrarias de la libertad, allanamientos arbitrarios o ilegales, violaciones al debido proceso y atentados a la libertad de reunión y manifestación pacífica, atribuidos a servidores de la Fiscalía General y de la fuerza pública. Los procesos penales en contra de defensores de derechos humanos por delitos contra el régimen constitucional y la seguridad pública sobre bases indiciarias poco sólidas, como informes de inteligencia, los expusieron incluso a riesgos de muerte. Esto ha contribuido a que defensores de derechos humanos y sindicalistas se autocensuren en su expresión y se autolimiten en sus actividades, reduciendo sus espacios para el ejercicio de la libertad de opinión, tendencia que ya era perceptible el año anterior.

4. La resistencia de las mujeres y sus organizaciones al control social y político por parte de los grupos armados ilegales ha generado atentados contra su vida, desplazamientos y el exilio de sus líderes. Esta situación afecta a los procesos organizativos y la participación de las mujeres en los espacios de paz y democracia. Las organizaciones más afectadas siguen siendo la Organización Femenina Popular (OFP), Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia (ANMUCIC), y la Liga de Mujeres Desplazadas de Bolívar.

Comunidades en riesgo

5. La situación de riesgo afectó particularmente a comunidades bajo amenazas de atentados o desplazamientos, y a comunidades desplazadas, bloqueadas o sitiadas. Mientras el número total de personas desplazadas continuó creciendo -debido al cúmulo de desplazados de años anteriores que no han podido resolver su situación-, durante 2004 persistió la tendencia a la baja en el número de nuevos desplazamientos forzados, situación que se estaría revirtiendo en el segundo semestre [g]. Dicha disminución puede atribuirse a factores como el cambio de dinámica del conflicto armado, el impacto de la política de seguridad y de retornos, la existencia de comunidades bloqueadas por los grupos armados ilegales, y las negociaciones con las autodefensas. En ciertas zonas del país, se registró un aumento del desplazamiento como consecuencia de enfrentamientos entre quienes participan en las hostilidades, como es el caso de los departamentos de Putumayo y Caquetá.

6. El presupuesto de la Red de Solidaridad Social aumentó considerablemente y la Red realizó importantes esfuerzos en cuanto a la ayuda humanitaria de emergencia y el fortalecimiento de las unidades de atención y orientación. Se presentaron pocos progresos en la provisión de soluciones duraderas y sostenibles, en especial frente a la política de retorno, impulsada por el Gobierno. Se observó el desmantelamiento de las políticas de atención diferencial, optándose por la creación de una categoría general de población vulnerable que pretende ser atendida dentro de la oferta de la política social. La Corte Constitucional, además de cuestionar la respuesta estatal, destacó las necesidades de las mujeres cabeza de familia, los menores, y los ancianos. No se registraron acciones estatales para atender adecuadamente, en la población des plazada, la violencia intrafamiliar y sexual o cuestiones relacionadas con la salud sexual y reproductiva. El 52% de las mujeres desplazadas reporta haber sufrido algún tipo de maltrato físico, y el 36% haber sido forzada por desconocidos a tener relaciones sexuales [h].

Comunidades indígenas y afrocolombianas

7. El conflicto armado interno continuó amenazando la diversidad étnica y cultural del país. La tendencia de disminución de los índices de ciertas manifestaciones de violencia no se vio reflejada en la situación de los indígenas y afro-colombianos. Hubo incremento de enfrentamientos en varios de los territorios de los grupos étnicos. La oficina registró denuncias sobre bombardeos, homicidios, reclutamientos forzosos, confinamientos, bloqueos de alimentos, y de utilización forzosa de guías. La impunidad de estos hechos sigue representando un reto para la administración de justicia. Las comunidades más afectadas fueron las de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), las del Eje Cafetero, las del Chocó, y las de zonas donde se desarrolla el Plan Patriota [i]. El Relator Especial sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas señaló que "al menos doce pequeños pueblos indígenas en el Amazonas están a punto de extinguirse por efecto de estos diversos procesos. [...] Entre los más vulnerables se cuentan los pueblos awa, kofán, siona, páez, coreguaje, carijona, guayabero, muinane-bora, pastos, embera y witoto en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Guaviare".

8. Llama particularmente la atención las amenazas, homicidios y tomas de rehenes de líderes tradicionales y políticos indígenas por parte de las AUC y de las FARC-EP. Se registraron también homicidios atribuidos a miembros de la fuerza pública [j], capturas masivas y arbitrarias de líderes de los grupos étnicos, así como varios casos de nexos entre miembros de aquella y grupos paramilitares en la Sierra Nevada de Santa Marta. Las comunidades más afectadas por homicidios selectivos de grupos paramilitares fueron las embera chamí (Caldas), wayuu (La Guajira), wiwa (SNSM/ La Guajira), y kankuama (Cesar). Las más afectadas por parte de las FARC-EP fueron las comunidades embera chamí (Caldas), kankuamas (Cesar), koguis (SNSM) y guambianas (Cauca). La toma de rehenes por las AUC y las FARC-EP han afectado principalmente a los embera katios, los paeces y los awas. Los ataques de los grupos armados ilegales a la misión médica afectó la atención en salud médica de los indígenas.

9. Persistieron las fumigaciones en los territorios indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Norte de Santander, Guaviare y Caquetá. El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de indígenas recogió testimonios de abusos y violaciones de los derechos humanos específicamente de las mujeres indígenas, incluyendo violencia física y sexual por actores armados, así como violencia intracomunal e intrafamiliar por miembros de sus comunidades.

10. Las comunidades afrocolombianas son víctimas de la exclusión y la discriminación. Su marginalización se manifiesta en un nivel elevado de extrema pobreza (76%), altas tasas de desempleo (42%), analfabetismo tres veces superior al promedio, y mortalidad infantil casi cuatro veces más alta que para los demás [k]. Aunque se ha logrado transferir propiedad colectiva de territorios a comunidades afrocolombianas, el conflicto armado y la presencia de los actores armados ilegales impiden el ejercicio efectivo de los derechos de propiedad sobre sus territorios.

Niñez

11. Una amplia parte de la población infantil continua siendo víctima del conflicto armado interno. Miles de niñas y niñas militan en las filas de los grupos armados ilegales y participan en las hostilidades. La niñez también se ve afectada por la toma de rehenes, el desplazamiento, la siembra de minas antipersonal y las consecuencias de las infracciones al derecho humanitario en contra de sus familias y comunidades.

12. Adicionalmente un número importante de niños y niñas son víctimas de vulneraciones a sus derechos a la vida, a la integridad y a la libertad debido al abandono, el abuso y la explotación sexual y laboral, el maltrato físico y la violencia intrafamiliar. Asimismo, cerca de 20 de cada 100 niñas y niños colombianos no figuran en el registro civil, dificultando la protección que el Estado les debe proveer. Una gran proporción de éstos se ven también afectados por la situación de pobreza e inequidad, que los aleja de oportunidades para desarrollar su personalidad, manifestadas en niveles bajos de acceso, disponibilidad, calidad y permanencia de los derechos a la alimentación, a la salud y a la educación. El Ministerio de Educación reportó que el 50% del casi millón de niños y niñas que trabajan no asisten a la escuela [l].

Mujer

13. Los derechos de las mujeres y de las niñas siguen siendo vulnerados por la presencia de estereotipos sexistas y por las distintas formas de discriminación [m], de violencia y de exclusión. A pesar de la adopción de algunas políticas en su favor, continúan las inequidades sociales, políticas y económicas que impiden el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones que los hombres. En el campo laboral, continúan las diferencias salariales entre hombres y mujeres y la tasa de desempleo sigue siendo mayor para éstas [n]. La participación en cargos de elección popular de las mujeres sigue siendo insuficiente [o]. En los cargos directivos del sector público, si bien el 42% del total de empleados públicos son mujeres, esta participación no se traslada a los cargos de dirección, en los cuales la presencia de las mujeres no pasa del 15% [p].

14. Las mujeres y las niñas siguen siendo gravemente afectadas por las distintas formas de violencia intrafamiliar y sexual. Según Medicina Legal, este último tipo de violencia ha aumentado un 23% con respecto a 2003. En 2004 se denunció un mayor número de casos de violencia sexual (violaciones, esclavitud sexual y desnudez forzada) por parte de los grupos guerrilleros, de los paramilitares, así como de integrantes del Ejército.

15. La seguridad de las mujeres y de las niñas se ve agravada por la presencia de los diferentes grupos armados en la vida cotidiana y por el control social que éstos ejercen sobre sus vidas en los espacios públicos y privados, en particular las mujeres campesinas, indígenas y afrocolombianas, y en especial aquellas que se encuentran organizadas, desplazadas, retornadas o confinadas. Las mujeres y las niñas han sido víctimas de amenazas, de atentados contra su vida, su integridad personal y su libertad individual por el solo hecho de ser familiares o de tener relaciones afectivas con algún integrante de los actores armados, así como por impedir el reclutamiento forzoso de sus hijos e hijas, particularmente por parte de las FARC-EP y de los paramilitares. Las mujeres y las niñas son las principales víctimas de la trata de personas.

16. La ausencia de una política integral y diferencial de prevención, protección y atención de las mujeres y las niñas víctimas del conflicto armado, en especial mujeres y niñas desplazadas, desmovilizadas, desvinculadas o reinsertadas agrava adicionalmente la situación de éstas. El sistema judicial sigue siendo ineficaz para atender los casos de violencia de género. Persisten estereotipos sexistas en la atención de los casos de violencia intrafamiliar y sexual, así como, una ausencia de experiencia por parte de los operadores judiciales en asuntos de género. Esta situación conlleva a desincentivar la denuncia y a aumentar la desconfianza en la justicia generando una mayor impunidad.

Periodistas y formadores de opinión

17. La oficina recibió quejas de varios periodistas y comunicadores sociales que manifestaron realizar su trabajo en un clima de censura indirecta, intimidación y obstrucción a la información veraz. Se denunció que, durante los primeros diez meses de 2004, 2 periodistas fue ron víctimas de homicidio, 32 de amenazas -de los cuales cuatro tuvieron que salir del país-, 4 de uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de la fuerza pública, y 8 de obstrucción de la libertad de prensa por acciones de agentes del Estado. La mayoría de las amenazas fueron atribuidas a grupos paramilitares, seguidos de autores desconocidos y de las FARC-EP. Adicionalmente continuó la impunidad en los casos de amenazas en contra de periodistas. Estos hechos han contribuido, en varias regiones, a una situación de autocensura ya existente desde hace varios años y de empleo acrítico de las fuentes oficiales, de suministro de informaciones poco veraz, y de desconocimiento de los derechos de los destinatarios de la información. El Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión y opinión, en su visita a Colombia en febrero, señaló el difícil entorno que viven los periodistas para el pleno ejercicio de su profesión, y destacó la concentración de los medios de comunicación, y la no aceptación de sindicatos en este sector.

18. Algunos periodistas manifestaron a la oficina haber recibido presiones de miembros de la fuerza pública, mediante intimidación para que se publicaran exclusivamente estadísticas o "partes de guerra" favorables, y denunciaron haber recibido amenazas tras publicar una versión diferente a la proporcionada por las autoridades [q]. A raíz de las amenazas, periodistas tuvieron que clausurar sus noticieros o modificar su estilo informativo.

Rehenes, desaparecidos y sus familias

19. La práctica de la toma de rehenes por parte de los grupos armados al margen de la ley ha sometido a hombres, mujeres, niñas y niños a la privación ilegítima de la libertad y a tratos inhumanos. El 73% de las víctimas registradas en los primeros nueve meses de 2004 fueron hombres y el 27% mujeres. El 21% de los secuestros afectó a menores de edad. Esta situación se presentó en 29 de los 32 departamentos del país, y principalmente en Antioquia, Bogotá, Meta y Cauca. Estos rehenes se suman a los que continúan en cautiverio y que no han sido liberados por sus captores, aumentando el número de familias que siguen en la incertidumbre. La misma situación se plantea con las familias de las personas desaparecidas, con el agravante de la existencia del subregistro y de la invisibilización de este grave fenómeno. Se destaca la situación de las mujeres que deben asumir la cabeza del hogar y la especial vulnerabilidad de las mujeres, niñas y niños rehenes. Los grupos armados que cometen estos crímenes de guerra tienen claras responsabilidades.

20. El Estado tiene compromisos en materia de atención y apoyo a las familias así como de búsqueda de mecanismos idóneos para la liberación de los rehenes, sin poner en riesgo su vida [r]. Asimismo, el mecanismo estatal de la Comisión de Búsqueda urgente de personas desaparecidas se constituye en una herramienta que debe continuar siendo fortalecida.

Otros

21. Los grupos armados ilegales persistieron en atentar contra funcionarios como alcaldes y ex alcaldes, quienes han sufrido un incremento en los homicidios durante 2004. Los concejales han sido víctimas de amenazas, desplazamientos, toma de rehenes y homicidios, aunque en menores proporciones que las registradas con anterioridad. Varios miembros de la Unión Patriótica y del Partido Comunista continuaron sometidos a altos riesgos, atentados, amenazas y homicidios, además de ver afectados sus derechos políticos. Durante 2004 se registró un incremento en el número de homicidios contra miembros de esas agrupaciones beneficiarios de medidas de protección del Programa del Ministerio del Interior. Los funcionarios judiciales, así como las víctimas, testigos y otros intervinientes en los procesos penales y disciplinarios han sido afectados en su seguridad, en particular por la acción violenta de los grupos armados al margen de la ley. Durante el año 2004 se reportaron homicidios, atentados y amenazas contra fiscales, procuradores, jueces, investigadores y otros operadores de justicia. Otros grupos vulnerables han sido los médicos, que sufrieron detenciones arbitrarias, amenazas y otros atentados, particularmente los que ejercen su profesión en zonas de influencia de los grupos armados ilegales. Estos últimos victimizaron también a empresarios y comerciantes mediante extorsiones y tomas de rehenes.

22. El conflicto armado interno refuerza la discriminación de género, la homofobia y el sexismo. Se denunció la imposición de represalias, mediante maltrato físico o psicológico, o limpieza social, por parte de los grupos armados ilegales contra personas por su orientación sexual. éstas también, con frecuencia, son víctimas de abusos y discriminación por parte de las autoridades. Se registraron denuncias en contra de miembros de la Policía Nacional en Medellín, Bucaramanga y Santa Marta. La Corte Constitucional tuteló el derecho a la igualdad, y otros derechos fundamentales destacando que la opción sexual de una persona constituye un elemento definitorio de su identidad y un componente fundamental de la autonomía individual [s]. No obstante, faltan políticas adecuadas para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, así como desarrollos legislativos explícitos que sancionen penal y disciplinariamente la persecución y la discriminación de personas por su orientación sexual.

Anexo IV

Nota sobre estadísticas

1. Los indicadores estadísticos son un poderoso instrumento para la protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Se pueden usar como instrumento para formular mejores políticas; vigilar los progresos realizados; determinar los efectos no deseados de leyes, políticas y prácticas; determinar qué actores están influyendo en la realización de los derechos, poner de relieve si ellos están cumpliendo sus obligaciones; advertir de antemano posibles violaciones y poder adoptar medidas preventivas; fortalecer el consenso social respecto de decisiones difíciles que deban adoptarse frente a la limitación de recursos; sacar a la luz cuestiones que han sido desatendidas o silenciadas.

2. Colombia carece de un sistema estadístico que recoja adecuadamente la realidad en cuanto a las violaciones de los derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario.

3. Las estadísticas oficiales actuales sobre violaciones de los derec hos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario adolecen de errores sistemáticos y accidentales. Esto puede ser, entre otros, producto de una deficiente definición de los indicadores, por no ajustarse a los instrumentos internacionales, y del empleo de una metodología menos apropiada en la recolección de los datos.

4. Las breves consideraciones que siguen buscan motivar el establecimiento en Colombia de un sistema de estadísticas oficiales que recojan más adecuadamente las violaciones de los derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario. Ello permitirá tener mejores elementos para la formulación y puesta en práctica de políticas públicas integrales en la materia.

5. En cuanto a los derechos humanos, la oficina ha observado que las estadísticas oficiales del ejecutivo son limitadas y con pocas excepciones no incluyen indicadores relevantes de violaciones de los derechos civiles y políticos, ni de los derechos económicos, sociales y culturales.

6. Por ejemplo, no se registran las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, las detenciones arbitrarias, y las violaciones al debido proceso de acuerdo con los estándares internacionales establecidos. De igual forma ocurre con las estadísticas sobre homicidios, las mismas no discriminan adecuadamente si el autor ha sido un agente del Estado o un particular actuando con el consentimiento o aquiescencia de éste.

7. Ejemplo de lo anterior es la estadística sobre tortura, registrada por el Centro de Investigaciones Criminológicas (CIC) de la Dirección Central de Policía Judicial, en el período comprendido entre los años 1993 al 30 de septiembre 2004. Esta revela que entre los años 1993 y 2001 a nivel nacional, se registró un promedio anual de 1.230 casos de tortura. De 2002 a septiembre de 2004, el registro bajó a un promedio de seis casos anuales. La oficina ha registrado en 2004, 20 casos de hechos que pueden calificarse, a la luz de la normativa internacional como tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Para la Policía Nacional la tortura, siguiendo la normativa interna, puede ser cometida por particulares que no tiene nexo alguno con el Estado. Para el derecho internacional de los derechos humanos la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, deben tener por autores a funcionarios públicos o a personas particulares que actúen con la aquiescencia o tolerancia de aquéllos.

8. Otro ejemplo se refiere a la desaparición forzada. El CIC no registra los casos de desaparición forzada, a pesar de que la conducta ha sido tipificada como delito en el Código Penal vigente. Según la legislación colombiana, los autores pueden ser tanto funcionarios públicos como particulares que actúan sin vínculos con aquellos. Por el contrario, para el derecho internacional de los derechos humanos la desaparición forzada sólo puede ser cometida por funcionarios públicos o por particulares que actúen con la aquiescencia o tolerancia de aquellos. Es posible que los casos de desaparición forzada se sigan incluyendo incorrectamente en el renglón estadístico de los secuestros. Según informaciones recogidas por la oficina en lo que va del año 2004 hay registrados más de 200 casos que pueden ser calificados como desaparición forzada.

9. Las estadísticas del ejército registran incorrectamente como "violaciones de derechos humanos por los grupos ilegales" los actos de terrorismo, las masacres, la utilización de armas no convencionales, el secuestro, la utilización de los niños en la guerra, y los ataques a bienes protegidos por parte de grupos armados ilegales. Debe anotarse que esas conductas son infracciones al derecho internacional humanitario y solamente son violaciones de los derechos humanos cuando tienen por autores a funcionarios públicos o a particulares que actúan bajo su determinación o con su complicidad.

10. La oficina registró durante 2004 un alto número de denuncias de casos de personas que fueron ejecutadas por los paramilitares y presentadas posteriormente por las autoridades como muertas en combate. La falta de una investigación independiente e imparcial de estas denuncias tiende a generar una distorsión estadística, al incluir esos homicidios como parte de los logros operacionales de la fuerza pública.

11. Las estadísticas del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, basadas en diversas fuentes, usan definiciones que no son compatibles con los instrumentos internacionales de derechos humanos. Así por ejemplo, la ejecución extrajudicial de tres líderes sindicales, ocurrida el 5 de agosto de 2004 y atribuida a miembros de las fuerzas militares, no fue considerada como una violación grave de los derechos humanos de los sindicalistas. El Ministerio de Protección Social no considera esas muertes "vinculadas con la actividad sindical", por estar "en curso una investigación penal que tiene como objetivo determinar las circunstancias de modo y lugar en las cuales se desarrollaron los hechos". Con este criterio ninguna violación de derechos humanos podría calificarse como tal mientras no existiera una sentencia judicial.

12. El Observatorio registra homicidios, amenazas y secuestros de periodistas por grupos armados al margen de la ley, pero no incluye casos sobre uso excesivo de la fuerza o de otros ataques a la libertad de expresión atribuidos a miembros de la fuerza pública. En 2004 la oficina ha registrado 40 casos de hechos que pueden calificarse, a la luz de la normativa internacional, como violación a la libertad de expresión y opinión.

13. Las estadísticas de la Defensoría del Pueblo en cambio muestran un mayor grado de precisión y son más relevantes en relación con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Sin embargo, no parecen ser tomadas en cuenta en las estadísticas del ejecutivo.

14. En cuanto a infracciones del derecho internacional humanitario existen más estadísticas oficiales, pero en su mayoría se refieren a conductas atribuidas a miembros de los grupos armados ilegales. Hay menos estadísticas sobre conductas cuya responsabilidad se atribuye a agentes del Estado.

15. El Observatorio contabiliza, hasta agosto de 2004, nueve homicidios de indígenas atribuidos a miembros de las fuerzas militares. Sin embargo, en los indicadores de septiembre de 2004, disponibles en su página web, no se incluye a funcionarios del Estado entre los presuntos responsables de homicidios de indígenas.

16. Las estadísticas oficiales sobre infracciones del derecho internacional humanitario también contienen vacíos y lagunas. Por una parte no recogen las infracciones cometidas por agentes del Estado, como puede apreciarse en los datos del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Por la otra, la mayoría de las infracciones están atribuidas a desconocidos. También estas estadísticas están afectadas por un manifiesto subregistro. En 2004 la oficina ha registrado 248 casos que pueden calificarse, a la luz de la normativa internacional, como infracciones del derecho internacional humanitario. De este total, 57 casos serían imputables a miembros de la fuerza pública.

17. Las estadísticas oficiales también denotan imprecisiones y distorsiones. Un ejemplo de ello es el parámetro "homicidio común" usado por el Centro de Investigación Criminal (CIC) de la Policía Nacional y por el Observatorio de la Vicepresidencia. Esta denominación incluye toda clase de muertes violentas, con excepción de las producidas por los accidentes de tránsito. Tampoco el parámetro precisa el origen étnico de la víctima, la condición del autor de la muerte (agente del Estado o particular), ni las circunstancias de la misma.

18. Otro ejemplo de la falta de precisión en las estadísticas oficiales, es el empleo del término actos de terrorismo. Por actos de terrorismo el Observatorio, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, entiende aquellos "hechos en los cuales son utilizados artefactos explosivos de manera indiscriminada, atacando la vida de los no combatientes y sus bienes". Según una resolución de las Naciones Unidas se entiende por actos de terrorismo "los actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlos" [t].

19. Un ejemplo de las contradicciones estadísticas es la discrepancia entre distintas fuentes. Así el Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario registra 1 ó 14 casos de ataque a población civil, según la fuente que originó la información. Si la fuente es del Ministerio de Defensa, reflejaría una disminución de los ataques a poblaciones en un 75%. Si esta información surge de los boletines del DAS, representaría un incremento del 180%.

20. Finalmente, la ausencia de estadísticas desagregadas impide conocer cuál es el impacto de las violaciones e infracciones sobre determinados sectores sociales. Por ejemplo, la Red de Solidaridad Social al carecer de estadísticas desagregadas sobre desplazamiento forzado de indígenas y afrocolombianos, no está en capacidad de establecer lo suficientemente bien la situación de las comunidades y poblaciones más vulnerables.

Notas

[*] Los anexos al informe se distribuyen en los idiomas originales solamente.[Volver]

[1] El 13 de diciembre de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su Informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia, en el marco de la asesoría que presta a la MAPP-OEA. En la misma fecha, el Consejo de la Unión Europea expresó su apoyo al Gobierno de Colombia en su búsqueda de solución negociada del conflicto armado interno, y solicitó a las autoridades colombianas la rápida adopción de un amplio marco legal para el proceso de desarme, desmovilización y reincorporación de los grupos armados.[Volver]

[2] Las disputas internas y los enfrentamientos reportados durante 2003 entre el Bloque Cacique Nutibara y el Bloque Metro finalizaron con la desaparición de este último grupo y el asesinato de su máximo jefe, el Comandante Rodrigo o Doble Cero en mayo de 2004.[Volver]

[3] UNIFEM. "Alertas Tempranas y Género. Observatorios y sistemas de información en Colombia", pág. 19.[Volver]

[4] El presupuesto para el año 2004 ha aumentado en relación con 2003 en un 9%. Durante 2003 se atendió un promedio mensual de 435 solicitudes de protección, mientras que durante los primeros ocho meses de 2004 se recibieron 464 solicitudes.[Volver]

[5] Véanse las resoluciones N.º 04234, de 1.º de septiembre de 2004, y N.º 4749, de 4 de octubre, de la Fiscalía General.[Volver]

[6] Cf. documento de la Contraloría General de la República: "Evaluación de la Política Social 2003". Marzo de 2004, pág. 43.[Volver]

[7] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe de Desarrollo Humano 2004. Anexo 1.[Volver]

[8] David de Ferranti, Guillermo E. Perry, Francisco H. G. Ferreira, Michael Walton, Desigualdad en América Latina y el Caribe: ¿ruptura con la historia?, Resumen Ejecutivo, Banco Mundial, 2003, pág. 9.[Volver]

[9] Véase nota 21.[Volver]

[10] Según el último informe de Coyuntura Regional, presentado por el DANE y el Banco de la República, 16 millones de personas no tienen acceso de ningún tipo al sistema general de salud.[Volver]

[11] Según un estudio realizado por el Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano Regional, en los últimos diez años, el 9% de los hogares perdieron el derecho de propiedad sobre sus viviendas. Durante 2004, la construcción de vivienda de interés social cayó a niveles inferiores a los de 1999, mientras que la construcción en diferentes sectores aumentó un 13%. Se reportó un descenso en los desembolsos de créditos para vivienda de interés social en 2,5%.[Volver]

[12] Véase el anexo IV de este informe.[Volver]

[13] Ver las recomendaciones al final del presente informe.[Volver]

[14] Véase el anexo II, sec. B, para ejemplos de casos denunciados por violaciones de los derechos humanos.[Volver]

[15] La oficina considera sólo las denuncias creíbles que ha estudiado cuidadosamente y contrastado con diversas fuentes, incluyendo su propia observación directa.[Volver]

[16] Evidencian esta situación las conclusiones recogidas en el informe final de una misión especial para la Policía Nacional, al señalar: "Preocupa, […] el gran número de invest igaciones internas por vínculos con estructuras criminales, en particular paramilitares". Dicha misión tuvo por objeto analizar la situación de la institución y formular recomendaciones para prevenir y corregir conductas que lesionen la ética.[Volver]

[17] Con base en esta información se allanó de manera arbitraria la residencia de un defensor de derechos humanos, así como una ONG en el departamento de Santander.[Volver]

[18] La aplicación de la noción de flagrancia de conductas como la rebelión y el concierto para delinquir -delitos que persiguen a las personas que forman parte de grupos guerrilleros o paramilitares, respectivamente- puede llevar a prescindir de investigaciones judiciales previas, y a realizar capturas sin orden judicial de personas estigmatizadas, sea por sus expresiones u opiniones o bien por habitar zonas controladas por esos grupos.[Volver]

[19] “Informe Capturas Masivas Período 2003-2004". Procuraduría General. Bogotá D.C., 18 de febrero de 2004. En el mismo sentido, declaraciones del Defensor del Pueblo pidiendo revisar detenciones masivas: El Tiempo, 10 de septiembre de 2004.[Volver]

[20] La Consejería para la equidad y la mujer señala que no existen investigaciones sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado. Véase anexos II y III sobre la situación de la mujer y denuncias al respecto.[Volver]

[21] El desempleo durante 2004 tuvo un promedio de 14%, afectando en mayor grado a las mujeres (un 18%) que a los hombres (un 11%), se siguió registrando un alto porcentaje de subempleo (un 33%), que afectó mayormente a las mujeres (un 23%), mientras que porcentaje de los hombres fue del 26%. Sólo el 15% de la población en edad de trabajar cotiza al sistema de pensiones.[Volver]

[22] Según el Ministerio de Protección Social, el 39% de la población no se encuentra asegurada en ninguno de los regímenes de salud establecidos, y casi la mitad de los no asegurados son personas de los niveles más pobres. Estas personas tienen que cubrir sus servicios de salud con recursos propios o acudir a la red de hospitales públicos, la cual, en la práctica, no cuenta con la capacidad para atenderlos. Del 61% de la población asegurada, el 32% se encuentra afiliado al régimen contributivo, y el 29% se encuentra asegurado por el régimen subsidiado de salud. Este último está diseñado para las personas de los niv eles más pobres, del sector informal de la economía. Este sistema dual genera inequidades en el acceso y la calidad del derecho a la salud.[Volver]

[23] Defensoría del Pueblo, "La Tutela y el Derecho a la Salud, Causas de las Tutelas en Salud", Bogotá, agosto de 2004.[Volver]

[24] Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe, PREAL, Fundación Corona, Informe de progreso educativo, Colombia, entre el avance y el retroceso, 2003, pág. 6.[Volver]

[25] El Ministerio de Educación señala que la tasa de analfabe tismo nacional de personas mayores de 14 años es del 7,6% mientras que algunos departamentos tienen índices muy superiores (Chocó, 20,1%; Sucre, 17%; la Guajira, 16,4%; y Magdalena, 14%). Las proyecciones hechas por ese Ministerio para 2005 en materia de inversión en calidad evidencian una reducción del presupuesto de casi la mitad.[Volver]

[26] Véase anexo II, cap. C, del presente informe.[Volver]

[27] Los actos de terrorismo son aquellos comprendidos en la prohibición del artículo 4 del Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados, incluyendo los actos o las amenazas de violencia cuya finalidad sea aterrorizar a la población civil. Estos últimos constituyen una forma particular de terrorismo y son objeto de una prohibición específica en el artículo 13 del mismo instrumento.[Volver]

[28] Las estadísticas incluyen también los secuestros perpetrados por la delincuencia común, así como por desconocidos.[Volver]

[29] Véase anexo II, sec. C.[Volver]

[30] Véase ejemplo de casos atribuidos a grupos paramilitares en el anexo II, sec. C. Véase la sección B de dicho anexo, para los casos denunciados sobre responsabilidad estatal por acción u omisión de funcionarios públicos en actos cometidos por grupos paramilitares.[Volver]

[31] Ejemplos de estas infracciones fueron reportados en los informes sobre la misión de la OEA para apoyar el proceso de paz en Colombia (MAPP/OEA); en un cuadro de infracciones al cese de hostilidades, presentado en mayo de 2004, por el Alto Comisionado para la paz, basado en boletines del DAS; así como en el Informe de seguimiento al cese de hostilidades, de septiembre 2004, de la Defensoría del Pueblo.[Volver]

[32] De acuerdo con las cifras oficiales de la RSS en los seis primeros meses del 2004 en Casanare se han desplazado 2.091 personas, frente a un total de 2.490 personas desplazadas durante el año 2003. Sólo en el municipio de Maní (Casanare) se calculan que han salido 640 personas.[Volver]

[33] Véase anexo II.[Volver]

[34] Véase anexo III.[Volver]

[a] Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Hungría, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Marruecos, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Reino Unido, Suecia, Suiza, Sudáfrica y la Comisión Europea.[Volver]

[b] Períodos de gestión 2001/03 y el iniciado en el 2004.[Volver]

[c] ACNUR, CEPAL, OACNUDH, OIM, ONUSIDA, OPS/OMS, PMA, PNUD, UNODC, UNFPA, UNICEF, UNIFEM[Volver]

[d] Informe Anual 2003 , anexo IV, párr. 33.[Volver]

[e] Entre ellos se incluye al Presidente de la República.[Volver]

[f] Directiva presidencial N.º 07 de septiembre de 1999 y Directiva del Ministerio de la Defensa N.º 09, de julio de 2003[Volver]

[g] Véase cuadro:

Red de Solidaridad Social CODHES
Año I Semestre II Semestre Total I Semestre II Semestre Total
2002 230.444 181.45 411.894 203.681 208.872 412.553
2003 128.848 84.849 213.697 119.69 87.917 207.607
2004 72.072 42.901

(a septiembre)

 114. 973 130.346 75.158

( a septiembre)

 205.504

[Volver]

[h] "Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva". Documento del Ministerio de la Protección Social, pág. 20, párr. 1, 2003.[Volver]

[i] Varias comunidades indígenas y afrocolombianas afectadas cuentan con medidas cautelares o provisionales de la Comisión o de la Corte Interamericana de DDHH.[Volver]

[j] Circular del Ministerio de Defensa sobre indígenas.[Volver]

[k] Informe del Relator Especial sobre el racismo relativo a su misión a Colombia en septiembre 2003 (E/CN.4/2004/18/Add.3), párr. 34.[Volver]

[l] El Ministerio sólo reporta a la niñez trabajadora de 12 a 17 años en la zona urbana y de 10 a 17 en zona rural.[Volver]

[m] Informe del Estado colombiano sobre la aplicación de la Plataforma de Beijing (1995), mayo de 2004, pág. 11.[Volver]

[n] DANE, Encuesta Continua de Hogares, octubre de 2004. En el mes de septiembre la tasa de desempleo femenino fue del 17%, mientras que la masculina fue del 10%.[Volver]

[o] Para el período 2004-2007 se eligieron dos gobernadoras, de un total de 32, en las alcaldías tan sólo el 7,6% fueron mujeres.[Volver]

[p] "Mujeres constructoras de Paz y Desarrollo", Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, págs. 51 y 52, Bogotá, 2003.[Volver]

[q] Véase anexo II.[Volver]

[r] Véase comunicado de la oficina en Colombia.[Volver]

[s] Sentencia T-301-04.[Volver]

[t] Véase el artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional (resolución 49/60 de la Asamblea General, anexo).[Volver]

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