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Situación de los defensores de derechos humanos en Colombia de Diciembre del 2002 a enero del 2003.

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CONTEXTO

A pesar de la campaña iniciada en Noviembre del 2002 por las ONG colombianas (ver llamado especial Colombia noviembre del 2002) para denunciar el clima de hostigamiento contra sus integrantes y de desprestigio de su trabajo, los defensores siguen siendo el blanco privilegiado de actos de violencia que continúa a generalizarse en el país. Como ejemplo de esta violencia, es muy preocupante el atentado que tuvo lugar el 20 de enero, contra la Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado colombiano, la Sra. Piedad Córdoba cuando regresaba a su domicilio en Medellín.

Varias ONG continúan denunciando el clima de "penalización de la protesta social en Colombia". La permanencia de los allanamientos contra varias sedes de ONG y la detención de sus miembros constituyen claras pruebas de la voluntad de silenciar a las personas que denuncian las violaciones de los derechos humanos resultantes del conflicto armado en el país. Del mismo modo, la multiplicación de declaraciones por parte de las autoridades que asimilan a las ONGs o a los sindicatos a la guerrilla ponen en riesgo la seguridad física de sus integrantes.

Si se puede evaluar como positivo que el gobierno colombiano haya prorrogado el mandato de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), se observa que se impulsaron nuevas leyes susceptibles de dificultar de nuevo el trabajo de las organizaciones de derechos humanos.

A pesar de las declaraciones de principio del gobierno para asegurar la seguridad de los defensores y apoyar su trabajo, el Observatorio expresa su preocupación por el no cumplimiento por parte de las autoridades colombianas de la decisión de la Corte Constitucional del pasado mes de noviembre que declaró inexequibles algunas disposiciones del decreto 2002 (El decreto posibilitaba detenciones provisionales, intercepciones de comunicaciones y registros domiciliarios sin orden judicial, así como la delimitación de las Zonas de rehabilitación y consolidación por el Presidente de la República). En lugar de anular estas disposiciones, las diferentes instituciones del Estado continúan promulgando leyes que refuerzan este decreto. Por ejemplo, el Senado aprobó en último debate en diciembre un proyecto de reforma constitucional sobre la Fiscalía. Con el objetivo de implementar el sistema acusatorio en Colombia, la reforma aumentará los poderes atribuidos a la Fiscalía y al Ejército. La Fiscalía tendrá el poder de realizar capturas, registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones sin autorización judicial previa. Por su parte, el Ejército recibirá facultades de policía judicial que le autorizará a investigar a personas civiles a través de la recolección de pruebas, levantamiento de cadáveres, interceptación de telecomunicaciones, allanamientos, registros, detenciones, encarcelamientos, interrogación.

Al implementar esta ley se desconocen las garantías constitucionales nacionales y las normas internacionales de protección de los derechos humanos.

El Observatorio recuerda que el Premio Martín Ennals para los defensores de derechos humanos será otorgado al Sr. Alirio Uribe Muñoz, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR). El Sr. Muñoz trabaja desde hace más de 10 años para la defensa de los derechos de las víctimas. Además este premio representa un mensaje de reconocimiento y esperanza para todos los defensores de derechos humanos en Colombia, que como Alirio Uribe Muñoz, arriesgan su vida cada día para denunciar las graves violaciones de derechos humanos y de DIH y para luchar contra la impunidad que domina el país.

Mundo Sindical

Desapariciones / Secuestros

El 17 de diciembre de 2002, fue secuestrado por hombres desconocidos, el Sr. Augusto de Jésus Palacio Restrepo, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Vidrio de Colombia, SINRAVIDRICOL, al dirigirse de Medellín hacía Bogotá.

Detenciones

1. El 18 de diciembre de 2002, el Sr. Nicodemo Luna, dirigente de la Unión Sindical Obrera (USO), se encontraba en un centro comercial del sur de Cali cuando varios hombres vestidos de civil, identificándose como funcionarios de Gaula, lo llevaron a la tercera brigada de Cali.

2. El 15 de enero de 2003, la Fiscalía General de la Nación dictó una orden de detención domiciliaria por presuntos vínculos con la guerrilla contra el secretario de Asuntos Internacionales de la USO, el Sr. Hernando Hernández.

Amenazas

Durante todo el mes de diciembre de 2002, el presidente de la USO, el Sr. Rodolfo Gutiérrez, y el representante ante la Junta Nacional Directiva Nacional de la USO, el Sr. Edgar Mojica recibieron amenazas de muerte proferidas telefónicamente y a través de otros medios. También en la USO llegaron informaciones referentes a que se está preparando un atentado inminente contra su presidente.

El 12 de enero de 2003, el Sr. Alirio Rueda, presidente de la USO en Barrancabermeja, escapó a un tiroteo cuando se encontraba en un vehículo que se desplazaba de Bucaramanga y el puerto petrolero. A la altura de Patio Bonito, a unos 80 kilómetros de Barrancabermeja, los paramilitares habían instalado un retén, en el cuál los ocupantes del vehículo decidieron no parar. Los paramilitares dispararon y perforaron la camioneta pero nadie resultó herido.

Allanamientos

En la tarde del 20 de diciembre de 2002, una decena de policías de la unidad antiexplosivos acompañados de perros adiestrados rodearon la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), de Bucaramanga al parecer con la intención de realizar un allanamiento.

El 10 de enero de 2003, agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de la Fiscalía ocuparon las oficinas de la CUT en Cali.

Sociedad civil

Desapariciones / Secuestros

Del 7 al 15 de enero de 2003, no se tuvo noticias del Sr. Denys Alberto Monsalve Garzón, fiscal de la Asociación Campesina de Arauca -ACA- seccional Saravena, después de que desapareciera cuando se disponía a tomar un taxi de servicio público desde Saravena hacia la inspección de Pueblo Nuevo, municipio de Tame. El Sr. Monsalve Garzón fue localizado sano y salvo el 15 de enero. Se había visto obligado a huir de Saravena al detectar la presencia de un grupo de paramilitares que estaban buscándole. El Sr. Monsalve Garzón venía siendo víctima, desde hace varios meses, de señalamientos por parte de miembros de la Policía de Saravena, quienes lo han hostigado y detenido en varias ocasiones y llevado al cuartel de Policía por ser sospechoso de colaborar con la guerrilla y por "ser el autor de varios hechos en contra de la fuerza pública".

Detenciones

El 6 de diciembre de 2002, miembros del Departamento de Seguridad, del ejército y de los servicios de la Procuraduría allanaron los domicilios de varios defensores de derechos humanos que fueron después detenidos. Entre ellos, se encontraban, el Sr. Julio Avella, miembro de la junta directiva de ANDAS Bucaramanga, del Comité de Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y defensor de los presos políticos, y el Sr. Alvaro Tapias presidente de la sección de ANDAS Bucaramanga. Ambos fueron amenazados en junio 2002 por las AUC y invitados a salir del país. Fueron denunciados por personas que hacen parte de la red de informadores creada por el Presidente desde su llegada al poder.

Las otras personas detenidas son representantes de organizaciones de desplazados: se trata de los Sres. Elvis Antonio Niño, Alvaro Rivera y Saul Dala Alvarez.

El 11 de diciembre de 2002, el Sr. Juan Carlos Celis fue detenido en su domicilio del barrio Normandia en Bogotá por agentes de seguridad. El Sr. Solis es un activista de la no violencia y del "Movimiento por la Vida" que trabaja con los niños, los adolescentes, y las madres responsables de familias con bajos ingresos. Varias ONG con las cuales el Sr. Celis había colaborado, denunciaron este arresto. Consideran que se trata de un arresto arbitrario que se enmarca dentro de un contexto de hostigamiento generalizado contra las organizaciones y individuos que luchan para promover la paz asimiladas a grupos de apoyo a los terroristas.

Amenazas

A principios de enero se conoció que las amenazas de las que había sido objeto en julio y agosto el Sr. Danilo Rueda, miembro de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, comisión que actúa en la región del Urabá Antioqueño, el Bajo Atrato Chocoano, desde más de 5 años para el respeto de los derechos de las comunidades mestizas, afrodescendientes e indígenas victimas de la guerrilla se repitieron el 25 de noviembre. Ese día fue recibido un sufragio con el siguiente texto: DANILO RUEDA (que en paz descanse) ANTICOMUNISTAS DE COLOMBIA CONTRA AUXILIARES DE LA GUERRILLA.

El 23 de diciembre un grupo de seis paramilitares que se identificaron como miembros del Bloque Central Bolivar abordaron al Sr. Henry Palomo, vicepresidente de la Asociación de los Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja, ASODESAMBURA, organización que agrupa más de cien familias de desplazados y que realiza microproyectos para garantizar su sobrevivencia. Los seis individuos rodearon al Sr. Henry Palomo, en las Escalas en Barrancabermeja y lo forzaron a subir en un barco a motor para llevarlo en un lugar llamado Juan Esteban.

Los paramilitares golpearon e intimidaron al líder de los desplazados y le indagaron por sus actividades. Fue objeto de una minuciosa requisa y al encontrarle una invitación a un evento que las organizaciones de Derechos Humanos realizaron en el mes de Noviembre en el hotel Bachue y donde una de las organizaciones invitadas fue la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, arreciaron con los golpes y le dijeron "Perro hijueputa si usted es de esa organización de guerrilleros que se pasan por campesinos y también por Derechos Humanos, lo vamos a matar por que esos hijueputas no tienen rebaja y la orden es matarlos donde los veamos".

Gracias a que el vicepresidente de Asodesamuba llevaba un teléfono asignado por el Ministerio del Interior a ASODESAMUBA como mecanismo de comunicación para su protección, logró alertar a la defensoría del Pueblo regional Magdalena Medio. Esta alertó a la policía que pudo rescatar al Sr. Henry Palomo y conducirlo a un sitio seguro de donde partió para otra ciudad del país para proteger su vida.

El 24 de diciembre de 2002, una mujer y un hombre desconocidos se presentaron al domicilio de la Sra. Maria Eugenia López, miembro de la seccional de Medellín de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Colombia (ASFADES). Al no encontrar a nadie se marcharon. La Sra López ha sido victima de amenazas contra su vida por parte de grupos paramilitares. El 9 de enero de 2003, un muchacho al parecer enviado por un grupo paramilitar que opera en la zona, se presentó en la casa de la familia López invitando la Sra. López a encontrarse con el Sr. "Barny", un reconocido paramilitar que opera en Medellín. Debido a estas numerosas amenazas la Sra. López tuvo que dejar la ciudad de Medellín.

Allanamientos

El 11 de diciembre del 2002, fue realizada unadiligencia por parte de la Fiscalía General de la Nación y varios miembros de los organismos de seguridad del Estado Colombiano contra el Centro de Atención Psicosocial de niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto, un proyecto de la organización Terre des Hommes-Italia, ubicado enla ciudad de Bogotá. El motivo oficial alegado era la búsqueda de armas. Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos nacionales (Minga, Comisión Colombiana de Juristas) y internacionales, e incluso miembros de las misiones diplomáticas denunciaron este acto de deslegitimación del trabajo de las organizaciones sociales, de los movimientos para la paz y de las ONG de defensa de los derechos humanos.

El 20 de diciembre de 2002, la Central Nacional de Provivienda (CENAPROV) fue informada acerca de un operativo por parte de paramilitares contra su sede en Bucaramanga.

El 8 de enero de 2003 fueron allanados el domicilio del Sr. Policarpo Camacho y de la Sra. Gloria Holguen, dirigentes del Sindicato agricola FENSUAGRO, en el municipio de Calarca. Fueron robados ejemplares del semanario VOZ, boletines sindicales y otros documentos sobre su acción sindical. El Sr. Camacho y la Sra. Holguen se encuentran desde entonces detenidos en la Fiscalia de Armenia.

Acción solicitada

Favor escribir a las autoridades Colombianas con el fin de urgirles a:

Liberar inmediatamente a todos los defensores de derechos humanos que se encuentran detenidos y encarcelados, sin ningún tipo de prueba que los acuse.

Limitar la aplicación de los decretos de Conmoción Interior de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional de Colombia, para no atentar a las libertades individuales y colectivas garantizadas por la constitución Colombiana y los instrumentos de Derecho Internacional.

realizar una declaración pública en la que se exprese claramente el apoyo del gobierno de Colombia a la labor legítima de los defensores de derechos humanos.

ordenar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los asesinatos y amenazas arriba mencionados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;

tomar inmediatamente las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los defensores amenazados, y en general de todos los defensores de derechos humanos en Colombia, de forma que se cumplan los compromisos adquiridos por el actual ministro del interior respecto de los defensores de DDHH;

dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;

garantizar el respeto a la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos adoptada por Naciones Unidas en 1998;

de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia.

Ginebra - Paris, 31 de Enero del 2003

Este documento ha sido publicado el 5feb03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights