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DERECHOS


30sep02


Advierten sobre la grave situación de los defensores de derechos humanos durante el mes de septiembre de 2002.


Contexto

El mes de Septiembre ha sido marcado por una ola de represión contra los movimientos pacifistas de protesta social que se movilizaron contra la aplicación concreta de las medidas adoptadas en virtud del Estado de Conmoción Interior decretado el pasado mes de Agosto por el Presidente Álvaro Uribe Vélez.

El Estado de Conmoción Interior, previsto por los artículos 213 y 214 de la Constitución y regulado por la ley 137 de 1994, autoriza limitaciones en la libertad de prensa, restricciones a los derechos de reunión y de movilización, el rechazo de ciertos derechos a los ciudadanos extranjeros y la posibilidad de detención provisional y de inspecciones domiciliarias sin orden judicial. Además permite la creación de zonas llamadas "de rehabilitación y consolidación" dirigidas por miembros de las fuerzas militares en las cuales está limitado el derecho a la circulación. Desde la proclamación del Estado de Conmoción Interior, 15 departamentos (casi la mitad de los departamentos del país) han sido declarados zona de rehabilitación.

El 16 de Septiembre fue convocado un paro nacional por varias organizaciones campesinas, estudiantiles, sindicales y de derechos humanos para denunciar pacíficamente los efectos del Estado de Conmoción Interior. Entre otras declaraciones la Sra. Ministra de Defensa, la Doctora Martha Lucía Ramírez de Rincón acusó esta protesta de ser un acto organizado por guerrilleros. Según las informaciones recibidas, las manifestaciones fueron bloqueadas desde sus comienzos y permanentemente hostigadas y objeto de provocaciones y ataques, a lo largo de sus recorridos, en varias ciudades.

El Observatorio quiere manifestar su preocupación por la represión llevada a cabo por la fuerza pública contra los manifestantes que marchaban pacíficamente y por las nuevas medidas adoptadas por el gobierno nacional colombiano al amparo del estado de conmoción interior, mediante las cuales se han incrementado los poderes de los agentes de la policía y restringido las libertades ciudadanas y los poderes de manifestación de las organizaciones civiles. También nos preocupa los discursos de algunas altas autoridades que tienden a asimilar los movimientos sociales pacíficos a la guerrilla.

El 13 de Septiembre, el Presidente Álvaro Uribe Vélez, hizo un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el qué explicó su política de seguridad democrática y afirmó que "iba de la mano con el respeto de los derechos humanos". El Observatorio espera que se de cumplimiento a estas declaraciones.

El Observatorio quiere recordar al gobierno colombiano que dentro del contexto legitimo de la lucha contra los movimientos guerrilleros y el narcotráfico, el gobierno tiene la obligación de respetar el derecho a la reunión y manifestación pacífica reconocidos por las normas internacionales a todas las personas y de adoptar las medidas necesarias para proteger el ejercicio democrático de los mismos.

A nivel de Naciones Unidas, el Observatorio saluda la llegada del Sr. Michael Frühling como director de la Oficina del Alto Comisionado en Colombia. Esta oficina ha mostrado su compromiso con los defensores de los derechos humanos a través entre otros de una importante publicación que explica su rol en la sociedad colombiana. El nuevo director anunció que el mandato de la Oficina será ahora de cuatro años. La oficina deberá actuar en un contexto de cambios legislativos y de reestructuración de los servicios de derechos humanos en la Procuraduría o en la Defensoría del Pueblo. El Observatorio considera que es de suma importancia que la Oficina pueda monitorear estos posibles cambios ya que afectarán directamente la labor de defensa de los derechos humanos en el país.

Mundo sindical

Asesinatos

- El 5 de septiembre de 2002, fue asesinado el Sr. Cesar Gomez, Presidente de la Subdirectiva Pamplona del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia - SINTRAUNICOL-CUT, en el Municipio de Pamplona, Departamento de Norte de Santander.

El asesinato ocurrió cuando el Sr. Gomez estaba llegando a su lugar de residencia en compañía de su esposa. Fueron abordados por 2 hombres desconocidos que le propinaron 8 impactos de bala y dejaron a su esposa gravemente herida.

- El 6 de septiembre de 2002, fue asesinado el Sr. Oscar de Jesús Payares, en la ciudad de Barranquilla, Departamento de Atlántico,. Era miembro de la Asociación de Educadores del Atlántico -ADEA-FECODE-CUT, y se destacaba por desarrollar acciones por la comunidad en compañía del Sr. Adolfo de Jesús Múnera, también asesinado el pasado 31 de agosto.

- El 7 de septiembre de 2002, fue asesinado por hombres desconocidos, el Sr. Alfonso Morelly Zarate en la ciudad de Santa Marta, Departamento de Magdalena. Afiliado a la Seccional Magdalena de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios -ASPU-CUT, el Sr. Morelly era Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad del Magdalena.

- El 9 de septiembre de 2002, fue asesinada la docente Gema Lucía Jaramillo, afiliada a la Asociación de Institutores de Antioquia -ADIDA-FECODE-CUT, en el Municipio de San Andrés de Cuerquia, Departamento de Antioquia.

Detención

- Desde el pasado 13 de Septiembre está detenido por el Ejército, el líder sindical Raul Herrera en el municipio de Fusagasuga, Departamento de Cundinamarca. El Sr. Herrera está detenido por haber llamado al Paro Nacional del 16 de Septiembre, convocado por las organizaciones campesinas y por las centrales obreras con el propósito de protestar pacíficamente contra la declaración del Estado de Conmoción Interior.

- El 15 de septiembre de 2002, en el Departamento de Sucre, Municipio de Chalán, fueron detenidos por el Ejército, el Sr. Rubel Robles, Secretario General del Sindicato Departamental de Agricultores de Sucre y los delegados internacionales de la ONG española SOLDEPAZ PACHAKUTTI, Ana María Andera Ablanedo y Danuel Bustos Gitierrez.

- El 16 de Septiembre, en la ciudad de Bogotá fue detenido el Secretario de Derechos Humanos del Departamento de la Juventud de la CUT, el Sr. Mauricio Rubiano, quien despues de ser trasladado a varios sitios y ante al apoyo incondicional de los diferentes organismos sociales fue dejado en libertad antes de ser judicializado.

Amenazas

- El 9 de septiembre de 2002, en la ciudad de Bogotá, Departamento de Cundinamarca, fue amenazado de muerte mediante una llamada a su oficina, el Sr. Domingo Rafael Tovar Arrieta, director del Departamento de Organización de la CUT.

- El 17 de septiembre de 2002, en la ciudad de Manizales, Departamento de Caldas, Henry Ocampo, Presidente de la Federación de Trabajadores de Caldas - FEDECALDAS- y Secretario de la Subdirectiva CUT - Caldas, fue abordado por hombres desconocidos que le reiteraron amenazas de muerte.

- El 19 de septiembre de 2002, en la ciudad de Cartagena, Departamento de Bolívar, fue amenazada la seccional Cartagena del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos -SINALTRAINAL-, mediante una llamada de las AUC.

Miembros de la sociedad civil

Asesinatos

- El 3 de Septiembre de 2002, en la ciudad de Villavicencio, Departamento de Meta, fue asesinado el Sr. Oswal Moreno Ibague, responsable del Comité de Derechos Humanos de Alto Ariari y presidente de la Asociación Colombiana para la Asistencia Social de Meta (ASCODAS). El Sr. Moreno Ibague era conocido por su importante trabajo de investigación sobre violaciones de los derechos de la población civil de la región de Alto Arari (asesinatos, desapariciones...) por miembros del ejército Colombiano.

Detención

El 20 de septiembre de 2002, en el Municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca, fueron detenidos durante 14 horas, por el Ejército y la policía nacional, varios dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos que pertenecían a una Comisión humanitaria y habían salido de Cali para realizar una acción de solidaridad en ayuda alimentaria para los campesinos y los indígenas de ese departamento. El objetivo era reunirse con las organizaciones sociales de este departamento y hacer llegar asistencia humanitaria (viveres, elementos de aseo medicina y agua) a los campesinos que participaban en el Paro Nacional Agrario en el Cabildo La Maria, Piendamo.

Entre las personas que fueron detenidas destacan:

Doctora María Isabel Lenis - Defensora Delegada Regional de la Seccional Valle del Cauca

Otoniel Ramírez - Presidente de la Subdirectiva Cut - Valle del Cauca.

Berenice Celeita - Presidenta de Nomadesc (ONG de Derechos Humanos- Asociación Para la Investigación y Acción Social)

Oscar Figueroa y Ángel Tovar - Directivos del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali - Sintraemcali.

Amenazas

Los miembros de la organización no gubernamental Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) fueron informados que un grupo paramilitar respaldado por el ejército Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) está planeando matar al Sr. Pablo Javier Arenales, miembro de la junta de CREDHOS, y al Sr. Miguel Cifuentes, miembro de la junta de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (A.C.V.C.) y miembro también de CREDHOS. Las trabajadoras y trabajadores de Credhos, sistemáticamente han sido objetos de señalamientos, declaraciones de objetivo militar, victimas de desplazamiento forzado y abandono del país, asesinatos e intentos de judicialización por parte de agentes del Estado y de los grupos paramilitares. Su situación se ha empeorado a pesar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado medidas especiales de protección al Gobierno Colombiano.

Las Autodefensas Unidas de Colombia que operan en la región del Magdalena Medio y la ciudad de Barrancabermeja, se han propuesto desarticular a las organizaciones que según ellos son organizaciones políticas de la guerrilla como CREDHOS y atentar contra defensoras y defensores de derechos humanos de esta y varias organizaciones.

- El 15 de Septiembre, el Sr. Agustín Jiménez Cuello, Presidente de la Junta Directiva Nacional de la Fundación "Comité de Solidaridad con los Presos Políticos", recibió varias llamadas de amenazas de muerte a su cellular. En el pasado, el Sr. Agustín Jiménez Cuello, yá había sido objeto de seguimiento y hostigamiento por individuos que posteriormente han sido señalados como participantes en atentados contra dirigentes sindicales y de derechos humanos. Al parecer esta vez las amenazas están motivadas por el hecho que el defiende a los tres irlandeses arrestados el 11 de agosto del 2001 y acusados de entrenar a las FARC cuyo juicio debería iniciarse el 4 de octubre.

Acción solicitada

Favor escribir a las autoridades Colombianas con el fin de urgirle a :

- ordenar una investigacin inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos arriba mencionados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;

- tomar inmediatamente las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y la integridad fisica y psicológica de todos los defensores amenazados, y en general de todos los defensores de derechos humanos en Colombia, de forma que se cumplan los compromisos adquiridos por el actual ministro del interior respecto de los defensores de DDHH ;

- dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Comisin de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;

- garantizar el respeto a la Declaracin sobre los defensores de los derechos humanos adoptada por Naciones Unidas en 1998;

- de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaracin Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia;

Agradecemos informar al Observatorio acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.

Ginebra - Paris, 30 de Septiembre del 2002.
El Observatorio para la protección de los Defensores de los Derechos Humanos es un programa conjunto de la OMCT y de la FIDH.

DDHH en Colombia

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Este documento ha sido publicado el 7oct02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights
Equipo Nizkor - Carta abierta Uribe Vélez denunciando el incremento de las detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos.
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DERECHOS


2sep03


Carta abierta a Uribe Vélez denunciando el incremento de las detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos.


Señor Presidente,

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) le expresa su extrema preocupación acerca del significativo incremento de las detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos en Colombia.

El Observatorio se encuentra muy preocupado por las informaciones recibidas respecto al hecho de que, desde hace un año, se han realizado numerosas detenciones, muchas de ellas sin orden judicial, luego de las cuales, según los informes, se ha llevado ante la justicia a cerca de 2400 personas entre las que se encuentra un número particularmente significativo de defensores de derechos humanos (miembros de ONG y líderes sindicales, sociales y campesinos). Estas detenciones, se inscriben dentro del marco de la política de "Seguridad democrática" iniciada por el Dr. Uribe Vélez al asumir el poder ejecutivo colombiano. La totalidad de las personas detenidas, incluidos los defensores, han sido generalmente procesadas por el "delito de rebelión y terrorismo', delitos contemplados en el artículo 467 y 343 del Código Penal Colombiano, los cuales implican además la puesta en prisión de estas personas.

La ilustración más reciente de esta nueva manera de reprimir a las organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos son las numerosas detenciones arbitrarias ocurridas en Arauca. Entre la noche del 20 de agosto y la madrugada del 21 de agosto de 2003, centenares de efectivos del ejército, miembros de la policía, del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de la Fiscalía, acompañados por sujetos encapuchados, allanaron decenas de casas de habitación en municipio de Saravena, (Arauca), procediendo a detener a cerca de 42 personas, 28 de las cuales se encontraban todavía en prisión hasta el 27 de agosto.

El Observatorio se encuentra particularmente preocupado debido al hecho de que entre las personas detenidas, se encuentran al menos 16 activistas de derechos humanos, periodistas y líderes del movimiento social. En particular, en esa ocasión fueron detenidos los Sres. José Murillo Tobo, Presidente del Comité regional de derechos humanos "Joel Sierra" de Arauca y Alonso Campiño Bedoya, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en la seccional Arauca y miembro del Comité Regional de Derechos Humanos "Joel Sierra", ambos beneficiarios de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También fueron detenidos los Sres. Willian Jiménez, dirigente del Sindicato de Empleados Públicos del Municipio (Sidem), Blanca Segura, Presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SINTRENAL) y Jairo Machado Durán, Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Libertadores de Saravena.

Según las informaciones recibidas, existirían órdenes de captura contra los Sres. Samuel Morales, Leonel Goyeneche y Alberto Páez, dirigentes de la CUT en Saravena, Jorge Prieto, presidente de ANTHOC seccional Saravena e Ismael Pabón, dirigente de las organizaciones sociales de Arauca. El Observatorio recuerda que, recientemente, la abogada Teresa de Jesús Cedeño Galíndez, Presidenta de la seccional Arauca del Comité Permanente por los Derechos Humanos, fue detenida arbitrariamente en Bogotá (ver llamado COL 002 / 0803 / OBS 037).

El Observatorio recuerda con preocupación que entre las numerosas personas detenidas durante los días 12 y el 13 de noviembre de 2002 en Saravena, 43 se encuentran todavía recluidas en las cárceles La Modelo y El Buen Pastor de Bogotá, procesadas por el delito de rebelión. Un gran número de estas personas pertenece a movimientos sociales, como por ejemplo el Sr. Bernardo José Arguello Santo, directivo de la Federación de Juristas y varios sindicalistas, principalmente miembros de ANTHOC y de la Empresa comunitaria de Acueducto y Alcantarillado (ECAAS) (ver llamado especial Colombia, mes de noviembre de 2002).

El Observatorio se encuentra también preocupado por las detenciones llevadas a cabo en el departamento de Sucre el pasado 17 de agosto, cuando, en medio de operativos realizados por la Fiscalía, la Policía y la Infantería de Marina fueron detenidas 156 personas, entre las que se encuentran líderes y miembros de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO). Del mismo modo, en el departamento de Tolima, el pasado 24 de agosto, fueron detenidas en los municipios de Coello, Cajamarca y Anaime 58 personas, entre las que se encuentran sindicalistas y líderes sociales, en particular la Sra. Amparo Arciniegas, Secretaria General de la seccional del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima (SINTRAGRITOL). Además, el 12 de agosto, fue detenido en Bogotá el Sr. Hermes Vallejo Jiménez, miembro de la Asociación de pequeños y medianos agricultores del Tolima (ASOPEMA).

El Observatorio, particularmente preocupado acerca de la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia desde hace muchos años, manifiesta su profunda preocupación por esta serie de numerosas detenciones, las cuales parecen formar parte de una nueva estrategia de criminalización del movimiento social. El Observatorio considera que, sobre la base de esta asimilación falaz entre defensores y guerrilleros o subversivos, estas detenciones son arbitrarias porque tienen como objeto sancionar la lícita actividad que desarrollan estos defensores a favor de los derechos humanos.

El Observatorio recuerda finalmente que paralelamente a esta nueva tendencia de arrestos arbitrarios, las amenazas y actos de hostigamiento contra defensores de derechos humanos continúan produciéndose de forma cotidiana, así como otras graves violaciones de los derechos humanos contra los mismos como son los asesinatos y las desapariciones forzadas. Entre los meses de enero y agosto de 2003, 50 sindicalistas han sido asesinados. Se destaca entre estos hechos el reciente asesinato del Sr. Reinaldo Perdomo, defensor de derechos humanos del Ariari y líder comunitario de la región, ocurrido el 12 de agosto. Se destaca igualmente el atentado ocurrido el pasado 22 de agosto contra el Sr. Juan Carlos Galvis, vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL) y presidente de la CUT. Asimismo, se continúan registrando un gran número de allanamientos contra sedes sociales, como los ocurridos recientemente contra ANTHOC, la Empresa comunitaria de Acueducto y Alcantarillado (ECCAS) y el Consejo regional indígena en el departamento del Arauca.

Su Excelencia,

El Observatorio, seriamente preocupado por la grave situación de los defensores de derechos humanos en Colombia y con el fin de contribuir a mejorar la situación de los mismos, le urge a:

i. tomar las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todas las personas detenidas en las series de detenciones descritas anteriormente, así como la de todos los defensores de los derechos humanos del Arauca, de Sucre, del Tolima y del resto del país;

ii. proceder a la liberación inmediata e incondicional de todos los defensores de derechos humanos en caso de encontrarse detenidos en ausencia de cargos legales válidos, ó, en caso de tener cargos legales válidos, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial y garantizarles en todo momento sus derechos procesales;

iii. ordenar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los casos de asesinatos, desapariciones forzadas, allanamientos y amenazas contra defensores de derechos humanos con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;

iv. ordenar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial acerca de las condiciones en las que se desarrollaron las detenciones arriba mencionadas, en particular acerca de la actuación de los fiscales, los testigos, los informantes y demás autoridades que ordenaron y ejecutaron este tipo de detenciones;

v. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona " individual o colectivo, promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos " (Art.1) y a la obligación del Estado garantizar " la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración" (Art. 12.2);

vi. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de los derechos Humanos, Pactos y Convenciones Internacionales y regionales ratificados por Colombia.

Confiando en su apego en los derechos humanos y esperando que adopte de inmediato las medidas oportunas, muy respetuosamente, nos suscribimos ante usted

París, Ginebra, 2 de septiembre de 2003

Sidiki KABA Presidente de la FIDH y Eric Sottas, Director de la OMCT


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Este documento ha sido publicado el 21sep03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights