19ago02
El Naya: nuevamente en peligro.
Las organizaciones firmantes, representantes de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de la región del Naya (municipios de Suárez y Buenos Aires en el departamento del Cauca y Buenaventura en el Valle), conjuntamente con las organizaciones sociales, la Iglesia y ONGs de Derechos Humanos, alertamos a la opinión pública nacional e internacional sobre el riesgo inminente en que nuevamente se encuentra la población de los ríos Naya, Yurumanguí, Cajambre, Raposo y demás ríos de esta región, por efectos del conflicto armado en Colombia.
Hace un año y tres meses, en represalia por los secuestros cometidos en la iglesia La María y en el km. 18 de la vía Cali-Buenaventura por el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, ELN, un grupo integrado por más de cien paramilitares recorrieron durante tres días la región del Naya, cometiendo una atroz masacre en la que perdieron la vida según la fiscalía cerca de 50 personas (según las comunidades más de 100). A pesar de las advertencias presentadas oportunamente por las comunidades ante el gobierno nacional, las fuerzas armadas del Estado no hicieron nada por impedir tan anunciada masacre. A raíz de esos hechos, se presentaron desplazamientos masivos de la población y aunque muchos retornaron a sus tierras, aun hoy día quedan muchas familias desplazadas viviendo en la plaza de toros de Santander de Quilichao y en otros refugios temporales, sufriendo todo tipo de necesidades, sin poder retornar por falta de condiciones de seguridad y enfrentando amenazas de muerte para sus dirigentes.
A raíz de un nuevo secuestro el de los diputados de la Asamblea del Valle-, esta vez por cuenta de la guerrilla de las FARC, nuevamente se agudiza el problema en toda la región del Naya, por lo cual se han incrementado los asesinatos selectivos, la violación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, enfrentándose también el peligro de una nueva masacre. Los siguientes hecho! s ilustran la situación:
- El Ejército y la Armada Nacional dicen que tienen controlado todo el territorio, pero los paramilitares mantienen sus puestos de control y en algunas ocasiones se les ha visto patrullando conjuntamente, como se denunció ante los mismos militares el 5 de junio.
- Ejército y Armada están haciendo listas de personas y amenazan a la gente que si no les informan sobre los guerrilleros, después vendrán los paramilitares y los harán hablar. Esto preocupa enormemente, pues en ocasiones anteriores los paramilitares han llegado con listas similares a buscar sus víctimas.
- Paramilitares y fuerzas armadas están restringiendo severamente la entrada de alimentos a la zona. Debido a las grandes distancias, el peligro y la falta de transporte (ya que la zona no tiene carreteras), la población no puede estar saliendo a comprar víveres.
- Si bien la violencia se ejercía mayormente contra los hombres, ahora se está dirigiendo también contra las mujeres, como ocurrió con el secuestro de la dirigente indígena Irma Ramos por parte del ELN.
- Por su parte, los grupos insurgentes ELN y FARC continúan tratando de imponer su autoridad armada sobre la población, cometiendo arbitrariedades, violando el derecho internacional humanitario y poniendo la región en peligro de nuevas represalias por parte del Estado y los paramilitares.
- Las entidades estatales han incumplido reiteradamente los compromisos y obligaciones relacionados ! con la protección, la seguridad para el retorno y la estabilización de la población desplazada.
- A lo anterior se suma que la Universidad del Cauca, aunque nunca ha hecho presencia en la región del Naya, resultó reclamándose dueña de esta región por una concesión minera dispuesta por el general Santander de 1.827. Esto desconoce el derecho de las comunidades asentadas allí desde mucho antes y sirve de pretexto para que el Estado no legalice esas tierras a favor de sus pobladores.
Los hechos mencionados evidencian que la población del Naya está siendo víctima de todos los actores armados: ejército, fuerza naval, paramilitares, ELN y FARC. Mientras la fuerza pública y los paramilitares acusan a los pobladores de ser guerrilleros, los guerrilleros los sindican de paramilitares. Todos los grupos armados imponen su autoridad, desconociendo las autoridades propias de las comunidades y persiguiendo a sus líderes, de los cuales ya varios han sido asesinados y los demás están en peligro inminente. Una nueva masacre ha sido anunciada. Pero tememos que esta vez las fuerzas armadas del Estado tampoco hagan mayor esfuerzo por impedirla, a pesar de que La Defensoría del Pueblo emitió el 11 de Julio una Alerta Temprana (No 063). Si bien, no se ha presentado un nuevo desplazamiento masivo, muchas familias están abandonando la región, individualmente y en silencio, por lo cual ni siquiera van a ser reconocidos oficialmente para recibir la mínima atención que el Estado ofrece a quienes han sufrido desplazamiento.
Ante esta situación, hacemos un llamado de ALERTA a la comunidad nacional e internacional para tratar de evitar tan graves hechos y para que los crímenes que ya ocurrieron no queden en la impunidad. Apelamos a su solidaridad para que estos hechos sean ampliamente difundidos y que todos los organismos de Derechos Humanos se pronuncien ante el Estado Colombiano y se denuncie igualmente la brutalidad de ! los paramilitares y de los grupos insurgentes.
Pedimos a todos los grupos armados (oficiales, paramilitares e insurgentes) respetar el derecho de la población a no comprometerse con ninguno de ellos; que no sigan escudándose cobardemente en la población civil y poniéndola como objetivo militar; que se respeten los territorios, la autonomía de las comunidades, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC; Proceso de Comunidades Negras; Palenque de Buenaventura; Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC; Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN; Organización Regional Indígena del Valle, ORIVAC; Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca, Región Pacífica, ACIVA R-P.
Este documento ha sido publicado el 20ago02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights