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07oct17
Aclaración a la opinión pública acerca de los hechos violentos del 5 de octubre de 2017 en Puerto Rico - Mataje
La junta de gobierno del Consejo Comunitario del pueblo negro Alto Mira y Frontera, manifiesta una vez más su más sentido rechazo a los hechos violentos ocurridos en cercanías de Puerto Rico - Mataje y expresa su solidaridad con las familias de las víctimas de tan aborrecible acontecimiento. Reiteramos que se trató de una tragedia anunciada, pues una y otra vez le habíamos advertido e insistido a las autoridades civiles y militares que evitaran este suceso. Como pueblo negro estamos cansados de que nuestras voces no sean escuchadas y que tengan que ocurrir tragedias de este tipo, para que los ojos del país se enfoquen transitoriamente en las problemáticas de nuestro territorio colectivo, pues la eficacia de las instituciones es nula. Por ello, y debido a la serie de informaciones imprecisas acerca de lo que sucedió, nos permitimos manifestar que:
1. Los hechos violentos no ocurrieron de manera puntual o espontánea y no se resumen en la coyuntura reciente. El trasfondo de este asunto responde tanto a problemas territoriales históricos relacionados con la falta de garantías para el goce efectivo de derechos de nuestro territorio colectivo, como a las acciones absolutamente equivocadas del gobierno nacional, que ha priorizado la erradicación forzada a toda costa, mientras que el Programa Nacional de Sustitución de cultivos de uso ilícita avanza a marcha lenta y sin garantías.
2. La junta denunció oportunamente las amenazas, intimidaciones y abusos de todo tipo de las que han sido víctimas muchas de las comunidades que habitan esa región, sin que hayan existido medidas efectivas que hubieran evitado la tragedia.
3. Es necesario que se investigue y se esclarezca en detalle lo sucedido, con el fin de que se determinen responsabilidades y se dicten medidas de protección colectiva para nuestras comunidades. No queremos más derrame de sangre, el consejo comunitario Alto Mira y Frontera tiene que volver a ser territorio de paz y libertad.
4. La política de erradicación forzada es responsabilidad directa del gobierno nacional y no de la junta de gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. Por lo tanto exigimos un pronunciamiento claro por parte del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior al respecto.
Nuestra posición ha sido clara: a pesar de las contradicciones e incumplimientos del Estado, apostamos por la sustitución concertada y voluntaria de los cultivos de uso ilícito. La mata de coca no nos identifica y es un problema ajeno, que llegó masivamente a nuestro territorio, promovida por terceros externos.
5. Una de las soluciones de fondo para esta problemática, tiene que centrarse en otorgar verdaderas herramientas de gobernabilidad al Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. Por tal motivo, exhortamos urgentemente a la Agencia Nacional de Tierras a que cumpla en el menor tiempo posible, los compromisos adquiridos con nosotros como junta de gobierno.
6. El territorio del pueblo negro Alto Mira y Frontera fue priorizado en el capítulo étnico del acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc-Ep. En consecuencia, es un deber de Estado su cumplimiento, para garantizar la vida, autonomía y libre desarrollo de nuestro pueblo.
7. Es urgente que de una vez por todas, el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito tenga verdaderas herramientas de funcionamiento. Por consiguiente, es preciso que se socialice en el territorio y que exista un fuerte acompañamiento de las instituciones en cada una de las acciones que contemple el Plan. La entrega de información clara, precisa y masiva es fundamental para que este programa tenga mayor credibilidad y se eviten hechos hostiles.
8. Es preciso que las instituciones, medios de comunicación y opinión pública en general, tengan muy claro que la autoridad legítima de nuestro territorio es el Consejo Comunitario del pueblo negro Alto Mira y Frontera.
9. Es necesario que la Unidad de Víctimas ponga en marcha un plan de protección colectiva, de los líderes, lideresas y de nuestras comunidades en general.
10. Le pedimos a las Farc y al gobierno nacional que asuman sus responsabilidades con respecto a la emergencia y consolidación de nuevos grupos armados ilegales. Ante todo pedimos respeto por la vida y verdaderas políticas de desarrollo local que ofrezcan oportunidades a todos los habitantes de este territorio colectivo.
11. Instamos a que se amplíen las medidas cautelares existentes sobre nuestro territorio y que nuestros procesos jurídicos se eleven a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de que se protejan nuestros derechos colectivos y se garantice la vida e integridad de las comunidades.
12. Hacemos un llamado a los pueblos afrocolombianos, a los pueblos indígenas, a defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y a la comunidad internacional que se solidarice con nuestra causa. En los próximos días planteamos realizar una toma pacífica y cultural de nuestro territorio colectivo, que simbolice un nuevo y esperanzador porvenir para nuestras comunidades.
Colombia, San Andrés de Tumaco 07 de Octubre del 2017
Junta de Gobierno del Consejo comunitario Alto Mira y Frontera
C.C:
- Ministerio del Interior
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