Plan Colombia
LO QUE COLOMBIA NECESITA
Alternativa al Plan Colombia
Para la cooperación nacional e internacional
Héctor Mondragón
Abril 24 de 2000
Indice
Parte I
La Colonizacion:Solucion y Problema
Derechos Económicos y Sociales
Plan Colombia y Status Quo
Planificación y Gestion Comunitaria
PRIMERA PARTE
Contextualización de la Crisis Colombiana
Se dedica esta parte del trabajo en los elementos que nos permitan entender el carácter del Plan Colombia. En primer lugar la estructura sociopolítica del país y su elemento central, el gamonalismo bipartidista o clientelismo, del cual ha salido la propuesta originaria del Plan. Hay que entender la relación de este elemento con el actual proceso de globalización y el papel de Estados Unidos.
En segundo lugar, se hace énfasis en el problema agrario y la colonización, no por preferencia aleatoria, sino porque el Plan Colombia se basa en la erradicación de cultivos ilegales campesinos en zonas de colonización y por ende es imprescindible descifrar estos asunto si se quiere acercarse a la realidad del Plan Colombia. En la intelección de la cuestión agraria y la colonización está la clave del significado del Plan Colombia, que es en primer lugar un programa agrario localizado.
Los otros problemas sociales, económicos y políticos son tratados articulados a estos dos, en la medida en que la misma solución de la crisis colombiana se entrelaza con la solución de la cuestión agraria, la colonización y los cultivos ilegales, precisamente porque es allí donde la globalización nos ha arrastrado, arrasando los nervios de las otras ramas productivas de la economía y poniéndonos a depender de las exportaciones ilegales, el petróleo y los megaproyectos que se escenifican en las zonas rurales, mientras la mayoría de la población se congrega en las ciudades sin esperanza de que el modelo económico resuelva sus problemas vitales y el problema del desarrollo urbano, industrial y de los servicios indispensables para las masas de desplazados del campo.
1. El Gamonalismo Bipartidista y la ViolenciaLa estructura social de Colombia conforma un sistema histórico que no puede reducirse al esquema clásico. Para entender a Colombia hay que descifrar que significa el gamonalismo como clase dirigente. Aunque el papel y las características del gamonalismo han evolucionado substancialmente, podemos decir que el gamonalismo de hace 100 y más años, aun existe en Colombia, aun rige el país y es uno de los elementos fundamentales de la crisis colombiana.
El gamonal reúne en él varios roles:
a) Es propietario de tierras, generalmente un latifundista dueño de haciendas de ganadería extensiva, pero ahora también dueño de gran propiedad raíz urbana;
b) Ejerce el poder local o comarcal y hace parte del poder departamental o regional;
c) Está articulado al gobierno nacional y especialmente está ligado a él mediante el parlamento: "de todos los defectos, de todos los vicios del régimen central, el gamonalismo es solidario y responsable" |1|
d) Es un capitalista burocrático, es decir acumula capitales valiéndose de los dineros del Estado y de sus conexiones o cargos dentro de él, mediante contratos, concesiones, comisiones, adjudicaciones, compras, ventas y apropiaciones;
e) Es el agente y aliado del gran capital, de los grupos financieros, las transnacionales y últimamente del narcotráfico, ejerciendo este papel en el ámbito local y nacional. Si el gran capital transnacional, los grupos financieros Santodomingo, Ardila Lule, Sarmiento Angulo, el sindicato antioqueño y los carteles de la droga son los poderes dominantes, los gamonales son la fuerza gobernante.
El gamonal tuvo un origen colonial en el funcionario y el hacendado y se convirtió en el personaje dominante de la República, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Como clase expresaba una dominación semifeudal basada en su calidad de terrateniente y en su inserción en las redes comerciales nacionales e internacionales. Su metamorfosis se produce por el contacto y fusión con el capitalismo, realizado primero en las concesiones petroleras, la construcción de ferrocarriles y carreteras, las bananeras y otros enclaves y luego por su apropiación privada de los recursos del Estado para acumular capital en el contexto del desarrollo capitalista del país, dentro del cual el gamonal hace de empresario dependiente de su posición en el aparato estatal.
Los jefes de los dos partidos tradicionales han sido casi siempre los gamonales, porque precisamente esos partidos son el canal del ejercicio de su poder y de la legitimación social del mismo. La subsistencia del bipartidismo colombiano expresa la subsistencia de los gamonales como clase dirigente. La influencia del narcotráfico en los partidos es un síntoma de la conexión entre gamonalismo y carteles de la mafia, que no es más que un desarrollo de la calidad de agentes del capital de los gamonales. Así como los gamonales han sido agentes de las compañías petroleras o de los grupos financieros y sus socios menores, ahora lo son también y no exclusivamente, de los narcos, en quienes se respaldan para mantener el poder local con los grupos paramilitares.
Con el arribo del neoliberalismo, el gamonal ha corrido a tratar de aumentar su capital participando en la feria de las privatizaciones, adjudicaciones y contratos y se siente ahí en su ambiente. La corrupción no es simplemente el problema moral y ético de algunos individuos, sino un sistema de enriquecimiento de un sector social que domina la país. Sin embargo, la lógica del capital está en contradicción constante con el gamonalismo y el sostenimiento de su clientela. Para el desarrollo capitalista el sostenimiento del gamonalismo es un gran despilfarro. El gran capital se beneficia mucho con la agencia del gamonal, pero el costo es alto y cuando puede, en vez de agentes el capital prefiere empleados suyos en el Estado o si es necesario, ejercer directamente, en el gobierno y en las demás ramas del poder.
El capital se presenta en la práctica dividido en tres fracciones principales, que son las transnacionales, los grupos financieros colombianos y los empresarios relativamente independientes. Los tres han participado también de los partidos tradicionales y han tenido y tienen sus representantes en ellos, pero hasta ahora han debido someterse en mayor o en menor grado a la agencia de los gamonales. Varios de los ensayos de fuerzas suprapartidistas tienen que ver con intentos del gran capital de escapar del predominio de los gamonales, pero hasta ahora el capital sigue financiando las campañas electorales de los gamonales, a la vez que sostiene "nuevas" alternativas ligadas directamente a él.
El imperio del neoliberalismo es en primer lugar el imperio de las transnacionales. Para ellas Colombia ha sido en ante todo otro mercado y otro campo de inversiones en hidrocarburos y minas y secundariamente en el sector industrial, en el que existen importantes firmas extranjeras. La primera fase neoliberal durante la cual las transnacionales lograron abrir nuestro mercado a sus productos, especialmente para los que han sido elaborados o ensamblados en los "Tigres" asiáticos, no supuso una ruptura con la dominación de los gamonales y en cambio sí significó contradicciones con sectores de los empresarios nacionales, especialmente los del sector agropecuario.
Un terreno en que el neoliberalismo ha tratado de ordenar el camino para el capital a costa de los gamonales ha sido el de la organización del Estado. Sin embargo la "modernización" del Estado ha resultado un verdadero trabajo de Sísifo y un verdadero circo en el cual mientras son suprimidos miles de empleo de trabajadores oficiales o empleados de carrera administrativa, son establecidos otros miles o contratos a término fijo, que en vez de suprimir el despilfarro y la ineficiencia estatal, aumentan otra vez el poder empleador del gamonalismo, que había sido limitado con la carrera administrativa y que causan cuantiosas indemnizaciones laborales a los antiguos empleados.
Los partidos tradicionales no pueden vivir sin una amplísima clientela laboral. El sector público paso de captar la quinta parte del ingreso nacional y el 7 % del empleo en 1970, a la tercera parte del ingreso nacional y el 10 % del empleo en 1995, en pleno período de "reducción del Estado".
El capital ha planteado el tema de la descentralización y el reordenamiento territorial. Sin embargo la descentralización únicamente ha fortalecido el poder de los gamonales y su clientela, a costa del despilfarro de cuantiosos recursos y el endeudamiento de las entidades territoriales departamentales y municipales, empezando por las grandes ciudades como Medellín y Cali.
Verdaderamente la injerencia burocrática del centro en los asuntos puramente locales o regionales es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico y político. La autonomía de las entidades territoriales debería facilitar el desarrollo de las fuerzas productivas y la cohesión, tanto de los empresarios como de los trabajadores. Pero para que la descentralización surta un efecto democratizador y modernizante es necesario romper el oligopolio de la propiedad de la tierra en manos de los gamonales y sustituir el caduco ordenamiento territorial que refleja los intereses de burocráticos, fiscales, terratenientes y electorales de los gamonales, por un nuevo ordenamiento que responda a la realidad geográfica, ecológica, económica, social, étnica y cultural.
La realidad de la reforma del Estado tiende a moverse entre una descentralización centralista mediante el cual la Nación intenta desconcentrar funciones y reducir o suprimir la responsabilidad del poder central en la prestación de servicios básicos, de una parte y de otra el aumento del poder de los gamonales gracias a la nueva autonomía de los departamentos y regiones, otorgada sin un cambio de las relaciones sociales, con el consiguiente incremento el despilfarro clientelista|2| . Los departamentos colombianos no reflejan una realidad sino un pasado y una arbitrariedad política y son el centro del clientelismo de los grupos del bipartidismo.
Al actual gobierno se le ocurre como salvación frente a la voracidad del clientelismo departamental, suprimir las Asambleas Departamentales, como si al suprimir una elección popular se suprimiera el ataque sistemático de los gamonales a los fiscos. Los Gobernadores aplicaran aun organismo elegido por los concejos municipales, el mismo sistema que a uno de elección popular, puesto que la base bipartidista es la misma.
Lo nuevo era que en una tercera parte de los municipios la descentralización y la autonomía provocó una crisis de la dominación local de los partidos tradicionales y la elección de alcaldes independientes, a veces del gusto del gran capital, a veces por fuerza de los movimientos populares. Contra los alcaldes independientes se desarrollan iniciativas de diferente orden: contrarreformas constitucionales, incluyendo la unificación de elecciones para hacer equivalentes los períodos de los alcaldes con los de los congresistas y el presidente; control por los gobernadores de las cofinanciaciones y la creación de "zonas de orden público en que se supedita a los alcaldes a los comandantes militares y como desde hace años, la guerra sucia. Contra los alcaldes y concejales populares se ensaya desde las soluciones institucionales y electoreras, hasta el asesinato y el vulgar golpe militar vergonzante.
La Constitución de 1991 fue redactada en medio de estas tensiones en torno a la organización del Estado. En la medida que los gamonales han dominado el parlamento, el reordenamiento territorial se ha hecho imposible y sólo se ha aplicado en la medida en que al gamonalismo le conviene como conjunto. La región de la Costa ha quedado congelada debido a la oposición de los gamonales del resto del país y de la antigua y anticuada gran industria del triángulo Medellín, Cali, Bogotá.
Una de las causas de la situación de violencia de Colombia es el obsoleto ordenamiento territorial. Para nadie es un secreto que Antioquia, Córdoba y Chocó no son unidades viables para el desarrollo de Urabá; ni Valle, Cauca y Nariño podrán orientar el desarrollo de sus comarcas del Pacífico; ni Santander, Antioquia, Caldas, Boyacá, Bolívar o Cesar tienen realmente nada que hacer en el Magdalena Medio, a no ser llevarse sus regalías petroleras y echarle mano a otros de sus recursos. Como escribió Orlando Fals|3| , "los limites sirven para legitimar el control político de gamonales y caudillo a sobre los territorios y sus poblaciones...por eso hacen tanta resistencia cuando se propone variar los confines de las circunscripciones electorales, ya que de esta distribución territorial derivan su poder".
El neoliberalismo expresa ahora cuestionamientos sobre la descentralización que él mismo ayudó a desencadenar. Los gamonales se están comiendo la descentralización cuando la misma ni siquiera se ha completado. En realidad esto es el resultado de aplicar recetas generales de la banca transnacional y los organismos multilaterales, que no tienen en cuenta que en América Latina aun vivimos la edad de los dinosaurios y que quien quiera actuar aquí tiene que tenerlos en cuenta, para servirles o enfrentarlos. El capital no encuentra otros agentes en el ámbito local que los gamonales y los paramilitares, y se enfrenta en cambio contra los movimientos populares y contra el creciente poder local de las guerrillas. La reforma del Estado se encuentra en la encrucijada y las propuestas de echarla atrás cobran fuerza.
El arte de este sistema para mantenerse, consiste en evitar que se construya el mosaico de las alternativas sociales y de la inconformidad y la lucha popular y evitar que se construya un bloque histórico alternativo a la hegemonía vigente. Esto lo logra fundamentalmente mediante la violencia, mediante la eliminación de cualquier alternativa política con posibilidades de éxito. Quien no acepta ser cooptado por el régimen es eliminado. Es por ello que en medio de las dificultades del bloque dominante y a pesar de sus contradicciones, proceso 8.000 incluido, sigue logrando hasta ahora mantener la dispersión de los movimientos sociales.
La liquidación de toda alternativa política diferente del gamonalismo ha sido una característica esencial de la historia contemporánea de Colombia. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abridle 1948, que dio inicio al conflicto armado colombiano que aun sufre el país, tuvo precisamente este sello.
El genocidio político de que fue víctima la Unión Patriótica entre desde su creación en 1985, tenía antecedentes en la liquidación de los concejales de la Unión Nacional de Oposición UNO, que habían logrado ser mayoría en varios municipios del Magdalena Medio a finales de la década de los 70, cuando se permitió a partidos diferentes a los tradicionales participar en las elecciones (cosa que fue imposible constitucionalmente entre 1957 y 1972).
Hoy se hace creer que los grupos paramilitares crecieron como iniciativa espontánea de sectores civiles afectados por la presencia de la guerrilla. Sin embargo, los actuales paramilitares o "Autodefensas" surgieron por una ley de la República que en 1966 ordenó al Ejército crear juntas de autodefensa, financiadas por los poderes económicos locales (incluidas las transnacionales que operaran en cada sitio). El parlamento que aprobó esta ley era un parlamento exclusivamente bipartidista. La ley se cumplió por 23 años, hasta cuando la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional, sin que por ello los militares y poderes políticos y económicos locales dejaran de sostener y extender el paramilitarismo.
El paramilitarismo en sí mismo era una prolongación de las bandas armadas partidistas que operaron durante la violencia de los años 50 y a las que los campesinos denominaban "pájaros". Estas bandas armadas como los paramilitares de hoy, liquidaron entre 1948 y 1957 a las organizaciones campesinas e indígenas independientes, no dejando ni el rastro de la activa Confederación Campesina e Indígena CCI.
El desmonte del llamado frente nacional establecido desde 1957 por los partidos tradicionales para terminar la guerra entre ellos ha debido abrir paso al multipartidismo. Pero la realidad ha demostrado que el gamonalismo no puede tolerar el pluripartidismo ni tan siquiera la disidencia interna real. El asesinato de Jaime Pardo Leal en 1987 (de cuya autoría se sindicó al narcotraficante de Rodríguez Gacha); de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro (de cuya autoría se sindica a los paramilitares de Carlos y Fidel Castaño), ejemplifican la total negativa de permitir una oposición política real. Pero Luis Carlos Galán que expresaba dentro del bipartidismo una alternativa crítica al gamonalismo también fue asesinado por el mismo aparato paramilitar combinado con Rodríguez Gacha.
Así, mientras el sistema vigente en Colombia trata de justificar la ayuda internacional con la lucha contra narcotraficantes y paramilitares, en realidad ellos han eliminado a las personas que el gamonalismo bipartidista necesita eliminar. En otros casos como en el del asesinato del periodista comunista Manuel Cepeda, los militares actúan directamente. Pero no importa quién sea el autor material, el resultado es siempre el mismo: las alternativas al gamonalismo bipartidista son liquidadas. Lo demás son detalles.
Por otra parte, la situación de guerra que vive ahora Colombia ha sido repetitiva como forma de dominación del gamonalismo. Ocho guerras civiles entre 1830 y 1895 causaron más de 36 mil muertos entre las tropas|4|. La "Guerra de los Mil Días" entre 1899 y 1903 causó por lo meno 60 mil muertos en combate, aunque algunos consideran que la cifra de víctimas fatales de esa guerra entre conservadores y liberales puedo llegar hasta 100 o 180 mil personas|5|.
Al final de esa guerra, un líder guerrillero invicto de Panamá, el indígena Victoriano Lorenzo, fue entregado al gobierno conservador por el general liberal Benjamín Herrera, para que fuera juzgado de acuerdo a los tratados de paz, pero fue ejecutado el 15 de junio de 1903, junto con siete compañeros |6|. Fue el destino reservado después para otros guerrilleros que se acogieron a amnistías o procesos de paz.
La "Violencia", desatada a partir de 1946 y agudizada tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, fue una primera edición terrible de la actual violencia. Los conservadores en el gobierno pretendieron el extermino de liberales, comunistas y protestantes. El resultado fue más el desplazamiento de 393.648 familias campesinas |7|. En unos lugares las tierras abandonadas fueron arrebatadas por los caciques políticos, algunos de los cuales advenedizos, en otras zonas que ahora concentran la agricultura moderna, especialmente el Valle del Cauca (el departamento con mayor número de familias desplazadas: 98.400 |8|) y el alto Magdalena, los grandes terratenientes constituyeron sus empresas de caña de azúcar o algodón. En el Tolima la producción de algodón en plena violencia entre 1950 y 1955, pasó de 4 a 16 millones de kilos, en un área sembrada que creció de 15 mil a 39 mil hectáreas. |9|
Esta Violencia dejó 193 mil muertes, de los cuales 158 mil ocurrieron entre 1946 y 1953 |10|. La "paz" se gestó por etapas. Primero con los liberales, para que el gobierno militar de Rojas Pinilla adelantara una ofensiva contra la guerrilla comunista y luego procediera al exterminio de los líderes guerrilleros liberales que no se sujetaban al Ejército, como Guadalupe Salcedo, asesinado el 6 de junio de 1957, cuando ya Rojas había sido sustituido por una junta militar.
El 28 de noviembre de 1958 una nueva amnistía fue aprobada por el régimen del "Frente Nacional" bipartidista, acogiendo a los guerrilleros comunistas y liberales de izquierda, cuyos dos principales jefes, el indígena Jacobo Prías Alape y el principal dirigente del poder obrero en Barrancabermeja en abril del 48, Rafael Rangel, fueron posteriormente asesinados. En vez de apertura democrática se produjo la perpetuación del régimen de estado de sitio justificado por la lucha contra el bandolerismo desatado por las propias bandas de los partidos tradicionales, utilizadas primero en la lucha contra las guerrillas de izquierda, luego para asesinar a sus líderes amnistiados y finalmente convertidas en problema de orden público, que sirvió de introducción para el ataque en 1964 a las zonas agrarias de predominio comunista, estigmatizadas como "Repúblicas Independientes", reiniciando así la guerra y desencadenando la actual violencia.
2. La Relatifundización mediante la ViolenciaDurante los años 20 y 30 se desató en Colombia una amplia gama de conflictos, derivados de las confrontaciones entre las relaciones sociales, económicas y políticas imperantes y las demandas que ejercía el proceso de modernización del país. En el ámbito agrario, examinado por numerosos especialistas, fue aprobada la Ley 200 de 1936, dirigida, básicamente, al ordenamiento y clarificación de la propiedad, con algunas consideraciones sobre protección ambiental (Preservación de bosques y acuíferos, artículos 10 y 11).
A pesar de haber sido considerada como marco legal de una reforma agraria, no tuvo los alcances redistributivos de la propiedad que algunos esperaban, pero sí planteó límites a la expansión de las haciendas sobre las tierras baldías como mecanismo de exclusión de los pequeños campesinos del acceso a la tierra y a los mercados.
Esta legislación se inscribió en propósitos modernizadores y no obstante sus restricciones, suscitó rechazo en los sectores mas recalcitrantes de la sociedad, agrupados en torno al control monopólico de la tierra y a la preservación de relaciones laborales de índole pre-capitalista. El vigor de estos intereses y la confluencia de condiciones internacionales que frenaron la modernización económica y política del país, impidieron avances de importancia en la racionalización de la propiedad agraria, con lo cual se agudizaron los conflictos que previamente había tratado de superarse a través del proyecto modernizador.
Durante los años cincuenta se produjo un importante desarrollo de las condiciones técnicas de la producción en medio de una profunda crisis social y política. Asociada a estas condiciones ocurrieron desplazamientos de poblaciones rurales hacia las zonas previamente marginales en donde habría de configurarse luego el escenario de las conflictivas colonizaciones de los años sesenta y subsiguientes ya mencionadas.
Según lo señalan los distintos estudios sobre el tema y lo ratifican las evaluaciones mas recientes de la problemática agraria colombiana|11|, la tenencia de la tierra en el país esta caracterizada, definitivamente por una elevada concentración de la propiedad
Un acelerado proceso de concentración de la tierra en manos de los más grandes productores ha ocurrido en Colombia en los últimos 17 años, a la vez que se ha reducido en forma dramática el área sembrada. La ampliación de área de grandes propiedades dedicadas a la ganadería extensiva es una verdadera relatifundización del país, en la cual la compra de tierras se consolida como un negocio en sí mismo y el precio pagado por las fincas no está determinado por su productividad agropecuaria, sino por las posibilidades de valorización del predio. Puede detectarse el proceso tanto al comparar los resultados de las encuestas nacionales agropecuarias, como al compara los datos registrados en el catastro. Veamos:
Cuadro 1
Distribución de los Predios y sus Superficies según Tamaños*
Tamaños Ha. % Predios 1984 1997
% Área 1984 1997
0 a 100 96,9 97,4 40,0 34,5 100 a 500 2,7 2,3 27,5 20,5 + de 500 0,4 0,3 32,5 45,0 *Excluidos departamentos con superficie predominantemente en Resguardos indígenas
Fuente: Rincón, Claudia "Estructura de la Propiedad Rural y Mercado de Tierras", Tesis de postgrado U. Nacional, Bogotá 1997, sobre la base de información del IGAC.
Cuadro 2
Distribución de las Fincas y su Superficie y Uso Agrícola según Tamaños
Tamaño 1995 - 1996* % Fincas 1995 1996
% de Tierra 1995 1996
% Uso Agrícola 1995 1996
Muy Pequeño (0 a 5 Ha.) 46.8 50.2 3.2 3.7 38.6 32.8 Pequeño (5 a 20 Ha.) 27.5 27.8 9.9 10.9 22.9 19.8 Medio Bajo(20 a 50 Ha.) 12.8 11.8 13.8 14.0 12.7 11.2 Medio Alto (50 a 200 Ha.) 10.2 8.0 33.9 28.2 6.9 7.3 Grande (+ de 200) # 2.8 2.2 39.9 43.1 2.5 1.7 * Pedazos en el Segmento de la Muestra PSM
# hasta 500, 1.000 Ha. o 1.200 Ha. Según Departamento.
Fuentes: DANE. Encuesta Nacional Agropecuaria, 1995, pg. 173 y 1996 información inédita.
Los datos del catastro guardan una coherencia muy grande con los de las encuestas agropecuarias y el hecho de que en la encuesta de 1996 (y en la de 1995) el segmento que concentra propiedad comience en las 200 ha. se debe sólo a que se trata de pedazos de unidad de producción en el segmento de la muestra (PSM) es decir fincas incompletas. Por lo mismo en la encuesta de 1996 no hay pedazos de más de 1.200 Ha. Mientras que los predios del catastro se registran los predios en la totalidad de su tamaño.
En una segmentación minuciosa de la información del catastro la concentración más fuerte se produce en los predios de más de 2.000 Ha. Esto tiene como paralelo en la encuesta de 1996 el crecimiento del área de los PSM de más de 500 y 1000 Ha.
Un estudio de CEGA en 1984|12| mostró que entre 1970 y 1984 la proporción de área cubierta por predios de más de 500 Ha. se redujo en forma importante, en favor de los predios entre las 20 y las 200 Ha. que ganaron un amplio porcentaje de superficie como resultado simultáneo de la modernización de la agricultura y la colonización. Es decir entre 1970 y 1984 se produjo el proceso inverso al ocurrido entre 1984 y 1997.
Ya en 1986 expuse|13| como había datos que demostraban, la inversión de la tendencia y el inicio de un nuevo proceso de concentración: el tamaño promedio de los predios de más de 1.000 Ha. pasó de 2.674 Ha. en 1970 a 3.562 Ha. en 1984 y algunas zonas como el Valle del Cauca (según CEGA) y en el Magdalena Medio (según la Universidad Cooperativa seccional Barrancabermeja) se registraban importantes. En Barrancabermeja 3.204 predios registrados en 1981 se concentraron en sólo 2.318 registrados en 1983. Efectivamente, el modelo de concentración del Magdalena Medio en torno a la construcción de la "Carretera de la Paz" con grupos paramilitares, compras de predios por narcos y especuladores y desplazamientos de población, se convirtió en el modelo dominante.
Hoy la concentración es más acelerada en Cesar, Bolívar, Valle del Cauca, Quindío, Caquetá Y Putumayo (según el IGAC) departamentos a los que hay que agregar Meta Casanare y Chocó si tomamos los datos de las encuestas agropecuarias. La relatifundización se produjo como resultado de la conjunción de fenómenos económicos y políticos:
La expansión de los grupos paramilitares que han propiciado desplazamientos de población y apoyado procesos de concentración de la propiedad de la tierra en cabeza de narcotraficantes, ganaderos, especuladores y de los mismos dirigentes del paramilitarismo;
La economía del narcotráfico que produjo en primer lugar una nueva capa de compradores de tierra latifundistas, que elevó los costos del dinero y el crédito fortaleciendo las causas de especulación con la tierra y que al mismo tiempo generó una salida económica en las zonas de colonización a parte de los campesinos y jornaleros desplazados por la violencia o por causas económicas; La apertura económica que aumentó en 700 % las importaciones de alimentos y provocó una drástica reducción del área sembrada, especialmente en cereales.
Aunque los cultivos permanentes fueron menos afectados por la crisis agrícola, no absorbieron el área que se dejó de sembrar en transitorios y se produjo en cambio una "praderización" para ganadería extensiva.
En la comparación de las Encuestas del 95 y 96 se aprecia claramente que los estratos más bajos que venían perdiendo tierra desde la década de los 80, lograron recuperarse mientras que el estrato medio alto siguió vendiendo sus tierras en alta proporción a los más grandes propietarios. Los medianos restablecieron así la proporción del área sembrada de sus fincas, mientras los grandes aumentaron el área en ganadería extensiva. Entre tanto por la dinámica de compra de tierra por los grandes propietarios, se ha extremado la distribución del área sembrada según el tamaño de las fincas que ha caracterizado a Colombia y según la cual entre más grande sea la finca menos proporción de área sembrada tiene.
Según estudios y mapas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC|14| en Colombia en 1988 había ya 9 millones de hectáreas aptas para la agricultura y se utilizaban para este fin únicamente 5 millones, en cambio para ganadería hay aptas 19 millones de hectáreas, pero se utilizan 40 millones, de las cuales sólo 5 millones tienen pastos mejorados, mientras 35 millones de hectáreas se explotan como ganadería extensiva. Además hay que considerar además que la estimación de 9 millones de hectáreas aptas para la agricultura, es bastante conservadora y estática, si se tiene en cuenta que el suelo se puede mejorar, adecuar y "construir", tal y como ha sido la experiencia europea y que realmente una parte de los suelos de vocación ganadera son adecuables para la agricultura. El 45 % del suelo está usado en forma que no corresponde con sus calidades y potencialidades.
En 1996 la distribución del área total sembrada del país por tamaño de finca era:
Cuadro 3
Porcentaje (%) del Área sembrada del país según tamaños de finca (PSM)
Tamaño Ha. % 0 a 20 43,3 20 a 50 20,3 50 a 100 13,4 100 a 200 12,8 200 a 500 7,8 + de 500 1,3 Fuente: DANE Encuesta Nacional Agropecuaria 1996
Esta distribución del área sembrada del país no obedece de ninguna manera a que las tierras útiles estén en las unidades pequeñas, que tienen una proporción de las tierras improductivas del país, cuatro veces más altas que el porcentaje de superficie total que poseen. En cambio las unidades más grandes tienen una proporción de las tierras improductivas de Colombia equivalente a la mitad del porcentaje de la superficie que poseen con respecto a la total nacional. Se trata de una relatifundización, es decir de la acumulación de la tierra en la gran propiedad con fines especulativos y no productivos.
Las áreas ganaderas de gran propiedad, tienden a ser expulsoras de población y a ser escenario de conflictos agrarios y de la presencia de paramilitares y guerrilleros. El trinomio ganaderos - gamonales - grandes narcotraficantes es, en la actualidad, el polo de concentración de la contrarreforma agraria que ocurre en Colombia. Los esquemas de colonización en nuestro país se sostienen bajo la espontaneidad, debido a factores expulsivos de la población: violencia política y presión por la tierra, y a la falta casi absoluta de presencia del Estado.
El minifundio como lo han señalado desde hace tiempos los expertos como Antonio García, es la otra cara de la moneda de la gran propiedad. La dinámica expulsora de población de los minifundios, aunque puede ser moderada con programas de desarrollo rural campesino y asistencia social, únicamente puede ser sostenible dentro de esquemas macro de desarrollo industrial que no están vigentes en Colombia e implicarían cambios en la política económica actual.
O también puede ser sostenible en las condiciones de Colombia si se dirige hacia la gran propiedad, es decir mediante una reforma agraria, que para Boyacá - Guaviare tendría como eje el binomio Casanare - Meta; para Caquetá -Putumayo-Nariño tendría como eje Cauca - Valle y el latifundio ganadero del Caquetá; para el alto Sinú - San Jorge - Urabá se dirigiría hacia Córdoba-Sucre; en tanto que para Cesar, Norte de Santander, Magdalena, Magdalena Medio, Caquetá y Nariño deberían realizar procesos de redistribución de propiedad en su interior.
Es así como la política dotación de tierras y programas como los de creación de reservas campesinas, no pueden limitarse a su constitución en las zonas de colonización, puesto que se trata de consolidar un destino diferente para la migración dentro de la actual frontera agrícola.
Es importante tener en cuenta que el proceso actual se verifica en medio de una realidad que está muy lejos de producir el cuadro de reducción de la población rural y en particular de reducción del campesinado que algunos se imaginaron para el fin del siglo. Aunque la población rural se ha reducido en términos relativos, ha seguido aumentando en términos absolutos de 6 millones de personas en 1938 a 11,6 millones en 1993.Otro tanto ha ocurrido con la población económicamente activa del sector agropecuario que pasó de 1,9 millones en 1938 a 2,7 millones en 1993. Aun más, los "trabajadores por cuenta propia" del sector (campesinos medios) pasaron de 600 mil en 1938 a 70 mil en 1964 y 800 mil en 1993.
Se ha reducido en cambio y drásticamente desde 1964, el número de patronos del sector agropecuario, especialmente por la quiebra de los pequeños empresarios. En 1964 había 2,3 trabajadores agropecuarios por cuenta propia por cada empleador, mientras que en 1993 eran 4,7 cuenta propia por empleador. En el mismo período los jornaleros pasaron de 3,3 a 7,7 por empleador. Según las Encuestas de Hogares del DANE el número de patronos rurales se redujo entre 1988 y 1985 en un 10 % y la proporción de asalariado por patrono pasó de 6,3 a 8,3 asalariados por empleador.
Es decir, el lento proceso de "modernización" del campo colombiano, no ha producido ni una reducción de la población rural en términos absolutos ni la reducción de la población activa en el sector agropecuario ni una reducción del número de campesinos, pero sí una reducción del número de empresarios rurales.
No faltaron en el pasado los economistas dogmáticos|15| que anunciaron que la funcionalidad del campesinado se extinguía y que se iba descomponer y de hecho se estaba descomponiendo "aceleradamente". Sin embargo analistas más juiciosos se dieron cuenta de la capacidad de la economía campesina para sostenerse a pesar de los procesos de diferenciación y descomposición y de las condiciones adversas.
El fenómeno característico de Colombia ha consistido en que tanto a población rural, como la dedicada a la producción agropecuaria y también el campesinado propiamente dicho, a la vez que han disminuido paulatinamente el porcentaje que representan con respecto a la población total del país, han aumentado continua e ininterrumpidamente su número. La colonización ha sido uno de los factores que ha mantenido el crecimiento del número absoluto de campesinos.
Frente a tal realidad se enfrentó la visión de Lauchlin Currie|16| sobre el desarrollo, que ha guiado los planes oficiales colombianos desde hace 45 años. Currie consideró siempre como una misión histórica el rompimiento de este modelo demográfico. "Sobra mucha gente en el campo y en la agricultura" se ha repetido desde entonces.
En Colombia, sin embargo, todos los censos de población de este siglo, incluidos desde luego los de 1964, 73, 85 y 93 han seguido registrado el aumento de la población rural y de la dedicada a agricultura, ganadería, caza y pesca, e inclusive los trabajadores independientes en estas ramas de actividad y en el sector rural (aunque el aumento de campesinos jornaleros haya sido más veloz).
Este resultado podría ser una sorpresa para los dogmáticos, pero no lo era para Currie quien constataba como a pesar del descenso relativo de la población del campo, "la fuerza de trabajo rural ha seguido creciendo en términos absolutos en varios países"|17| y, pensaba que dada "la cantidad de personas de que se trata, debemos suponer la continuación de la agricultura tradicional por mucho tiempo" |18| y "en cualquier caso no podemos esperar que se movilice el grueso de la población rural" |19|.
Otro "desarrollista", Edith Whethem consideraba que "la política apropiada para un gobierno que persigue la eficiencia económica consiste en estimular el éxodo de la agricultura y la consolidación de predios por todos los medios que no creen una conmoción política intolerable"|20|. En 1966 Currie recordaba la recomendación de John Coppock de reducir anualmente en 4 % el número de personas dedicadas a la agricultura, que para Colombia significaba 800 mil agricultores menos en diez años|21|, número cercano al de los desplazados por la violencia entre 1987 y 97.
Currie mismo recomendaba un programa deliberado de movilidad acelerada para conseguir la suficiente emigración del campo y partiendo del análisis histórico sostenía que la guerra puede tomar el lugar de tal programa|22|, tal y como algunos intentaron lograrlo en la década de los 50 y otros intentan que pase ahora en Colombia. Consecuentemente Currie se oponía a que el problema agrario fuera resuelto haciendo a muchos pequeños agricultores más eficientes y productivos pues esto mantenía "demasiada" gente en la agricultura|23|.
La visión de Currie de un campo "moderno" con grandes fincas capitalistas mecanizadas como clave del desarrollo nacional fue la clave iluminó el Acuerdo de Chicoral y la clausura de la reforma agraria en la década de los 70 y sigue siendo la guía de la guerra que vive Colombia.
Los diferentes programas desarrollistas con los cuales se quiso "modernizar" el campo reduciendo la población dedicada a la agricultura no surtieron el efecto de modernizar, ni el de "limpiar" las tierras de campesinos. A pesar de las 393.648 parcelas que, según Carlos Lemoin|24|, perdieron los campesinos durante la Violencia de los 50, la población de fuera de las cabeceras municipales pasó de 6 millones en 1938 a 7 en 1951 y 8 millones 400 mil en 1964, en tanto que el número de trabajadores independientes dedicados a la agricultura pasó de 609 mil en 1938 a 719 mil en 1964. Ni siquiera la Violencia pudo evitar el aumento de población rural y campesina.
Es indudable que el campesinado ha demostró una capacidad de resistencia, tanto económica, como político-militar, expresada en movilizaciones gremiales y en movimientos guerrilleros. Al estudiar de los datos de posición ocupacional del censo de 1993 se encuentra que los municipios con permanencia guerrillera tienen un alto porcentaje de población rural registrada como trabajadores por cuenta propia y empleadores (de un promedio de 1,5 asalariados por patrón).
El problema sigue siendo si se trata de "vencer" esa resistencia y eliminar a los "ineficientes" agricultores tradicionales "que cultivan tierras marginales en predios de tamaños antieconómicos"|25| o en aceptar que el campesinado puede abrir una vía alterna de desarrollo económico y social si cuenta con el apoyo de programas masivos, que lo doten de los medios de producción adecuado y le permitan tanto consolidar la economía campesina y la cultura propia, como desarrollar formas asociativas propias e iniciativas empresariales como granjero y cooperativista.
Esta alternativa que estuvo planteada anteriormente entre gran la agricultura y ganadería nacional y la mayoría de los campesinos, hoy se plantea en una escala mayor, entre la agricultura y ganadería mundial (extranjera) de alta productividad y megaproyectos viales e inversiones petroleras, mineras y agroindustriales de una parte, y de otra parte la economía campesina nacional.
Es el resultado de la apertura económica que ha globalizado el problema agrario. Currie sabía que llegaría el momento en que la alta productividad agrícola y pecuaria de Estados Unidos y Europa enfrentaría a nuestras economías campesinas|26|, luego tampoco este resultado puede considerarse imprevisto. El campesinado ya no enfrenta sólo ni principalmente a la "vía terrateniente" sino especialmente al capital transnacional y su modelo de globalización, que necesita "limpiar" el territorio de gente ineficiente o sobrante y lo está tratando de hacer mediante la guerra. Parecería que ahora sí llegó la hora del rompimiento (con la economía campesina). La apertura económica, la nueva Violencia con la gran masa de desplazados, así parecen anunciarlo. No sólo hay desplazados porque hay guerra, sino especialmente hay guerra para que haya desplazados.
Entender el carácter radical de este fenómeno, comprender lo que pasa actualmente y ha pasado en los últimos años en el campo colombiano es posible sólo si inscribimos todo el escenario que he presentado con las cifras, en medio de la reestructuración impuesta a la economía colombiana y al sector rural en particular.
Lo que prima ahora en el país y en otras naciones, es la perspectiva de la globalización del capital la que dinamiza o frena y determina absolutamente todo. Y dentro de esa globalización, a la cual estamos sometidos aquí y en cualquier otra parte del mundo, a Colombia le han correspondido unos papeles que tienen que ver con algunas sus características y especialmente con las necesidades del mercado mundial. Existen unas prioridades dentro de las cuales no ha estado contemplado el sector agropecuario.
El sector agropecuario es considerado, en la practica y en los planes de desarrollo globales de las transnacionales, como algo poco importante en Colombia, completamente subsidiario, secundario, complementario; donde lo único importante las mejores tierras, por su renta diferencial: las sabanas de Bogotá y Valle del Cauca, algunas tierras del Cesar, zonas de Córdoba y Urabá, la meseta de Ipiales - Guachucal - Aldana, es decir zonas privilegiadas por sus suelos y por lo mismo altamente rentables.
Los proyectos en gran escala, muchas veces insostenibles a largo plazo como las plantaciones de palma africana, o las empresas forestales, muchas veces destructoras de los ecosistemas o la producción de frutas exóticas son un complemento del menú principal.
Es a partir de ahí que se realiza una contrarreforma agraria, porque son los sectores petrolero, minero y vial los que se consideran fundamentales y se han tomado medidas, y se van a seguir tomando medidas legales e ilegales de orden expropiatorio en contra de los campesinos, indígenas, comunidades negras, en torno a lo que son los proyectos petroleros mineros, los megaproyectos eléctricos o viales y los proyectos de exploración biológica y genética que se realizan en diferentes sitios del país.
Cuatro proyectos viales terrestres-fluviales-portuarios deben ser especialmente mencionados:
- A- El canal seco Atlático-Pacífico (Atrato-Truandó) y sus conexiones con el ferrocarril Medellín-Buenaventura y las carreteras del Pacífico a Medellín y Pereira.
- B- La carretera Urabá - Maracaibo y el sistema vial Antioquia - Venezuela.
- C- La intercomunicación río Orinoco - río Meta - Buenaventura;
- D- La intercomuncación río de La Plata - Amazonas - Napo - Putumayo -Tumaco, con puerto fluvial y seco en Puerto Asís.
En torno a las dos primeras zonas se ha detectado el mayor flujo de desplazados por la violencia, que corresponde a la región de Urabá y a los departamentos de Antioquia y Chocó|27|. El canal seco que se llama Atlántico-Pacífico, de las vecindades del Atrato, es una prioridad porque está dentro del proceso global económico y se le asigna a Colombia. Delante de la construcción de ese canal se desarrolla un proceso expropiatorio, al igual que en las tierras de Córdoba y Cesar que están sobre la proyectada autopista Urabá Maracaibo. En el río Meta (Puerto López, Puerto Gaitán, Guaroa, se ha producido una masiva compra de tierras y presencia de paramilitares financiados por los compradores. Últimamente ha comenzado el proceso de violencia en Puerto Asís.
"Entre 1985 y 1994 el desplazamiento forzado afectó una población aproximada de 700.000 personas mientras que entre 1995 y 1999 la cifra de desplazados supera el 1.000.000 (89.000 en 1995, 181.000 en 1996, 257.000 en 1997, 308.000 en 1998 y 225.000 entre enero y septiembre de 1999). El mismo gobierno reconoce una población de 381.755 personas desplazadas entre 1996 y 1998. En consecuencia las estimaciones sobre el acumulado de población desplazada desde 1985 hasta 1999 supera el 1.700.000 personas"|28|.
Por otra parte, las condiciones de la política macroeconómica para la producción agrícola y pecuaria, en particular, las tasas de interés y cambiarias, y en conjunto, la sobreprotección brindada por el Estado al sector financiero, han confluido con la concentración de la propiedad y las consiguientes rentas monopólicas de la tierra, para generar una agricultura no competitiva, desligada de sistemas eficientes de procesamiento agroindustrial y comercialización.
Con ello, las posibilidades que recomendara Lauchlin Currie, de reasignación a otros sectores productivos de la población expulsada del campo por la concentración de la propiedad y por las formas de violencia asociadas a ella, se han hecho particularmente limitadas y traumáticas. El resultado ha sido el incremento de la informalidad y la pobreza urbana, dentro de un panorama de extendido desempleo de carácter estructural.
"En las ciudades el desplazado enfrenta un cúmulo de problemas particulares además de los que caracterizan a las comunidades pobres en las que tiene oportunidad de reasentarse. El principal problema es el desempleo y la posibilidad de generar ingresos económicos estables. La economía informal, la construcción y el "rebusque" se convierten en su principal fuente de ingresos, dado que en el mundo urbano, la mayor parte de los desplazados sólo puede disputarse espacios laborales de fuerza de trabajo no calificado. Pero en los últimos años, estas opciones se ven limitadas por la recesión económica que vive el país, originada entre otros factores en la adopción de un modelo de especulación financiera que terminó asfixiando la actividad de la construcción entre el encarecimiento excesivo de los créditos hipotecarios que restringieron drásticamente la demanda.
"El paro de esta industria y por consiguiente de las industrias proveedoras de sus insumos ha dejado sin empleo a grandes grupos de población. A su vez en muchas ciudades se viene adelantando programas de "recuperación" del espacio público que producen el desalojo sin alternativas de los vendedores informales. Le siguen los problemas de la vivienda, la salud y la educación que presentan complejos problemas de acceso, además de la presión de la crisis económica que ha llevado a muchas familias a optar por la educación pública, poniendo en evidencia la fragilidad del Estado.
"En 1999, solamente en Bogotá se quedaron 60.000 niños sin cupo en las escuelas públicas ante la incapacidad de la oferta institucional para garantizar este derecho, entre los cuales alrededor de 24.000 niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento no accedieron al ciclo escolar. En el caso de la Salud, los sistemas de estratificación y focalización de poblaciones no son lo suficientemente ágiles y flexibles para garantizar las migraciones y el sistema subsidiado que atiende a quienes carecen de un empleo se encuentra cerrado para nuevas inscripciones a nivel nacional. A su vez la vivienda social es la más rezagada puesto en el pasado la oferta privilegio a estratos medios y altos."|29|
Visto semejante resultado práctico de la visión de Currie y de la clase dirigente colombiana, tras dos violencias que han desplazado violentamente en medio siglo a más de 700 mil familias del campo, conviene señalar la importancia fundamental que conserva el debate en torno a alternativas de desarrollo que incluyan como parte significativa y decisoria las economías campesinas y las culturas indígenas y en torno al significado de la producción de las economías campesinas frente a las grandes empresas, teniendo en cuenta, en particular los planteamientos expuestos por el Banco Mundial en torno a la Reforma Agraria|30|.
Como podrá recordarse, hace poco mas de dos décadas fue éste uno de los mas amplios y arduos temas de discusión en los medios técnicos y políticos relacionados con el agro, prácticamente a nivel mundial. A la luz de hechos políticos de indiscutible resonancia internacional, como lo fueron las revoluciones y guerras de liberación desatadas en América Latina, Asia y África, en las cuales los campesinos tuvieron papel destacado (ver Moore, 1992). Este debate, planteado desde finales del siglo pasado entre populistas y marxistas y prolongado en las etapas iniciales de la revolución rusa, tomó nuevos impulsos y proyecciones, una de las cuales fue la regionalidad como tema académico y político.
Como es fácil comprenderlo, en Colombia el tema está aún lejos de agotarse, dadas las grandes heterogeneidades de nuestras estructuras agrarias. Sus alcances económicos, políticos y sociales, ligados a la búsqueda de soluciones para nuestro problema agrario, base de una paz duradera en el país, lo hacen merecedor de un tratamiento particular, que desborda, sin embargo, los límites de estas notas.
En este contexto acompañado por la reconocida debilidad del Estado, es fácil comprender las tendencias demográficas de la ruralía colombiana, en donde se distingue, de una parte, la continuidad de las migraciones campo-ciudad en las áreas centrales del país y, de otra, la ampliación de los procesos colonizadores de las tierras bajas cálidas de los nuestros bosques húmedos (Amazonia, andén Pacífico, Valle medio del Magdalena, Urabá).
El afianzamiento de la concentración de la propiedad territorial rural ha ocurrido con fuerza particular en las tierras de mejor vocación agrícola y pecuaria, aun cuando no exclusivamente en ellas, como lo demuestra la Encuesta Agropecuaria mencionada. Al margen de estos espacios han quedado otros territorios (relictos de los páramos y el grueso de los bosques tropicales), los cuales, al tiempo que constituyen santuarios de biodiversidad, por la configuración de sus suelos y sus características climáticas no ofrecen atractivos para la producción agrícola o pecuaria dentro de los patrones tecnológicos dominantes, convirtiéndose así en áreas marginales propicias para el asentamiento de las poblaciones expulsadas del interior de la frontera agrícola, siguiendo tendencias claramente reconocidas a nivel mundial, de los procesos que han conducido a conflictos económicos y políticos derivados de la concentración de la propiedad rural y la exclusión de los pequeños campesinos del acceso a la tierra|31|.
Estas colonizaciones animaron la implantación de una política agraria centrada, cada vez mas, en la ampliación de la "frontera agrícola" y sólo de manera marginal, en la redistribución de la propiedad en su interior. Esta tendencia se hizo más pronunciada a partir del Acuerdo de Chicoral en 1972 y así, el Incora ha titulado 12 millones de hectáreas de baldíos, mientras que sólo ha adquirido 1 millón 300 mil hectáreas para redistribución de propiedad.
Como lo consignó la Misión de Estudios del Sector Agropecuario|32|, entre 1950 y 1986, el área agropecuaria bajo explotación se duplicó y dentro de ella, las tierras dedicadas a la ganadería pasaron de 12.1 a 26.7 millones de hectáreas. Esta estimación parece baja si se compara con las casi 40 millones de hectáreas ganaderas señaladas por el mapa de uso del suelo del IGAC|33|.
La solución de nuestra "cuestión agraria", vale decir, la adecuación de las estructuras de producción del campo a las demandas del desarrollo nacional, se ha intentado por la vía de mejoramientos de la productividad en sectores agroindustriales y en economías campesinas ("Revolución Verde"), así como en apoyos marginales a la cualificación del manejo poscosecha de algunos cultivos y la comercialización de bienes de origen agropecuario. Los resultados, hasta el presente no han sido satisfactorios, como lo demuestra la muy limitada competitividad de la producción nacional y uno de los factores decisivos lo constituye la concentración de la propiedad territorial y los costos derivados de la misma.
En Colombia se presenta la distorsión del mercado de tierra descrita por Biswanger|34|: el precio de la tierra está por sobre los niveles de rentabilidad del suelo, como resultado del poder político de los grandes propietarios. La actuación del Incora no está revirtiendo esta situación, porque "antes de poner en efecto un programa de redistribución de tierra, es necesario eliminar las distorsiones implícitas y explícitas que empujan el precio de la tierra por encima del valor capitalizado de las ganancias agrícolas"|35|.
En esta situación lo único rentable para un pequeño propietario de tierra es venderla antes que perderla por deudas. El campesino busca escapar a zonas donde no reine el dominio de los terratenientes y la renta absoluta de la tierra no consuma todos los ingresos agropecuarios. Las zonas de colonización son temporalmente espacios libres para el desarrollo de la empresa campesina, tal y como ha ocurrido con las colonizaciones cafetera y coquera.
Pero, entonces, la concentración de la propiedad rural no solamente ha generado problemas de impacto directo en los costos de producción. Por una parte, ha facilitado el arraigo de prácticas agrícolas que afectan la sostenibilidad de los sistemas productivos (pérdidas de cubiertas boscosas, de suelos, biota y microbiota, aguas, etc.). De otra parte y tal vez mas grave aún, ha generado conflictos de carácter político y social, los cuales, a su vez, han incidido en la ocupación desordenada de baldíos, con efectos negativos en ecosistemas frágiles y mayor deterioro en la calidad de vida de los colonos y comunidades indígenas.
Para completar, dentro del curso tomado por los acontecimientos en Colombia, la proliferación de los cultivos ilegales en zonas de colonización ha tenido como contrapartida la inversión de los narcotraficantes en compra de predios cuyo primer objetivo es lavar el dinero caliente, estableciendo precios muy altos por las tierras buenas, sin relación alguna con su rentabilidad productiva, los cual abre aun más la tijera analizada por Biswanger y convierte la cuestión en un círculo vicioso: la alta renta absoluta del suelo expulsa al campesino y parte del campesinado desplazado se salva como tal colonizando, pero su producto recrea la elevación del precio de la tierra y multiplica el desplazamiento del pequeño productor. Si no se reducen la renta absoluta y la concentración de la propiedad de la tierra, seguirá produciéndose la destrucción de los bosques por colonos.
3. La Colonización: De Solución A ProblemaSe entiende aquí por colonización el relativamente reciente establecimiento en un área, de una población con un nuevo sistema de poblamiento.
Esto significa que no toda inmigración puede catalogarse como colonización, a no ser que establezca nuevos patrones culturales de poblamiento, es decir diferentes relaciones con los ecosistemas y el ambiente, otras formas de producción y diferentes estructuras sociales. Un nuevo sistema de poblamiento no está determinado por la lógica del centro de recepción de población, sino por las de los centros de emigración y/o la población inmigrante. Así no puede catalogarse como colonización la migración del campo a la ciudad o de colombianos a Estados Unidos, por ejemplo, pues aun cuando también en estos casos las necesidades de los migrantes determinan la migración, su lógica se subordina a la del sistema social receptor.
En cambio, ciertos procesos de urbanización sí son procesos de colonización. Un ejemplo puede ser la urbanización por inmigrantes de territorios de etnias nativas, tal y como ha ocurrido por ejemplo en los departamentos de Guajira y San Andrés. Puede entonces aceptarse el concepto de colonización urbana y el de colonia urbana, que realmente no es ningún descubrimiento y data desde la antigüedad (china, fenicia, india, griega o romana).
La definición implica que para que consideremos la existencia de colonización no se requiere un "espacio vacío" previo, aun cuando este puede ser el caso. Generalmente la colonización se realiza en espacios ocupados bajo otros sistemas de poblamiento. Así el Guaviare "desocupado" estaba poblado por los indígenas Guayabero, Nükak, Carijona y Puinave que aun viven en el territorio y anteriormente por los Tinigua, hoy exterminados. En el Chocó se han superpuesto sucesivamente sistemas de poblamiento: primero el indígena, luego el de las comunidades negras, posteriormente el de los mineros, más tarde el de los campesinos "chilapos" y "paisas" y ahora el de los cultivadores de coca y el de las empresas camaroneras, madereras y portuarias - viales.
Quien llega siempre considera "vacío" el territorio de acuerdo a su sistema de poblamiento. El geógrafo Felipe Pérez escribió en 1863: " La Sierra Nevada es en nuestro concepto, no sólo el mejor punto sino el único (excepto las sabanas de Chiriquí) que por ahora y por muchos años después pueda adaptarse a un sistema de colonización en grande escala. En la Sierra Nevada de Santamarta es, en nuestro concepto, donde deben de fijarse de preferencia las miras del país y del Gobierno, si es que en realidad se piensa apelar a la imaginación, como debe apelarse, para cambiar la faz industrial y mejorar las razas de la república....la Sierra Nevada, hoy completamente desierta o visitada cuando más por algunas tribus semibárbaras, ella parece ser el don más precioso que la naturaleza ha dado al Estado" |36|.
Los Barí (motilones) dicen que construyeron casas de adobe o ladrillo y hasta compraron ganado solamente para dejar claro a los colonos que el territorio no estaba vacío, pues antes, colonos, ejército y policía les quemaban sus casas comunales de materiales vegetales y sus chagras de selva considerando que eran una señal de vacío.
El ordenamiento del territorio es la expresión exterior del sistema de poblamiento vigente. Cuando dos sistemas se superponen se producen luchas o sometimiento o concertación e interrelación, donde todo el espacio y el ambiente están en juego: los ecosistemas están articulados con determinados sistemas de poblamiento.
Tanto desde el punto de vista histórico como coyuntural resulta que la colonización ha sido un fenómeno supremamente diverso y para poderlo tratar debemos diferenciar los procesos y áreas de colonización y clasificarlos de manera que podamos contar con una tipología que permita precisar la política y acciones a seguir. La colonización permite clasificaciones por la forma de economía que la caracteriza y sus relaciones con el mercado; de acuerdo con la actitud del Estado y otros actores sociales; según las características del área receptora; y según el origen, las características y la segmentación social de los colonos. Proponemos los siguiente criterios de clasificación:
1. Económicos
- 1.1 Producción familiar
- 1.1.1 Colonización de Autosubsistencia.
- 1.1.2 Producción campesina o de otros pequeños productores para el mercado mundial, v.g. antigua colonización cafetera, pequeña minería de oro o esmeraldas.
- 1.1.2.1 Narcocultivo: coca, marihuana, amapola.
- 1.1.3 Colonización por pequeños productores para el mercado interno: pequeños madereros.
- 1.2 Producción de latifundio
- 1.2.1 Colonización para ganadería extensiva.
- 1.3 Economía empresarial
- 1.3.1 Colonización de enclave extractivo o agroindustrial rodeado por campesinado productor de alimentos: zonas petroleras, mineras, bananeras, de palma africana, madereras, construcción de carreteras, canales, ferrocarriles.
- 1.3.2 Colonización comercial y/o turística: v.g. San Andrés y Maicao.
2. Políticos
- 2.1 Espontánea.
- 2.2 Dirigida
- 2.2.1 Con fines económico-sociales: Sarare.
- 2.2.2 Con objetivos de ejercicio de soberanía o presencia militar: La Tagua.
- 2.3 Provocada: Arango y Bonilla (1995: 134) anotan, por ejemplo que 330 proyectos petroleros, mineros, eléctricos y de infraestructura con licencia ambiental del Ministerio de ambiente expulsaron 5 mil familias de las cuales sólo al 35 % se les restauró la vivienda más no su hábitat y a las restantes, que fueron sólo indemnizadas se eles encuentra ahora colonizando.
- 2.4 Perseguida
- 2.3.1 Desplazados por la violencia
- 2.3.2 Colonización armada defensiva o insurreccional: Columna de Marcha, El Pato.
- 2.3.3 Cultivos ilegales
3. Geográficos
- 3.1 Según los ecosistemas receptores: selvas tropicales húmedas; bosques húmedos de montaña; páramos; sabanas... y según el efecto sobre ellos.
- 3.2 Según la distancia o articulación a los sistemas de infraestructura, servicios y mercado.
- 3.3 Según las entidades territoriales originarias y receptoras de la migración y el efecto de reordenamiento territorial.
- 3.4 Según los sistemas de poblamiento preexistentes, v.g. urbanos, rurales, indígenas...
4. Sociales
- 4.1 Étnico-culturales: composición étnica de la población colonizadora y nativa y relaciones interétnicas entre colonos y nativos.
- 4.2 Características sociales del origen de la colonización
- 4.2.1 Características socioeconómica del área de emigración
- 4.2.3 Motivo específico de la emigración.
- 4.3 Permanencia
- 4.3.1 Arraigo territorial
- 4.3.2 Aventura
- 4.3.3 Trabajo Temporal
- 4.4 Composición de clase social de la colonización: empresarios, latifundistas, comerciantes, campesinos, empleados, jornaleros...
Las cuatro formas de clasificación son cruzables para establecer matrices para el análisis y las propuestas. Como toda clasificación, esta es un esquema y cada tipo en la realidad no se encuentra puro y exige en este caso un recorrido histórico: por ejemplo cómo una colonización petrolera deviene en coquera v.g. Catatumbo.
Al confrontar esta clasificación con la información disponible sobre las áreas de emigración y de colonización y en particular con la proporcionada por el censo de población de 1993, las Encuestas Nacionales Agropecuarias 1995 y 96 (DANE) y los resultados del trabajo de Fernando Gaitán|37|. El ejercicio ordenado que permite la clasificación permite entender mejor los datos y en especial destacamos lo siguiente:
A- No encontramos que necesariamente las zonas de colonización reconocidas sean receptoras de migración entre 1985 y 1993 y por tanto existe una base de colonización anterior. Al respecto podemos señalar los ejemplos de Caquetá, Guaviare y Chocó. Los dos últimos departamentos tienen un saldo negativo de migración entre 1985 y 1993: efectivamente llegó gente, pero se fue más gente de la que llegó.
En Guaviare el saldo es positivo, pero por 12 mil que llegaron, salieron 11 mil personas y la migración sólo explica el 10 % del incremento de la población, que creció especialmente debido a la natalidad en los hogares de colonos antiguos. Sin embargo, de más de 26 mil personas nacidas en Guaviare, sólo 18 mil permanecían allí y únicamente la tercera parte de la población del Guaviare nació en ese departamento.
El Caquetá es zona expulsora y el segundo lugar de procedencia de los colonos llegados al Putumayo. La mayoría de la población del Caquetá es caqueteña. En el Chocó, la colonización parece causar la emigración de población nativa.
Parece claro que la colonización de áreas coqueras tiene como uno de sus elementos una población flotante con presencia temporal en el área, que puede estar constituida por jornaleros temporales, pero también por colonos de aventura. En el caso del Guaviare, esta población proviene especialmente del Meta y de Bogotá y en cambio, los colonos de Boyacá y Cundinamarca tienden a arraigarse y más del 70 % llegaron antes de 1985. El departamento del Meta también es el principal origen de la colonización reciente en Vichada y comparte con Casanare los primeros lugares de emigración anterior hacia Vichada.
B- Las zonas de colonización que además de presentar un crecimiento global de la colonización, registran un saldo claramente positivo de migración no son las zonas exclusivamente coqueras, sino aquellas en donde la economía de la coca se combina con actividades de la economía empresarial de mercado, como la explotación petrolera o carbonífera y/o la actividad comercial de frontera. Es el caso de Putumayo o Casanare.
Por otra parte, la existencia de la colonización comercial de frontera o extractiva parece garantizar un saldo migratorio positivo.
C- Desde el punto de vista del impacto ambiental, podría pensarse que las colonizaciones empresariales tienen un impacto intenso, uno de cuyos componentes es el incremento de la población por la vía doble de la natalidad y el saldo migratorio positivo. La colonización puramente coquera parece tener ante todo un impacto extensivo, en la media en que aumenta el área colonizada y los cultivos ilegales se alejan de los centros con presencia del Estado, efecto multiplicado por las fumigaciones aéreas de herbicidas.
D- La emigración hacia las ciudades y zonas agroindustriales o comerciales tradicionales es mucho mayor que la que ocurre hacia áreas de colonización, que debe ser considerada sólo como una parte del fenómeno migratorio, para poder entender su destino particular y minoritario.
Las zonas de emigración hacia la colonización tienen características muy diferentes, lo que obliga a analizar las causas de desplazamiento desde un punto de vista macro-nacional y no sólo desde el punto de vista micro-local. Destacan entonces las áreas de minifundio (Boyacá, Nariño, Norte de Santander), las áreas urbanas y de economía empresarial (Bogotá, Valle), las de cultivo de palma africana (costa de Nariño, Meta, Magdalena Medio), las antiguas zonas algodoneras, las de café de baja productividad (Cauca, Tolima) ¡y las propias zonas de colonización (Caquetá, Casanare, Meta)!
El complejo Casanare - Meta constituye una unidad especial para efectos de esta clasificación, puesto que se caracteriza por el predominio de la gran propiedad ganadera al lado de las empresas agrícolas de más de 200 hectáreas, áreas de colonización y áreas de emigración hacia zonas de coca. La empresa agropecuaria dentro del la muestra de la Encuesta nacional Agropecuaria, se ubica en promedio en el país entre las 20 y 50 hectáreas, con excepción de Boyacá y Nariño donde se establece hacia las 10 Ha; en Caldas y, Risaralda y Chocó hacia las 20 y de otra parte en Córdoba, y Guajira hacia las 100; en Valle hacia las 200 y finalmente las más grandes en Casanare y Meta.
E- El conjunto del análisis del fenómeno migratorio lleva a determinar la existencia de circuitos de migración, dentro de los cuales la colonización es una parte. Cada circuito tiene sus propias características, aunque en cada uno encontremos áreas de minifundio, de latifundio, de gran empresa rural, núcleos urbanos pequeños y ciudades intermedias y grandes. El estudio del Censo de 1993|38|, arroja como resultado, la existencia de los siguientes circuitos o regiones de flujos migratorio:
- A) Cundinamarca, Tolima, Boyacá, Casanare, Meta, Guaviare, Vichada;
- B) Nariño, Cauca, Valle, Quindío, Huila, Caquetá, Putumayo;
- C) Antioquia, Caldas, Risaralda, Norte del Valle, Chocó, Córdoba;
- D) Bolívar, Sucre, Magdalena, Atlántico, Guajira, San Andrés, Cesar, Norte de Santander, Santander, Arauca;
- E) Magdalena Medio y comarcas vecinas de Santanderes, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Bolívar y Sucre.
- F) Microclimas productores de amapola - microclimas productores de café.
Desde luego el Censo también permite observar la existencia de intensos flujos migratorios intercircuitales, pero sobre la base de unos flujos predominantes intracircuitales. Los circuitos migratorios no coinciden ni con las macrorregiones de planificación, ni con las macrorregiones geográficas de Colombia, ni tampoco con todos los flujos del mercado (abastecimiento y destino de la producción). Sí coinciden en cambio con estructuras económico-sociales sumamente sólidas, dentro de las cuales los flujos migratorios son una expresión palpable.
Los cuatro primeros circuitos son los básicos y cada uno, a pesar de sus especificidades, se compone de los mismos elementos estructurales: una ciudad principal, polo de atracción (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla); varias ciudades intermedias en crecimiento; centros urbanos comarcales; el área de economía de empresa agrícola; las grandes plantaciones (de palma africana maderables o banano); el latifundio ganadero, hecho en parte en tierras de aptitud agrícola y resultado muchas veces de antiguas colonizaciones; las zonas de minifundio; las zonas de colonización y los territorios indígenas.
Como ejemplo de como funciona un circuito, podemos ver como en el circuito A el minifundio cundiboyacense es la contraparte del crecimiento de Bogotá y poblaciones aledañas; de la gran propiedad empresarial en la Sabana de Bogotá, Meta y Casanare; del latifundio ganadero en estos dos departamentos y de las zonas de colonización en los mismos y en Guaviare y Vichada. Comparando el mapa de usos actual del suelo con el de usos potenciales se localizan grandes extensiones de tierras agrícolas dedicadas a ganadería, principalmente en Meta y Casanare en las cuales sobraría espacio para localizar a toda la colonización del circuito y orientar a la futura. La dinámica colonizadora en esta década pasa a estar mediada por las explotaciones petroleras en el piedemonte llanero y se espera que se incrementen.
F- La colonización como construcción social del espacio territorial de la Nación ha sido un fenómeno histórico en Colombia que en la actualidad choca con la realidad de la ausencia del Estado-Nación en gran parte de las zonas de colonización, convirtiéndose más bien en constructor espacial de la división social de la Nación. Es rara la colonización dirigida y en cambio es muy extensa la colonización perseguida. Es la colonización de índole comercial fronteriza la única que muestra como resultado la expansión del espacio del Estado-Nación, generalmente a costa del sometimiento y despojo de las etnias nativas y de un impacto ambiental destructivo: San Andrés, Guajira, Norte de Santander, Putumayo.
G- La colonización rural reconstruye de todos modos el territorio. La vereda es la agrupación territorial del campesino contemporáneo y especialmente del colono, que en torno a un toponímico funcional desarrolla los elementos de cohesión comunitaria, ayuda mutua, organización comunitaria y gestión del espacio. En el poblado las veredas se interrelacionan política (cívica) y organizativamente y se configuran los mercados de fuerza de trabajo, alimentos, insumos y productos|39|. Los diversos poblados se articulan como comarcas que confluyen en centros urbanos, a los que se unen por los ríos y a veces por carreteables, carreteras o aerovías. Este ordenamiento territorial de hecho ha sido ajeno a la evolución institucional del estado y a veces ha surgido en contraposición a él, como expresión de las colonizaciones espontáneas y perseguidas.
H- Haciendo un inventario municipio por municipio, los cultivos ilegales parecen haberse desarrollado ya en casi todas las zonas de colonización donde el clima lo permite, siempre y cuando se garantice que no sean demasiado evidentes para cualquier observador. Los datos inicialmente tomados por Fernando Gaitán se refieren a descubrimientos de cultivos por las autoridades y por tanto no registran la dimensión real de los cultivos.
De los 73 municipios con alta tasa de crecimiento de población entre 1985 y 1993 se sabe de cultivos ilegales en 60, todos en zonas de colonización. En el 90 % de los municipios de colonización hay cultivos ilegales y la casi totalidad de los municipios de alto crecimiento donde no los hay tampoco son de colonización. Si bien en la mayoría de los casos el origen de la colonización no ha sido el narcocultivo, sí ha sido su destino, en la medida en que las relaciones de poder local así lo permiten. Son 224 municipios de colonización con cultivos ilegales|40| (39 municipios más que no tienen colonización presentan cultivos ilegales).
Las cifras calculadas por Kalmanovitz|41| para la narcoeconomía parecen coherentes con lo establecido para la expansión del narcocultivo en las zonas de colonización. Puede pensarse que la extensión cultivada en coca es mayor que la que establecen las cifras oficiales colombianas y norteamericanas y en las cuales se basan los cálculos de ingresos de Roberto Steiner|42|.
Aparentemente sólo si el Estado aceptara como parte de sí mismo a las organizaciones de poder local de los colonos podría pensarse en dirigir en otro sentido la colonización.
4. Situación General de Derechos Económicos y SocialesColombia aprobó por la Ley 74 de 1968 y ratificó el Pacto Internacional de Derechos Sociales Económicos y Culturales del 16 de diciembre de 1966. La Constitución de 1991 se promulgó con el fin de asegurar a los integrantes de la nación "la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo, que garantice un orden político, económico y social justo".
El capítulo 2 de la Constitución colombiana versa sobre "los derechos sociales, económicos y culturales" y consta de 36 artículos (del 42 al 77), que sin embargo, según el artículo 85, no considera de aplicación inmediata, luego parte de declarar que se requeriría un proceso para llegar a hacer realidad estos derechos. ¿Cuánto tiempo demorará ese proceso? ¿Está Colombia avanzando hacia la realización de tales derechos? ¿Cómo puede medirse y evaluarse esto?
Se puede decir que un examen general de los tres Indicadores de Desarrollo Humano IDH internacionales básicos: esperanza de vida, escolaridad e ingresos económicos muestran una tendencia al mejoramiento durante las últimas siete décadas. Esta apreciación tan general oculta no sólo las variaciones coyunturales, sino la calidad de vida real de las poblaciones registradas, especialmente de aquellas que han hecho la transición de una vida "tradicional" a una forma de vida "moderna" en el sentido occidental, que generalmente ha significado su incorporación a la economía de mercado o el incremento de sus relaciones con ella. Oculta también los problemas estructurales del ingreso y las grandes diferencias regionales, sectoriales y étnicas.
La esperanza de vida al nacer era en 1950 de 49 años para los varones y de 52 años para las mujeres, en 1992 llegó a 65 años para los varones y 71 años para las mujeres. Esta evolución fue asimilada por la Ley 100 de 1993 elevando la edad de jubilación, de manera que se acerque otra vez a la edad de muerte. Sin embargo, en el Chocó, habitado por indígenas y comunidades negras, la esperanza de vida al nacer en 1992 llegó sólo a 52 años en los varones y 55 años en las mujeres, mientras que, en contraste, en la capital de la República un varón podía esperar en 1992 vivir 67 años y una mujer 73 años.
La mortalidad infantil que era de 123 por mil nacidos vivos en 1955 se redujo a 30 en 1990. En el caso de Chocó, otra vez, la mortalidad es de 80 por mil. Entre los Nukak occidentales en san José del Guaviare, de 28 niños nacidos entre agosto de 1991 y marzo de 1995 murieron 7 es decir una tasa de 250 por mil.
La esperanza de vida es desde luego un indicador que no tendría sentido, si no fuera porque se interrelaciona con los de calidad de vida. Se supone que la escolaridad es un factor básico para elevar en forma múltiple y diversa la calidad de vida. Colombia a incrementado la escolaridad de la población, de manera que el promedio de años aprobados pasó de dos a seis entre 1951 y 1992. La tasa de analfabetismo es 4 veces inferior a la de los años 50|43|.
Los indicadores de escolaridad no están correlacionados con los de esperanza de vida. La tasa de cobertura neta de la escuela primaria en Chocó es del 83 %, mientras que en Bogotá es de apenas el 65 %. Los más bajos índices de cubrimiento de la escuela primaria están en Cesar, Magdalena, Bogotá, Bolívar y Córdoba|44|.
Fresneda|45| ha hecho notar que el incremento de la escolarización ha reducido notablemente su ritmo. Así si la tasa de escolarización creció 33 % entre 1973 y 195, aumentó sólo el 9 % entre 1985 y 1993. Esto dificulta superar la situación en la cual el 21% de los niños entre 6 y 11 años no asisten a la escuela.
Un incremento de la escolaridad se supondría relacionado con una disminución de la concentración del ingreso, pero no es así, puesto que el Coeficiente de Gini de la distribución del ingreso corriente apenas se redujo de 0.48 a 0.47 entre 1978 y 1992. Parece entonces que la influencia de la escolaridad sobre el nivel de vida se sobrevalora o que la correlación entre bajo nivel académico y pobreza que se aprecia en las estadísticas, especialmente en las del sector rural se ha interpretado en una dirección equivocada, sobreestimando la escolaridad como causa y dejando de interpretarla también como efecto de la salida de una situación de pobreza.
El indicador de ingreso tiene de todos modos también un aspecto cuestionable, especialmente en el medio rural. Mide fundamentalmente los ingresos en dinero, por lo cual interpreta como pobreza sólo la falta de ingresos en dinero. Esto es desde lugo una falacia: un indígena o campesino que come bien y puede subsistir con los recursos del medio pero no recibe dinero, es considerado por las estadísticas como más pobre que un jornalero que como mal pero recibe dinero.
Así la estadística mide lo que le interesa y llega al resultado de que el modelo de desarrollo disminuye la pobreza, puesto que convierte a los indígenas y campesinos en asalariados, al despojarlos de sus territorios. He vivido esto con dramatismo con los indígenas Nükak. Su alimentación tradicional era excelente, como lo demuestran las investigaciones de Gustavo Politis |46|. Al progresar la destrucción de la selva, los grupos occidentales se han visto reducidos a la condición de jornaleros de los cultivos de coca. Allí, mientras sus jornales se pueden agregar a las estadísticas de empleo e ingreso, ellos han reducido drásticamente el consumo de proteínas, carbohidratos y minerales y ha aumentado la morbilidad por infecciones intestinales y respiratorias|47|.
Se dirá que se trata de un pequeño grupo, pero tratando de los derechos sociales y culturales, hay que recordar que se trata ni más ni menos que de un genocidio por someter a un grupo a condiciones que hacen imposible su existencia como tal y que es apenas un ejemplo de lo que pueden significar unas estadísticas de ingreso con respecto a grupos afectados por el "desarrollo" como recientemente los Embera Katío por la represa de Urrá. Lo que pasa con los Nükak en los cultivos de coca se puede aplicar también a la población wayúu de la Guajira con el carbón o a los indígenas del Norte de Santander, Arauca y Putumayo con el Petróleo, o a las poblaciones campesinas desplazadas por razones económicas o por la violencia. Desde el punto de vista cuantitativo lo que ocurre a los campesinos es lo más significativo.
Volviendo al desplazamiento, la hipótesis de que su proletarización es registrada por los indicadores de ingreso como una reducción de la pobreza, me parece plenamente comprobable. El desprecio de la estadística oficial por los ingresos que están por fuera del mercado de artículos o de fuerza de trabajo resulta en un mecanismo ideológico que propicia la proletarización de campesinos, comunidades negras e indígenas y que disfraza como "desarrollo" las operaciones económicas y militares de desplazamiento y, como lucha contra la pobreza, la fabricación de pobres.
Con esto de ninguna manera quiero negar los avances que se han registrado en las áreas de escolaridad, servicios de salud y cubrimiento de servicios, sino poner de presente las dificultades reales de la utilización de indicadores que pasan por alto la diversidad económica, social y cultural del país y la dinámica propia de las economías campesinas e indígenas.
Así mismo los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas, muy útiles en determinadas circunstancias para guiar la inversión social del estado, no coinciden con los indicadores de ingresos. El 90 % de los pobres por ingreso urbanos y el 80 % de los rurales tienen una "vivienda adecuada". El porcentaje inferior en el campo se debe simplemente a que una vivienda inadecuada en la ciudad puede ser adecuada en el campo, como por ejemplo un campamento Nükak. De la población rural con las cuatro Necesidades Básicas Insatisfechas, el 60 % no son pobres por ingreso, demostrando que la concepción de NBI es urbanocéntrica|48|. Como el indicador de ingreso también es mercadocéntrico, realmente no hay correlación entre NBI y pobreza en el campo y la estadística que ha guiado la inversión de los Gobiernos no ha servido para combatir la pobreza, sino para construir infraestructura.
Una nueva forma de violación de los derechos sociales, económicos y culturales son las estadísticas oficiales nacionales e internacionales, urbanocéntricas, mercadocéntricas y etnocéntricas. A la población raizal del campo le interesa aumentar la esperanza de vida, disminuir la mortalidad infantil y la morbilidad, especialmente en aquellas zonas donde hay genocidios o epidemias. Pero no le interesa perder sus conocimientos tradicionales, su sabiduría sobre la naturaleza y el ambiente y su cultura, ni la posibilidad de alimentarse muy bien y el derecho al territorio, a costa de un salario.
A pesar de todos los sesgos que produce el sistema de estadística, el informe del Banco Mundial|49| concluye que la "atenuación del sistema de sustentación agrícola y la caída de los precios mundiales de los productos básicos agrícolas explican la disminución del 10% que se registró en el ingreso real de los dos quintiles inferiores del sector rural y que constituyó casi el 70 % del deterioro observado" entre 1990 y 1992. Este informe pretendió aislar el impacto de los precios mundiales del de la apertura a las importaciones, para no achacar a esta el aumento de la pobreza en el campo, pero aparte de esta intención explicable de defender el incremento de las importaciones, el Informe demuestra que ocurrió un deterioro notable de las condiciones del campo como efecto del modelo de desarrollo.
La mejora del ingreso urbano por efecto del fortalecimiento de la ciudad frente al campo no tuvo una distribución equitativa. por el contrario, para el estrato superior los ingresos crecieron en 6.64 % más que en el inferior y el Coeficiente de Gini de concentración del ingreso se elevó en 0.06 en la ciudad. Este efecto es hoy mucho mayor, puesto que durante la crisis, desde 1996 el desempleo creció, disminuyendo el ingreso del sector inferior , en tanto que una parte del estrato superior, el sector de los banqueros incrementó más que nunca sus utilidades. Seis millones ochocientos mil personas en 1992 estaban en la indigencia por no poder pagar la canasta de alimentos, 900 mil más que en 1978|50|. Hoy son más de 7 millones de indigentes.
El empeoramiento de la situación de la mayoría de los colombianos fue grande por la crisis económica vivida en los últimos tres años. Aunque el gremio de la gran industria, la ANDI, ya ha anunciado que se ha iniciado la reactivación en las grandes empresas, en el primer trimestre del 2000, el desempleo está aun en el 19.5 %, el más alto de Latinoamérica.
Durante la crisis se llegó a situaciones extremas aun no superadas. Por ejemplo, los directivos de la Asociación de Colegios Privados han anunciaron el 6 de abril de 1999, con alarma, que los establecimientos educativos están al borde del desbarajuste porque cada vez más padres de familia no pueden pagar las pensiones mensuales de sus hijos. Según los reglamentos de los colegios privados si la mora se prolonga los alumnos son retirados por no pago, pero si cumplieran sus propias normas, los presupuestos no permitirían pagar a todos los maestros y en muchos casos tampoco los servicios públicos ni los locales.
Los colegios privados acudieron provisionalmente al crédito. La mayoría de los padres morosos eran antes muy cumplidos pero han quedado desempleados o son pequeños empresarios a quienes sus clientes ahora tampoco pueden pagar. Si la situación se prolonga los colegios no podrán pagar a sus profesores, como ya pasa en algunos que no han podido conseguir crédito. El gobierno ha dado como solución unos créditos estatales, pero las condiciones impuestas han limitado su utilización. Los dineros públicos de todos modos se desvían así hacia una educación sin control de calidad y que en cambio endeuda a los padres y a los establecimientos educativos.
Las empresas de servicios públicos tampoco atinan cuando de tratar a los usuarios morosos se trata. El problema ha crecido como espuma. Antes simplemente cortaban el servicio, pero esto ha agudizado la tendencia a la reducción drástica a la reducción del consumo de energía eléctrica y agua que a su vez ha disminuido los ingresos de las respectivas empresas. Por consiguiente la moda es el anuncio en todos los medios de comunicación es el anuncio de "novedosos" planes para pagar las deudas con las empresas de servicio públicos. El acueducto de Bogotá por ejemplo ofrece numerosos alivios a los que acuden los clientes que pueden, mientras otros ni así logran pagar porque tienen cero pesos.
Lo primero que dejó de pagar la gente por quedarse sin empleo o por no poder soportar las alzas, fueron las cuotas de la vivienda, especialmente las del voraz sistema UPAC, creado por Pastrana I el Padre, que se ajustaba automáticamente con el alza del costo de la vida pero que luego con Samper, se ajustó para seguir al alza endiablada de los intereses.
"Pedí prestados 6 millones de pesos, he pagado 4 y entonces, ahora debo 10" contaba un usuario. Otro que empezó pagando 300 mil pesos mensuales, a pesar de haber pagado cumplidamente y por la progresiva alza de intereses estaba pagando 600 mil mensuales. Otro explicaba que como su sueldo ya no le alcanzaba para pagar las crecientes cuotas, iba a vender su apartamento, pero nadie se lo compraba, porque al vender, la Corporación de Vivienda volvía a cobrarle al comprador los intereses que el vendedor ya había pagado.
Este sistema entró en crisis desde 1998. La cantidad de deudores morosos creció. Las corporaciones ejecutaban a los deudores y se quedaban con sus viviendas, pero tienen gran cantidad de casas y apartamentos que no pueden vender. La codicia rompió el saco y la liquidez del sector financiero comenzó a desvanecer.
La señal de alarma sonó: la importante corporación de vivienda privada Granahorrar quebró y el Gobierno voló a pagarle la quiebra a socializar las pérdidas, para salvar a los ahorradores y evitar que se generalizara un pánico bancario. Una ación urgente que no se efectúo meses antes cuando quebraron cooperativas de ahorro y crédito y el gobierno Samper, no solo no la auxilió, sino que retiró sus depósitos en cooperativas, causando la quiebra adicional de varias.
La Corte Constitucional puso fin al oneroso sistema del UPAC con sus altos intereses, pero hasta ahora se empieza a ensayar la nueva ley que rige los créditos de vivienda y que está aun lejos de las posibilidades de millones de familias que necesitan vivienda.
Muchos campesinos también han sido embargados porque no pueden pagar sus deudas. Pero esta situación lleva golpeándolos tantos años, que hoy son muy pocos los que se atreven a solicitar un crédito en la Caja Agraria o en otro banco. El 90 por ciento de los campesinos esta marginado del crédito institucional. La apertura a las importaciones dejó pelados los terrenos y disminuyo en más del 25 por ciento el área sembrada. Si la crisis bancaria aun no completa un año y la recesión en el resto de la economía va por su tercer año, la crisis agrícola va en su noveno año.
Lo prolongado de la recesión ha hecho sufrir a los colombianos sus peores consecuencias, más si se tiene en cuenta que la desaceleración del alza en los artículos y servicios de primera necesidad, determina de todos modos una inflación del 15 por ciento anual que sigue erosionando el salario real de quienes aun tienen empleo. La creciente crisis del fisco ha ido reduciendo de hecho la inversión social y provocando despidos frecuentes en el Estado.
El presidente Pastrana había generado durante la campaña electoral la idea de que con el cambio de Gobierno pasarían las penurias económicas, pero los problemas crecieron, especialmente el desempleo. Se hizo creer en los medios de comunicación que la causa de la crisis económica era la crisis política provocada por el proceso 8.000 y la prueba de la ligazón de la elección del antes presidente Samper, con dineros del narcotráfico.
Como los hechos han venido a demostrarlo los analistas y medios de comunicación habían puesto las cosas patas arriba. En realidad era la inminencia de la crisis capitalista internacional la que había desencadenado la crisis política y económica en Colombia. Y es la misma crisis internacional la que ha prolongado en forma catastrófica la recesión colombiana.
El desconocimiento de los movimientos económicos fundamentales y profundos por la opinión pública permite su manipulación. Por ejemplo, son pocas las personas que saben que fueron las políticas de restauración del capitalismo en Yugoslavia y Albania, privatizaciones, normas de quiebra y recetas del Fondo Monetario Internacional y otros organismos económicos las que llevaron a agudizar los problemas étnicos y nacionales en esa área del mundo. Los analistas hacen creer que los antagonismos étnicos, que desde luego existen desencadenaron la crisis, cuando en realidad la crisis económica desató los odios étnicos que a su vez son aprovechados por el capital para desatar la guerra que necesita para darle salida a la crisis.
En Colombia, la baja del rendimiento de las inversiones que resulta tras el auge del ciclo económico, obligó a recrudecer la "guerra contra el narcotráfico" cuyo resultado real ha sido mantener la rentabilidad del negocio verdaderamente rentable en Colombia, cual es el narcotráfico, de manera que el flujo de dólares no se ha detenido.
Sin embargo la crisis siguió su rumbo por el encarecimiento desaforado del crédito, que en principio -en 1996 y 1997- enriqueció al sector financiero local, pero que provocó la imposibilidad de pagar las deudas, el estancamiento industrial y comercial y el agravamiento de la situación de la agricultura ya golpeada duramente por la apertura de las importaciones y la supresión de subsidios. Es por esto que durante 1998 el desempleo subió del 12 al 16 por ciento.
¿Qué había pasado? Los carteles del narcotráfico no pudieron lavar más su dinero en la construcción, industria que venía de un auge impresionante, ni tampoco comprando valores en la Bolsa, que perdió su dinámica. Pero como el precio de la cocaína subió por la represión finalmente el negocio del tráfico ilegal se mantuvo desviando dinero hacia él.
Los traficantes lavaron entonces sus ganancias mediante el contrabando, facilitado por la política aduanera neoliberal y que agudizó la recesión de la producción nacional y mediante la compra de tierras en áreas estratégicas de inversión petrolera, minera o megaproyectos, lo cual agudiza las dificultades del crédito y aleja la inversión de la producción. La extinción de dominio sobre los bienes de los narcotraficantes que tanta propaganda ha tenido, no ha tocado sus predios rurales, pues como lo demostraron en al masacrar una comisión judicial en San Carlos del Guaroa (Meta), tienen el poder paramilitar a su favor para evitar perder sus propiedades.
Es decir, la "guerra al narcotráfico" no ha servido para eliminarlo, sino para mantener el negocio, que centraliza gran cantidad de capitales que finalmente sirven a la banca transnacional que cuenta con sucursales en los paraísos bancarios y capta las utilidades de la mafia, mientras los campesinos e indígenas deben soportar fumigaciones y conflictos armados en sus territorios y la economía del pías ve crecer como un cáncer la especulación con la tierra, el contrabando y la recesión.
El gobierno de Pastrana ha tomado algunas medidas que pretenden enfrentar la situación y ha formulado en el Proyecto de Plan de Desarrollo otras:
Ha promovido exitosamente una reducción de tasas de interés que nominalmente alcanza 10 puntos y realmente 7 puntos, del 36 al 26 por ciento nominal y del 18 al 11 real. Sin embargo el dinero aun no fluye al crédito productivo pues sigue desviándose a la especulación con la tierra estratégica, el contrabando y el narcotráfico.
Ha construido e invertido fondos para evitar que la crisis de la banca por las deudas impagables, se convierta en una bancarrota generalizada como la que ocurrió en Chile en 1981, en México en 1995 o en Ecuador este año. Parte de los fondos para la Paz (500 millones de dólares) se destinaron a este fin y se gestiona otro crédito internacional por 250 millones de dólares. El impuesto del 2 por mil a las operaciones bancarias ha tenido el mismo fin. La Corte Constitucional obligó a darle a esta medida un carácter más equitativo, pero el gremio bancario está haciendo una campaña para echarla atrás. Los bancos no quieren responsabilizarse de la crisis que provocó su afán de utilidades exageradas y quieren ser salvados por el esfuerzo del público como en Chile y México.
Para contrarrestar la crisis fiscal han aumentado el cubrimiento del Impuesto al Valor Agregado IVA. Esto en contra de las promesas electorales de Pastrana que decían que el nuevo gobierno reduciría el IVA. En algunos casos en que el gran capital no pagaba este impuesto, como era el caso de la publicidad, se impuso una tasa del 10 por ciento que de todos modos es inferior a la que paga el público en el mercado (16%). En cambio se aplicó el IVA a artículos de la canasta familiar, en particular a los alimentos procesados, incluidas las viandas que los padres envían a sus hijos a la escuela, lo que hemos llamado el "IVA a la lonchera", un golpe en la barriga de los trabajadores y desempleados. Un aumento importante en los impuestos a las altas rentas y patrimonios fue bloqueado el año pasado en el Congreso por una simple declaración de los gremios de grandes propietarios, que sonó como una orden para la mayoría de los parlamentarios.
Devaluación del peso, mediante presión oficial, pues el mercado no la produjo. Se espera así recuperar las exportaciones y disminuir el déficit comercial aparecido en la crisis. Esta medida aunque benefició a los exportadores, produce efectos contradictorios: en el corto plazo encarece los servicios públicos debido a la necesidad de pagar la deuda externa; en el largo plazo golpeó la productividad y competitividad industrial y agrícola al encarecer la importación de tecnología ya sí se imponen en el futuro otras devaluaciones para poder seguir compitiendo.
Controles al contrabando y anuncio de medidas "contra la competencia desleal" que aunque se han cumplido para el contrabando de productos industriales, aun no se cumplen para los productos.
Ajustes fiscales mediante la reducción de la inversión social y reducción de nómina estatal, medidas que han aumentado el desempleo. Pero más grave, la reducción de la inversión pública ha golpeado el embrionario proceso de paz, pues da señales negativas al pueblo, al agravar los factores de violencia. Por ejemplo la reducción drástica del presupuesto del Instituto Colombiano de Reforma Agraria y del presupuesto nacional y descentralizado del sector agropecuaria, hace pensar que no hay la más mínima disponibilidad para resolver el problema agrario. Hoy en día algunos economistas aconsejan no hacer más ajustes fiscales pues están agudizando la recesión.
La congelación salarial nominal, excepto para los altos funcionarios y parlamentarios.
Las propuestas afortunadamente aun no aprobadas, de superexplotación de la mano de obra contenidas en el Plan de Desarrollo para los próximos cuatro años. Incluyen el aumento de la edad de jubilación y de las cuotas para fondos de pensiones, la supresión de conquistas elementales de los trabajadores como el salario mínimo que sería desmontado, empezando con los trabajadores jóvenes que reciban "capacitación" por sus patronos. El pago del aprendizaje laboral pasaría a ser, de una obligación que el patrono paga al SENA, a un pretexto para pagar salarios inferiores al mínimo legal. El pago adicional del trabajo dominical y de los festivos se desmontaría también, eliminando en la práctica el derecho del trabajador al descanso e impidiendo que el patrono se vea forzado a contratar más trabajadores, es decir lo contrario de la reducción de la jornada laboral por la que lucha el movimiento sindical mundial, como método de reducción del desempleo y equidad social.
Las propuestas en el Plan de Desarrollo, de incumplimiento con los derechos prestacionales adquiridos por los trabajadores del Estado, por ejemplo los educadores.
Las propuestas de desmonte de los subsidios sociales contenidas en el Plan de Desarrollo. Esto incluye la "autofinanciación" de las universidades públicas contra la cual ya se ha levantado el movimiento estudiantil. También la eliminación de los subsidios en el pago de los servicios de agua, electricidad, recolección de basuras y teléfono de estratos de ingresos bajos y el régimen de salud subsidiado. Cuando se estableció el nuevo régimen de salud y jubilaciones por la ley 100 de 1993, se publicitó que el aumento de cuotas, la privatización y aumento de la edad de jubilación permitiría el desarrollo del régimen subsidiado para campesinos, artesanos, indígenas e indigentes, el mismo que ahora una vez consumado el despojo a los asalariados, se pretende desmontar.
La continuidad de las privatizaciones como método por excelencia de generar ingresos al fisco.
Nuevas facilidades a las empresas transnacionales que explotan el petróleo y los minerales. Esto en un momento de caída de los precios internacionales de las materias primas provocando un saqueo inmisericorde de los recursos naturales que redundará en problemas ecológicos y futuro desabastecimiento interno de combustibles, a cambio de bajos ingresos.
La propuesta de "Alianza" entre grandes propietarios y campesinos para adelantar aparcerías en gran escala para cultivar palma africana y otros arreglos, como substituto de una reforma agraria.
El camino hacia la reactivación que hace el gobierno, aunque ha molestado justificadamente a la banca y ha propuesto tímidas medidas de limitación a la "ingenua" apertura económica vigente (especialmente cierta limitación a las importaciones), apunta principalmente a descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores de la ciudad y el campo, pretendiendo que al reducir los salarios y prestaciones sociales se puede combatir el desempleo.
Vale decir que investigaciones econométricas realizadas entre 1989 y 1995 por la OIT en Colombia y otros países latinoamericanos probaron que no existe correlación entre la reducción de los salarios y el aumento del empleo. Por eso la OIT ha concluido que "los datos sugieren que menores salarios no son sinónimos de más empleo" y que "en la actualidad la mayor apertura de las economías, junto con los procesos de reorganización de las empresas y de la aplicación de nuevas tecnologías están afectando negativamente los determinantes de la capacidad de generación de empleo".
Los sectores populares afectados por la crisis y por las medidas y anuncios del gobierno, han logrado ir articulando su organización y protesta, con propuestas cada vez más sólidas. Un caso es el de los deudores del sistema UPAC, quienes han obtenido algunas medidas de alivio, principalmente financiadas con la tasa del 2 por mil a las operaciones bancarias y quienes sin embargo tienen una propuesta adicional para la salida de su situación. Sus logros han estado estrechamente ligados a su lucha organizada.
Una amplia lucha comienza a desplegarse por parte de los estudiantes, profesores y empleados de las universidades. Si los padres no pueden pagar los colegios, menos la educación superior. Seguramente los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje que el gobierno quiere seguir desmantelando, confluirán con los universitarios, sirviendo de puente para la alianza obrero estudiantil que se ve venir y que refleja la defensa de los jóvenes frente a las pretensiones oficiales.
También se expresan nuevamente la alianza obrera campesina, mediante la confluencia de las movilizaciones como ocurrió en la Huelga General del 31 de agosto de 1999 y en las movilizaciones campesinas e indígenas del Cauca en noviembre del mismo año, ampliamente respaldadas por la población urbana de Popayán. Más profundo y con repercusiones a largo plazo es el hecho de que desde octubre de 1998 y en la Huelga General, las centrales sindicales hayan apoyado el programa de reforma agraria y modificación de los tratados comerciales internacionales propuesto por el conjunto de las organizaciones campesinas.
Los campesinos y los sindicatos del sector han logrado desde hace meses formular propuestas alternativas sólidas a corto y largo plazo Es más, habían pronosticado con lujo de detalles desde hace 6 años cómo fracasaría el programa de mercado subsidiado de tierras con que se quiso sacarle el quite a la reforma agraria, propusieron desde julio pasado un plan viable para solucionar la crisis del crédito para este programa, llegaron a una concertación sobre las soluciones, que sin embargo no se aplicaron.
Los indígenas se hayan especialmente enfrentados con la política de saqueo de los recursos naturales y megaproyectos destructores de los ecosistemas, que la actual administración pretende incrementar. Por eso conflictos como el del pueblo U'wa contra la OXY - Shell, despiertan la activa solidaridad del pueblo con los indígenas. Los obreros petroleros, campesinos y estudiantes de Arauca han mantenido una actividad entusiasta en torno a la defensa del pueblo U'wa y han documentado con lujo de detalles el daño ecológico que la explotación petrolera de Caño Limón hizo en el departamento.
Otros sectores populares se han movilizado contra políticas que los dejan sin el pan en la boca. Es el caso de los vendedores ambulantes y pequeños comerciantes en Bogotá, Cali, Neiva, Cúcuta y otras ciudades, desalojados por las medidas de los alcaldes. La crisis económica ha afectado al 60 por ciento de los comerciantes y las ventas cayeron en 13 por ciento en un año. Pero sin embargo, como en todas las áreas, la crisis fortalece a los grandes. La supergrupo Cadenalco aumentó durante el mismo lapso en 10 por ciento sus ventas y para complementar se fusionó con Almacenes EXITO. Es este comercio en gran escala el que quiere desaparecer para siempre a los vendedores pequeños, como los comerciantes del tradicional sector de San Victorino, en Bogotá.
También los pequeños transportadores de carga en camión se enfrentan desde hace meses a los empresarios de carga, que no sólo acumulan cada vez más vehículos sino que actúan como intermediarios semifeudales con patentes de rutas y contratos y saquean al transportador que realmente hace la ruta y lleva la carga.
Si se quiere un ejemplo de lucha de clases vigente, la que comienza a desplegarse en Colombia en torno a las alternativas de reactivación, es un ejemplo clásico. Es por eso que el movimiento sindical ha condensado su organización en un Comando de Paro que ha sido capaz de actuar como una verdadera dirección sindical unitaria, afrontando discusiones de fondo sobre la táctica y sobre los pliegos de peticiones y plataformas de lucha, que se expresan en la voluntad política de asumir un enfoque mucho más programático y estratégico de la lucha.
De luchas que trataban de articular las reivindicaciones defensivas de cada sector, el movimiento sindical y popular pasa a enfrentarse al Plan de Desarrollo oficial y se ve en la necesidad de presentar sus alternativas, que van desde una metodología opuesta de lucha contra el desempleo que parte de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, pasando por una reforma agraria que entregue a los campesinos las 5 millones de hectáreas útiles para la agricultura que están siendo desperdiciadas y por una política de fortalecimiento de la producción nacional y finalización del modelo neoliberal y de "apertura económica" y por la defensa de los recursos naturales de Colombia y llegando hasta la real participación de los trabajadores en las decisiones claves para el futuro del país y de las empresas.
El gobierno de Pastrana no está dispuesto a acceder a las propuestas de las organizaciones del pueblo trabajador. Veremos qué tanto la guerra sucia va a seguir siendo la respuesta contra los líderes sociales. Veremos si las luchas populares logran abrir el camino de la Paz.
5. Las Propuestas Inadecuadas para el Sector RuralDesde 1991 y como resultado de la apertura económica, el sector rural ha venido registrando un notable deterioro del empleo. La tasa oficial de desempleo pasó del 4.2 al 6.5 por ciento. A raíz de la apertura, la violencia y la crisis agraria el número de desempleados rurales aumentó en 130 mil personas y se dejaron de sembrar más de un millón de hectáreas.
Esta evolución en los últimos años ha fortalecido la estructura agraria del sistema histórico colombiano, aunque con particularidades importantes: han crecido las plantaciones y decrecido el área de cultivos transitorios modernos y la producción de café; se ha incrementado la colonización para cultivos ilegales; los megaproyectos e inversiones petroleras se han convertido en los principales nodos de actividad económica rural y la concentración de propiedad se ha hecho en torno a ellos mediante el desplazamiento violento de población.
Es el resultado de combinar la estructura más obsoleta, con la última palabra de la globalización neoliberal, y su el aprovechamiento de las "ventajas comparativas": Violencia y destrucción de recursos naturales renovables, con enriquecimiento para las transnacionales, las grandes promotoras de plantaciones (como la palma africana), la compleja red de la narcoeconomía y los especuladores que concentran tierras valorizables en torno a los proyectos de inversión.
Frente a la perspectiva de la reactivación económica es muy probable el fortalecimiento de esta estructura. Los representantes de los gremios de empresarios palmeros (Fedepalma), bananeros (Augura) y de los ganaderos (Fedegan) promocionan tal programa. Estos gremios ven en el Plan Colombia una lucrativa oportunidad de catalizar el proceso, mediante el cual se han apoderado históricamente de las zonas de colonización.
Ponen sus ojos en el Putumayo y otros departamentos donde los cultivos ilegales son extensos. Las fumigaciones de los cultivos con herbicidas químicos y hongos se complementarían con la sustitución de los cultivos ilegales por plantaciones de palma africana, caucho o maderables, con el sistema de las denominadas "alianzas estratégicas", donde el gran empresario terrateniente tendría el 80 por ciento y el campesino o el indígena el 20 por ciento. "Alianzas" entre el jinete y el caballo.
Este es un sistema tomado de Malasia, Tailandia e Indonesia donde ha tenido terribles efectos ecológicos, destrucción de selvas, contaminación del aire por las quemas y además destrucción cultural y étnica de las poblaciones indígenas. Vale decir que además en la situación actual los mercados como el de palma africana no tienen un futuro seguro. Pero lo que primero hay que mostrar es cual es la perspectiva de los grandes terratenientes ganaderos y agroindustriales: utilizar el Plan Colombia para continuar un sistema histórico de dominación de la tierra, la economía rural y la gente.
A esa perspectiva hay que agregar la de los inversionistas extranjeros, que complementa y dirige la perspectiva de los terratenientes. La perspectiva de varios de estos inversionistas , por ejemplo las empresas petroleras, es utilizar el "garrote" del Plan Colombia|51| para extender "libremente" sus actividades y nuestro temor está en que por experiencia sabemos que esa libertad significa ignorar los derechos de las comunidades locales, pasar por alto de la necesidad de defender el ambiente y los ecosistemas y reducir las regalías y participaciones del Estado.
Es necesario proponer otras alternativas, que sin descartar los intereses de otros, partan de las comunidades locales campesinas, indígenas y afrocolombianas y su derecho a la vida y a decidir y gestionar su destino.
Si se proponen alternativas diferentes a las de las estructuras obsoletas y a las del dominio de las transnacionales y rechazamos la esclavitud y la servidumbre como alternativas al desempleo. La esclavitud, el empleo de mala calidad no pueden ser la alternativa al desempleo. La gente tiene derecho al trabajo con calidad de vida y calidad de participación en las decisiones sobre su vida.
Los estudios recientes muestran que desde antes de la crisis venía cayendo ininterrumpidamente el ingreso per cápita de la población rural de los estratos de ingresos bajos y medios. Durante la crisis cayeron también los del estrato más alto. La investigación muestra que la reactivación no beneficia necesariamente a los más pobres y por el contrario los períodos de mayor crecimiento de la economía agrícola no repercuten en la mejora del ingreso de los más pobres, sino en el la duplicación de los ingresos de los más ricos. El ciclo económico agropecuario es ante todo el ciclo de las utilidades de los terratenientes. ¡El ingreso de los más pobres del campo fue más bajo en el auge que en la crisis! |52|
Son entonces plenamente justificadas las críticas a un modelo de reactivación y empleo que no genere mejores condiciones de vida para los campesinos, obreros agrícolas e indígenas. Si otros tienen la sartén por el mango en la falsa alianza, entonces los campesinos obreros rurales e indígenas llevarán las de perder.
La situación se complica si tenemos en cuenta otros aspectos esenciales para la calidad de vida, diferentes de los ingresos monetarios. Señalamos como fundamental al situación del ambiente y los recursos naturales renovables. Así, por ejemplo la represa de Urrá ha destruido la pesca del alto Sinú y los indígenas Embera Katío y miles de pescadores han perdido su fuente principal de sustento. Como se ha mostrado en las páginas anteriores, el "desarrollo" es a veces la destrucción de indígenas y campesinos y eso tiene que cambiar. Pueblos indígenas han sido destruidos por las explotaciones petroleras, como los Yarigíes o Carares del magdalena Medio o reducidos como los Barí del Catatumbo, los Kofán del Putumayo y los Hitnu e Iguanitos de Arauca.
El daño a todo el sistema natural de aguas de los llanos de Arauca que produjo Caño Limón, por ejemplo, ha perjudicado para siempre la vida de todos los habitantes de la región. Llegó entonces la hora de que los costos ecológicos, sociales y culturales de un proyecto se tengan en cuenta. Los enclaves de las grandes inversiones petroleras, mineras, viales, hidroeléctricas madereras y agroindustriales destruyen los ecosistemas y las comunidades y no pueden reclamar libertad en esos ámbitos.
Las comunidades construyen y adoptan sus Planes de Vida y es hora de que se tengan en cuenta, no en 20 por ciento, a la cola de los que mandan, sino en la cabeza, en primer lugar.
Para que mejore la calidad de vida, las comunidades rurales deben poder decidir y gestionar los proyectos. Pueden hacer convenios, contratos y hasta alianzas, pero primero deben poder tener el 100 por ciento de la propiedad y capacidad para entrar en diferentes fases de la producción, el mercadeo, la política y la cultura. y la gestión y sobre esa base sí podrán hablar y negociar con otros intereses, en condiciones más equitativas.
Esto es la reforma agraria: un nuevo ordenamiento social, económico y cultural de la propiedad, la planificación y la gestión en el campo.
Profundizando en tal camino de elevación de la Calidad de Vida hay necesariamente que plantear el problema de las sostenibilidad ecológica, social y económica de los programas que se proponen. Proyectos que se promocionan por sus utilidades en dinero y rápida "creación de empleos" tienen muchas veces vida útil limitada y efectos nocivos a largo plazo.
Las economías de enclave y las operaciones extractivas son ejemplos frecuentes de esos programas insostenibles. ¿Qué quedó de la cauchería en la Amazonia para el desarrollo de nuestros países? Un genocidio. ¿Qué queda para Arauca de Caño Limón? Destrucción de las aguas, pobreza de los indígenas, violencia y corrupción política. No se sembró el petróleo como se promocionaba hace unos años, no hubo desarrollo regional.
Los grandes proyectos de inversión pueden ser buenos si no destruyen el ambiente, sí benefician en primer lugar a las comunidades locales, si respetan su cultura y se guían por sus Planes de Vida y si generan desarrollo regional gestionado por las comunidades.
Un ejemplo de falta de sostenibilidad económica lo dan los proyectos de palma africana que no contabilizan los costos posteriores a la finalización de la vida útil de las palmas. Reutilizar un suelo poblado por palmas que ya no se pueden cosechar por su altura, es muy costoso y puede valer más tumbar las palmas que comprar otra tierra. Por eso en Malasia e Indonesia los palmeros quemaron y quemaron más selva y contaminaron masivamente el aire con el humo.
Hacer propaganda a uno o dos productos estrella y poner a todo el mundo a sembrar o producir lo mismo también es insostenible económicamente, pues lo que está a buen precio pasa a estar a pésimo precio y todos nos quebramos.
Tampoco es sostenible aplicar la dogmática neoliberal a la producción agropecuaria como se hizo en la pasada década. Colombia tiene que modificar sus tratados comerciales y proteger y fomentar su producción agropecuaria como lo hacen Europa, Estados Unidos y Japón.
Tampoco es sostenible el latifundio, que está en total contradicción con la economía del siglo XXI y con la vida de la población rural. El latifundio, a pesar de su poder resultó mucho más vulnerable a la crisis y a la apertura, que los campesinos, que dejamos de sembrar el 35 por ciento de nuestra parcelas, mientras los terratenientes abandonaron el 77 por ciento de su área sembrada.
No son sostenibles socialmente los bajos salarios, las largas jornadas y la falta de servicios y seguridad social en el campo. Pero además tampoco es sostenible el desplazamiento forzado de la población , que como mecanismo de concentración de la propiedad e imposición de las estructuras económicas históricas y la globalización de las transnacionales ha extendido la violencia y la guerra.
6. El Plan Colombia como Proyecto de Mantenimiento del Statu QuoLos analistas del Plan Colombia no han dejado de insistir en la forma como este es adaptado a las necesidades del posible donante y del público. Una cosa es la versión para Estados Unidos que enfatiza en la lucha antinarcóticos y otra el discurso ante la Unión Europea sobre inversión social|53|. Sin embargo cualesquiera que sea la versión que se estudie es posible descubrir unos elementos centrales:
a) "La implantación de medidas para atraer la inversión extranjera y promover la expansión del comercio", lo cual incluye fortalecer los tratados de protección de las inversiones foráneas y cumplir las disposiciones de libre importación de la OMC.
b) Destrucción de los cultivos ilegales en el Putumayo y otras zonas del sur del país y sustitución por "proyectos productivos, principalmente cultivos permanentes....a través de alianzas estratégicas" entre inversionistas, grandes y pequeños propietarios que ofrezcan "oportunidades de empleo alternativo y servicios sociales a la población de las áreas de cultivo."
c) Restablecimiento del control militar en esas zonas y "modernización de las Fuerzas Armadas".
d) Reforma institucional general, que incluiría la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos.
Una primera gran contradicción de este programa es la que existe entre el mantenimiento y fortalecimiento de los tratados de libre comercio y de protección a la inversión extranjera, con los planes de desarrollo alternativo a los cultivos ilegales y la narcoeconomía. Precisamente esta clase de cultivos y economía se fortalecieron merced a la liberalización del comercio y la economía y combatirlos dentro del mismo contexto es simplemente un contrasentidos.
Para instaurar planes de desarrollo alternativo se requeriría una modificación sustancial de los tratados comerciales, especialmente si la cocaína continúa siendo ilegal. Es imposible competir con la rentabilidad de la coca y la amapola si no hay mercados seguros para otros productos.
La destrucción de los cultivos no ha resultado en estos años, ni resultará jamás en su reducción. Al contrario produce su incremento: los propios datos oficiales indican que a pesar de haberse fumigado con herbicidas 16 mil hectáreas de cultivos ilícitos, su área sembrada se incrementó en 20 mil hectáreas. Esto se debe a que en su mayoría se trata de cultivos campesinos. La unidad económica campesina|54| no busca la rentabilidad en el sentido del empresario capitalista, sino que trata de asegurar en primer lugar la subsistencia familiar. La reacción del campesino fumigado es vender sus mejoras a un rico (a veces un narco) e irse a sembrar coca (o amapola) más lejos. El incremento de los costos lo compensa sembrando una extensión mayor.
El sur del país es muy extenso y restan más selvas para tumbar. El Plan Colombia dejará zonas muy amplias sin cubrir y los cultivos se extenderán por ellas y en vez de reducirse en un 50% como supone el Plan, se incrementarán gracias a él. Es el efecto inverso al que produciría la legalización de los cultivos. Esta es la segunda gran contradicción del Plan y la que lo hace ridículo si se trata de creer en los objetivos que expone.
Distinto es si el Plan se propone "romper los nexos entre los grupos armados y el apoyo que reciben de la industria del narcotráfico" y "restablecer el control gubernamental sobre las áreas claves de producción de droga". En este sentido el general Roca Machel hace unos años ordenó a la Fuerza Aérea Colombiana, transportar laboratorios de narcotraficantes a zonas fuera del control de la guerrilla. La orden se cumplió. Si así funcionara ahora el Plan Colombia, se convertiría en una guerra por el control de la producción de coca. Pero esta es la tercera gran contradicción del Plan con sus vociferados objetivos antinarcóticos.
El desarrollo alternativo propuesto no es otra cosa que el modelo malayo del doctor Murgas, Fedepalma, Augura y Fedegan, las "Alianzas Estratégicas" bajo su comando. Esta alternativa significaría que en las zonas donde sean exterminados los cultivos ilegales a los campesinos e indígenas no les quedaría más remedio que subordinarse a contratos de aparcería en gran escala para producir palma de aceite, maderables, caucho o ganadería. Es decir una contra-reforma agraria en la cual se sustituiría la producción campesina por dominio de grandes cultivadores que se beneficiarían de la mano de obra campesina e indígena con formas de servidumbre.
Los indígenas del Cauca el pasado 28 de marzo afirmaban que esta era la resurrección del terraje. Tanta lucha por la tierra para terminar entregándola a los grandes palmicultores, bananeros y ganaderos. Como en la canción de Silvio Rodríguez "Lucho con Serpientes", "la mato y aparece una mayor".
El Plan Colombia desde este punto de vista aparece como un mecanismo para extender el sistema histórico colombiano al sur dl país, asegurando el dominio de los terratenientes sobre zonas que aun no controlan pero sobre las que rápidamente avanzan, como lo demuestran las estadísticas de concentración de la tierra. Esta "inversión social" resulta peor que la inversión militar y en cierto modo la explica, dándole el pleno sentido de preservación del statu quo mediante la extensión del dominio histórico del esquema latifundista de los gamonales.
Además del desarrollo del papel como latifundista, el sistema de los gamonales se vería fortalecido inmensamente por el incremento de su papel tradicional como agencia de la inversión extranjera, que adquiere fundamental importancia por la "globalización". Los gamonales se ofrecen en el Plan Colombia a abrir más el país a los inversionistas y al comercio extranjeros.
La zona piloto escogida para el Plan Colombia tiene un interés estratégico:
- 1. Dentro de ella se encuentran localizados ininterrumpidamente proyectos de exploración petrolera (ver mapa);
- 2. Es el punto de entrada y control de la Amazonia, con su biodiversidad y multitud de recursos naturales, claves para el planeta;
- 3. Allí confluyen el megaproyecto de intercomunicación fluvial de Suramérica y la carretera marginal de la selva.
- 4. Es zona fronteriza con Ecuador, país petrolero en crisis y donde Estados Unidos ha trasladado parte de las instalaciones militares que operaba en Panamá.
Dentro de este contexto que prioriza al Putumayo por razones estratégicas, el presidente Pastrana ha ido más lejos en las ofertas a los sectores privados extranjeros y nacionales: se reunió con los empresarios petroleros y de la electricidad en Houston y el 11 de febrero de 2000 anunció a los empresarios colombianos reunidos en el Congreso de Calidad, que solicitaría el ingreso al NAFTA y propondría una reforma constitucional para dar más libertad a las inversiones. En el caso de México esa reforma, concordante con el ingreso al NAFTA, incluyó la eliminación de la inalienabilidad de las tierras comunales y el subsiguiente levantamiento armado de los indígenas zapatistas.
La prioridad para la inversión extranjera y en particular para la industria petrolera ha sido de hecho exigida en la enmienda al Plan Colombia, propuesta en Estados Unidos por los senadores De Wine y Coverdell|55|. Este último afirmó además, que la necesidad de proteger los intereses petroleros en Venezuela justificaba la ayuda a Colombia|56|, con lo cual concordó con la visión del vicepresidente de la Occidental Petroleum, quien afirmó|57| que se necesitaba duplicar el Plan Colombia en Norte de Santander (frontera con Venezuela), donde está la explotación petrolera del Catatumbo y la perforación de Gibraltar, en territorio U'wa.
Así, el interés estratégico de Estados Unidos se articula al sostenimiento del sistema histórico colombiano. ¿Existen intereses europeos, japoneses y canadienses que puedan confluir en este esquema? Posiblemente algunos intereses, fundamentalmente privados: en primer lugar las empresa petroleras, que como la BP y Shell y en menor escala Repsol y Elf, tienen inversiones en Colombia; en segundo lugar aquellas empresas involucradas en la privatización de la electricidad (Endesa, Iberdrola) las telecomunicaciones (Telefónica de España) y la seguridad social (BBV, Banco Santander). Las petroleras canadienses tienen importancia en la exploración petrolera del Putumayo. El negocio de la venta de helicópteros para la aporte militar del Plan ya está copado por las empresas de Estados Unidos y lo disputan la United Technologies y la Bell.
A estas alturas el Plan Colombia se dibuja como un asunto demasiado privado. La inversión "social", los derechos humanos, la "lucha" contra la corrupción se desdibujan. Aparecen como lo que son para los autores del Plan: adornos para pescar incautos. Si pudiera tener éxito el Plan significaría petróleo, grandes plantaciones de palma africana...
Sin embargo, la más grande contradicción ocurre entre las expectativas que crea el Plan y la realidad colombiana y en particular la realidad militar. Una operación como la propuesta conduciría a una escalada de guerra. La situación de los últimos años, meses y días, muestra que la tarea militar no tiene ninguna garantía de éxito y es totalmente incierta. Los analistas nunca previeron que después de los acuerdos de paz con parte de la guerrilla en 1990 y 91, las guerrilleras incrementarían su poder a los niveles de hoy. Una choque con su base social en el Putumayo podría fortalecer en gran escala su reclutamiento, como ha ocurrido en ciertas áreas de masacres de paramilitares o de fumigaciones y para completar, la guerrilla podría implantarse en las nuevas zonas donde marcharan los colonos en la selva, como ya sucede con en áreas nuevas de colonización donde marchan campesinos desplazados por la violencia o las fumigaciones.
El escenario político regional es otra causa de incertidumbre, en especial la situación de Ecuador. La inestabilidad se extiende ahora a Perú y las movilizaciones populares a Bolivia. Una tempestad continental podría ocurrir, si se tienen en cuenta el fortalecimiento de la izquierda en México, Salvador, Brasil, Uruguay y Chile y la nueva estructura política de Venezuela. La escalada militar "antinarcóticos" en el Putumayo, es una aventura de desenlaces impredecibles e inesperados.
SEGUNDA PARTE
Siete propuestas estratégicas que Colombia necesita
1. Planificación y Gestión ComunitariaLa situación ambiental y social en el sector rural en Colombia ha llegado a encuadrarse dentro del modelo dual analizado por Marshall Wolfe|58| en el ámbito internacional: "hay una disolución entre las estrategias de desarrollo utópico normativas, orientadas al bienestar del ser humano, promovidas por organismos internacionales y oficialmente apoyadas por muchos gobiernos, y las tendencias reales de las estructuras... Las estrategias internacionales han constituido una protesta contra las tendencias reales; pero también se han transformado en un sustituto ritualizado de acción efectiva para modificar las tendencias. La nación-estado y el orden internacional integrado por estados han perdido credibilidad como instrumentos potenciales para aplicar dichas estrategias".
En Colombia, la contradicción entre los objetivos ambientalistas asignados por la Constitución de 1991 al Estado y la creación del Ministerio del Medio Ambiente, de una parte y la realidad de la destrucción de los bosques por la colonización o el intento de eliminar el requisito de la licencia ambiental para una serie de proyectos de "desarrollo", de otra, confirma un modelo de política internacional frente a la cuestión ambiental, en el cual se combinan la ineficiencia tecnocrática y burocrática, el poder de las fuerzas económicas y de los agentes políticos del deterioro ambiental, una concepción unilateral e idealista de las políticas del Estado, su visión autoritaria o burocrática y el papel ideologizante y encubridor de sus declaraciones ambientalistas.
En este sentido, el Estado colombiano decidió primero (1973) propiciar la colonización para darle salida al problema agrario existente en el interior de la frontera agrícola y diez años después comenzó, con el PNR, a buscarle solución a la colonización como nuevo problema, impulsando programas de desarrollo o de paz o de sustitución de cultivos o de protección del ambiente en las zonas de colonización. Podemos analizar entonces quiénes decidieron esto y cómo han llevado a la práctica sus decisiones, cómo han respondido los actores sociales y qué fenómenos reales se han desencadenado.
El objetivo estratégico principal del actual período para la política de colonización es el incremento del poder y la capacidad de gestión ambiental, social y productiva de las comunidades locales. Esta es la única forma de lograr el equilibrio entre los recursos y competencias del Estado y entre las oportunidades y obstáculos sociales para resolver las cuestiones plateadas por la colonización.
Para lograr este objetivo es necesario en primer lugar, reconocer legalmente la actividad y la organización propia de los colonos y de las comunidades nativas y facilitar los procesos de planificación, concertación, gestión y fiscalización de las comunidades y sus organizaciones. El cumplimiento de esta meta permite el mutuo establecimiento y exigencia de cumplimiento de responsabilidades entre las comunidades locales y la Nación como base para la construcción de un nuevo Estado capaz de cumplir sus deberes ambientales.
Instrumentos legales vigentes tales como las zonas de reserva campesina y los distritos de manejo integrado facilitan el cumplimiento del objetivo. Pero además es necesario reconocer la organización campesina, como autoridad con jurisdicción y competencias, así como mantener y desarrollar el que ya existe constitucional y legalmente para las autoridades propias de los indígenas. En tanto se aprueban todas las normas necesarias para ello es necesario por lo menos reconocer y afianzar la personería jurídica y representatividad legal de las organizaciones propias de los campesinos y en particular de los colonos, tales como sus interveredales, comités y juntas.
La fractura de la participación política y social que excluye siempre a la comunidad básica, la que como hipótesis, podemos proponer como base la conversión en conflictos armados de los problemas agrarios de la propiedad de la tierra, de la colonización y de la ejecución de macroproyectos. La clase política es un actor que debe participar en el proceso de concertación, pero no puede monopolizar los espacios de descentralización.
Cuando tratamos de política estamos hablando también de la estructura de participación. La democracia participativa puede ser un cliché que encubre la participación de unos pocos o de los de siempre. De por sí el término "demos" del griego, no significa "pueblo" como a veces se enseña (pueblo era "laos"), sino significaba los que votaban, excluyendo a las mujeres, parte de la plebe y los esclavos. Curiosamente la democracia actual en la mayoría de los países conlleva la abstención de la mayoría de la población. Conocer las zonas de colonización es precisamente encontrarse con grandes masas de población excluida de los centros de decisión e inclusive de la periferia de las decisiones.
La propuesta de política inicial está en partir de tener en cuenta a la población sujeto (actor protagonista o víctima) de la colonización, que el Estado reconozca competencias a sus formas propias de organización y expresión, si se quiere que ellas tengan alguna responsabilidad con respecto al Estado.
Una meta inmediata es lograr que las Corporaciones del Ambiente, las entidades territoriales y el Ministerio del Ambiente concierten con las organizaciones comunitarias convenios o contratos para diseñar y ejecutar programas de gestión ambiental, que permitan preparar el ejercicio de la autoridad ambiental comunitaria. Se trata de pasar de la mera participación delegada y minoritaria a la gestión directa por las comunidades y sus organizaciones. Esto debe desarrollarse en aplicación de las normas vigentes y en particular de la ley 99 de 1993 y del artículo 103 de la Constitución Nacional.
Una segunda meta tiene que ver con la modificación de las normas y estructuras de las autoridades del Sistema Nacional Ambiental, de manera que se reconozca expresamente a las organizaciones de campesinos colonos, como tales. En especial las Corporaciones del Ambiente y las unidades ambientales de las Entidades Territoriales, deben basarse en la gestión comunitaria.
Una meta subsidiaria tiene que ver con la articulación de los incentivos económicospara la conservación de los bosques y demás recursos renovables, con la gestión comunitaria. Instrumentos similares a los Certificados de Incentivo Forestal y especialmente el pago de tasas compensatorias, retributivas por la conservación, manejo adecuado o restablecimiento de recursos renovables deben ser pactados claramente con las comunidades, de forma que se articulen a sus planes y proyectos regionales y comarcales. Se requiere promover una conciencia y una normatividad nacional e internacional en el sentido de la necesidad de valorizar económicamente el papel de las comunidades para la preservación de los recursos renovables.
Por otra parte, es indispensable reconocer en qué medida "... la pequeña producción puede tener un papel destacado en mantener sistemas de producción diversificados y conservar los recursos naturales"|59|. En efecto, dentro de tal política cuentan seriamente los sistemas agrícolas tradicionales (campesinos e indígenas), como una forma tecnológica y cultural alternativa de abordar el problema del equilibrio entre el desarrollo y la sostenibilidad de éste. Conviene descartar una mentalidad que "ha desconocido la existencia de culturas y tecnologías alternativas en los procesos de planificación tradicional, con lo que se han ignorado múltiples recursos o se han minimizado o magnificado las restricciones cuando sólo se interpretan a partir de una cultura y una técnica doble"|60|.
Como se ha anotado antes, las concepciones indígenas del espacio se caracterizan por una adaptación al ambiente - domesticación del ambiente o de unidad de cultura y ambiente, es decir por ser sostenibles. Así, "para los movimientos indígenas, el hecho de haber convivido siempre de forma más o menos armoniosa son su entorno natural les ha dado una gran legitimidad frente a la opinión pública urbana y se ha convertido en un poderoso argumento a favor de sus demandas territoriales"|61|.
2. Desactivar la Renta Absoluta para respetar a los seres humanos que habitan el campo y usar adecuadamente el sueloEl tercer objetivo estratégico es lograr que el suelo se use de acuerdo con su potencialidad, de acuerdo con sus características agroecológicas. Para cumplir este objetivo en Colombia es necesario reducir la renta absoluta del suelo, de manera que la rentabilidad de su uso adecuado sea superior a su precio, a la vez que aplicar medidas que eleven la rentabilidad del uso adecuado del suelo.
Instrumentos legales para alcanzar la meta de reducir la renta absoluta son las leyes 160 de 1994 y 333 de 1996. En la primera se dispuso que todas las zonas de colonización, excepto la declaradas como de desarrollo empresarial, son reservas campesinas, lo cual evitará reproducir las estructuras de concentración de la propiedad en las áreas colonizadas. Además dispone que las áreas cuyas condiciones socioeconómicas y agroecológicas lo justifiquen, pueden ser delimitadas como reservas campesinas, aunque no sean zonas de colonización, tal y como lo reglamentan el decreto 1777 de 1996 y el acuerdo 24 de 1996 de la junta directiva del Incora, todo lo cual permite aplicar una política integral en los circuitos de migración para cultivar los suelos de vocación agrícola y evitar la destrucción de los ecosistemas de bosque.
Otro instrumento de la ley 160 de 1994, el mercado de tierras subsidiado para campesinos, requiere normas reglamentarias que eliminen las distorsiones que empujan los precios de los predios por encima del valor capitalizado de las ganancias agrícolas. El programa de mercado subsidiado de tierras creado por la Ley 160 de 1994 ha sido puesto en la encrucijada por la crisis en que lo han sumido las altas tasas de interés, la mora en los pagos que deben hacer los "beneficiarios" y el reducido presupuesto del Incora.
Aunque para 1997 los propietarios tenían ofrecidas al Incora 1'141.313 hectáreas, el Incora sólo tuvo dinero para subsidiar la compra de 42.527 (el 3.7 %). De 38.451 familias solicitantes fueron escogidas 3.113. Desde su creación el programa ha entregado el subsidio para comprar tierras a 9.027 familias.|62|
De 1'547.676 familias que según la encuesta de hogares del DANE de 1997|63| están interesadas en adquirir tierra, sólo conocen el programa 356.957 y de ellas sólo están inscritas 38.451 familias y de estos solicitantes se atendió en 1997 sólo el 8 %. De todos modos los pocos campesinos beneficiarios no podrían acceder a la tierra si no fuera por el subsidio. Pero hay problemas graves.
Primero, la demanda es de todos modos mucho más grande que la oferta y no lo es más por falta de información. La selección de los beneficiarios es difícil, pues la mayoría de solicitantes necesita la tierra y sabe cultivarla. Como la oferta es todavía mayor, proliferan las presiones políticas y de otra índole para poder vender una cantidad de predios a sabiendas de que menos del 4% será adquirido. Estas presiones se reflejan sobre la selección de los beneficiarios en las áreas donde están ubicados predios cuyos propietarios tienen mayor influencia política u otros instrumentos de presión.
Al fin y al cabo el programa tiene una pequeña incidencia en un segmento del mercado, es decir el de ofertas de los medianos propietarios, con 223 hectáreas en promedio, generalmente empresarios arruinados por la apertura económica y no grandes propietarios latifundistas.
En el programa de subsidio al mercado de tierra el campesino está siendo ahorcado por el crédito, debido a que las tasas de interés son superiores a la rentabilidad real del predio. Efectivamente la casi totalidad de "beneficiarios" de 1995 están en mora |64| y la cartera vencida alcanza cerca de 10 mil millones de pesos. Los de los años posteriores lo estarán apenas se termine el período de gracia. Es decir que el subsidio no alcanza a cumplir su papel: garantizar que la rentabilidad de la finca permita pagarla.
Cualquier proyecto productivo particular no puede prescindir de la situación general y es inútil un enfoque puramente bancario de proyecto individual independiente de lo que está sucediendo en el país|65|. Los proyectos piloto con todos sus méritos, no pueden escapar del enfoque aislacionista doble que por una parte experimenta en un laboratorio que trata de separar de la vida real y por otra parte formula recomendaciones sin tocar el modelo general.
Por lo mismo no se percibe lo esencial: subsidio cubre el exceso de precio de la tierra, pero ayuda a mantenerlo. Pero además el subsidio no cubre el exceso de precio del dinero: del 30 % que debe tomar el campesino a crédito para pagar la tierra, del dinero necesario para vivienda y en general para las inversiones "extraprediales" e "intraprediales" para establecerse y producir y del crédito de producción. Únicamente 259 familias de los "proyectos pilotos" pudieron beneficiarse de 732 millones de pesos para mejoras intraprediales destinadas por el Fondo DRI y los municipios y gestionan otros 500 millones de pesos para inversiones extraprediales|66|.
Condenado a ser un miniprograma, han sido propuestas dos alternativas para continuarlo: Una, es convertirlo en un subsidio para que compren tierra personas con capacidad de inversión y posibilidad de aportar activos productivos y calificación administrativa. En vez de un programa para transformar en pequeños empresarios a campesinos pobres, asalariados rurales, minifundistas y aparceros, tendríamos un programa para ayudar a empresarios experimentados.
La otra alternativa es mantener el perfil de campesino pobre del beneficiario, concediéndole además del subsidio para comprar tierra, el subsidio a las tasas de interés que prevé el literal b) del artículo 21 de la Ley 160 y concentrar el programa en áreas de reforma agraria y desarrollo rural campesino, como ocurre con las reservas campesinas y apreciando la experiencia en las labores agropecuarias y la organización campesina y comunitaria como prioridades para la selección de los aspirantes.
Dentro del contexto de la Ley 160/94, se ha dado cabida además a una figura novedosa, las "zonas de reserva campesina". Dirigidas a estabilizar los asentamientos de pequeños productores, con restricciones para la venta de los predios a fin de neutralizar la concentración de la propiedad y de afianzar modalidades productivas ambientalmente sostenibles, han generado discusión dentro de distintos sectores pues en tanto que para algunos solamente son aplicables en "áreas de colonización" (baldíos objeto de programas estatales de titulación), para otros han de configurarse en espacios dentro de la frontera agrícola, con acceso a los mercados y a potenciales desarrollos agroindustriales.
El resultado de esta acción múltiple correspondería al proceso de "dotación de poder" (empowerment) a estas comunidades campesinas, en términos según los cuales el equipamiento y mejoramiento de la infraestructura física y social estaría dirigido al propósito de "acceder a una parte mayor del excedente que genera la economía en su crecimiento" y exigiría una mirada amplia del entorno, centrada mas en la región y menos en la finca o los proyectos productivos particulares|67|.
Esta última alternativa, la más deseable desde el punto de vista del desarrollo económico y social del campesinado, plantea el interrogante de cómo hacer efectivo el control a la concentración de la propiedad en su interior. Por otra parte, solamente en la medida en que se generalicen modalidades de proyectos productivos regionales con articulación efectiva a los mercados en el interior de la frontera agrícola, a través de la combinación del mercado de tierras y las zonas de reserva campesina, puede vislumbrarse la posibilidad de estabilizar al menos alguna proporción de las poblaciones que continúan desplazándose hacia los bordes de la frontera agrícola, con los efectos ya advertidos.
Además es necesario fijar por acuerdo de la junta directiva del Incora, como método único de avalúo, la determinación del precio por la rentabilidad del precio establecida mediante la elaboración de proyectos productivos basados en la observación y análisis de las características objetivas del predio y de la producción y su mercadeo y el establecimiento de la cabida de familias por criterios de máxima utilidad marginal y no por el de reparto de una utilidad fija supuesta entre salarios mínimos.
Además, se necesita reglamentar por ley, la expropiación por vía administrativa en el sector rural, que se ha abierto paso para el sector urbano. Sin esta última medida no se puede cuestionar seriamente la renta absoluta y el gran propietario puede seguir presionando los precios hacia arriba.
La extinción de dominio de los bienes adquiridos por enriquecimiento ilícito, ordenada por la ley 333 de 1996 permite sin duda desactivar la presión hacia el alza de los precios de las tierras agropecuarias. Se trata de aplicarla de manera que los predios se dediquen a la producción en manos de campesinos, cooperativas o empresas comunitarias y su redistribución presione hacia abajo los precios de la tierra, en lugar de subastarlos para afianzar la tendencia al alza de precios.
La constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de Resguardos indígenas y la titulación colectiva para comunidades negras, así como la creación del Fondo de Tierras para reintegrar la propiedad a los isleños raizales de San Andrés, de que trata la ley 333 de 1996 permiten articular el cumplimiento del tercer objetivo recomendado, con los dos primeros, es decir la defensa de la diversidad cultural y la gestión de las comunidades nativas. Es necesario que las medidas para reconocer la propiedad de la tierra de los grupos étnicos puedan ser aplicadas por fuera de las presiones de los gamonales que hasta el momento han logrado entrabar su aplicación.
Hay que advertir sin embargo que la meta de redistribución de la propiedad de la tierra no es suficiente para lograr el objetivo del uso adecuado del suelo. Es necesario además lograr otras dos metas: una, como se ha dicho lograr que ese uso sea rentable. Para ello el Estado debe intervenir financiando planes y proyectos productivos nacionales, regionales, en los circuitos migratorios, en las entidades territoriales y en cada comunidad. La apertura indiscriminada y el sometimiento a las simples leyes del mercado tienen que ser substituidas por una estrategia destinada al uso adecuado de los recursos nacionales. Son las leyes del mercado las que han dirigido el actual proceso de colonización y ello determina la crisis vivida en las áreas de colonización, sea por el narcocultivo o sea por la crisis de los mercados fronterizos. La adecuación y recuperación de suelos y la instrumentación de programas de agricultura sostenible están también directamente correlacionadas con una política de población y colonización sostenible.
La conservación y la utilización sostenible de los recursos renovables debe ser también rentable y en este sentido la retribución económica individual y comunitaria debe incentivarse desarrollando el Certificado de Incentivo Forestal y el pago de tasas, pero en directa correlación con la calidad de los suelos y sus usos potenciales y no independiente de ellos.
3. Readecuación de la Política Económica a la Sostenibilidad IntegralLa política económica necesita readecuar sus objetivos, metas, instrumentos y recursos en una forma esencial, de acuerdo a la concepción del desarrollo sostenible y al cambio cultural y político propuesto. Hasta el momento ha ocurrido al contrario y a pesar de la nueva Constitución el Ministerio de Ambiente expide normas como el tristemente célebre decreto 833 de 1997 que subordinan la defensa del ambiente al modelo económico. Se trata de abandonar las prácticas economicistas y el sometimiento a los intereses creados y en especial al mercado mundial.
Para lograr este objetivo se requiere alcanzar la meta de basar los planes nacionales de desarrollo y los planes de las entidades territoriales en la sostenibilidad integral y comprometer con ella al Presidente de la República y sus ministros y las ramas legislativa y judicial, incluido el Consejo de Estado que tiene un papel clave en hacer cumplir las normas.
La baja sostenibilidad social del modelo neoliberal es evidente hoy en toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, pero especialmente en la región andina. Los reciente hechos de Ecuador son el mejor ejemplo de cómo la región se verá convulsionada si se insiste en las recetas monetaristas y del libre comercio. Tampoco son sostenibles la reducción de los salarios reales y de las prestaciones sociales de los trabajadores, la obtención de recursos fiscales mediante la privatización de las empresas rentables del Estado y la entrega de los recursos naturales.
La política sobre los colonos de las selvas, requiere una articulación con la política económica. Es claro que factores como la apertura económica, la importación de productos agropecuarios, el crecimiento industrial y agroindustrial, la situación de los cultivos de palma africana o café, los subsidios al sector agropecuario, la tasa de cambio, inciden en los flujos migratorios y la colonización. Por otra parte la colonización está afectando en grande los indicadores macroeconómicos y fue un factor de la revaluación del peso y del aumento de divisas. El déficit fiscal no podría haberse sostenido sin el aporte al producto interno que significa el narcocultivo. ¿Puede el país en el corto plazo prescindir de la colonización coquera? La respuesta es que el impacto macroeconómico de la colonización es tan importante como las causas macroeconómicas de ella.
Verdaderamente la Planeación Nacional sería irrelevante si no asume la colonización desde un punto de vista macroeconómico. Un propósito inmediato es la construcción de un modelo mínimo de correlaciones entre economía nacional y colonización. En este punto puede apreciarse la verdadera importancia de la colonización en Colombia y en particular de la colonización campesina, en la medida de su inserción en el mercado mundial a partir de la colonización cafetera y hasta la colonización coquera.
La colonización en Colombia, más que como construcción de espacio territorial, ha sido importante como construcción de mercado mundial para la Nación. Esto no significa que sea la única vía para construirlo porque, como vimos arriba, la estructura de propiedad rural es la que determina la alternativa de la colonización en lugar de la reforma agraria. Si el campesinado encuentra en esta vía la protección económica para su producción, la nación puede y debe optar por ella para entrar al mercado mundial, pero para ello se requeriría modificar el modelo de apertura económica por uno de desarrollo estratégico de la producción agropecuaria dentro de la frontera agrícola. En este sentido la narco-colonización es el resultado de la aplicación de la apertura económica en un país atrasado de propiedad rural concentrada.
Se requiere entonces alcanzar otra meta decisiva para cumplir las políticas sobre colonización: que los Planes y los presupuestos asignen los recursos económicos necesarios para desarrollar las diferentes estrategias aquí propuestas, incluidos los dineros para los incentivos para la conservación y uso sostenible de recursos renovables, para la recuperación de suelos, la reforma agraria, el desarrollo rural campesino y la adecuación sostenible de tierras y para el desenvolvimiento de la gestión comunitaria. El modelo económico debe entonces reajustarse para ser capaz de utilizar los ingresos, incluidos los de divisas, para impulsar el cumplimiento de objetivos prioritarios como los aquí recomendados.
Otra meta que hay que alcanzar para cumplir este objetivo es la readecuación política y organizativa de las instituciones ambientales. No puede lograrse que la política económica se readecúe a las necesidades ambientales, si las propias instituciones ambientales no lo hacen. En lugar de buscar afanosamente eliminar los requisitos ambientales del desarrollo, como las licencias ambientales, el Ministerio del Ambiente y las Corporaciones deben defender las normas que protegen los ecosistemas estratégicos, la diversidad biológica y cultural y la calidad de vida de las comunidades.
Organizativamente el Sistema Ambiental se basa en corporaciones más adecuadas al anacrónico ordenamiento territorial vigente y a la visión economicista del desarrollo. Las Corporación Ambiental de la Sierra Nevada ideada pensando en el reordenamiento territorial y la gestión comunitaria fue eliminada rápidamente, cuando se requería ponerla en funcionamiento. Uno de los elementos que provocaron el rechazo a esa Corporación por los intereses creados en torno al anticuado ordenamiento territorial, fue la amplia representación que en su dirección se otorgó a indígenas y campesinos. Es decir el Sistema Ambiental está construido a la medida del sistema destructor de los recursos naturales. Es necesario invertir el proceso y lograr que las instituciones ambientales lo sean.
4. El Reordenamiento TerritorialEl quinto objetivo estratégico es el reordenamiento territorial del país, que sintetizará y dinamizará el cumplimiento de los demás objetivos. Partiendo del reconocimiento de la organización y autoridades propias de las comunidades locales es necesario tanto readecuar administrativamente las entidades territoriales, como sus límites, ajustándolos a la realidad social, económica, geográfica, ecológica, y cultural. Para algunos pareciera que únicamente se trata de poner a funcionar los territorios indígenas y las regiones, según la nueva Constitución. Pero realmente la mayoría de los departamentos y muchos municipios necesitan un reajuste de fondo a nivel político, administrativo y espacial. Si una revolución es urgente en Colombia, es ésta.
La delimitación y organización existente obedece a antiguas realidades económicas, sociales y políticas y a intereses electorales, burocráticos y fiscalistas. Puede ser substituida por delimitaciones e instituciones que consideren las nuevas realidades, la presencia de nuevas fuerzas sociales, la participación comunitaria la defensa del ambiente y la diversidad étnica y cultural. En algunas partes este proceso se ha iniciado, pero se requiere generalizar y profundizar el proceso iniciado con la elección de alcaldes y la Constitución del 91.
La realidad discordante con los modelos propuestos exige entonces redefinir inclusive las metas, o por lo menos estar dispuesto a modificarlas. En el caso colombiano, al contrario de lo que puede ocurrir en otros países, el Estado nacional no tiene el dominio de todo el territorio y, especialmente, carece de todo dominio en la mayoría de las zonas de colonización.
La ausencia del Estado nacional en el reciente proceso colonizador es un indicativo indiscutible de la obsolescencia del ordenamiento territorial estatal vigente y pone de presente la existencia de un reordenamiento territorial de hecho, realizado por los factores de poder y que agudiza los conflictos armados existentes al producir enfrentamientos entre reordenadores territoriales diversos y contradictorios.
La debilidad de la acción ambiental en gran parte del territorio nacional es parte de la ausencia del Estado nacional, completamente sustituido por otros factores de poder como son el de la colonización armada, las petroleras, los narcotraficantes o los esmeralderos. La sustitución del Estado nacional es la consecuencia de la marginación por éste de las fuerzas sociales y se expresa en la existencia de ordenamientos humanos y los recursos naturales renovables escapan a la regulación y a las "políticas" oficiales.
Se requiere entonces, el reordenamiento espacial territorial concebido como acción política de participación multilateral de los actores sociales y concertación entre ellos como contenido de un contrato social que redistribuya y articule los poderes y las competencias, así como las responsabilidades y los controles mutuos que permitan garantizar el cumplimiento y eficacia de la concertación.
Hay que evitar la práctica frecuente en la actualidad, de limitar la participación social a los niveles de descentralización departamentales, es decir a los que pertenecen a la esfera de la hegemonía de la clase política. Esto significa necesariamente eliminar o limitar la participación local y especialmente la de las comunidades propiamente dichas, es decir de las comunidades campesinas, indígenas, negras o barriales urbanas.
Tanto en las áreas de origen como en las de destino de la colonización rige un ordenamiento territorial que no coincide con la actual realidad del país. Este ordenamiento configura una estructura de gobierno departamental y local no funcional para la definición y ejecución de la política y de los programas requeridos. En los departamentos de origen está consolidada la vieja estructura gamonalista enraizada en la gran propiedad de la tierra y que por medio de los grupos políticos tradicionales se expresa en los poderes nacionales.
En los nuevos departamentos ha surgido una nueva clase política beneficiaria del proceso de colonización, que trata de imitar la estructura de la clase política del resto del país. En las área de expansión de los cultivos ilegales esta clase política se ha adaptado al carácter extensivo de la colonización de manera que recibe recursos por la extensión de la colonización, pero no los invierte en la misma medida, ni en el área de nueva colonización.
Esta realidad exige el reordenamiento territorial, partiendo de la redefinición de los usos del suelo y redemarcación real de las reservas forestales o naturales, reubicación posible de ocupantes de áreas de manejo especial o concertación para el manejo de las mismas, modificación de límites departamentales y municipales y especialmente el reconocimiento como estado de la organización propia de los colonos, que en la mayoría de los casos son las juntas (comunales, de colonos, de vecinos...) y comités diversos. Al respecto se ha propuesto combinar la delimitación de las reservas campesinas con Distritos de Paz de régimen especial.
Se requiere reglamentar rápidamente la delimitación de los Territorios Indígenas y su funcionamiento como entidades territoriales de la República y completar los procesos de constitución, ampliación y saneamiento de Resguardos, para proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación como patrimonio de la misma y configurarla como elemento de la construcción socio-espacial de la misma, en lugar del modelo de despojo y sometimiento etnocentrista.
El reordenamiento territorial necesariamente debe abarcar, como ya se ha dicho, al Sistema Ambiental y dentro de él a las Corporaciones del Ambiente. Debe también asumir la planificación del uso sostenible del suelo.
En lo que se refiere al ordenamiento ambiental y manejo de recursos naturales renovables se requiere una política de concertación y participación comunitaria, centrándose en la gestión ambiental comunitaria. Es necesario reforzar la jurisdicción de las comunidades (indígenas, negras, raizales isleñas, campesinas y de colonos).
Los macroproyectos empresariales extractivos, de transporte, agroindustriales, comerciales y turísticos deben ser evaluados en sus impacto ambiental, social, cultural y económico, a corto y largo plazo, en una forma seria. El efecto de inmigración de un proyecto debe ser medido, así como los efectos colaterales del aumento de población. Por ejemplo la articulación entre explotación petrolera, vías, colonización, narcocultivo, deterioro ambiental y violencia.
Un instrumento que facilitaría enormemente el avance hacia el objetivo del reordenamiento territorial es un tratado de paz duradera entre los sectores en conflicto armado. Metas intermedias para lograrlo, pueden ser todos los procesos de distensión y los acuerdos locales, regionales o temáticos que se logren, de manera que se creen espacios de gestión comunitaria que sirvan de punto de apoyo para ampliar los procesos de concertación y paz.
5. Defensa y disfrute de la Diversidad Cultural de la NaciónOtro objetivo defender en el país y en cada circuito migratorio la riqueza que representa la coexistencia de diferentes sistemas de poblamiento. Si la dinámica colonizadora ha sido impuesta por el mercado mundial, instrumentada por la predominancia del triángulo Bogotá-Medellín-Cali, con una visión cultural andina blanca y mestiza, es necesario valorar las concepciones culturales diferentes del poblamiento: costeña, llanera, amazónica, indígena, negra e isleña, de manera que la nación colombiana construya solidariamente sus espacios pluriculturales y la cultura hasta ahora dominante reconozca el valor de las otras y se relacione con ellas en condiciones de igualdad.
Para cumplir este objetivo es necesario que la cultura dominante alcance la meta de construir la noción cultural del límite (relativo) de su expansión y de la sostenibilidad necesaria para su desarrollo. Que respete los límites de la sostenibilidad ambiental, social, económica y cultural de su desarrollo y aprenda y aprehenda de las culturas nativas la necesidad de establecer esos límites.
Además es necesaria una labor educativa que debe comenzar por la autoeducación del propio Estado y sus funcionarios para el cambio cultural que se propone. Por ejemplo en el discurso de instalación del Congreso de la República el 20 de julio de 1998, el presidente Samper, desconociendo lo que significa el valor de la diversidad étnica y cultural, se opuso con desprecio a los derechos de "unas cuantas familias indígenas", refiriéndose al pueblo Emberá-Katío del Alto Sinú, afectado como los pescadores y campesinos por la represa de Urrá. Siete días antes su gobierno expidió el Decreto 1320 de 1998 sobre "consulta" a las comunidades indígenas, el cual no fue consultado con los pueblos y organizaciones indígenas y ni siquiera menciona el objetivo de las consultas fijado por el Convenio 169 de la OIT: llegar a un acuerdo. Los más altos funcionarios del Gobierno desconocen la Constitución en estos temas.
El ex ministro de Agricultura y hoy asesor presidencial, Dr. Murgas, ha promocionando el modelo agrario malayo. Este, como todo el modelo de plantaciones de palma africana y empresas madereras desarrollado en el sudeste asiático, produjo un notable crecimiento económico en la región, pero a costa de graves daños ecológicos, dificultades y costos enormes para la renovación de los cultivos, destrucción pueblos indígenas, graves conflictos sociales y ahora una gran crisis económica.
Una gigantesca nube de humo cubrió desde agosto de 1997 las islas indonesias de Java, Sumatra y Borneo y la península Malaya. Esta catástrofe ecológica fue solo la punta del iceberg del modelo de "desarrollo" seguido por los llamados Tigres de Asia de la segunda generación: Indonesia, Tailandia y Malasia. La primera generación, Corea del Sur y Taiwán, tuvo en común con la segunda los gobiernos autoritarios y dictatoriales, la presencia económica y militar extranjera y los bajos salarios, pero se diferenció especialmente, porque en Corea y Taiwán se realizaron reformas agrarias tras la segunda guerra mundial. En la segunda generación, el crecimiento económico respetó y fomentó la gran propiedad agropecuaria o realizó reformas que, como la de Malasia, unieron las parcelas campesinas a las explotaciones de los grandes empresarios, a la manera de una aparcería en gran escala.
En los tres Tigres nuevos, se trabaja desde hace más de veinticinco años destruyendo bosques 24 horas al día, para beneficio de empresas madereras y especialmente para establecer plantaciones de palma africana. Se destruyen las condiciones de vida de miles de nativos que no tienen otro remedio que buscar trabajo en las mismas empresas que los han despojado o en las ciudades, obteniendo a cambio salarios de hambre.
En Indonesia tras sangriento el golpe militar de Suharto en 1966, se estableció el "Gobierno del Nuevo Orden" y se expidieron diversas medidas en favor de la inversión extranjera y un Plan de Desarrollo (FYDP) financiado por los bancos internacionales, que consideraban "urgente" el "desarrollo" del sector agropecuario. En 1970 se expidió la Legislación Básica Forestal Nº 15 que se propuso aumentar la velocidad del crecimiento económico volviendo dinero los recursos forestales. El oro verde indonesio atrajo capitales japoneses, coreanos y taiwaneses. El humo que hoy asfixia el sudeste asiático es apenas una muestra del enorme daño causado a la selva, a los suelos y a las comunidades por efecto de esa legislación forestal liberal.
Si los indígenas de Borneo han sufrido y muerto por las tumbas y quemas de las transnacionales, los de Papúa Occidental han sido víctimas de la empresa minera de oro y cobre Freeport y el pueblo de Timor ha sido sacrificado a las petroleras. Pero este infierno se pintó de cielo con la ideología desarrollista. "Cuestionar el concepto de desarrollo o tratar de analizar el problema oculto detrás de él, en Indonesia no sólo es tabú, sino que también es considerado subversivo" anota Setepanus Djuweng|68|. Se ordenó dar paso a la "locomotora del desarrollo" y sacrificarse por él, un ídolo al que se bautizó con la palabra indonesia pembangunan.
La dictadura militar, la monarquía, los militares estadounidenses, la represión, especialmente contra los sindicatos, estudiantes, indígenas y campesinos, la destrucción de los bosques, también han sido el signo de Tailandia donde además se alternaron los cultivos ilegales con los programas de sustitución con caucho y fábricas de condones en medio de las selvas raídas.
Al tiempo en Malasia, gobernada por un Consejo de nueve sultanes hereditarios que eligen 40 de los 70 senadores, se impuso también la retórica desarrollista. El sindicalismo independiente y el derecho de huelga son considerados "traición a la patria". Las protestas campesinas o indígenas en las carreteras se castigan con dos años de cárcel. Malasia ha encontrado verdaderas colonias forestales en los estados de Sabah y Sarawak, al norte y occidente de la isla de Borneo, el resto de cuyo territorio pertenece a Indonesia. Allá viven millón cuatrocientos mil indígenas o "dayak" víctimas de la tala de sus bosques, de la explotación maderera y de las plantaciones palma africana, así como de la construcción de represas y la colonización.
Quienes elogian el "éxito" del "milagro" malayo y su eficiente producción de aceite palma, no nos cuentan que los empresarios de palma en Borneo, encuentran tierra casi gratis despojando a los dayak y destruyendo la selva. Al terminar la vida útil de las palmas, no importa, para eso hay más selva gratis. Se han asignado enormes territorios de los dayak a agencias estatales como la Dirección de Desarrollo Rural, la Dirección de Desarrollo Forestal y las Industrias Forestales, las cuales a su vez las otorgan a las empresas para plantaciones de palma africana, cacao, caucho y para explotaciones madereras.
Se desconoce la propiedad tradicional de siglos de los nativos, quienes han organizado la resistencia, pero la policía ha allanado y censurado las sedes de sus organizaciones y ha tratado de incomunicarlas con el mundo, a la vez que el Gobierno ha financiado una campaña publicitaria internacional de millones de dólares para limpiar su imagen y presentar a Malasia como un "modelo". Sin embargo, desde 1987 con los bloqueos de vías los indígenas penang, keyan y kelabi han logrado paralizar por meses y varias veces a las compañías explotadoras. Los presos por la represión han llegado a medio millar.
Los conferencistas malayos y líderes colombianos que nos presentan a Malasia como modelo a seguir, no nos cuentan sobre la terrible lucha del gobierno malayo y los empresarios agrícolas y forestales contra más de un millón de dayak, pero desde luego sí propician leyes y medidas semejantes a las de Malasia e Indonesia, que provocan desplazamientos de campesinos e indígenas, bajísimos salarios, destrucción del medio ambiente y los ecosistemas de selva tropical y el autoritarismo, requeridos para sus inversiones. Una cortina de humo que lleva a estrellarse con crisis como las del sudeste asiático, así como se estrellaron aviones tratando de aterrizar en Indonesia en medio de la nube llorada por la selva
En 1997 llegó la crisis financiera y bursátil, que se desencadenó en Tailandia y se generalizó luego en toda la región, masificó el desempleo en Malasia, derribó al gobierno de Suharto en Indonesia, provocó la recesión japonesa y hace ahora temblar a todo el mundo. Así se demuestra que ni siquiera el éxito económico es el final de tanta devastación. Destrucción del ambiente, desplazamiento de indígenas, salarios de hambre y autoritarismo, querían justificarse en aras del "desarrollo", pero a la hora de la verdad este modelo tampoco pasó la prueba económica.
El modelo de los Tigres nuevos sí sirvió para que las familias de Suharto, los sultanes, los militares y los terratenientes se enriquecieran y sean hoy accionistas de las transnacionales beneficiarias del desastre. Pero no hay mal que dure cien años, ni planeta tierra que lo resista, a pesar de que en Colombia, como siempre atrasados de noticias, se quiere ahora copiar un modelo viejo, cuando ya de su quema se ve el humo. Por el contrario, lo nuevo será un modelo que valore la diversidad étnica, económica y cultural, respete los territorios indígenas y las economías campesinas.
6. Concertación como Método para la solución de los ConflictosLa estrategia propuesta está mediada por la clara definición de la concertación método para solucionar los diferentes conflictos que están planteados en torno a la colonización. Obviamente esto incluye el desenvolvimiento del proceso de ordenamiento territorial y el uso del suelo, pero además es aplicable al problema específico de la solución del conflicto armado nacional, que en los circuitos de migración se expresa en el establecimiento de zonas de guerra. Los acuerdos parciales entre los bandos enfrentados, el respeto a la población civil y un tratado de paz son metas que se relacionan con el cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos.
El Gobierno de Pastrana ha sido poco propicio a la concertación con las organizaciones sociales. Es necesario remediar ese mal, comenzando con la concertación del Plan Colombia, que se quiere imponer al país, violando las propias normas internas. Los cambios en la legislación laboral y la estructura institucional del Estado no pueden seguir siendo impuestos y deben ser concertados con los sindicatos y otras organizaciones populares.
Además, un tratamiento adecuado al problema de los cultivos ilegales, es imprescindible en este período, pues como se ha demostrado, la mayoría de la colonización se ha comprometido en mayor o menor medida con los cultivos ilegales. Las soluciones ensayadas hasta el momento se basan en la represión (especialmente las fumigaciones) y finalmente conducen a un alza del precio de los productos y del margen de ganancia, que lleva a desplazar los cultivos más lejos, es decir a que la colonización destruya más bosques. La solución represiva y en particular las fumigaciones se han demostrado ineficaces y la fumigación con herbicidas más agresivos que el glifosato aumentaría el daño ambiental.
Existen otras alternativas que requieren lograr la meta de acuerdos internacionales sobre el tema: una es el pago por el cambio de cultivo, para lo cual se necesita el dinero respectivo que podría completarse mediante la cooperación internacional. Otra alternativa es la legalización controlada, que causaría una caía del precio y una reversión de las colonizaciones más lejanas, que generaría la necesidad de inversiones para los desplazados económicos por la pérdida de rentabilidad del narcocultivo. Cualquiera de las alternativas seleccionadas debería instrumentarse en concordancia con las demás estrategias propuestas.
La concertación en niveles nacionales e internacionales requiere como base los procesos de concertación entre los actores sociales en el ámbito local y regional, que dentro de las estrategias propuestas se articulan en el proceso de ordenamiento territorial, que es ante todo un proceso político y social, que asume los conocimientos científicos y técnicos sobre el ambiente y los ecosistemas desde la perspectiva cultural diversa de los actores.
Finalmente, es imposible tratar de ejecutar cualquier política si no se diseña y ejecuta coordinadamente una política para el tratamiento adecuado de los conflictos que afectan las áreas de origen y destino de la colonización. Por ejemplo resulta ridículo proponerse el cierre de la frontera agrícola y a la vez adelantar la fumigación de los cultivos ilegales, que causa que el colono venda las mejoras a comerciantes, narcos o ganaderos y se adentre más en la selva destruyéndola para que sus cultivos puedan escapar de los aviones. La pragmática de las fumigaciones es la ampliación de la frontera de los cultivos ilegales.
Una política de Paz exige afinar e intensificar la planeación estratégica y la participación en su diseño y ejecución de todos los actores. para llegar a la paz hay que partir de la concertación y para defender el ambiente hay que llegar a la Paz.
7. Proyectos concretos regionales sostenibles, integrados por circuitoLa colonización es una expresión sistemática de las relaciones de poder existentes en la sociedad y en particular en nuestro país. En los 60s y 70s la colonización fue vista como la solución al problema agrario. Ahora es vista como el problema. En realidad no ha sido la solución ni es en sí misma el problema, sino parte de la reproducción de un sistema de relaciones políticas y sociales que la sustentan e integran. Una crisis de esas relaciones hace ver la colonización como problema. Pero el problema está en las relaciones políticas y sociales mismas. Se dirá que desde el punto de vista de la defensa del Medio Ambiente la colonización sí es un problema. Pero nuevamente el problema está en las relaciones que la generan y que hacen que, aunque se diseñen políticas ambientales, ellas no se cumplan y contrasten con la realidad. Mientras el Estado define el "cierre de la frontera agrícola", la frontera se expande.
Anteriormente se expusieron cuáles son los circuitos demográficos del país según se desprende del estudio del Censo de 1993. Se propone en consecuencia tratar la cuestión agraria en general, la reforma agraria y la colonización por circuitos de migración y desarrollar la formulación de alternativas y programas que abarquen el conjunto del circuito migratorio, los puntos de salida, llegada y tránsito con todas sus particularidades.. Una política coherente debe atender entonces al conjunto de los elementos estructurales del circuito. Esto nos permitirá además de formular políticas y programas diferenciados, desarrollar el criterio de sostenibilidad, no sólo ambiental en sentido estricto, sino política, social, económico y cultural.
Es necesario el método demostrativo para el avance estratégico. La escasez actual de recursos políticos y económicos para aplicar soluciones en el conjunto de los circuitos migratorios o en al menos un circuito completo, sugiere que es necesario empezar a desplegar las nuevas políticas propuestas mediante proyectos regionales o comarcales localizados, sostenibles ambientalmente, políticamente viables, económicamente realizables, estratégicamente diseñados y desarrollados por concertación de todas las comunidades involucradas.
Dentro de un contexto de demandas crecientes de las comunidades para por su participación en las políticas públicas se ha fortalecido la tendencia hacia la planeación comunitaria, como lo expresan, por ejemplo, los eventos realizados en zonas de colonización, en torno a la aplicación de la Ley 160 de 1994, a las cuales conviene considerar con detenimiento.
Dentro de estas regiones, azotadas por las "guerras de la cocaína", el Departamento del Guaviare ha sido convertido en "el paria de los parias", una especie de "Colombia" dentro del universo nacional, debido al peso desbordante de la narcoeconomía frente a la débil configuración de los demás sectores de la economía regional.
Esta realidad tiene un principio de explicación al observar el despliegue de la estructura productiva del departamento sobre el mapa de la asignación jurídica del departamento sobre el mapa de la asignación jurídica del territorio. En efecto, del total de 5.4 millones de hectáreas que componen el territorio guaviarense, el 7.3% corresponde al área sustraída de la reserva forestal de la Amazonia (Ley 2a. de 1959) y es, por tanto el territorio "legalmente" explotado, con posibilidades de acceder a los servicios financieros y técnicos del Estado. No obstante, la mayor parte de las explotaciones agropecuarias del departamento se extienden más allá del área sustraída de la reserva y buena parte de estos territorios ha sufrido una intensa intervención, la cual ha puesto de presente la fragilidad de una proporción considerable de estos suelos, en especial de la porción del departamento localizada al sur del municipio de Calamar.
Frente al deterioro de los suelos y, en particular el acaparamiento de las mejores tierras dentro del área sustraída, varias veces distintos voceros de la comunidad regional han solicitado ampliar esta sustracción con el fin de titular las tierras que ya están siendo explotadas con el fin de facilitar el acceso a los servicios de desarrollo y el mercado de estas tierras.
Al considerar tanto el deterioro de una proporción importante de estos suelos como el acaparamiento de la propiedad que viene ocurriendo en la región, alimentado por la ampliación de los capitales vinculados con la narcoeconomía, así como la mayor fragilidad de los ecosistemas localizados hacia el sur y el suroriente del departamento se hace mas evidente la necesidad de impulsar una política de racionalización del uso de las tierras en el interior de la frontera agrícola como única manera efectiva de proteger estos espacios. Como lo han reconocido los propios campesinos y colonos de la región, sustraer tierras de la reserva es quitarle fuerza a la propuesta de impulsar, de manera efectiva, la Reforma Agraria y el cumplimiento de la ley.
Por otra parte, la información sobre la composición de los suelos de la región resalta la calidad de las vegas de río, en particular del sistema Guayabero-Ariari-Guaviare, cuyo curso se extiende desde el entorno de la serranía de La Macarena hasta la frontera con Venezuela y constituye así la "última frontera" con potencial productivo agropecuario hacia el sur de la Orinoquia y, por tanto el gran espacio de protección de la Amazonía en su flanco norte. Dentro de esta misma lógica el desarrollo económico e institucional de este territorio como resultado de la configuración y ejecución de un proyecto agroindustrial y pecuario que vincule a los campesinos y colonos de la región dispuestos a asentarse en el área de vegas, particularmente en las localizadas en las márgenes norte y sur del río Guaviare, en torno a Mapiripán (Meta), lo configuraría como una "retaguardia" efectiva de la presencia colombiana en el Amazonas, papel que hasta ahora es cumplido solamente por la zona central del país, con los costos e ineficiencias que ello implica.
Este proyecto constituiría una gran Zona de Reserva Campesina, según lo previsto dentro del Capítulo XIII de la Ley 160 de 1994. Además de estas bases y de los demás instrumentos ya señalados, tendría sustentación en el desarrollo de los ordenamientos productivos previstos en el decreto 1989 de 1989 mediante al cual se determinó la zonificación del área de manejo especial de La Macarena y en el establecimiento del distrito de riego del Ariari dentro de este mismo espacio. Los beneficios que de alli se desprenderían tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de la población local, la protección ambiental para los ecosistemas amazónicos, la provisión de bases para la superación de la problemática generada por la narcoeconomía y el afianzamiento de la gobernabilidad, con sus implicaciones en la salvaguardia de la soberanía nacional.
En esta situación se inscribe la experiencia de los colonos de Tomachipán, alto Inírida, en ese mismo Departamento. Estos pobladores ya habían declarado su comarca como "zona de reserva campesina" desde julio de 1996, antes de expedirse el decreto 1777, y habían formulado un plan de desarrollo propio En abril de 1997 los colonos de todos los municipios y áreas del Guaviare presentaron sus planes de desarrollo para las reservas campesinas. demostrando la solidez y seriedad de sus organizaciones. destacamos el plan presentado por los colonos de Calamar.
La Reserva Campesina del Guaviare fue creada el 18 de diciembre de 1997, el mismo día que fue ampliado el Resguardo de los Nükák. Sin embargo hasta la fecha no se ha cumplido el compromiso celebrado en la audiencia pública de integrar en la Reserva Campesina las áreas que nominalmente son de Reserva Forestal pero que estando colonizadas, quedaron por fuera de la ampliación del Resguardo y no están tampoco dentro de otras áreas solicitadas por los indígenas como Morichal, Santa Rosa, Cerro Cocuy, Santa Cruz y La María. En la audiencia se excluyó la constitución de la Reserva Campesina en Miraflores por decisión unilateral del Gobierno y a pesar de existir propuesta y plan de desarrollo de los campesinos: craso error para efectos de avanzar hacia la paz.
De todos modos, es clara la tendencia a la planeación comunitaria expresada, por ejemplo, en los eventos realizados en zonas de colonización. Otros planes han sido elaborados por las comunidades en San Vicente del Caguán (Caquetá), en el área limítrofe del Chocó con Risaralda, en la hoya del Guamués (Nariño), en Puerto Leguízamo (Putumayo), en Norte y Gutiérrez (Boyacá) Medio y Bajo Caguán, Suncilla y Guayas|69| y muchos otros lugares. También se han producido acuerdos concertados entre comunidades e instituciones como el de El Pato - Balsillas, que se plasmaron en la constitución de la zona de reserva campesina el 18 de diciembre de 1997. Es importante propiciar estos procesos, tanto en las áreas de colonización como en las de origen, integrando experimentalmente programas comunitarios a nivel de circuito migratorio.
Es necesario alcanzar la meta del cumplimiento del Decreto 1865 de 1994 que ordena la formulación de los "Planes de gestión ambiental regional" y busca, entre otras cosas, "articular la gestión ambiental al sistema de gestión pública nacional, en el marco de la descentralización". Lo ambiental debe estar articulado al Sistema Nacional de Planeación. El Ordenamiento Ambiental Territorial es un sistema de planificación dinámico requiere un fuerte impulso, mediante experiencias localizadas exitosas, para convertirse en un instrumento estratégico.Las autoridades del Sistema Ambiental deben entonces priorizar las actividades destinadas a asesorar y apoyar el diseño y ejecución comunitaria de los proyectos sostenibles de los colonos y de las comunidades nativas. Otro tanto cabe señalar a todas las entidades que tengan competencia sobre las áreas de origen y destino de las colonizaciones.
La importancia de destinar todo el presupuesto necesario para unos proyectos pilotos radica en el efecto demostrativo estratégico. Las comunidades necesitan vencer el escepticismo y la frustración que los programas oficiales han generado hasta ahora, especialmente los de substitución de cultivos. Es necesario cambiar la dialéctica de la fumigación, por la de los programas comarcales y regionales con éxito. Como se ha señalado, el primer escalón es reconocer la organización y la planeación, gestión y fiscalización de las comunidades locales y sus propios líderes. ¡Manos a la obra!
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Notas :1.MARIÁTEGUI, José Carlos 1928 "Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana" p. 202.
2. Op Cit. p.p. 201, 209, 212
3. FALS BORDA, Orlando 1988 "La Insurgencia de la Provincias"; Universidad nacional - Siglo XXI editores, p.p. 25-26.
4. TORRES GIRALDO, Ignacio "Los Inconformes", Editorial Laina, Tomo 2, p.p. 552-553.
5. VILLEGAS, Jorge y José YUNIS 1978 "La Guerra de los Mil Días"; Carlos valencia editores, p.125.
6. VILLEGAS et.al. Cit. p.p. 311-312.
7. Lemoin, Carlos; Compañía Colombiana de Datos. Citado por ARANGO, Mariano 1982 "El café en Colombia 1930 - 1958". CIE - Carlos Valencia Editores, Medellín.
8. Cit.
9. FAJARDO, Darío 1979 "Violencia y Desarrollo", fondo Editorial Suramérica, p.157.
10 OQUIST, Paul; citado por Alfredo MOLANO, en "Amnistía y Violencia" CINEP, p.52.
11. Ver por ejemplo: HEATH, John y DEININGER, Klaus 1997 "Implementing negotiated land reform: The case of Colombia". The World Bank, Washington, mec.
12. LORENTE, Luis; SALAZAR, A. Y GALLO, A. 1984 "Distribución de la Propiedad Rural en Colombia 1960 -1984". CEGA, Ministerio de Agricultura.
13. "Propuesta del campesinado", en Economía Colombiana Nº 186, pg.17.
14. IGAC 1988 "Suelos y Bosques de Colombia". Atlas. Bogotá.
15. Por ejemplo ver SIABATO, Tarcisio 1986 "Perspectivas de la Economía Campesina", en "Problemas Agrarios Colombianos", Siglo XXI editores, Bogotá, p.p. 371-401.
16. CURRIE, Lauchlin 1966 "Desarrollo Económico Acelerado". F.C.E. México, 1968.
17. Cit. p.92.
18. Cit. p. 129.
19. Cit. p. 130.
20. WHETEM, Edith 1960 "The Economic Background to Agricultural Policy". Cambridge Uiversity Press, London, pp. 97-98.
21. CURRIE, L. Op. cit. p.53.
22. Cit. p. 95
23. Cit. p .86.
24. Compañía Colombiana de Datos. Citado por ARANGO, Mariano 1982 "El café en Colombia 1930 - 1958". CIE - Carlos Valencia Editores, Medellín.
25. CURRIE, L. Op. cit. p. 51.
26. Cit. p.p. 67-68.
27. CODHES 1999 "Un país que huye, Conflicto armado y desplazamiento interno en Colombia".
28. CODHES, cit.
29. CODHES, cit.
30. Ver BISWANGER, Hans; DEININGER, K y FEDER, G. 1993 "Relaciones de producción agrícolas, poder, distorciones, insurrecciones y reforma agraria". Banco Mundial Washington, mec.
31. Ver BISWANGER Op. Cit.
32. M.E.S.A. 1990 "El Desarrollo Agropecuario en Colombia" Informe Final. Ministerio de Agricultura - DNP, Bogotá.
33. IGAC, Op. Cit.
34. BISWANGER, Op. Cit.
35. BISWANGER et. al.; Op. Cit. p. 56.
36. Citado por ISAACS, Jorge 1884 "Las Tribus Indígenas del Magdalena". Biblioteca Schering Corp. Vol. 99 Bogotá, 1967, p. 52.
37. GAITÁN, Fernando 1997 "Políticas Nacionales de Colonización" Informe Final. Min. Ambiente, mec.
38. Realizado por Héctor Mondragón y Darío Fajardo en 1997.
39. JARAMILLO, J. MORA, Leonidas y CUBIDES, F. 1986 "Colonización, coca y guerrilla". Universidad Nacional, Bogotá, p.p. 63-67.
40. Ver mapa en FAJARDO, Darío et. al. 1997 "Colonización y Estrategias de Desarrollo". IICA p.165.
41. KALMANOVITZ, Salomón 1995 "Análisis macroeconómico del narcotráfico en la economía colombiana", en Drogas, Poder y Región, Vol I "Economía y Política". CINEP, Sf. Bogotá, p.p. 11-58.
42. STEINER, Roberto 1996 "Los ingresos de Colombia producto de la exportación de drogas ilícitas", en Coyuntura Económica, diciembre de 1996.
43. Fresneda, Oscar 1995 "Los derechos sociales en Colombia: Un instrumento para elevar el nivel de vida y superar la pobreza". En "Los Derechos Sociales, Económicos y Culturales Balance y perspectivas". Consejería Presidencial para la Política Social - PNUD, Sf. Bogotá D.C. p. 57.
44. BANCO MUNDIAL 1996 "La Pobreza en Colombia". Ernesto May, coordinador. Tercer Mundo. Sf. Bogotá, p.241.
45. cit. p.59.
46. POLITIS, Gustavo 1996 "Nukak".SINCHI, Sf. Bogotá D.C
47. FRANKY, Carlos, Gabriel CABRERA y Daniela MAHECHA 1996 "Demografía y Movilidad Socio-espacial de los Nukak". COAMA -Earth Love Found - DANIDA -U.E. Sf. Bogotá D.C
48. BANCO MUNDIAL; op.cit. p.p. 14-15.
49. Cit. p.290.
50. Fresneda, O. 1995 p.62.
51. Vicepresidente de Oxy defiende el paquete de ayuda para Colombia "Estados Unidos debe proporcionar el garrote" EL TIEMPO, 18 de febrero de 2000, Bogotá.
52. OCAMPO, José Antonio 1998 "Macroeconomía, Ajuste Estructural y Equidad en Colombia".
53. OIDHACO 2000 "Plan Colombia, una estrategia sin solución", Bruselas.
54. CHAYANOV, A.V. 1925 "La organización de la unidad económica campesina". Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1974.
55."Acta de Alianza", sección 101.2: "insistir en que el Gobierno de Colombia complete las reformas urgentes orientadas a ABRIR COMPLETAMENTE su economía a la inversión y comercio exteriores, PARTICULARMENTE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO, como un camino hacia la recuperación económica".
56. COVERDELL, Paul "Starting with Colombia"; Washington Post, April 10, 2000; p. A 21.
57. EL TIEMPO, cit.
58. WOLFE, Marshall 1983 "El Medio Ambiente en la Palestra Política" en Ecodesarrollo, Inderena- PNUMA, Bogotá, p.p. 292-293.
59. KAIMOWITZ, David 1996 "La economía política de la gestión ambiental en América Latina". Coyuntura Colombiana Nº 49.
60.TAIS, Luis 1987 "Dimensión ambiental en la planificación del desarrollo de los países latinoamericanos". Seminario Ecológico y del Medio Ambiente: Desarrollo y Vida.
61. KAIMOWITZ; Op. Cit. p. 102.
62.INCORA Ejecución Programas Negociación Voluntaria e Intervención Directa 1997 (informe preliminar)". Subgerencia de Desarrollo y Gestión Empresarial, febrero de 1998.
63.DANE, Encuesta de calidad de Vida 1997,tabulados provisionales.
64. Ver: MARULANDA, Beatriz 1998 "Acceso al crédito de los beneficiarios de la Reforma Agraria", Banco Mundial, mec. p.11 y el Informe de la Caja Agraria al Comité de Revisión de la Ley 160, mayo de 1998.
65. CURRIE, L. Op. cit. p.p. 85-86.
66. "UNIDAD DE GESTIÓN PARA LA REFORMA AGRARIA "Criterios técnicos para la asignación de los recursos DRI para el apoyo de la Reforma Agraria 1998".
67. MOSCARDI, Edgardo 1996 "Una Nota sobre el desarrollo Rural en América Latina: De los proyectos de modernización al empowerment de las comunidades campesinas" mec. IICA, Sf. Bogotá.
68. "Desarrollo contra Sustentabilidad: Una cuestión de confrontación ideológica". En IWGIA Asuntos Indígenas Nº 3/96, julio / agosto /septiembre, pg. 52.
69. Ver JARAMILLO; MORA y CUBIDES Op. Cit
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