03sep03

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Comunicado ante las falsas acusaciones contra la Comunidad de Cacarica, su organización CAVIDA y la organización de derechos humanos "Justicia y Paz".

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En opinión de la OBRA EPISCOPAL MISEREOR e.V. las graves acusaciones hechas públicas en rueda de prensa convocada por el General Jorge Enrique Mora Rangel contra la comunidad de desplazados de Cacarica y la "Comisión Intereclesial de Justicia y Paz" carecen de todo fundamento.

A través de una operación militar denominada "Génesis", en 1997 más de 5.000 personas fueron desplazados forzosamente de la Región de Río Cacarica, Municipio de Riosucio, Depto. de Chocó. Bajo violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario los afectados fueron obligados a abandonar en forma permanente sus tierras de origen. Pese a las continuadas violaciones de sus derechos durante el exilio de cuatro años en Turbo, Bocas del Atrato y Bahía Cupica, más de 1.500 de ellos (en su mayoría de origen afrocolombiano), decidieron volver a la región de su origen. Del gobierno colombiano exigieron amplias garantías, sobre todo el reconocimiento de su decisión de no involucrarse directa ni indirectamente con ningún actor armado y el reconocimiento de zona desmilitarizada para su "Comunidad de Autodeterminación, Vida , Dignidad del Cacarica CAVIDA". Por otra parte, se acordó un detallado convenio entre el gobierno colombiano y la comunidad respecto a la reconstrucción de bienes destruidos y las comunidades exigieron reparación moral por el desplazamiento y por los mas de 80 asesinados y desaparecidos . Hasta el día de hoy esto no ha sido cumplido por parte del Estado. Tanto la comunidad como representantes internacionales presentes en el lugar han informado sobre constantes ataques de militares y paramilitares, especialmente en los últimos meses, y sobre la destrucción del bosque nativo por parte de la empresa Maderas del Darién, sin que se haya adelantado alguna acción efectiva para detener el ecocidio en los territorios titulados por ley 70 de 1993 a las comunidades.

En una rueda de prensa, convocada en la sede de la Comandancia de las Fuerzas Militares, el 21 de agosto de 2003 el General Jorge Enrique Mora Rangel manifestó que ha recibido denuncias de que la organización no-gubernamental "Justicia y Paz" mantiene detenidos a los habitantes de los asentamientos "Nueva Vida" y "Esperanza en Dios" (región de Cacarica) en zonas cercadas y que exige permisos especiales para entrar y salir de la zona. A saber y entender de Misereor esto no corresponde a la verdad. Diferentes visitas de personal de Misereor a la región han permitido hacerse una idea de la situación. Las cercas existentes en las zonas humanitarias (los asentamientos) sirven de límite y protección contra personas armadas, pertenecientes a los diferentes grupos. La comunidad decidió por sí misma construir el cerco y llevó a cabo los respectivos trabajos, dado que las garantías estatales y las obligaciones de respeto de los derechos humanos no eran cumplidas. Justicia y Paz no tuvo nada que ver con esta decisión ni efectuó los trabajos. La comunidad y su organización "CAVIDA" se ha constituido en comunidad de "Autodeterminación, Vida, Dignidad" y no desea actores armados en su zona. Dada la intensiva presencia de militares, paramilitares y de la guerrilla en la región se reserva el derecho de prohibir la entrada a determinadas personas. En forma expresa la comunidad ha solicitado la acción de instituciones civiles en la zona, lo cual es parte del convenio acordado entre el gobierno y la comunidad en el año 1999, que el gobierno colombiano no ha cumplido en su totalidad hasta el momento. Sólamente hay una representante de la Defensoría del Pueblo, lo cual está muy por debajo de las necesidades.

Por otra parte y en el marco de la rueda de prensa anteriormente mencionada, una abogada expresó que Justicia y Paz ha convertido a la región prácticamente en una paraestado y que en la zona se encuentran representantes permanentes de las FARC. Tampoco estas acusaciones corresponden a la verdad. Justicia y Paz apoya a la comunidad en su trabajo por los derechos humanos y en sus reclamos por una total desmilitarización de los lugares en donde se encuentra la población civil de parte de todos los actores y la presencia de entidades estatales de carácter civil, de acuerdo con el Derecho Humanitario. Esto ha sido acentuado repetidamente por representantes de la comunidad y está considerado como condición para el trabajo conjunto. Además ello coincide con los informes y observaciones sobre la situación de los derechos humanos presentados por las Brigadas Internacionales de Paz. En los últimos años se ha hecho un seguimiento constante a través de la Comisión Mixta de Verificación, y en concreto de la Subcomisión de Protección, donde se han puesto en conocimiento pleno todos los riesgos de seguridad que enfrenta la población civil en medio del conflicto armado.

Por último en la conferencia de prensa del 22 de agosto se declaró que Justicia y Paz ha malversado dinero de un proyecto de construcción de viviendas. De acuerdo con la información que nosotros tenemos de este proyecto que ha sido comunicada por la comunidad del Cacarica a la comunidad internacional, en las oficinas del Banco Agrario de Colombia y en la Red de Solidaridad Social reposan 8 tomos de informes minuciosos sobre la ejecución de dichos recursos y las comunidades han pedido, además, desde el año anterior, en reuniones de la Comisión Mixta de Verificación, donde hay presencia de la comunidad internacional, que el mismo gobierno haga público el estado de dicho proyecto de acuerdo con los informes que Justicia y Paz oportunamente ha suministrado. Es totalmente incomprensible que una instancia estatal se preste a efectuar públicamente una acusación tal, antes de haber emprendido los caminos legales correspondientes. No sólo este no es el camino adecuado para aclarar tal afirmación en un estado de derecho sino que la forma y el momento en que se ha hecho le dan el carácter de calumnia.

Sobre la base de nuestras experiencias y de las informaciones con que contamos, exigimos a los militares y a todas las entidades gubernamentales responsables:

• retirar todas las acusaciones no comprobadas y presentar a la prensa también las versiones contrarias,

• entregar una declaración pública de honor a CAVIDA, a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y a todo su personal,

• tomar medidas para proteger a la comunidad de Cacarica dentro del marco del convenio existente garantizando la presencia permanente de entidades civiles del Estado y acabar con los ataques militares a la zona,

• asumir de inmediato las obligaciones para con la comunidad hasta ahora no cumplidas, especialmente en las áreas de seguridad, educación, salud, reparación y justicia.

Misereor e.V.
Stefan Ofteringer
Encargado de Colombia
3.9.03

Este documento ha sido publicado el 30nov03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights