EQUIPO NIZKOR |
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22mar05
Es urgente esclarecer las masacres en San José de Apartadó y brindar seguridad a la comunidad de paz.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en cumplimiento de su mandato, se permite hacer las siguientes consideraciones sobre los trágicos acontecimientos sufridos recientemente por la comunidad de paz de San José de Apartadó:
1. Contra los miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó se han cometido, a lo largo de casi una década, serios y graves crímenes. La mayoría de estos crímenes aún no se han esclarecido. Es necesario que el Gobierno y las autoridades pertinentes tomen medidas adecuadas para que esta impunidad no continúe.
2. La presencia integral de las autoridades del Estado en el territorio colombiano es necesaria para garantizar y proteger los derechos fundamentales de todos los que habitan en el país.
3. La investigación de los delitos cometidos en el área de la comunidad de paz de San José de Apartadó corresponde, tal y como es propio de un Estado de Derecho, a la Fiscalía General de la Nación.
4. La Oficina confía en que el Fiscal General de la Nación, con el apoyo del Procurador General de la Nación y del Defensor del Pueblo, pueda esclarecer cuanto antes la trágica muerte de ocho civiles, entre ellos cuatro niños, ocurrida el pasado 21 de febrero.
5. La Oficina confía también en que los miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó prestarán su colaboración a las autoridades judiciales encargadas del proceso, y que estas garantizarán la seguridad y la tranquilidad de los testigos y familiares de las víctimas.
6. Mientras no haya una decisión judicial que declare a determinadas personas como responsables de esos delitos, es aconsejable abstenerse de hacer afirmaciones que puedan poner en peligro la vida o la integridad física de los miembros de la comunidad de paz, o que provoquen su desplazamiento forzado. La Oficina sugiere que se actúe con prudencia en el manejo de la información pública relacionada con la comunidad de paz de San José de Apartadó.
7. Es responsabilidad del Estado colombiano implementar todas las medidas necesarias para proteger, individualmente y en conjunto, a los miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó, conforme a lo solicitado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Constitucional de Colombia. La Oficina confía en que la vida y la integridad de los miembros de esa comunidad sean protegidas y garantizadas a través de medidas estatales adecuadas, respetuosas y concertadas con la comunidad.
Bogotá D.C., 22 de marzo de 2005
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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