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22mar05
Nueva arremetida presidencial contra la Comunidad de Paz de San José de Apartado.
La Corporación jurídica Libertad en su condición de organización acompañante del proceso de Comunidad de Paz de San José de Apartadó se permite manifestar lo siguiente en relación con la declaración pública suministrada el 20 de marzo del presente año por el Presidente de la República, Doctor Alvaro Uribe Vélez
1. Nuevamente el Presidente de la República arremete públicamente contra la Comunidad de Paz, intentando enlodar la transparencia del proceso y de paso desviar la atención generada por los señalamientos que se han realizado en contra de integrantes de la Brigada XVII como autores directos de la masacre ocurrida el 21 de febrero de 2005. De su declaración se desprenden dos situaciones delicadas: Señalamiento a los líderes de la comunidad y organizaciones nacionales e internacionales que acompañamos el proceso de poseer vínculos con actividades al margen de la ley y falta de colaboración de los integrantes de la comunidad con las autoridades públicas.
2. La falta de colaboración que reclama el primer mandatario obedece a ciertas condiciones específicas que la opinión pública debe tener presentes por cuanto no dan cuenta de una intención deliberada de negar cierta legitimidad del estado. Se rechaza la presencia de la fuerza pública en tanto en San José ésta no es garante del respeto de los derechos fundamentales, sino que por el contrario, la actividad desarrollada por el ejército, en muchas ocasiones de la mano de grupos paramilitares, ha ocasionado más de 130 homicidios durante los ocho años de existencia de la Comunidad de Paz. En estas condiciones difícilmente podría aceptarse que estos cuerpos armados se encuentren legitimados para asumir la garantía de la seguridad de los pobladores de San José.
3. No se permite la presencia de la fuerza pública en los espacios vitales de la Comunidad de Paz, al igual que no se permite la presencia de los paramilitares o la guerrilla, por cuanto con ello se viola el principio de distinción previsto por el Derecho Internacional Humanitario.
4. La falta de colaboración con la justicia se encuentra marcada por una profunda y endémica situación de impunidad que gobierna los atentados soportados por la Comunidad de Paz, los cuales rondan en estos últimos ocho años una cifra cercana a los 500 crímenes de lesa humanidad. En aquellas oportunidades que la comunidad ha prestado su concurso para ayudar al esclarecimiento de los crímenes, como sucedió luego de ocurrida la masacre de la vereda La Unión en el año 2000, cuando suministraron docenas de declaraciones con la intención de lograr castigo para los culpables, sin que hasta el momento se presente algún tipo de resultado en los procesos disciplinarios y penales. Muchas de las personas que declararon fueron posteriormente amenazadas de muerte y otras fueron asesinadas.
5. En relación con los señalamientos de vinculación de algunos de sus líderes con la guerrilla de las Farc, en no pocas ocasiones hemos denunciado los montajes adelantados por la brigada XVII para intentar realizar inculpaciones a través de la utilización de testigos pagos y de la tortura para intentar que personas detenidas como presuntos insurgentes declaren en contra de estas personas.
6. Frente a los señalamientos en contra de los acompañantes, resulta pertinente indicar que quienes adelantamos esta actividad, necesaria y vital para el mantenimiento del proceso de Comunidad de Paz, nos encontramos plenamente convencidos de su transparencia y legitimidad, al tiempo que respetamos y valoramos su capacidad de determinación y autonomía . Nos encontramos convencidos de la justeza de la propuesta como mecanismo válido para evitar el desplazamiento forzado y el involucramiento en el conflicto armado que desde hace varias décadas padece la región de Urabá.
7. Lo que realmente resulta sospechoso es por qué motivo el Presidente Uribe evita hacer algún tipo de alusión a la última masacre y a los persistentes vínculos entre el accionar de grupos paramilitares y fuerza pública, que han sido denunciados por esta Comunidad ante diferentes instancias internacionales y le ha valido que en su favor se dicten medidas de protección por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además ha solicitado reiteradamente al gobierno nacional que investigue estos nexos y sancione a los agentes oficiales comprometidos en dicha actividad delictiva.
8. Ante la opinión pública manifestamos nuestra decisión inquebrantable de continuar apoyando el proceso de Comunidad de Paz de San José de Apartadó a pesar de todos los intentos que desde el gobierno nacional se vienen adelantando para intentar aniquilarlo, bien a través del accionar ilegal, o bien por intermedio de las diferentes acciones de estigmatización e intimidación que se vienen adelantando.
Medellín, marzo 22 de 2005
Corporación Jurídica Libertad.
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