26feb05

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Constancia histórica de la masacre en San José de Apartadó .

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Ante el desconcierto y la indignación, reproducimos el texto entregado al Estado y Gobierno Colombiano, como expresión de nuestra constancia histórica y censura moral por el bárbaro asesinato del que fue víctima la comunidad de Paz de San José de Apartadó en los cuerpos de Luis Eduardo Guerra y 6 personas mas, entre ellos tres menores de edad y tres adultos, por parte de la Brigada XI del Ejército.

Doctor Francisco Santos
Vicepresidente de la República

Doctor Edgardo Maya Villazon

Doctor Volmar Perez

Reciban un respetuoso saludo.

Nuestra Constancia Histórica y Censura Moral ante los daños irreparables cometidos por miembros de la Brigada XI del Ejercito Nacional contra 7 campesinos que habitaron en el corregimiento de San José de Apartadó, entre ellos tres menores de edad. Todas y todos fueron amenazados de muerte, detenidos arbitrariamente, torturados y asesinados, y luego enterrados en dos fosas.

Hoy sábado en horas de la mañana hemos tenido la confirmación de que los restos que se encontraban en dos fosas comunes eran los Luis Eduardo Guerra, reconocido coordinador y defensor de derechos humanos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, 30 años, Sandra Milena Muñoz Pozo de 24 años Bellanira Areiza Guzman de 17 años, Deiner Andres Guerra de 11 años Santiago Tuberquia Muñoz, de 2 años, Natalia Andrea Tuberquia Muñoz de 6 años.

Como ha sido de conocimiento a través de la Comunidad de Paz y organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos, el lunes 21 de febrero Luis Eduardo fue detenido arbitraria e ilegalmente por hombres armados que se identificaron como integrantes del Ejército Nacional, Brigada XI, en los alrededores del caserío de Mulatos. Los uniformados amenazaron de muerte a los campesinos, expresando que los iban a asesinar. Dos días después varios pobladores informaron del hallazgo de una fosa común en la que se observaron los restos de uno de los niños, Deiner Andres.

De acuerdo con lo que hemos conocido a través de acompañantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el día viernes 25 en horas de la tarde fueron encontradas dos fosas comunes. En ellas se encontraron los restos de las personas que han sido un signo de esperanza y de vida para San José de Apartadó y para muchas comunidades en Colombia y la humanidad.

El próximo 23 de marzo serán, 8 años desde que nació la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Desde su mismo nacimiento esta experiencia ha vivido una persecución, que no dudamos en calificar de sistemática. Las estrategias militares estatales-paraestatales han estigmatizado, perseguido sistemáticamente a sus integrantes, bajo el argumento de enfrentar a la guerrilla de la FARC. Amenazas de muerte, bloqueo económico, falsas acusaciones, torturas, desapariciones, asesinatos selectivos, masacres, desinformación mediática han sido parte de las técnicas de control y de represión que han pretendido destruir una iniciativa de la población civil de autonomía en medio de la confrontación armada, de afirmación de la verdad en medio de la mentiras institucionales, de afirmación de la justicia en medio de la impunidad y de la dinámica de institucionalización paramilitar en la región.

Hace menos de un año, en mayo de 2004, el presidente Alvaro Uribe Velez, en visita a Apartadó, se expresó contra la Comunidad de Paz y los acompañantes internacionales, dejando no solamente una estela de dudas sobre esta experiencia, sino al tiempo avalando una serie de abusos de autoridad, que encontraron su aval en las expresiones del primer mandatario, Supremo comandante de las Fuerzas Militares de Colombia.

Algunos de ustedes, como nuestra Comisión de Justicia y Paz, conocieron a Luis Eduardo Guerra, campesino, gestor de la experiencia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Ustedes conocieron la rectitud, la honestidad y la transparencia de su vida y de sus palabras, lo que ha sucedido en san José de Apartadó es grave y absolutamente repudiable, la defensa institucional no puede realizarse a merced de la mentira y de la ceguera ante los abusos de poder.

Los cuerpos sin vida encontrados en dos fosas comunes son los de Luis Eduardo, su compañera e hijo, la de los niños y los adultos, corresponden a los que fueron detenidos arbitrariamente por agentes estatales. Hoy estamos siendo testigos, una vez más de una expresión de terror institucional, de inconmensurables dimisiones que debe generar en la conciencia institucional no solamente su repudio sino la necesidad de un replanteamiento a fondo de una política de seguridad que continua sustentando su razón de ser en el ataque a la población civil.

De la amenaza de muerte, se pasó a la detención arbitraria, de la amenaza a la realización del acto cobarde de asesinar de forma cruenta y en total estado de indefensión a niños, adultos y a una persona como Luis Eduardo, que representó a nivel nacional e internacional a la Comunidad de Paz. Estamos ante la absoluta ausencia de garantías, los remedos bajo los cuales el Estado ha obrado se han desecho, estamos ante el desbordamiento absoluto de la autoridad y de la fuerza. Si esto sucedió con Luis Eduardo, reconocido coordinador de la Comunidad de Paz que se ha entrevistado con las altas instancias desde el gobierno del Presidente Ernesto Samper Pizano, pasando por el de Andres Pastrana Arango y el actual Alvaro Uribe, exigiendo la protección de su comunidad, ¿qué se puede esperar, de aquellos miles de anónimos para las esferas de gobierno, para los militares que en una suerte de obediencia ciega, amenazan, detienen, torturan y matan como borregos lógicos o mejor sin razón?

La actuación institucional refleja la ausencia absoluta de respeto al cuerpo humano, la negación absoluta del respeto a los mínimos de la dignidad humana por parte de los agentes del Estado en un contexto de conflicto armado interno.

La actuación de sus victimarios refleja la degeneración absoluta de la guerra estatal. Una guerra que no se ha dirigido contra los armados sino contra campesinos inermes que han cometido, a los ojos de la institucionalidad, el delito de pensar, de construir, de afirmar alternativas a la guerra. Sus victimarios no solo destruyen la vida humana, sus técnicas criminales son bárbaras, reflejan odio e impulsos irracionales en prácticas proscritas por la conciencia de la humanidad, que se asemejan a la de los campos de concentración en Alemania o de las experiencias de las dictaduras del cono sur. Su capacidad de mentir pretende atribuir al otro polo de la guerra sus crímenes, mediáticamente esta mentira que se hace verosímil, encubre la deslegitimación de la autoridad.

No existen palabras para expresar el hondo, el profundo daño que ya se ha causado a la Comunidad de Paz, a la conciencia moral de la humanidad. Pero tal vez, lo que más conmoción produce es la posibilidad, es la certeza de conocer, que estos crímenes reflejan el Estado de Hecho que se ha ido instaurando en Colombia.

La detención arbitraria de Luis Eduardo y la amenaza de muerte, era tal vez previsible en las lógicas de seguridad de hoy. Era inesperable, sin embargo, o nadie podría imaginar tamaña barbaridad el haberlo asesinado con 6 personas más y enterrarlos a todas y todos en dos fosas comunes. No hay sindéresis, todo es irracional. Detener arbitrariamente, amenazar de muerte, desaparecer y asesinar a un hombre transparente, coherente con lo que construyó a través de la Comunidad de Paz, es absolutamente desbordado.

El asesinato colectivo ha sido una decisión criminal absolutamente cobarde y banal, síntoma de temor que inspira al poder cuando se ven descubiertos en sus mezquinos propósitos o en su gesta de barbarie. Hoy no existe el más mínimo pudor, el más mínimo intento de diferenciarse de estructuras criminales. Pasa en Arauca, en el bajo Atrato Chocoano, en el Cauca, en Cundinamarca, en Nariño. Se repite una y otra vez. No es un accidente, es un modo de pensar y de actuar. Lo ejecutado bajo la institucionalidad se mimetiza en lo irregular, lo ejecutado bajo la institucionalidad se justifica en el combate legítimo, lo ejecutado bajo la institucionalidad se atribuye al enemigo militar.

En la nueva masacre de San José de Apartadó, se percibe la tragedia de este país, la implementación de una política de seguridad que no tiene límites, pues el Derecho es el Hecho. No hay distinción, no hay regulación, no hay garantías, no hay protección, solo terror.

Ante los signos evidentes de la erosión del Estado de Derecho, nos unimos a las exigencias de la Comunidad de Paz, exigencias que son una Constancia Histórica y para nosotras y nosotros los creyentes una Censuro Moral.

"Todos son perros mudos, no pueden ladrar, son perros voraces, no conocen hartura. El justo perece, y no hay quien haga caso; los hombres buenos son arrebatados y no hay quien lo considere" (Is 56,10-11; 57,1)

Esperando, que por lo menos, ahora, por lo menos hoy sea posible la justicia ante mas de 150 crímenes de lesa humanidad cometidos contra la Comunidad de Paz.

Con profundo dolor e indignación,

Bogota, D.C Febrero 26 de 2005
Comision Intereclesial de Justicia y Paz

DDHH en Colombia

Este documento ha sido publicado el 02mar05 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights