 | Este documento ha sido publicado el 02mar05 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |
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25feb05
El Presidente Uribe Velez había amenazado a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
El lunes 21 de febrero fueron asesinados, por personal uniformado y armado que se identificó como perteneciente a la Brigada XI del Ejército Nacional con sede en Montería, Luis Eduardo Guerra Guerra, de 35 años de edad, líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
y miembro del Consejo Interno desde los inicios del proceso; su compañera Bellanira Areiza Guzmán de 17 años, a quien hace tan sólo unos días se había unido; su hijo Deiner Andrés Guerra de 11 años, quien había sido herido el 11 de agosto de 2004 con una granada dejada
por el Ejército; Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano de 30 años, líder de Mulatos y miembro del Consejo de Paz de la zona humanitaria de Mulatos; su compañera Sandra Milena Muñoz Pozo de 24 años y sus hijos Santiago Tuberquia Muñoz de 2 años y Natalia Andrea Tuberquia Muñoz de 6 años.
El martes 22 de febrero se registraron bombardeos indiscriminados contra las veredas Bellavista, Alto Bonito y Buenos Aires. Estos graves hechos ocurren cuando la Comunidad de Paz se prepara para conmemorar el próximo 23 de marzo, el octavo aniversario de su establecimiento, en la búsqueda pacífica de alternativas para crear espacios diferentes en medio de la guerra. Cuando comenzaron eran sólo 350 personas; hoy son más de 1.300, a pesar de que han sido innumerables las vejaciones y atropellos que han sufrido, la gran
mayoría realizadas por la Fuerza Pública en acción conjunta con los paramilitares. Hoy se suman más de 153 asesinatos y más de 388 violaciones de derechos humanos.
El presidente de la República, Álvaro Uribe, arremetió contra la Comunidad de Paz el 27 de mayo de 2004, cuando declaró, en un consejo de seguridad en Apartadó:
"Quiero hacer este comentario: la llamada Comunidad de Paz de San José de Apartadó. En Colombia no debe haber un centímetro del territorio excluido de la presencia de las instituciones. Cuando empezó este Gobierno expresé claramente que en San José de Apartadó y en todos los sitios de la Patria debería hacer presencia el Ejército, la Policía, acompañar a la Fiscalía cuando tome la decisión de hacer presencia. Seguimos con muchas dificultades porque algunos de los directivos de esa comunidad, incluso estimulados por presencia extranjera, obstruyen la justicia".
"Nosotros estamos dispuestos a apoyar a la Fiscalía con nuestro Ejército y con nuestra Policía, para que la Fiscalía pueda administrar justicia en San José de Apartadó, donde se sigue presentando un corredor de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)"... Insistió en que "si la autoridad tiene que llevar a la cárcel a alguno de estos directivos por obstrucción de justicia, que los lleve a la cárcel".
Uribe recalcó entonces que "los extranjeros que estén obstruyendo la administración de justicia en Colombia" no cuentan con inmunidad alguna, pues aclaró que "aquí los colombianos y los extranjeros tenemos que cumplir con la Constitución y las leyes". "Es muy claro: le reitero la sugerencia al DAS (Departamento Administrativo de Seguridad, policía secreta) y a la Policía, respetuosa, de que si estas personas vuelven a obstruir la justicia, los metan a la cárcel y si hay que deportarlos, se deportan", remarcó.
[Fuente:Agencia Prensa Rural, Medellín, 25feb05]
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