Apreciados colegas:
Acabo de recibir del señor Carlos Arturo Marulanda, quien firma como Embajador de Colombia, una invitación para asistir a una ceremonia en la cual se le entregará a cada uno de ustedes una medalla y una condecoración de "Gran Oficial de la Orden de San Carlos" el próximo martes 18 de Marzo.
Quiero comunicarles que pienso ignorar esta invitación y, muy respetuosamente, quisiera sugerirles que renunciasen a recibir esta condecoración por las siguientes razones:
1. El Parlamento Europeo en su conjunto ha asumido durante todo el año pasado una posición muy coherente y muy enérgica en materia de defensa de los derechos humanos en Colombia, considerado, hoy en día, como el país de América Latina y tal vez del mundo en el cual se cometen más violaciones en esta materia. Tres resoluciones de urgencia sobre este país fueron adoptadas en 1996. El 20 de febrero del presente año nuestra Asamblea adoptó una nueva resolución en la cual incluyó Colombia en la lista de los diez países por los cuales recomienda a los Estados miembros asumir una posición enérgica en la 53 sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que acaba de abrirse en Ginebra. Esta posición del Parlamento Europeo, a diferencia de la que adoptó Estados Unidos en materia de descertificación, ha sido bien acogida en Colombia. Las editoriales de los periódicos, incluídos los más conservadores de este país, han sido casi unánimes en afirmar que ya no se puede responder con medidas cosméticas a las preocupaciones del Parlamento Europeo, sino resolviendo con medidas de fondo el respeto de los Derechos Humanos. Otros organos de la Unión nos han seguido en esta linea. En carta fechada el 11 de Diciembre, el señor Dick Spring, Presidente de la Unión en ese momento, expresó su "gran preocupación" por los hechos ocurridos en la hacienda "Bellacruz", y se declaró "horrorizado" por el asesinato a mano de paramilitares, de tres hermanos de una misma familia campesina, la familia Toscano.
La ceremonia a la cual estamos invitados, por su ambiguedad, altera las medidas adoptadas por nuestra Asamblea. Aunque ustedes acudan a este acto a título individual, sin haber sido designados por ninguna Delegación ni por el Parlamento Europeo, el hecho de que las cuatro personas invitadas a recibirla sean la Presidenta de la Delegación para las relaciones con los países de América del Sur y sus tres predecesores da al acto una falsa apariencia de oficialidad, y podría hacer creer que hay posiciones contradictorias entre los diversos organos del Parlamento Europeo, lo cual no es cierto.
2. Nuestra Delegación ha estado siguiendo de cerca la evolución del conflicto agrario existente en la hacienda "Bellacruz", en particular el desalojo violento de los campesinos por un grupo paramilitar y el incendio de sus 260 casas el 14 de febrero de 1996. Miembros de nuestra delegación que han visitado Colombia a finales de septiembre de 1996, han recibido de las víctimas y de organizaciones no-gubernamentales testimonios y evidencias de que estos eran tan sólo un nuevo un capítulo de una larga historia de expulsiones y violencia que caracteriza la región desde 1946, cuando la familia Marulanda, originaria del departamento de Caldas, llegó al sur del Cesar y constituyó su latifundio. Las víctimas señalan al ex-embajador de Colombia en Bruselas como autor intelectual de todos estos hechos. La Cámara de Comercio de Bogotá, consultada el 29 de Julio de 1996, certificó que el ex-embajador Carlos Arturo Marulanda es titular del 12,5% de la sociedad "Marulanda Ramirez de Inversiones S.A.", propietaria de la hacienda "Bellacruz". Su madre y sus tres hermanos poseen el resto de las acciones de esta sociedad familiar. Ante la multiplicación de asesinatos de campesinos, entre los cuales había varios dirigentes de su organización ANUC-UR, en los meses que siguieron al desalojo, el pleno del Parlamento Europeo hizó suya la preocupación de los miembros de la Delegación, e incluyó en su resolución del 24 de octubre de 1996 un parágrafo específico sobre este caso. En los quince días que siguieron a la adopción de esta resolución, en respuesta a una exigencia en este sentido formulada por su gobierno, el ex-embajador presentó su renuncia.
3. Contrariamente a lo afirmado por el ex-Embajador Marulanda en carta dirigida al señor Galeote en octubre de 1996, este problema está lejos de haber encontrado una solución. A pesar de haber ganado jurídicamente, ante el Consejo de Estado, el pleito agrario que les enfrentaba a los dueños de la hacienda "Bellacruz", estas familias campesinas han tenido que exiliarse a más de 600 kilómetros del sur del Cesar de donde son oriundas, porque en el año que siguió al incendio de sus casas, los paramilitares asesinaron a 36 miembros de su comunidad. Estos crímenes han quedado en la más absoluta impunidad. El ejército se ha negado a hacer efectivas las 20 órdenes de captura emitidas por la Fiscalía General de la Nación. Hoy, en la hacienda "Bellacruz", operan cinco bases paramilitares y una base militar.
En la carta mencionada, el ex-embajador anunció la compra por parte del Estado colombiano de 3.000 hectareas destinadas al reasentamiento de las víctimas. Hasta hoy sólo se ha entregado un total de 750 hectareas, lo cual es del todo insuficiente, razón por la que, desde finales de febrero, los campesinos han tenido que ocupar nuevamente las oficinas de entidades públicas en Bogotá para exigir que se cumplan los acuerdos que firmaron con el gobierno colombiano para su reasentamiento y su seguridad.
Y los asesinatos continúan. Hace menos de una semana, el 7 de Marzo de 1997, los paramilitares asesinaron en su oficina de Bogotá, al Secretario General de la Organización de trabajadores del campo FENSUAGRO, Victor Julio Garzón Hernandez, casado y con una hija de corta edad.
Todas estas razones me llevan a solicitarles nuevamente, para no permitir que se desdibuje la acción de nuestra Delegación y del Parlamento Europeo en materia de Derechos Humanos en Colombia, que no accepten la condecoración que esta prevista les sea otorgada el próximo 18 de Marzo.
Atentamente,
Maria Sornosa Martinez
Estrasburgo, 14 de marzo de 1996.