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26ene10
Siete militares colombianos son llevados a juicio por el asesinato de Edwin Legarda
Siete militares colombianos miembros del batallón José Hilario López serán llevados a juicio este lunes por la muerte, el 16 de diciembre de 2002, de José Edwin Legarda Vásquez, esposo de una líder indígena crítica del gobierno de Álvaro Uribe.
La Fiscalía colombiana recordó en un comunicado que el esposo de Aida Quilcué, fue asesinado por militares que argumentaron que el originario hizo caso omiso a la orden de detención en un retén cerca a la población de Totoró, Departamento del Cauca (suroeste) por lo que abrieron fuego contra el vehículo que conducía.
"Los acusados deberán ser sometidos a juicio, que se cumplirá en el Juzgado Segundo Penal Especializado de Popayán (suroeste), tras la imputación", según un mensaje de ese despacho judicial.
Legarda y su esposa encabezaron una gigantesca marcha en Totoró en contra del gobierno del presidente Álvaro Uribe por los atropellos que recibe la comunidad aborigen y la falta de derechos.
El sargento Alexis Ramírez, el cabo Javier Adolfo Osorio y los soldados Numar Armido Buitrón, Lisandro Caicedo, Javier Francisco Belalcázar, William Weimar Lemeche y Andrés Casso Chate, se encuentran detenidos desde mayo de 2009.
La muerte de Legarda se llevó cabo un día después de que su esposa participara en la presentación, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), del Informe Periódico Universal de Colombia que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza.
Tres días después del hecho, el representante para la Corporación para la Defensa de comunidades indígenas, Juan Camilo Acevedo, aseguró en una entrevista exclusiva para teleSUR que esta situación fue planificada, pues la camioneta tenía 16 impactos de bala en manera diagonal a la cabina donde iba el conductor.
Acevedo aseguró que los fusiles encontrados en la camioneta fueron sembrados, y detalló que cuando se da la emboscada, Edwin Legarda logra salir y detiene el auto 800 metros después por sus heridas.
Los soldados que irán a juicio forman parte de los más de 10 mil campesinos que fueron ingresados al Ejército colombiano a finales de 2003, en el marco de un programa que buscaba incrementar las fuerzas militares en todo el territorio.
"Por determinación del Juez, esas personas están detenidas en las instalaciones de la Brigada 29 del Ejército", añadió la Fiscalía.
Los pueblos originarios son duramente atacados por el Gobierno colombiano, son más de mil 244 casos los que se han presentado en los últimos siete años ante la justicia, la gran mayoría de ellos aún están impunes.
Organismos internacionales han expresado su preocupación por la violación de los derechos de los originarios en este país suramericano. Una de las primeras en manifestar su inquietud fue la Unión Europea (UE).
Este bloque pidió al Gobierno de Colombia, a través de un comunicado, que continúe sus esfuerzos para esclarecer rápidamente las circunstancias de la muerte de Legarda, a la vez que solicitó que los responsables "sean juzgados y castigados".
En línea con las recomendaciones de la ONU para Colombia, la UE también instó a sus autoridades a que empleen los "mecanismos apropiados para asegurar la protección" de los líderes y las organizaciones que defienden los derechos de los indígenas, tanto en el departamento del Cauca como en el resto del país.
Asimismo, de forma general la UE pidió que extiendan esa protección a los promotores de los derechos humanos en Colombia, y que asuman las responsabilidades que incumben a los Estados en el contexto de la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
[Fuente: Telesur, Caracas, 26ene10]
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