27may03

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Concertación sin justicia y pragmatismo político mientras avanza la agroindustria con la seguridad militar abierta y encubierta.

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El desarrollo de la estrategia de Seguridad Democrática se ubica en la esfera de la institucionalización de la fuerza, copamiento militar de todas las esferas de la vida civil, control territorial, "monólogo" parainstitucional evitando la confrontación militar, inversión agroindustrial y de agentes privados en Territorios Colectivos, olvido e impunidad.

Meses antes que se conociera la política de la Seguridad Democrática, las comunidades afrodescendientes del Jiguamiandó y las 9 comunidades desplazadas del Curbaradó en un acumulado de experiencias vividas desde 1.996 por masacres colectivas, y luego por el desplazamiento forzoso de la mayoría hacia Pavarandó y de otros que ocultos entre la selva lograron sobrevivir a las operaciones armadas regulares y encubiertas desarrolladas por la Brigada XVII, en una zona estratégica en el conflicto armado interno entre el Estado y la FARC EP, en una zona de altísima riqueza en especies vegetales, animales y riquezas, y de intereses privados para la ampliación de fronteras agroindustriales, apostaron por propuestas alternativas frente al conflicto armado y sus causas.

Allí en ese corazón de la guerra, las familias construyeron una propuesta como población civil, basados en el principio de distinción que contempla el Derecho Humanitario, en la pluralidad de sus experiencias de resistencia civil, entre afrodescendientes y mestizos fueron construyendo una propuesta de afirmación integral de sus derechos frente a la Vida y el Territorio.

A través de tres Zonas Humanitarias, lugares perfectamente identificables, con la exclusiva presencia de pobladores civiles de los consejos comunitarios, el desarrollo de una estrategia jurídica que explora todos los mecanismos jurídicos existentes para ejercer el derecho a la Memoria, a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación Integral, una estrategia productiva de autosostenibilidad y de formación en los principios de los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario, la ley 70 de comunidades afrodescendientes y los Derechos de los Pueblos han ido consolidando mecanismos de desobediencia civil por la Vida y el Territorio.

A esta propuesta el Estado colombiano ha dado respuestas que subrepticiamente, bajo el pragmatismo y la óptica del realismo político bajo el cual opera, en una relación efectista, la política de Seguridad Democrática y de Estado Comunitario visualiza la aceptación de la impunidad, las formas de concertación que niegan el derecho a la Verdad y a la Justicia, y de modo, evidentemente parcial opera a favor de los intereses de la empresas Palmicultoras.

Lunes 10 de marzo,
se reunió en Bogotá la Comisión Mixta de Seguimiento del Jiguamiandó con la presencia de delegados del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH; Oficina de Derechos Humanos Ministerio del Interior y Justicia; Red de Solidaridad Social, Coordinadora Desplazados; Defensoría del Pueblo; Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR- Peace Brigades International, dos delegados de la Cuenca del Jiguamiandó y delegados de nuestra Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

El objetivo de la reunión era escuchar la respuesta del Gobierno Nacional a la propuesta presentada por las comunidades en noviembre del 2002, de constitución de Tres Zonas Humanitarias, Justicia y Reparación frente a las violaciones de Derechos Humanos -desplazamiento, asesinatos, desapariciones forzosas-, Justicia frente a la implementación de proyectos que han generado efectos sobre el medio ambiente y sobre los derechos de los afrodescendientes, presencia permanente de la Defensoría del Pueblo

Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, manifestó : "La condición civil de las comunidades para el Gobierno está clara. Mientras no se den condiciones de responsabilidad en esas áreas el Estado no va a renunciar al tránsito por ellas. La situación en la zona expresa un conflicto con presencia muy fuerte de actores armados, extensión de cultivos de palma africana en el área, que genera tensión social.

Sería irresponsable que se acepte lo de las zonas, que se de herramientas y materiales a la gente sin que se resuelvan estos problemas. El gobierno no tiene recursos para el trabajo en los ríos y el requisito clave para las zonas humanitarias es la seguridad y no existe en estos momentos.

Sería irresponsable por parte del Gobierno decirle a las comunidades que se crucen a los caseríos sin haber garantizado antes unas condiciones de protección.

Creemos condiciones de seguridad juntos, que implicaría que actores ilegales, paramilitares, las autodefensas que no hay pocos sino muchos en la zona, respeten a las comunidades.

Para esto nuestra propuesta es que aprovechando los diálogos con las AUC, se les pida respeto a las comunidades, claro está que los de allá no están en los diálogos pero tenemos modo de contactarnos con ellos.

Proponemos que la comunidad y el gobierno nos sentemos a hablar con la Brigada XVII.

Con relación a los palmicultores, proponemos que la comunidad y el gobierno nos sentemos a hablar con ellos. A algunas entidades debemos entregar esas zonas. Ya hemos hablado con la ONU, con la iglesia y estarían de acuerdo a intervenir.

Debe haber montaje de la Defensoría del Pueblo en la Cuenca, para ello si tienen problemas de recursos estamos dispuestos a gestionarlos. Gestionar presencia de comunidad internacional desarmada en el área. Garantizar que esto no sería utilizado por los grupos insurgentes Mirar los compromisos que asumiría la fuerza pública en el área".

Las comunidades manifestaron que están de acuerdo con la presencia de la Defensoría del Pueblo, el tema de los paramilitares y los palmicultores es responsabilidad del Estado resolverlo, no de las comunidades, dado que están sembrando y protegiendo cultivos en territorios titulados a la Cuenca del Curbaradó: "lo que queremos es la acción legal del gobierno, no la concertación con quienes han invadido el territorio de las comunidades, hemos exigido justicia".

En relación con los diálogos con la Brigada XVII, las comunidades expresaron que no se ven condiciones, en la medida en que las operaciones armadas contra las comunidades han actuado unidades militares de esa Brigada con distintivos del Batallón Voltígeros. "No es posible hablar hasta que no existe depuración y se haga justicia por lo que hemos vivido desde 1.996. El Estado debe responder y actuar".

El Dr. FRANCO expresó: "Si lo de la palma está sembrada en tierras de las comunidades hay que sacarla. La Brigada XVII no opera, no actúa. Sobre las investigaciones, si nos ponemos a ver lo que no se ha hecho, nos quedaríamos toda la tarde aquí sentados. La justicia en este país es inoperante, al Estado colombiano lo van a condenar internacionalmente por esto. Esto es un diálogo de sordos, que no lleva a ninguna parte. Si entiendo bien, la comunidad nos dice que nosotros tenemos que resolver el tema de los paramilitares y los palmicultores. ¿Es esto así? Denme 20 días y tienen una respuesta, el 7 de abril está la respuesta".

Viernes 4 de abril,
nuestra Comisión Justicia y Paz, recibe del programa presidencial de derechos humanos la siguiente comunicación telefónica: "lamento llamar para dar esta noticia, no se puede hacer la reunión por que todavía la respuesta no está. Se están adelantando los diálogos con la Brigada y los Palmicultores, para que nos reunimos sin tener nada concreto. El ministerio de Interior tiene disposición para trasladar a los delegados, pero ya les dije que esperaran" Agrega el miembro del gobierno colombiano, "el Doctor FRANCO llega la semana entrante de Ginebra y se pondrá al frente de todo".

Martes 8 de abril,
nuevamente un funcionario de la Vice Presidencia de la República, expresa a nuestra Comisión: " se está hablando con los palmicultores, esperamos que a finales de esta semana o comienzos de la otra se de la reunión con la respuesta".

Este mismo día, en la cuenca del Jiguamiandó una Comisión de Fiscales de la Unidad de Derechos Humanos acompañados por un delegado de la Procuraduría General de la Nación, llegaron al lugar conocido como Pueblo Nuevo, sin consulta previa a las comunidades ni a las organizaciones acompañantes, como lo recomienda la Resolución de las Medidas Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según ellos, con el propósito expreso de "investigar los hechos ocurridos en el Jiguamiandó en noviembre de 2002 y febrero de 2003, correspondiente al homicidio de Cristóbal Hinestroza y la muerte de Elmer Garcés y las lesiones producidas a Victor Garcés."

Los miembros de la comunidad solicitaron a la comisión de fiscales, se les informe sobre los resultados de las investigaciones sobre la "Operación Génesis" desarrollada por la Brigada XVII en febrero de 1.997, por las masacres de 1.996 y 1.997, los asesinatos y desaparición forzadas, torturas a miembros de la comunidades, y el estado de proceso del General Rito Alejo del Río.

Los fiscales expresaron: "Ustedes tienen que saber que la información que no llegue a un fiscal, es decir a un proceso, no existe. Nosotros, los que estamos aquí no hemos recaudado la prueba, queremos judicializar pero necesitamos que ustedes declaren. Si no allegan las pruebas, las investigaciones no avanzan. (...)"Si ustedes no le cuentan a la Fiscalía lo que ha pasado, las investigaciones nunca llegarán a un lado".

Ante la afirmación que hacen las comunidades sobre las medidas provisionales resueltas por la Corte Interamericana al Estado, el funcionario de la Procuraduría preguntó: "¿que es eso de las Medidas Provisionales y que tiene que ver con lo que estamos haciendo?".

Un miembro de la Comisión de fiscales manifestó: "Nuestra presencia aquí obedece a las Medidas Provisionales, por eso le pedimos que colaboren con las pruebas. Ustedes prefieren que primero se enteren en lo internacional y después lo nacional. Las investigaciones no se hacen con reuniones o charlas, lo que estamos haciendo en este momento no es una prueba. Ustedes tienen que dar el testimonio, sino podemos dejar una constancia que la comunidad se niega a colaborar y listo." (...) "Hay que dejar claro que no queremos que entremos en conflicto del Estado con la Comunidad. Por eso necesitamos que nos colaboren, si no, pues no hay condiciones para darles resultados de las investigaciones".

Ante la pregunta por los resultados de la investigación al General Rito Alejo del Río los fiscales manifiestan que es un caso conocido, que cuando haya un pronunciamiento del Fiscal General se conocerá, que ellos no pueden dar información, "hay un Fiscal General de la Nación responsable de esa investigación, pregúntale a él, nosotros no le podemos dar respuesta de eso, cada fiscal es responsable de su propias investigaciones".

El delegado de la procuraduría por su parte expresa: "Si quieren quejasen por el proceso del General Del Río, pues pueden hacerlo; y si ustedes quieren presentar algún documento por la inconformidad en el proceso del general Rito Alejo del Río, yo tomo la queja y me comprometo a presentarla en Bogotá"

Miembros de las comunidades y de nuestra Comisión Justicia y Paz, invitaron a la comisión de fiscales y al delegado de la procuraduría a recaudar otro tipo de pruebas en las bases paramilitares, que se encuentran cerca de lo lugares de asentamiento provisional, y a avanzar una hora y media de "Nueva Esperanza para verificar las 1500 hectáreas de siembra de palma aceitera.

Los funcionarios expresaron: "son grupos muy grandes cuando hablamos del ejercito y de grupos paramilitares, cómo vamos a saber cual miembro de la Brigada XVII anda con los paramilitares, que el ejército tiene vínculos con los paramilitares eso es algo público, pero si queremos investigar tenemos que saber cuales señores de la fuerza pública son los responsables, porque no se puede decir que todo el Ejercito Nacional o que toda la Brigada XVII es culpable".

A las 21:30 horas, en el sitio conocido como "Nueva Esperanza", se reunió nuevamente la comunidad, la comisión de fiscales y el funcionario de la procuraduría, una delegada de un organismo humanitario internacional del Canadá y miembros de nuestra Comisión para hacer lectura de las propuestas de actas de la visita elaboradas tanto por la fiscalía como por la comunidad.

La primera conclusión que lee, el fiscal es, la Comunidad de Jiguamiandó se negó a colaborar con los testimonios, que la comunidad solicitó conocer el resultado de las investigaciones que se adelantaron de los hechos que se produjeron desde 1996, refiriéndose a un integrante de nuestra Comisión expresó: "en la reunión participa un individuo de tez blanca, de lentes y delgado, que decía pertenecer a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz".

Miércoles 23 de abril a las 8:30 horas,
se presentaron enfrentamientos entre miembros de la estructura militar encubierta de tipo paramilitar y miembros de las FARC-EP en el alto de Jarapetó, corregimiento de Puerto Lleras. Según medios de información, resultaron muertos 8 paramilitares y un guerrillero. El lugar de los combates está distante a hora y media del caserío de Puerto Lleras del que se vieron obligados a salir sus poblares por las incursiones armadas desarrolladas desde enero.

El 1 de mayo a las 10:00 horas,
4 civiles armados de la actuación encubierta paramilitar, uniformados y con armas largas fueron vistos en la orilla del río Jiguamiandó en el caserío antiguo de Pueblo Nuevo. Varios campesinos de los Consejos Comunitarios que se encontraban recolectando frutas al frente del caserío los observaron mientras estos realizaban una inspección armada.

A pasado un mes desde el 7 de abril, día esperado por las comunidades para conocer la respuesta Estatal y gubernamental a su propuesta de Justicia Integral. Como hace más de seis años, el camino tortuoso de las dilataciones, de las promesas vanas, de los silencios y de las omisiones se continúan presentando. La ausencia de respuesta institucional coincide con la consolidación de proyectos agroindustriales subordinando los derechos de las comunidades afrodescendientes a los intereses privados, en un proceso que ha combinado acciones militares abiertas y encubiertas, y ahora, en el modelo de Estado comunitario donde los mecanismos de participación comunitaria y las tomas de decisiones están definidas por las actuaciones militares de tipo paramilitar. Eso es lo que hoy ocurre en todo el bajo Atrato, donde las posibilidades de Afirmación de procesos de autonomía se encuentran cada vez más limitados, debido al desarrollo de una estrategia paraestatal de control sobre la población.

Evidentemente, nada de lo que hoy se presenta como un cáncer que devora todo el cuerpo social del Bajo Atrato, no hubiese llegado hasta el estado en que se encuentra, si los principios que inspiran la identidad y la filosofía de un Estado de Derecho, tanto en el uso de la fuerza y sus límites, como en el de la justicia hubieran sido los que rigieran la actuación de los actores estatales. Hoy el poder que se maneja tras formalidades jurídicas, expresado en los proyectos agroindustriales de la Palma Aceitera, consolidados en la ilegalidad, en la presión solo ha sido posible por la actuación armada de tipo paramilitar debido a la ACCIÓN, a la OMISIÓN, a COMISIÓN POR OMISIÓN de agentes estatales militares y civiles, por la IMPUNIDAD en que se encuentran la totalidad de los casos que han dado origen a desplazamientos forzosos, y a centenares de crímenes, de atentados, de persecuciones, de señalamientos, de bloqueos económicos.

A las familias del Jiguamiandó y del Curbaradó que tercamente persisten en su propuesta de Afirmación de sus Derechos a la Vida y al Territorio alternativa al conflicto armado interno y de búsqueda de paz con dignidad, les asiste el Derecho a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación Integral y a una respuesta veras de parte del Estado Colombiano conforme a la Resolución de las Medidas Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, marzo del 2003.

Solicitamos el apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional con comunicaciones a:

• Francisco Santos, Vicepresidente de la República. (Tel 05713341138 fax 05713374667)
• Edgardo Maya Villaz, Procurador General de la Nación. (tel 05713360011)

Solicitar:

• Dar a conocer a la comunidad las razones por las cuáles no existen avances en las investigaciones por los desplazamientos sufridos desde 1.996 hasta hoy.
• Qué medidas administrativas se han tomado con la Brigada XVII, responsable por ACCIÓN y OMISIÓN de las actuaciones y violaciones de derechos humanos a través de estrategias abiertas y encubiertas
• Qué actuaciones se han adelantado en relación con los proyectos agroindustriales que adelantan las empresas palmicultoras, de modo ilegal, en Territorios Colectivos.

Cuando tendrá lugar la reunión que se programó para el 7 de abril y no se realizó, en la que se comprometió el Gobierno a responder a las propuestas de las comunidades.

Al Defensor Nacional del Pueblo, Eduardo Cifuentes Muñoz
(Tel 05713144000 y fax 05716400491),
solicitar con urgencia el nombramiento del Defensor Comunitario, como una presencia preventiva e institucional significativa que evitaría nuevos daños irreparables y posibilidades en la afirmación de los derechos sin el uso de la fuerza.

Bogotá, DC, 27 de Mayo de 2003
COMISIÓN Intereclesial de Justicia y Paz, Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Familias de Curbaradó

Este documento ha sido publicado el 03jun03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights