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Presencia Militar en el Jiguamiandó.

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Informe 47

Consejo Comunitario Jiguamiandó y Familias de Curvaradó

Graves señalamientos contra los afrodescendientes y la labor de los organismos humanitarios de Derechos Humanos. Temor en los habitantes por los desbordamientos posibles de la presencia militar. Se requiere solidaridad nacional e internacional con los afrodescendientes que se encuentran acompañados por Justicia y Paz.

“Oh Dios, me echan la culpa los soberbios, una banda de locos busca mi muerte, son gente que no piensa en la Vida” Salmo 86, 14

Resumen

En el río Jiguamiandó en torno de las Zonas Humanitarias se han dispuesto varios efectivos de las Fuerzas Militares, adscritos a la Brigada XVII, mientras se mantiene un estricto control en el ingreso desde el caserío de La Grande.

El miércoles 26 de enero, hacia el medio día, un grupo de 500 hombres armados de la estrategia militar regular se dirigieron del municipio de Belén de Bajirá en 5 camiones hacia la cuenca del Jiguamiandó, entre ellos se encontraban varios vestidos de civil que participan en acciones militares, algunos de ellos que forman parte del programa de reinserción del gobierno nacional. El jueves 27 de enero en horas de la noche se movilizaron en dos camiones un significativo número de uniformados, con armas largas en dirección al sitio conocido como Brisas y de allí tomaron hacia el Jiguamiandó.

Hoy se ha logrado confirmar que dos de los vestidos de civil, se encuentran uniformados entre unidades militares de la Brigada XVII, entre ellos los hermanos Rigoberto y Gustavo Martínez, reconocidos integrantes de los “civiles” armados de la estrategia militar encubierta de tipo paramilitar.

En el día de ayer, viernes 28 de enero, pasadas las 6:00 de la tarde, dos integrantes de los equipos misioneros de nuestra Comisión de Justicia y Paz, responsables de los procesos pedagógicos de educación formal, fueron interrogados durante 15 minutos por un oficial y un suboficial en el sitio conocido como La Grande. Los militares cuestionaron la presencia de los organismos humanitarios de derechos humanos, acusaron de complicidad con la guerrilla a los acompañantes nacionales, y a las zonas humanitarias de ser habitadas por milicianos de la guerrilla, expresaron que ellos no asumían ninguna responsabilidad con lo que les sucediera.

Hoy sábado a las 11:00 a.m. en el punto conocido como La Guayabera, un integrante del Consejo Comunitario fue abordado, cuando se dirigía por el río Jiguamiandó a la Zona Humanitaria de “Nueva Esperanza”, por uniformados que se identificaron como integrantes de la Brigada XVII. Los efectivos regulares acusaron al poblador de ser guerrillero, luego de interrogarlo sobre la presencia de la guerrilla y de externos a las comunidades, lo dejaron ir advirtiéndole que guardara silencio.

A eso de las 2:00 de la tarde instituciones de gobierno y del Estado fueron llamadas por nuestra Comisión de Justicia y Paz a fin de conocer con certeza, si está en marcha un operativo oficial, si la presencia en cercanías de las Zonas Humanitarias de “Pueblo Nuevo”, “Nueva Esperanza” y “Bella Flor Remacho”, y en los caseríos de Caño Seco es de efectivos regulares o no. Pasadas seis horas de esa comunicación con la Vice-Presidencia de la República y el Ministerio del Interior ninguna respuesta se ha obtenido.

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Solicitudes

Comunicarse vía telefónica o fax al
Vicepresidente de la República Francisco Santos,

57 310 2389120
57 3107720130

Solicitando información oficial acerca de sí en el río Jiguamiandó se está desarrollando una operación militar de la Brigada XVII, las razones por las cuales en las mismas participan unos hombres que primero se encontraban vestidos de civil, y ahora se encuentran vestidos de camuflado, como Rigoberto y Gustavo Martínez, reconocidos paramilitar. Dar razón del por qué de los señalamientos contra los habitantes de las Zonas Humanitarias y la ONG. Exigir que, si se desarrollan operativos militares estos sean en estricto respeto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional y en respeto a las medidas provisionales resueltas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exigir una pronta y eficaz respuesta ante la solicitud del cese de la siembra de palma aceitera dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó y Jiguamiandó

Procurador General de la Nación Edgardo Maya Villazon

571 3520066
571 3360011
Extensión 11522

Solicitando urgentemente presencia de sus funcionarios a fin de prevenir daños irreparables como el pasado, y recolectar información sobre los abusos que han sido cometidos por agentes estatales en desarrollo de sus actuaciones institucionales. Investigar diligentemente a los funcionarios gubernamentales y estatales que por acción y por omisión están posibilitando o permitiendo el arrasamiento del Territorio Colectivo y la siembra de Palma Aceitera dentro del Territorio Colectivo.

Defensor Nacional del Pueblo Volmar Perez

57 310 817 30 19

info@defensoria.org.co

Solicitar con urgencia el traslado de sus funcionarios a las Zonas Humanitarias a fin complementar con su presencia física en terreno las actividades propias de prevención y de protección.

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Detalles

Viernes 28 enero, a las 6.10 de la tarde, dos integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, Pablo Cala y Javier Castellanos, cobijados con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron abordados por unidades militares que se encontraban en el sitio conocido como La Grande, lugar de paso hacia el río Jiguamiandó.

Los Defensores de Derechos Humanos, respaldados por diversas iglesias, se encontraban acompañando a integrantes del Consejo Comunitario del Jiguamiandó preparando las actividades pedagógicas del Colegio.

Dos militares entre ellos un Teniente, vestido de civil, y un Sub oficial de apellido Acevedo los abordaron, preguntando la razón de su llegada a La Grande, de su lugar de origen, de la organización a la que pertenecían. Los integrantes de Justicia y Paz, se negaron a dar respuesta a las preguntas, hasta tanto no conocer la identidad del vestido de civil, por lo que los militares decidieron que el vestido con uniforme militar, asumiera el interrogatorio.

Luego de repetir las mismas preguntas, y de conocer que los integrantes del equipo misionero se dirigían hacia las Zonas Humanitarias, los efectivos de la fuerza pública expresaron, luego de tomar las cédulas de ciudadanía y registrar sus nombres y números en folios: “Ustedes vienen es de Bogotá (…) “Voy a hacerles un seguimiento. Me parece muy curioso que ustedes estén acá” (…) “Me parece curioso, que vengan así, a dar clases, los estudiantes ya se han ido, ya se salieron” (…) “Voy a hacerles seguimiento, es muy curioso, van es a esa zona de guerrilla. Allá entran esas mal llamadas ONG donde esconden a la guerrilla en esas Zonas Humanitarias, son izquierdistas y van a indisponer a la gente contra el gobierno” (…) “Vamos a hacerles seguimiento a ustedes” (…) El orden público es muy complicado y vamos a sacar a toda esa gente” (…) “Nosotros tenemos gente allá dentro, tenemos ubicados a los que viven en SantaFé de Churima y más cosas” (…) “Cuídense están bajo nuestra responsabilidad. Ah van a las Zonas Humanitarias. Me parece muy raro, les voy a hacer seguimiento, ustedes saben que hay allá”

Cuando los integrantes del Equipo Misionero les expresaron que son las Zonas Humanitarias, el reglamento interno que rige a los pobladores que allí habitan, los militares se echan a reír y agregaron: “muy raro, es muy raro vamos a hacerles seguimiento y nosotros no asumimos responsabilidades por los que les pase” (…) “Eso allá está lleno de guerrilla, ah si van a las Zonas Humanitarias, con razón!” .

15 minutos después los militares se retiraron del lugar.

* Sábado 29 de enero hacia las 11:00 a.m. en el sitio conocido como El Guayabal, margen derecha del río del Jiguamiandó, aguas arriba, un integrante del Consejo Comunitario fue obligado a detenerse en su embarcación, cuando se dirigía hacia la Zonas Humanitaria “Nueva Esperanza”. Los uniformados se identificaron como integrantes de la Brigada XVII, uno de ellos que expresó que era Teniente señaló al integrante del Consejo Comunitario como integrante de la guerrilla. Luego de preguntarle por la presencia de la guerrilla, y de externos a la comunidad, lo dejó ir advirtiéndole que no fuera a decir nada a nadie y agregó: “ahora si sabemos, quien es quién”

Hacia las 12.30 p.m. se escucharon cerca de 20 disparos entre las Zonas Humanitarias de “Bella Flor Remacho” y “Nueva Esperanza”

A eso de las 2:00 p.m. pobladores de la Zona Humanitaria de “Pueblo Nuevo” percibieron la presencia de hombres armados en sus alrededores en el antiguo lugar que lleva este mismo nombre.

A esa misma hora el Gobierno Nacional a través de la Dirección de Derechos Humanos y DIH fue informada de la situación de zozobra de los afrodescendientes debido a las amenazas de muerte existentes en las semanas anteriores, y el desarrollo de un operativo militar confuso.

Desde esa hora hasta el momento de redacción de este Informe, el Gobierno Nacional no ha dado respuesta a las preocupaciones manifestadas.

Lineas de interpretación.

Poco a poco se esclarece, se reconfirma que los graves señalamientos contra los afrodescendientes que habitan en el Jiguamiandó y las familias de Curvaradó, por parte de agentes estatales de la Brigada XVII expresan el verdadero rostro de la política de seguridad. El desconocimiento de la propuesta humanitaria que han desarrollado estas comunidades, quienes afirman su derecho a no ser involucrados directamente en el conflicto armado, expresa la real voluntad del Estado en materia humanitaria de Derechos Humanos. A la permanente zozobra, crisis humanitaria violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Humanitario debido a las agresiones de tipo paramilitar, el desbordamiento de la fuerza cuando las operaciones se han desarrollado con unidades regulares, se une la ampliación y extensión de la siembra de modo ilegal de palma aceitera dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó y Jiguamiandó, quizás, la razón de fondo de tanta persecución y aniquilación sistemática de los pobladores

El año pasado la presencia militar en confusas actuaciones regulares e irregulares dejaron constancia de la erosión del Estado de Derecho, de la imposición de la sin razón y de la fuerza por encima de consideraciones éticas, jurídicas y humanitarias. Nadie puede olvidar el asesinato del menor de tres años Ricardo Guaraona, por unidades de la Brigada XVII o los saqueos de los bienes de la población de las Zonas Humanitarias, o la entrega de documentos de identidad de tres afrodescendientes asesinados en incursiones de tipo paramilitar del 2001.

Hoy la historia parece repetirse, los señalamientos, los abusos de autoridad, las retenciones, la participación de dos reconocidos paramilitares en las operaciones regulares, a las que se suman exguerrilleros del programa de reinserción reflejan los cimientos de una política que considera a los pobladores civiles como delicuentes, como guerrilleros, o mejor como “terroristas” o que concibe desde su visión única y totalizante que la única posibilidad de reconstrucción el Estado de Derecho es erosionado los principios del Derecho a través de la mentira, de la falsedad, pagada a un buen precio, para quien nada tiene que perder y solo debe ofrendar la vida de su hermano o de quien conoció en el pasado como un civil. Ahora tiene que acusar sin fundamento, porque él que acusa se salva, gana, mientras el campesino, el afrodescendiente pierde.

El pretexto de persecución a la guerrilla continúa cayéndose de su peso, el blanco militar, el blanco de las agresiones continúa siendo la población civil, la que tiene o debe ser controlada o doblegada, los intereses económicos no tienen fronteras éticas, si es necesario desterrar, destruir, arrinconar bien vale la pena, al fin y al cabo, negocio es negocio.

Bogotá, D.C Enero 29 de 2005
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

DDHH en Colombia

Este documento ha sido publicado el 28Mar05 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights