Equipo Nizkor - En actuación militar encubierta es asesinado el afrodescendiente Carlos Salinas Becerra.

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7jul03

En actuación militar encubierta es asesinado el afrodescendiente Carlos Salinas Becerra.

"Los soberbios me esconden sus lazos, y tienden sus trampas como redes; junto al camino me ponen tropiezos. Dije al Señor: Tú eres mi Dios, Señor, oye la voz de mi suplica. No consientas en los deseos del malvado, no permitas que se desarrollen sus planes" (Salmo 140)
No cesa las actuaciones de persecución sistemática, de aniquilación y de exterminio de la población afrodescendiente del Jiguamiandó y del Curbaradó que han propuesto al Estado Colombiano el respaldo a su propuesta de Zonas Humanitarias, la respuesta en el Derecho a la Verdad y a la Justicia, y el Cese en la implementación de la siembra de Palma Aceitera.
A las 9:00 horas, aproximadamente, del día de hoy fue asesinado CARLOS SALINAS BECERRA, de 38 años de edad, afrodescendiente del Consejo Comunitario de Puerto Lleras, por "civiles" armados dentro de la estrategia militar encubierta de tipo paramilitar en el punto conocido como "Sapayal", aguas abajo margen derecha sobre el río Jiguamiandó, distante a 15 minutos del lugar provisional en donde se encuentra la comunidad de "Nueva Esperanza".
Hacia las 6:00 horas CARLOS con su hijo de 11 años de edad, se trasladó a pie hasta "Sapayal" en donde habían dejado una pequeña embarcación de madera "champa" y sus artes de pesca.
A las 9:00 horas, aproximadamente, los habitantes de Puerto Lleras escucharon varios tiros de arma larga.
Carlos y su hijo se encontraban recogiendo el trasmallo, los armados disparan desde la orilla derecha aguas abajo del Jiguamiandó. Luego del primer tiro CARLOS les grita a los "civiles" armados vestidos de camuflado de la estrategia militar encubierta: "No me maten". Los paramilitares le responden: "Te vamos a matar, h.p guerrillero" y disparan de nuevo impactando el pecho de Carlos Salinas. Segundos después le ordenan a su hijo irse del lugar. El menor de edad cruzó a nado a la otra orilla del río buscando a su familia y a los integrantes del Consejo Comunitario de la comunidad de Puerto Lleras, mientras escuchaba más tiros, a donde llegó con miembros del Consejo Comunitario de Pueblo Nuevo.
Hacia las 12:40 horas, misioneros de la iglesia católica y voluntarios acompañantes de nuestra Comisión Justicia y Paz se trasladaron al lugar de los hechos, metros más abajo encontraron el cuerpo sin vida de Carlos Salinas con cinco perforaciones en su cuerpo - pierna y hombro derecha, abdomen y espalda - producidas por arma de fuego.
El cuerpo de Carlos fue encontrado boca abajo, al parecer fue llevado por la corriente del río unos metros del lugar a donde fue impactado.
En nuestro anterior Informe Ejecutivo IE 27, dejamos en conocimiento público el ingreso, el pasado 4 de julio, de paramilitares buscando a Carlos Salinas al lugar en donde se encuentran los habitantes de Puerto Lleras. El afrodescendiente, el 5 de enero pasado, fue retenido por los paramilitares junto con su esposa, dos de sus hijos menores de edad y un vecino, horas antes de la primera incursión al lugar en donde en ese momento se encontraba la comunidad de Puerto Lleras.
Carlos Salinas se encontraba cobijado con Medidas Provisionales resueltas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde marzo pasado.
Mientras se produjo este daño irreparable a la vida e integridad personal de Carlos Salinas y contra el colectivo afrodescendiente, una agencia de Naciones Unidas, la ACNUR y funcionarios de la registraduría se encuentra en la cuenca del Jiguamiandó adelantando una campaña de cedulación; así como misioneros de la iglesia católica y de organismos humanitarios de Derechos Humanos del Canadá.
Persiste la ofensiva armada encubierta de tipo paramilitar a las orillas de la Cuenca del Río Jiguamiandó en donde se encuentran en situación de desplazamiento interno dentro del Territorio Colectivo, 9 comunidades afrodescendientes del Curbaradó y 19 del Jiguamiandó. Desde octubre del año pasado las comunidades han estado sometidas a una nueva ofensiva que por el modo de su realización en términos de sus mecanismos y móviles expresan una persecución sistemática de exterminio.
Desde octubre del 2002 se han producido 4 asesinatos -entre ellos un menor de edad -, 7 desaparecidos forzados, 2 desplazamientos colectivos, 13 incursiones armadas, 10 retenciones colectivas, 27 amenazas, 12 saqueos de bienes, 3 intimidaciones armadas que comprometen la responsabilidad del Estado en tanto se han desplegado desde la bases paramilitares de Pavarandó, Urada, Mutatá que se encuentran a escasos metros y pocos segundos de las cuerpos militares o de sedes policiales o de lugares permanente de presencia de las fuerzas regulares.
Al tiempo de estas actuaciones de persecución que han arrojado más de un centenar de violaciones de derechos humanos desde 1.996 y que se hicieron sistemáticas desde la Operación "Génesis" al mando del General RITO ALEJO DEL RIO, en febrero de 1.997 se mantiene el bloqueo económico por el eje bananero Chigorodó, Mutatá, Pavarandó y por el río Atrato desde Turbo pasando por Riosucio, Tumaradó, Carmen del Darién, y Bellavista.
Las estrategias militares abiertas y encubiertas que comprometen la responsabilidad del Estado por acción y por omisión de agentes de la Brigada XVII y de la Policía de Urabá, y las responsabilidades individuales también como Comisión por Omisión han estado orientadas contra la Población Civil.
El pretexto de la presencia de las FARC EP en las zonas medias y altas montañosas se ha utilizado como argumento para justificar lo injustificable, para legitimar la destrucción de la vida. El argumento militar ha pretendido ocultar las causas del desplazamiento y de las violaciones sistemáticas de derechos humanos la extensión, la ampliación y el aseguramiento de la agroindustria de la Palma Aceitera de modo ilegal en territorios titulados colectivamente.
A través de los Consejos Comunitarios los pobladores de Curbaradó y Jiguamiandó afirman su Derecho a la Vida y al Territorio basados en el ejercicio de los Derechos consagrados en la legislación interna y el Derecho Internacional. Sin el uso de la fuerza, sin la participación en las hostilidades de los actores en confrontación armada (Estado y Guerrilla) construyen su derecho a la existencia negándose a las nuevas formas de esclavitud y desarraigo que se pretende imponer con la apropiación ilegal del Territorio a través de la expansión agroindustrial vinculados a la Palma Aceitera. el desarrollo de estrategia militar regular y encubierta se focaliza sobre la población afrodescendiente.
No cesa la persecución contra los afrodescendientes quiénes perciben un incumplimiento sistemático del Estado colombiano a las medidas provisionales resueltas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde marzo pasado.
Mientras el Estado civil dilata la respuesta a la propuesta de Zona Humanitaria avanza la destrucción y los daños irreparables de las comunidades afrodescendientes
Mientras el Estado dilata la respuesta al Cese de la implementación de la Palma Aceitera avanza la militarización en los territorios colectivos protegiendo su implementación.
Mientras se celebrara la Pre Mesa de donantes en Londres esta, como, otras iniciativas de ejercicio de derechos integralmente concebidos que reconstruyen el Estado de Derecho y ejercicios de democracia participativa en medio de la confrontación armada entre el Estado y la Guerrilla siguen siendo desconocidas, cuando no deslegitimadas, cuando no sitiadas humanitaria, moral y políticamente
Bogotá, D.C. julio 07 del 2003
Comisión intereclesial de Justicia y Paz
[Fuente: INFORME EJECUTIVO 28 del Consejo Comunitario Jiguamiandó y 9 Consejos Comunitarios de Curbaradó]

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Este documento ha sido publicado el 03ago03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights