13jun03

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Dan por desaparecidos a miembros del Consejo Comunitario

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En desarrollo de la ofensiva armada encubierta. Una hora después de la incursión armada, sin civiles dentro del poblado, se produjeron combates entre armados de la estrategia estatal y armados de estrategia de guerra de guerrillas

Una Comisión conformada por la Defensoría del Pueblo, organismos humanitarios de observadores internacionales de Canadá y de otros países, y nuestra Comisión Justicia y Paz, lograron llegar hasta el caserío llamado de "Nueva Esperanza", en los últimos días, lugar de asentamiento provisional de familias pertenecientes al Consejo Comunitario de Jiguamiandó y 9 comunidades de Curbaradó. La población fue objeto el pasado 6 de junio de una actuación militar encubierta de tipo paramilitar en la que además del saqueo de bienes, de las amenazas y de sitiar a los pobladores, fueron desaparecidos 4 campesinos y la totalidad de la comunidad obligada al desplazamiento, una hora después el lugar se convirtió en escenario de combates con las FARC EP.

Las familias de "Nueva Esperanza", se ubicaron en la margen izquierda aguas abajo del río Jiguamiandó, como lugar provisional de asentamiento de desplazados dentro del Territorio Colectivo, adoptando el mismo nombre del sitio del que fueron obligados a desalojar hace más de 2 años. El lugar que desde el 2001 se llama "Nueva Esperanza", se ubica dentro del Territorio Colectivo, y se constituyó como tal a raíz de ofensivas militares abiertas y encubiertas de la Brigada XVII. "Nueva Esperanza", es el caserío poblacional más cercano a la siembra de la Palma Aceitera, que continúa implementándose de modo ilegal en contravención de la ley 70 de Comunidades Afrodescendientes.

Durante los últimos quince días los pobladores han sido objeto de nuevas agresiones y daños irreparables por parte de estructuras armadas encubiertas de tipo paramilitar que desde 1.996 se han consolidado desde Mutatá, Belén de Bajirá, Chigorodó, Riosucio, Carmen del Darién y Bellavista (desde el 2002), debido a la unidad de acción con actuaciones estatales de la Brigada XVII, y a la Omisión, bajo el pretexto de la confrontación militar a las FARC EP.

* Jueves 5 de junio, se cree que en horas de la tarde, se lograron agrupar aproximadamente 200 "civiles" armados de la estrategia militar encubierta, en un punto ubicado a 100 metros del lugar actual conocido como "Nueva Esperanza". En el lugar habilitaron cambuches, cocinas provisionales, dejaron bolsas de galletas, cajas de crema dental, latas de sardinas, latas de atún, bolsas de salsa de tomate y de bebidas desocupadas; encendedores, cuchillas de afeitar, gasa y algodón, utilizados; dos trozos de tela camuflada y de carpa. Se cree que en el lugar pasaron la noche.

* Viernes 6 de junio, a las 5:30 horas, un integrante de la estrategia paramilitar uniformado, fue divisado por campesinos llevando un casco perteneciente a la Comunidad, de la orilla izquierda aguas abajo, a la orilla derecha. Allí se encontraban, otros tres "civiles" armados vestidos de camuflado, quienes se tendieron al piso al ver a los campesinos en la otra orilla.

Los campesinos integrantes del Consejo Comunitario dieron inmediatamente aviso de la presencia paramilitar a los otros miembros de la Comunidad, algunos de los cuales se encontraban durmiendo y otros saliendo a sus actividades de siembras de pan coger. Desde ese momento mujeres, niños, adultos inician a correr, como ha sido uno de sus mecanismos de protección, hacia la espesa vegetación selvática.

Hacia las 6:00 horas, dos afrodescendientes que provenían del caserío de "Pueblo Nuevo", quiénes se dirigían en una embarcación hacia el punto conocido como "La Grande" fueron retenidos en el embarcadero de "Nueva Esperanza" en el momento en que más de 150 hombres vestidos de camuflado, con armas largas y cortas, intentaban cruzar el río Jiguamiandó para rodear el caserío de "Nueva Esperanza".

Uno de los afrodescendientes Cristóbal Blandón Borja fue retenido por los armados, mientras el otro afrodescendiente logró huir, dejando sus pertenencias personales. Los paramilitares tomaron sus documentos de identidad y el de su señora, además, de la documentación entregada al gobierno nacional y a instancias internacionales sobre las Zonas Humanitarias, y usaron, averiando el casco de propiedad comunitaria y financiado por la cooperación internacional europea.

Al ingresar al caserío los "civiles" armados, luego de rodear el caserío, se distribuyeron en varios grupos. Unos entraron casa por casa, a algunas de ellas las saquearon y se llevaron bienes comunitarios y familiares. Sustrajeron el dinero de una ventas de cosechas familiares por 202 mil pesos (U.S $ 65), 120 mil pesos de un fondo comunitario (U.S $ 42), jabones de baño y desodorantes, galletas, bombones, radios AM y FM, de la Tienda Comunitaria se llevaron dos docenas de paquetes de cigarrillos, una caja de velas, una caja de aceite, 40 baterías, 2 cajas de Malta, 10 cajas de galletas, 10 cajas pequeñas de condimentos.

Otro grupo de los armados llegaron a la casa de José Francisco, vestido de jean azul claro, quién aún se encontraba en el lugar alistando a una mayor adulta para salvarla de los armados. Allí encañonan a José Francisco y lo increparon, diciéndole: ¿Quién fue el h.p. sapo que les avisó cuando nosotros veníamos, cómo se llama el sapo que nos vio? ¿Por qué nos tienen miedo a nosotros si son población civil? ¿Cuándo será que se van a acostumbrar a vernos? Una de las señoras les responde: "corremos por todo lo que ustedes les hacen a los campesinos". Al tiempo, tomaron a una mayor adulta, de 65 años. A los dos los condujeron hacia la casa ubicada al frente de la escuela comunitaria.

Al tiempo, otros armados retuvieron al joven Deivis Jiménez Díaz, 18 años de edad, promotor formado por Médicos del Mundo - Francia, quién luego de haber logrado huir hacia la zona selvática regresó por sus documentos de identidad y los documentos de saneamiento básico. Deivis vestía de sudadera con vivos rojos, cerca de los bolsillos de adelante y camiseta azul y es trasladado a la misma casa en donde están retenidos Cristóbal, José y Deivis.

Mientras intentaban salir de "Nueva Esperanza", rezagados por la cantidad de mayores adultos y menores de edad Lisandro Martínez, campesino de 36 años, quien vestía jeans color azul desteñido de trabajo, estatura 1.77, camiseta de cuadros, fue retenido junto con su esposa, sus 4 hijo(a)s menores de edad, su suegra mayor de edad, y una vecina que iba con sus niños.

Este grupo de integrantes de los Consejos Comunitarios fue rodeados por los armados, quiénes los intimidaron y les gritaron "por qué corren?". Una de las mujeres , respondió: "tenemos miedo porque cuando Uds. llegan no es para nada bueno". Uno de los armados les dice: "que bonito es ver caer los árboles... venimos por un viaje de estos". A todos los llevaron a la casa del frente de la escuela del caserío completaron así un grupo de 20 personas: 5 mujeres, 2 jóvenes, 2 adultos hombres y 11 niña(o)s.

Los armados dentro de la estrategia militar encubierta les manifestaron: "ustedes son una partida de sapos, lo que paga es matarlos a ustedes, parranda de h.p. A los reclamos de las mujeres de respeto a su vida, de su afirmación de pobladores civiles uno de los armados grita: "que esta h.p. se calle la boca". De nuevo una mujer reclama para que les respeten la vida, los armados responden: "hemos pecado por más como no vamos a pecar por estos veinte?"

Les preguntaron por la presencia de la guerrilla, "aquí solo somos población civil, aquí no están, ustedes saben que aquí no están". Mientras se lanzaban unos a otros una lata de Malta, que habían sacado de una de las casas afirmaban: "esto es para la guerrilla", mientras la bebían, repetían "a ustedes, no paga sino matarlos". Digan, decían los armados, "dónde están los demás de la comunidad, dónde está el que aviso, aquí acaso solo son ustedes, dónde estás los demás, solo hay mujeres viejas y niños, dónde están las mujeres jóvenes". A LISANDRO a quien interrogan en medio del grupo, le preguntaron por la propiedad de los motores entregados, que fueron entregados por el Gobierno Nacional y donaciones de la comunidad internacional. También lo intimidaron y lo interrogaron acerca de los nombres de los miembros de la Comunidad, "diga los nombres, dónde están" (...) "por qué corren, por qué se iban a ir ustedes?".

Dentro de los paras, que estaban vestidos con chalecos marcados en la espalda con las siglas AUC, había uno a quien nombraban "H20", otro a quien llamaban "el perro" y otro "R15".

Uno de los armados sacó aparte del grupo a JOSÉ y a DEIVIS. A JOSÉ le preguntaron la edad y el oficio, le miraron las manos y la espalda. A DEIVIS, le dijeron que se subiera la camiseta, luego le dijeron: "usted no parece campesino".

Mientras tenían a las 20 personas del Consejo Comunitario retenidas, los armados activaron sus armas pesadas apuntando hacia la falda de la montaña.

Uno de los armados ordenó llevarse a CRISTÓBAL, LISANDRO, JOSÉ, DEIVIS en dirección al embarcadero por donde habían entrado y a los demás dispersarse dentro del caserío. Cuatro armados se los llevaron, dos delante de ellos y dos detrás. Los demás se dispersaron por el caserío dejando a las mujeres y a los niño(as) solo(a)s, quiénes aprovecharon ese momento para huir

Hacia las 6:55 horas, mientras huían los 16 miembros del Consejo Comunitario, menores y adultas mayores y mujeres, quedando desolado el caserío, escucharon disparos desde otro lugar de la montaña

Según los campesinos de lugares cercanos al caserío, se escucharon explosiones y disparos hasta las 12:00 del día.

Algunos campesinos alcanzaron a observar a la distancia, que una hora después de haber dejado el caserío, guerrilleros bajaron por algunas faldas de la montaña.

* Sábado 7 de junio, a las 7:00 horas, algunos campesinos empezaron a regresar al caserío encontrando los techos de sus casas y ollas perforadas, matas de plátano caídas, ropa dañada, huecos en el piso producidos por explosiones de unos 50 centímetros de diámetro, un motor comunitario entregado por la Red Solidaridad Social perforado en la tapa, el microscopio con 3 disparos, tanques de agua perforados, vainillas de balas en el suelo.

Desde esa noche solamente 8 familias regresaron al caserío, otras 30 aún se encuentran entre el temor, la zozobra y la posibilidad de seguir o de perderlo todo, de una vez y por siempre.

Desde el Viernes 6 de junio, a las 6:55 minutos los 4 miembros del Consejo Comunitario se encuentran desaparecidos en manos de los armados dentro de la estrategia militar encubierta, fueron llevados en dirección hacia Pavarandó y Belén de Bajirá.

Viernes 13 de junio, a las 11:50 horas se conoció una versión según la cual DEIVIS y LISANDRO fueron trasladados a otras lugares del Urabá Antioqueño y del Chocó, y CRISTÓBAL y JOSÉ en Pavarandó en donde existe una presencia institucional de la Fuerza Pública y bases paramilitares a pocos minutos.

Los testimonios hablan por sí mismos. El Derecho a la Vida y al Territorio en una conflictiva región continúa siendo negado.

Los propósitos de la persecución en desarrollo de las estrategias armadas encubiertas se develan con mayor claridad, lograr el control de la población o su exterminio usando como telón de fondo una lucha contrainsurgente contra las FARC EP, ocultando la intencionalidad de fondo imponer a los pobladores su vinculación a la siembra de Palma Aceitera, o su expulsión, posibilitando de este modo la extensión del proyecto agroindustrial.

Las desapariciones forzosas, los asesinatos selectivos, el bloqueo económico, las amenazas, las intimidaciones, los bombardeos indiscriminados, los señalamientos, las ambientaciones negativas para cerrar el paso a la ayuda humanitaria, la dilación en la respuesta institucional gubernamental y estatal a la propuesta de Zonas Humanitarias, a la presencia permanente de la Defensoría del Pueblo, el apoyo tácito y en algunas ocasiones, explícito, de las administraciones locales a los proyectos agroindustriales, configuran una negación integral de los Derechos de las comunidades afrodescendientes del Jiguamiandó y las 9 comunidades de Curbaradó.

La propuestas de la población civil afrodescendiente que en medio de la confrontación armada entre el Estado y la Guerrilla de las FARC EP en esta región, afirma integralmente sus derechos basados en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Humanitario, de los Derechos del Pueblo y la ley 70 de comunidades afrodescendientes es una iniciativa de reconstrucción del Estado Social de Derecho, es una alternativa a las causas de la guerra.

La propuesta de la población civil basada en el principio de distinción y de inmunidad del Derecho Internacional contrasta y controvierte una comprensión de la Seguridad "Democrática". Los afrodescendientes continúan afirmando sus derechos a la Vida y al Territorio retomando las recomendaciones que la comunidad Internacional en materia de Derechos Humanos ha planteado en los últimos 15 años, de manera, reiterada a los sucesivos gobiernos en materia de respeto a la vida e integridad personal, el paramilitarismo, la impunidad.

La propuesta de la población civil, basada en el principio de la autonomía de la sociedad civil propia de los Estados de Derecho, que diferencia al guerrero del que hace la justicia, a la institucionalidad pública del ciudadano, es una propuesta de reconstrucción del Estado desde la participación con equidad, desde la afirmación del derecho a la existencia, a la sobrevivencia sin la imposición a mono-cultivos y a modos de producción agroindustrial ni a la participación formal en la toma de decisiones para la exclusión, sustentada en el uso de la fuerza.

Nuevas víctimas, nuevas destrucciones de los intentos de vida en la confrontación militar. Nuevos silencios. Nuevas ausencias. Nuevos dolores. Volver a empezar, nacer de nuevo. Creer en la esperanza que algún día será posible la justicia, que los perpetradores de tanta destrucción alguna vez se conocerán, serán sancionados, que quiénes se ocultan tras de ellos, alguna vez, saldrán a la luz y serán sancionados. Es el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, aún negado, pero aún no sepultado.

Solicitamos a los organismos humanitarios internacionales de derechos humanos, desarrollar un seguimiento a las actuaciones estatales responsables de los mecanismos de activación en casos de desapariciones forzosas.

Solicitar al Gobierno Colombiano dar respuesta a la Medidas Provisionales Resueltas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en marzo del 2003, a favor de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y 9 familias de Curbaradó.

Solicitar a la Fiscalía General de la Nación, dar razón por las cuáles no hay investigaciones sobre los desplazamientos forzosos, si existiesen, que agentes estatales se encuentran vinculados por Acción o por Omisión, que actuaciones investigativas se han desarrollado frente a las bases militares en Pavarandó, Mutatá y Belén de Bajirá, Carmen del Darién, Riosucio que operan al lado de instalaciones militares o policiales o del poder civil.

Solicitar al Ministerio del Medio Ambiente que actuaciones administrativas se han realizado para evitar la extensión de la siembra de Palma Aceitera en contravía de las disposiciones y los derechos de los afrodescendientes del Jiguamiandó y Curbaradó.

Bogotá, D.C. junio 13 del 2003
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Consejo Comunitario del Jiguamiandó y 9 comunidades de Curbaradó

Este documento ha sido publicado el 16jun03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights