16feb03

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Persiste hostigamiento armado a las Comunidades refugiadas en el territorio colectivo Jiguamiando.

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Persisten las acciones de hostigamiento en desarrollo de la estrategia armada encubierta paramilitar a las comunidades afrodescendientes y mestizas que se encuentran refugiadas dentro del Territorio Colectivo del Jiguamiandó, en el cual se han albergado 9 comunidades afrodescendientes y mestizas del Curbaradó, desde hace ya casi dos años.

A pesar de la presencia humanitaria internacional de Francia y de Canadá, en estos momentos, y de organismos humanitarios de derechos humanos nacionales permanente en el terreno que acompañan a las comunidades, continúa el hostigamiento armado y la implementación de la agroindustria de la Palma Aceitera.

1. Sábado 15 de febrero a las 13:00 horas aproximadamente un grupo de dos "civiles" armados vestidos de camuflado de una avanzada paramilitar de más de 50 hombres, se ubicaron a menos de 15 minutos a pie, en el sitio conocido como La Nenas, zona de refugio "Nueva Esperanza". Los dos armados al observar la presencia de los habitantes del Jiguamiandó se ocultaron tratando de evitar ser descubiertos.

Algunos pobladores ante el temor de una incursión armada se refugiaron nuevamente en la espesa selva.

2. Domingo 16 de febrero a las 10:00 horas, cerca del antiguo poblado de "Remacho", que se encuentra totalmente abandonado desde el año 2001, a raíz de las acciones de tipo paramilitar, otro integrante de las estructuras armadas encubiertas, intimidó a un grupo de afrodescendientes que navegaban por el río Jiguamiandó en una pequeña embarcación sin motor. El paramilitar apuntó con un arma blanca a los campesinos quiénes se vieron obligados a escapar ante la eventualidad de ser tiroteados.

La presencia armada de "civiles" vestidos de camuflado, en el perímetro de los poblados abandonados de "Remacho" y "Nueva Esperanza" evidencia la ampliación del radio de actuación que integran las estructuras armadas paramilitares que cubren desde Uradá, Mutatá, Belén de Bajirá y Pavarandó, en donde al mismo tiempo se encuentran destacamentos militares de la Brigada XVII y agentes estatales vinculados a la Policía Urabá.

3. Después de tres meses de dilación, a pesar de los daños irreparables, a la vida y a la integridad personal de varios pobladores y miembros del Consejo Comunitario, de los reiterados anuncios de una incursión armada a los lugares de refugio, del cumplimiento de dichas amenazas, de las detenciones arbitrarias, del asesinato de un niño de 11 años, de haber herido con balas de fusil a un adulto, de amenazar permanentemente a las comunidades, entre el miércoles 11 y jueves 13 hizo presencia en la zona una comisión interinsitucional conformada por Vice Presidencia de la República, Red de Solidaridad Social, INCORA - CHOCO, Ingeominas, Procuraduría General de la Nación y el Personero de El Carmen del Darién y dos funcionarios de este mismo municipio.

A esta Comisión de Gobierno, las comunidades les requirieron los informes sobre los compromisos asumidos desde octubre del 2001, en relación con lo humanitario, las investigaciones y la recolección de prueba (justicia), el cese a la implementación de la Palma Aceitera, el desbloqueo económico y militar. Al respecto, no hubo respuesta alguna.

Esta es la tercera ocasión en que a una Comisión de Gobierno y de un organismo de control del Estado Procuraduría - desde octubre del 2001, hacen presencia en la zona, escuchando reiteradamente las exigencias de la comunidad, pero es la tercera ocasión en que no existen respuestas de fondo. Las respuestas son inconsistentes a los compromisos asumidos desde hace ya más de años y medio, estas evidencian que no existe ninguna respuesta real ni efectiva en materia de protección, de justicia y en lo humanitario.

Durante el desarrollo de la visita un funcionario del Gobierno vinculado al departamento del Chocó, en todo el tema de tierras, promovió entre las familias la siembra de Palma y su vinculación al proyecto agroindustrial, que se está ejecutando ilegalmente y con protección de tipo paramilitar, a través de la cual se ha generado el desplazamiento y al asesinato y desaparición de varios integrantes de estas comunidades, "la Palma es la posibilidad para salir de la miseria y lograr el progreso". Este mismo funcionario públicamente solicitó a los afrodescendientes que se encuentran afectados por el Proyecto de Palma Aceitera entregar sus nombres y cédulas y de ciudadanía. Este mismo funcionario público se expresó negativamente y con señalamientos sobre nuestra labor como defensores de derechos humanos, "Justicia y Paz manipula a las comunidades, y se apropia de los dineros públicos"

Desde noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó la adopción de medidas cautelares al Gobierno Colombiano pero la ofensiva armada ha continuado, se ha ampliado, se han producido daños irreparables a la vida y a la integridad física; dentro del Territorio Colectivo se mantiene sitiada a la comunidad bajo el pretexto de una confrontación a las FARC EP. A raíz de la estrategia armada encubierta y las operaciones regulares de la Brigada XVII, se ha mostrado la OMISION, la ACTUACION CONJUNTA, y la COMISION POR OMISION en los hechos que vienen sucediendo.

Los pobladores afrodescendientes y mestizos no tienen posibilidad de movilización ni hacia Pavarandó y Mutatá ni por el Río Atrato, donde existe un evidente control armado en el que se encuentran militares, policías y paramilitares; al tiempo que continúa la implementación del proyecto agroindustrial de palma aceitera en el Territorio Colectivo amparados por los grupos armados y todos las violaciones de derechos humanos se encuentran en absoluta impunidad.

Reiteramos el llamado a los grupos de solidaridad y a la comunidad internacional para que conozcan directamente el proceso de resistencia civil en defensa de la Vida y del Territorio, en condiciones de conflicto armado interno, de las familias de Jiguamiandó y de Curbaradó; apoyen moral y humanitariamente sus iniciativas de modo que se evite un desarraigo total al que están siendo abocadas en desarrollo de la estratega militar que se está implementando y la propuesta de control social vinculada a proyectos económicos.

Bogotá, febrero 16 del 2003
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Este documento ha sido publicado el 24feb03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights