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05jun06
Aparecen más dudas en el caso Jamundí
Hacía mucho rato que el Ejército no estaba de capa caída como ahora. Claro que también hacía mucho rato que un grupo de militares no se metía en un lío tan complejo como el que sucedió hace 12 días en Jamundí (Valle). Tan triste situación, en los últimos años, sólo puede compararse con los miembros de la FAC que en noviembre de 1998 fueron capturados en EU con cientos de kilos de cocaína; o con los militares que en marzo de 2004 dieron muerte a siete policías y a un civil en Guaitarilla, Nariño.
Similitudes o no con Fort Lauderdale o Guaitarilla, lo cierto es que los ocho militares que la Fiscalía vinculó como responsables de la muerte de diez policías y un civil en Jamundí (este lunes), están casi condenados, luego de las declaraciones ante la prensa del Fiscal General de la Nación. En efecto, Mario Iguarán Arana aseguró que los hombres del Ejército le habían hecho un mandado a la mafia y que la matanza de policías no fue un error, sino algo premeditado.
La respuesta de los militares encartados no se hizo esperar, y a través de uno de sus abogados, Ómar Suárez, recordaron que la inocencia de los miembros del Batallón de Alta Montaña (implicados en el caso Jamundí) era tan evidente, que el 5 de mayo del año pasado dieron captura a William García Albán (El Indio), el jefe narcoparamilitar que, según la Dijín de la Policía, merodeaba por Jamundí cuando ocurrió la infortunada muerte de los diez policías.
"Pero tengo entendido que a El Indio lo soltó la misma Fiscalía. Entonces, ¿qué explicación tiene que los militares que lo capturaron hace un año, sean los mismos que, según la investigación de las autoridades, trabajan hoy para él? Eso es algo inaudito", advirtió Suárez.
Y es que la defensa del teniente coronel del Ejército Byron Carvajal parece tener un solo pilar: desacreditar a los policías que murieron en la finca Potrerito. Una estrategia que, seguramente, será calificada como errónea y descarada por parte de los miembros de la cúpula de la Policía Nacional.
De todos modos, la defensa de los ocho militares implicados en el caso Jamundí insiste que aún no es claro qué estaban haciendo los diez integrantes de la Dijín de la Policía (y su informante) en el sector de Potrerito el 22 de mayo pasado.
Los abagados alegan que el operativo del grupo antimafia de la Dijín no tenía autorización de nadie para estar operando en Potrerito. "La autorización la había dado yo", le dijo a El Espectador, la semana pasada, el general Óscar Naranjo Trujillo, director de la Dijín. "Se trataba —agregó— de un operación de verificación de información".
Las advertencias del general Óscar Naranjo obedecieron a un interrogante que surgió desde aquel aciago lunes en Jamundí: ¿Por qué el operativo de la Dijín no estaba autorizado por la Fiscalía o por un juez de la República? "Era que, en principio, no íbamos a capturar a nadie. Apenas tuviéramos claro que las revelaciones de nuestro informante eran ciertas, proyectábamos ir a donde la autoridad competente para realizar capturas u operativos de ese estilo", dijo Naranjo.
Pero, en todo caso, una cosa sí es cierta en todo este lío Ejército-Policía: si los miembros de la Dijín andaban en actividades clandestinas, ¿por qué no fueron capturados por los integrantes del Batallón de Alta Montaña? La versión que ha circulado en los medios de prensa es que se trató de un fusilamiento de los policías, aunque la defensa de los militares insiste en que eso no sucedió.
Una confesión
El pasado miércoles 31 de mayo, a las 2 de la tarde, una declaración de una subintendente de la Policía, Diana Bianey Marulanda Carmona, sembró nuevos interrogantes en los confusos hechos de Jamundí. Al ser interrogada por la Procuraduría, la subintendente expresó "su deseo de narrar una confesión" sobre los trágicos sucesos del 22 de mayo.
Marulanda, agente con más de una década en la institución, confesó que falsificó la orden de trabajo del mayor Molina, su jefe inmediato, "porque insistentemente de Bogotá la llamaban y le pedían esa orden. Estaba cubriéndole la espalda al general Naranjo", le dijo a El Espectador Patricia Castro, abogada de varios de los militares vinculados a la investigación.
La señora Castro agregó: "Si lo que dice ella (la subintendente Marulanda) es cierto, es decir, si los agentes de la Dijín tenían el informante desde las 11 de la mañana de ese lunes, entonces por qué no consiguieron la orden de un juez para entrar a la casa donde estaba el supuesto narcotraficante que buscaban, si el cruce de fuego empezó casi a las 6 de la tarde".
Esta nueva evidencia, que ya está en poder el juez de la causa, da lugar a nuevos interrogantes: si todo el operativo de la Dijín era aparentemente legal, ¿por qué se falsificó la misión de trabajo?, ¿qué necesidad había de ello? Hasta el cierre de esta edición (viernes por la noche), este semanario, sin suerte, intentó dialogar con el general Óscar Naranjo Trujillo.
La defensa de los militares, además, insiste en que no hay forma de hablar de una acción premeditada y dolosa por parte del Ejército, o de una masacre, ya que éste informó a la Policía de Jamundí dónde estaba.
De hecho, agentes de la Policía de Jamundí, según otra fuente cercana al proceso, les cargaron los equipos a los soldados para que pudieran avanzar más rápido por esa zona del Valle, debido a que existían informes de inteligencia —de Ejército y Policía— sobre una posible incursión de las Farc en ese sector de Jamundí.
Según los relatos de los soldados del Batallón de Alta Montaña Número 3 del Ejército, fue la Policía la que inició el fuego. "Ellos llegaron con un encapuchado, se bajaron en la casa donde sucedieron los hechos, le gritaron groserías a un hombre para que abriera la puerta y como éste no lo hizo, cargaron las armas. En ese instante uno de los agentes de la Dijín descubrió el movimiento de los soldados y se inició el fuego cruzado", le dijo a este semanario otro de los abogados de los militares.
Asimismo, la defensa de los militares desvirtuó las acusaciones sobre disparos a quemarropa a los policías. "Yo revisé los protocolos de necropsia y no es cierto que hubiese disparos a corta distancia. El fiscal de conocimiento sabe que el disparo más cercano se hizo a más de tres metros", advirtió.
Los cargos del fiscal
Un general de la cúpula de las Fuerzas Militares, que exigió el anonimato, le dijo a El Espectador —el viernes pasado en la tarde— que aún estaba por demostrarse la conducta dolosa de algunos de los integrantes del Batallón de Alta Montaña.
"El señor Fiscal General de la Nación, en todo su derecho, hizo unos cargos contra algunos integrantes del Batallón de Alta Montaña. Si todo resulta ser cierto, esos militares tienen que irse a la cárcel sin contemplación alguna. Pero mientras eso se demuestra, nosotros debemos apoyarlos y así lo haremos en la etapa de juicio", explicó el general del Ejército.
De todas formas parecen contundentes los cargos contra los militares y probarse que en Jamundí ocurrió una masacre.
[Fuente: El Espectador, Bogotá, Col, 04jun06]
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