25ene03

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Denuncian la detención de Jacqueline Campos, su esposo y otras personas de su entorno.

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JACQUELINE CAMPOS RINCÓN desde hacia varios años venía trabajando en la ciudad de Bucaramanga y otras poblaciones del nororiente de Colombia con programas de vivienda rural para los campesinos destechados; este trabajo lo realizaba por convenio con una entidad del gobierno, el Banco Agrario, y a través de una ONG (Organización no gubernamental de Derechos Humanos).

En desarrollo de su trabajo JACQUELINE debía trasladarse con frecuencia a zonas rurales donde el conflicto social y bélico que vive el pais es intenso; por esta razón obligatoriamente debía conversar con la guerrilla, con paramilitares y con el mismo ejército, pues los campos de Colombia permanecen controlados por los distintos grupos armados que combaten a diario.

JACQUELINE no podía eludir conversar con dirigentes rebeldes bien de las FARC - Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o del ELN- Ejército de Liberación Nacional, o del EPL- Ejército Popular de Liberación así como tampoco podía esquivar a los paramilitares, que junto a los militares patrullan los campos. Ella con todos ellos debía hablar para obtener de ellos la necesaria autorización para adelantar los programas de vivienda rural en favor de los campesinos Colombianos. En Colombia no aún el gobierno puede adelantar obras en zonas controladas por los rebeldes sin su autorización.

El 24 de Septiembre del año 2002, cuando JACQUELINE dormía, a las 4.30 de la mañana, fue despertada por los bruscos golpes que los del ejército y la fiscalía le daban a la puerta de su apartamento. Venían a allanarle el apartamento y a llevársela detenida, acusada de cometer un delto político: Rebelión. Más tarde, también en la mañana de ese tenebroso 24 de Septiembre, los mismos que esculcaron centímetro a centímetro su apartamento, llegaron a la oficina donde están los archivos de los programas de vivienda rural con los que trabaja JACQUELINE y revolcaron todo, buscando "pruebas" del delito por el que era detenida JACQUELINE. Obviamente solo encontraron los archivos del noble y valioso trabajo realizado por ella, pero como les parecía subversivo todo, se lo llevaron para la fiscalía.

A la misma hora, 4.30 a.m. el mismo 24 de septiembre, era allanada por otros miembros de la fiscalía y el ejército la residencia del esposo de JACQUELINE, WINSTON GONZÁLEZ, quien vivía en la ciudad de ..., a unos 300 kilómetros de Bucaramanga. Detenido WINSTON fue traido a Bucaramanga y encarcelado.

También el 24 de Septiembre del 2002 fueron allanadas las casas de los que con JACQUELINE trabajan por vivienda para los campesinos pobres; en la madrugada llegaron a las casas de MAURICIO DURÁN, quien vende polizas de seguros para los programas de vivienda, a la de la trabajadora social KATTY PALACIOS y a la de la estudiante de derecho TATIANA ABDALLA , quien ocasionalmente iba a la oficina a colaborar.

Fue la fiscal octava seccional de Bucaramanga, SONIA EUGENIA GARCÍA RUEDA, quien el 23 de septiembre del 2002 dictó la orden de captura contra JACQUELINE CAMPOS, su esposo, los trabajadores de la ONG que desarrolla proyectos de vivienda y otras personas que para JACQUELINE son desconocidas. Son acusados de ser miembros del ELN; JACQUELINE por entrevistarse con dirigentes de ese grupo rebelde, MAURICIO DURÁN por ir con JACQUELINE a las zonas rurales a vender los seguros, cuando ella ha tenido que dialogar con miembros de la subversión, y las dos mujeres por trabajar en la oficina con JACQUELINE.

La fiscal octava basa la orden de captura en la declaración de un individuo que dijo llamarse ABEL , quien dice haber sido miembro del ELN; este sujeto, que es acusado por la policía de haber cometido delitos de secuestro y terrorismo, es tenido por la fiscal octava como testigo digno de credibilidad, a pesar de haber reconocido que por su declaración y servicios al ejército ha recibido dinero, y a pesar de que debe ser investigado por terrorismo y secuestro. Sinembargo, la fiscal octava no le ha abierto investigación por estos delitos.

Con base en lo dicho por el "testigo" ABEL ha considerado la fiscal octava que el trabajo de JACQUELINE de dotar de vivienda a los campesinos pobres es un trabajo para favorecer a la guerrilla del ELN; pero no tiene en cuenta la fiscal, que también familias de campesinos que están en zonas controladas por el gobierno y los paramilitares se han venido benificiando con los programas desarrollados por JACQUELINE y su equipo de trabajo.

El proceso penal adelantado contra JACQUELINE CAMPOS, su esposo WINSTON y demás colaboradores del programa de vivienda rural para campesinos pobres es un proceso injusto, donde no existen pruebas para mantener privada de la libertad a una persona y menos para condenar, porque lo único que hay es la declaración del "testigo" pago, que como los testigos sin rostro de la otrora fiscalía sin rostro que funcionó en colombia hace algunos años, fácilmente se prestan para decir mentiras a cambio de la recompensa. El principal "testigo" pago del proceso de JACQUELINE ha sido desmentido en el proceso, y es por eso que han sido dejadas en libertad cinco personas por él injutamente acusadas de rebelión, extorsión y otros delitos. Entre las personas dejadas en libertad están las dos colaboradoras en los proyectos de vivienda rural TATIANA ABDALLA y KATTY PALACIOS, a quienes también el "testigo" había acusado de elaborar cartas extorsivas.

A WINSTON GONZÁLEZ lo acusa el "testigo" principal de la fiscal octava seccional de haberle colaborado a un jefe rebelde en una intervención quirúrgica, por lesiones en combate. La fiscal octava creyó haber encontrado la prueba reina en contra de WINSTON porque en el allanamiento que le hicieron a su casa hallaron unas radiografías; pero a la postre en el proceso se demostró que esas radiografías, que habían sido arbitrariamente decomisadas el dia del allanamiento, pertenecían a un paciente de la hermana de WINSTON, que es médico. Así, de esa manera, los injustamente procesados y sus defensores han tenido que ir poco a poco desvirtuando las pruebas ligeramente aducidas en su contra, pues en Colombia la presunción de inocencia para los acusados de rebelión no existe; todo acusado de rebelión o de delitos conexos con la rebelión debe probar que es inocente; es decir, el principio universal que prescribe que es el estado quien debe probar que una persona cometió un delito, en Colombia se aplica al contrario, en este pais el sindicado o procesado, sobre todo por delito político, debe probar que es inocente.

A las anteriores dificultades para la defensa, que vienen de tiempo atrás, se agrega ahora, que con el gobierno de ALVARO URIBE VELEZ se ha intensificado la persecución contra las organizaciones- ONGs -, que trabajan por los derechos humanos, lo mismo que contra los sindicalistas, campesinos, desplazados, abogados, docentes y toda persona que de alguna manera critique el sistema y piense diferente. En Colombia se viven tiempos de fascismo, de persecución despiadada contra el pensamiento diferente, que ha llevado en los últimos meses a la cárcel a decenas de personas y al cementerio a otras tantas. Desde que URIBE VELEZ subió al poder han sido asesinados más de 100 sindicalistas y metidos a la cárcel más de 50 trabajadores de derechos humanos. El eje central de su gobierno es la "seguridad democrática" , un eufemismo que significa guerra, no solo contra los rebeldes alzados en armas, sino, y sobre todo, contra las organizaciones y los ciudadanos que desarrollan trabajos por los derechos humanos y por la construcción de un pais diferente, donde impere la justicia social y la igualdad.

Juan José Landínez Landínez
Responsable Área Jurídica del CSPP.

Bucaramanga - Colombia- Sur América
Enero 25/03.

Este documento ha sido publicado el 16oct03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights