EQUIPO NIZKOR
Informe

DERECHOS


Informe De La Situación De Violencia, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario


Por el Equipo de Investigación Violencia y Derecho Humanitario en Antioquia del Instituto Popular de Capacitación de la Corporación de Promoción Popular

Medellín, Diciembre 10 de 1997

Índice

Presentación

I. Referentes Teóricos Conceptuales

II. Homicidios y Masacres

III. Desaparecidos y Secuestrados

IV. Limpieza Social

V. El Desplazamiento Forzado

VI. Violencia, Conflicto Armado y Derecho Internacional Humanitario

VII. Paramilitarismo Legal e Ilegal

VIII. Conclusiones y Recomendaciones


Presentación

En el año de 1997 finaliza el periodo trienal correspondiente a los alcaldes municipales y a los gobernadores. Así mismo, este fue un año de campaña electoral y de realización de elecciones para concejos municipales, asamblea departamentales, alcaldes y gobernadores respectivamente, hechos que en buena medida marcaron una agudización en las confrontaciones armadas de las distintas fuerzas contendientes que hacen presencia en el departamento.

En este informe ejecutivo exponemos una apretada síntesis de los hechos más significativos en materia de violencia y su impacto en cuanto a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, con el propósito de que la opinión pública nacional e internacional pueda sacar sus propias conclusiones de la manera como ha evolucionado el comportamiento de los antioqueños en materia de Derechos Fundamentales, evaluando las políticas trazadas desde los gobernantes, así como de los diferentes estamentos sociales.

Si bien es cierto el tema de la violencia abarca múltiples aspectos y espacios, sin embargo aquí no tratamos la violencia intrafamiliar, ni la ocasionada en el entorno a las relaciones laborales, ni tampoco a la violencia moral que producen factores como el desempleo o la discriminación de cualquier tipo u otras muchas violencias que siendo graves sin embargo no alcanzan a ocasionar la muerte de sus víctimas.

Este informe está centrado en los siguientes manifestaciones de la violencia : Homicidios, masacres, desaparición forzada, secuestros, muertes fruto de la limpieza social. Dado el desarrollo de la guerra o las guerras, se presenta una contabilización del conjunto de los enfrentamientos bélicos y en ese sentido los combatientes muertos o heridos , y de aquellos civiles o personas no combatientes, muertos como consecuencia de las acciones armadas. Así mismo, nos referimos al desplazamiento al que se han visto obligados miles de familias antioqueñas destacando la particular situación que las mujeres han afrontado en este drama.

Una versión más completa y detallada de este informe aparecerá en marzo de 1998 y en ella se abordarán otros aspectos de que trata nuestra investigación y que la brevedad de esta versión no permite exponer. En la edición completa del estudio se incluyen además aspectos como las políticas legales desarrolladas por el gobierno departamental y nacional en materia de violencia y derechos humanos, así mismo un balance de los diferentes esfuerzos que en materia de paz se vienen levantando desde la sociedad civil y se presentan propuestas concretas en el corto y mediano plazo dirigidas tanto a las autoridades estatales como hacia la sociedad y a los organismos internacionales para acercarnos a un clima menos violento y de mayor respeto por los derechos humanos. También se presentan frente a cada rubro un conjunto de cuadros estadísticos, gráficos y mapas geo-referenciales.

Antes de presentar cada uno de los temas de violencia, consideramos necesario exponer y precisar las categorías usadas de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derechos Fundamentales, pues creemos que todavía existe cierta confusión en el medio, a veces fruto más de intenciones políticas que no le aportan a un tratamiento civilizado del conflicto.

Para facilitar el estudio de la situación, al igual que en el informe del año anterior, hemos agrupado la información en las nueve sub-regiones de Antioquia, discriminando los datos según sexos y edades. Así mismo, se establece una comparación entre la violencia desatada en 1996 y la correspondiente al presente año, con la aclaración que de este año 97 se toman sólo once meses, de enero a noviembre 30. Publicamos una selección de mapas que permiten ubicar la presencia de los principales actores de la violencia en el departamento, así como unos cuadros y gráficos que reflejan cuantitativamente las principales cifras del problema.

Los datos aquí expuestos son tomado con base en fuentes de carácter oficial (Sijin-Policia Nacional , Decypol Medellín, Fiscalía, Procuraduría Departamental, Oficina permanente de derechos Humanos y personerías municipales). Complementada y contrastada con cuatro periódicos (El Tiempo, El Espectador, El Colombiano y El Mundo), y otros medios de comunicación audiovisuales y escritos, así como por el trabajo de campo directamente realizado por nuestro equipo de investigación, en las diversas regiones del departamento.

El presente estudio ha sido posible gracias al apoyo encontrado en las diferentes fuentes de información ya mencionadas, así como de diversos organismos de derechos humanos nacionales y de la región.

Esta investigación es realizada bajo la responsabilidad de nuestro equipo de investigación "violencia y derecho humanitario en Antioquia", del I.P.C., el cual está integrado por: Nelson J. Restrepo, Fanny Agudelo, John Fredy Vélez, Diana Arias, Alberto Alvarez y Paolo Costello, bajo la Coordinación de Pablo E. Angarita C. Para su realización contamos además con el apoyo técnico y administrativo del personal del I.P.C., con el respaldo de los directivos del Instituto y de la Corporación de Promoción Popular. A todos ellos expresamos nuestros sinceros agradecimientos. A los posibles lectores de este informe, les manifestamos que estaremos atentos a recibir sus comentarios, ya que nuestro principal propósito es contribuir al mejoramiento de la situación de derechos humanos y al logro inmediato de un acuerdo humanitario al conflicto armado colombiano.

Medellín, En el día Internacional de los Derechos Humanos. Dic. 10 de 1997.

Índice


I. Referentes Teóricos Conceptuales(1)

En la presente investigación, tomamos el término Derecho Humanitario como el gran campo que abarca tanto a los Derechos Humanos como al Derecho Internacional Humanitario.

Al referirnos a los Derechos Humanos, es importante entenderlo en su diferenciación con los Derechos Fundamentales.

Nos acogemos al concepto que de derechos humanos trae el profesor español Pérez Luño, quien los define como : "Conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional.(2)

La noción de Derechos Humanos remite esencialmente a la responsabilidad estatal. Este Concepto no excluye la responsabilidad individual por la violación de algún derecho, sino que amplía la posibilidad de hacer responsable también al Estado por tal violación. Algunos llaman derechos humanos a "aquellos que toda persona tiene por el hecho de ser persona o de ser humano". Con ello en realidad se refieren a una categoría previa a la noción de derechos humanos, técnicamente conocida con el nombre de DERECHOS FUNDAMENTALES.

Todos los Derechos Humanos son derechos fundamentales. Pero los derechos humanos son sólo aquellos Derechos Fundamentales que implican una responsabilidad estatal.

Hay que aceptar que los derechos humanos hacen alusión en sí mismos al Estado como potencial violador, no niegan ni reducen la responsabilidad individual frente a la violación de derechos, ni establecen necesariamente un mayor grado de importancia de los derechos humanos frente a otros, ni un mayor grado de gravedad por la violación de estos derechos que de otros. Es que en realidad "estos derechos" no son distintos de otros por su definición objetiva, sino por su componente subjetivo concretado en el potencial violador que es el Estado.

Así, tan grave es la violación al derecho a la vida cometida por un individuo como por el Estado. El derecho objetivamente definido, es el mismo. Pero, en virtud del sujeto violador, se habla en el segundo caso de la violación de derechos humanos y en el primero de violación de derechos (a secas) o, en un caso como éste, de violación de derechos fundamentales.

La noción de derechos no está establecida pues para designar un nivel máximo de violación de derechos, sino una categoría de derechos cuya violación puede ser imputable al Estado como autoridad política, que antes era irresponsable al respecto.

Grupos no estatales, como la guerrilla, que por su actividad esencial estén expuestos permanentemente a violar derechos fundamentales, no pueden ser considerados, en sentido propio, como violadores de derechos humanos, sino como infractores del D.I.H. A estos grupos armados No Estatales, además de las normas generales de derecho penal, como combatientes, le son aplicables las del Derecho Internacional Humanitario, que protegen derechos fundamentales mínimos.

Derecho Internacional Humanitario.

Considerado también como Derecho de los conflictos armados se define como : "el cuerpo de normas internacionales de origen convencional o consuetudinario, específicamente destinados a ser aplicado en los conflictos armados internacionales o no internacionales, y que limita por razones humanitarias, el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los métodos y medios de guerra utilizados en la guerra, o que protege a las personas y a los bienes afectados que puedan ser afectados por el conflicto".(3)

El D.I.H. en el sentido estricto se aplica no sólo a los conflictos armados internacionales sino también en los conflictos armados de carácter no internacional o conflictos internos o guerras civiles.

Conclusión : Por lo anterior y resumiendo, podemos decir que mientras que a un particular no combatiente en tanto responsable por la violación de derechos fundamentales de otras personas le son aplicables las normas del código penal, a los combatientes, sean del Estado o de grupos al margen de la ley le son aplicables además de las normas del código penal, las del Derecho Internacional Humanitario, por sus posibles infracciones. En cambio, los derechos humanos, en sentido estricto, son de responsabilidad exclusiva de los agentes del Estado, usen o no armas.

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II. Homicidios y Masacres

En los once meses de 1997 encontramos una leve reducción del total de los homicidios ocurridos en Antioquia, con respecto al año anterior. Mientras en los doce meses del 96 se presentaron 7.909 homicidios en todo el departamento, este año iban 6.370 casos y si se mantiene la tendencia, se prevé que no llegaran a lo siete mil homicidios.

En el Área Metropolitana se presenta igualmente un descenso en los homicidios, pues hasta el 30 de noviembre habían 4002, a diferencia de los doce meses del 96 en que se registraron 5.290 homicidios.

De las nueve sub-regiones de Antioquia con un registro tradicional de mayor cantidad de homicidios son el Área metropolitana y Urabá, y en ambas se presentó una significativa disminución en los homicidios. En Urabá de los 1456 casos del 96 se pasó a 808 en once meses. Pero lamentablemente en la otras siete regiones si se dió un incremento, siendo el Nordeste la de mayor impacto que pasó de 167 muertes en el 96 a 319 significando un incremento que para el conjunto del año va a ser superior al 100%.

Luego tenemos al oriente antioqueño que pasó de 281 homicidios a 325, lo cual significa un incremento del 31, 36% con respecto al año 96. Le siguen en su orden el Occidente con un incremento del 26,44%, ya que se pasó de 246 muertes violentas a 306. En el Suroeste de 253 a 332, lo cual significa un aumento del 18,95%.

En el Norte se registraron 175 homicidios lo cual significa un aumento del 15,24 %, ya que en el 96 se había presentado 126 casos.

Los dos sub-regiones antioqueñas en las cuales también se presentaron aumentos fueron el Magdalena Medio que pasó de 53 homicidios en el 96 a 59 en el año 97, lo cual significa aumento del 8,36%, y el Bajo Cauca, en cl cual se cometieron 44 muertes violentas en el 97 mientras que durante en todo el 96 habían ocurrido 37, significando un incremento del 0,12%.

A pesar de las leves mejorías en el conjunto del departamento, esto no modifica el título que ostenta Antioquia de ser el departamento más violento del pías y de Latinoamérica. La Tasa de homicidios en Antioquia es de 123,56 muertes por cada cien mil habitantes. En el Area metropolitana es de 142,62 y en la región del Urabá es de 198,53 por cada cien mil habitantes, lo cual supera a países como Brasil o El Salvador.

Las Masacres, entendida como la muertes simultánea o cuasi simultánea de 4 o más víctimas, hasta el 30 de noviembre se habían contabilizado 31, con 160 víctimas en total, lo cual implica una importante disminución con respecto al año 96 en el cual se había presentado 55 con 342 muertos. Sin embargo, en el 97, se presentaron además 113 homicidios dobles y 55 homicidios triples, que sumado a las masacres arroja un total de 399 víctimas.

La ubicación de las masacres fue así : Área metropolitana ocho, (44 víctimas), Magdalena Medio dos (11 víctimas) ; Nordeste seis (25) ; Norte dos (9) ; Occidente dos (8) ; Oriente cinco (26) ; Suroeste dos (8) ; Urabá cuatro (29 víctimas)  y en el Bajo Cauca no se presento ninguna.

En cuanto a los Responsables de esos hechos tenemos: Paramilitares 12 masacres ; limpieza social (2), Insurgencia 6, Milicias Populares 3. Hay 8 masacres sobre las cuales no se tiene ningún dato acerca de los posibles autores.

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III. Desaparecidos y Secuestrados

La privación de la Libertad de manera ilegal e injustificada es un repudiable crimen en cualquier parte del mundo. Secuestrar a una persona a cambio de dinero o de la exigencia de cualquier causa social o política aunque ha se ha vuelto ya costumbre en Colombia, no por ello deja de ser algo repudiable.

Ubicados por regiones se registron los siguientes hechos de secuestro : Área metropolitana 71, Bajo Cauca 13, Magdalena medio 16, Nordeste 36, Norte 18, Occidente 20, Oriente 61, Suroeste 52, Urabá 7, para un total 294 durante los once meses del 97. Del total de estos secuestros 208 fueron cometidos por las fuerzas insurgentes que constituyen el 70,75%. Ello se explica en el contexto del período electoral, ya que la mayoría de esos secuestros fueron producidos más con fines políticos que objetivos económicos.

La situación de privación de libertad se hace más grave cuando es el propio Estado a través de sus agentes, aquellos a quien la sociedad les ha dado la potestad para usar la fuerza, quienes directa o indirectamente cometen este crimen. Por eso la desaparición Forzada ha sido considerada en el mundo como un delito de Lesa Humanidad, en la medida en que es un método perverso de que se vale el estado para eliminar a sus opositores políticos, negando incluso hasta sus familiares y amigos el derecho a la elaboración del duelo y una adecuada sepultura.

Es triste registrar que mientras este año se presenta un pequeño descenso el las cifras de homicidios, con respecto a la desaparición forzada se da un notable incremento.

En el Área Metropolitana se pasó de 12 casos en el 96 a 34 en el 97. Y en Urabá de 43 casos en el 96 a 66 en el 97.

En el Bajo Cauca, fue la única región en la que se disminuyeron las desapariciones, ya que en el 96 se presentaron siete y en el 97 dos. De resto, en todas las otras subregiones se presentó un preocupante incremento, así : En el Magdalena Medio de 0 casos se pasó a 8, en el Nordeste, de 11 casos a 34 ; en el Norte de dos desapariciones a diez ; en el Norte de tres a veinte desapariciones en este año ; en el Oriente de 21 desapariciones a 36 ; y en el Suroeste se volvió a dar el mismo número de 30 desapariciones registrado el año anterior.

En cuanto a los responsables se considera que 76 casos son atribuibles a los Paramilitares (58,91%), 12 casos a los militares (9,3%) ; 3 casos a miembros de la fuerza pública (2,32%) y 6 casos a las Autodefensas ; de 32 caos no se tiene información con exactitud (24,8%).

En cuanto a la ocupación de las víctimas encontramos que la inmensa mayoría eran campesinos (94), otros 51 eran trabajadores de fincas, 17 comerciantes informales, 15 obreros, 11 invasores de tierra, 8 estudiantes, 6 sindicalistas, 5 conductores, 4 ingenieros, 4 de otras profesiones, 4 desempleados, 4 líderes comunitarios, 3 ayudantes de conductores, dos funcionarios estatales, dos empleados de empresas de energía, un catequista, un médico, un deportista y tres sobre los cuales no hay datos. En total 238 seres humanos desaparecidos en Antioquia en 1997, de los cuales sólo uno reapareció con vida y 15 fueron encontrados muertos, quedando todavía 222 entre la noche y la niebla.

Como vemos, en las dos subregiones en las cuales disminuyeron los homicidios Urabá y Área Metropolitana), fue en las que precisamente aumentaron las desapariciones forzadas.

La clase dirigente y el Estado tiene una posición muy ambigua frente a este delito. Mientras frente al secuestro existe un gran despliegue en los medios de comunicación, además de fuertes penas establecidas legalmente, sin embargo la desaparición forzada, siendo un hecho mucho más grave, aún se mantiene en la impunidad formal y real.

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IV. Limpieza Social

Según reporte entregado por la Policía Metropolitana de Medellín, a diciembre 1 en la ciudad del total de homicidios, 160 han sido atribuidos a actos de limpieza social, significando un deterioro de la situación con respecto al año 96.

El principal escenario de este tipo de operaciones, sigue siendo el centro de la ciudad (comuna 10) con 40 casos, seguido muy de cerca por los barrios altos de la comuna nororiental con 34 casos prácticamente en estas dos zonas se concentran casi la mitad de las muertes, atribuidas a acciones de limpieza social.

En este tipo de homicidios la impunidad es total, de un 100%. Los muertos de la calle parecen no tener dolientes en la sociedad civil ni en el Estado. Peor aún, en el imaginario social la idea de que la gente de la calle es "dañina", "indeseable".

Una de las primeras explicaciones que salta a la vista, para el aumento de los casos de limpieza social este año, es sin lugar a duda el incremento concomitante de la indigencia, y la informalidad en Medellín, así como el desempleo. Según el último estudio de Planeación Metropolitana en Medellín aumentó la cantidad de gente pobre e indigente, los estratos altos aumentaron ligeramente y los estratos medios (3 y 4) se pauperizaron. "El estrato uno paso del 3,8% al 12,2%, el dos disminuyó del 32,8% al 28,8%, el tres se redujo del 34,5% al 30%, el cuatro paso del 18,5% al 11,7%, el cinco aumenta del 8,41% al 9,2% y el seis creció del 2,1% al 8,0%. Según el último dato de desempleo suministrado por el DANE, Medellín tiene una tasa del 15%, lo que la convierte en la segunda ciudad con desempleo después de Cali (17%).

Las cárceles son el reflejo de la calidad de la Justicia existente en un país. A esta mezcla enrarecida de informalidad, desempleo, pobreza, fruto de un modelo económico depredador, se suma la situación carcelaria de la ciudad, Bellavista tiene 5.200 presos, cuando sólo está concebida para alojar 1.600, lo que crea cierta "economía perversa" frente a las consideradas "conductas desviadas", es más barato deshacerse de los seres humanos, que integrarlos al desarrollo, y rehabilitarlos.

Acerca de los posibles autores de estas acciones cabe anotar que desde el año pasado, este mapa de actores involucrados en actos de limpieza social, fue nuevamente transformado, ahora tenemos que los principales responsables son grupos como la Terraza, y los MAO, bandas ligadas al paramilitarismo, que han venido copando los espacios que antes tenían las milicias, y han adoptado igualmente la limpieza social, como estrategia de control. En la comuna Noroccidental, la disminución de estas acciones, puede ser explicada en parte por las negociaciones entre las bandas y milicias del sector que se encuentran en una fase muy avanzada, y donde ha existido un apoyo importante del estado.

En lo relativo a la comuna 10, es de resaltar que 29 de los 40 casos ocurridos allí este año, se corresponden con sitios de alta vigilancia y donde además operan las Convivir, especialmente las tres más grandes, ACEPAL, que opera en los alrededores del viejo edificio de las Empresas Públicas, Repuestos, que opera en el sector de Guayaquil y San Marcos que opera en la Plaza Minorista.

Los testimonios recogidos entre personas que laboran en estos sectores, dan cuenta de que los homicidios contra prostitutas e indigentes en estas zonas son cometidos por hombres de civil, que portan radios de comunicación. Algunos indicios plantean dudas acerca de la posible responsabilidad de miembros de las CONVIVIR. Hechos tales como: a) El oficio de las víctimas (vendedores de semáforo, mendigo, prostituta, vendedor ambulante, cotero, lavador de carros, reciclador o expendedor de droga), quienes en su mayoría presentan antecedentes penales. b) El sitio de hallazgo de la víctima; sitios habituales de encuentro o trabajo de personas con estos oficios y c) Las características de los homicidios; con carros, buen armamento y actúan con toda tranquilidad y generalmente frente a testigos.

El primero de agosto de 1997, fue suspendida la Personería Jurídica de ACEPAL, y la de "Girasoles" (San Pedro de Los Milagros), 4 miembros de ambas Convivir en días anteriores fueron sorprendidos, en zona comercial del municipio de Caldas, cuando se disponían a recibir una suma de dinero, fruto de una extorsión, sin embargo esta Convivir ha seguido operando bajo el nombre: Delta 6. Las Convivir del centro, especialmente ACEPAL, han sido judicializadas por la comisión de estos homicidios; en junio 18 fueron capturados dos miembros de ACEPAL, capturados por la Policía Antioquia, en la Pintada, tras un acto de piratería terrestre, en agosto fueron también detenidos dos miembros de las Convivir de la mayorista por porte ilegal de armas, y en julio, otros dos miembros de ACEPAL por homicidio, en el barrio Castilla.

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V. El Desplazamiento Forzado

Después de la pérdida de la vida, la mayor violación de derechos humanos y del derecho Internacional humanitario la constituye el desplazamiento forzado.

El departamento de Antioquia expulsa al 45% del total de los desplazados del país.

No existe un censo confiable del total de desplazados, en la medida en que sólo es posible saber en aquellos sitios en los cuales ocurre el desplazamiento de manera masiva, pues hay lugares en los cuales este se da a cuenta gotas y de manera muy discreta.

Según estimativos muy por debajo de la realidad, se han contabilizado 3.652 familias con un total de 21.498 personas. La mayoría provenientes de la región de Urabá de donde han salido 7453 personas, luego le sigue el Norte con 4685 personas, el occidente 2.304 ; en el área metropolitana 1671, en quinto lugar el Nordeste con 1460 ; del Oriente han salido 1107 personas , del Suroeste 1084 y finalmente de la región del Bajo Cauca 563 personas.

La cifra de los desplazados aumenta cada año. Se calcula que cada hora se desplazan cuatro hogares en Colombia, por causa de la violencia. El 53% de las víctimas son mujeres y el 47% hombres. Del total de desplazados el 54% son menores de edad niños y niñas, cuya mayor responsabilidad termina recayendo principalmente sobre las mujeres cabeza de familia.

Este es otro de los problemas en el cual recae con mayor virulencia la violencia sobre las mujeres que quedan viudas y huérfanas, teniendo que soportar la carga del sostenimiento del hogar.

Otro hecho del cual no se habla casi es el de los desplazamientos que ocurren dentro de la misma ciudad, sobre todo entre ciudades grandes como Medellín.

Los responsables de que ocurran los desplazamiento son en su orden Los paramilitares en un 33%, la guerrilla en un 28%, las fuerzas militares 14 %, la Policía Nacional en un 2% ; las milicias en un 6%, el Narcotráfico en 1% y la violencia intraurbana, conflictos entre vecinos, en un 15%.

Las causas del desplazamiento son 64% por amenazas, 14% por asesinatos, 4% desaparición forzada, 3% atentados, 1% torturas, y un 15% por miedo, persecusión, boleteo, etc.

Las regiones que más desplazados reciben es Medellín y el Área Metropolitana que recibe el 19,66% del total de desplazados. Según la Pastoral social, hasta mediados de año existían trece asentamientos urbanos en distintos lugares de la ciudad reunidos en 2690 viviendas.

Lo que está quedando cada vez más claro es que el desplazamiento se ha vuelto un arma más de las guerras, detrás de ello están la codicia por la tierra, como se puede constatar en los mapas del desplazamiento. El 75% de las personas que abandonan la tierra son propietarias, pequeños latifundistas de producción agropecuaria.

Según el informe del Comité de derechos Humanos para los desplazados se revela que del total de desplazados el 72% abandona forzosamente su tierra, el 13% la vendió, la gran mayoría a precios irrisorios, un 7% la cedió a un familiar o amigo, un 2% la arrendó y el 6% de los desplazados restantes no respondió.

De este modo las tierras están quedando en manos de unos pocos. Los principales beneficiarios son narcotraficantes, terratenientes, ganaderos y grandes comercializadoras agrícolas. Los éxodos no son casuales, sino que ellos obedecen a fuertes razones económicas y son muy coincidentes con las políticas de desarrollo que se vienen implementando, varios de los megaproyectos de desarrollo coinciden precisamente con las zonas de mayor desplazamiento de campesinos.

Más de 15.000 campesinos han salido para Panamá, Quibdó, Turbo y Pavarandó y el casco urbano de Riosucio, huyendo a la gran ofensiva desarrollada conjuntamente entre los paramilitares y luego los bombardeos aéreo del ejercito producidos en esas zonas rurales. Esto explica en parte el clima de paz que algunos consideran a llegado a Urabá.

En estos momentos los campesinos desplazados reclaman del gobierno una suspensión en los plazos para la prescripción, ya que por su salida forzosa, en poco tiempo podrían quedar legalmente en manos de otros propietarios.

Frente al desplazamiento urge la ayuda de organismos internacionales de carácter humanitario como el C.I.C.R. y otros. Así como una intervención más decidida del gobierno especialmente en cuanto a enfrentar las causas, que no son otras que el conflicto armado, la lucha por el control territorial y también por el apoderamiento de la tierra en sectores de construcción de importantes planes de desarrollo.

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VI. Violencia, Conflicto Armado y Derecho Internacional Humanitario

Durante el año 97 se presentó una fuerte tendencia al incremento de las acciones armadas e incluso al surgimiento de nuevos actores armados, en Colombia y en Antioquia.

Algunos de los casos más relievantes que sustentan esta afirmación son : En Antioquia se registraron en 1995, 328 acciones armadas, mientras que en todo el 96 la cifra aumentó a 394 acciones. En los once primeros meses del presente año, se presentaron 2.482 acciones armadas, significando, con respecto al año 96 un incremento del 630%. Octubre fue el mes que más acciones armadas se registraron en todo el año (341 acciones). Los actores más destacados en la guerra han sido la insurgencia y los paramilitares. Secundariamente estuvieron las acciones de las FF.MM. frente a los grupos insurgentes. Un destacado protagonista de la violencia en estos dos últimos años ha sido la agrupación ilegal denominada "Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá" - ACCU.

En materia de homicidios, por razones de carácter político, mientras en el año 96 representaron un 6.7% del total de los homicidios, para el año 97, en sus diez primeros meses, los homicidios de carácter político constituyeron el 25% del total de los homicidios ocurridos durante el mismo período del presente año.

Además de las distintas armas de las FF.MM. que constitucionalmente tienen el monopolio de la fuerza (Ejército Nacional, Policía departamental, Fuerza área, Gaula, CTI Grupo Antiterrorista) y las guerrillas de izquierda como las FARC con 13 frentes y 1670 combatientes, el ELN con 13 frentes y 1730 miembros, se han desarrollado la ACCU, con importante presencia en 25 municipios del departamento, las Autodefensas del Magdalena Medio con Frentes de choque en 5 municipios. Y grupos como el "Antiterroristas del Nordeste, con 60 miembros ; Colombia Sin guerrilla en el Suroeste con 25 miembros ; Muerte a comunistas y guerrilleros del Nordeste, con 50 miembros. ; el comando urbano paramilitar de Medellín con 50 miembros ; la Red Urbana paramilitar con 15 miembros. Los dos Comandos de las autodefensas barriales con 15 miembros cada uno y ahora el grupo "La Metro" que actúa en el Suroeste del departamento, con 120 miembros. MUSIND, (muerte a sindicalistas), con 30 miembros, han asesinado a 8 trabajadores este año. Otros Grupos Insurgentes que han surgido: Ejercito Revolucionario del Pueblo ERP con 125 miembros; el Ejercito Revolucionario Guevarista ERG, en el Suroeste con 55 miembros; a nivel urbano, los Comandos Armados del Pueblo CAP, con 70 miembros y los 36 grupos de Milicias Autónomas en Medellín que reúnen 260 miembros.

Otros grupos de delincuencia organizada menos conocidos como : "100 por ciento nacionales" ; los Extraditables y MAUS.

Hay que tener en cuenta que en Antioquia existen 89 empresas de vigilancia privada con cerca de 3.200 empleados armados que prestan vigilancia en propiedades bancarias, fincas, comercios, empresas y algunas residencias particulares. Existe un número importante de personajes de la vida pública, así como empresarios que disponen de escoltas, personas armadas que les dan una protección particular. A estos hay que sumarles los 3.918 miembros de las 80 asociaciones CONVIVIR existentes en el Departamento, según declaraciones del propio Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones CONVIVIR, Carlos A. Díaz.

Completan este extenso inventario el número amplio que conforma la delincuencia menor, bandas, organizadas en diversos barrios de la ciudad, una gran cantidad de delincuentes que poseen armas, al lado de la inmensa cantidad de los llamados "ciudadanos de bien" que también poseen armas éstas sí con licencia o salvo-condcuto , pero son armas que también matan.

La cantidad de civiles muertos en los enfrentamientos armados es cada vez mayor. En el año 95 las víctimas civiles en la guerra constituían el 43,1%, (177 personas de un total de 410 muertes) ; en 1996  las víctimas civiles subieron al 54,7% (288 de un total de 526) y en el los once primeros meses del 97 llegaron a 80,8% (1511 de un total de 1873 víctimas). Lo cual muestra contundentemente que son lo civiles no combatientes las mayores víctimas de la guerra en nuestro país.

Algunas características del conflicto armado actual son :

  1. En Colombia no existe una guerra bipolar, entre dos bandos o ejércitos. Nuestra situación es mucho más compleja, a diferencia de las experiencias de la 1a y 2a Guerra mundial y de la 2a. posguerra en los procesos anticoloniales de Africa y Asia, o las confrontaciones bélicas adelantadas en los años 80's en Centroamérica.
  2. En Colombia hoy participan múltiples bandos, con diferentes intereses, con aspectos comunes entre sí, pero también con serias contradicciones, aunque subyace como polos atrayentes un conflicto central entre fuerzas pro-estatales y contra-estatales. La corrupción y el narcotráfico, así como la violación de las más mínimas normas del D.I.H. es un elemento común a todos, aunque con importantes diferencias de grado, pero profundamente perturbador.
  3. La emergencia de actores urbanos armados, con un relativo control territorial barrial, desdibuja las fronteras entre Combatientes y no combatientes, así como la existencia de múltiples organizaciones paramilitares legales e ilegales, de derecha e izquierda, que involucran a la población civil a la guerra. Ese desdibujamiento entre las fronteras del Combatiente y el no combatiente hace muy difícil, por no decir en algunos casos que imposible, la aplicación del D.I.H.

Algunas conclusiones :

  1. Las políticas desarrolladas desde el gobierno central y la administración departamental, para enfrentar la violencia y el conflicto armado, consistente en acentuar las salidas de fuerza y vincular los civiles a la guerra, han arrojado resultados negativos, a juzgar por los resultados que nos muestran los hechos ya mencionados : Más grupos armados, más personas en la guerra Actores armados: organismos estatales regulares (Fuerza Pública), para-estatales (legales tipo Convivir, ilegales (autodefensas), contra-estatales (insurgencia, FARC, ELN,EPL y otros). Grupos de violencia económico-social : carteles de la droga, grupos de limpieza social, bandas urbanas, milicias urbanas las articuladas a la insurgencia y otras autónomas.
  2. El resultado de todos los enfrentamientos es que la mayoría de las víctimas son personas civiles, no combatientes.
  3. De todas las desgracias que produce la guerra, después de la pérdida de vidas humanas, tal vez la mayor y con consecuencias impredecibles es el problema, del desplazamiento forzado que se viene dando a todo lo largo del territorio nacional siendo Antioquia el departamento más afectado, que produce casi la mitad del total de los desplazados que hay en todo Colombia. En donde las viudas y los niños huérfanos son los que más sufren.

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VII. Paramilitarismo Legal e Ilegal

Hacia la periferia de la ciudad los paramilitares, se han proyectado principalmente hacia el Norte, Bello, vereda San Félix, Barbosa, San Pedro de los Milagros, Don Matías. Esta zona es precisamente donde están en juego grandes proyectos de desarrollo (Hidroeléctricas, Parque de las Aguas, Estación Medellín de la vía Férrea, Canal Seco, etc). La base paramilitar mas importante de las ACCU, en esta zona esta en San Pedro de los Milagros, desde donde han cometido una serie de operaciones, especialmente de limpieza social, pues allí la presencia insurgente es bastante débil.(4)

En este año la cúpula de las autodefensas, diseña una estrategia coherente para expandirse nacionalmente. El 15 de mayo de 1997, los líderes de los diferentes grupos de autodefensas del país, se reúnen en Turbo (Antioquia), conformando las autodefensas unidas de Colombia AUC y el triángulo que conforman los departamentos de Córdoba, Chocó y Antioquia, se convierte en la plataforma desde la cual lanzan su ofensiva a nivel nacional, especialmente hacia el sur del país, hacia el norte del país, y por el Magdalena Medio, hacia el nororiente colombiano.

Carlos Castaño señaló a la agencia noticiosa Reuter el 28 de septiembre de este año, que: "Hemos extendido nuestras acciones al Meta, Caquetá, Putumayo y Guaviare allí han sido asesinados 49 izquierdistas (léase campesinos), y 12 miembros de nuestra organización".

Según una entrevista con las AUC, éstas cuentan con un pie de fuerza de 500 hombres en el sur (5), lo que parece corresponder a una alianza estratégica entre Carlos Castaño, el esmeraldero y narcotraficante Victor Carranza y el narcotraficante Victor Feliciano, según el narcotraficante del cartel de los Llanos Leonidas Vargas, hoy detenido en la cárcel de máxima seguridad de Itaguí, quien ha denunciado a Victor Carranza por haber asesinado parte de su familia y colaboradores, la intención de éste, es apropiarse de las rutas y los laboratorios para exportar Cocaína en el sur del país.

Otro de los frentes donde los paramilitares han incursionado con fuerza, es el Magdalena Medio santandereano. Uno de los municipios atravesado por esta confrontación que ha registrado el mayor número de desplazados y enfrentamiento entre guerrilla y paramilitares es Yondó. Según palabras de dirigentes de las AUC (6), esta organización ya cuenta con 20 frentes a nivel nacional.

Por varios medios de comunicación se informa de que la mayoría de los grupos que han cometido masacres en el sur del país, han partido del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, donde los paramilitares poseen hangares y se movilizan tranquilamente en aviones privados hacia pistas clandestinas en el sur del país, también utilizadas para el tráfico de drogas (7).

La incursión de las ACCU en el Chocó, están a todas luces mucho más ligadas a las propuestas de un modelo de desarrollo, que pretende proyectar el Pacífico hacia el próximo milenio en el marco de la globalización de las economías, y las presiones sobre la tierra que de éste se deriven, que a la contención de la insurgencia, la cual en la zona ha tenido una presencia bastante marginal, especialmente en el último periodo.

Desde Puerto Berrío, Magdalena Medio antioqueño, se ubica una de las principales rutas de desplazamiento de paramilitares para este año. Desde allí, un grupo que había llegado a finales de 1996, a San Roque y Maceo, en el nordeste cercano, se consolida este año.

Recientemente se han intensificado las acciones, en especial en San Roque, Maceo, Vegachí y Cisneros, allí han sido asesinados un número indeterminado de pobladores y personal, dedicado a la construcción de la vía Medellín - Puerto Berrío, que son arrojados a precipicios en los alrededores de la carretera, otro de las casos enumerados esté año en la región, ha sido el aniquilamiento de toda la dirigencia sindical, de sintragrícola, especialmente en la vereda Cristales del municipio de San Roque y en la finca Mundial y Monitos de Maceo, de estas fincas hay unos 50 desplazados ubicados en Medellín.

Por la finca la mundial, está proyectada una carretera, que uniría el ingenio Vegachí, con la vía Medellín - Puerto Berrío. Desde Puerto Berrío, también se ha proyectado para este año otro grupo paramilitar hacía municipios del nordeste como Segovia y Remedios, siendo este último el más afectado. "En este municipio hasta el 4 de agosto de este año, habían sido asesinadas 140 personas, por el grupo llamado GAP, (Autodefensas del nordeste), en el solo casco urbano de Remedios, han sido asesinadas 42 personas y 70 familias han sido obligadas a desplazarse, la peor acción cometida por los paras, fue el ocurrido en el barrio 7 de Agosto, donde fueron asesinadas 7 personas, dentro de ellas el Ex - Alcalde de Remedios, Carlos Rojas de la U.P. y Alberto Lopera, último integrande que permanecía en la región del comité de Derechos Humanos del nordeste" (8)

En el norte del departamento se ha localizado uno de los nodos más importantes de la actividad paramilitar este año. La avanzada paramilitar tiene coincidencias con proyectos como el de construir en la región una central hidroeléctrica de grandes proporciones, que eventualmente exportaría energía eléctrica hasta México, la central estaría ubicada en Pescadero, zona rural del municipio de Ituango.

El 14 y 15 de noviembre de este año, un grueso grupo de las ACCU, arribó a los corregimientos de Santa Rita y el Aro, entre Puerto Valdivia e Ituango, donde geográficamente se abre el nudo del Paramillo (límite con Córdoba y Antioquia). Este sitio desde el punto de vista geo - político es vital, pues allí nace la Serranía de Abibe, Ayapel y San Jerónimo corredor para controlar el acceso a Ituango, el occidente Antioqueño, Córdoba, Urabá y el bajo Cauca, y le dio 5 días a los campesinos para desalojar la región, lo que generó un desplazamiento de unos 1200 campesinos al casco urbano de Puerto Valdivia. El 22 de octubre en la primera incursión de las ACCU, ya habían asesinado 7 campesinos en este corregimiento.

Esta incursión paramilitar hacia el norte antioqueño se ha extendido en los primeros días del mes de diciembre a los municipios de Toledo, san Andrés de Cuerquía, San José de la Montaña y Santa Rosa de Osos, donde se han registrado 10 homicidios y una masacre.(9)

El grupo que opera en la zona del oriente antioqueño, es esencialmente el que comanda Ramón Isaza, con sede en el municipio de la Dorada Magdalena Medio antioqueño.

La acción de los paras se localiza principalmente en la autopista Medellín - Bogotá. Este año las acciones paramilitares en la región, más importantes han sido, la matanza de 5 personas en Cocorná, otras 5 en Sonsón y de 10 aserradores en el Retiro.

Esto ha empeorado el mapa del desplazamiento en la región: "Las fincas del lejano y el cercano oriente comenzaron a quedarse solas desde hace varios meses, pero nadie lo nota, porque los campesinos salen de a pocos y no en masa como en Urabá, un promedio de 50 familias mensuales, están dejando sus fincas". (10)

Vale recordar que esta región tiene gran importancia económica, especialmente porque se produce en sus embalses ¼ de la energía total del país y porque en el oriente cercano, está el aeropuerto José María Córdoba, y se proyecta como zona franca. En esta región además operan la mayor parte de las Convivir del departamento (unas 13 Convivir).

En el suroeste antioqueño, para este año, no han sido de mucho impacto las acciones de las ACCU, excepción hecha del municipio de Urrao, donde han ocurrido varias masacres.

Se tienen informaciones de que antiguos miembros de los grupos paramilitares que operaban en la zona (La Escopeta y Don Efrén) ahora hacen parte de las Convivir (Las Garzas, Anfibios, Los Sables).

Algunas conclusiones de carácter hipotético:

  1. Este año, los puntos críticos de la acción paramilitar, se han concentrado en zonas con proyectos económicos importantes hacia el futuro, con la estrategia subsidiaria de desplazar la población civil de estas zonas, para luego a través de testaferros, o directamente de los jefes paramilitares y narcotraficantes, comprar tierras y valorizarlas, o negociarlas con los compatriotas constructores de estos proyectos.(ver mapas rutas y megaproyectos). Esta estrategia se puede comprobar en Ituango, con la construcción de una hidroeléctrica de grandes dimensiones que sería alimentada por la cuenca del río Cauca. En muchas de estas zonas los despliegues paramilitares y los ataques de la población civil, no coinciden con presencia insurgente.
  2. Los vínculos entre los paramilitares y los nuevos reagrupamientos del narcotráfico, han sido más evidentes este año, no solo en Antioquia, sino en el resto del país. Según estimativos para este año, las AUC, cuentan con un pie de fuerza de unos 5.000 hombres (11), lo que les ha implicado duplicar sus ejércitos, con las implicaciones logisticas que esto conlleva.(12)
  3. Durante1997, tanto las ACCU como las AUC, recientemente creadas, han tomado como parte esencial de su estrategia, no solo continuaron su proceso de expansión militar sino buscar tanto ganar el poder político local, como ganar su estatus político, como tercera fuerza en una eventual negociación política en Colombia.
  4. En cuanto a su búsqueda por reconocimiento del estatus político, las ACCU, y las AUC, gracias al apoyo con que cuentan en diversos estamentos del estado y sectores económicos poderosos (13), han venido presionando para que se les reconozca legalmente.

Desde la expedición de los estatutos de las ACCU, en marzo de este año, el punto de su naturaleza y razón social política, ha sido vital para esa organización, en estos estatutos se dice que : "el movimiento de autodefensas no apoya su razón de ser exclusivamente, su accionar en el campo político, ideológico y militar en la existencia del enemigo que enfrenta, sino en la conducta omisiva del estado en el cumplimiento de sus deberes y funciones a el delegadas". (14)

En este documento también insisten en darle importancia al cumplimiento del D.I.H.: "Ratificamos el compromiso de respetar los Derechos Humanos de la población civil no combatiente, esforzándonos en replantear las tácticas y estrategias de guerra con el propósito de aislar el conflicto de la población civil.(15)

A este propósito las ACCU y las A.D. del Magdalena medio, han autorizado vocero político (16), y han hecho constantes pronunciamientos y comunicados, descalificando actos, que dañen la imagen de los paramilitares, como el caso del asesinato de la comisión judicial del Meta, o las atrocidades cometidas en el Aro, contra la población civil, donde mutilaron en público varias personas.

Los paramilitares, también han levantado propuestas políticas como las de ayudar a "realizar reforma agraria en sus zonas de influencia" que de inmediato son secundadas por gremios como Fadegan o la Gobernación de Antioquia.

A diferencia de la guerrilla, que recibe dinero producto de cultivos ilícitos, los paramilitares están conectados a la producción, procesamiento y exportación de droga, así como el narcotráfico es una fuente de financiación de los paras, a cambio de retribuciones, en facilitar la compra o expropiación de tierras campesinas, darle estatus político al paramilitarismo, sería una puntada para legalizar los dineros y las acciones del narcotráfico.

Los paramilitares se compaginan con políticas y estrategias oficiales en materia de seguridad como las Convivir, tal como lo expresó Carlos Castaño, a propósito de la llegada de las primeras 13 Convivir el 10 de mayo de este año: "Es importante que el estado diseñe un plan integral de desarrollo para la región de manera concertada con el sector privado... lo único que queremos es que la guerrilla deje vivir en paz y es importante que la gente se organice de manera lícita en las Convivir". (17)

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VIII. Conclusiones y Recomendaciones

1. Durante 1997 se registró un descenso en los homicidios y las masacres en Antioquia. Principalmente debido a la disminución presentada en las dos regiones tradicionalmente más violentas, el Área Metropolitana y Urabá. Sin embargo en las otras siete regiones del departamento se dió un incremento de la violación de los derechos fundamentales.

2. La situación más grave durante el 97 la constituye el aumento de la desaparición forzada, los homicidios por razón de "limpieza social" y el desplazamiento forzado, siendo en este caso las mujeres las mayores víctimas, como viudas, huérfanas y como cabezas de familia.

3. Se presentó un inusitado incremento de acciones armadas, (630% con respecto al 96), crecimiento de los actores armados de todo tipo y un mayor número de civiles involucrados en la guerra y víctimas de tal. La máxima agudización de la violencia ocurrió en el período pre-electoral, especialmente en el mes de octubre.

4. La política del gobierno central y del departamental, a pesar de ciertos discursos de paz y tolerancia, sin embargo fue predominantemente de una línea de enfrentamiento violento de los conflictos, predicando la guerra como forma de combatir la violencia, particularmente instigando la vinculación de los civiles a grupos paramilitares legales como las CONVIVIR, y siendo tolerantes o cómplices de las autodefensas de carácter ilegal. Esta errónea política trajo entre otras consecuencias:

4.1. Incremento en el número de grupos armados ilegales, tanto de carácter insurgente como fuerzas para-estatales o de delincuencia común.
4.2. Como resultado del conflicto armado se da un escandaloso aumento de las víctimas civiles, no combatientes, llegando al 80,8% del total de las muertes fruto de los enfrentamientos bélicos.
4.3. Pese a todas las denuncias nacionales e internacionales de los últimos años, continúa en aumento los desplazamientos forzados de población, constituyéndose estos en una estrategia de guerra. Pero no sólo de lucha contrainsurgente, sino también vinculado a fuertes intereses económicos, particularmente en la tierra y en zonas de construcción de importantes megaproyectos de desarrollo económico. Ello explica porque aún en zonas en las cuales no existe insurgencia, sin embargo se presentan desplazamientos.

5. En la lucha contrainsurgente se destaca la mayor participación de los grupos paramilitares ilegales y de autodefensa y en menor medida las Fuerza Pública.

6. Se resalta una estrecha relación entre el proceso de empobrecimiento económico de la población, particularmente en el área metropolitana, con el aumento de la indigencia y las acciones de la llamada "limpieza social", las cuales se registran en aumento. Estos actos criminales se hacen posible en un contexto material y culturalmente violentos, pues esa misma situación de empobrecimiento se presenta en otros países sin que necesariamente presente cuadros de violencia tan dramáticos como los nuestros.

7. La impunidad sigue siendo una constante. No se presentan cambios importantes en cuanto a la investigación y sanción a los responsables de la violación de los derechos fundamentales. Este es un grave factor estimulante a la solución violenta de los conflictos y a la conformación y/o desarrollo de grupos armados. Frente a los cual las diversas instancias del Estado no asumen modificaciones de envergadura.

8. Es reiterada la violación al Derecho Internacional Humanitario por parte de todos los actores armados, convirtiéndose más que en simples infracciones involuntarias o consecuencia de la guerra, en una táctica militar deliberada de los actores para adelantar la misma.

9. Las medidas aplicadas por el gobierno nacional y la administración departamental para atender las consecuencias de la violencia son demasiado insuficientes unas y equivocadas otras. Insuficientes las que tienen que ver con la atención a los desplazados, a la superación de la impunidad. Erróneas las que se refieren al incremento del paramilitarismo, el control a la impunidad, la atención al problema carcelario o la omisión frente a la impunidad y frente a las acciones de "limpieza social".

10. En Contraste con las políticas oficiales de guerra, desde la sociedad civil surgieron múltiples iniciativas en favor de la solución pacífica de los conflictos. Propuestas con diferentes denominaciones, las cuales confluyeron en el mandato por la paz en las elecciones del 26 de Octubre. Esta variedad de propuestas tienen en común el clamar por una Solución Política negociada al Conflicto armado, cuya paso inmediato se concreta en la necesidad de lograr un acuerdo humanitario entre los distintos sectores que adelantan la guerra.

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Notas

(1) Una exposición más extensa de estos conceptos puede consultarse entre otros textos en : HACIA DONDE VA COLOMBIA ? Una mirada desde Antioquia. Violencia, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Antioquia durante 1996. Diagnóstico y Recomendaciones. Equipo de Investigaciones "Violencia y Derecho Humanitario en Antioquia" Instituto Popular de capacitación, Area de derechos Humanos. Medellín, mayo de 1997.

(2) PEREZ LUÑO, Antonio. Estado de Derecho, Derechos Humanos y Constitución. Ed. Tecnos., Madrid,1995

(3) SWINARSKI, Ch. Ob. Cit. p.11.

(4) La mas reciente de estas incursiones fue en Enero de 1997, donde fueron asesinados simultáneamente en la vereda San Félix y en San Pedro, acusados por las ACCU, de ser en unos casos milicianos y en otros rateros

(5) Según la revista la Nota económica del 17 de nov de1997...

(6) Ibid.

(7) El Tiempo, 31 de agosto de 1997.

(8) El Colombiano, 4 de agosto de 1997.

(9) El Colombiano, 4 de diciembre de 1997.

(10) El Tiempo, 3 de noviembre de 1997.

(11) Según Cambio 16, primera semana de diciembre de 1997, son unos 3.000.

(12) Según un reportaje de la revista la Nota Económica de noviembre 17 de 1997, "equipar a cada uno cuesta 10 millones y mantenerlo 500.000 mensuales".

(13) A finales de 1996, Mario Aristizábal, Presidente de Proantioquia y vocero del sindicato antioqueño, se reunió con las ACCU, en el marco de su papel en la comisión facilitadora de paz, y se comprometió a "motivar al gobierno o al congreso, a crear un proyecto de ley, sobre el tema."

(14) Propuestas de estatutos de las ACCU.

(15) Ibid

(16) Max Alberto Morales, liberal de Puerto Boyacá.

(17) El tiempo, 10 de mayo de 1997.

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Documento editado electrónicamente por el Equipo Nizkor, en Madrid a 15 de junio de 1999

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