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29oct12
En 2012, 392 jóvenes fueron asesinados en Quibdó, Buenaventura y Tumaco
La Coordinación Regional del Pacífico de la cual forman parte organizaciones étnico-territoriales y las Diócesis de Quibdó, Tumaco, Apartadó, Buenaventura, Istmina y el Vicariato Apostólico de Guapi, denuncia ante la opinión pública a nivel nacional e internacional, la grave situación que se viene agudizando por el asesinato de tantos jóvenes afrocolombianos e indígenas.
En las ciudades y pueblos del Pacífico reinan los delincuentes con la complicidad de unas autoridades inoperantes y de una sociedad aterrorizada.
La situación de violencia que ha afectado a los pueblos indígenas y afrocolombianos de las áreas rurales del Pacífico, desde el año 1996, ahora se manifiesta de manera habitual en las calles de Quibdó, Istmina, Turbo y Guapi, pero ya años atrás este genocidio de jóvenes se viene dando de manera abierta en las ciudades de Buenaventura y Tumaco. Aunque las autoridades no han dado la alarma, la ciudadanía se encuentra angustiada por las cantidades de armas de fuego que circulan sin ningún control y por la forma sanguinaria como son usadas en las calles de las ciudades. Esta inusual pérdida de vidas humanas es un crimen que clama al cielo en una región que había sido tradicionalmente pacífica.
El aumento de población vulnerable en los barrios marginales es también caldo de cultivo de los paramilitares, guerrilla y otros grupos armados ilegales que se disputan los territorios para la extorsión y las ganancias del negocio de las drogas ilícitas. La cantidad de jóvenes sin educación ni hogares responsables que caen en las redes de la delincuencia, es la materia prima para la delincuencia organizada que hoy se disputa el control territorial en los barrios.
En lo que va corrido del año 2012, cerca de 80 muertes violentas acaecidas en la ciudad de Quibdó, en Buenaventura 163, Tumaco 149 (hasta julio), entre otras, además de muchos desaparecidos y amenazados, han llenado de espanto y preocupación a sus habitantes. Los cristianos no podemos ser indiferentes ante esta situación, con menor razón quienes hemos hecho opción por la defensa de la vida como un don de Dios y el deber de protegerla y defender los derechos que le son inherentes.
En esta grave situación la comunidad espera la acción responsable de las autoridades del Estado en todos sus niveles con políticas que garanticen el derecho a la vida y la integridad personal de sus ciudadanos. Urgen acciones responsables e inmediatas de las autoridades competentes para detener el derramamiento de sangre. La comunidad no puede seguir sospechando de la participación activa del brazo armado de la "ley" en tantos homicidios considerados como acciones de "limpieza social".
No es posible entender que en ciudades pequeñas como Quibdó, Istmina, Guapi, Tumaco, Turbo, Apartadó y Buenaventura, entre otras, con gran abundancia de personal uniformado, los paramilitares, guerrilla y otros grupos armados ilegales reinen a sus anchas y realicen numerosos actos criminales acompañados de la impunidad. No es posible que muchos jóvenes vean como única alternativa conseguir también su arma para defenderse, porque no se sienten protegidos por las autoridades. No podemos aceptar tanta omisión en el ejercicio del control de las armas y de la seguridad ciudadana.
Finalmente tenemos el deber como agentes de pastoral y acompañantes de los pueblos indígenas y afrocolombianos de pedir a las comunidades locales mayor compromiso en la defensa de su propio entorno y de su propia seguridad. No es posible aceptar la utilización de muchos menores de edad al delito para escapar al castigo de la Ley. No es posible que muchos jóvenes se dediquen a delinquir mientras sus familias se hacen las desentendidas. No es posible dar cabida en nuestros barrios a los asesinos permaneciendo en silencio. No es posible pedir seguridad ciudadana mientras somos cómplices por acción u omisión.
La defensa de la vida como don divino exige un compromiso eficaz, organización en los sectores, coordinación institucional, autoridades cumplidoras de su deber constitucional y legal, funcionarios responsables y ciudadanos honestos que sean capaces de privilegiar el beneficio común por encima del egoísmo particular, aunque esto nos traiga a todos incomodidades y tareas que comprometan nuestra responsabilidad personal, grupal e institucional.
Por todo lo anterior solicitamos a la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y demás órganos de control que operen, de la manera más efectiva y perentoria, privilegiando la acción oficiosa, a fin de aplicar Justicia y detener este derramamiento de sangre.
Quibdó, 29 de octubre de 2012
Coordinación Regional del Pacífico
Asociación OREWA
Diócesis de Tumaco
COCOMACIA
Diócesis de Buenaventura
ACADESAN
Diócesis de Istmina-Tadó
ASCOBA
Diócesis de Apartadó
Asociación Casa del Niño
Vicariato Apostólico de Guapi
ASDES
Diócesis de Quibdó
Corporación Podión
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