Equipo Nizkor - Informe anual de impunidad 2012: Rostros y Rastros de la Libertad de Expresión en Latinoamérica y el Caribe.

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23nov12

Informe anual de impunidad 2012:
Rostros y Rastros de la Libertad de Expresión en Latinoamérica y el Caribe

¿Qué es IFEX?
IFEX es la red global de organizaciones comprometidas con la defensa y promoción del derecho a la libertad de expresión. IFEX-ALC es la alianza regional de IFEX en América Latina y el Caribe.
Su formación comenzó después de una reunión de Antigua Guatemala en 2009, donde alguna de las organizaciones de IFEX en la región decidieron darle a su trabajo en conjunto una impronta más estratégica amparada en una visión más específica de la alianza y confiada en las posibilidades que esta tiene de ser una fuerza de movilización e impacto en el avance por la defensa de la libertad de expresión en la región.
La misión de la IFEX-ALC es promover y defender el derecho a la libertad de expresión a través de la Alianza regional permanente entre organizaciones que promueven este derecho en América Latina y el Caribe. Para cumplir esa misión, IFEX-ALC trabaja para mejorar el impacto en la promoción y defensa del derecho a la libertad de expresión y darle visibilidad a este derecho con el fin de repercutir en la ciudadanía, los periodistas, los medios de comunicación y las autoridades.
Los objetivos de IFEX-ALC son:
Contribuir al fortalecemiento de las herramientas de monitoreo y registro, así como también los mecanismos de alerta, acompañamiento y denuncia de violaciones al derecho a la libertad de expresión de las organizaciones de la región. Lo anterior, mediante la capacitación, la creación de grupos de trabajo y/o el intercambio de información y experiencias.
Generar mecanismos de interlocución o diálogo institucional con los diferentes poderes del Estado, los organismos internacionales, los periodistas, los medios de comunicación y la sociedad civil para que se defienda, garantice y promueva el derecho a la libertad de expresión.
¿Por qué un Día Mundial contra la Impunidad?
Todos los días, alrededor del mundo, artistas, periodistas, músicos, escritores y defensores de la libertad de expresión son silenciados, muchos de ellos a muerte; y a menudo sin que los agresores sean investigados o enfrenten alguna consecuencia.
El Día mundial contra la Impunidad, lanzado el 23 de noviembre de 2011, conmemora el aniversario de la masacre de Ampatuan, ocurrida en Filipinas en 2009, cuando 32 periodistas y trabajadores de medios fueron asesinados, en una de las masacres más terribles de la historia.
El objetivo del Día Mundial contra la Impunidad es lograr justicia para los perseguidos por ejercer su derecho a la libertad de expresión, llamando la atención global sobre el tema. Y busca no sólo aumentar la conciencia pública acerca de lo que crea y sostiene una cultura de impunidad, sino también urgir a los ciudadanos de todo el mundo a tomar medidas, hacer oír su voz y exigir justicia.
El Informe regional sobre impunidad
Juntos, este año, hemos realizado el primer análisis regional sobre la impunidad, y que presentamos coincidiendo con el Día Mundial contra la Impunidad. Nuestra expectativa es que este análisis nos sirva en nuestro futuro trabajo en la lucha contra la impunidad en América Latina y el Caribe y que se convertirá en un recurso útil también para los demás.
El informe busca hacer un análisis de la situación de impunidad de cada uno de los 11 países de Latinoamérica o el Caribe, presentes en él, para hacer una reflexión de los hechos más recientes y del contexto actual en materia de impunidad, a nivel cualitativo como cuantitativo.
Perfil Latinoamérica
Impunidad en agresiones contra periodistas en América Latina:
Un largo camino, muchos matices |1|
1. Impunidad y libertad de expresión
Tradicionalmente, se relaciona la impunidad con la muerte. Sin embargo, Latinoamérica, desde su diversidad, es una muestra de la gran cantidad de facetas que la impunidad puede tener. La impunidad, entendida como la desidia del Estado frente a las violaciones que aquejan a sectores de la sociedad, es especialmente grave en materia de libertad de expresión. Si el Estado no promueve y acoge este derecho, quienes transitan sus sendas están condenados a un tortuoso camino: no sólo deben intentar hacer efectivo su derecho, sino también clamar por la justicia que no llega.
Y sin embargo, la libertad de expresión sale adelante. De los contextos más adversos, la sociedad se pronuncia. Los periodistas son los elegidos para estar en la primera línea de esta lucha. Aun siendo víctimas de los más grandes ataques y presiones, continúan con su labor, firmemente, valientemente, or-gullosamente. A pesar de todo, la labor de informar, de desarrollar criterio en la sociedad, de promover la democracia, sigue adelante.
Los periodistas latinoamericanos se ven enfrentados no sólo a la violencia derivada de conflictos armados, disturbios internos, delincuencia común y el narcotráfico. También se exponen a nuevas formas de censura, muchas veces de manera más sutil, acompañada de agresiones de baja intensidad, que dificultan enormemente el quehacer periodístico.
La iniciativa de IFEX-ALC surge en este contexto como una respuesta a la grave crisis que se gesta en la región. Como un espacio de análisis e información, de desarrollo de ideas para lograr iniciativas innovadoras de protección en materia de libertad de expresión.
2. Caracterización de la impunidad - Nuevas incidencias en materia de censura indirecta y violaciones invisibilizadas de baja intensidad
El concepto de impunidad en general, y de manera específica en materia de libertad de expresión, no es fácil de definir pues se relaciona de manera íntima con los mecanismos de protección existentes en un país, los niveles de acceso a la justicia y, en general, con las garantías legales y sociales en materia de derechos humanos. Frank La Rue, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la ONU, al presentar su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra el 19 de junio de 2011, afirmó que "el problema para asegurar la protección de periodistas en todo el mundo no está en la falta de normas internacionales, sino en la falta de capacidad o de voluntad de los gobiernos de aplicar medidas eficaces".
La falta de voluntad o capacidad estatal se manifiesta en graves fallas de protección y en la ausencia o ineficacia de mecanismos concretos, que se ve agravada por violaciones al debido proceso y al acceso a la justicia.
La impunidad es claramente un síntoma de los niveles de conflictividad social que surge de la falta de garantías en los países para un ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, en este caso, de la libertad de expresión. Se puede entender que implica permitir que graves agresiones contra este derecho queden sin castigo, bajo un clima de permisividad de parte del Estado |2|.
En América Latina son claras dos tendencias: la impunidad en violaciones graves, por un lado, y la existencia de entornos en los que hay episodios de violencia física de baja intensidad que, por ende, no son perseguidos de manera activa por el Estado, pero están insertos en un entorno de grave censura indirecta, ejercida incluso por el Estado mismo.
Este es un hecho notorio en materia de violaciones contra la libertad de expresión, dado que periodistas y comunicadores constituyen uno de los gremios más perseguidas en el mundo. Según el Comité de Protección a Periodistas de Nueva York (CPJ), desde 1992 han muerto 148 periodistas en las Américas. De ese total, 92 crímenes continúan en la absoluta impunidad; sólo en el 2011 ocurrieron ocho de esos asesinatos.
A la par, también han surgido o se han intensificado nuevos mecanismos sutiles de censura que tienen un grave efecto inhibitorio para la libre expresión. Mecanismos que en muchos casos no son evidentes, como las estigma-tizaciones, los retiros de frecuencias radiales e incluso la creación de nuevos medios estatales que cooptan los espacios de la prensa independiente.
Es importante resaltar que la impunidad no sólo existe en las agresiones directas de alta intensidad, sino que se está manifestando más peligrosamente en la ausencia de garantías del Estado para ejercer la libertad de expresión e información.
El Contexto Latinoamericano: Entorno complejo
Los índices de impunidad se relacionan de manera directa con la administración de justicia de los países. En América Latina, los sistemas de justicia son en extremo disfuncionales como tendencia general; se encuentran sobrecargados, tienen altos niveles de represamiento de procesos y sobrellevan procedimientos arcaicos que no ofrecen respuestas a los desafíos actuales para la impartición expedita de justicia.
A esto se suma la falta de especialización de sus funcionarios y la ausencia de mecanismos especializados que den seguimiento a las violaciones de derechos humanos, y en especial de poblaciones de alto riesgo, como es el caso de los periodistas.
Esta situación se hace más patente en países que sobrellevan contextos de violencia generalizada y conflictos armados. El sistema mexicano de justicia es un ejemplo de esa situación: es un sistema que debido a sus apremiantes necesidades de reforma, no permite que se desarrollen cabalmente las investigaciones judiciales, lo cual afecta de manera aun más grave los casos de violaciones de derechos humanos.
A ese factor estructural se suman los altos niveles de corrupción sistemática dentro de los Estados latinoamericanos, que se extienden por los sistemas de justicia e incluso al entorno social. Los bajos niveles de acceso a la información, los obstáculos legales, impiden no sólo hacer un seguimiento cercano. El control social de la administración de justicia presenta igualmente dificultades para que se garanticen los derechos de acceso a la justicia y recursos efectivos para las víctimas.
La impunidad tiene diversas formas de manifestarse, según el entorno de cada país. A continuación haremos un recorrido por los entornos latinoamericanos en los que se manifiesta la impunidad.
El contexto de Centroamérica y México es claramente uno de los más cambiantes, dado su grave enfrentamiento con las bandas del crimen organizado que llega a proporciones incontenibles, aunado a la indiferencia del Estado en cuanto a la aplicación de la normatividad, en cuyo contexto las agresiones contra los periodistas alcanzan cifras extraordinarias.
En la región andina, el afán de los gobiernos y los núcleos de poder por evitar el escrutinio público de quienes desarrollan la labor informativa ha generado diferentes fenómenos.
Colombia sigue en la mira, pues si bien existe una institucionalidad que intenta acoger a las víctimas y reparar graves daños, la masividad de las violaciones aunada a una grave crisis en los niveles de acceso a la justicia propician el camino para la grave impunidad en violaciones de derechos humanos. En específico, se ve cómo las violaciones a la libertad de expresión tienen un impacto diferenciado en contra de las mujeres periodistas quienes son víctimas de las más graves y desproporcionadas agresiones.
Es similar la situación del Brasil, donde hay un marco legal e institucional que busca proteger a los periodistas, ella no logra alcanzar el entorno local, en el cual los periodistas son más vulnerables a agresiones e incluso a la muerte, debido al desinterés del Estado en ejercer un rol activo en su protección. Allí, los periodistas regionales que no cuentan con un perfil muy alto se ven más expuestos a violaciones en su contra. Esa situación no es ajena al contexto peruano, donde hubo uno de los mayores números de agresiones y asesinatos contra periodistas en Suramérica, sin que haya reales garantías judiciales y policivas para el acceso a la justicia.
La relación entre impunidad y censura indirecta cobra aún más vigencia en entornos como el ecuatoriano, el boliviano y el venezolano, donde una nor-matividad restrictiva de la mano con la apatía, permisividad e incluso connivencia del Estado frente a las violaciones contra la libertad de expresión generan un clima adverso para la libertad informativa, a la vez que abre paso a violaciones contra los periodistas que cobran cada vez mayor intensidad. Argentina ha demostrado que la impunidad también se puede caracterizar por reiterados episodios de violencia de baja intensidad que no reciben atención de parte del Estado, envueltos en un grave clima de presiones y censura. Chile muestra, a su vez, cómo el impacto diferenciado de las violaciones a la libertad de expresión puede afectar de manera grave a los informadores desde la perspectiva étnica, ante la falta de garantías para un ejercicio informativo plural.
En el Caribe, el Estado se muestra como principal agresor en países donde los periodistas se han convertido en los principales críticos de la corrupción y la falta de gobernanza. Los gobiernos, de manera abierta, utilizan desde la violencia física hasta el uso ilegitimo de las instituciones legales en contra de los periodistas. El espectro de las agresiones que involucra tanto a funcionarios públicos como a la sociedad civil va desde la pérdida de propiedad y medios de vida, hasta el acoso, las agresiones físicas, e incluso la muerte. Sin embargo, son preocupantes varios elementos comunes. Por un lado, la impunidad continúa siendo el elemento común de los asesinatos de los periodistas latinoamericanos y del Caribe, reflejado en la falta de promoción de las investigaciones judiciales y sanciones legales. Esa impunidad promueve, de manera perversa, que se gesten mayores agresiones y violaciones contra la prensa. En palabras del maestro Javier Darío Restrepo, "la impunidad es la nota común en las muertes violentas de periodistas en América Latina y una de las causas de multiplicación de los casos de asesinato".
Igualmente, se evidencia que los gobiernos buscan cada vez más la imposición de legislaciones y políticas restrictivas de la labor informativa que impidan y prevengan el control social de la función pública. En este sentido, las estigmatizaciones desarrolladas por los gobiernos en contra de algunos periodistas han aumentado sus niveles de riesgo de manera exponencial, invitando a la desidia del aparato estatal frente a las agresiones que se materializan. Pero más allá, llama la atención cómo se presenta, cada vez de manera más sorprendente, la participación de los ciudadanos comunes en actos de censura y de agresiones contra los periodistas.
En esto incide, como factor de riesgo, la falta de conocimiento sobre estándares periodísticos y de autoprotección, por parte de los periodistas que desarrollan la labor informativa. Casos como la utilización laxa de adjetivos en titulares de prensa o la publicación de información imprecisa o carente de fundamento han puesto en condiciones de desprotección a periodistas y han ocasionado una ola de denuncias penales y de agresiones por parte de gobiernos y de organizaciones sociales afectas a estos, lo cual demuestra que hay una delgada línea que separa al ejercicio periodístico riguroso del titular que atraiga a más lectores. Incluso algunos medios de comunicación contribuyen a este clima de censura, dado que no consideran dentro de su órbita el promover mecanismos de protección para sus periodistas.
¿Qué hacer ante este entorno?
No callar. Es parte de la labor periodística exigir la protección y las garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales y denunciar violaciones graves al amparo de un ejercicio ético y responsable de la profesión, en especial cuando es la misma libertad de expresión la que se ve amenazada. Por otra parte, es la sociedad civil la que ha tenido logros emblemáticos en material de lucha contra la impunidad, en especial cuando ha logrado desarrollar un trabajo coordinado con el Estado. En este sentido, podemos ver como casos emblemáticos de asesinatos de periodistas, que encontraron la muerte debido a su compromiso con la denuncia de la corrupción y del actuar de los grupos armados y de las bands delincuenciales los casos de José Luis Cabezas (Argentina), Tim Lopes (Brasil) o Guillermo Cano (Colombia). En esos casos, la interlocución e incidencia de la sociedad civil local e internacional y el apoyo de las organizaciones de periodistas permitió que los perpetradores fueran enjuiciados y condenados o se presentaran avances importantes en las investigaciones y en el manejo de los casos por parte de los Estados.
Esto demuestra que aquellos países que cuentan con una sociedad civil consolidada tienen mejores posibilidades de influir en los sistemas de justicia para dar visibilidad y proponer caminos para combatir la impunidad de manera efectiva e incluyente. Colombia y Perú son ejemplo de esta característica, donde una sociedad civil fuerte, y no fragmentada, ha sido un bastión importante en la lucha contra corrupción.
En este sentido, el respaldo desde las organizaciones de libertad de expresión y las iniciativas organizativas de los periodistas cobran mayor importancia como instancias que promueven los derechos de los periodistas y denuncian violaciones de derechos humanos, promoviendo agendas comunes y generando nuevas alternativas a problemas antiguos.
Impulsar un periodismo ético, que promueva la libertad de información, la pluralidad, la libertad de elección y, ulteriormente, que busque desarrollar estándares democráticos en nuestras sociedades latinoamericanas, se convierte en un paso necesario para fortalecer los mecanismos de lucha contra la impunidad y el impulso de la sociedad civil como ficha clave en la promoción de la libertad de expresión en la región.

México
Tiempos violentos
La violencia contra la prensa en México es la cara visible de un problema más profundo. El Estado enfrenta una situación crítica cuyo origen se remonta a problemáticas estructurales de larga data y que se salió de control en el 2006, cuando el presidente Felipe Calderón implementó una estrategia de seguridad y combate al crimen organizado que desató una guerra en casi todo el país y una crisis generalizada de derechos humanos. En ese contexto destacan los asesinatos de periodistas y otros atentados graves contra la libertad de expresión. El país cuenta ahora con una ley marco para proteger periodistas y activistas, pero el reto está en imple-mentarla.
1.CONTEXTO
Introducción
México es un país en el que la prensa ha estado siempre sometida a decisiones de algún poder. Inicialmente fue el poder político. Después, el económico y las estrechas relaciones entre ambos. Son contados los medios de comunicación y periodistas cuya línea editorial escapa a la realidad oficial o simplista, el castigo o la censura. Sin embargo, la prensa crítica, de investigación, o alternativa al modelo periodístico establecido se fue abriendo espacios y gozó de cierta libertad, incluso en el sexenio previo al gobierno de Felipe Calderón.
En el contexto de una relación viciada entre los distintos poderes y los medios de comunicación, la "Guerra contra el narcotráfico" sólo hizo rebalsar un vaso ya lleno. El periodismo quedó atrapado entre dos líneas de fuego: la de los propios agentes del Estado (en el 64 por ciento de los casos |1|) y la del crimen organizado que encontró en los medios de comunicación un espacio de poder que debía tomar, que debía silenciar o bien un objetivo fácil de atacar, en ausencia o incluso con la aquiescencia de los propios agentes del Estado.
El Estado mexicano no sólo está obligado a garantizar que sus agentes no cometan actos de violencia contra periodistas. Debe también prevenir, investigar, procesar, juzgar y en su caso sancionar las agresiones de parte de particulares. Pero es una obligación que no cumple.
La reacción del Gobierno Federal frente a esa situación de impunidad fue la creación, dentro de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas. En julio del 2010 tuvo una reestructuración y cambió de nombre a Fiscalía Especial de Agresiones a la Libertad de Expresión (FEADLE). Desde entonces ha iniciado 143 investigaciones y sólo una ha culminado con sentencia condenatoria, tras el esclarecimiento de una amenaza vía electrónica por la que se estableció una pena de 180 días y una multa de 36.400 pesos mexicanos (alrededor de $US 2800).
Hasta el 2011, la FEADLE mantuvo una tendencia a declinar competencia sobre los casos de su jurisdicción que revelaba, además de incompetencia de origen, una falta de voluntad política que recientemente fue corregida con la aprobación de una reforma constitucional mediante la modificación del artículo 73 de la misma. Esa reforma establece que "las autoridades federales podrán conocer también los delitos del fuero común, cuando estos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta". Aunque por el momento se abre una puerta en la lucha contra la impunidad, prevalecen aún varias deficiencias debido a que 0la fiscalía no cuenta con autonomía ni presupuesto suficientes.
De los crímenes contra periodistas y medios de comunicación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha registrado, el 71 por ciento sigue en la impunidad, informó el órgano a mediados de julio pasado. Desde el 2000, la Comisión ha registrado 82 casos de homicidio de periodistas, 16 desapariciones y 28 atentados contra medios, de los cuales el 19 por ciento ha sido investigado y solo el 7 por ciento culminó con en una condena.
Cifras de violencia
Durante el 2010, el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) registró y documentó 155 agresiones contra la libertad de expresión. De ese total, 129 se cometieron contra periodistas y trabajadores de la comunicación. En 29 casos la víctima fue una mujer y en 26 las agresiones las sufrieron medios de comunicación. La estadística incluye ocho periodistas asesinados, uno desaparecido, seis periodistas secuestrados y nueve que tuvieron que autoexiliarse para resguardar su seguridad.
El tipo de agresión más recurrente fue el ataque a la integridad física o material tanto de reporteros como de instalaciones de medios (52,9 por ciento). En segundo lugar figuran las amenazas y los actos de intimidación (31,61 por ciento). De los 82 casos de agresiones físicas o materiales, 59 corresponden a periodistas, cinco a trabajadores de medios y los 18 restantes a instalaciones de medios de comunicación. Para la agresión se utilizó explosivos o armas de fuego de grueso calibre en 13 de esos casos.
Respecto a los posibles responsables del universo de agresiones registradas, en el 49,03 por ciento figuran autoridades y en el 26,45 por ciento personas presuntamente vinculadas con grupos del crimen organizado.
Con respecto al 2009, las agresiones cometidas por autoridades se redujeron de un 65 a un 49,03 por ciento. Si bien las agresiones más violentas se atribuyen al crimen organizado, las más recurrentes en el 2010 fueron las cometidas por agentes estatales. Según se desprende del estudio "Violencia en México y el Derecho a la información 2010", de Article XIX y CENCOS |2|, tres cuartas partes de las agresiones de origen estatal son de responsabilidad de corporaciones policiales y de las fuerzas armadas en el ejercicio de funciones de seguridad pública. El 20,65 por ciento son de responsabilidad de algún agente del Estado a nivel estatal. Y el 22,58 por ciento fueron cometidas por autoridades del ámbito federal.
Los Estados más peligrosos, según el análisis, fueron: Guerrero, Michoacán, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León y Sinaloa. En esos Estados se concentraron los ocho homicidios, una desaparición y los 13 ataques violentos contra medios y el total de agresiones representaba el 41,9 por ciento (65) del total de las agresiones a nivel nacional. Según esos números, el noroeste del país es el más peligroso para ejercer el periodismo. Pero en los últimos dos años, el Estado en el que se registró más violencia contra la prensa es Veracruz.
En contraste con el 2009, en el que se registraron un total de 244 casos, la disminución de casi una tercera parte respecto al año anterior no respondió a una mejora significativa: mientras los casos de violencia se agudizaron en algunos Estados del país, la denuncia pública de las agresiones disminuyó por temor a represalias y por falta de investigaciones eficaces por parte del Estado.
Por otro lado, el último informe "Silencio Forzado" 2011 de Article XIX, oficina para México y Centroamérica" |3|, asegura que sólo entre 2009 y 2011 existe registro de 565 agresiones contra periodistas. De ese total, una de cada dos fue perpetrada por algún servidor público, mientras que el 13,63 por ciento fue adjudicado a integrantes de la delincuencia organizada, en un período en que se dieron 27 asesinatos de periodista.
Un tortuoso camino de ley
El Estado ha sido incapaz de garantizar la integridad de periodistas y de activistas pro derechos humanos. Los mecanismos de protección que existen son insuficientes para resguardar la seguridad de esos grupos poblaciones fundamentales para el fortalecimiento de la vida democrática. Los beneficiarios de medidas cautelares dictadas por instancias internacionales o nacionales han constatado la falta de respuesta gubernamental y la ineficacia de
sus medidas. Una de las constantes recomendaciones de organismos internacionales al Estado Mexicano ha sido, por ese motivo, impulsar la creación de un mecanismo especializado en protección, subsidiario y complementario a las obligaciones del Estado ya existentes.
En febrero del 2010 se abrió, por primera vez, un espacio de diálogo entre el gobierno, la sociedad civil e instancias internacionales para impulsar dicho mecanismo. CENCOS participó a lo largo de ese año en varias mesas de trabajo y ha dado seguimiento a un proceso desigual que llevó al Estado a firmar, el 3 de noviembre de 2010, un convenio para la creación de un mecanismo de protección |4|, sólo para periodistas que, a la postre, no consideró los aportes realizados desde las organizaciones de la sociedad civil y el gremio periodístico. Una vez instalado el Comité del mecanismo para periodistas, CENCOS fue invitado a pertenecer a dicho Comité como integrante representativo de la sociedad civil. Pero consideramos que los criterios de operación de dicho mecanismo nunca fueron claros, por lo que su correcto funcionamiento quedó pendiente en materia de cumplimiento del Estado de sus obligaciones internacionales y fue superado por otro mecanismo legal de protección.
Después de un estancamiento de ocho meses en la interlocución con la sociedad civil, la Secretaría de Gobernación respondió a las múltiples solicitudes hechas por las organizaciones impulsoras del mecanismo para restablecer las reuniones de trabajo para la construcción del mecanismo. Semanas antes de la visita oficial de Navanethem Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a México, en julio del 2011, la Secretaría de Gobernación convocó a una reunión de trabajo a las organizaciones civiles a fin de construir el mecanismo para personas defensoras de derechos humanos, que a la postre integraría a periodistas. Pillay declaró públicamente haber sostenido conversaciones con el Poder Ejecutivo en las que fue informada sobre la creación de ese mecanismo. Pero en conversaciones con el gremio periodístico y la sociedad civil se le informó que ese mecanismo aún no estaba operando, por lo que hizo un llamado concreto al Gobierno Federal a implementar el mecanismo y su operatividad.
En relación al mecanismo de protección para defensores y defensoras, decretado |5| para su creación y presentado durante esa visita, la Alta Comisionada recibió con agrado la noticia y aseguró que su oficina en México estaría dispuesta a colaborar para su implementación y a atender más cercanamente la situación de la libertad de expresión. Pero las mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación siguieron sin una metodología clara de trabajo y postergaron la implementación del mecanismo para defensores y defensoras de derechos humanos al igual que el de los periodistas.
La sociedad civil en México empeñada en la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión ha participado, a lo largo de tres años, en diferentes espacios con autoridades y organizaciones desde los que se impulsa la creación de un mecanismo de protección eficaz. En esa tarea encontró un camino abierto en el Poder Legislativo para una Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas construida y avalada por un nutrido grupo de organizaciones de derechos humanos. Entre ellas, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias - México, Amnistía Internacional México, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, Casa de los Derechos de Periodistas, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro Medio Ambiente, Brigadas Internacionales de Paz, Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los derechos para Todos y Todas"y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).
Entre abril y mayo del 2011, dichas organizaciones, ante la preocupante situación de riesgo para ambos sectores y ante la falta de respuesta por parte de la Secretaría de Gobernación, sostuvieron una reunión con el equipo de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organizaciones No Gubernamentales del Senado de la República para plantear los siguientes objetivos:
1. Promover dentro del Senado de la República un mayor conocimiento, comprensión y reconocimiento sobre la labor y riesgos actuales de los individuos, grupos e instituciones dedicados a defender y promover el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión.
2. Conocer las recomendaciones de diferentes instancias internacionales y nacionales sobre la necesidad de implementar un mecanismo nacional de protección para periodistas y personas que defienden los derechos humanos, así como dar cumplimiento a la Declaración de Naciones Unidas sobre defensoras y defensores de derechos humanos con respecto a la obligación que los Estados tienen de crear las condiciones necesarias para poder ejercer el derecho a defender los derechos humanos, incluyendo la función periodística.
3. Facilitar un proceso de diálogo entre diversos senadores de la República, organizaciones no gubernamentales y otros actores relevantes sobre la necesidad de un mecanismo nacional de protección para periodistas y personas que defienden los derechos humanos y los elementos que debe de contener.
Hasta febrero del 2012 hubo 21 reuniones de trabajo de entre cuatro y seis horas en las que se elaboró la iniciativa de la Ley federal de protección a las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas que contiene todos los insumos y observaciones que la sociedad civil y organismos internacionales aportaron desde hace unos 4 años.
Finalmente, la Ley fue aprobada en ambas cámaras del Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación por el Ejecutivo Federal, el 25 de junio de 2012.
La ley se encuentra actualmente en proceso de implementación. Las organizaciones que la impulsaron siguen participando en la redacción de reglamentos y protocolos para hacerla operativa. Sin embargo, la batalla no está ganada: aún hay que asegurar que la sociedad civil que integre el Consejo Consultivo dentro del mecanismo sea representativa y esté debidamente capacitada. Desde el inicio, las organizaciones conocíamos los riesgos que implican contar con un mecanismo de este tipo, desde lograr la confianza con las autoridades hasta asegurar su buen uso. Sabemos también que un mecanismo de protección no es la respuesta definitiva que necesita el gremio y que el elemento fundamental para que cesen las agresiones es la lucha frontal contra la impunidad en cada uno de los casos que fatalmente las retratan.
2. CASO EMBLEMÁTICO
Armando Rodríguez Carreón
Armando Rodríguez Carreón, 40 años, el "Choco" como se lo apodaba, salió la mañana del 13 de noviembre del 2008 de su domicilio en la colonia Nogales de Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, para llevar a la más pequeña de sus hijas a la escuela. Debía ir después al Diario de Juárez, donde trabajaba desde hacia diez años. El cubría noticias policiales, en las que se convirtió en experto investigando temas de narcotráfico y corrupción. Ciudad Juárez es una de las ciudades más violentas del mundo.
Al abordar su automóvil, el Choco fue asesinado por sicarios con al menos ocho disparos de arma de fuego. Con su asesinato, que causó conmoción en el medio periodístico, se abrió una nueva etapa de violencia aguda y reiterada contra la prensa mexicana. Los análisis posteriores llevaron a los medios a comprender que constituían un espacio de poder por el cual entrarían en disputa, en un contexto de guerra, las bandas del crimen organizado y los propios agentes del Estado.
Era bien sabido que por su labor de investigación y contacto con fuentes de riesgo, Rodríguez vivía amenazado. En Ciudad Juárez, como en casi todo el territorio nacional, no han existido condiciones reales de seguridad para los periodistas que cubren casos de violencia. Mucho menos para aquellos que se atreven a indagar lo que hay alrededor de las cifras de muertos que deja la guerra y que se han negado a tomar, como única fuente, la información de comunicados oficiales. Ese era el caso del "choco" Rodríguez.
Cuatro años después, su asesinato sigue en la impunidad, como todos los asesinatos y agresiones graves cometidos contra periodistas en México. El camino en busca de justicia de la familia y colegas del Choco ha resultado desgastante y sin resultados positivos.
La familia pidió a la entonces Fiscalía Especial contra Delitos de Periodistas (FEADP) que tome el caso antes de que las autoridades locales empantanen el expediente. De esa manera, la PGR dio inicio a las investigaciones del homicidio mediante una delegación estatal bajo la supervisión de Octavio Orellana, el entonces fiscal de Atención a Delitos cometidos contra periodistas.
Las investigaciones se desarrollaron de manera paralela a las que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua llevó adelante entre irregularidades y atropellos, bajo la figura de delito de homicidio calificado. Ninguna persona cercana al caso, ni siquiera familiares, tuvo nunca acceso al expediente completo.
En los días siguientes al asesinato, las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales especializadas en libertad de expresión y las Relatorías de la Organización de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos hicieron fuertes llamados al Estado mexicano en demanda de justicia en ese caso en particular así como la urgente protección para el gremio periodístico en general.
El caso Rodríguez figura en diversos informes en materia de libertad de expresión por su gravedad y porque señaló el camino de impunidad que se repetiría en casos posteriores.
Amenazas previas, nula prevención
Según el corresponsal del diario El Universal en Ciudad Juárez, el "Choco" Rodríguez había recibido amenazas de muerte a través de su celular de 29 de enero, diez meses antes de la fecha en que fue asesinado, desde un número del estado de Sinaloa. Levantó su denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua. La FEADP le sugirió interponer denuncia ante la delegación de la PGR en Chihuahua para recibir medidas cautelares, las que, según versiones de la Procuraduría del estado, el periodista desestimó.
En este contexto, también fueron amenazados ocho reporteros, colegas suyos. Armando Rodríguez, que sufría problemas de salud en la columna, tomó la decisión de cesar temporalmente su labor periodística para recuperarse y , probablemente, evitar también una posible agresión.
Según sus compañeros, en declaraciones hechas a Mike O'Connor, corresponsal en México del Comité de Protección a Periodistas (CPJ), Rodríguez se había quejado contra la Procuradora General de Justicia del Estado, encargada de las investigaciones por delitos estatales, por no actuar con celeridad en el caso de las amenazas que recibió y por retrasar la adopción de medidas de seguridad. Esa situación, que afectaba también a sus ocho colegas reporteros amenazados, obligó a Armando Rodríguez a exiliarse en El paso, Texas, de manera temporal.
Un día después del asesinato, El Diario reprodujo una nota sobre las investigaciones de Rodríguez en que exponía los vínculos entre el crimen organizado y Javier Pineda, esposo de la procuradora Patricia González y juez séptimo Penal, lo que relacionaba el trabajo en que estaba empeñado el periodista con su posterior asesinato. Sin embargo, según versiones de la procuraduría, fue el propio Armando Rodríguez quien dijo no encontrar dicho vínculo entre su trabajo y las amenazas previas.
Tras el asesinato...
La situación generalizada de violencia se agudizó en Ciudad Juárez. La prensa comenzó a transitar nuevos terrenos de guerra de manera empírica, sin protocolos de seguridad, sin protección del Estado. Los periodistas comprendieron, poco a poco, qué era aquello que se podría cubrir, de qué forma y hasta dónde, para no poner en riesgo su vida o la de sus familias.
Durante el funeral de Rodríguez, Jorge Luis Aguirre, propietario de un medio local llamado La Polaka, fue amenazado, por lo que se autoexilió. En mayo del 2009, Alejandro Quintero, colega de Armando en Ciudad Juárez, prefirió dejar la profesión. El diario El Norte decidió dejar de publicar cualquier nota que mínimamente pudiera tocar intereses de narcotraficantes en disputa. Más aún, El Diario comenzó a tomar medidas de seguridad entre las que se incluye no firmar las notas policiacas en solitario.
En febrero de 2009, la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua anunció haber identificado al responsable del homicidio de Rodríguez. Vinculó el caso a un ex judicial integrante del grupo "Zeus". La prueba que llevó a la Procuraduría a señalarlo es una declaración transcrita que presentó de manera extraoficial el hijo del ex judicial. La procuraduría declaró haber enviado la carpeta con esa información y la de 10 homicidios más a la Procuraduría General de la República.
Al perecer, eran sólo conjeturas de la Procuraduría respecto al supuesto responsable, por lo que no dio a conocer su identidad ni se giraron órdenes de aprehensión...
Ni acusados ni detenidos...
En una visita que realizó a la entidad en junio del 2011, el entonces secretario de gobernación Fernando Gómez Mont fue interrogado sobre el caso del cual se le había informado en febrero de ese año. El dijo "la procuradora en el estado de Chihuahua tuvo una reunión conmigo para pedir apoyo para que ella llevara a cabo una investigación... que (ella) estaba en posibilidad de acometer esa responsabilidad y me han dicho que a la Procuraduría de la República ya le pasó la tarea". Después de esas declaraciones, algunas organizaciones juarenses acusan públicamente a la PRG de encubrimiento en el caso.
A la falta de resultados se suma que dos fiscales asignados a la Séptima Agencia Investigadora de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la Republica (PGR), que tuvieron a su cargo la indagatoria de este homicidio, murieron asesinados. El 28 de julio siguiente fueron acribillados José Ibarra Limón, agente ministerial que llevaba a cabo la investigación del asesinato del periodista, y en agosto fue ejecutado el secretario de la Séptima Agencia, Pablo Pasillas Fong. Roberto Bolaños, titular del órgano investigador, renunció días después para huir de Ciudad Juárez.
En noviembre del 2011 se dio a conocer que una de las líneas de investigación que había dejado abierta el agente Ibarra Limón fue la que se refiere a represalias por la nota publicada por Armando Rodríguez en la que se vincula el asesinato del sobrino de la procuradora con el crimen organizado. |6|
Posteriormente, y para abonar al clima de incertidumbre respecto a los avances del caso por órdenes del doctor Melchor Palomares Cera, coordinador delegacional de salud en el trabajo en Ciudad Juárez, se cambia a "Muerte no profesional" en vez de "Riesgo de trabajo". Su esposa denuncia un acto de injusticia para su profesión. En septiembre de 2010, en el homenaje del fotógrafo asesinado, Luis Carlos Santiago, también de El Diario, la esposa de Rodríguez reiteró su denuncia pública sobre el círculo de impunidad y denunció que el expediente del caso le había sido negado desde entonces.
El 23 de septiembre del 2010, la PGR dio a conocer avances en las investigaciones que relacionan a José Antonio Acosta Hernández "El Diego", recientemente detenido, como responsable de la muerte del periodista. Declaraciones que contrastan con la versión de la PGJECh del 13 de noviembre cuyos datos señalan a un ex policía judicial del grupo Zeus. El 23 de septiembre la PGR dijo haber detenido al autor material, motivado por sus contenidos.
En octubre de 2010, en un video difundido por Internet, Mario González, hermano de la procuradora Patricia González, confiesa diversos crímenes en los que participó el cártel del Golfo, en colusión o protección del gobierno de
Chihuahua, incluyendo a su hermana. Señaló que bajo sus órdenes fueron asesinados los periodistas Armando Rodríguez y Enrique Perea.
En noviembre de 2011, Jorge González Nicolás, titular de la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte, reconoció no tener elementos para girar órdenes de aprehensión en el caso y señaló que la investigación se encuentra aún en proceso de integración. Ya pasaron entonces tres años del crimen.
José Antonio Acosta Hernández, alias 'El Diego' y líder del cartel de Juárez, aceptó su participación en 1,500 asesinatos en México, entre ellos, el de Rodríguez Carreón. Pero en lugar de ser juzgado, el supuesto autor material fue extraditado a los Estados Unidos, donde se le dictó cadena perpetua por tráfico de drogas, lavado de dinero, asociación ilícita, así como por el asesinato de una funcionaria consular estadounidense en Ciudad Juárez, y dos estadounidenses más, informó la agencia AFP el 5 de abril de este año.
"La resolución de cientos de asesinatos de alto impacto que le eran adjudicados a 'El Diego' en esta ciudad, quedaron en el limbo de la impunidad para perjuicio de miles de víctimas", denunció el editorial de El Diario el pasado 8 de abril.
Además de que el presunto homicida ya no podrá ser juzgado en México, el periódico advierte que miles de homicidios más podrían quedar también impunes debido a que no están catalogados como delito en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por lo que deben resolverse a nivel local o estatal, donde las investigaciones están perdidas o ni siquiera se han abierto averiguaciones.
En agosto 2012, Frank la Rue, Relator de Libertad de Expresión para Naciones Unidas, visitó Ciudad Juárez donde se reunió con periodistas y la esposa de Armando, constatando que su caso permanece en la impunidad.
Durante el último lustro, México ha enfrentado la mayor crisis de seguridad pública de su historia reciente. Elementos de la Marina, Ejército y Policía Federal han sido el eje de la estrategia del gobierno federal contra la delincuencia, de tal manera que sus elementos han asumido en regiones enteras del país la labor de enfrentar y limitar la acción de los grupos del crimen organizado.
La violencia creciente ha venido aparejada de un mayor número de violaciones a los derechos humanos, pero también de un incremento preocupante de la violencia contra periodistas y trabajadores de medios desde ambos lados. La violencia fuera de control que se ha experimentado en varias zonas del país por los enfrentamientos entre cárteles, dio origen a un segundo fenómeno vinculado a la estrategia federal para controlarla; las fuerzas policiacas en los tres niveles de gobierno se pusieron a la cabeza como responsables de agravios a la libertad de expresión en varias ciudades.
Organismos internacionales han advertido la existencia de comunidades totalmente silenciadas por el efecto paralizante que genera el clima de violencia e impunidad en distintas regiones controladas por organizaciones del crimen organizado. Las amenazas se han ido convirtiendo en una característica más del ejercicio del periodismo sobre temas de corrupción, delincuencia organizada, narcotráfico y seguridad pública.
Un análisis de casos realizado por la Oficina para México y Centroamérica de ARTICLE 19 permite establecer, sobre la base de datos confirmados, que de 2000 a la fecha, 77 periodistas han sido asesinados y 13 más fueron desaparecidos por razones presumiblemente vinculadas con su trabajo periodístico o en circunstancias en que el ejercicio de la libertad de expresión debería constituir una de las principales líneas de investigación.
En el mismo periodo, ha sido posible registrar y documentar 44 agresiones con armas de fuego o explosivos contra instalaciones de medios; 24 de éstas fueron realizadas sólo entre 2009 y 2011.
Aunque hasta aquí hemos referido los casos de mayor impacto, es importante decir que del 1 de enero 2009 al 30 de septiembre de 2012 ARTICLE 19 ha tenido conocimiento de un total de 702 agresiones relacionadas con el ejercicio de la libertad de prensa en todo el país. Si hubiera que caracterizar la violencia, son los reporteros, fotógrafos y camarógrafos quienes con mayor frecuencia se convirtieron en blanco de agresiones, dado el riesgo que enfrentan al exponerse y tener el primer contacto con los hechos y las fuentes de la información.
Por el lado de los perpetradores hay que reconocer que los ataques a cuenta de los grupos del crimen organizado tiene un efecto multiplicador que silencia a todos. Sin embargo, la gran mayoría de casos de agresiones a la libertad de expresión involucra servidores o funcionarios públicos de distinto nivel. Esto significa que uno de cada dos actos de intimidación o ataques contra la prensa ha sido responsabilidad de un agente del Estado.
Caso Rincón Taracena
Rodolfo Rincón Taracena desapareció el sábado 20 de enero de 2007 luego de avisarle a sus compañeros que saldría, pero regresaría al cabo de un rato. Nada se llevó con él, terminó su última nota a eso de las 8:00 de la noche, la envió a sus editores y salió; su grabadora y cámara fotográfica se quedaron en el escritorio. No volvió.
El periodista, quien en ese entonces tenía ya 54 años, era un experimentado reportero de temas policiacos del diario Tabasco Hoy, donde llevaba ya ocho años escribiendo. La mañana de ese sábado; las páginas 33, 34 y 35 del diario llevaban un trabajo de Rodolfo sobre la operación de los vendedores de drogas en Villahermosa, el aumento en el número de mujeres involucradas en ese tipo de delitos y los principales puntos de venta en la ciudad --las llamadas narcotienditas que se habían convertido en uno de los principales negocios del grupo delictivo de Los Zetas--, además de un mapa con la ubicación exacta de éstas.
Pero aquélla no era la única historia en su radar. El reportero había seguido con atención el robo de cajeros automáticos que eran llevados completos por los delincuentes a una casa de seguridad que fue descubierta el 19 de enero en la colonia Atasta de Serra. Según sus compañeros, Rincón Taracena apareció accidentalmente en la fotografía publicada por el periódico ese sábado, ya que se le veía reflejado, entre los agentes policiacos, en un espejo del domicilio.
La esposa del periodista, Olivia Alaniz, denunció la desaparición el 23 de enero ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco. Dijo que su marido le había llamado por última vez el 20 de enero a mediodía, para avisarle que se marcharía de la redacción más tarde de lo que había previsto. Con la escasa información que existía, la autoridad dio inicio a la averiguación previa AMI/AMPERC/90/2007, mientras que la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tabasco abrió el acta circunstanciada A.C. PGR/TAB/VHSA-IV/10/2007.
Sin noticias del paradero de Rodolfo, Tabasco Hoy pidió ayuda a la sociedad, publicó la fotografía y la media filiación del reportero, además de números telefónicos para quien tuviese alguna información de él. Los periodistas del estado tomaron las calles para exigir al grito de "Todos somos Rodolfo", al entonces gobernador Andrés Granier Melo y su procurador de Justicia su localización.
Un mes después de su desaparición, César Romero Valenzuela, delagado de la PGR en Tabasco aseguraba que entre las hipótesis de investigación se encontraba el delito de índole pasional-sentimental.
El 21 de abril de 2007 fueron detenidos en Villahermosa siete presuntos integrantes de una célula del grupo delictivo Los Zetas, a la cual se atribuía tener enlace directo con los jefes del cártel del Golfo en el norte del país. En uno de los interrogatorios judiciales surgió por primera vez el nombre de Rodolfo Rincón Taracena; uno de los detenidos dijo haber escuchado a Miguel Angel Payro Morales, uno de los mandos locales de la organización, molesto con el periodista tras la publicación del reportaje en el cual se evidenciaba la ubicación de varias tienditas de droga de su propiedad.
Con él coincidió otro de los miembros de esa célula, dedicada al narco-menudeo y el secuestro, quien relató haber conocido a tres delincuentes, los cuales afirmaban haber matado "a un periodista de apellido Rincón, por órdenes de Payro Morales [...] porque sacaba notas de crímenes y de los tiraderos de droga de las que estaba encargado Payro, dando direcciones y nombres, lo cual le molestó mucho". Según continuaba la versión, el cuerpo de Rincón Taracena había sido quemado en un tambo con gasolina.
Apenas unos días más tarde, el 25 de abril de 2007, las autoridades catearon un inmueble conocido como la Quinta El Bambú, ubicado en la Ranchería Buena Vista, donde exhumaron varias osamentas que fueron enviadas a las procuradurías de los estados de Chiapas y Michoacán que ofrecieron colaborar con su análisis.
La investigación se extendería por cerca de 37 meses, hasta que la Procuraduría General de Justicia del Estado decidió darla por cerrada, con base en el testimonio de tres presuntos integrantes de Los Zetas: José Akal, detenido en abril de 2007; José Luis Cerino Méndez (a) El Shakira, detenido en mayo de 2008, y Norberto Martínez (a) El Peje, detenido el 20 de septiembre de 2009. Según el relato oficial, Payro Morales pidió al reportero que se vieran a las afueras del periódico para "arreglarse con él" y que no continuara haciendo "ese tipo de publicaciones". Payro y dos de sus hombres, José Akal y otro más conocido como El Dorigan --quien murió en un enfrentamiento con la Policía Preventiva, el 19 de junio de 2007, en el kilómetro 10 de la carretera Villahermosa-Nacajuca--, lo obligaron a un vehículo en el cual lo llevaron a la Quinta El Bambú, donde el grupo delictivo tenía retenidas a otras cuatro personas.
José Luis Cerino, quien fue capturado por las autoridades casi un año y medio después de los hechos, dijo pertenecer a un grupo de 25 personas que recibían entrenamiento en manejo de armas en la Quinta El Bambú. Según la Procuraduría, el individuo no sólo recordó haber visto en el lugar a tres mujeres y dos hombres, los cuales fueron asesinados por El Dorigan, quien después quemó sus cuerpos en tanques metálicos; también reconoció a Rincón Taracena al ponerle una foto suya a la vista.
La Procuraduría de Tabasco no logró la evidencia científica de la muerte del periodista de Tabasco Hoy; los exámenes realizados a los restos encontrados no fueron concluyentes debido a la degradación que supuestamente habían ya sufrido éstos.
Las conclusiones de la autoridad ministerial provienen más de una concatenación de declaraciones en el marco de averiguaciones previas iniciadas contra supuestos integrantes de la delincuencia organizada en la región, aprehendidos por delitos diferentes, y no como consecuencia de una investigación exhaustiva en torno la desaparición del periodista. Particularmente, llama la atención que pese a que los testimonios claves fueron recogidos entre 2007 y 2009, no se explica con suficiencia cuál fue el hecho que permitió dar por concluida la indagatoria y llegar a la verdad jurídica sobre la muerte del reportero, ni cuál el criterio empleado en la definición del estatus desaparecido-muerto.
Al igual que en los casos de desaparición forzada de personas, la privación de la libertad tiene un carácter continuo; es decir, que comienza en el momento que se perpetra y se prolonga durante todo el período de tiempo en que el delito no haya cesado, es decir, hasta que se proporcione información sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida.
En ese sentido, la familia, sus compañeros de trabajo y quienes han seguido el caso han tenido que reconstruir con elementos informativos parte de lo sucedido, sin embargo, la Procuraduría sigue teniendo como pendiente elaborar un pliego de consignación y remitirlo ante un juez, señalando la responsabilidad concreta de todos los que participaron en el delito.
El papel del Estado
Para ARTICLE 19, la respuesta del Estado mexicano sigue siendo pobre ante el desbordamiento de la violencia. Son numerosos los ejemplos sobre la creación de instancias que carecen de capacidades reales para atender el problema y proteger a quienes ejercen la libertad de expresión desde los medios de comunicación, pero que se presentan como acciones relevantes, para esconder la inoperancia oficial.
En el mejor de los casos, se ha protegido inadecuadamente a los periodistas en riesgo. En el peor de ellos, son los propios funcionarios encargados de las investigaciones y la procuración de justicia quienes encabezan acciones contra el libre ejercicio periodístico, en muchas ocasiones envileciendo a las víctimas, desestimando la posibilidad de que hayan sido atacadas en razón de su trabajo o acusándolas de delincuentes sin haber iniciado siquiera las indagatorias.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), única institución del Estado que públicamente asegura llevar registro de agresiones graves contra periodistas en el país, ha integrado sus registros con una metodología poco clara, pues no se advierte la aplicación de criterios consistentes en su construcción o en el seguimiento de los casos. El número de quejas por violaciones a la libertad de expresión contra personas que ejercen el periodismo se ha incrementado, sin embargo esto no se ha reflejado en un número mayor de recomendaciones emitidas por ese órgano autónomo.
Después de seis años de existencia, instancias como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) contaban hasta hace poco en su récord con dos nombres diferentes, cuatro fiscales distintos y una sola sentencia condenatoria, al mismo tiempo que su presupuesto destinado a la investigación de casos se había desplomado en un 72.4%.
Asimismo, pese a que el Estado mexicano presentó el 3 de noviembre de 2010 lo que en el papel era un Mecanismo de Protección para Periodistas, éste se encuentra en un impasse debido a la aprobación reciente de una Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que contempla la creación de un mecanismo completamente nuevo, lo que ha creado un clima de incertidumbre sobre cómo atenderán las autoridades tanto los casos pendientes como los nuevos que surgen constantemente.

Guatemala
Desborde e impunidad
Guatemala figura como uno de los países con más periodistas asesinados en Latinoamérica, según la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como en otras naciones del continente, las leyes garantizan en Guatemala a la libertad de expresión y existen en el país instituciones estatales que protegen al periodista. En esta nación centroamericana, más allá de declaraciones de papel y de loables intentos por abordar una problemática casi inasible, la impunidad que no sólo afecta a los asesinatos de periodistas se hace casi norma, arrastrando la herencia de una guerra interna cuyas heridas en materia de violencia no cierran.
1.CONTEXTO
Introducción
La Constitución Política de la República de Guatemala, promulgada el 31 de mayo de 1984, reconoce como garantías individuales los derechos que protegen la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad y la dignidad humana. El derecho a la libertad de expresión está establecido en su artículo 35 y en la Ley de Emisión del Pensamiento.
Existen mecanismos institucionales nacionales de protección al periodista, como la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, que no recibe denuncias, sino atiende los casos que han sido elevados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unidad de Delitos contra Periodistas
En Guatemala, la Policía Nacional Civil (PNC) es la fuerza armada de seguridad encargada de resguardar el orden público, así como de la seguridad civil de la población. La PNC, no obstante, no emprende investigaciones especiales sobre agresiones a periodistas. La encargada de atender ese tipo de agresiones es la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas. Esa Unidad fue creada como Fiscalía Especial de Delitos contra Periodistas y Sindicalistas mediante el acuerdo número 14-2011 del Ministerio Público (MP), emitido el 4 de junio de 2001.
El 30 de noviembre de 2005, mediante el Acuerdo 03-2005 del MP, fue creada la Unidad Fiscal de Delitos contra Activistas de Derechos Humanos, Operadores de Justicia y Contra Periodistas y Sindicalistas.
En relación a la impunidad y los casos de periodistas no existe jurisprudencia relevante en el país. Sin embargo, algunos casos se han elevado al sistema interamericano, como el de la periodista Alaíde Foppa, desaparecida en diciembre de 1980, y el de Jorge Carpio Nicolle, editor del diario "El Gráfico", asesinado el 3 de julio 1993.
El país arrastra aún la impunidad en crímenes contra periodistas cometidos durante el conflicto armado. Según el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), una entidad de derechos humanos creada en 1984, al menos 342 periodistas fueron ejecutados y 126 fueron desaparecidos durante la guerra interna (19601996). Otro tanto fue obligado a huir al exilio.
Un estudio especial sobre Asesinatos de Periodistas de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que en Guatemala los asesinatos de seis periodistas ocurridos entre 1995 y 2007 no habían sido esclarecidos y no se había producido ninguna sentencia condenatoria.
La Relatoría registró también una excesiva lentitud en la investigación en varios de los asesinatos ocurridos entre 2000 y 2005. Guatemala figura como uno de los países con más periodistas asesinados, junto con Colombia, Brasil y México.
La Relatoría identificó casos en que se omitieron diligencias probatorias. Según sus datos, entre 1995 y 2005 se cometieron nueve crímenes contra periodistas en el país y hasta la fecha en que se publicó el estudio -en 2008-no se había emitido ninguna sentencia condenatoria, aunque los procesos ya se hubieran iniciado.
En realidad, la impunidad en Guatemala es generalizada, y no sólo se restringe a los asesinatos contra periodistas.
La guerra, ¿y la paz?
Durante el conflicto armado en el país se constituyeron cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad como parte de los órganos represivos del Estado e instrumento en manos de las élites para mantener el statu quo mediante la represión de sus enemigos políticos.
Después de la firma de la paz, esos aparatos han persistido y se aliaron y sirven a poderes diversos (económicos, criminales e incluso políticos) ofreciendo su experiencia, capacidad organizativa y de inteligencia, despliegue y montaje de operativos, así como sus lazos dentro del Estado, especialmente con las instituciones de seguridad y justicia.
Debido a esa situación, en septiembre de 2007 fue instalada la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Sus objetivos según el Acuerdo de su creación son: apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad y cualquier otra conducta delictiva conexa con estos que operan en el país, así como en la determinación de sus estructuras, actividades, formas de operación y fuentes de financiamiento, promoviendo tanto la desarticulación de dichas organizaciones como la sanción penal de los partícipes de los delitos cometidos. La CICIG no fue creada para llevar y resolver casos, sino para ayudar a desarticular los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (Ciacs) e impedir que sus delitos persistan impunes, mediante la determinación de sus estructuras, integración, funcionamiento y fuentes de financiamiento.
Según un reporte de la CICIG, en el país existe un 98 por ciento de impunidad en los casos de asesinatos. Una cifra similar se reporta en los asesinatos de mujeres según Alba Trejo, comisionada presidencial contra el feminicidio.
Defensa social y gremial
En Guatemala hay varios gremios de periodistas, pero son muy pocos los que externan solidaridad ante las agresiones contra los profesionales de la información, excepto cuando se trata de casos graves, como los asesinatos.
Aunque otras organizaciones hacen recuento de las agresiones contra los periodistas. Cerigua es la que única lleva un registro sistemático riguroso en cuanto a las agresiones y brinda apoyo y solidaridad a los colegas.
Cerigua emite alertas en solidaridad con los profesionales de la información agredidos, realiza informes semestrales sobre libertad de expresión y escribe notas diarias y bimensuales sobre el tema en particular.
La sociedad guatemalteca desconoce aún la importancia del derecho a la libertad de expresión, que es muy poco valorado por las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, existe una condena generalizada cuando ocurren crímenes contra los profesionales de la información.
La mayor o menos atención del tema depende sin embargo del medio al que pertenece el periodista asesinado y de sus años de trabajo. Los informadores del interior son foco de menor atención pública, por lo general. Son muy pocos los casos que trascienden. Ni siquiera los casos importantes tienen seguimiento mediático y es muy poco lo que se publica respecto a ellos.
Números y ataques
Según los estudios realizados por Cerigua, en los últimos cinco años se han registrado al menos 214 agresiones contra la prensa. En ese total se incluye 14 asesinatos de periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios de comunicación, aunque no se ha establecido cuáles de esos casos tienen que ver con su profesión.
En 2007, el último año del gobierno del presidente Óscar Berger, hubo 35 agresiones, menos que en 2006, cuando se registraron 54. En 2008 y 2009 las cifras se elevaron, con 67 y 60 respectivamente, para luego experimentar una reducción con 19 agresiones en 2010 y 33 en 2011.
Cerigua ha registrado más agresiones de periodistas en la ciudad capital, aunque en 2011 hubo una cantidad mayor en el interior del país. En su informe relativo a ese año, Cerigua determinó que una gran parte de las agresiones provenía de funcionarios públicos. Muy pocas agresiones procedían del crimen organizado.
Las agresiones físicas y verbales son el tercer tipo de agresión más reportado entre 2007 y 2011, después de las amenazas de muerte y de la restricción de acceso a las fuentes. En estos años no se registraron intentos de acabar con la vida de los periodistas como atentados o agresiones físicas graves, pero las amenazas de muerte fueron constantes.
De 2007 a 2011 el Observatorio de Cerigua registró al menos 37 amenazas en contra de los periodistas, del total de 214 agresiones que se documentaron en ese período. En la mayoría de asesinatos ocurridos en ese periodo no hubo amenazas previas. Los crímenes en que sí hubo agresiones previas fueron los de Rolando Santiz, Jorge Mérida y Yensi Ordóñez. (Ver recuadro aparte)
La atención estatal hacia las agresiones existe, pero los periodistas no confían en el aparato de justicia y mucho menos en las fiscalías locales. Las autoridades del Ministerio Público (MP), por su parte, señalan que muchas veces los profesionales de la información no ratifican sus denuncias y que por eso no se pueden investigar los casos.
En cuanto a las acciones legales emprendidas por las autoridades, en el caso de asesinatos, el estudio mencionado de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, ha señalado que existe lentitud en la investigación y que se omitieron diligencias probatorias.
Un ejemplo de la lentitud de las investigaciones es el caso de un periodista asesinado en Chiquimula, que se remonta a 1997, que aún está pendiente de proceso condenatorio debido a que no hay captura del responsable del asesinato, aun cuando ya ha sido identificado.
Según el estudio realizado por la Relatoría, ninguno de los nueve asesinatos registrados entre 1995 y 2005 en Guatemala llegó a proceso condenatorio.
La respuesta estatal
Según el fiscal de la Unidad de Delitos Contra Periodistas, Noé Yat |1|, las investigaciones de asesinatos no tienen plazo máximo o mínimo de realización. Cada caso es diferente y puede resolverse en un par de años, o sobrepasar los 15.
No hay una limitación legal del tiempo en que los casos puedan resolverse aunque hay plazos que se deben respetar, como el de iniciar la diligencia entre las 72 horas posteriores al asesinato. Cuando ya se liga a proceso de alguien en particular es porque hay suficientes indicios de que la persona cuya captura se requerirá tuvo participación en el hecho. La imputación formal se debe hacer en un máximo de tres meses.
Los pasos legales para implementar una investigación sobre crímenes a periodistas están estipulados en la ley.
En la primera fase de investigación, las diligencias urgentes se hacen dentro de las 72 horas posteriores al crimen y luego se traslada el caso a la Fiscalía correspondiente (Unidad de Delitos contra Periodistas).
La creación de la Unidad de Delitos contra Periodistas busca la persecución penal de los responsables de las agresiones de manera pronta, cumplida y más específica.
Según el Fiscal, la existencia de esa Unidad especializada les permite enfocarse únicamente en los casos sobre periodistas.
2. CASO EMBLEMÁTICO
Rolando Santiz de León
El periodista Rolando Santiz de León, reportero de Telecentro 13, fue asesinado el 1 de abril de 2009 por dos hombres que se transportaban en motocicleta, cuando conducía un auto del noticiero, acompañado de un camarógrafo en la zona de la ciudad capital. |2|
Una mujer, que presenció el ataque, dijo que los hombres le dispararon varias veces al automóvil.
El entonces director adjunto de la Policía acudió a la escena del crimen e informó que el ministro de Gobernación había manifestado su preocupación por el hecho y ordenado que un grupo de detectives de la Sección de Homicidios de la División de Investigación Criminal efectúe las pesquisas.
Según información del diario Prensa Libre, Santiz de León, de 42 años, ya había sufrido otras agresiones. El 6 de marzo de 2009, agentes de seguridad de la entonces directora de la Policía, Marlene Blanco Lapola, lo golpearon cuando intentaba entrevistarla después de una balacera en una casa de cambio, en la 7ª avenida de la zona 1.
El 22 de enero de 2007, Santiz de León fue víctima de un asalto cuando viajaba en su auto en la zona 1 de la capital. Según la información, los delincuentes golpearon a su esposa, Lorena de Santiz.
En sus primeras declaraciones a la prensa, el ministro de Gobernación, Salvador Gándara, dijo entonces que se suponía que el ataque provenía del crimen organizado. La ex directora de la PNC afirmó que, de acuerdo con los datos recabados, el crimen pudo haber sido cometido por sicarios.
El 5 de abril de 2009, Prensa Libre informó que drogas y armas fueron encontradas en al menos cinco inmuebles ubicados en una zona de la ciudad en la que el periodista había realizado un reportaje el día de su muerte, según informó el fiscal de Delitos contra Periodistas, Noé Moya.
El asesinato de Santiz de León despertó repudio a nivel nacional e internacional. El Observatorio de los Periodistas condenó el crimen y exigió a las autoridades una investigación exhaustiva y firme. En ese mismo sentido se pronunció la Red de Corresponsales de Cerigua. Y se unieron al repudio la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), organizaciones departamentales de prensa, medios y columnistas varios.
Diversos sectores de la sociedad civil guatemalteca se pronunciaron también. Entre ellos, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), organizaciones de Derechos Humanos, indígenas y sindicales.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Comité para la Protección de los Periodistas, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) expresaron consternación por el hecho y pidieron al gobierno esclarecer el crimen.
El 15 de abril de 2009, la prensa informó que el Ministerio Público (MP) investigaba tres hipótesis sobre el asesinato del reportero de televisión.
Cerigua y el caso Santiz de León
En abril de 2009, mes del asesinato de Rolando Santiz, Cerigua difundió 14 notas en las que clamó y exigió a las autoridades que el caso no quede impune.
El 2 de abril de 2009, un día después del crimen, el Observatorio de los Periodistas de Cerigua -y La Red de Corresponsales de Cerigua- lamentó y condenó el asesinato de Santiz y exigió a las autoridades la investigación del caso.
Ceritua trabajó y publicó comunicados de otras entidades que se pronunciaron sobre el asesinato de Santiz, como la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), Reporteros Sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la Asociación de Periodistas de Huehuetenango (APE-HUE), entre otros.
También publicó los comunicados de la sociedad civil guatemalteca y la opinión de los medios.
En mayo de 2009, Cerigua volvió abordar el tema. Se publicaron tres notas, entre ellas una especial en la que se hacía una recopilación de los ataques que había sufrido la prensa el bimestre anterior (marzo-abril).
Otros reportes, un año más tarde, relevarían como emblemático el sentido de esa agresión funesta y terminante contra Santiz de León. Sobre todo en una nota especial de marzo de 2010, "Libertad de expresión 2009, entre violencia y acoso oficial"; y en otra de mayo de ese mismo año, "Libertad de Prensa, corolario de libertad de expresión." |3|
El informe del Primer semestre de 2009 recogió el caso con preocupación. "Entre las violaciones a la libertad de expresión en el primer semestre, los sucesos más graves fueron los tres asesinatos de periodistas: Luís Alberto Oliva Orellana, de 52 años, relacionista público de la municipalidad de Chiqui-mula, del reportero de televisión Rolando Santiz, en cuyo atentado también su camarógrafo, Juan Antonio de León, resultó herido, y de Marco Antonio Estrada, corresponsal de Telediario en el oriental departamento de Chiquimula, así como las intimidaciones" |4|, dice el informe.
En los primeros seis meses de 2009, las violaciones a la libertad de expresión en Guatemala fueron 28. Los asesinatos de los periodistas Luís Alberto Oliva Orellana, Rolando Santiz (atentado en el quie también fue herido Juan Antonio de León) y Marco Antonio Estrada fueron los hechos más graves, las agresiones físicas y verbales (3) y las amenazas de muerte (1). |5|
En el "Estado de Situación de la Libertad de Expresión 2009", Cerigua recoge la preocupación sobre el caso Santiz, como uno de los más graves. Ese informe destaca que según el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Sergio Morales, la mayoría de las amenazas a los periodistas se dieran en los departamentos (ciudades del interior) y se vincularan a los poderes locales, con excepción de algunos casos como el de Rolando Santiz. Morales informó que su oficina había conocido 10 denuncias sobre ataques a reporteros, entre los cuales figuran dos asesinatos, el del periodista Rolando Santiz, ocurrido en abril, y el de Marco Antonio Estrada, en junio de este año. |6|
En el Informe del primer semestre de 2010 Cerigua incluyó una lista con los nombres de los periodistas asesinados en 2009.
En su informe de Libertad de Expresión de 2008-2011, presentado en 2012, Cerigua puso nuevamente el caso de Santiz, junto a siete crímenes más, y recordó que la mayoría de estos no están siendo investigados por la Unidad de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público (MP).
Cerigua hizo una cronología de los crímenes cometidos durante el gobierno del presidente Álvaro Colom, cuyo mandato finalizó el 14 de enero de 2012. Se especificó que las autoridades no determinaron si la mayoría de esos crímenes estaba relacionada con la profesión periodística de las víctimas, con excepción del caso de Rolando Santiz, reportero de Telecentro 13" |7|, cuyo caso está siendo investigado por la Unidad de Delitos contra Periodistas del MP.
"En abril de 2009 fue abatido por presuntos sicarios en la ciudad de Guatemala el reportero de Telecentro Trece, Rolando Santiz, cuando regresaba de una cobertura. Su camarógrafo Juan Antonio de León Villatoro resultó herido de tres balazos. El crimen contra Santiz está siendo investigado actualmente por el Ministerio Público y es el único caso de asesinato que lleva el ente investigador. El periodista tenía más de 20 años de trayectoria y cubría la nota roja en el telenoticiero Telecentro 13"7, dice el informe.
El estado del caso
¿Cuántas actividades o diligencias ha realizado el Ministerio Público en el caso de Rolando Santiz? El MP tiene 12 carpetas de investigación. De hecho, es el único caso de asesinato ocurrido entre 2007 y 2011 que está siendo investigado por la Unidad de Delitos contra Periodistas. |8|
Tanto el fiscal de la Unidad de Delitos como la fiscal encargada del caso aseguran que han habido avances en la investigación pero que no se ha podido avanzar por su complejidad y por la falta de información certera sobre el caso. Algunos de los obstáculos que se ha encontrado es la falta de testimonios.
Lo único que falta en la investigación es encontrar los indicios que puedan coadyuvar a individualizar al responsable del crimen, han sostenido.
Se siguen cuatro líneas de investigación o hipótesis pero no dieron más información al respecto. Una de las líneas de investigación apunta a su trabajo periodístico.
A Cerigua le Indicaron que el caso ha recibido especial atención y que al inicio de la investigación hubo asesores externos que colaboraron en ésta.
SIDE BOARD
Con advertencia
Dos casos de asesinatos a periodistas previamente amenazados
Pocos asesinatos han sido precedidos de amenazas. Está, sin embrago, el caso de Jorge Mérida corresponsal de Prensa Libre en Coatepeque, Mazat-enango. En los casos registrados de 2007 a 2011 fueron muy pocos los que presentaron amenazas previas a los asesinatos.
Yensi Ordóñez, asesinado en mayo de 2011, recibió amenazas pero nunca se aclaró sí estas se debieron a su profesión periodística. El caso no fue investigado por la Unidad de Delitos contra Periodistas.
La mayoría de periodistas fueron asesinados sin que mediara amenaza previa. De los 14 casos solo uno está siendo investigado por la Unidad de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público, y es el de Rolando Santiz.

Honduras
Violencia manda
En teoría, el Estado reconoce en Honduras la libertad de expresión como derecho de primera generación y se compromete a defenderlo y respetarlo, según su adhesión a convenciones y tratados internacionales. En la práctica, El estado hondureño es indiferente en cuanto a la vigilancia y aplicación tanto de su propia legislación como de la de orden internacional. Las agresiones a la libre expresión se dan en el marco de una violencia incontenible que pone al país entre los más peligrosos del mundo |1|, y en el que los asesinatos a periodistas conocen de cifras exponenciales sospechosamente más altas durante la prolongada gestión del último de sus presidentes.
1.CONTEXTO
Introducción
En enero de 2012 se cumplieron en Honduras 30 años del retorno a los procesos democráticos después de casi dos décadas de dictaduras militares. En este periodo de democracia formal se albergaron expectativas sobre cambios que supuestamente marcarían un giro en materia de derechos socioeconómicos, políticos, culturales y de derechos fundamentales como la libertad de expresión y acceso a la información. Pero no fue así. Recién empezado el camino por los senderos "democráticos", el país obvió cualquier idea que materializara el inicio de una nueva era de reformas, para empezar convirtiéndose en plataforma contrainsurgente para la región centroamericana. La Casa Blanca, bajo la administración Reagan, con la CIA, en contubernio y sumisión del poder local económico y político, utilizó sus fronteras territoriales, recursos humanos y apoyo logístico para frenar los procesos revolucionarios que se desarrollaban en la región.
Hoy, los militares hondureños continúan en el poder tras la fachada democrática, aplicando una política de la seguridad nacional por la cual los movimientos sociales son hostigados y reprimidos y muchos de los líderes populares asesinados por escuadrones de la muerte. En paralelo, se ha impulsado una economía bajo pautas neoliberales que ha profundizado la pobreza, cercenado los derechos humanos fundamentales y ha consolidación el enriquecimiento de una élite local muy poderosa que ha erosionado, a través de la manipulación de los sistemas político, de justicia y de seguridad el papel del Estado cono factor sustantivo para mediar e impulsar con equidad el bienestar de los hondureños.
Tanto es así que, según datos recientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el 66,2 por ciento de la población del país se ubica por debajo de la línea de pobreza. Los niveles de desigualdad en la distribución de la renta de la sociedad hondureña son abismales. El decil más pobre recibe sólo el 0.6 por ciento del ingreso nacional, mientras que el decil más rico abarca el 43.4 por ciento. Según el Informe sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, dado a conocer en agosto en Tegucigalpa, Honduras ocupa la tercera posición entre los países con mayores inequidades sociales de Latinoamérica, precedido únicamente por Haití y Colombia. |2|
El marco de violencia
Honduras vive una ola de violencia que lo ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo, con 86 muertos por cada 100.000 habitantes. Según datos oficiales, Honduras registró, en 2011, un promedio diario de 20 muertes violentas, es decir, una víctima cada 74 minutos. La mayoría de los casos sin ser resueltos judicialmente, en un marco de impunidad proveniente de una matriz en la que un descalabrado sistema de justicia y una corrupción general son pilares principales. En consecuencia, se han deteriorado y negado, en la práctica, los derechos humanos fundamentales contemplados en la Constitución de la República, la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, etc.
Corrupción y falta de justicia son males endémicos de larga data. En Honduras, el sistema de justicia acusa, en todos sus niveles: falta de acceso a ella, indiferencia e irrespeto al marco jurídico propio e internacional existente, incapacidad técnica, vacíos de las leyes, jueces y juezas sin ética, tribunales corruptos...
Esos elementos tienen un denominador común medular: la falta de independencia real, porque la justicia en su conjunto está convertida en Honduras en instrumento de poderes fácticos, (incluido el narcotráfico), de caudillos provincianos de la clase política más conservadora y de la propia Policía Nacional recientemente intervenida. |3|
La situación era ya difícil hace más de cinco años. Pero se agravó en y después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. |4| Con la llegada al poder del nacionalista Porfirio Lobo en las irregulares elecciones generales de noviembre de ese año, que fueron sólo una fachada para darle continuidad al golpe, "esto se volvió un infierno". |5|
El menosprecio e irrespeto a la vida es hoy en Honduras práctica cotidiana. El miedo cunde principalmente en ciudades grandes como San Pedro Sula y Tegucigalpa, la capital, donde han recrudecido el sicariato, los secuestros y las ejecuciones dantescas a vista y paciencia de las autoridades, con impunidad y ante la impotencia de centenares de miles de familias agraviadas. En un clima así, la libertad de expresión ha sido y es una de las principales víctimas. Y el Estado cuasi fracasado es, por omisión y parte, culpable de esta tragedia.
¿Lobo estás?
Ramón Custodio, el ombudsman del estatal Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), |6| declaró recientemente que "durante la gestión del Presidente Porfirio Lobo (27 enero 2010- marzo 2012) han sido asesinados 20 de los 27 periodistas muertos violentamente en el país" desde 2003. Se reconfirma que la muerte del 47 por ciento de las víctimas que pretendieron ejercer su libertad de expresión se produjo durante la administración de Lobo; sin contar que otros tres periodistas abandonaron el país en salvaguarda de sus vidas.
Aunque el Presidente de la Republica niega que la violación sistemática a la libertad de expresión, con su secuela de asesinatos, sea política de Estado, en la práctica se ha tenido la certeza de la participación de agentes del Estado, |7| como policías y agentes encubiertos. Súmese que la negligencia e indiferencia estatal también matan. De acuerdo a Custodio, el 100 por ciento de los casos de comunicadores asesinados se encuentra en impunidad, ya que no se ha condenado a ninguno de sus victimarios.
El informe de CONADEH precisa que: "Es preocupación y criterio del Comisionado Nacional de Derechos Humanos que, gracias a la negligencia, incapacidad y hasta complicidad de los obligados a investigar, requerir y juzgar, es que priva la impunidad en el país". |8|
"La violencia delincuencial y homicida en Honduras nos afecta a todos y, por lo tanto, es un problema de emergencia nacional", dijo Custodio, agregando que no hay eficiencia ni eficacia en todos los entes estatales llamados a garantizar justicia. Pero el Comisionado va más allá cuando plantea que los asesinatos y las amenazas a la libertad de expresión tienen su origen en conductas autoritarias incrustadas en la sociedad y que fácilmente conducen a la intolerancia y que hace falta interiorizar una nueva cultura, de tolerancia, que permita expresarse libremente sin miedo ni terror, riesgo que se corre cuando "los comunicadores sociales tocan temas conflictivos no resueltos, como la defensa o demanda de tierra, la defensa de los recursos naturales, la salud, la educación, una política fiscal en la que todos contribuyan al Estado conforme a sus rentas, ingresos y propiedades, la imparcialidad en la aplicación de la ley o sencillamente que el sistema de justicia funcione o cuando se demanda democratización y acceso a la información pública y al acceso a los medios de comunicación", según declaró otro defensor de los derechos civiles, el sacerdote Ismael Moreno.
Director de Radio Progreso, una emisora frecuentemente hostigada y perseguida por ejercer su derecho a difundir informaciones y generar opinión pública, Moreno, está convencido de que en los asesinatos de comunicadores sociales no priman necesariamente las razones ideológicas o políticas expresas. "Todas esas muertes las podemos situar, sostiene, en un contexto que tiene de base un patrón común: una institucionalidad del Estado que ha perdido su naturaleza, que ha sido adulterada, y ha dejado de ser expresión del Estado de derecho para representar y canalizar intereses y decisiones de quienes ejercen la ley del más fuerte, y aquí es donde está lo terrible de esas muertes."
De excepción
Hay un caso quizá excepcional hasta ahora en que se puso a prueba la capacidad técnica del Ministerio Publico, la policía y órganos de justicia. Se trata de las acciones que siguieron al secuestro y posterior asesinato, el 15 de mayo, del periodista Alfredo Villatoro, Director general de los noticiarios de HRN, la Voz de Honduras. Esa estación pertenece a la familia Ferrari, propietaria de una extensa red de radioemisoras, lo mismo que de las principales cadenas nacionales de televisión.
En el caso Villatoro hubo, de inmediato, un inusual despliegue institucional. La propia embajada estadounidense en Tegucigalpa exigió entregar inmediatamente y con vida al periodista. Los cuerpos de inteligencia y policial se movilizaron, incluyendo los órganos jurisdiccionales de justicia. Incluso, tras ser conocido su asesinato y a pocas horas se supo de la captura de dos sospechosos que guardaban prisión en una cárcel del departamento de El Paraíso. Uno de ellos, que negociaba por teléfono celular con los familiares del asesinado, es miembro activo de la policía, según revelaron las propias autoridades.
A nivel nacional se desplegó un operativo espectacular que pronto dio otros resultados: en Cofradía, Cortes, fueron capturadas cinco personas más, el 27 de mayo. Se les encontró ametralladoras, cartuchos y pistolas 9 mm. Con una de ellas, según pruebas científicas, mataron a Villatoro. En total fueron capturadas diez personas que ya pasaron por los tribunales para ser incriminadas por ese delito. En los operativos, la policía descubrió casas de "seguridad" en las que mantuvieron en cautiverio al periodista. ¡Todo eso en prácticamente una semana!.
Sin embargo, han pasado tres meses del asesinato de ese periodista y los resultados son insuficientes, ya que no se conoce nada acerca de quién o quiénes son los autores intelectuales del crimen. El vocero de la Policía, Héctor Iván Mejía, declaró hace poco que "el caso ha avanzado en enorme medida, pero aún existen pendientes". Mejía señaló que las investigaciones podrían apuntar hacia otras personas cuyas identidades se desconocen aún. Las autoridades no han brindado más detalles sobre el avance de las investigaciones. El caso se ha refugiado en un estricto secreto "para no entorpecer las investigaciones de rigor".
En relación al caso Villatoro y las acciones de las autoridades, Reporteros sin Fronteras declaró "tomamos acta de la diligencia de los entes encargados de investigar un asesinato que estremeció a la opinión pública". Al mismo tiempo, exigió al Estado celeridad similar en los otros asesinatos de periodistas, registrados desde 2003, la mayoría en estado impune. La organización recordó que tan sólo una semana antes del asesinato de Villatoro, otro periodista, Erick Martínez, candidato a diputado por la corriente FRP del recién fundado partido LIBRE, fue también asesinado. Martínez era colaborador del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH).
2. CASO EMBLEMÁTICO
Héctor Medina Polanco
En mayo de este año, en el memorial del Museo de la Prensa, en Washington, se inscribió el nombre de 19 periodistas latinoamericanos inmolados por ejercer la libertad de expresión en sus respectivos países. La inmensa mayoría de ellos fueron periodistas asesinados a "causa de sus investigaciones sobre el crimen organizado, la corrupción local o por su cobertura de la vida política en su país". |9|
Uno de los homenajeados es el hondureño Héctor Medina Polanco. A sus 35 años, fue asesinado el 10 de mayo del 2011, en Morazán, Yoro, una pequeña ciudad ubicada en el norte del país. El periodista falleció en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, tras haber recibido tres disparos en la espalda y uno en el brazo hechos por dos individuos cuando salía del canal local Omega Visión, donde trabajaba.
Más que su honestidad y el don de la palabra para la denuncia, Medina Po-lanco no portaba armas de fuego ni corto punzantes. Conocía actos irregulares en la municipalidad de Morazán de los cuales no guardó silencio. En varias ocasiones informó a sus familiares cercanos que la gente del pueblo le relataba acerca de "avionetas misteriosas que aterrizaban en ciertos lugares". Por su labor periodística, grupos que se sintieron aludidos lo amenazaron a muerte, a través de mensajes insultantes. En tres ocasiones atentaron directamente contra su vida, intentado atropellarlo con autos en marcha cuando caminaba por las calles de su ciudad.
En cierta ocasión, Medina Polanco fue atropellado en la carretera de Morazán a Santa Rita cuando se trasladaba en su motocicleta, que quedó destruida por un auto Ford 350, sin placas que lo embistió y lo arrojó contra el paredón. Héctor salvó su vida de milagro. En otra agresión violenta fue herido gravemente con arma blanca, mientras filmaba un evento frente a la municipalidad. Un sicario aprovechó de un apagón de energía y en la oscuridad le propino una puñalada en el brazo izquierdo mientras le decía: "¡Deja de andar hablando mierda!"
En vez de amedrentarlo y obligarlo a guardar silencio, los atentados hicieron que el periodista agredido alzará su voz. Medina Polanco puso en conocimiento del Estado y de organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales, la situación de inseguridad que vivía por su trabajo.
Pero finalmente lo asesinaron. Y cuando eso pasó, los familiares de Medina Polanco apelaron a las autoridades respectivas, a nivel local y a nivel nacional, para que su muerte no quede impune. Carlos Polanco, hermano del periodista asesinado, declaró a C-Libre que el propio Presidente de la República y el Ministro de Defensa aseguraron que darían resultados. Que eso no quedaría impune. "Pero el caso solo tiene supuestos. Puras especulaciones. No hay información. Estamos en cero. En nada", dijo Carlos.
El hermano del periodista muerto ha dicho además que el asunto no se agotó con la muerte de Polanco y que ahora, la esposa de Héctor, quien asumió responsabilidades para el funcionamiento del canal Omega Visión, es quien recibe amenazas a su teléfono celular con mensajes como estos: "No metas la cuchara donde no se debe meter" o "Te vamos a matar, igual que a tu marido". Eso ha causado gran temor en toda la familia, sostiene Carlos, al punto que "no podemos andar tranquilos en las calles, estadios, tiendas, supermercados etc. y por eso pedimos protección de las autoridades porque los asesinos andan sueltos". En ese sentido, prácticamente somos sus prisioneros".
En vida, Héctor dio a la policía nombres de personas que, según él, le amenazaban a muerte. Con intuición fatal le dijo a su familia, tres días antes de caer bajo los balazos de sus asesinos, "si me matan, no me dejen como
animal tirado por los montes". Pidió también "no abandonen a mis hijos", si ese extremo sucedía. Y así se fue, dejando una huella de calidad humana, valentía y coraje de comunicador popular permanente, guerrero frente a los abusos de poderes locales en manos de caciques y personaje corruptos de la peor ralea.
Medina Polanco dejó también su ejemplo de sensibilidad ante el dolor de la gente más pobre y humilde a la que dio prioridad en sus espacios noticiosos. De hecho, Héctor fue apodado por sus maestros, de primaria y secundaria, "Paquito, el noble", dada su actitud comprometida y solidaria con sus compañeros. Fue siempre un organizador notable, sobre todo en sus estudios de secundaria. Muchas veces se le vio haciendo colectas entre sus compañeros para comprarle cuadernos, lápices o libros a algunos compañeros más pobres de la escuela y el colegio.
Como periodista, Héctor Polanco escribió dos revistas. Las llamó Toledo, en honor a la quebrada que lleva su nombre y que atraviesa muchas comunidades de Morazán y que hoy se ha convertido en motivo de lucha de las comunidades que la rodean para que este bien natural no sea degradado por explotadores del bosque. Se involucró, asimismo, en un proyecto televisivo, con un canal local de cable desde por el que empezó a denunciar el deterioro de Morazán, sus calles, su cementerio, la inseguridad, la manera en que se talaban los bosques pese a que había una veda en la zona, así como la denuncia acerca del creciente tráfico de drogas y el aterrizaje de supuestas narco avionetas en las cercanías de Morazán.
Medina Polanco denunció también, con nombre y apellidos, a personajes señalados como integrantes de grupos armados ilegales (escuadrones) con fusiles, armas de asalto y pistolas automáticas que vigilan Morazán (con el contubernio policial), de donde podría haber venido la orden criminal de su muerte.
La noche del 10 de mayo de 2011, cuando subía a su casa en una motocicleta que no tenia retrovisores, dos sujetos motorizados se le acercaron disparándole en su brazo izquierdo. "Mi hermano no pudo controlar la motocicleta y cayó al suelo, los asesinos le dispararon por la espalda en cuatro ocasiones con arma supuestamente de 9 milímetros", relató Carlos Medina Polanco.
Aún con vida, fue trasladado a una clínica privada de la ciudad y de de allí al hospital Catarino Rivas. Héctor Francisco Medina Polanco murió a la 1 y 9 minutos de la madrugada del 11 de mayo. Sus denuncias acerca de las amenazas de muerte que recibió quedaron en el silencio escandaloso de la impunidad.
Queda un refrescante recuerdo, imperecedero, del periodista comprometido con su trabajo, sus ideales y sus principios éticos y profesionales. Pero queda también la impunidad que campea todavía como "Pedro por su casa". "Cuando asumió el cargo el coordinador de la dirección General de Investigación criminal (DGIC), Comisario de policía Soriano, informó a la prensa local que ya se tenía nombres de los autores materiales y de un autor intelectual. Sin embargo, no ha pasado nada; los familiares seguimos siendo amenazados. Sus hijos, esposa, hermanos y sobrinos seguimos sufriendo la persecución de los asesinos que quieren que el caso quede impune", dice Carlos Medina Polanco.
Al cierre
El 23 de agosto de 2012, la prensa publicó noticias urgentes con titulares como el siguiente: CAEN SOSPECHOSOS DE DAR MUERTE A UN COMUNICADOR. En la nota se revela que la policía capturó a tres individuos, entre ellos a Roger Mauricio Pineda García (22 años), contra quien existía una orden de captura por el delito de homicidio en perjuicio del comunicador Héctor Francisco Medina Polanco. |10|
Al grupo de detenidos se le decomisó, en un allanamiento, nueve cargadores de fusil, un lanza granadas, 27 proyectiles de FAL, tres trenzas de cartucho M-60, una mochila y un pantalón del ejército, por lo que fueron trasladados a las instalaciones policiales de El Progreso, para indagarlos.
El imputado por la muerte de Héctor Medina Polanco declaró que nunca había utilizado armas de fuego, ni tampoco arma blanca. "Soy inocente, no sé por qué me acusan de esa muerte. Soy un hombre trabajador que nunca le he hecho daño a nadie, le pido a las autoridades que investiguen mejor este caso". |11|
El portavoz de la Policía Preventiva, de Morazán, Yoro, Samir Rodríguez, informó que mediante varias investigaciones y luego de las ubicaciones se determinó realizar los allanamientos para capturar a los supuestos responsables de la muerte de Polanco. También aseguró que existen suficientes medios de prueba que señalan directamente a García Pineda como el autor material del asesinato del comunicador social cuando se dirigía a bordo de una motocicleta hacia su vivienda, el año pasado, luego de haber cumplido la jornada de trabajo en un canal de televisión".
Al ser consultada la familia sobre esa captura, Carlos Medina Polanco expresó lo siguiente: "yo he estado detrás de ese caso todo este tiempo y hay claros indicios de que ese tipo es uno de los ejecutores, aunque en el operativo se escapó otro más peligroso. Sin embargo, debe encontrarse al autor intelectual. Mi hermano, en vida, dio su nombre para que lo investigaran. Se trata de un terrateniente de mucho poder en la zona y que tiene un equipo de sicarios a su disposición".
El hermano del periodista asesinado reveló que si capturaron a uno de los asesinos, seguramente buscarán eliminarlo para no dejar rastro que dé con los que planearon el crimen. Finalmente dijo "yo no busco venganza personal contra un pelagatos a quien le dieron marihuana, dos mil lempiras y una 9 milímetros. Busco demostrar la culpabilidad del Estado, su responsabilidad de no prevenir el crimen, de proteger la vida humana y la educación de mis sobrinos. El crimen no es de este pobre idiota que disfrutó este año fuera del 'mamo'. A este tipo, le repito, lo van a matar dentro del presidio, porque no van a permitir que declare y no lo haré yo ni nadie de mi familia; lo va a eliminar el terrateniente y sus secuaces, el alcalde o quien sea. ¡Ya va a ver usted!".

Colombia
La esperanza de la justicia internacional
Para hacer cualquier entrevista en Bogotá, la periodista Jineth Bedoya debe ir acompañada por cinco escoltas fuertemente armados que se movilizan en dos camionetas blindadas. Desde hace más de doce años, Jineth es una de las periodistas más amenazada del país porque se ha atrevido a investigar y a denunciar un tema que muchos otros no se atreven o prefieren no hacerlo a fondo: la realidad del conflicto armado colombiano.
Jineth es la actual sub editora judicial de El Tiempo, el periódico de mayor circulación del país, y dirige el programa Crónicas del Conflicto por el canal ET, de la misma casa editorial. Durante años, ella se ha atrevido a contar las atrocidades que comete la guerrilla, ha denunciado los vínculos entre los grupos paramilitares con sectores de la fuerza pública y le ha dado voz a aquellas personas que, inocentemente, han tenido que pagar las consecuencias de la violencia que viven muchas regiones de Colombia.
Por eso, el repertorio de enemigos que se ha ganado es variado. En 2003, por ejemplo, fue secuestrada por la guerrillera de las FARC mientras hacía un reportaje en una zona de su dominio, aunque a los pocos días fue liberada. Siete años después publicó el libro 'Vida y Muerte del 'Mono Jojoy'', un perfil de ese líder guerrillero, e inmediatamente fue alertada por inteligencia militar de que existía un plan para asesinarla. Al año siguiente, las autoridades le advirtieron otra vez que su vida corría peligro y se vio obligada a salir del país por unos meses.
Sólo en 2012 Jineth ha recibido dos amenazas. La primera fue en enero, cuando recibió una llamada amenazante a su teléfono personal, después de publicar un informe sobre la banda criminal Los Urabeños. La segunda fue en abril, tras denunciar a un narcotraficante por el robo de una avioneta que desapareció en Centroamérica.
Todos esos casos fueron denunciados ante las autoridades judiciales colombianas, sin ningún resultado. Pero nada de esto se compara con lo que Jineth tuvo que vivir el 25 de mayo del año 2000 y la escandalosa impunidad que ha tenido que soportar durante años por ese caso.
El costo de cumplir con su trabajo
Jineth Bedoya era entonces una joven reportera del periódico El Espectador que ya había recibido algunas amenazas por su trabajo. Había sufrido incluso un atentado en el que su madre resultó herida.
En mayo del 2000, Jineth venía denunciando en las páginas del periódico el tráfico de armas en la principal cárcel del país e incluso tenía información que comprometía la complicidad de autoridades. Después de informar sobre una masacre que se dio al interior de la cárcel, Jineth fue contactada por un paramilitar preso que le pidió una entrevista para contar su versión de los hechos.
Jineth aceptó. Pero en la misma entrada del centro penitenciario, frente a una patrulla de Policía, fue secuestrada por dos personas. La periodista fue desaparecida, golpeada, torturada física y sicológicamente, y violada. Después de más de 12 horas, Jineth fue abandonada en un potrero cerca de la ciudad de Villavicencio, a mas de 120 kilómetros al oriente de Bogotá.
Su caso conmocionó el país y se convirtió en uno de los símbolos de la barbarie que viven las mujeres y los periodistas en el conflicto colombiano.
Doce años después de lo sucedido, ni una sola persona ha purgado un día de cárcel. Por ser un caso emblemático, la Fiscalía se lo encomendó a la Unidad de Derechos Humanos encargada de investigar las graves violaciones de derechos humanos, entre ellas, crímenes contra periodistas. Actualmente esa unidad conoce 52 casos de ataque contra periodistas, 47 de ellos por asesinatos.
En el caso de Jineth, el fiscal encargado hizo muy poco por avanzar en la investigación a pesar de que ella misma era quien aportaba testimonios y datos que permitían avanzar en encontrar a los responsables.
Esa desidia y falta de voluntad es un reflejo de la inoperancia de la justicia frente a los ataques contra periodistas en Colombia. Pero hay que reconocer que la impunidad en este país no afecta solamente a los periodistas. Es un problema estructural que afecta al derecho de cualquier ciudadano a acceder a la justicia. En el caso de periodistas, sin embargo, no se conoce una sola sentencia condenatoria contra alguien que haya amenazado o agredido a un reportero.
A pesar del miedo y del dolor, Jineth se refugió en su trabajo. "Cuando una lleva el periodismo tatuado en el alma es imposible desligarse de la realidad y del país, y más si este es Colombia", dijo hace poco en un reportaje. Ella siguió denunciando a los paramilitares, a la guerrilla y a los militares corruptos porque sabía que ese era su deber. Nuevas amenazas aparecieron y se presentaron las denuncias correspondientes ante la justicia, sin recibir respuestas. La investigación por el secuestro y la violación seguía en la misma etapa inicial, sin siquiera tener indicios de justicia.
En el 2011, Jineth, con el apoyo de la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP, presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el evidente estado de impunidad en el proceso.
Recién ante esa denuncia la reacción de la justicia colombiana fue inmediata. Se nombró una nueva fiscal encargada que abrió investigación formal contra tres paramilitares actualmente presos. Uno de ellos confesó su participación, aunque se sabe que hay otros responsables.
Esto recién ahora empieza y Jineth lo sabe. Todavía faltan hechos por aclarar y muchas personas por responder, especialmente los posibles miembros de la fuerza pública que participaron. La Comisión Interamericana ya le pidió explicaciones a Colombia por la impunidad en el caso y estudia la posibilidad de admitirlo.
Después de doce años se enciende recién una luz de esperanza para conocer la verdad, esa que muchos otros periodistas tienen la ilusión de conocer cada vez que le encargan a la justicia la responsabilidad de investigar las amenazas y las agresiones que reciben.
Cifras de apoyo al reportaje
139 periodistas has sido asesinados en Colombia desde 1977 hasta el 2012.
67 periodistas reciben actualmente protección especial por parte del gobierno colombiano, que gasta anualmente trece mil seiscientos setenta y seis millones de pesos, (7,481,777.757 $US) en esa tarea.
55 procesos por asesinatos de periodistas continúan sin información oficial de la Fiscalía sobre el estado de las investigaciones

Perú
No una, sino muchas muertes
Desde 1982, en el Perú se han registrado 60 asesinatos de periodistas que permanecen en un estado grave de impunidad. Existen procesos que llevan cerca de 30 años sin haber sido concluidos. Otros casos han sido archivados, antes de que sus autores fueran siquiera identificados. Algunos pocos crímenes, en los que parecía atisbar una tímida luz de esperanza en la justicia, conocieron un giro inesperado que favoreció finalmente a sus a todas luces autores intelectuales. En el Perú se desconoce asesinatos a periodistas que tuvieran el corolario de una investigación policial clara y una sentencia judicial firme.
1.CONTEXTO
Introducción
En general, en el Perú los procesos de asesinatos a periodistas, como de otras agresiones graves y no graves contra la libre expresión, adolecen de vicios procesales y de la arbitrariedad estatal. En promedio, suponen investigaciones precarias, parcializadas, lentas, obstructivas, sin la diligencia debida de las autoridades. Hechos que nunca se esclarecen del todo. Y que culminan sin culpables identificados por lo que no se tiene sentencias ni condenas justas, y sí más bien el mal ejemplo de atmósferas de permisividad en las que los periodistas pueden ser fatalmente vistos como blancos fáciles de atacar.
Cuando sí se tienen, las investigaciones se focalizan, en promedio, en la identificación de los autores materiales, y no en los autores intelectuales. Sólo se procesa a algunos pocos que, al final, resultan liberados incluso a pesar de la contundencia de las pruebas de incriminación y sindicación de quienes actuaron bajo sus órdenes, y que quizás sí sean sancionados.
Esa característica es reincidente. Y se potencia cuando los sospechosos ostentan poder económico, poder político, o ambos. Se trata de personajes conocidos que usando argucias legales obstaculizan el avance del proceso, corrompiendo a las autoridades, como principal mecanismo para garantizar su impunidad.
La escalada de la violencia
Los asesinatos a periodistas en el Perú representan el clímax de una serie de otras agresiones contra el gremio, que en el país registran en monitoreo propio tanto el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) como la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y que tienen cifras que bordean o superan, al menos, las 100 por año. |1| Las agresiones tienen, para las dos organizaciones, porcentu-almente la contundencia del golpe y el ataque físico.
En las tipologías de agresor destaca la autoridad pública y el funcionario, empoderados por un aparato utilizado para agredir (y que involucra a funcionarios, seguidores políticos, equipos de seguridad, incluso a otros periodistas a quienes se paga con publicidad estatal), así como por la poca respuesta efectiva de la policía y la justicia.
El blanco preferido por los agresores es el reportero de radio y TV. Según los registros del 2011 del IPYS, de los 142 periodistas agredidos, 63 fueron reporteros (44 por ciento). Casi el total fueron periodistas de provincia. Esas constantes se arrastran si un periodista es asesinado. De hecho, de los seis que fueron asesinados desde el 2004, ninguno era de la capital; cuatro fueron periodistas de radio, algunos directores de noticieros desde los que enfilaron sus baterías contra cuestionadas gestiones de alcaldes o presidentes regionales.
Antes de 2011, sin embargo, no se tenía registrados asesinatos sino hasta 2007. Un contexto de violencia criminal (por la cual contratar un sicario puede costar 600 dólares o menos), poca respuesta estatal eficiente ante ella, e inseguridad ciudadana creciente en el país, de acuerdo a varios reportes, favorecieron que la cuenta se abriera nuevamente, con tres asesinatos a periodistas cuya autoría se ha relacionado, en efecto, con autoridades políticas sindicadas como autores intelectuales.
¿Y dónde está la policía?
En la investigación preliminar del asesinato a un periodista, la policía tiene, en el Perú, una marcada lentitud cuando el caso no tuvo repercusión mediática. Sucede lo contrario cuando es visto como denuncia por los gremios y organizaciones defensoras de periodistas, quienes juegan un papel importante de presión no solo a nivel mediático, sino en la toma de acciones efectivas desde las apelaciones que se remiten a las respectivas autoridades, hasta las campañas gremiales. Ese puede ser el caso de las investigaciones del asesinato de José Oquendo Reyes, director y conductor del programa "Sin Fronteras" de BTV Canal 45, en Chincha, región Ica. |2|
Esas presiones obligan a la policía a actuar aceleradamente. Marcada rapidez para capturar y detener a los sospechosos materiales. No ocurre lo mismo, sin embargo, para con los sospechosos intelectuales, sobre todo si se trata de autoridades políticas. Y si acaso se llega a ellos, y la policía cumple con detener a algún autor intelectual, más temprano que tarde el poder judicial embarra con una mano lo que la policía limpió con la otra. Como en el caso de Antonio de la Torre Echeandía, periodista de radio Órbita, en Yungay, región Ancash. |3|
La investigación policial respecto al asesinato a un periodista, en general, adolece de rigurosidad. Las pruebas no son oportunamente recabadas, se presume dudosa manipulación de pericias, redacción de actas e interrogatorio a los sospechosos, diligencias en las que muchas veces falta un fiscal. Esa ausencia permite a los inculpados invalidar luego sus declaraciones, al desdecirse en segundas instancias por presión, amenaza o arreglos pecuniarios. Por citar un ejemplo, la prensa levantó sospechas para las primeras investigaciones policiales del asesinato de Miguel Pérez Julca, de radio Éxitos, en la región Cajamarca, ocurrido el 17 de marzo de 2007. |4|
El Ministerio Público y el Poder Judicial
La actuación del representante del Ministerio Público o Fiscalía resulta no menos cuestionable en el seguimiento a los casos de asesinatos a periodistas. Se ha evidenciado parcialización y negligencia. En muchos casos, en contra de lo que se espera de un fiscal, éste ha retardado más bien la formulación de denuncia; y en otros, ha archivado la investigación. Sin embargo, en la etapa de juicio oral, en algunos casos, la participación de los fiscales ha sido trascendental.
Lo mismo ocurre con el Poder Judicial. Para los casos de asesinatos a periodistas, como en otras agresiones contra del gremio, en el Perú no existen, lamentablemente, acciones judiciales idóneas. Ni eficacia ni eficiencia de parte de las autoridades jurisdiccionales. Lo que hay es más bien falta de independencia y objetividad. Y unos plazos que resultan nada razonables, con lo que se impide el esclarecimiento de los hechos. |5|
Lo que debía ser una investigación efectiva y práctica, oportuna y adecuada de pruebas, en el caso del asesinato a un periodista, finalmente no se produce debido a una gran ausencia de líneas lógicas en la decisión jurisdiccional, destacándose la carencia en la identificación de móviles. |6|
En ese sentido, no existe en el país jurisprudencia relevante respecto a casos de asesinatos a periodistas. Por falta de contundencia en el accionar de fiscales y jueces más que por ausencia de legislación nacional concordante con la internacional. Dicho de otro modo, en el país las leyes de aplicación general podrían bastar para sancionar a los responsables de asesinar a un periodista, y resarcir a sus deudos. Están la Constitución Política de 1993, el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, y el Código Procesal Penal, si bien en el Perú, no existe legislación especial para investigar sobre ataques o asesinatos contra periodistas en ejercicio de la profesión.
Hubo algunos anuncios de buenos propósitos en ese sentido. . En 2010, el Poder Judicial emitió la Resolución Administrativa N° 187-2010-CE.PJ, que dio cuenta de la ampliación de competencias de la Sala Penal Nacional y de los Juzgados Penales Supranacionales de Lima para conocer casos de periodistas. Igualmente, la Fiscalía de la Nación anunció, mediante resolución, que asumiría función, desde 12 oficinas, en la denuncia e investigación en varios delitos cometidos contra periodistas en el ejercicio de sus funciones. A la fecha, sin embargo, ninguno de los tres asesinatos a periodistas cometidos en 2011 se investiga en esas instancias; ni tampoco los crímenes previos.
Una prensa y una sociedad que olvidan
En el Perú, además del IPYS y la ANP, algunas otras instituciones se ocupan de las agresiones que puedan sufrir los periodistas en el marco del ejercicio de su libre expresión. El IPYS y la ANP implementaron ya hace largo tiempo un sistema de alertas sobre agresiones a periodistas, a las que se suma campañas y algunas acciones de acompañamiento legal en casos específicos, algunos lamentablemente en el marco de asesinatos ya consumados.
Organizaciones como el Instituto de Defensa Legal (IDL) velan también por casos específicos de agresiones contra periodistas; y otras, por ejemplo el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), se han sumado con fuertes campañas para promover el respeto al trabajo de los periodistas del país y las garantías que merecen en el marco de ejercer sus libertades informativas. En el caso de los asesinatos perpetrados, el papel de esos organismos ha sido de condena total y de presión a nivel de medios y Estado para que los casos se resuelvan y se sancione a los culpables.
La prensa ha tenido un rol importante en la comunicación de las agresiones, pero sólo si estas son graves. Una agresión menor a un periodista no tiene, para la propia prensa, mucho carácter noticioso. Algunos, ciertamente, se pliegan a la defensa de un colega, pero se trata de casos excepcionales. Cuando se hace, no es de manera sostenida sino aislada, nunca como parte de un seguimiento.
Por extensión, eso también ocurre en el caso de los asesinatos de periodistas. La prensa los cubre porque se trata de noticias rojas -y sabe de su impacto inmediato en los públicos- más que porque constituyan violaciones contundentes a derechos humanos. |7| Pero al margen del crimen, pocos medios les dan a los casos de asesinatos a periodistas un desarrollo noticioso y menos aún un plan de investigación. Salvo que haya algún hallazgo importante en lo policial o una determinación en lo judicial, los medios abandonan los casos y los nombres de los periodistas asesinados terminan saliendo del imaginario colectivo, acaso para recordarlos eventualmente en fechas emblemáticas.
2. CASO EMBLEMÁTICO
Alberto Rivera Fernández
El 20 de abril de 2004, Alberto Rivera Fernández, presentador del matutino "Transparencia", de Radio Frecuencia Oriental de la Provincia de Coronel Portillo, apareció en un programa periodístico capitalino comentando sobre política de su nativa región Ucayali. |8| Criticó sin pelos en la lengua y de manera directa a un polémico alcalde de entonces, Luís Valdez Villacorta. Lo denunció como cabecilla de una banda de narcotraficantes de la zona. Consciente de la magnitud de su denuncia, advirtió que si algo le pasaba, el principal responsable sería ese alcalde.
Un día después, el miércoles 21 de abril del 2004, Alberto Rivera Fernández fue asesinado a balazos por dos desconocidos que le dispararon a la altura del pecho, cuando salía de su pequeño negocio. El periodista tenía 54 años y una hija, Patricia Rivera, quien encaró un largo proceso judicial de nunca acabar.
Alberto Rivera Fernández había denunciado a Valdez de dos casos irregulares: 1) por un cuestionado programa de reversión de tierras que proponía y que presuntamente traficaba usando testaferros, y 2) por su cada vez más evidente participación activa en tráfico de estupefacientes, que en el 2003 alcanzó interés nacional, a raíz de un hallazgo en el puerto de Callao, Lima, de más de media tonelada de droga camuflada en un cargamento propiedad de una de las empresas del ex alcalde. |9|
La guerra entre el alcalde y el periodista se había declarado antes. Rivera Fernández trabajaba para el sobrino del burgomaestre, el congresista Víctor Valdez, en la adjudicación de tierras para pobladores pobres. En enero de 2004, Valdez denunció a Rivera Fernández por participar en una movilización de protesta contra su autoridad la cual se tornó violenta y resultó en un incendio del palacio municipal.
Vericuetos policiales
Las investigaciones policiales sobre el caso Rivera Fernández estuvieron siempre obstaculizadas por desinformaciones que desviaron la atención de los verdaderos autores materiales e intelectuales, quienes más adelante fueron sindicados uno a uno ineludiblemente, aunque eso finalmente no se tradujo en un triunfo de la justicia.
Por ejemplo, a poco más de un mes de asesinado, el 31 de mayo de 2004, el jefe de la División de Investigación Criminal de la VI Dirección Territorial de la Policía del Perú (DITERPOL), con sede en Pucallpa, anunció que el crimen había sido motivado por móviles pasionales, una tesis que se cayó pronto. Lejos de concluir lo que tuvo que desprenderse de una investigación exhaustiva, el jefe policial hacía apenas eco de la confesión de Erwin Pérez Pinedo, capturado el 26 de mayo, luego de que testigos lo identificaron como el chofer del vehículo que transportó a los asesinos para el crimen; así como del falso mea culpa de Samuel Gonzáles Pinedo, primo del primero, quien se entregó declarando ser el autor, con la historia de que contrató a Erwin para que a su vez contactara a Ángel Mendoza Casanova "Gatillo" y Lito Fasabi Pizango "Chino Lito" para amedrentar a Rivera, alegando que el periodista estaba involucrado con su compañera sentimental.
En un intríngulis en el que fueron apareciendo otros nombres ligados a la municipalidad de Coronel Portillo, como el de Solio Ramírez Garay, gerente municipal de Coronel Portillo y además presidente de la Sala Civil de la Corte Superior de Ucayali, y tres comunicadores de esa entidad, |10| se rebatió la hipótesis del móvil pasional.
Al respecto, Paul Garay, uno de los periodistas de la facción que pugnó por insistir en la denuncia del crimen y sindicar al alcalde Valdez, |11| sostiene: "La policía de Pucallpa, en todo momento encubrió el móvil del crimen y lo presentó como un lio de faldas. Tuvieron que venir efectivos de la capital para develar los motivos reales de que fue un homicidio calificado."
Las pesquisas policiales se fueron dirigiendo así hacia el alcalde Valdez Vil-lacorta, y su gerente municipal y vocal, Ramírez Garay.
Vaivenes de lo judicial
El caso de Rivera sólo prosperó centrado en un inicio en personajes considerados "peces chicos". El alcalde Valdez sólo apareció como testigo en el primer juicio oral y una vez acusado por el Ministerio Público pudo sortear a la justicia en varias instancias del proceso que lleva nueve años.
El 7 de febrero de 2006, casi dos años después del asesinato, y cuando no quedaba duda de su participación en el crimen, la Sala Especial en lo Penal de Corte Superior de Ucayali sentenció a Tercero Samuel Gonzales Pinedo, Roy Culqui Saurino, Martín Flores Vázquez, Edwin Pérez Pinedo y Ángel Mendoza Casanova "Gatillo", autores materiales del asesinato del periodista.
Gonzales Pinedo fue condenado a 10 años de pena privativa de la libertad; Culqui Saurino y Flores Vásquez a 25 años en prisión; mientras que Pérez Pinedo y Mendoza Casanova, a 30 años.
Aunque que casi todos presentaron recurso de nulidad, Gonzales Pinedo aceptó la sentencia impuesta. Luego, tras acogerse a la figura de confesión sincera, pudo gozar de libertad. En calidad de testigo del caso que aun continuaría, el 26 de abril de 2007, Gonzales Pinedo empezó a proporcionar información que confirmaría la autoría de los condenados y que allanaría el camino hacia el ex alcalde y su gerente municipal.
Se sumarían elementos al señalamiento directo del sicario Pizango Fasabi contra Ramírez Garay quien lo habría contratado y entregado el arma para el asesinato; y al de Mendoza Casanova que también acusó al funcionario, con los que el Ministerio Público del Perú ya había solicitado para Luis Valdez Villacorta y Solio Ramírez Garay 20 años de pena.
El segundo proceso penal, en el que se incluían al alcalde provincial de Coronel Portillo, a su gerente municipal Solio Ramírez Garay, al funcionario Jorge Barrantes Aguilar, así como el sicario Pizango Fasabi se inició a fines de marzo de 2006 a cargo de la Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Ucayali.
Pronto, el 4 de abril siguiente, la sala presidida por el juez Edgar Padilla ordenó la detención del alcalde Valdez y su ex gerente municipal, como presuntos autores intelectuales del asesinato, variando la orden de comparecencia sobre ambos, tras el pedido de la parte civil. En junio siguiente, Ramírez Garay fue suspendido de su cargo en el poder judicial por interferir en el proceso penal. Brilló, entonces, una luz de esperanza.
En noviembre de 2007 se supo fue sólo un espejismo: la Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Ucayali, en mayoría, absolvió al alcalde y al gerente municipal. La Presidencia de la Sala votó diametralmente diferente, por condenar a cada uno a 20 años de cárcel. Los familiares del periodista apelaron la sentencia y solicitaron la nulidad del proceso por una serie de irregularidades.
El 22 de junio de 2009 se inició un nuevo juicio. La Corte Suprema decidió que una Corte de Lima se encargara del caso que recayó en la Sala Penal que integraron los magistrados Jorge Aguinaga Moreno, José Chávez Hernández y Malzon Urbina La Torre. El 8 de febrero del 2010, la Tercera Sala Penal de Reos Libres absolvió por mayoría a Valdez.
El 27 de enero de 2011, La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró nula la sentencia absolutoria que dictó la Tercera Sala Penal de Reos Libres y ordenó un nuevo juicio oral. El caso fue derivado a la Tercera Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Lima. |12|
La sentencia estuvo motivada al cuestionarse la presunta parcialidad de los jueces Aguinaga Moreno y Chávez Hernández, quienes absolvieron a Valdez, argumentando falta de pruebas y versiones contradictorias de los testigos, cuestiones procesales más que de fondo.
El 16 de mayo de 2011 se inició en Lima el nuevo juicio del caso Rivera Fernández. El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina solicitó 20 años de pena para Valdez Villacorta e igual para Ramírez Garay. Y requirió que ambos pagasen 50.000 nuevos soles (18.900 dólares americanos) a favor de los deudos del periodista.
El 10 de mayo de 2012, la Tercera Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, tercera y última instancia judicial que vio el caso, con los votos a favor de los vocales Jorge Egoavil y Jorge Barreto absolvió al ex alcalde de Coronel Portillo y a su ex gerente municipal. La vocal María Hernández Espinoza emitió su voto condenando a los acusados. |13| El fallo fue apelado y el proceso continúa. Frente a la última sentencia existe ya un recurso de nulidad en la Corte Suprema del Poder Judicial.
De acuerdo a un análisis del IDL, cuyos abogados representaron a la familia del periodista en sus juicios, en el caso Rivera Fernández se han demostrado dos puntos fundamentales: 1) la única persona que tenía interés en silenciar a Rivera Fernández era Valdez Villacorta; y 2) todos los actualmente condenados como autores materiales del crimen eran del entorno de la ex autoridad bajo cuyas órdenes habrían actuado.
Para Roberto Pereira, especialista en defensa de casos de libertad de expresión en el Perú, y asesor del IPYS, el asesinato contra Rivera Fernández es relevante porque "muestra la incapacidad del Poder Judicial para poder brindar adecuadas garantías de acceso a la justicia a los familiares de la víctima y de sancionar finalmente un atentado grave contra un periodista como consecuencia de su ejercicio profesional que a su vez trasciende el ámbito de afectación subjetivo-personal, dado que es un mensaje que se emite también a los otros periodistas, sobre que si existiera un atentado contra ellos éste no va a ser adecuadamente juzgado y sancionado"

Ecuador
El clima de asfixia estatal
Las agresiones contra medios de comunicación y periodistas, que en Ecuador superan el medio millar en cuatro años, no se investigan porcentualmente en el país. El Estado resulta el mayor agresor. El Presidente de la República y otras altas autoridades, ministros y magistrados entre ellas, critican en general el accionar de la prensa libre que investiga la corrupción y devela sus miserias. Airean negatividad para generar una atmósfera perniciosa para el accionar de periodistas y medios de comunicación. Por esos motivos, organismos internacionales han puesto al caso ecuatoriano sobre libertades informativas como el de mayor riesgo en la Región.
1.CONTEXTO
Introducción
Algunos asesinatos, agresiones físicas, destrucción de materiales y medios de comunicación forman parte de los 557 ataques contra la prensa que han sido reportados por la Red de Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Expresión y de Prensa que administra Fundamedios en Ecuador desde el año 2008. De esos casos, pocos son los que han merecido pronunciamientos oficiales y el inicio de investigaciones ante instancias judiciales. La mayoría no fueron investigados ni indagados. Mucho menos condenados por autoridades oficiales, con el argumento de que varios de los excesos reportados son meras "falacias".
Las declaraciones oficiales de las autoridades sobre la situación de la libertad de expresión y de prensa en Ecuador han sido llevadas a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Organización de Naciones Unidas (ONU). El punto de vista oficial difiere, sin embargo, del que han expresado en sus informes y en diversos pronunciamientos organismos y organizaciones internacionales que trabajan en la defensa de la libertad de expresión en el mundo y que evidencian el deterioro y menoscabo de las libertades en el país.
Sobre la situación de la libertad de expresión en Ecuador han mostrado preocupación y alzado su voz Human Rights Watch, el Comité para la Protección para Periodistas (CPJ, por sus siglas en Inglés), Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IF-RA). En el mismo sentido se han pronunciado también otras organizaciones como la red Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX), La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, e incluso la propia Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Se debe destacar la paradoja de que quienes están llamados a dar protección y garantizar la integridad de los profesionales de la comunicación sean precisamente los que han iniciado una campaña de descredito en su contra. La Comisión Interamericana ha señalado al respecto que "en materia de libertad de expresión y protección a derechos de terceros, el respeto se materializa mediante la debida diligencia que el funcionario público debe tener al momento de difundir ideas y pensamientos, con el fin de que su discurso no se convierta en un mecanismo estigmatizador, de hostigamiento, señalamiento, criminalización e intimidación". |1| Bueno, eso simplemente no se cumple en el país.
Presidente y agresiones
En contraposición con esos preceptos, Fundamedios ha evidenciado el incremento de ataques, descalificaciones, insultos, imputaciones y utilización del discurso estigmatizador contra periodistas y medios de comunicación por parte de diferentes actores entre los que sobresalen funcionarios públicos encabezados por la primera autoridad del país, el Presidente de la nación. Los calificativos más frecuentes para referirse a la prensa son: "manipuladores, mediocres, corruptos, conspiradores, sicarios de tinta, golpistas", entre otras expresiones utilizadas en distintas intervenciones públicas. Esos calificativos son adoptados también, frecuentemente, por quienes se identifican como seguidores de la llamada "Revolución Ciudadana", que utilizan adjetivos similares para dirigirse a otras personas a través de las redes sociales.
Cuando un ciudadano o periodista es atacado, la regla general es la inacción por parte de las autoridades para buscar justicia. Pero curiosamente, cuando un funcionario público se siente agredido por un ciudadano o comunicador, la justicia actúa diligentemente, evidenciando un marcado favoritismo y falta de independencia, como sucedió en casos como el de el diario El Universo, a inicios de año, y de la revista Vistazo, en septiembre.
En el primer caso, los tres directivos y el ex editor de opinión del diario fueron condenados al pago de 40 millones de dólares y a tres años de prisión, tras un juicio por injurias calumniosas entablado por el Primer Mandatario de Ecuador, a raíz de la publicación de un artículo titulado "No a las mentiras", el 6 de febrero del 2011.
En el segundo caso, la revista Vistazo fue sancionada con una multa de 80.000 dólares por el Tribunal Contencioso Electoral, el pasado 26 de septiembre de 2012, por considerar que el editorial "Un NO Rotundo" -publicado por el medio sobre las preguntas planteadas en la Consulta Popular y Refer-endo del 7 de mayo 2011- constituía "propaganda electoral".
Más evidencias
Otros indicadores que muestran el nivel de impunidad en Ecuador son las amenazas, detenciones ilegales e impedimentos a la labor periodística que han quedado como una mera estadística que se va incrementando día a día. A título de ejemplo, se cita ahora sólo cuatro casos ocurridos este año:
El 7 de marzo, Geovanny Vinueza, camarógrafo de la estación televisiva Canela TV, fue agredido físicamente por familiares de algunas personas detenidas durante un operativo policial antinarcóticos, en la ciudad de Quito.
El 16 de agosto, el periodista Orlando Gómez, editor de diario La Hora y corresponsal de la revista colombiana Semana, fue agredido y amenazado de muerte por desconocidos, luego de las publicaciones -difundidas en el medio colombiano- sobre libertad de expresión y el asilo al fundador de Wikileaks.
El 4 de septiembre, el periodista Antonio Medrano, corresponsal del diario El Universo en la ciudad Babahoyo, provincia de Los Ríos, fue amenazado de muerte mediante llamadas telefónicas. Personas desconocidas le advirtieron que "le van a dar el vire", modismo ecuatoriano que hace referencia a la acción de matar a una persona.
El 23 de septiembre, el periodista Alejandro Escudero, del semanario Independiente de la ciudad de Nueva Loja, provincia amazónica de Sucumbíos, fue amenazado por dos sujetos que sorpresivamente irrumpieron las oficinas del medio de comunicación.
Como esos casos, hay decenas reportados. De lo que se conoce sobre ellos, pese a hacer existido denuncias de parte de las víctimas ante la Fiscalía respectiva, las investigaciones no han prosperado. Solo la denuncia de los periodistas y la condena de los directivos de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil han sido los mecanismos de protección a los cuales han accedido las víctimas.
El rostro del asesinato
La violencia contra los periodistas puede llegar incluso a la muerte. Al menos tres asesinatos se han reportado en 2012 y aún no se conoce los móviles de esos crímenes.
El primero de julio, Byron Baldeón, periodista de diario Extra, fue asesinado por desconocidos cerca de su domicilio, ubicado en la localidad de El Triunfo, a 61 kilómetros de la ciudad costera de Guayaquil.
El 2 de septiembre, el fotoperiodista freelance Juan Antonio Serrano, hermano del actual Ministro del Interior, fue asesinado de madrugada durante una reunión familiar en la ciudad de Cuenca, ubicada a 450 kilómetros al sur de Quito. Las autoridades capturaron a cinco sospechosos que están en prisión para investigaciones.
El 3 de septiembre, la Policía encontró el cuerpo del periodista Luis Arnoldo Ruiz, conocido como "Noro", asesinado con un balazo en la cabeza. El co-municador trabajaba como corresponsal de los diarios Extra y Expreso en la localidad de Playas, a 97 kilómetros de Guayaquil.
De los tres ataques, sólo los dos primeros tuvieron pronunciamiento de las más altas autoridades y el inicio de un proceso que tal vez permita dar con los culpables. El primero en pronunciarse por el crimen perpetrado contra Baldeón fue el ministro del Interior, José Serrano, en medio de una rueda de prensa convocada sobre otro tema. Cuando un periodista le preguntó sobre la muerte de Baldeón, Serrano condenó el crimen y aseguró que conformará un cuerpo policial de "élite" que investigará el homicidio del fotoperiodista. A una semana del asesinato y en medio de un informe de labores, el presidente Rafael Correa se expresó a favor de las investigaciones de rigor y la sanción a los responsables. "Estamos investigando este asesinato con total seriedad, con total responsabilidad... no permitiremos que este crimen quede en la impunidad", acotó el Mandatario. Se sigue esperando resultados del proceso de investigación.
Casos sin respuesta
En los casos que se menciona líneas adelante, si bien las autoridades han manifestado su preocupación ante los hechos, han propiciado también una serie de ataques y difamaciones en contra de quienes fueron blanco de agresiones. De las autoridades públicas surge el discurso estigmatizador que va de la mano de la propaganda que maneja el Gobierno nacional a través de cadenas nacionales y las conocidas "sabatinas" (programas de radio), del Primer Mandatario.
Tanto en los casos de César Ricaurte como en el de Janet Hinostroza, es evidente la actuación de las autoridades en el sentido descrito. La escolta policial otorgada a Ricaurte constituyó un instrumento de averiguación en detalle de cada una de sus actividades, por lo que tuvo que prescindir de ésta. Eso dio lugar a la publicación de varios artículos en medios gubernamentales en los cuales se presentaba información personal y del proceso de investigación, exponiendo aún más la integridad del director de Fundamedios.
Hinostroza rechazó también la protección policial pues consideraba inviable necesitar de un guardaespaldas para ejercer su protección. Según expresó la periodista, al despedirse de su programa, "en los años que llevo denunciando casos de corrupción, igual o más delicados, nunca nadie me había amenazado". Su denuncia no iba dirigida a nadie en particular, pero recalcó la necesidad de entender la vulnerabilidad a la que están expuestos los periodistas frente a hechos de tal corrupción. El Presidente Rafael Correa, al comentar las amenazas de las que fue víctima Hinostroza embarró con una mano lo que limpió con otra: se solidarizó con la periodista, pero a la vez descalificó su trabajo. Hace un "pésimo periodismo y es politiquera disfrazada de periodista", "totalmente sesgada, manipula y desinforma" dijo, aunque afirmó que "jamás su gobierno va a recurrir a cobardías y amenazas".
2. CASOS EMBLEMÁTICOS
El famoso 30-S
Las autoridades iniciaron procesos de investigación por los violentos hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010. Fundamedios puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado 32 agresiones contra periodistas registradas aquel día (ver anexo), lo que dio inicio a la investigación sobre "presunto delito contra la seguridad del Estado" (No.2682010). A un mes de ocurridas las agresiones contra periodistas y en dos ocasiones solicitaron a Fundamedios notificar a los comunicadores de las ciudades de Ambato y Quito para que den su versión sobre los sucesos del 30 de septiembre. Un año después, la Fiscalía notificó a Fundamedios que se había designado a un cabo de policía para que concluya el informe en relación a los eventos del denominado "30-S". Hasta hoy se desconoce los resultados del informe.
En torno a estos hechos, 13 civiles fueron acusados de terrorismo y sabotaje porque ese día, luego de una manifestación a favor de la libertad de expresión y en protesta por la cadena nacional "indefinida e ininterrumpida" ordenada por el gobierno, irrumpieron las instalaciones del edificio de los medios estatales para exigir ser escuchados, dejando a su paso una puerta de vidrio rota y otros daños. Los demandados podrían ser sentenciados con una pena de hasta 12 años en prisión. Según el fiscal Gustavo Benítez Álvarez, de la Unidad de Administración Pública, los trece implicados son culpables. Ese funcionario declaró, durante la audiencia de formulación del dictamen fiscal el pasado 15 de agosto: "se puede ver que estamos frente al tipo penal de sabotaje; el acceso violento a este recurso produce un daño a la sociedad, el acceso al medio de comunicación ha sido destruido siendo el objetivo de la turba, bajo pretexto de libertad de expresión, lesionar al bien público."
El penalista Ramiro Aguilar, defensor de uno de los implicados en el caso, sostiene en cambio que hay una acusación excesiva al aplicar la figura penal de terrorismo y sabotaje. "Aquí lo que hubo es una ruptura de la puerta de vidrio, y a nadie se le puede acusar de terrorismo por romper una puerta, sobretodo tomando en cuenta que el propio presidente del canal reconoció que nunca se interrumpió la señal del canal y por eso es inaplicable el tipo penal", comentó el jurista.
Periodistas y defensores de DD.HH.
Tras la intervención en la audiencia sobre la situación de la libertad de expresión en Ecuador, el 25 de octubre de 2011 en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington DC, en la que participaron periodistas y defensores de derechos humanos, el Gobierno nacional inició una campaña de descrédito contra los peticionarios.
Desde aquel día y durante más de diez meses, Fundamedios y su director César Ricaurte, han sido blanco de una serie de descalificaciones a través de cadenas nacionales, artículos de prensa de los medios oficiales, declaraciones públicas por parte de altos funcionarios del gobierno, incluyendo al mismo jefe de Estado, Rafael Correa.
A la par de las descalificaciones públicas, agresiones y amenazas contra la integridad física de Ricaurte y miembros de Fundamedios se hicieron presentes a través de correos electrónicos y redes sociales. Éstas fueron oportunamente denunciadas a las respectivas autoridades, ante lo cual el Ministerio del Interior decidió proporcionar seguridad policial las 24 horas del día a Ricaurte, mientras se realizaban investigaciones para dar con los responsables de las amenazas. Tras una semana de ser escoltado por un agente policial, Ricaurte decidió prescindir del resguardo pues se evidenció que información de sus actividades estaba siendo transmitida a autoridades públicas.
Por este caso, a pedido de una Asambleísta, la Fiscalía General del Estado inició una indagación previa por presunto delito de impedimento de libre expresión. Hasta el momento, pese a los requerimientos para conocer sobre el estado de las investigaciones, no se conoce resultado alguno.
Caso Hinostroza
El 19 de Septiembre de 2012, la periodista Janet Hinostroza confirmó públicamente que recibió amenazas contra su seguridad e integridad física. Las amenazas surgieron a partir de la difusión de dos entregas de una investigación titulada "Los vínculos del poder", referentes a las irregularidades en torno a un préstamo otorgado al ciudadano argentino Gastón Duzac y su relación con Pedro Delgado, titular del Banco Central del Ecuador y primo del Presidente ecuatoriano.
Según informó la periodista, luego de haber recibido dichas amenazas, los directivos del medio solicitaron protección al Ministerio del Interior para salvaguardar su integridad física. Pero después de haber contado con resguardo policial por 24 horas, Hinostroza terminó por rechazar dicha protección. Las autoridades, incluyendo el Presidente de la República, a la par de manifestar su solidaridad con Hinostroza por las amenazas que recibió, aprovecharon los espacios para descalificar a la periodista y a su trabajo.
El mismo día en que la periodista denunciaba las agresiones en su contra en forma de amenazas, anunció también su retiro temporal del espacio de información y entrevistas "La Mañana de 24 horas" de la televisora Teleamazonas, como una medida "preventiva". La autocensura había funcionado en su forma más dramática, pues ahora la periodista se callaría totalmente:
Hinostroza puso un paréntesis a una carrera de décadas en periodismo de denuncia de presuntos actos de corrupción cometidos básicamente por funcionarios y autoridades.
Posición de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
Por lo casos registrados durante estos años, la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la OEA ha exhortado al Estado ecuatoriano, en sus distintos informes, a investigar y esclarecer "los graves hechos de violencia registrados contra los periodistas". A la vez, ha llamado a las autoridades a promover una cultura de "respeto por el pensamiento diverso y que se abstengan de hacer declaraciones que, de cualquier manera, puedan fomentar un clima de intolerancia social". Les solicitó también "contribuir decisivamente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas o estigmatizadas por ello". La Relatoría ha señalado, así mismo, que "el deber del Estado de crear las condiciones que permitan que todas las ideas u opiniones puedan ser libremente difundidas, incluye la obligación de investigar y sancionar adecuadamente a quienes usan la violencia para silenciar a los comunicadores o a los medios de comunicación". A pesar de las observaciones realizadas por la Relatoría especial para la Libertad de Expresión de la OEA, así como las de otras organizaciones internacionales, las agresiones contra periodistas y medios van en aumento. Sin embargo, es más grave que la mayoría de las agresiones han sido originadas por el propio Presidente de la República y sus ministros. Y que otros ataques fueran perpetrados por el Estado, a través de medidas administrativas, legislativas o judiciales que generan un clima de asfixia a la libre expresión en Ecuador.

Venezuela
Los golpes de un estado agresor
En Venezuela no se registran asesinatos a periodistas desde hace al menos tres años. Eso no significa, sin embargo, que las agresiones contundentes hayan desaparecido. Todo lo contrario: en este país se gesta desde hace algún tiempo una violencia contra la libertad de expresión, muy verbal, pero sobre todo física que proviene básicamente del aparato estatal y adeptos al propio primer mandatario. Y cuando el estado golpea a los periodistas mueve con él toda su enormidad para que no sean castigados quienes lo hicieron. La impunidad ha convertido al Estado en Venezuela en el principal agresor de la libre expresión.
1. CASO EMBLEMÁTICO
La agresión contra trabajadores de últimas noticias
"Vamos a desalojar porque éste es territorio de la Revolución". Ésas fueron las palabras que escuchó el periodista Fernando Peñalver en la esquina de Veroes, en el centro de Caracas, poco antes de que fuera víctima de uno de los mayores ataques contra la libertad de expresión en Venezuela de los últimos años, el 13 de agosto de 2009.
Ese día, Peñalver fue uno de los trabajadores de la Cadena Capriles, grupo empresarial que edita los diarios Últimas Noticias, El Mundo y el deportivo Líder, que decidió salir a la calle para informar sobre la reforma a la Ley Orgánica de Educación que acababa de aprobar la Asamblea Nacional. Específicamente, los periodistas mostraron su rechazo a un conjunto de artículos que iban en detrimento de la labor informativa de los medios de comunicación, debido a que contemplaban principios que podrían derivar en censura previa.
Un ejemplo es la disposición transitoria 3.f.5.j.12, que "prohíbe la publicación y divulgación de impresos u otras formas de comunicación social que produzcan terror en los niños, niñas y adolescentes, inciten al odio, a la agresividad, la indisciplina, deformen el lenguaje y atenten contra los sanos valores del pueblo venezolano, la salud mental y física de la población". Y contempla "la suspensión inmediata" de dichos contenidos, en caso de que fuesen difundidos.
Las implicaciones de esas disposiciones originaron asambleas en la Cadena Capriles en las que se planificaron actividades de información acerca del contenido de la normativa, una de las cuales fue en la que participó Peñalver, junto con otras 30 personas, en su mayoría mujeres, que marcharon por el
céntrico bulevar Panteón y llegaron a la esquina Veroes, de la avenida Urda-neta, una de las principales vías del centro de Caracas, en las adyacencias del palacio presidencial de Miraflores.
En el lugar decidieron aprovechar el cambio del semáforo al rojo para colocarse en la avenida con pancartas (habladores) que tenían mensajes informativos sobre los cambios incluidos en la nueva ley. Escucharon entonces la imprecación "revolucionaria" que a Peñalver aún le resuena en los oídos, y que denotaba la simpatía de los agresores hacia el Presidente Hugo Chávez, quien tilda de "revolución" el gobierno que dirige desde hace 14 años.
Peñalver relata que quienes les reclamaron eran entre 40 y 50 personas de las que solamente dos eran mujeres. Bajaron del edificio Phelps, aledaño a la esquina donde se encontraron. De poco sirvió que explicaran que no tenían previsto cerrar la avenida Urdaneta y que sólo aprovecharían los cambios de semáforo para colocarse en la vía con la idea de que los conductores pudieran leer los mensajes que llevaban en los habladores.
"Marcos Ruiz, quien era el delegado sindical de la Cadena Capriles, dijo 'vá-monos", recuerda Peñalver. Era tarde. La golpiza ya había comenzado.
A palos y puños
Trece fueron los periodistas agredidos, de los cuales ocho sufrieron lesiones graves:
A Marie Rondón le rompieron el cuero cabelludo, hasta causar una hemorragia que llenó de sangre su cabeza, cara y oído.
Marcos Ruiz recibió patadas múltiples por parte del mimo, que le ocasionaron vómitos.
A Alejandro Álvarez, su agresor le tapó la cara antes de golpearlo hasta causarle moretones.
Octavio Hernández y Ubaldo Arrieta sufrieron ruptura del tabique nasal como consecuencia de los golpes.
César Batiz recibió golpes en la cabeza que le produjeron contusiones, al igual que Jesús Hurtado, a quien incluso hubo que suturarle una de las heridas en la cabeza.
La peor parte, sin embargo, la llevó Fernando Peñalver, quien recuerda los momentos y golpes con precisión fotográfica. "Me golpearon con una estaca de madera con filo que me pegó en ángulo recto en la cabeza. Fue por la espalda. Al recibir el golpe la visión se me distorsionó y comencé a ver todo lento".
El posterior examen de medicina legal reveló que tenía una fisura externa en el hueso temporal derecho del cráneo, lo que le causó descontrol de equilibrio y lentitud motriz. A partir de la agresión de la que fue objeto, Peñalver debe someterse cada seis meses a tomografías y chequeos médicos que buscan evaluar la evolución de la fisura y descartar efectos colaterales. Aún tiene mucha sensibilidad en la zona de la herida, dolores de cabeza periódicos y problemas de sueño.
Quizás por ser el más agredido, Peñalver es uno de los que más ha luchado contra la impunidad en este caso. Desde la primera visita que realizaron varios fiscales del Ministerio Público a la clínica La Arboleda, ubicada en el sector San Bernardino, adyacente al centro de Caracas, para que recibieran atención médica. "Les dije a los fiscales que no le tenía confianza a la institución que ellos representan", recordó Fernando Peñalver. Sin embargo, respondió a sus consultas y les suministró los datos que le requirieron, como la dirección de su domicilio y otros datos personales.
2. CONTEXTO
La impunidad, la regla
El escepticismo de Peñalver no carecía de razón de ser. Aun cuando las cifras de asesinatos a periodistas son menores a otras regiones de Latinoamérica (la última víctima fue el editor y columnista Orel Zambrano en enero de 2009), otras formas de agresión contra la libertad de prensa continúan alcanzando niveles alarmantes en Venezuela.
El caso de la Cadena Capriles fue uno de los 233 atentados contra la libertad de prensa y de expresión en Venezuela contabilizados por el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) Venezuela, entre 2008 y 2010, sin que en ninguno de ellos haya habido una medida de reparación a los afectados o sanción a los responsables, que en su mayoría (15,02% del total de los agresores de ese período) pertenecían a la categoría de "Simpatizantes del Presidente Hugo Chávez", de acuerdo un informe del Ipys. |1|
Ese mismo informe resaltaba que "los autores de las violaciones a la libertad de prensa se suelen esconder bajo el cobijo oficial", pues aparte de los "simpatizantes" las otras categorías frecuentes de agresores eran "otros" (12,45 por ciento); "desconocidos" (12,02 por ciento), e "integrantes de la Fuerza Armada Nacional" (12,02 por ciento). De acuerdo con lo investigado por Ipys, estos cuatro tipos de agresores constituían un "cuarteto cuya característica común era la actuación impune".
Al año siguiente, Ipys registró 200 alertas de agresiones, 72 por ciento de las cuales tenían al Estado como responsable. En particular destaca la responsabilidad de funcionarios de ministerios, militares y efectivos policiales, de acuerdo a otro informe. |2|
Una actuación impune que ha tenido pocos cambios con el paso del tiempo. El último estudio de Ipys sobre el tema titulado "Seguimiento de casos de impunidad en casos de agresiones a periodistas venezolanos" y que se realizó entre enero de 2010 y agosto de 2011, señala que "siete de cada diez ataques contra periodistas -formalmente denunciados ante los organismos de justicia- permanecen impunes". De manera similar, evidencia que Peñalver no es el único en no confiar en las investigaciones del sistema de justicia en Venezuela, pues el 74 por ciento de las agresiones registradas por Ipys en ese período no fueron denunciadas. "Esto se debe a que un alto número de periodistas y trabajadores de los medios no confía en el sistema de justicia, o en muchos casos aducen que sienten temor por sus vidas si acuden a un organismo público para indagar sobre su caso", sostiene el informe. |3|
Concretamente, en el período entre 2010 y 2011 la impunidad fue una de las categorías de alerta que presentó varios casos asociados con la falta de actuación inmediata de efectivos de seguridad. Uno de ellos fue recogido y narrado en La violencia que calla: la libertad de prensa en Venezuela 20102011: se trató de una agresión de la cual fue víctima un reportero del canal privado Globovisión mientras cubría protestas hospitalarias y fue atacado por aparentes simpatizantes del presidente Chávez. "En el lugar se encontraban presentes funcionarios de la Guardia Nacional, quienes presenciaron la agresión pero no intervinieron para evitar que la misma continuara...", narra el informe.
Pero más allá de la impunidad (entendida como la falta de castigo a los perpetradores de ataques contra la libertad de prensa), continúa generando preocupación el uso de la justicia en contra de los periodistas y medios de comunicación social, gracias a la legislación de vilipendio y desacato que figura en el Código Penal. Ese instrumento legal tipifica la difamación e injuria como delitos penales, con lo que se convierte en una norma limitante de la libertad de expresión. Esa limitación se observó claramente en junio de 2010, cuando el Tribunal 5° de Juicio de Valencia condenó al periodista Francisco Pérez a tres años y nueve meses de prisión, además de inhabilitarlo política y profesionalmente e imponerle una multa de 1.250 unidades tributarias por "ofensas a un funcionario público e injuria", según reseñó en su oportunidad Ipys. |4|
La condena a la impunidad, a la tipificación de los delitos de vilipendio y desacato y a las restantes formas de agresión a la prensa no es exclusiva de Ipys. Otras ONG se han hecho eco de estas protestas, en conjunto con instituciones académicas y gremiales relacionadas con el ejercicio periodístico que constituyeron desde 2011 la Alianza por la Libertad de Expresión, encabezada por la ONG Espacio Público, y de la que Ipys Venezuela también forma parte fundamental.
2009 y el uso de la ley
Aparte de estos agresores "paraestatales", el propio Estado fue protagonista directo de varias de las agresiones a la libertad de prensa en 2009, año que se considera el segundo período con mayor cantidad de violaciones entre 2002 a 2011, y que tuvo un pico de incidencias entre julio y agosto. El estado no dudó para ello en querer usar la fuerza de la ley.
Así, además de la discusión de la reforma a la Ley de Educación, la cadena de lesiones a la libertad de prensa comenzó después de que, el 3 de julio de 2009, el Ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y Viviendas, Di-osdado Cabello, ordenó a la Comisión Nacional de Comunicaciones (Conatel) el inicio de un procedimiento para revocar y devolver al Estado las licencias que permitían transmitir en señal abierta a 240 radioemisoras (154 FM y 84 AM) y a 45 televisoras (10 VHF y 35 UHF). Ese procedimiento terminó el 31 de ese mes con el cierre de 32 radioemisoras y dos televisoras por presunta violación a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, debido al supuesto incumplimiento del proceso de actualización de datos convocado el mes anterior por Conatel.
Pocos días antes, el Poder Legislativo recibió -y luego desechó- una propuesta de Ley Especial Contra Delitos Mediáticos que criminalizaba el ejercicio de la libertad de prensa. Ambos textos fueron rechazados a través de diversas manifestaciones de calle, en las que resultaron heridos trabajadores de los medios de comunicación.
El mismo jueves 13 de agosto de 2009, dos reporteros de Globovisión y uno de RCTV Internacional fueron heridos en las adyacencias de la Asamblea Nacional, mientras cubrían manifestaciones originadas por la discusión del proyecto de la Ley Orgánica de de Educación, en un caso que también fue alertado por IPYS. |5|
Cerca de la medianoche de ese mismo día, la Asamblea Nacional (o Poder Legislativo) aprobó la nueva Ley Orgánica de Educación que contiene principios que podrían fomentar la censura y restringir la función informativa de los medios de comunicación, como la citada disposición transitoria y el artículo 10, que dice: "Se prohíbe en todas las instituciones y centros educativos del país la publicación y divulgación de programas, mensajes, publicidad, propaganda y promociones de cualquier índole, a través de medios impresos, audiovisuales u otros que inciten al odio, la violencia, la inseguridad, la intolerancia, la deformación del lenguaje; que atenten contra los valores, la paz, la moral, la ética, las buenas costumbres, la salud, la convivencia humana, los derechos humanos y el respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, que promuevan el terror, las discriminaciones de cualquier tipo, el deterioro del medio ambiente y el menoscabo de los principios democráticos, de soberanía nacional e identidad nacional, regional y local".
De esa forma, le otorgaron al Estado la posibilidad de censurar los contenidos que se consideren contrarios a la ley, pese a que la Constitución Nacional prohíbe expresamente la censura previa.
El estado avala
Cuando no es con la ley en la mano, el Estado y sus autoridades pueden darle un espaldarazo verbal a las agresiones que cometen sus adeptos contra periodistas. Volviendo al caso de la Cadena Capriles, el protagonismo del Estado en la misma agresión fue poco notorio. Sin embargo, surgieron declaraciones oficiales, por parte de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz; la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, y el ministro de Economía y Finanzas, Alí Rodríguez Araque, que acusaron a los periodistas afectados de ser responsables de lo ocurrido.
El propio presidente Hugo Chávez avaló esa versión de los voceros de otras instancias públicas, al asegurar que los trabajadores de la Cadena Capriles estaban "provocando a gente del pueblo que estaba por aquí y estaba por allá".
"Como se ha dicho, no andaban haciendo labor de periodistas, andaban en una marcha, repartiendo unos volantes, haciendo actividad proselitista contra la Ley de Educación", justificó.
Justicia lenta
Pero la diligencia mostrada para criticar la actitud de los periodistas de la Cadena Capriles no fue la misma para buscar y sancionar a los culpables, aun cuando incluso algunos de ellos fueron identificados como trabajadores de la televisora pro oficialista Ávila TV.
El 15 de agosto de 2009 fue detenido de forma preventiva, Gabriel Uzcátegui Beaumont, que trabajaba en la gubernamental fundación Simón Rodríguez. El funcionario fue señalado como uno de los presuntos agresores de los trece periodistas del grupo editorial Cadena Capriles. Fue identificado en los registros gráficos del hecho y por orden del Tribunal de Control de Caracas, se le imputaron los presuntos cargos de lesiones graves e instigación al odio. No obstante, fue liberado pocos días después, el 24 de agosto de 2009, luego de que el Tribunal 16 de Control de Caracas estableciera un régimen de presentación.
El 17 de agosto de 2009, el Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminal (CICPC) dictó orden de captura de contra otros dos presuntos agresores: José Enrique Vásquez y Luis Santana. Pero hasta hoy aún no se ha realizado el acto conclusivo del caso. No fue sino hasta septiembre cuando se produjo "algún movimiento en el expediente", que ya está a cargo de un fiscal de delitos comunes, según informó Espacio Público, ONG, uno de los entes miembros de la Comisión Nacional para la Protección de Periodistas (CONAPRO), -integrada también por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP)-, que asumió desde el principio del caso la representación legal de los periodistas agredidos. Al cierre de este reportaje no se conocía el resultado de esas nuevas diligencias, sobre las que Ipys Venezuela continúa investigando.
La lentitud en el proceso ha causado indignación tanto de las víctimas como de muchos de sus colegas y ha dado origen a protestas que exigían celeridad en las investigaciones judiciales sobre el caso. El mismo día de la agresión hubo asambleas de periodistas en la Cadena Capriles, en El Universal y en otros diarios para unificar acciones en solidaridad con los periodistas afectados. Una de las medidas emprendidas fue una movilización para exigir justicia, que se realizó el día siguiente, desde la sede del consorcio periodístico hasta el Ministerio Público, en la avenida Universidad (Parque Carabobo). La marcha pasó por la esquina Veroes de la avenida Urdaneta, donde ocurrió la agresión e hizo una parada, cerrando temporalmente el tránsito para compartir con transeúntes volantes y mensajes denunciando lo ocurrido.
Un mes después, el 13 de septiembre de 2009, los periodistas afectados acudieron al Ministerio Público, donde se reunieron con el fiscal Alejandro Castillo. Portando afiches alusivos a la agresión, las víctimas fueron acompañadas por Gregorio Salazar (quien en ese momento era del secretario General del SNTP) y William Echeverría, presidente del CNP para el momento.
Durante la concentración en la Fiscalía, periodistas que estaban en el lugar acompañando la manifestación y exigiendo celeridad en las investigaciones recibieron, para variar, insultos de parte de simpatizantes identificados con el oficialismo.
En los meses sucesivos a la agresión, los periodistas siguieron acudiendo a la Fiscalía con la finalidad de hacer diligencias sobre el caso y consultar el estatus de la investigación. Sin embargo, luego de la presentación de la denuncia nunca llegó ninguna notificación del Ministerio Público.
Mientras los organismos oficiales tardaban en dar respuesta, las organizaciones que velan por la libertad de expresión, particularmente Ipys, realizaron un seguimiento riguroso sobre el caso, esencialmente a través de la publicación de alertas vinculadas con el tema.
La primera de ellas fue al día siguiente de la agresión. "Agreden a periodistas mientras manifestaban contra proyecto de ley que afecta a los medios", reseñaba la alerta, muy próxima en fecha a otra similar que involucraba a reporteros del canal privado Globovisión y de RCTV Internacional que habían sido agredidos cubriendo las protestas contra la ley. |6|
El seguimiento que se le hizo al caso arrojó una segunda alerta, esta vez referida a la detención de Gabriel Uzcátegui por su presunta participación en el ataque, pese a que posteriormente fue liberado. |7|
El Ipys también reseñó los insultos que sufrieron los periodistas que protestaron en septiembre de 2009 frente al Ministerio Público reclamando celeridad en el proceso. |8|
Tres años sin respuesta
En agosto de 2012 se cumplieron tres años de esta agresión, sin que la Fiscalía haya dado muestras de proseguir en sus investigaciones y sin un mayor despliegue del caso en los medios de comunicación. Se trata de un silencio que continúa preocupando a Fernando Peñalver pues alega que muchos de los afectados están "desanimados" para exigir justicia, pese a que los responsables de la agresión están identificados en fotos y videos.
"He notado que el tiempo es un bálsamo adormecedor. Hay un grupo de gente del gremio que dice que tocar el tema de agresiones es polarizante, político y que hay que alejarlo. Desnuda a gente que está al margen de la Ley. Algunos periodistas ven esto como natural", dijo Peñalver, refiriéndose al clima de violencia que persiste hacia la prensa.
Los asesores legales del caso han informado que el 22 de julio de 2012 solicitaron una audiencia ante el Ministerio Público para conocer su estatus. A Peñalver le preocupa que se están agotando los tiempos para el lapso procesal, sin que haya habido alguna respuesta.
Sin embargo, tampoco descartan acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si no se hace justicia en el caso de la agresión a los periodistas de la Cadena Capriles.

Caribbean
The wide scope of impunity in the Caribbean
1. The Caribbean context of impunity
Acts of impunity in the Caribbean span the entire spectrum of official and societal inaction against deeds that have included loss of property and livelihoods, harassment, smear campaigns, threats, physical injury and even death.
Despite the recent positive events, such as the decriminalization of defa-mation in Granada, and the expectation that Barbados and Jamaica may do the same very soon, while Trinidad and Tobago has promised to review such legislation, the situation remains of concern to the press freedom community in the Caribbean.
The more extreme, recent events have included the unresolved murder of renowned Haitian radio broadcaster, Jean Leopold Dominique on April 3, 2000, and six less well-known assassinations that followed, and the killing of Guyanese television broadcaster and political activist Ronald Waddell on January 30, 2006.
Among other developments are ongoing acts of harassment against Guya-nese newspaper columnist and academic, Freddie Kissoon. There is also the move by the Desi Bouterse regime in Suriname to grant, through act of parlia-ment, a pardon to those responsible for the December 1982 execution of 15 opposition activists and journalists.
In Haiti, Dominque had been an outspoken advocate on issues such as cor-ruption, political instability and the actions of corporations and individuals that capitalized on poor governance systems in the country. In 1991 he fled the country following a military takeover and only returned when exiled pres-ident Jean Bertrand Aristide returned to power in 1994.
Though several persons were arrested and six persons convicted for their involvement in Dominique's assassination, the masterminds have so far es-caped prosecution. An investigating council appointed by the government had called for further action but there has been none.
Other, journalistic assassinations that remain unresolved in Haiti, include the death of Jean-Rémy Badio on January 19, 2007, Robenson Laraque on April 4, 2005, Ricardo Ortega on March 7, 2004 and Brignol Lindor on December 3, 2001
Similar murders for which precise motives have not been determined but which the ACM remains gravely concerned about include the killing of Alix Jo-seph on May 16, 2007, in Gonaíves, Haiti and Jacques Roche on July 14, 2005.
The ACM is hoping that with the appointment of its former Assistant General Secretary, Haitian press freedom advocate, Guyler Delva, to the post of Secre-tary of State for Communications in Haiti, these cases will be re-opened with a view to bringing the perpetrators to justice.
The passage of a law on April 4, 2012 granting a pardon to the accused, including President Bouterse, in the 1982 massacre in Suriname generated international condemnation and some groups protested the move. The law was passed only two months before delivery of a verdict against Bouterse and 24 co-accused. Because of the amnesty, the verdict was stayed.
There is also debate over the effectiveness of an international Europol war-rant for the arrest of the president related to his 1999 in absentia convic-tion by a Dutch court on a charge of drug trafficking. There is the claim that Bouterse enjoys immunity from further prosecution because of his status as a head of state.
In Trinidad and Tobago, smear campaigns in late September and early October 2012 against investigative journalists Asha Javeed of the Trinidad Express and Denyse Renne of the Trinidad Guardian, reportedly by state officials and other operatives, have been condemned by the ACM and its national affiliate the Media Association of Trinidad and Tobago (MATT), together with the Trinidad and Tobago Publishers and Broadcasters Association (TTPBA). There was also a report that the telephone records of Trinidad Guardian reporter Anika Gumbs-Sandiford had been accessed by a state agency in October following a series of damning reports on the operations of the Chaguaramas Develop-ment Authority (CDA). The state-owned telephone company has promised to investigate the claim.
The country's Minister of Communication, Jamal Mohammed, also featured as the author of email messages to senior journalists, including the Group Head of News of Caribbean Communications Network, Dominic Kalipersad, decrying what he considered to be biased coverage of the work of the Peo-ple's Partnership coalition administration. The Minister is also engaged in discussions with local broadcasters over a contentious two-hour mandatory, daily allocation of free time for state broadcasts because "the people must know what the Government is doing with its resources so that they can make informed decisions."
The 2006 murder of controversial television talk-show host, Ronald Waddell, in Guyana remains unresolved. There has been considerable speculation about the circumstances surrounding his death, including, according to a diplomatic cable released by Wikileaks, the suggestion by the US embassy in Georgetown that his killing was "gang-related". There has also been specu-lation that it might have been the work of a state-supported "death squad" operating at the time to dispose of selected opposition elements. No one has ever been arrested or charged for the murder.
Also in Guyana, former University of Guyana lecturer, Freddie Kissoon, has been the subject of several attacks resulting from his caustic anti-govern-ment newspaper columns and opposition activism. On August 15, he was vi-ciously attacked by a lone assailant who has not been identified or captured.
This followed his dismissal as a lecturer at the state-run University of Guyana in January 2012 and a May 2010 attack in which faeces was thrown on him as he sat in his vehicle in the country's capital. In an August 12, 2012 col-umn headlined "I am pleading with my country to protect me", Kissoon also claimed that his wife had been "hounded out of her job" at a state agency.
The ACM has initiated action to highlight the ongoing travails of this Guya-nese columnist and activist.
Case profile: The ordeals of Freddie Kissoon
Freddie Kissoon is perhaps the most consistently targeted media operative in Guyana, only exceeded by activist and broadcaster, Mark Benschop, who spent five years in prison facing a charge of treason. The great pressure and relentless targeting against him started when Kissoon and his wife were fired upon by unknown gunmen at their home, and although nobody was injured, a bullet came close to killing his wife.
In his own words, "I believe it had to do with my revelation of fraud by the President's friend, Nirmal Rehka who was (still is) Secretary to the Treasury. Rekha was stamping his approval on bogus duty free letters for cars and I got the documents and published a column on the fraud". This would only be the first of many episodes of persecution.
As the story caught on, subsequently he was attacked at gunpoint, beaten and his car was stolen. The car was found one block away, at the newspaper he worked for, Kaieteur News. "It was obvious that a message was sent to me and no question in my mind the President was involved", he mentions.
In May 2010, a story was published about the President being seen in the company of a teenager. As Kissoon did a column on it, the next day, at night, he was attacked. On entering his car, leaving a supermarket, a bucket with human feces was thrown on him.
Yet, the persecution has not only affected him, but his family; for instance, just before the general election in 2011, his wife was forced to quit her State job and lost all her pension money after she had worked for fourteen years at the Guyana Office for Investment. Following that, a vehicle crashed into his nephew and crushed his left leg; the police did not investigate because, ac-cording to Kissoon, the young man was a relative of his.
Furthermore, the persecution has come from the most unexpected offices of the state. A year before the election, the tax authorities demanded that he complete eight property tax forms even though he had no substantial property, and none of his colleagues were requested to do same. After that, in June 2011, he was arrested for obstruction of traffic and he was jailed for three days and nights for that offence, that usually does not carry a prison sentence; in the end, the courts absolved him from all charges.
More recently, more "subtle" schemes have begun against him, affecting his work and initiating abusive judicial actions against him. In January this year, his university contract was abruptly terminated. In July, the junior Minister of Finance filed a court action to imprison Kissoon for contempt of court. This order was dismissed by a judge. He also faces an accusation of tax evasion by revenue authorities and there remains a pending libel case brought against him last year by then President, Bharat Jagdeo. He is now on the witness stand in the libel case.
Kissoon has made an effort to make sure that all of these situations reach the public opinion through the media outlets Kaieteur News and Stabroek News, with little success. In the meantime he wonders, "Could one day, this relent-less pursuit, end in my murder?".

Bolivia
La ley, la trampa y la violencia
En Bolivia se viven tiempos de regulación estatal y temor por restricciones a las libertades ciudadanas. La libre expresión se lleva la peor parte. Amparándose en una supuesta cruzada para eliminar ciertamente discriminaciones como el racismo, el Gobierno atropella desde hace dos años el derecho fundamental de expresarse libremente. Los periodistas y medios de comunicación lo sienten en carne viva. Y si la violencia restrictiva llega a vestirse de atropello contundente y de asesinato, es común que la policía relacione las agresiones contra los comunicadores sólo con inseguridad social generalizada y burda delincuencia.
1.CONTEXTO
Con la ley en contra
La Constitución Política del Estado, artículo 106, garantiza las libertades de expresión, de opinión y de información, el derecho a la rectificación y a la réplica, y el derecho de emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa.
La norma constitucional contempla también, de manera expresa, garantías del Estado a los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información.
El artículo 21 de la Constitución garantiza "la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privados, con fines lícitos".
Del mismo modo, se conceden garantías "a la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos". La expresión y difusión libre de pensamientos u opiniones, por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva, se hallan protegidas por la Carta Magna.
El artículo 107 de la Constitución dice que los medios de comunicación "deberán contribuir a la promoción de los valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país, con la producción y difusión de programas educativos plurilingües, y en lenguaje alternativo para discapacitados". El inciso II de ese artículo puntualiza que "la información y las opiniones" publicadas por los medios "deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su Ley".
El artículo primero de la Ley de Imprenta, que data del 19 de enero de 1925, expresa que "todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura, salvo las restricciones establecidas por la presente ley.
El difícil camino de las regulaciones
Pero en el año 2010, a pesar de todas esas garantías constitucionales, el trabajo de los medios de comunicación encontró los primeros obstáculos legales para su libre ejercicio. En octubre de ese año, el gobierno respaldado en su aplastante mayoría congresal hizo aprobar la Ley de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, de nobles propósitos y amplio reconocimiento, pero con un apartado que tiene por finalidad controlar el trabajo de periodistas y medios de comunicación.
El artículo 16 de esa Ley considera "faltas de los medios de comunicación, cualquiera sea su naturaleza, la autorización de la difusión y publicación de las ideas racistas y discriminatorias, que se traducen en las siguientes:
1. - Expresiones deliberadas y sistemáticas, consistentes en manifestaciones verbales o escritas, con el propósito de dañar la dignidad de determinada persona o grupo por motivos racistas o discriminatorios.
2. - Difusión de mensajes con contenidos racistas o discriminatorios, en propagandas, espacios pagados, avisos solicitados y publicidad, que inciten al odio, desprecio, violencia o persecución de una determinada persona o grupos de personas.
3.- Defensa o elogio de los actos de racismo o discriminación con el fin de justificar el odio, la violencia o la persecución de determinada persona o grupo".
Las sanciones previstas comprenden desde el pago de una multa hasta la suspensión de las licencias de funcionamiento de los medios de comunicación.
Entre la flojera y el ser flojo
En función de esa norma de la ley de lucha contra el racismo y toda forma de discrminación , el gobierno mantiene actualmente una demanda contra la Agencia de Noticias Fides (ANF), y los periódicos de La Paz "El Diario" y "Página Siete". La denuncia es por supuesto delito de "difusión e incitación al racismo o a la discriminación". El gobierno considera que esos tres medios distorsionaron, en el titular de sus notas, un discurso que pronunció el Mandatario el pasado 15 de agosto.
La frase textual del presidente Morales que motivó la denuncia gubernamental es la siguiente: "En el oriente boliviano, todo el año se produce (alimentos). Sólo por falta de voluntad podemos ser tan pobres y no tener alimentos. En el altiplano es diferente. Si hay helada, lluvia o granizada, no hay alimentos. Pero en el oriente no, sólo por flojos podemos hambrear".
La noticia publicada por la agencia católica ANF tuvo el siguiente titular: "Evo dice que si se hambre en el oriente es por 'flojera'". La entrada de la nota decía: "El presidente del Estado, Evo Morales, afirmó este miércoles que si la gente pasa hambre en el oriente del país es por "flojera" mientras que en el occidente es a causa de fenómenos climatológicos. Las declaraciones del primer mandatario fueron duramente rechazadas por autoridades y representantes de la región oriental del país, quienes las calificaron como discriminatorias".
El titular del periódico Página Siete sobre la misma noticia decía: "Evo acusa de 'flojos' a los habitantes del oriente" y la entrada del artículo decía: "El presidente Evo Morales afirmó que si la población pasa hambre en el oriente del país es por "flojera", mientras que en el occidente es a causa de fenómenos climatológicos".
El matutino El Diario tituló "Morales opina que el oriental es flojo y le critican por discriminador" y la entrada de su noticia fue el siguiente: "Luego de que el Presidente del Estado Evo Morales afirmara ayer que si la gente pasa hambre en el oriente del país es por "flojera", a diferencia del sector occidental, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), recordó el papel fundamental de esta región del país como matriz agropecuaria y de sede del aparato productivo nacional".
Los tres medios rechazaron haber cometido delito alguno y la sindicación oficial del gobierno de pretender generar reacciones contrarias al presidente Evo Morales en la región oriental del país al titular como titularon sus notas sobre el discurso que pronunció en Tiwanaku.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), líderes de opinión y analistas especializados en medios de comunicación coincidieron en que los titulares y las notas respectivas no constituyen delito alguno y mucho menos de las características del que adujo el gobierno para pedir al ministerio público la apertura de una causa.
En todo caso, como pocas veces en la historia del país incluso analistas de reconocida afinidad con el gobierno coincidieron en que si el gobierno pretende abrir proceso alguno contra esos medios, debe recurrir la Ley de Imprenta y los Tribunales de Autorregulación Ética, conforme dispone la propia Constitución del Estado.
El tema, mientras tanto, permanece en el ámbito del ministerio público, que pidió y obtuvo una ampliación de plazo hasta el 21 de diciembre para "concluir las investigaciones" del caso.
Otras normas de control
La ley de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación no es, sin embargo, la única norma que limita actualmente las libertades de expresión, opinión e información. En junio de 2011, en la perspectiva de las primeras elecciones para autoridades judiciales, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó, pese a las protestas previas de las organizaciones de Prensa, una ley con prohibiciones y restricciones al trabajo informativo de los medios de comunicación.
La norma prohibió a los candidatos a realizar campañas en medios de comunicación, emitir opiniones acerca de su postulación, participar en programas radiales y de televisión, y acceder a entrevistas periodísticas.
A los medios se les prohibió, "bajo sanción y sin perjuicio de su responsabilidad penal", difundir documento distintos a los producidos por el Órgano Electoral; referirse específicamente a una o un postulante, en forma positiva o negativa; generar espacios de opinión de ninguna índole sobre los postulantes y dar espacios de opinión, conducción o participación en programas a cualquier postulante".
En octubre de 2011 y tras la realización de esas elecciones, el propio presidente Evo Morales admitió que la escasa participación de los electores, la extraordinaria mayoría de votos blancos y nulos que superaron a los válidos y la dispersión obedecieron a la falta de difusión e información del proceso electoral.
El 8 de agosto de 2011, el presidente Morales promulgó la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación que estableció un nuevo ordenamiento en la distribución de frecuencias de radio y televisión, trasmisión de mensajes presidenciales y determinó autorizar las escuchas telefónicas "en casos excepcionales".
La Ley establece que del total de licencias para emisoras de radio y canales de televisión, el 33 por ciento deberá corresponder al Estado; otro 33 por ciento para el sector privado, un 17 por ciento será destinado al sector social comunitario y otro 17 por ciento a los pueblos indígenas originarios.
Las organizaciones periodísticas denunciaron que la autorización de escuchas telefónicas hace temer que se afecte la privacidad de las personas, uno de los derechos civiles reconocido por la Constitución Política del Estado, en su artículo 21. Además, los casos en los que se autorizan las escuchas podrían ser interpretados discrecionalmente.
Se cuestionó también la distribución de frecuencias radiales y televisivas argumentando que, en la práctica, el Estado controlará el 67 por ciento de ellas, dada la afinidad del gobierno del presidente Evo Morales con las organizaciones indígenas y sociales.
Agresiones y violencia
Al margen de las crecientes limitaciones legales al ejercicio de los derechos constitucionales de libertad de opinión, expresión e información, las garantías constitucionales referidas a la seguridad de los periodistas y los medios de comunicación tampoco se compadecen con la realidad y los datos reflejan una tendencia al aumento de las agresiones y la persistencia de un clima de total impunidad .
La Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa y Expresión de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) registró en el 2011 un total de 46 agresiones a periodistas, de las cuales 19 fueron físicas. Esa última cifra es 20 por ciento mayor a la del 2010 como reflejo de tendencia al crecimiento. Ninguna denuncia fue procesada por autoridad policial o judicial, en ninguna de las dos gestiones, lo que prueba de manera contundente que la impunidad ensombrece a las libertades constitucionales.
En general, las autoridades policiales no cumplen su obligación constitucional de investigar y obtener pruebas para procesar a los responsables de agresiones a periodistas. Por el contrario, sus grupos antimotines figuran entre los mayores agresores al trabajo periodístico. La policía en Bolivia tiene también las tareas de investigación de delitos y simultáneamente cumple las labores de conservación del orden público. Ésa última actividad degenera en algunos casos en atropellos a la integridad física de periodistas cuando se le impide acceso a espacios públicos en los que se generan noticias.
El 9 de octubre de 2011, la policía impidió el trabajo de periodistas y medios de comunicación en la Plaza Murillo, el centro político de La Paz, en circunstancias en que simpatizantes de la opositora Unidad Nacional (UN) clausuraban una campaña política que cuestionaba la elección de autoridades judiciales.
El 31 de agosto del pasado año, periodistas que habitualmente cubren las actividades en el Palacio de Gobierno fueron desalojados a empellones de la plaza principal de La Paz por policías de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), para impedirles entrevistar al principal dirigente del Consejo nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Rafael Quispe. Y como los dos casos citados como ejemplo, muchos más no sólo en La Paz, sede administrativa del gobierno boliviano, sino también en las principales ciudades del país.
Desde arriba se alienta
Las agresiones a medios y periodistas en el ejercicio de sus funciones se acentuaron gracias al discurso del presidente Evo Morales que cuestiona su trabajo al punto de calificarlos como su principal fuerza de oposición. Sectores que lo apoyan son responsables de al menos cuatro agresiones violentas contra los comunicadores en el año 2011.
Pocas organizaciones, entre ellas la ANP, se mantienen firmes en la defensa de las libertades ciudadanas mediante denuncias y seguimiento de los casos. Varias organizaciones sindicales de la prensa son dirigidas por seguidores del gobierno y avalan con su silencio los atropellos.
Los informes oficiales consignan la muerte violenta de cinco periodistas, desde el 2008 a la fecha, aunque sólo una, la de Carlos Quispe, está vinculada a una represalia de pobladores indígenas a un medio radial por una pugna de poder político en Pucarani, un municipio rural a 50 kilómetros de La Paz.
A las cuatro muertes restantes se les da connotaciones policiales o se las vincula con un preocupante índice de inseguridad ciudadana. El 2011, murió el jefe de redacción de la Agencia de Noticias Fides (ANF), David Niño de Guzmán, y la fiscalía atribuyó su muerte a un suicidio. Las extrañas circunstancias de su muerte, sin embargo, arrojan sombras sobre la veracidad de esa versión. Niño de Guzmán murió lejos de su hogar y a raíz de la explosión de una carga de dinamita.
El pasado 25 de febrero de 2012, los periodistas Verónica y Hugo Peñasco, hermanos, fueron hallados muertos y los informes policiales dicen que fueron víctimas de un atraco. Los hermanos fueron asesinados poco después de salir de su hogar, a las cinco de la madrugada, para trasladarse a sus fuentes de trabajo.
El 12 de mayo de este año apareció muerto el periodista deportivo Eugenio Aduviri, en una autopista de La Paz, y su caso fue también atribuido a la inseguridad ciudadana.
Los presuntos responsables de los dos últimos casos están bajo proceso.
2. CASO EMBLEMÁTICO
Carlos Quispe
La impunidad sepultó el asesinato del periodista Carlos Quispe, en marzo de 2008. El silencio que rodea al caso cuatro años después de su muerte motiva reflexión sobre la falta de justicia, aunque el gobierno promueve una costosa campaña mediática para demostrar eficacia en esclarecer los crímenes cometidos por delincuentes comunes contra tres periodistas en los primeros meses de este año.
Los presuntos asesinos de los hermanos Verónica y Hugo Peñasco y de Eugenio Aduviri fueron detenidos en pocas semanas. Mientras tanto, el caso de Carlos Quispe, asesinado cuando cumplía sus funciones en una estación de radio rural, duerme en la gaveta del despacho de algún funcionario judicial a sólo cuatro años de extinguir la causa.
Quispe cumplía funciones en FM 90.7, radio Municipal de Pucarani, cuando fue atacado por una turba de campesinos que tomó el edificio del municipio de ese pequeño pueblo aymara, a escasos 70 kilómetros al oeste de La Paz, en pleno altiplano andino.
El incidente que le costó la vida a Quispe se originó en una pugna de poder político entre el alcalde, Alejandro Mamani, el comité de vigilancia y los concejales del municipio.
Tras la violenta agresión en pleno estudio de la emisora, Quispe logró llegar a La Paz herido y por sus propios medios, pero murió por falta de un especialista en un hospital público, el 29 de marzo de 2008. Según la autopsia, su muerte fue por traumatismo encéfalo craneal.
Según el periodista Edgar Ramos Andrade, que siguió el caso, Carlos Quispe relató antes de morir que durante la toma violenta de la radioemisora reconoció al presidente del Comité de Vigilancia, Julio Quisberth Quispe, quien ingresó pateando la puerta y le gritó: "¡...Esta es la boca que habla...! Y comenzó a golpearlo, hasta dejarlo inconsciente. Según Ramos Andrade, Carlos imploró por su vida, de rodillas, pero garrotes y latigazos continuaron, hasta dejarlo malherido.
La justicia abrió dos procesos: uno por robo agravado y otro por homicidio. En el de la muerte de Quispe la investigación ni siquiera comenzó por falta de seguimiento del fiscal asignado. El abogado Jorge Borda informó que la investigación debía comenzar con una inspección ocular del lugar en el que se produjo la agresión. Pero no se la hizo porque los alegatos jurídicos de los presuntos responsables fueron más eficaces que los de la fiscalía.
La impunidad se alimentó de la pobreza. "Por falta de dinero se abandonó el caso", declaró a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) Juan Quispe, hermano de Carlos.
La familia del periodista fallecido eligió el silencio tras sus vanos intentos por obtener justicia a través de los procedimientos regulares, según expresó Juan Quispe a la ANP.
La causa podría extinguir en cuatro años, advirtió Borda, que ofició como abogado externo del gobierno municipal de Pucarani pero que dejó el caso al cesar en sus funciones el alcalde Alejandro Mamani. Un silencio colectivo terminó por excluir de la agenda de los medios el caso que cuatro años después figura hoy sólo en los registros a los casos de agresión a periodistas en Bolivia.
Post Scriptum
A media mañana del lunes 29 de octubre, cuatro hombres con el rostro cubierto por barbijos irrumpieron en Radio Popular, de Yacuiba (frontera sur de Bolivia con Argentina), rociaron con gasolina a su sorprendido director, Fernando Vidal, y a la operadora Karen Anze, y les prendieron fuego cuando realizaban una entrevista. Cuatro detenidos en forma preventiva, dos prófugos y ninguna pista certera de la autoría intelectual tras ocho días del atentado, aunque la principal víctima identificó a algunos de sus atacantes, anticipan otro caso de impunidad en la larga lista de agresiones físicas y verbales contra periodistas bolivianos. Vidal, de 70 años, y Anze, ee 32, se recuperan penosamente de quemaduras múltiples en un hospital de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Desde su lecho, el periodista acusa a poderes políticos y económicos de ese municipio fronterizo. El gobierno asegura que el ataque premeditado no tiene un "móvil político".

Chile
Kimche Mapu radio defiende su derecho a la palabra
Mireya Manquepillán Huanquil, comunicadora radial mapuche, es protagonista de la lucha que ha librado la emisora indígena Kimche Mapu por mantenerse al aire, ejerciendo su derecho a comunicar y a expresarse libremente. Mireya es la líder de esa radio comunitaria y quien, en primera person,a interpuso una denuncia ante los relatores de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas y para Libertad de Expresión, reivindicando el merito de tener voz propia.
En febrero de 2011 la asociación indígena Kimche Mapu ("tierra de gente sabia" en lengua mapuzungun) levantó su antena y ocupó el dial en el 107.1 FM para llegar a las 5 comunidades mapuche que habitan en el valle Puquiñe Lumaco, ubicado en la comuna Lanco, región Los Ríos (Chile), en rigor territorio del Gulumapu |1|.
Habían pasado sólo nueve meses (noviembre 2011) desde que esa comunidad coronó el sueño de propalar su propia voz a través de las ondas radiales, cuando Mireya Manquepillán fue detenida por la Policía de Investigaciones, en presencia de sus cuatro hijos y acusada de infringir la Ley General de Telecomunicaciones. El artículo 36Ba de esa norma penaliza con sanciones de cárcel, incautación de equipos, prohibición de transmitir y multas la emisión de señales de radio sin autorización del Estado.
La emisora ha sido permanentemente hostilizada, desde que salió al aire, por el propietario de la radio comercial de la comuna, quien hizo la denuncia en tribunales, amparado en el articulo 36B(a). La resolución del Ministerio Público fue dejar sin efecto el juicio contra la radialista mapuche en aplicación del "principio de oportunidad". Pero esa resolución soslaya la cuestión de fondo referida al reconocimiento del legitimo derecho que le asiste a la comunidad del valle Puquiñe de recibir información y a la asociación indígena Kimche Mapu de ejercer su derecho a comunicar.
El valle Puquiñe Lumaco es una pequeña localidad en la que habitan 1.300 personas, principalmente campesinos/as mapuche. A pesar de estar ubicada en un lugar apartado y ser gestionada por una asociación indígena, la radio no tiene concesión . Además, según las disposiciones de la autoridad legal, no habrá llamado a concurso para licitar frecuencias hasta 2014.
La parrilla programática de Kimche Mapu radio incluye la participación de mujeres , jóvenes, niñas y niños. Para financiarse, recibe la contribución de los y las campesinos/as de Puquiñe. Fue la propia asociación indígena y sus 33 socios quienes decidieron crear una emisora que diera cuenta de la realidad y necesidades de su comunidad y como respuesta a la única radio (de orientación comercial) que podía escucharse en la zona.
Estado chileno/Pueblo Mapuche: fatales desencuentros
La cronología de las relaciones el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche ha sido marcada por una conflictividad que se remonta al siglo 19 y su epicentro se sitúa en la disputa por el territorio y aquella que antepone, en el plano político, reconocimiento versus integración.
Desde entonces hasta hoy mucha agua (y sangre) ha corrido bajo el puente. La promesa de integración no fue más que un trato discriminatorio a los y las mapuches, considerados como ciudadanos/as de segunda categoría. La anunciada "pacificación de la Araucanía" significó, en la realidad, el despojo de territorios a sangre y fuego por parte del Ejército chileno, según el Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los pueblos indígenas del año 2008 |2|, que recoge distintas visiones sobre el asunto.
La disputa por la propiedad de territorios no ha sido zanjada hasta hoy, según representantes del pueblo mapuche. De acuerdo a las visones actuales sustentadas por el movimiento mapuche, esta disputa no corresponde a un conflicto entre particulares y menos a un problema de seguridad o de orden público. Tampoco es estrictamente un tema de campesinos pobres a enfrentar mediante políticas asistenciales. La controversia, con todas sus aristas y complejidad, se instala más bien en el campo político y deberá ser abordado a través de un dialogo democrático entre la sociedad chilena y la sociedad mapuche.
Las reivindicaciones del pueblo mapuche han estado centradas en sus demandas de restitución de territorio y pleno ejercicio de sus derechos como pueblo. Esas acciones se desarrollan hoy en un marco de uso abusivo de la fuerza por parte de la policía uniformada. Organismos de defensoría de niñas, niños y adolescentes han levantado denuncias sobre vulneración de derechos en esas comunidades. Las denuncias comprenden asesinatos a jóvenes, asfixias por utilización indiscriminada de gases lacrimógenos en población adolescente e infantil, golpizas a mujeres, allanamientos masivos, interrogatorios ilegales, detenciones arbitrarias, trato discriminatorio y criminalizador por parte de los medios de comunicación que se cometen durante los operativos policiales |3|.
Tanto comunidades y asociaciones del pueblo mapuche como observadores de organismos e instituciones de DDHH, nacionales e internacionales, han hecho ver su rechazo a la aplicación de la Ley Antiterrorista contra comuneros mapuche. En los dos últimos años se han realizado dos huelgas de hambre de presos condenados en virtud de esa legislación. Esas manifestaciones han reivindicado la necesidad de procesos ajustados a derecho y reformas sustantivas que equiparen los cuerpo legislativo a estándares internacionales de DDHH |4|. Los allanamientos se mantienen hasta la fecha. Persisten denuncias sobre actuación abusiva de la fuerza policial y en la actualidad cuatro jóvenes mapuches mantienen por casi dos meses una huelga de hambre, demandan revisar procedimientos judiciales y condenas consideradas abusivas.
Voz propia como respuesta a la supremacía del relato de los grandes medios
En la construcción del relato sobre la "cuestión mapuche" han jugado un papel fundamental los medios de comunicación. Ya en 1859 el diario El Mercurio editorializaba sobre la ocupación de territorios mapuche: "se trata del triunfo de la civilización sobre la barbarie... ", |5| decía, aludiendo a la necesidad de hacer productivas las enormes extensiones de terreno bajo el dominio mapuche.
La configuración de los actuales imaginarios sobre la sociedad mapuche es depositaria de aquellos relatos que adoptaron distintas representaciones de ese pueblo, bajo un patrón común discriminatorio.
Un claro ejemplo de esto es el uso de imágenes proporcionadas por Carabineros |6| en los noticieros de la televisión pública chilena (TVN), asunto que fue denunciado en las redes sociales en julio 2012, cuando se exhibió a tres comuneros mapuches arrodillados y esposados en el momento que eran detenidos por la policía en medio de operativo en la comuna de Vilcún (Región de la Araucanía Chile).
Los asuntos de sesgo informativo, uso unilateral de fuentes ( preferentemente policiales) y construcción de estereotipos negativos para las personas indígenas fueron abordados en una investigación hecha por la Universidad de Chile. Una de sus conclusiones sostiene: " los medios analizados tienen un escaso y sesgado conocimiento sobre lo indígena en Chile, sus realidades socioculturales y las implicancias históricas que tienen los conflictos actuales en el marco de la configuración del orden democrático del país".
Los medios de comunicación mapuche surgen así como respuesta al sesgo o invisibilización que hacen los grandes medios respecto de la realidad de los pueblos originarios, razón por la cual se ha tendido a privilegiar el formato contra informativo para balancear las tendencias de la corriente principal.
Radio Kimche Mapu es resultado de los procesos de empoderamiento que ha emprendido de manera multifacética el pueblo mapuche y que han cobrado un impulso desde 1992, coyuntura emblemática para los pueblos originarios del continente al cumplirse el V centenario de la llegada de los europeos a las Américas o Abya Yala |7|. En el campo comunicacional, la emisora, es contemporánea al surgimiento de medios digitales |8| e impresos que han proliferado desde los años 2000, en coincidencia con los avances en el reconocimiento por parte del sistema internacional de Derechos Humanos, de los derechos de los pueblos originarios.
En radiofonía existe también una tradición de medios mapuche. Radio Kimche Mapu se ubica junto a radio Wallon (2004), radio Werken Kvrvf 98.3 FM ( 2004), y experiencias más antiguas como radio Bahai (1992) y el programa radial bilingüe Wixage Anai |9|, con 19 años al aire en emisoras de la capital Santiago.
Este conjunto de emisoras de radio permite hablar de una comunicación mapuche que consiste básicamente en el ejercicio de un derecho en un contexto comunitario , entendido como encuentro, reunión o asamblea para dar curso a la conversación. Es una concepción comunitaria conversacional y dialógica de la comunicación mapuche, donde tienen un lugar especial la gente "sabia" y la gente mayor.
En las radios mapuche de la ciudad y de localidades rurales está presente el objetivo de animar la vida cultural mapuche, fomentándola desde códigos comunicacionales propios, como son el idioma, la música y la oratoria. Hay, así, una confluencia de contenidos y estética, sobre la base de la autoafirmación e independencia |10|.
En las radios mapuche se traduce el ideario de autonomía y autodeterminación de distintas formas, otorgando al uso de la lengua mapuzungun un valor estético y político. En el caso de Kimche Mapu ese ideario se expresa en hacer frente a la aplicación de una legislación que, abiertamente, contraviene los estándares internacionales en libertad de expresión y derechos de los pueblos indígenas y a la vez transgrede la propia ley indígena chilena.
El derecho a comunicar como demanda colectiva y en primera persona
La persecución a Kimche Mapu radio activó una poderosa red de solidaridad en Chile y a nivel internacional, de producción de información y activación de los instrumentos y herramientas del sistema de derechos humanos. La detención Mireya Manquepillán, el silenciamiento y la hostilización y amenazas que recibió, motivaron una misión de observación sobre el estado de la libertad de expresión en radios mapuche, que tuvo lugar en enero de 2012 en las regiones de la Araucanía y Los Ríos con participación de una serie de organizaciones e instituciones encabezadas por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC.
Los organismos observadores arribaron a un conjunto de conclusiones que fueron enviadas tanto al gobierno de Chile como a organismos y redes internacionales de defensoría de la libertad de expresión. Esas conclusiones sirvieron de base para la denuncia contra el estado de Chile presentada por Mireya Manquepillan Huanquil a los relatores de Naciones Unidas.
En su calidad de comunicadora mapuche, ella es víctima de vulneración de su derecho a expresarse libremente , toda vez que se le ha impedido su ejercicio aplicando derecho penal (artículo 36Ba de la Ley de Telecomunicaciones) sobre un acto de libertad de expresión, como es la transmisión de contenidos comunitarios a través de las ondas sonoras.
La violación del derecho a la libre expresión, tanto como la libertad de expresar ideas como el derecho de toda persona a recibir información, afecta también a las comunidades indígenas que frecuentemente escuchan los mensajes transmitidos por la emisora, y participan activamente en la radio.
Radio Kimche Mapu optó por transmitir sin el permiso gubernamental por las dificultades que la propia autoridad regulatoria impone para obtener un permiso y la ausencia de una política pública que fomente la radiodifusión comunitaria indígena.
Con esa decisión, Radio Kimche Mapu considera que está ejerciendo el derecho humano a la libertad de expresión.
La libertad de expresión está garantizada en la Constitución Política del Estado de Chile (artículo 19 N° 12). Su ejercicio está amparado por el derecho internacional, a través de instrumentos y convenios suscritos por Chile, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que en su artículo n° 13 sostiene que es posible ejercer la libertad de expresión a través de cualquier soporte tecnológico, incluida las frecuencias sonoras.
Artículo 13. "3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones."
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido las dos dimensiones --individual y social-- de la libertad de expresión, señalando que el derecho abarca no solamente el derecho a difundir ideas, sino también el derecho a recibir información y opiniones.
Por lo anterior, se puede establecer que el ejercicio del derecho no sólo corresponde a la afectada Mireya Manquepillán , sino también a la comunidad indígena que habita el Valle Puquiñe, que tiene derecho a la información.
Ya en su informe anual 2010, la Relatoría de Libertad de expresión de la CIDH consigna, en el capítulo dedicado a Chile: "toda restricción impuesta a la libertad de expresión por las normas sobre radiodifusión debe ser proporcionada, en el sentido que no exista una alternativa menos restrictiva del derecho a la libertad de expresión para lograr el fin legítimo perseguido. Así, el establecimiento de sanciones penales ante casos de violaciones a la legislación sobre radiodifusión no parece ser una restricción necesaria".
Así mismo, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión, en su Informe de Misión a México (A/HRC/17/27/Add.3 10 de mayo de 2011) señala:
"42. Los medios de comunicación social, como las radios y canales comunitarias, cumplen un papel fundamental en la democracia y en la preservación y desarrollo de la cultura de los pueblos. [...] el artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, consagran el derecho de los pueblos indígenas a establecer sus propios medios de comunicación. Sin embargo, estas comunidades se han visto con frecuencia frustradas en sus intentos de establecer emisoras que contribuyan, entre otros, a reflejar su diversidad étnico-cultural, así como a difundir, preservar y fomentar sus culturas e historia."
Con la persecución a Radio Kimche Mapu y a su representante que integra una asociación indígena, se transgrede tanto la legislación chilena como el derecho internacional de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.
La Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada en 2007 con el voto favorable de Chile, señala que los pueblos indígenas tienen derecho a ejercer libertad de expresión y a desarrollar sus propios medios de comunicación:
"Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación alguna. (Artículo 16).
La comunicación conjunta "Desafíos a la Libertad de Expresión en el Nuevo Siglo", firmada en 2001 por los relatores de libertad de expresión de Naciones Unidas, el Representante de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación (OSCE) y el Relator Especial para la Libertad De Expresión (OEA) hace mención específica a la situación de la radiodifusión, recomendando a los estados promover la diversidad y considerarlo como un "objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión; la diversidad implica igualdad de género en la radiodifusión e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad a las ondas de radiodifusión"
La Ley Indígena, 19.253 de 1993 establece específicamente, como deber general del Estado el "Reconocimiento, Respeto y Protección de las Culturas Indígenas", lo siguiente:
Artículo 28.- El reconocimiento, respeto y protección de las culturas e idiomas indígenas contemplará:
c) El fomento a la difusión en las radioemisoras y canales de televisión de las regiones de alta presencia indígena de programas en idioma indígena y apoyo a la creación de radioemisoras y medios de comunicación indígenas.
La persecución a la comunicadora mapuche y la presión legal para el silenci-amiento de la Radio Kimche Mapu es una muestra del incumplimiento de obligaciones y recomendaciones internacionales por parte del estado de Chile.
En 2004, el Relator Especial sobre los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, en su informe de Misión a Chile (E/CN.4/2004/80/Add.3) recomendó a Chile.
"85. Las comunidades y pueblos indígenas deben contar con facilidades y apoyo para acceder plenamente al uso de los medios de comunicación de masas (prensa, radio, televisión, Internet).
En 2010, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, en su Informe al Consejo de Derechos Humanos sobre comunicaciones recibidas, (A/HRC/15/37/Add.1, del 15 Septiembre 2010), respecto a Chile, señala:
160. [...]Asimismo, son preocupantes las alegaciones recibidas sobre procesamientos a comunicadores mapuche, a quienes se les han incautado sus equipos computacionales por haber publicado en sus blogs y sitios de internet, comunicados relativos a situaciones de conflicto, situación que podría constituir una afectación al derecho de libertad de expresión. El Relator recomendó expresamente al Estado de Chile: "165.5. Resguardar el derecho de libertad de expresión de las organizaciones, comunicadores y personas indígenas."
La permanencia en la Ley de Telecomunicaciones del Articulo 36Ba, y su aplicación a una radio comunitaria mapuche, sin siquiera facilitar el acceso a una concesión de radiodifusión , implica en los hechos que el Estado de Chile está incumpliendo la propia ley indígena chilena (19.253, articulo 28) , e incumpliendo sus obligaciones internacionales al ignorar las recomendaciones hechas por los Relatores Especiales sobre los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas sobre acceso de las comunidades indígenas a los medios de comunicación, detener la persecución a comunicadores/as de pueblos indígenas e implementar políticas que permitan a estas comunidades fundar y mantener medios propios.
En el caso de Chile son aplicables las consideraciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión planteada en su Informe de Misión a México, en el que señala:
"44 [...] La falta de procedimientos claros y sencillos para obtener frecuencias conduce a que los solicitantes de las mismas no tengan certeza sobre el trámite, los requisitos y los tiempos en los cuales su solicitud será resuelta. El Gobierno Federal ha procedido al cierre de algunas radios comunitarias de conformidad con un marco regulatorio que no corresponde con los estándares internacionales. El Relator Especial expresa su preocupación por la criminalización de las radios comunitarias no autorizadas. El uso de una frecuencia no autorizada no debiera constituir delito, sino una falta administrativa." (A/HRC/17/27/Add.3 10 de mayo de 2011)
La condición de vulnerabilidad de Radio Kimche Mapu es una muestra de una situación que afecta en general a la radiodifusión comunitaria en Chile, cuyo marco legal es restrictivo en el reconocimiento de un actor social en plenitud e igualdad de derechos para acceder a un bien de uso público y patrimonio de la humanidad como son las bandas sonoras.
La ley n° 20.433 sobre Radios Comunitarias promulgada el 4 de mayo 2011 y pronta a entrar en vigencia fue tramitada sin consulta con los pueblos indígenas, presenta limitaciones en cuanto al espectro radioeléctrico asignado, adjudicación de frecuencias en punta de banda, potencia autorizada, altura de antena, las formas de financiamiento permitidas y prohibición de transmitir en cadena.
El caso descrito representa una discriminación de triple entrada en tanto se vulneran derechos humanos de Mireya Manquepillán en su condición de mujer, indígena y comunicadora.
Estado actual del arte
Kimche Mapu radio, a pesar de que aún no consigue regularizar su situación, permanece al aire. La historia que ha protagonizado la comunidad de Puquiñe y su vocera y líder Mireya Manquepillán aún no termina, pero que ya se anota varios triunfos.
Mireya Manquepillán, después de ser imputada por un delito de acción pública, logró legitimar su derecho como mujer mapuche a comunicar, ante la comunidad a la cual se debe y ante las autoridades. Se apropió de los instrumentos que el sistema internacional de derechos humanos ha construido para que los sectores más excluidos de la sociedad puedan ejercer sus derechos. Fue protagonista principal de su propia defensoría.
En tanto, en forma paralela a esos acontecimientos, en el Congreso chileno se aprobó en primer trámite terminar con la criminalización a las radios comunitarias amparada en el artículo 36Ba de la ley General de Telecomunicaciones vigente en Chile desde 1991. La indicación aprobada en junio 2012 fue votada por unanimidad en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y patrocinada por el Ejecutivo, en el marco de la tramitación de la Ley que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones. En la ocasión, AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias), valoró en declaración pública ese hecho como un avance a la libertad de expresión. |11|
De aprobarse esa resolución, para Kimche Mapu radio significaría desactivar una permanente presión y a la vez les permitiría focalizar sus estrategias hacia conseguir el acceso a frecuencias, sobre lo que ya se han dado los primeros pasos, al abrirse un diálogo entre los representantes de la asociación indígena y las máximas autoridades de telecomunicaciones chilenas, representadas por su Subsecretario.
La experiencia de Kimche Mapu radio permite visibilizar y remover en parte el dique que separa tan brutalmente al estado chileno de sus pueblos originarios, inaugurando lo que sería la primera piedra del puente de un diálogo urgente sobre el derecho a la comunicación indígena y el futuro papel que pueden jugar los medios mapuche en resolver los conflictos de forma democrática.

Argentina
Una violencia apenas distinta
El clima de agresiones a la libre expresión en la Argentina no es ciertamente tan grave como en otros puntos de la región en los que en los recientes diez años hubo una ola de asesinatos a periodistas. Pero si bien la violencia contra medios, periodistas y quienes quieren expresarse en libertad no se traduce al clímax de muertes ocurridas, no deja de haber agresiones físicas y psíquicas, amenazas, censura y hostigamiento judicial y policial, entre otras formas para acallar lo que se quiere decir con libertad. De esa manera, el número de agresiones registradas cada año es incluso mayor al de otros países de Latinoamérica.
I. ANÁLISIS DEL CONTEXTO
La Ley y el orden
En la Argentina existe el estado de derecho y la Constitución y las leyes están vigentes. La legislación en materia de libertades informativas está incluso a tono con los estándares internacionales. La Constitución protege la libertad de expresión en forma general, en sus artículos 14 y 32, y existe también una profusa jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que otorga un sólido marco de protección a este derecho.
Tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, tienen jerarquía constitucional en virtud del artículo 75, inciso 22, de la Carta Magna. De manera más específica, la Argentina ha despenalizado recientemente los delitos de calumnias e injurias cuando se refieren a expresiones de interés público.
El acceso a la información pública está también reconocido en algunos decretos y leyes provinciales, aunque no hay una ley nacional que lo regule. Tampoco existe una ley que reglamente la distribución de la pauta oficial, otro viejo reclamo de la sociedad civil.
En materia de radiodifusión, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue sancionada en el 2009.
A pesar de la existencia y vigencia de todas esas normas legales, sin embargo, existen en la práctica ciertos obstáculos a la libertad de expresión. Hay que reconocer, de todas maneras, que desde 1997, afortunadamente, no llegan a los extremos de acabar con la vida de un periodista o de cualquier otra persona que quiso expresarse libremente. |1|
De esa manera, no existen medidas legales específicas para casos de impunidad, ya que los asesinatos a periodistas no se han manifestado como un problema extendido en el país, al menos en los últimos años.
Aunque no hay tampoco estadísticas conocidas que permitan evaluar, con datos ciertos, la magnitud de la impunidad y los tipos de impunidad en casos de agresiones a periodistas y otras personas en ejercicio de su libre expresión, hay acciones que ponen en evidencia que en la Argentina se vulnera este derecho fundamental, sobre todo mediante la censura indirecta y la concentración de medios.
Los informes de monitoreo de agresiones a la libertad de expresión que realiza FOPEA permiten establecer que, por lo general, las investigaciones policiales empiezan sólo recién cuando la víctima presenta denuncia. No se dan de oficio. Las investigaciones no son, además, eficaces. Existe descontento entre las víctimas que presentan denuncia sobre la calidad de los peritajes policiales y de las indagaciones judiciales, por incompletas o excesivamente lentas.
Ese es el caso, por ejemplo, de la agresión y amenaza con arma de fuego que sufrió Hernán García, periodista y director de FM UNO, de parte de Abel Fontenia, jefe comunal de la localidad de Sancti Spiritu, vecina a la ciudad de Rosario, el 14 de agosto del 2012. La agresión se produjo cuando García acudió, a convocatoria del jefe comunal, a conversar en las afueras de ese municipio del sur de la provincia Santa Fe. Cuando llegó al lugar, Fontenia abrió la puerta del vehículo de García, le puso un revolver calibre 22 corto en la boca y comenzó a golpearlo en el rostro.
El periodista logró huir a pie hasta la ciudad y denunciar la agresión a la policía que lo acompañó para rescatar su vehículo y una grabación. García denunció a FOPEA que pudo constatar que después del incidente, el jefe comunal llamó telefónicamente al subcomisario Adrian Martínez, de la comisaría 10 de Sancti Spiritu, para advertirle que si el periodista se presentaba a denunciar algún episodio violento que lo involucra, "no lo crea".
Frente a una atmósfera de sutiles agresiones a la libre expresión, además del accionar de FOPEA y ADC, hay un compromiso de los gremios, aunque parcial, de denunciar y condenar las agresiones a periodistas.
Por lo general, los gremios se ocupan preferentemente de su zona de influencia y prestan mayor atención a los periodistas afiliados a su organización. Aun así, FOPEA hace un seguimiento a nivel nacional y además de consignar en sus informes de monitoreo los casos de agresión, emite expresiones de condena en la perspectiva de sentar precedente y generar conciencia ciudadana para preservar las libertades que se pretende conculcar.
En abril, por ejemplo, FOPEA se solidarizó con el Foro de Trabajadores de Prensa y Comunicación Social de Misiones y demandó a las autoridades municipales y provinciales de Candelaria (provincia de Misiones) sanciones para el presidente del Concejo Deliberante, Jorge Peña, por agredir físicamente al periodista Daniel Luna y a otros periodistas que intentaban cubrir una sesión de ese órgano comunal. Exigió, además, que se garantice las libre presencia de periodistas en las sesiones del Concejo, "sin restricciones ni discriminaciones".
FOPEA brinda también apoyo legal para la investigación de apremios policiales contra periodistas, como en el caso de Franco Farías, corresponsal de radio Estación de Villa del totoral (Córdoba) que fue detenido en enero por agentes de policía que lo obligaron a borrar, de su teléfono celular, la filmación de una violenta detención que practicaron al término de un festival de música.
Farías denunció el caso al Tribunal de Conducta Policial y a la justicia ordinaria. "Cuando me llevaron a la Comisaría les dije que era periodista y eso agravó la situación. Me pidieron que borre la filmación y me negué. Pero después lo hice, por miedo", declaró Farías. El periodista había filmado la forma violenta en que un grupo de policías detuvo a una persona joven en la estación de ómnibus de Jesús María y a la que encontró después en un calabozo de la policía. El periodista estuvo detenido durante nueve horas y al ser e liberado se le dijo que fue por "supuesto estado de ebriedad" y se le amenazó con dos días más de arresto.
Además de apremios policiales ilegales, los informes sobre agresiones a periodistas incluyen algunos casos de amenaza de muerte, como las que recibieron en mayo los periodistas Ester Lutz y Gustavo Raffin, de Radio Diez, de Reconquista, en la provincia de Santa Fe.
Lutz y Raffin atribuyeron la autoría de las amenazas a personas relacionadas con el intendente y el secretario de Hacienda, Pablo Fabrissin, debido a una investigación que develó irregularidades en patentar vehículos de miembros del gabinete municipal. Lutz dijo que desconocidos entraron a su casa, rayaron su vehículo y en el capot escribieron "HDP morite" y dejaron un envoltorio con un cartucho y una frase advirtiéndole que tienen controlado a su hijo Raffin informó que alguien dejó en la puerta de sus oficinas un mensaje en el que le recomiendan "cuidá tu lengua y tu vida" y le advierten que de lo contrario tendrá consecuencias pues conocen sus movimientos y los de su familia.
FOPEA reconoció en ese caso qure tras las denuncias correspondiente hubo una "rápida acción del gobierno provincial" que reclamó el cese de las amenazas a los periodistas y les garantizó medidas de seguridad.
De manera general, los medios de prensa en la Argentina siguen los casos sobre agresiones a las libertades informativas en función de las consecuencias y derivaciones políticas que tengan. En un clima de fuerte polarización política, los casos son tomados en función del posicionamiento editorial de los medios en relación a los gobiernos (nacional, provinciales, municipales) o a los grupos de medios o factores de poder político o económico.
Ese es el caso, por ejemplo, de las críticas públicas del gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, contra la periodista Mariela Arias, corresponsal del diario La Nación, a la que acusó públicamente de desinformar a la población y buscar la crisis y el caos. "Siempre mal informada, además, siempre mal intencionada", dijo de ella al acusarla de formar parte de una operación política en su contra. Tras una protesta formal de FOPEA, sin embargo, Peralta se disculpó personalmente y en público con Mariela Arias.
A pesar de la contundencia de esos hechos, existen dudas razonables de que a la sociedad, en términos generales, le preocupe la problemática específica de los ataques y agresiones a periodistas. La sociedad los ve como un tema corporativo y en opinión de una buena parte de la gente los periodistas no deberían tener trato ni medidas especiales en la defensa de su profesión y ante hechos de violencia vinculados a ella.
Pero se agrede...
En ese contexto y aunque en la Argentina las agresiones a periodistas en el marco de su ejercicio profesional y de libre expresión no hayan desembocado en asesinatos desde hace ya 15 años, persisten niveles de violencia en ciertos grados aún preocupantes.
Las agresiones a la libre expresión que registra el monitoreo de FOPEA sumaron 122 casos en 2011 y entre enero y julio de 2012 ya se contabilizaban 86, cantidad que proyectaría una tendencia a que se supere la cifra del año pasado.
Las agresiones, según el análisis de los datos de FOPEA, delinean un zigzag difícil de traducir en tendencias numéricas, |2| pero de todas maneras no dejan a la imaginación una verdad evidente: las agresiones a la prensa y a la libre expresión existen, y a veces son comparativamente mayores que en otros países de la región donde, lamentablemente, desembocan anualmente en una, dos o más muertes.
En paralelo a la tendencia a aumentar la cantidad de casos aparece también la posibilidad de que los atentados adquieran también mayores niveles de violencia y gravedad.
En junio de este año, el periodista Marcelo Massimini, productor y conductor del noticiero Cono Sur Noticias, del canal 7 de Cablevisión, que se emite en el Partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, fue atacado en su propia casa por un encapuchado armado que lo amordazó, lo ató, le cortó mechones de pelo y amenazó con incendiar la vivienda.
La llegada de un pariente a la casa impidió que el agresor cumpla su promesa pues había ya bañado alcohol sobre un sillón del living. El periodista sospecha que el ataque tuvo que ver con un reportaje que difundió una semana antes sobre el lamentable estado de los servicios sanitarios de una escuela pública en Longchamps.
En agosto, Anibal Palma, propietario de FM Génesis de la localidad Ingeniero Juárez, en la provincia de Formosa, denunció que fue golpoeado brutalmente, picaneado y amenazado de muerte por el empresario de medios Gregorio Monzón y otras dos personas. Monzón negó haber "torturado" a Palma, aunque admitió que tuvieron una pelea. Palma estuvo internado en un hospital. Monzón fue detenido durante una noche y liberado porque la policía consideró que las agresiones habían sido "leves".
Las agresiones contra la libre expresión tienen en el país la contundencia del golpe físico o el daño moral. Según el informe 2011 de FOPEA, 37 de las agresiones registradas estuvieron en la categoría de agresión física y/o psíquica (30,33 por ciento). Las amenazas representaron el 16,40 por ciento, los atentados contra la propiedad, la emisión o la difusión el 13,93 por ciento, la censura, el 9,84 por ciento; el hostigamiento, incluido el judicial, el 13.93 por ciento y la discriminación con pauta oficial el 4 por ciento. En ese período hubo incluso dos amenazas de muerte que afortunadamente no se tradujeron en lo que fatalmente anunciaban, y que ciertamente no son porcentualmente representativas. VER: http://informe2011.fopea.org/
Desde la perspectiva de las estadísticas, las agresiones a periodistas y prensa en la Argentina no son tan graves como las que se reportan en México, Guatemala, Honduras o Brasil, donde en la última década han ocurrido decenas de asesinatos. Lo característico de Argentina es la agresión directa pero más bien leve, las amenazas anónimas seguida de una fuerte presión indirecta o estructural. Existe también un clima social hostil a la prensa por parte de algunos sectores vinculados al poder político y económico, la falta de transparencia y discrecionalidad en el manejo de la pauta oficial (a nivel nacional, provincial y municipal), los bloqueos a la cobertura de los actos oficiales hacia algún tipo de medio y la escasez de espacios profesionales de conferencias de prensa, etc.
Los periodistas más agredidos en la Argentina suelen ser los de calle (llamados movileros), especialmente los radiales. Y el sujeto agresor por lo general desconocidos que se esconden en el anonimato y los funcionarios, en primer lugar los municipales, seguidos por los provinciales.
Intentos directos de provocar muerte son la menor cantidad, según los reportes de FOPEA. La mayoría queda en el intento de amedrentamiento grave. Sin embargo, las agresiones físicas, como se ha visto, son las que se registran en la mayor cantidad de casos.
La amenaza es la segunda forma más común de agresión a la prensa. En la Argentina es muy frecuente la amenaza anónima, principalmente hecha por teléfono celular, lo que implica no sólo el uso de la tecnología de las comunicaciones al servicio de las agresiones a la libre expresión, sino una importante dificultad para el esclarecimiento de los casos.
La amenaza de muerte es la más común del tipo de amenazas. En la mayoría de los casos incluyen la advertencia de que quien la recibe podría convertirse en víctima de un asesinato. Pero en este análisis habría que atender un factor cultural peculiar del español que se habla en la Argentina. Por ejemplo el "te voy a moler a palos" significa matar, pero puede ser una reacción temperamental momentánea de emoción violenta.
En general, en la Argentina se observa que el agredido recurre rápidamente a la justicia. En casos en los que interviene FOPEA ante las autoridades se da una respuesta de los gobiernos para ofrecer seguridad y protección.
En muchos casos, al agredido se le ofrece custodia policial. Además, el compromiso a nivel discursivo resulta muy importante pues tiene poder disuasivo en los agresores y se considera que tiene bastante influencia.
¿En qué planos (judicial, policial, etc.) es la respuesta a estos casos?. En primer lugar, en el de la oferta de seguridad concreta (ministerios de gobierno a cargo de las fuerzas de seguridad). La justicia también interviene, pero su accionar es más lento. Existen pocos casos resueltos favorablemente por la justicia, en parte porque la mayoría son de parte de agresores anónimos.
II. CASO EMBLEMÁTICO
Fabricio Glibota
Resumen del caso
El periodista Fabricio Glibota sufrió en el 2008 uno de los ataques a la prensa más graves ocurridos en Argentina, mientras ejercía su trabajo profesional en la ciudad de Resistencia, Chaco.
Glibota, por entonces periodista de Radio Universidad y del Diario Norte, fue herido con arma blanca en la zona lumbar en ocasión de un enfrentamiento callejero entre empleados municipales y vendedores ambulantes, en el centro de la ciudad. Sucedió el 14 de noviembre de 2008.
Según pudo constatar FOPEA con testigos, en el momento del hecho no se encontraba presente personal policial, que recién arribó una hora después, pese a que el enfrentamiento había sido anunciado en los medios locales dada la conocida puja entre vendedores ambulantes y el gremio municipal. La asistencia médica tampoco llegó a tiempo. El periodista herido tuvo que caminar 80 metros por sus propios medios hasta un patrullero que lo trasladó al Hospital Julio C. Perrando.
El cuchillo que lo hirió ingresó 15 centímetros en el cuerpo de Glibota. Rozó su riñón izquierdo y le produjo una lesión a nivel perirenal e intrarenal. Esto le provocó una gran pérdida de sangre, hasta que fue socorrido por otros periodistas y algunos comerciantes. Por la herida recibida, tuvo que ser sometido a una cirugía, superar dos transfusiones y una etapa en terapia intensiva. Su recuperación le demandó dos meses.
El periodista se encontraba apartado del tumulto principal y portaba un equipo periodístico fácilmente identificable, lo que permite suponer que no fue confundido con algún manifestante. Fue atacado por su tarea profesional. La Policía informó después que fue detenida una persona como presunto responsable de la agresión. Pero el presunto implicado nunca recibió cargos.
En el episodio también resultó herido Santiago Petinich, camarógrafo del Canal 6 local, quien recibió un golpe con una piedra en una de sus piernas. Fue atendido en un sanatorio privado y la lesión no revistió gravedad.
Las características del hecho y el contexto socio-político en el que ocurrió impidieron circunscribirlo al desborde de un inadaptado. Glibota estaba cubriendo el enfrentamiento del 14 de noviembre de 2008 entre vendedores ambulantes y militantes del Sindicato de Trabajadores Municipales en la peatonal de Resistencia. Ese día también fue apuñalado el dirigente municipal Walter Martínez. Esa causa tuvo el año pasado una resolución con el juicio abreviado y condena a cinco años contra Carlos Maciel, quien formaba parte del grupo de vendedores ambulantes.
FOPEA reclamó enérgicamente que se investigue la agresión hasta dar con los verdaderos responsables. IFEX hizo eco de ese pronunciamiento. |3|
Un tiempo después...
Dos años más tarde y ante la clara situación de impunidad para un caso que se considera grave, FOPEA emitió otro comunicado.
Allí señaló detalles del tratamiento del caso por parte de la justicia.
"A dos años del atentado homicida sufrido por Glibota, la justicia no ha identificado aún al o los responsables materiales del hecho, ni pudo definir las responsabilidades políticas. Ya pasaron dos años de absoluta impunidad a pesar de que, en un principio, la Fiscalía de Investigaciones N°5, por entonces a cargo de la Dra. Elsa Otero y actualmente de la Dra. Nélida María Villalba, ordenó la detención de Jonathan Müller, integrante del grupo de vendedores ambulantes. La Policía chaqueña, al dar con él, anunció que el caso había sido esclarecido, ya que hasta se había hallado el arma con la sangre de Glibota. Müller estuvo detenido dos o tres semanas y luego fue liberado por falta de mérito. Desde entonces nadie más estuvo imputado por el hecho." |4|
Han vuelto a pasar casi dos años más. Y aunque con el paso del tiempo el expediente fue creciendo en volumen y hoy alcanza los doce cuerpos y a cuatro años de que un no identificado agresor asestara una puñalada por la espalda al periodista, el intento de homicidio permanece impune.
La gravedad y la dejadez
En el caso de Glibota, a pesar de la gravedad de la herida en el riñón izquierdo y de la pérdida de sangre que pusieron en enorme riesgo su vida, la investigación poco y nada pudo avanzar. Simplemente "no hay nada" que permita identificar al autor. Nadie vio nada, los negocios de las inmediaciones con distintas excusas no aportaron las filmaciones de sus cámaras de seguridad. Ni siquiera se encontró el arma.
Sí, pasaron muchos testimonios. Algunos de testigos que en instancias posteriores se desdijeron. El expediente creció, pero con datos poco concretos. De poco sirvieron los compromisos asumidos por autoridades de los ejecutivos provincial y municipal, así como del Poder Judicial, de poner todos los recursos necesarios para esclarecer el hecho que se produjo en medio de una fuerte puja política, coincidiendo con un recambio ministerial y en que fuertemente sonaba la sospecha de la "interna policial" que terminó dejando la zona liberada para el desastre que se desató.
La causa está hoy radicada en la Fiscalía de Investigaciones 5 de Resistencia, a cargo de la doctora Nélida María Villalba. La última novedad fue que llamaron a Glibota en diciembre de 2011, al borde del inicio de la feria judicial, para ver si quería ampliar su declaración.
El periodista acudió al llamado, pero más que nada para ratificar lo que en todos estos años viene diciendo una y otra vez. El secretario del juzgado lo miró a los ojos y le dijo, simplemente, que "no tienen nada". Antes de retirarse el periodista, el funcionario le preguntó si no consideraba posible que el cuchillo que le produjo la herida se lo hubieran lanzado desde cierta distancia y si a lo mejor no se trató de algo a quemarropa. Glibota le recordó que no, que por lo menos los médicos descartaron esa posibilidad desde un primer momento.
Glibota se despidió y abandonó el juzgado, casi con resignación después de cuatro años de espera y de reiterar por enésima vez lo que declaró desde la primera ocasión en que pudo sentar su denuncia. Tal vez, algún día, su caso se llegue a esclarecer. Si eso ocurre será probablemente porque los otros intereses en juego mostraron finalmente sus cartas. Para esa gente, el esclarecimiento de la agresión que sufrió el periodista fue sólo una forma de advertencia para que no se metan con ellos.

Brasil
SOS Periodistas
De acuerdo con varios reportes internacionales, Brasil es uno de los países más peligrosos para el periodismo en el mundo. Aunque la libertad de expresión se reconoce expresamente en sus leyes y existen algunas políticas estatales para su protección, los agresores de periodistas provienen de las mismas filas del Estado y de la política. La investigación policial de asesinatos a comunicadores es tan ineficiente que ni siquiera establece conexiones reales entre móviles de la agresión y ejercicio profesional. A nivel judicial, si alguna vez se sanciona a un autor material, el peso de la justicia casi nunca cae sobre los autores intelectuales.
1.CONTEXTO
Introducción
La libertad de prensa es un derecho reconocido por la Constitución Brasileña:
Art. 220. La manifestación del pensamiento, la creación, la expresión y la información, bajo cualquier forma, proceso o medio, no sufrirá restricción alguna con sujeción a lo dispuesto por esta Constitución
1 - Ninguna ley contendrá dispositivos que puedan constituir impedimento a la plena libertad de información periodística en cualquier medio de comunicación social, sin perjuicio a lo dispuesto por el art. 5°, IV, V, X, XIII e XIV. |1|
Según los datos de ARTÍCULO 19, sin embargo, el número de homicidios posiblemente vinculados al ejercicio de la libertad de prensa ha aumentado aceleradamente durante los últimos dos años. En 2011, seis periodistas fueron asesinados en el país. Es probable que cuatro de ellos por motivos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión.
Durante los primeros meses de 2012, ARTÍCULO 19 confirmó otros cuatro nuevos casos de periodistas asesinados, también probablemente por motivos relacionados con su ejercicio profesional. Es decir que tan sólo durante los primeros cuatro meses del año, en Brasil ya se llegó al mismo número de casos registrados en todo el año anterior.
Durante los tres años anteriores (del 2008 al 2010), en Brasil hubo sólo cuatro casos de asesinato de periodistas. Desde 1995, y con excepción de 1999, en Brasil fue asesinado al menos un periodista cada año, pero en algunos casos hubo entre cuatro y cinco, como se muestra en el gráfico 1.
En 2012, Brasil alcanzó el tercer lugar en cantidad de periodistas asesinados en países latinoamericanos, según un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) |2|, por ejemplo. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) informó, por su parte, que Brasil se ubica en el puesto 11 en el rank-ing mundial de países en los que los asesinatos de periodistas permanecen en la impunidad |3|. El International News Safety Institute ubica actualmente a Brasil en el puesto cinco de su lista de países más peligrosos para la prensa en 2012 |4|.

Fuente: ARTÍCULO 19

Aunque no exista una acción intencional, coordinada o estructurada, el Estado brasileño aparece como directamente implicado en la violencia contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión |5|. Por otro lado, se desconoce que el Estado brasileño tenga un plan para la prevención de asesinatos de periodistas.
En lo que respecta a la protección, el Decreto Presidencial 6.044 aprobó y creó en febrero del 2007 la Política Nacional de Protección a los Defensores de los Derechos Humanos |6|. Aunque en teoría el Programa incluye a los periodistas, son poquísimos los profesionales de los medios que realmente gozan de esa protección - por desconocimiento o falta de especificidad |7|.
El gobierno brasileño cuenta incluso con el denominado Programa Federal de Asistencia a Víctimas y Testigos. El Senado aprobó el 16 de agosto de 2011 el Proyecto de Ley Complementario 86/07 |8| que da prioridad a las investigaciones y procesos penales en los que están involucrados testigos o víctimas protegidos por el Programa.
Características de la impunidad en Brasil
La impunidad en Brasil puede ser caracterizada, principalmente, por dos indicadores diferentes y, aparentemente, extremos. El primero se refiere a situaciones en que no se investiga los crímenes; o las investigaciones no son concluidas, como ocurrió con los conocidos casos de Robson Barbosa Becerra |9| y Walter Lessa de Oliveira |10|. La investigación sobre el asesinato de Barbosa Becerra fue tan incipiente que aún no fue posible establecer si existe relación entre su muerte y la libertad de expresión. El caso de Lessa de Oliveira sigue en investigación, incluso después de que el Relator para la Libertad de Expresión de la ONU se manifestara, en 2008, pidiendo la solución del caso.
La segunda se produce cuando el caso es investigado, juzgado y algunos presuntos responsables son enviados a la cárcel, pero a pesar de ello el delito no se sanciona debidamente - manteniendo un ambiente local poco propicio para la libre expresión. Es decir que aunque oficialmente se ha cumplido con todos los trámites policiales y judiciales, los verdaderos culpables siguen en libertad, intimidando a las personas locales. En suma, sólo se penaliza a los ejecutores del crimen, mas no a sus autores intelectuales.
Por lo tanto, el tiempo transcurrido entre el hecho y alguna forma de castigo no es la única variable que explica el fenómeno de la impunidad en Brasil, a pesar de que sea absolutamente relevante. La falta de una respuesta satisfactoria por parte del Estado, además de favorecer la impunidad, enmascara la realidad dando una falsa impresión de deber cumplido.
Contexto policial y social
En principio, la policía no aplica ningún procedimiento especial para investigar los asesinatos de periodistas. Sin embargo, cuando se trata de profesionales relacionados a medios importantes de comunicación, es bastante común que exista presión de la opinión pública para que el caso sea resuelto rápidamente. Puede observarse entonces una mayor urgencia para solucionar los casos. Otra consecuencia suele ser que la Policía Federal también participa en las investigaciones.
Es importante destacar que muchas veces las investigaciones oficiales deben ser tomadas sólo como una posible versión más del hecho. Eso se hace necesario porque los agentes públicos y policiales que investigan podrían estar involucrados en el mismo crimen. No son pocos los casos en que los mismos policías son también los responsables del crimen.

Perfil de vulnerabilidad
En el primer semestre de 2012, las violaciones más graves a la libertad de expresión tuvieron como victimas principales a periodistas adultos, varones, residentes en ciudades pequeñas. Verificamos además la existencia de móviles políticos como una característica de los casos de asesinatos relacionados a la libertad de expresión. La mayoría de los periodistas más expuestos son aquellos que asumen causas políticas o se vinculan con las autoridades locales.
Podemos también afirmar que aquellos periodistas que trabajan para medios regionales o nacionales, la mayoría de los cuales están basados en las capitales, parecen correr un riesgo menor de sufrir agresiones o amenazas de asesinato, lo que no significa que sean inmunes a los ataques contra la libertad de expresión pues los procesos judiciales son también una manera de restringir la publicación de reportajes que van en contra los intereses de gente que tiene gran influencia política local o actúa entre bastidores.
Los posibles móviles para esos crímenes son muy similares: denuncias de corrupción o críticas a autoridades o personas con poder. Por lo tanto, no es difícil que ocurran casos en que el solicitante (autor intelectual) sea el alcalde y los asesinos sean policías. Y la influencia sobre el poder judicial contribuye también a la situación de impunidad. Es muy grande también el número de casos relacionados al tráfico de drogas, sobre todo en regiones de frontera.

A nivel social, por lo general, los casos no pasan desapercibidos para las organizaciones y para gran parte de los medios, sobre todo los medios locales. Los crímenes generalmente conmocionan a la sociedad por la violencia ejercida y por la calidad de las víctimas, que hasta entonces eran vistas como defensoras contra los excesos del poder local.
Para la sociedad, lo que generalmente sigue a la violencia contra los activistas de la libertad de expresión, en las localidades donde ocurren esos crímenes, es el silencio de quienes fueron testigos o también se sintieron amenazados. Una de las causas de ese silencio ensordecedor es la sensación, y a veces la certeza, de que quienes ordenaron esos crímenes aún siguen impunes.
2. CASO EMBLEMÁTICO
Luíz Carlos Barbon Filho
En la noche del 5 de mayo de 2007, Luíz Carlos Barbon Filho, periodista del diario Jornal do Porto, fue asesinado cuando departía con amigos en un bar cercano a la estación de autobuses de la ciudad de Porto Ferreira - SP |11|. El comunicador conversaba con un amigo cuando dos hombres encapuchados llegaron en una moto. Uno de ellos se bajó y le disparó dos veces con un arma calibre 12. El periodista cayó herido en el dorso y una pierna. Fue socorrido, pero no sobrevivió a sus heridas. Dejó a su esposa, Kátia Rosa Camargo, y dos hijos.
Aunque el caso ya ha sido juzgado y algunos de los involucrados cumplen sentencia, presentamos a continuación algunas observaciones que nos han llevado a considerar este caso como impune:
- Las denuncias hechas por Luíz Carlos Barbon implicaban a políticos locales, lo que lleva a suponer que algunas autoridades locales estuvieron involucradas en el crimen para silenciar al periodista y no solamente policías.
- La viuda, Kátia Rosa Camargo, permanece bajo protección policial aun después de culminado el juicio y haberse dictado sentencia. Ese hecho permite suponer que los posibles autores intelectuales del crimen aún están en libertad y podrían estar amenazando su vida.
- Jote Reis, colega profesional de Luíz Carlos Barbon, afirma que es perseguido por insistir en que se investigue la muerte de su colega.
Este caso puede también ser considerado como un ejemplo emblemático de que la impunidad está presente en Brasil porque:
- Luíz Carlos Barbon Fihlo corresponde al perfil de vulnerabilidad: periodistas de sexo masculino residentes en ciudades pequeñas que denuncian a las autoridades locales.
- Pareciera que se hubiera cumplido con todos los trámites policiales y judiciales, pero personas involucradas en el crimen siguen intimidando a periodistas y personas locales.
El caso de Barbon Filho tuvo gran repercusión pública el año en el que ocurrió y la noticia fue publicada por diversos medios, tanto locales como nacionales. En 2007, ARTÍCULO 19 divulgó una serie de notas repudiando la muerte del periodista y reclamando el castigo a los culpables junto con el gobierno brasileño. La ONG Reporteros sin Fronteras |12|, la OEA |13| y CPJ |14| también publicaron notas de pésame.
Un perfil en peligro
Barbon Filho siempre se propuso ejercer un periodismo basado en denuncias. En 2003 denunció una red de explotación sexual de adolescentes en su ciudad, alcanzando repercusión nacional. Entre los acusados figuraron concejales, comerciantes y empresarios de Porto Ferreira. Todos fueron apresados y los políticos destituidos de sus respectivos cargos. Desde ese momento empezó a recibir frecuentes amenazas de muerte, tanto telefónicas como por correo electrónico.
En 2004, Barbon Filho fue candidato a concejal por el Partido Verde; recibió apenas 80 votos y no fue elegido. Antes de su muerte reveló a personas cercanas a él que pensaba postular nuevamente. En 2001, se unió a Jornal Realidade, medio que circuló en la ciudad de Porto Ferreira hasta cerrar en 2004.
Carlos Augusto, periodista responsable del Jornal do Porto, afirma que Luiz Carlos empezó a investigar un plan para robar carga que involucraba a policías militares. En realidad, esa investigación era sólo una fachada para esconder su verdadero interés: generar una acción civil pública contra el alcalde de la ciudad, Mauricio Sponton Rasi |15|. Según Carlos Augusto, el alcalde realizaba licitaciones que beneficiaban a sus aliados.
Carlos Augusto sostiene que el promotor Cássio Roberto Conserino, quien actualmente opera en la ciudad de Cubatao, era quien proporcionaba la seguridad para las acciones de Luiz Carlos. Fue él, incluso, quien habría auxiliado en la protección del periodista tras las denuncias contra los concejales y las redes de explotación sexual de menores que mantenían la ciudad.
Investigación, juicios y castigos
Las investigaciones demoraron casi un año en identificar sospechosos. Recién el 4 de marzo de 2008 se acusó formalmente a los policías militares Valnei Bertoni, Paulo César Ronceiro, Edson Luiz Ronceiro y Adélcio Carlos Avelino y se les sentenció a prisión preventiva. El 25 de abril del mismo año fueron detenidos también los policías militares Luiz Carlos Groul y Eduardo Moreira da Silva. En febrero del mismo año había sido detenido el comerciante Carlos Alberto da Costa, acusado de ser el dueño del arma utilizada en el crimen.
Según la denuncia, Adelcio Carlos Avelino, Valnei Bertoni, Paulo César y Edson Luiz Ronceiro enfrentaban problemas a raíz de las denuncias formuladas por Luíz Carlos Barbon Filho en la prensa local y que dieron lugar al inicio de procedimientos administrativos contra ellos, por lo que decidieron asesinarlo. La denuncia publicada por la víctima hacía referencia a una red de seducción de menores que involucraba a cuatro empresarios, cinco concejales y un camarero de la ciudad. Todos ellos fueron detenidos, acusados de participar en fiestas con menores en ranchos a la orilla del Río Mogi Guacu. Después de la muerte de Barbon Filho, su viuda Kátia Rosa Camargo informó a la policía que el periodista también investigaba a agentes involucrados en el robo de carga.
Los cuatro PM sospechosos de haber participado en el asesinato de Barbon fueron llevados a juicio en 2010 por el juez Cassiano Ricardo Zorzi. El 27 de marzo de ese año, Edson Luiz Ronceiro y Adelcio Carlos Avelino, y el comerciante Carlos Alberto da Costa, fueron condenados a 18 años y 4 meses de prisión. El PM Paulo César Ronceiro fue condenado a 16 años y 4 meses de prisión. Fueron declarados culpables de homicidio calificado, intento de homicidio y asociación para delinquir.
El 12 de junio de 2012 fue el turno de ser juzgado de Bertoni. Al igual que en 2010, el juicio se celebró en el Tribunal de Barra Funda, en Sao Paulo. Pero en este caso el jurado absolvió al acusado alegando falta de pruebas de que el arma utilizada en el crimen perteneciera a Bertoni. Según el abogado Fioravante Malaman Neto, el PM fue absuelto porque estaba trabajando como agente de seguridad en un supermercado en el momento del crimen.
Sombra sobre la viuda
Después de la muerte de su marido, la casa de Kátia Rosa Camargo fue atacada y ella recibió varias llamadas telefónicas silenciosas. En febrero de 2008, luego de ser entrevistada por un canal nacional de TV, Camargo recibió una llamada en la que le advirtieron que se callara, si no quería sufrir el mismo destino que su marido.
Por ese motivo, la esposa y uno de los hijos de Barbon ingresaron al programa de protección de testigos durante las investigaciones. Kátia permanece bajo protección hasta el día de hoy. Las amenazas se extendieron incluso al dueño del bar donde Luíz fue asesinado, quien reveló haber sido intimidado por uno de los acusados, el capitán Avelino.
"Yo no estaba de acuerdo con mucho de lo que hacía Luíz Carlos, pero luego de su muerte continuamos investigando el caso, hasta que recibí amenazas de policías contra mí y mi familia. En ese momento decidí detenerme", afirmó Carlos Augusto.
Joao Reis, conocido como Jota Reis, profesional de radio y dirigente sindical, colega profesional de Barbon Filho, también sufrió una serie de persecuciones profesionales por estar siguiendo el progreso del caso del asesinato de su amigo. En 2008 recibió dos meses de vacaciones de la empresa, probablemente para que fuera olvidado por los oyentes, y a su regreso fue despedido. Jota Reis ha presentado incluso varias solicitudes de garantías personales para volver al trabajo, que le fueron denegadas por la justicia. Cuando declaró a ARTÍCULO 19, Jota Reis estaba a la espera de una decisión en relación a su pedido de inclusión en el programa de protección y aseguró estar ansioso porque terminase este proceso para poder retornar a sus actividades. "Y así, tal vez, consigo retornar a mis actividades, que es llevar información. Con todo eso, me siento perjudicado por no tener la libertad para ejercer mi profesión y llevar información al público que tanto la necesita", declaró.
Según Carlos Augusto, tanto los sentenciados como otros involucrados -además del supuesto amigo de Luíz Carlos, Alcides Marcílio Catarino (Pa-quito)- caminan tranquilamente por la ciudad. Paquito, quien afirmó haber sido alcanzado por uno de lo disparos que mató a Luíz Carlos, cambió luego su testimonio y declaró que no sufrió herida alguna. Y cuando el caso se trasladó al Tribunal de Barra Funda en Sao Paulo, ya no asistió a declarar.
Los policías que fueron condenados, pero aun permanecen en libertad, presentaron acciones de compensación por daños contra el Jornal do Porto, en un intento por intimidar al medio. "Es natural, es una manera de demostrar que no estuvieron satisfechos con las noticias que publicamos", afirmó Carlos Augusto.
Él también nos dijo que el Ministerio Público local fue indulgente con los casos de corrupción develados por el diario. "Las investigaciones no avanzaron. Incluso los periodistas y las organizaciones que abundaron por aquí al ocurrir el asesinato nunca más aparecieron".
Consideraciones finales
Para los estándares brasileños de tiempo transcurrido entre crimen y castigo, el caso de Barbon Filho parecía moverse inicialmente con rapidez hacia la investigación, juicio y ejecución de sentencia. Sin embargo, es obvio que la muerte del periodista no fue debidamente sancionada porque sigue siendo necesario que su esposa se mantenga en el Programa de Protección de Testigos. Incluso los colegas del periodista fueron amenazados por cubrir el caso y se sienten inseguros hasta hoy.
ARTÍCULO 19 entrevistó a:
1. Carlos Augusto Colucci, periodista responsable del diario Jornal do Porto, el día 3 de julio de 2012, por teléfono.
2. Joáo Reis, profesional de la radio y dirigente sindical, el día 11 de octubre de 2011, personalmente.
[Fuente: IFEX, Toronto, Canadá, 23nov12]

Notas
1. Escrito preparado por Adriana Blanco para el informe de Impunidad de IFEX-ALC, con ocasión del día mundial de la lucha contra la impunidad, 23 de noviembre de 2012. Colaboración de Carlos Lauria, CPJ. Agradecimientos especiales a David González, Luis Alarcón y Juan Carlos Iglesias por sus contribuciones a este documento. [Volver]
2. Barrero Nieto, Hernando. Una mirada a la impunidad en el marco del Sistema Penal Oral Acusatorio. Unión Europea, 2009. [Volver]

1. Informe 2009 sobre la situación de la libertad de expresión en México, Article XIX y Cencos. [Volver]
2. Vea: http://dl.dropbox.com/u721215461/ARTICLE19-Cencos%20Informe%202010.pdf [Volver]
3. Vea: http://issuu.com/articlexix/docs/informe [Volver]
4. Vea: http://www.cencos.org/documentos/021110ConvenioPeriodistas.pdf [Volver]
5. ACUERDO por el que se establecen las bases del mecanismo de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos a partir de la instrumentación de acciones coordinadas que en el ámbito de sus atribuciones, desarrollarán la Secretaría de Gobernación, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, y la Procuraduría General de la República. Vea: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5199805&fecha=07/07/2011 [Volver]
6. http://www.elagora.com.mx/Ligan-a-ex-judicial-con-muerte-de,19536.html [Volver]

1. Resultados de la Visita al Ministerio Público efectuada por Cerigua el 12/07/2012: [Volver]
2. El camarógrafo Antonio de León Villatoro, quien ocupaba el asiento contiguo al piloto, y que acompañaba ese día a Santiz, fue trasladado en estado grave al Hospital General San Juan De Dios. [Volver]
3. Ver las notas el web de Cerigua: http://cerigua.org/1520/ [Volver]
4. Cerigua, Informe Primer Semestre de Libertad de Expresión, 2009. Pág. 18. [Volver]
5. Íbid. Pág. 26. [Volver]
6. Cerigua, Estado de Situación de la Libertad de Expresión, 2009, Pág. 4 [Volver]
7. Cerigua. Estado de situación de la libertad de expresión 2008-2011. Pág. 23 [Volver]
8. El único caso de asesinato, en efecto. El MP tiene otros casos de distinto orden, según informaran a Cerigua: 54 informes varios, 6 informaciones al Registro Ciudadano, 6 casos del sistema penitenciario, 3 informes de llamadas, 19 informaciones sobre allanamientos realizados, 27 dictámenes periciales, 24 investigaciones de campo, entre otros. [Volver]

1. BCIE/Ficha Estadística 2012. [Volver]
2. Vea: www.conexihon.info [Volver]
3. Debido a insistentes denuncias y de comprobados asesinatos ejecutados por miembros de la Policía Nacional, el actual gobierno, bajo presión de organismos de la sociedad civil, de DD.HH. y la propia CIDH puso en marcha "una depuración a fondo" de la Policía. La población espera resultados concretos, con cierta esperanza pero también con bastante escepticismo. [Volver]
4. El 3 de julio de 2009, a cinco días del golpe, asesinaron al periodista radial Gabriel Fino Noriega, en San Juan Pueblo, al norte del país. [Volver]
5. Rubén Salgado en www.rebelion.org [Volver]
6. Custodio, paradójicamente, respaldó el golpe de Estado de 2009. [Volver]
7. En el contexto del golpe de Estado, agentes de la estatal CONATEL, decomisaron violentamente, con apoyo del ejército, equipos operadores de transmisión, en tv Globo y canal 36. Las amenazas a muerte bajo el anonimato continúan aún hoy, a periodistas. A finales de mayo, 2012, sujetos desconocidos ametrallaron el automóvil (que tenía aparcado) del periodista Julio Galdámez de radio y tv Globo. No hubo víctimas mortales. [Volver]
8. Informe sobre Impunidad al Congreso Nacional de CONADEH. 2012 [Volver]
9. AFP, reproducido en www.Tiempo.hn [Volver]
10. La Tribuna, 23 de Agosto 2012. [Volver]
11. Ídem [Volver]

1. Entre 2006 y 2011 IPYS registró 597 agresiones contra periodistas; y 982 la ANP, socio de OLA. [Volver]
2. La policía detuvo el mismo día de su muerte al presunto asesino, Teobaldo Fajardo Ormeño, tras ser sindicado por el hijo del occiso, testigo del asesinato. Pero eso no garantizó mucho más. Al cabo de un año, la policía no identificó todavía al autor intelectual y a Fajardo no se le había abierto acusación fiscal, ni se había dado inicio al juicio oral. [Volver]
3. De la Torre Echeandía fue asesinado el 14 de febrero de 2004 y un mes después, el 18 de marzo, la policía detuvo como evidente autor intelectual de su muerte al alcalde de 0Yungay, Amaro León León, sobre quien el periodista iba a emitir un informe. El 14 de diciembre de 2005, la Corte Superior de Justicia de Ancash lo sentenció a 17 años de prisión. En julio de 2006, León y otros sentenciados fueron excarcelados y absueltos por falta de pruebas. El caso fue llevado a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, por la viuda Dina Ramírez y el IPYS. [Volver]
4. Los diarios La República y el Comercio específicamente. Pérez Julca fue asesinado a balazos por dos sujetos, cuando regresaba a su casa, acompañado de su esposa y dos hijos. A finales de marzo de 2007, fueron detenidos como sus presuntos asesinos Walter García Valdivia ("Zurdo") y Alí Zamudio Saavedra ("Balán"), contratados por Juan Hurtado Vásquez, a quien se detuvo el 4 de abril siguiente, acusado como autor intelectual. La policía concluyó pronto que éste, amante de una funcionaria, buscaba vengar a su amada, objeto de las críticas del periodista. La prensa, empero, manejó la hipótesis de que integrantes mismos de la policía estuvieron tras el asesinato pues el periodista horas antes de morir, había adelantado que revelaría los nombres de unos efectivos vinculados a narcotraficantes y delincuentes. [Volver]
5. Existen casos como el de los ocho periodistas asesinados en Uchuraccay, región Ayacucho, en enero de 1983, cuando investigaban en comunidades andinas matanzas por fuerzas del orden. Un proceso que lleva cerca de 30 años sin ser resuelto. Vea: www.cverdad.org.pe/.../2.../2.4%20UCHURACCAY.pdf [Volver]
6. Eso retrata particularmente bien el caso de asesinato del periodista Alberto Rivera Fernández, que desarrollamos como emblemático en este informe. [Volver]
7. El tercer asesinato de un periodista ocurrido en 2011, correspondiente a José Oquendo Reyes y ocurrido el 15 de setiembre 2011, mereció notas muy breves en los diarios nacionales más importantes del país. Los noticiarios de radio y TV, propalaron los hechos pero sin la contundencia que se esperaba. [Volver]
8. Se trató de "La Ventana Indiscreta" de Frecuencia Latina. La entrevista se la hizo el reportero Daniel Yovera. Vea: http://utero.pe/2005/09/22/el-asesinato-de-alberto-rivera/utero [Volver]
9. Para entonces, la Drug Enforcement Administration (DEA) de los EE.UU. investigaba a Valdez a quien llamaba con el apelativo de "La Vieja". Actualmente, Valdez es procesado por lavado de activos, y ostenta un importante poder económico; su fortuna superaría los 71 millones de dólares, según la Procuraduría Antidrogas del Perú. [Volver]
10. Martín Flores Vázquez, director de "La Noticia" de radio Súper y jefe del área de Imagen de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo; Roy Gavino Culqui Saurino, corresponsal de América TV en Pucallpa y reportero del Departamento de Imagen del municipio; Lino Campos García, director de Imagen Institucional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. Además de Douglas Torres, corresponsal de ATV. Por la presencia de estos comunicadores el caso tiene connotaciones atípicas, pero los ataques entre periodistas ocurren en el país entre quienes investigan a autoridades y quienes se someten a sus órdenes previo beneficios económicos, si bien no se han dado antes o después respecto a un asesinato a un colega. [Volver]
11. De acuerdo a un informe preparado por Kela León, del Consejo de la Prensa Peruana y publicado por la web del Proyecto Impunidad, Crímenes contra Periodistas, el caso Rivera Fernández expuso la difícil relación existente entre los periodistas de la zona, los que con relación al caso se dividieron en dos facciones, una de las cuales lideraba Garay acompañado de Eduardo Cenepo, presidente del Centro Federado de Periodistas de Ucayali e Ilter Paredes, secretario del Centro Federado de Periodistas. Vea: http://www.impunidad.com/caso_detail.php?id=20&pub=3&idioma=us [Volver]
12. Vea: http://www.ipys.org/alerta/236 [Volver]
13. Vea: http://www.ipys.org/alerta/1208 [Volver]

1. Estos hechos se encuentran más detallados en el informe "Estigmatizar: ¿una estrategia para aplastar a la crítica?" Ver http://www.fundamedios.org/monitoreo/Estigmatizar.pdf [Volver]

1. Medios en asfixia. La libertad de prensa en Venezuela 2008-2010 (p.12) [Volver]
2. Íbid. [Volver]
3. La violencia que calla: la libertad de prensa en Venezuela 2010-2011. [Volver]
4. Vea: http://www.ipys.org.ve/alerta?id=1672&y=2010&m=06 [Volver]
5. Vea: http://www.ipys.org.ve/alerta?id=1990&y=2009&m=08) [Volver]
6. Vea: (http://www.ipys.org.ve/alertas?page=1&y=2009&m=08). [Volver]
7. Vea: http://www.ipys.org.ve/alerta?id=1987&y=2009&m=08 [Volver]
8. Vea: http://www.ipys.org.ve/alerta?id=1998&y=2009&m=09 [Volver]

1. En lengua materna alude al territorio de la gente del oeste, corresponde al territorio mapuche en Chile [Volver]
2. www.memoriachilena.cl/upload/mi973056855-6.pdf Pag 350 [Volver]
3. http://www.indh.cl/informe-anual-2011-de-derechos-humanos-en-chile [Volver]
4. Id (2) [Volver]
5. Id (1) pag 355 [Volver]
6. youtu.be/G-gH1WoM6Kc [Volver]
7. "tierra en plena madurez" en idioma cuna(Panamá). [Volver]
8. http://www.azkintuwe.org/ (2006) http://www.mapuexpress.net/ (2000) Mapuche Times (2012), entre otros. [Volver]
9. Actualmente se emite en www.radiotierra.cl [Volver]
10. 10 Carcamo-Huechante, Luis y Paillán Coñoepan, Elías "Historia,colonialismo y resistencia desde el país Mapuche. Pag 345 y 346 [Volver]
11. Declaración Pública AMARC http://radiotierra.cl/node/4517 [Volver]

1. No se registran asesinatos a periodistas en el país desde 1997, cuando asesinaron al reportero gráfico José Luis Cabezas. Un caso señalado como más reciente, el de Adams Ledesma, asesinado en 2010, no puede tomarse como tal dado que no está aún totalmente esclarecido y el móvil de su muerte provocada no habría sido su rol de profesional como periodista en Villa Retiro, sino una suerte de venganza entre facciones de dicha Villa. [Volver]
2. Los reportes de Fopea sobre ataques a libre expresión registraron por años: en 2008: 130 casos; en 2009: 147 casos; en 2010: 109 casos; y en 2011: 122 casos. [Volver]
3. Vea: http://www.fopea.org/Inicio/Energico_repudio_a_la_agresion_sufrida_por_el_periodista_Fabricio_Glibota [Volver]
4. Vea: http://www.fopea.org/Inicio/Sin_acusados_ni_condenados_se_cumplieron_dos_anos_del_intento_de_homicidio_a_Fabricio_Glibota [Volver]

1. Vea: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm [Volver]
2. Vea: http://www1.folha.uol.com.br/poder/1032692-brasil-e-3-pais-da-america-latina-onde-mais-jornalistas-foram-mortos.shtml [Volver]
3. Vea: http://cpj.org/campaigns/impunity/ [Volver]
4. Vea: http://knightcenter.utexas.edu/pt-br/blog/00-11053-brasil-figura-entre-os-paises-mais-perigosos-para-jornalistas-no-primeiro-semestre-de- [Volver]
5. El informe "Violencia y Libertad de Prensa en Brasil", realizado en 2010 por la Federación Nacional de Periodistas (FENAJ) dice que la gran mayoría de agresores son miem bros de las clases política y pública: "En la parte superior de la lista: policías y políticos. En 2009, un 19 por ciento de los casos de violencia estuvo relacionado con actos de la policía. En 2010 ese número ascendió a 25 por ciento, empatando a los políticos o a los casos ocurridos bajo sus órdenes. En segundo lugar aparecen los empresarios con 17 por ciento - responsabilizados aquí también por la violencia contra las organizaciones sindicales. El tercer lugar va para los casos en que no se puede identificar al autor. Aparecen también: jugadores y técnicos de fútbol, seguri dad privada, director de TV, maestro de ceremonias, sociólogo (FENAJ, 2010, p.14). [Volver]
6. Vea: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6044.htm [Volver]
7. Conforme pedido de información presentado por ARTÍCULO 19 al Programa de Protección para Defensores de los Derechos Humanos y respondido el 19 de octubre de 2011. Disponible a pedido. [Volver]
8. Vea: http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/892143/lei-complementar-86-07-rio-de-janeiro [Volver]
9. Vea: http://es.rsf.org/brasil-fotografo-morto-a-balas-no-rio-de-12-02-2007,20992.html [Volver]
10. Vea: http://www.fenaj.org.br/materia.php?id=1941 [Volver]
11. Puede ver más del caso en: http://www.abi.org.br/jornaldaabi/Maio_Junho_2007.pdf y http://www.jornalistasp.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1116&Itemid=1 [Volver]
12. Vea: http://en.rsf.org/brazil-newspaper-says-military-police-11-06-2007,22054.html [Volver]
13. Vea: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=695&lID=4 [Volver]
14. Vea: http://cpj.org/2007/05/brazilian-journalist-who-denounced-corruption-shot.php [Volver]
15. El alcalde fue reelecto en las elecciones de 2008. [Volver]

DDHH en Guatemala
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