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04feb10
La sombra de los 'paras'
ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW) reveló, tras una investigación de dos años, que en Colombia las estructuras paramilitares, pese a la desmovilización, nunca se desmontaron.
Enfrentados están el Gobierno y la reputada ONG Human Rights Watch (HRW), luego de que ésta divulgara en Bogotá su informe "Herederos de los paramilitares", producto de una extensa investigación de campo de dos años. La molestia fue de tal tamaño que el ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, canceló de inmediato una reunión que se había establecido con José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, para ayer en la tarde. En su reporte, HRW advirtió que el Gobierno aún no ha tomado medidas contundentes para proteger a la población civil, pero el Ejecutivo consideró que la ONG había hecho un trabajo sesgado y con orientación política.
El panorama descrito en el reporte no fue fácil de asimilar para los altos funcionarios: "Después del proceso de desmovilización (de los paramilitares) surgieron grupos sucesores en todo el país que continuaron las actividades delictivas (...) que tienen un impacto brutal en la situación humanitaria y de Derechos Humanos en Colombia (...) y cometen en forma habitual ataques contra civiles y crímenes atroces que incluyen masacres, ejecuciones, violaciones sexuales y desplazamientos forzados. Y el Estado tiene la obligación de proteger a la población civil. Lamentablemente, el Gobierno aún no ha tomado medidas contundentes y efectivas para cumplir estas obligaciones".
El ministro Silva Luján le atribuyó a este trabajo una "orientación política e ideológica (y) ante todo una intención deliberada de afectar la reputación de la política de seguridad democrática". Rechazó la supuesta complacencia del Gobierno o sus instituciones con las bandas criminales, luego de que en el informe se consignara que --como se alertó en innumerables ocasiones sobre las autodefensas en los años 80 y 90-- que ciudadanos entrevistados durante la investigación señalaron la tolerancia de la Fuerza Pública hacia estos nuevos grupos. Por último, Silva dijo que pediría rectificación por no haberse consultado información estadística del Ministerio de Defensa.
La suspensión del encuentro entre Vivanco y Silva no tuvo marcha atrás. No obstante, el delegado de HRW fue recibido por el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, al terminar el día. "No fue una reunión fácil", expresó Vivanco al salir del Ministerio del Interior y de Justicia, y añadió que el informe estaba basado, además de en entrevistas a personas en zonas afectadas por la violencia de los nuevos grupos paramilitares, en fuentes oficiales como la Fiscalía, la Policía, así como también en la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) de la OEA. Valencia, por su parte, reiteró que el paramilitarismo en Colombia "está extinguido".
El director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, Carlos Franco, afirmó que el Gobierno no cree que sea una extensión del paramilitarismo, sino un problema motivado por el narcotráfico. De acuerdo con el informe, estos nuevos grupos, sin duda, están relacionados con el comercio de estupefacientes. Pero también con diversos ataques contra la población civil: masacres, ejecuciones, violaciones sexuales y desplazamientos forzados, entre otros crímenes atroces. Para HRW, el proceso de dejación de armas de las Auc fue fraudulento desde el inicio, porque ni siquiera se comprobaron las identidades de los desmovilizados.
Vivanco reclamó que mientras la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía cuenta con escasos recursos para avanzar en las investigaciones, el Gobierno se ha gastado US$1 millón anualmente en lobby en Washington para conseguir la ratificación del TLC. El Gobierno, sin embargo, acusó a la ONG de omitir los avances en seguridad que se han logrado en los últimos años.
[Fuente: El Espectador, Bogotá, 04feb10]
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