| Información |  | |
Derechos | Equipo Nizkor
| ||
| Información | | |
Derechos | Equipo Nizkor
| ||
16oct16
Los Hitnu, comunidad indígena en riesgo de extinción
La inserción de las petroleras en su territorio, los efectos del conflicto armado y el abandono estatal tienen al borde de la desaparición a esta comunidad nativa de Arauca. Las primeras pérdidas, sus valores ancestrales.
A raíz de la confrontación por más de tres décadas entre el Ejército y las guerrillas de las Farc y el Eln en el departamento de Arauca; haber sido desplazadas en varias oportunidades por la petrolera Oxy; y no tener atención oportuna del Estado, los Hitnu han dejado de ser una de las pocas tribus nómadas del país y de América Latina, y corren el peligro de desaparecer.
Son alrededor de 150 familias de los resguardos de La Vorágine y San José de Lipa, del corregimiento de Cañas Bravas, Arauca, que han cambiado su forma de vida al sedentarismo y la recolección de alimentos. A principios de siglo, los Hitnu se desplazaban a lo largo y ancho del departamento, se abastecían de los ríos Lipa y Ele, y cazaban en amplias áreas montañosas con total libertad. Como pocas etnias en el país, toda la comunidad mantenía su dialecto original.
De las siete etnias indígenas que habitan en el departamento, los Hitnu son la de mayor complejidad de acceso: para llegar a sus resguardos únicamente se puede por río en épocas de lluvia, o destinar de alrededor de una semana para hacerlo a pie, no hay ninguna trocha o vía que comunique las rancherías con los resguardos.
En la región consideran es que una comunidad de difícil trato debido, entre otras razones, a su bajo nivel de organización social, la falta de educación y los problemas derivados de convivir en el territorio con campesinos y actores armados. Se espera que a finales de este año se gradúen los primeros cinco bachilleres de esta comunidad, algunos de ellos son quienes han asumido la vocería de los Hitnu.
En los últimos años, la Corte Constitucional ha emitido varias decisiones para preservar la vida de los más de 500 integrantes de esta etnia; la última de ellas fue el Auto 382 de 2010, que le hace seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y al Auto A004 de 2009, que habían dispuesto de un plan de acción para mitigar las carencias en salud, educación, vivienda y alimentación de este pueblo indígena.
No obstante, en terreno, tanto del Departamento de Prosperidad Social (DPS), como la Alcaldía, Gobernación y la Defensoría del Pueblo son honestos en decir que los pedidos de la Corte no se han podido cumplir, pese a las demandas que otorgó este alto tribunal a cada una de las entidades.
Historia de desplazamiento
Según documentos araucanos, los Hitnu tenían asignada una extensión total de 18.600 hectáreas, pero con el paso de los años se han reducido al punto de no sobrepasar actualmente las cinco mil hectáreas, donde, además, deben convivir con colonos y grupos armados ilegales.
Son varios los desplazamientos masivos a los que se ha visto enfrentada esta etnia. El primero de ellos se produjo luego de la llegada de centenares de colonos en la década del sesenta atraídos por la bonanza maderera y los programas agrarios del entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) y la Caja Agraria, quienes ocuparon los territorios de la comunidad, en especial al sur de municipio de Arauca.
En la década de los ochenta, tras el descubrimiento del complejo petrolero de Caño Limón Coveñas por parte de la petrolera Oxy, más de 50 familias Hitnu se vieron obligadas a desplazarse de sus territorios; situación que también se produjo en en dos mil, cuando esta compañía intervino la laguna del Lipa, generando un daño ambiental que 15 años después aún se sienten.
"Fue el primer momento en el que nos empezaron a cercar; por un lado, los campesinos nos quitaban tierra en el centro del departamento, y la petrolera nos quitaba terreno en el oriente. Como no nos quedábamos en un solo lugar les era fácil empezar a apoderarse de la tierra", recordó José Montaño, miembro de la comunidad Hitnu.
El presidente de la junta de Acción Comunal de la vereda Bocas del Ele, a quien solo se le conoce con el mote de 'El Tigre', comentó que a mediados la década del noventa se asentaron por lo menos 60 familias de colonos en los alrededores del río Ele y comenzaron a construir trochas de acceso y a trabajar la tierra, lo que significó para los indígenas un cerco más.
El último desplazamiento al que se vio forzada la comunidad ocurrió durante la cruenta guerra que libraron la guerrilla de las Farc y el Eln entre los años 2005 y 2010. Al comienzo de esa confrontación los Hitnu no quisieron moverse del territorio, quedando en medio del fuego cruzado; los efectos fueron funestos, se desintegraron las familias y algunas fueron víctimas de asesinatos y desapariciones.
"Los grupos entraban a las casas de los indígenas y dejaban objetos que explotaban. A mi tío Rafael Pérez lo mató una mina, él era un médico tradicional que curaba casi todas las enfermedades. Lo perdimos y ya no hay otra persona que haga eso", relató Montaño, significando con ello la dimensión de la pérdida de conocimiento ancestral que se deriva de una muerte como la de su pariente.
A ello se sumó que, tras el pacto que hubo entre las guerrillas, les tardó alrededor de dos años en volver a hacer el censo de las familias y restablecer sus autoridades. La zozobra ahora son las minas antipersonales sin desactivar que fueron instaladas en los dos resguardos y que afectan a sus pobladores, varios de los cuales han caído en ellas en los últimos años.
Mala convivencia por el uso tierra
Como ocurre en la mayoría de zonas rurales del departamento, en el corregimiento de Cañas Bravas la propiedad no está formalizada, ningún campesino tiene títulos sobre su propiedad y la documentación limítrofe de los resguardos es apenas una realidad en el papel. En terreno, no hay respeto por los límites de zonas de reserva natural, resguardo indígena o área protegida.
"Nosotros no los tratamos, son peligrosos, uno no puede pelear con ellos o lo cogen a flechazos. Se roban los alimentos, nos matan los marranos y viven borrachos", comentó un líder comunal de la vereda Bocas del Ele, quien aseguró que en repetidas ocasiones los indígenas han pasado por las fincas de los campesinos dañando los cultivos, rompiendo los vidrios y dejando desaseado el lugar.
Alirio, otro campesino de la vereda, aseguró que el problema radica en la diferencia que le ven al uso de la tierra: "para nosotros es para trabajarla y vivir de ella. Cuando empezamos a talar, sembrar y construir para los indígenas fue como haberles matado alguien".
Sin embargo, otra es la historia que cuentan los voceros de esta etnia. "Somos un pueblo que ha sido golpeado por la guerra, nos quitaron la tierra los guerreros, las empresas del petróleo y los campesinos. Un indígena sin tierra no es nada, no tiene como vivir, no tenemos las mismas costumbres que antes", afirmó Montaño.
Este líder Hitnu, que se desplazó hace años del resguardo San José de Lipa luego de un bombardeo del Ejército y la posterior confrontación terrestre con las guerrillas, se ha dedicado a defender los intereses de su comunidad y a buscar recursos, junto a organizaciones internacionales, para que la tribu no se extinga.
Con voz cortada y temblorosa, Montaño aseveró que su pueblo no es ni un pequeño rastro de lo que era antes, que no respiran el aire puro del Sarare y que la contaminación de los ríos Lipa y Ele han acabado con la flora y Fauna, de donde se alimentaban y de la cual vivían. Además, es consciente de los problemas que generado el sedentarismo: han caído en prácticas como el alcoholismo, circunstancia que los han llevado a tener problemas entre ellos mismo y con los campesinos.
El consumo excesivo de alcohol en los Hitnu viene desde mediados de la década del noventa, cuando comenzó la bonanza de la hoja de coca para uso ilícito. Por largos periodos de tiempo, los indígenas fueron contratados como recolectores de la hoja y como pago recibían la mitad del jornal de un campesino o bebidas alcohólicas como el vino de palma o la chica de plátano. "A los indígenas se les intentó acostumbrar a vivir como nosotros, pero como no entendían el idioma, era poca la comunicación, a veces solo nos comunicábamos por el truque", precisó Alirio, uno de los líderes campesinos.
Montaño es consciente de esa situación: "A través de la producción de coca aumentaron las bebidas alcohólicas, hay quienes han caído en el ilícito de fumar marihuana, a veces se toman también ese polvo de coca. A través de eso se han envenenado comunidades indígenas, niños , niñas y adultos".
El difícil acceso al territorio Hitnu es uno de los factores que ha limitado la presencia estatal. La ausencia es de tal magnitud que solo hasta este año, con motivo de las negociaciones entre el gobierno nacional y las Farc, el Alcalde de Arauca visitó el corregimiento de Cañas Bravas. Quienes acompañan a los nativos son algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, nacionales y extranjeras.
Medidas que nunca llegaron
A través de la Sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional les ordenó a todas las entidades del Estado activar los mecanismos necesarios para implementar medidas con enfoque diferencial con el fin de proteger a los grupos étnicos, haciendo énfasis en la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y afros, afectadas por el desplazamiento forzado.
No obstante, ante el fracaso de las políticas públicas para la reparación y atención inmediata de esas poblaciones, se expidieron los autos A004 de 2009 y 382 de 2010, de seguimiento a la sentencia, en los que se determinó que el Estado no había cumplido plenamente con sus obligaciones.
Los voceros de las comunidades indígenas de Arauca aseguraron que lo exigido por la Corte no se ha cumplido por negligencia y corrupción administrativa. "Si la plata que anualmente se gira para las siete comunidades indígenas se destinara a proyectos con enfoque diferencial, concertados con las diferentes autoridades indígenas, no tendríamos los problemas que tenemos ahora, como la desnutrición, el alcoholismo y la drogadicción y la falta de vivienda en algunos resguardos", afirmó Víctor Manuel Chivaraquiva, representante de la Asociación Tradicional de Autoridades Indígenas del departamento de Arauca (Ascatidar).
En esa misma perspectiva se pronunció Luz Marina Sierra, funcionaria del Departamento de Prosperidad Social (DPS), quien desde hace una década acompaña a las comunidades indígenas del departamento y en varias oportunidades ha estado presente en los resguardos Hitnu. Ella ha sido testigo de las condiciones en las que viven por el abandono estatal y la pérdida de costumbres.
"Para los más viejos de la comunidad, es decir los ancestros, es muy doloroso ver que los jóvenes no quieran cazar las iguanas y comérselas, que hayan cambiado el pancoger por lentejas, frijol o los enlatados que dejan los de la cooperación internacional", indicó Sierra.
El drama de los nativos quedó consignado en el Auto 382 de 2010: "… se quejaron porque no tenían alimentos ni formas de subsistencia, decían que la selva ya no da para comer y que les tocó ubicarse en la ribera del río, que los colonos no los quieren. Que las minas no les permiten moverse. Y cuando van a la ciudad de Arauca son maltratados, les toca quedarse en la calle como perros, porque la casa indígena está cerrada. Lo que indica que se encuentran en una verdadera situación de desatención y confinamiento".
Sierra estimó que la lucha a favor de los nativos es larga, entre otras razones porque las comunidades se vieron afectas psicológicamente por los embates de la guerra, el cambio de vida nómada a sedentario y los inicios de occidentalización de algunos de sus integrantes.
Para la funcionaria, antes que brindar ayudas económicas, hay que destinar un tiempo a entender la sociología y la sicología de la comunidad: "Si no se atiende primero la parte sicológica va a ser complejo hacerlos entender que tienen que ahorrar, lograr que cultiven solos en las huertas y que cuiden los árboles frutales".
Los pocos proyectos impulsados para beneficiar a esta comunidad se han perdido por falta de rigurosidad de la administración local. Ejemplo de ello fue el proyecto "Pueblos Indígenas", del que se esperaba fuera una intervención de más de 9 meses en territorio. Según cifras del DPS, se destinaron 1.300 millones de pesos en 2013 para invertir en las etnias del departamento de Arauca, no obstante, ese el presupuesto tuvo que ser reintegrado al presupuesto nacional dos años después porque no hubo contratación alguna por parte de la alcaldía.
Tal negligencia administrativa se ve reflejada en las cifras de los informes de diagnóstico epidemiológico y nutricional aplicados a los Hitnu y referenciados por la Corte Constitucional. "Un 71 por ciento de los niños están en riesgo o en situación de desnutrición y el 61 por ciento se encuentra en retraso de crecimiento con relación a la edad", asevera el estudio referenciado en el Auto 382 de 2010.
Ello se debe a que los alimentos que les otorgan no son los del consumo preferido de la comunidad. "Traen unas pepas que nosotros no comemos y no tienen proteína, a la sardina no estamos acostumbrados y produce diarrea, la sopa de tomate no causa tanto daño, pero eso no es alimento propio de nosotros. Pero por escases de alimentos, los preparamos para poder comer, casi no lo usamos. Mandan otras cosas enlatados, eso no lo comen. Lo vendemos a un precio muy bajo, mil, dos mil pesos", relató un indígena de la comunidad.
La principal fuente de proteína de los Hitnu provenía de una melaza extraída de una palma que proliferaba en la región, pero fue erradicada durante la bonanza cocalera; desde esa época, mediados de los años noventa, se empezaron a presentar los primeros índices de desnutrición en la comunidad.
"Desde que en el noventa les tumbaron la palma para sembrar la coca, se dañó la cadena alimenticia. Ahora quedaron los alimentos que ellos consideran tóxicos, los animales de caza son escasos y la comunidad está dividida entre quienes conservan el instinto nómada y quienes se han ido occidentalizando a un precio muy alto por el deterioro de la salud", reiteró Sierra.
Plan de vida, ¿el rescate?
Tanto el alcalde encargado de Arauca, Carlos Alberto Hurtado, como el gobernador del departamento, Ricardo Alvarado, coincidieron en señalar que la adopción de políticas públicas con los Hitnu ha fracasado por la falta de conocimiento del territorio y la aplicación incorrecta de planes productivos.
"Usted entenderá que no se le puede poner agua y alcantarillado porque al otro día están en otro lado; entonces ¿qué hicimos nosotros con los Hitnu? A través de la educación, darle pertenencia a ellos como territorio", explicó Alvarado, quien considera que no hay que cambiarle las costumbres a la comunidad, sino buscar que se apropien de nuevos saberes para que los introduzcan en las costumbres y así permanecer en el territorio.
Una de las figuras a las que Gobernación y Alcaldía apelaron para intervenir de una mejor manera es la renovación de los Planes de Vida, figura consagrada en la Constitución Política de 1991, bajo la cual cada comunidad nativa traza su plan de desarrollo.
"El peor problema para una sociedad es el asistencialismo de Estado, eso convierte a la gente a una condición de mendicidad que es mucho más peligrosa. Lo que nosotros buscamos con los pueblos indígenas es que ellos se vuelvan gestores de su propio desarrollo, pero debemos propiciarle y facilitarle eso", agregó Alvarado.
No obstante, la realidad de los Hitnu contrasta con lo consagrado en su Plan de Vida y en las exigencias proferidas por la Corte Constitucional: la ejecución de los proyectos productivos ha sido fallida por la falta de enfoque diferencial y la negligencia administrativa terminó por arruinar los pocos planes preparados en conjunto con la comunidad.
Lo cierto, por ahora, es que este año se graduarán como bachilleres cinco miembros de la comunidad, con quienes la administración espera adelantar un proceso de acercamiento con los Hitnu para fortalecer el desarrollo de planes conjuntos.
Se espera también que para 2017 el DPS vuelva a intervenir la comunidad bajo el programa IRACA, destinado a buscar el desarrollo de comunidades indígenas y afro, como ha ocurrido en ocasiones pasadas con las comunidades U`wa, Sikuani y Betoyes.
Por ahora, el anhelo de la comunidad es recuperar las tierras que ancestralmente han tenido y esperar que el Estado cumpla con las demandas de Corte. "Si recuperamos eso, vamos a permanecer más limpios, con mejores condiciones de vida y vamos a recorrer nuestro territorio. Tener la zona pesquera, el río, el caño. Toda esa riqueza es nuestra, nosotros podemos cantar, escuchar los animales y así volver a nacer", dijo, esperanzado, el líder Montaño.
[Fuente: Verdad Abierta, Bogotá, 16oct16]
Donaciones
Radio Nizkor
 | This document has been published on 18Oct16 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |