De toda consideración:
Por sexta vez en el curso de cuatro meses me permito llamar su atención, con profunda
consternación, sobre la situación que se vive en la región de Urabá.
Desde el mes de marzo hemos solicitado de manera apremiante a todas las autoridades detener
la violenta y criminal agresión de agentes directos e indirectos del Estado contra la martirizada
población de Urabá, que ha destruido numerosas vidas humanas y ha obligado a millares de
familias a desplazarse con el consiguiente deterioro de sus vidas, en sus aspectos económicos y
sociales, así como en su dimensión psíquica y moral.
Desde el mes de diciembre de 1996, una sucesión de bombardeos, incursiones armadas,
asesinatos -algunos de ellos perpetrados con los métodos más crueles que sea posible imaginar-,
desapariciones, saqueos y amenazas acompañadas de actos de terror que las hacen contundentes,
acciones todas realizadas por miembros de la fuerza pública en asociación indistinguible con
civiles armados pertenecientes a reconocidas y autoreivindicadas organizacionecriminales (Cfr.
revista Newsweek, june 2/97, pág.12-16), fueron produciendo éxodos masivos y un control
progresivo de territorios, tanto del Chocó como de Antioquia, donde la población ha ido
quedando como presa del terror.
Nuestras denuncias, a partir del mes de marzo del presente, solo han producido respuestas
formales de acuses de recibo por parte de diversas autoridades, o promesas que nunca se
concretan de que se ocupar n de los casos, o invitaciones a que se presenten denuncias formales
antes las instancias judiciales o disciplinarias del Estado. Entre tanto la avalancha de crímenes
continúa creciendo y un número cada vez mayor de poblaciones van quedando sometidas al
imperio del terror, mientras numerosas vidas humanas son destruidas.
Una larga y dolorosa experiencia nos ha ido demostrando que los procesos judiciales y
disciplinarios están atrapados en mecanismos que solo conducen a la impunidad.
Uno de los mecanismos más perversos que ha llevado a la deslegitimación de la justicia ha sido
el uso envilecido del testimonio humano, ya para someterlo a evaluaciones arbitrarias ajenas a
la lógica y a la ética; ya para convertirlo en mercancía que se intercambia por contraprestaciones;
ya para exponer despiadadamente al testigo a las retaliaciones de los acusados sin protección
alguna, para que la violencia vindicativa silencie contundentemente a quienes se atrevan a
denunciar.
Exigir, por lo tanto, que los hechos criminales sean denunciados por sus víctimas ante los
órganos judiciales o disciplinarios del Estado, ha llegado a ser hoy día el signo más claro de que
no se quiere hacer justicia. El mismo Se¤or Presidente de la República declaró hace pocos días
que uno de los procedimientos considerados como innovadores y "eficaces" en el ámbito de la
justicia, la llamada Política de Sometimiento a la Justicia, "es perversa e inmoral", pues "lleva
a que personas culpables negocien su culpabilidad con base en denuncias y confesiones y salgan
libres, mientras que personas inocentes que, precisamente, por no tener nada que negociar ni
confesar, terminan castigadas severamente" (El Tiempo, julio 12/97, pág. 9A). Sin embargo, han
sido los mismos gobiernos los encargados de envilecer el testimonio humano, mediante la
adopción de normas que consagran recompensas, negociaciones de penas, anonimato de jueces
y testigos etc., procedimientos todos que fueron haciendo del testimonio una mercancía y un
riesgo fatal.
Pero si bien es tan claro que el testimonio judicializado ya no es viable como instrumento apto
para conducir a la verdad y a la justicia, fiscales, jueces y procuradores se atrincheran cada día
m s en la política del solo testimonio, lo que los instala en la c¢moda posición de
"irresponsabilidad" y de "pasividad", toda vez que endosan a las victimas, a sus familiares o sus
allegados toda la carga de la prueba, para luego abandonarlos despiadadamente a las venganzas
fatales de los denunciados. Sabiendo, entonces, que quien denuncie pone en alto riesgo su vida,
con mucha mayor contundencia en las zonas de conflicto, el exigir la denuncia formal como
"condición" para investigar algo equivale a NO QUERER HACER JUSTICIA y optar muy
explícitamente por la impunidad, avalando así la multiplicación de los crímenes.
El caso de Urabá es patético: desde marzo hemos denunciado la existencia de un retén
paramilitar, ubicado a 4 minutos de la base militar del barrio Policarpa de Apartadó, donde se
saquean diariamente los medios de subsistencia de los campesinos desplazados que transitan
entre Apartadó y el corregimiento de San José, y donde han sido retenidos numerosos
campesinos para luego ser asesinados o desaparecidos. Allí no hace falta solicitar testimonios de
las víctimas. Los poderes judiciales y disciplinarios del Estado han completado ya 125 delitos
de omisión (si contamos solamente los días transcurridos desde nuestra primera denuncia del
hecho el 12 de marzo de 1997), ya que basta una simple inspección judicial para constatar el
hecho, o utilizar los vehículos ordinarios de transporte de los campesinos para poder observar
los saqueos de los mercados y la confrontación rutinaria de las cédulas con la listas de los que
"van a ser asesinados". Aún más, una delegación del Ministerio del Interior pudo observar un día
el retén en plena acción. Sin embargo, el representante de la Consejería Presidencial de Derechos
Humanos, como respuesta a nuestras denuncias, nos comunicó que la única oferta del Gobierno
a este respecto era que buscáramos testigos denunciantes entre las víctimas y que la Fiscalía les
ofrecería como "protección" la "reserva de identidad". ¨Ignorar acaso el funcionario de la
Consejería lo ocurrido con los testigos de Trujillo que confiaron en dicha "reserva de identidad"?
En la región de Urabá las instancias judiciales y disciplinarias del Estado no necesitan el recurso
al testimonio de las víctimas (que sólo serviría para arruinar además las vidas de los
sobrevivientes por la contundencia de las retaliaciones). Si no han hecho inspecciones judiciales
a las zonas de bombardeos militares; a los sitios de los retenes paramilitares; a las numerosísimas
zonas donde la fuerza pública se pasea en compañía de paramilitares, para comprobar realidades
de bulto, es porque NO QUIEREN HACER JUSTICIA y porque deciden apoyar, en la práctica,
la estrategia paramilitar del Estado. Y exigir que se presenten las víctimas o los familiares a
rendir testimonios, es algo que ya no puede ser juzgado sino con terribles sospechas.
Pero si bien las instancias del Gobierno y del Estado se han negado rotundamente a escuchar
nuestros clamores, no podemos dejar de clamar. Después de nuestra quinta denuncia (mayo 29
de 1997), en lugar de disminuir los crímenes, han aumentado escandalosamente. Nuestra
Comisión de Justicia y Paz ha tenido conocimiento de los que aquí consignamos, como
constancia histórica, acompañada de nuestra más enérgica condena moral:
1. Corregimiento de San José de Apartadó:
Junio 21: Es asesinado en el retén paramilitar el campesino ÁLVARO ENRIQUE SANTOS
BAQUERO, de 33 años. Se había desplazado pocos días antes de la vereda Caracolí, de San
José de Apartadó, hacia el barrio La Paz, de Apartadó. Su cadáver fue dejado en la carretera,
cerca del retén. Ni la Fiscalía ni la Policía quisieron hacer el levantamiento del cadáver.
Junio: en este mes fueron obligadas a desplazarse 30 personas que aún permanecían en las
veredas ALTO BONITO y LA RESBALOSA.
Junio 27: son saqueados en el retén paramilitar los mercados de los campesinos y es retenido el
señor REINALDO TUBERQUIA.
Julio 3: Son desalojadas por los paramilitares las veredas MIRAMAR y LA VICTORIA y sus
pobladores forzados a desplazarse.
Julio 4: A las 3.00 P.M. llegan dos helicópteros al caserío con uniformados, en una operación
de supuesto "relevo de tropa". La población identifica entre ellos a varios de los paramilitares
que amenazan sistemáticamente a los campesinos en el retén paramilitar situado a 4 minutos de
la base militar. Uno de los paramilitares que llegan es quien retuvo y le ató las manos a
FRANCISCO TABARQUINO, miembro del Consejo de la Comunidad de Paz de San José,
bajado del bus en el retén paramilitar el 17 de mayo y asesinado el mismo día.
2. Inspección de Riogrande (del municipio de Turbo, cerca de San José de Apartadó)
Junio 7: Son asesinadas en el sector de Los Mandarinos las jóvenes ALFA DELIA HIGUITA
TUBERQUIA, de 14 años y con tres meses de embarazo, y LUZ HELENA VALLE ORTIZ, de
17 años. Momentos antes los paramilitares habían retenido a un jornalero de 60 años a quien
conminaron a abandonar la región bajo amenazas de muerte. Luego, cuando subían hacia su casa
ubicada en la vereda de Arenas Altas, de San José de Apartadó, las dos jóvenes fueron bajadas
de las mulas en que se transportaban, amarradas y conducidas hacia una trocha fuera del camino.
Poco después se escucharon varias detonaciones y al día siguiente el Ejército llevó sus cadáveres
a la morgue del hospital de Turbo, reportándolas como "guerrilleras dadas de baja en combate".
Junio 17: Personal uniformado, al parecer de la Base militar del Ejército situada en Ríogrande,
a 5 minutos del escenario de los hechos, penetran en la vereda Los Mandarinos, de la Inspección
de Ríogrande, llegan a la casa de la Señora GILMA ROSA DUARTE, de 29 años, la ahorcan con
una cadena en presencia de sus 5 hijos menores (entre 11 y 4 años), le queman su casita y arrasan
los cultivos. Su esposo llega dos días después y encuentra todo desolado, viéndose obligado a
abandonar la región. El mismo día, los mismos uniformados asesinan a machetazos a los
ancianos JUAN CAÑAS (de 80 años) y su esposa CLARA (de 70 años), quienes son degollados.
Eran vecinos de la Señora Gilma Rosa Duarte.
3. Municipio de Dabeiba (Antioquia) :
Mayo 12-18: En esta semana se realiza una tercera incursión de paramilitares al municipio. Se
hospedan inicialmente en la residencia "El Paso del Sol", en la plaza principal, muy cerca del
comando de la Policía con cuyos miembros se les ve dialogando frecuentemente. Luego se
instalan en una casa ubicada en la carrera "Murillo Toro", distinguida con el No. 8-80, a una
cuadra del comando policial. Usan prendas militares y se movilizan en una moto que era
propiedad del señor ALIRIO AVENDAÑO, a quien asesinaron, y en un campero Nissan gris,
propiedad del señor ENRIQUE BORJA, a quien también asesinaron luego de torturarlo. Dichos
vehículos son parqueados frecuentemente frente a la base militar y otras veces en el parqueadero
del señor Raúl Valderrama. Esta vez anunciaron que no asesinarían a nadie dentro del caso
urbano sino que los conducirían a las afueras del mismo para matarlos. Para el efecto instalaron
retenes en las vías que conducen a los corregimientos de Urama y Camparrusia y a las entradas
del IDEM y de la hacienda San Antonio, sitios todos distantes cerca de 5 minutos desde el casco
urbano.
Mayo 15: asesinan en el sitio "Puente Blanco" al se¤or ARÍSTIDES TORRES, vendedor de
helados.
Mayo 15: es bajado de un bus que se dirigía al barrio "Alfonso López" el obrero HERNANDO
RENGIFO. Su cadáver aparece el lunes siguiente en el sitio "Guayabito", en la vía hacia
Medellín.
Mayo 17: son asesinados en la vía al corregimiento de Urama el señor ALIRIO AVENDAÑO
y otra persona que lo acompañaba en la moto. Su moto es utilizada en adelante como medio de
transporte por los paramilitares.
Mayo 22: es asesinado, en el sitio "Guayabito", el señor MIGUEL AGUDELO, quien había sido
sacado violentamente de su casa la noche anterior.
Mayo 24: Dos campesinos son sacados violentamente de la taberna "Cactus". Uno de ellos
aparece asesinado al día siguiente en el sitio "El Túnel". El otro es llevado herido al hospital, de
donde es sacado nuevamente en la noche del 1 de junio, en presencia de médicos y familiares,
y asesinado en el sitio "El Pital".
Mayo 25: es sacado de su casa violentamente, a la 1.00 de la tarde, el señor JORGE LEÓN
GARCÍA DAVID, e introducido en un vehículo. El trata de resistir arrojándoles piedras, pero le
disparan. Tres policías observan la escena a pocos metros sin reaccionar. Pocos minutos después,
la víctima muere en el hospital, donde fue conducida por sus familiares.
Mayo 25: en el sitio "Alto Bonito", entre Mutat y Dabeiba, es bajado de un bus el señor PEDRO
NEL BORJA y asesinado allí mismo.
Mayo 27: a las 2.00 P.M. es asesinado el conductor HERNANDO LEÓN CORREA, en la vía
entre Uramita y Dabeiba.
Mayo 29: hacia las 7.30 A.M. es sacado violentamente de su casa en el caso urbano el señor
LUIS EDUARDO OSORIO FLOREZ y asesinado en el sitio "El Túnel. A las 9.00 A.M. es
sacado también el señor GUSTAVO TABORDA VÁSQUEZ y asesinado en el sitio "La Peña
del Diablo", en un retén paramilitar, en presencia de numerosos testigos.
Junio 1: es sacado violentamente de la plaza de mercado el menor de edad LUIS EDUARDO
CARVAJAL, quien sostenía a su madre con su trabajo de ayudante en una carnicería. Su cadáver
fue llevado a la morgue a las 10.00 A.M.
Junio 2: en presencia de numerosos asistentes a una reunión convocada por los paramilitares en
el bario "Alfonso López", fue asesinado un señor apodado "CONDORITO". El mismo día fue
sacado violentamente de su casa el señor BERNARDO AGUIRRE y asesinado en el sitio "El
Túnel".
Junio 6: en el sitio "Puente Blanco" fue asesinado el conductor GABRIEL ANTONIO MUÑOZ
GUISAO, quien laboraba en la compañía "Stigma" e iba conduciendo un vehículo.
Junio 7: en el sitio "Peña del Diablo" es asesinado el campesino HERNANDO GALLO, cuando
se dirigía a su vereda "Cruces".
Junio 9: es asesinado en una casa del barrio "El Paso", del casco urbano, el señor JOSE ISIDRO
LONDOÑO.
Junio 11: es asesinado un campesino de nombre DANIEL (no hemos sabido el apellido), de la
vereda "Antadó".
Junio 14: en el sitio "Puente Blanco" es asesinado el se¤or EDILBERTO USUGA MANCO,
quien fue también sacado violentamente de su casa, en el casco urbano.
Junio 15: es bajado de su vehículo, en un retén paramilitar instalado en la entrada del IDEM, en
la vía al corregimiento de Camparrusia, el señor HERNÁN CORREA. Es introducido en otro
vehículo custodiado por uniformados y hacia las 4.00 P.M. es asesinado en la entrada de la finca
"Remolino".
Junio 15: la misma camioneta en que fue llevado el señor Hernán Correa para ser asesinado, es
vista más tarde atravesando la población con tres personas amarradas; se dirige hacia la vía que
conduce a Medellín y pocos minutos después se anuncia que "ha habido un enfrentamiento" y
el ejército despliega gran actividad. Poco después aparecen los cadáveres de las personas que
fueron vistas en la camioneta, con sus rostros destrozados y presentados como "guerrilleros
muertos en combate".
Junio 16: el señor EUCARIO ARENAS es asesinado en el sitio "Los Tanques".
Junio 17: en presencia de numerosos asistentes a una reunión convocada por los paramilitares
en la vereda "Cruces", son asesinados un conductor apodado "LA LIEBRE" y su ayudante JESÚS
BERRIO, hacia las 8.00 A.M.
Junio 20: a las 6.30 P.M. es asesinado frente a su residencia, en presencia de sus hijos menores
de edad, el señor ANTONIO MARÍA TORRES SÁNCHEZ. El mismo día es asesinado en el
barrio Obrero, el vendedor de chance JOSE TOBÍAS BARRANTES.
Junio 23: es asesinado e su residencia, ubicada junto a la salida de la carretera que conduce a
Medellín, el señor EFRAÍN DE JESÚS DURANGO ESPINAL. El mismo día, a las 5.00 P.M.
es asesinada una niña de nombre YURY, en el barrio obrero. Ese mismo día fue bajada de un bus
que se dirigía al municipio de Uramita, una joven de apellido PULGARIN, residente en la vereda
"Balsita", del corregimiento de Urama, y hallada luego asesinada en la vía que conduce a
Medellín.
Julio 4: es sacado de un establecimiento público del caso urbano el señor CARLOS PINZÓN.
Su cadáver es hallado al día siguiente en el sitio "Guayabito", sobre la carretera hacia Medellín.
Julio 6: es sacado de la plaza de mercado en medio de golpizas un señor de nombre FREDY. Su
cadáver fue llevado ese mismo día a la morgue con varios impactos de bala.
Julio 6: en el puente de Urama es hallado el cadáver de un conductor de nombre RODRIGO,
quien transportaba productos agrícolas desde la vereda "Cruces" al casco urbano. En el mismo
lugar son hallados otros dos cadáveres imposibles de identificar a causa de las desfiguraciones
causadas por las torturas.
Julio 7: en un retén paramilitar instalado en la salida hacia Frontino, es bajado de su vehículo el
transportador HERMES USUGA, quien llevaba productos agrícolas de Dabeiba a Medellín.
Julio 8: a la 1.00 de la madrugada es sacado violentamente de su casa, en el casco urbano, el
señor HERNANDO USUGA (padre del anterior) y asesinado sobre la carretera que conduce de
Dabeiba a Turbo.
Julio 9: en horas de la mañana llegan los paramilitares a la finca del señor EFRAÍN GUISAO,
en el sitio "José Dolores", de la vereda "Chimido"; le ordenan reunir sus 30 reses y luego lo
asesinan. Cuando uno de sus hijos allí presente, JOHN FREDY GUISAO, intentó correr
aterrorizado, fue también asesinado. El ganado de Don Efraín fue conducido luego a la finca "San
Antonio", donde al parecer permanece.
Julio 11: en la madrugada entran a la casa de la señora ELENA SEPÚLVEDA y le dan muerte.
Julio 12: en la vereda "Tacido", sobre la vía al mar, es asesinado el señor LUIS EDUARDO OSORIO. El mismo día, en las horas de la tarde, es bajado de un vehículo en el cual se dirigía desde Dabeiba al corregimiento de Urama, el señor ANÍBAL SUÁREZ.
Julio 13: es asesinado el señor MARIO GONZÁLEZ, cerca de Uramita hacia donde se dirigía.
El mismo día, en el corregimiento de Urama, es asesinado JOHN JAIRO GUERRA OQUENDO.
El contexto de todos estos crímenes perpetrados en Dabeiba (45 ejecuciones extrajudiciales,
teniendo en cuenta solo aquellas que nos han sido comunicadas y correspondientes solamente a
la TERCERA INCURSIÓN PARAMILITAR, entre el 12 de mayo y el 17 de julio, aún no
concluída) es un amedrentamiento general de la población, forzándola a desplazarse de la zona.
4. Zona del Medio Atrato (municipios de Vigía del Fuerte [Antioquia] y Bojay [Chocó].
En nuestra pasada denuncia (mayo 29) habíamos registrado la toma paramilitar de esta zona
desde el 22 de mayo, con la aquiescencia de la fuerza pública allí acantonada, así como el
asesinato del señor Euclides Cuesta, en Tadía; la desaparición de los señores Samuel Correa y
Eligio González, y el desplazamiento de cerca de 20 personas en Vigía del Fuerte, así como los
retenes paramilitares instalados en Bojay y Bellavista.
Otros crímenes atroces han llegado a nuestro conocimiento en los últimos días:
Mayo 23: en la noche es sacado de un establecimiento público por los paramilitares el señor
SAMUEL RENGIFO MOSQUERA, en Vigía del Fuerte, y desaparecido. Se rumorea que fue
asesinado y arrojado al río.
El mismo día es retenido por los paramilitares en Murrí-La Loma, en jurisdicción de Vigía, el
profesor FRANCISCO ROMAÑA y desaparecido.
Mayo 26: es retenido y desaparecido un joven de Tadía, quien subía en un bote por el río, y fue
atado y subido a una panga de los paramilitares junto al retén instalado en Bocas de Bojay .
Mayo 26: es convocada una reunión de seguridad en Bellavista. El Comandante de la Policía
expresa su preocupación por posibles investigaciones de organismos de derechos humanos, ya
que los paramilitares son grupos al margen de la ley. Lamentablemente lo que le preocupa no son
los asesinatos y desapariciones sino "la eventuales investigaciones de organismos de derechos
humanos".
Mayo 26: Los paramilitares reúnen al Cabildo Mayor Indígena de Bojay y los obligan a
abandonar la sede y la población por un tiempo de dos meses.
Mayo 27: el comandante paramilitar que dirige la incursión en la zona y se hace llamar "LOBO",
amenaza al personero municipal de Vigía del Fuerte, quien se ve obligado a abandonar la región.
Mayo 29: es amenazado por los paramilitares y obligado a huir el Secretario del Juzgado de
Bellavista.
Junio 1: el motorista del hospital de Vigía, DAVID OSORNO VALENCIA, de 27 años, cuando
regresaba de Bojay de conseguir plátanos, fue retenido por paramilitares que se movilizaban en
una panga por el río, y asesinado de varios disparos.
Junio 2: entre 30 y 40 paramilitares se toman la población de Puerto Conto.
Junio 8: llegan los militares a la Inspección "Corazón de Jesús" (del municipio de Bojay) y
retienen al señor CARMELO BEYTAR (desplazado de Salaquí, Riosucio), quien trabajaba como
ayudante de un aserrador de nombre Pedro; fue llevado por el río y asesinado; su cuerpo fue
sepultado en la finca del señor Félix Guardia, que se ha convertido como en cementerio de los
paramilitares. También el aserrador PEDRO fue visto amarrado por los paramilitares y
actualmente se desconoce su paradero.
Junio 14: fue asesinado por los paramilitares en La Loma de Bojay, el señor FABIO
PALOMEQUE. Se dijo que lo mataron por "haber dado informaciones falsas" a los paramilitares.
Junio 15: es retenido en Vigía del Fuerte el joven WILMER MENA MENA. Cuando su familia
averigua por su paradero niegan su retención. Se ignora su paradero.
Junio 15: a las 2.00 P.M. los paramilitares se dirigen por el río a Bellavista y llevan en su panga
a un joven de Napipí. Al llegar a Bellavista el joven se escapa tirándose al agua. Los
paramilitares lo buscan afanosamente en todas las casas. Más tarde lo descubren a la orilla del
río y lo asesinan en presencia de todo el pueblo enterrándole un cuchillo en el cuello y cortándole
un brazo. Luego tomaron el cadáver, lo subieron a la panga y se dirigieron Atrato arriba.
Julio 1: Un señor de nombre JOSE, de Playa de Murrí, fue retenido por los paramilitares frente
a la Estación de Policía de Vigía del Fuerte y llevado al río Bojay donde se cree que fue
asesinado. Ya antes los paramilitares lo habían conminado a abandonar la región, pero él no
consideró eso justo.
Julio 1: Los paramilitares llegan al cementerio de La Playa de Murrí y piden palas para enterrar
a un señor de Napipí (N.N.) que había sido ejecutado en Bellavista. El mismo día llevaron a otro
señor (N.N.) al cementerio de La Loma de Murrí, lo torturaron en presencia de un poblador a
quien obligaron a asistir al espectáculo para que escarmentase, y luego lo ejecutaron. En el
mismo sitio, un campesino de nombre DOMINGO, fue retenido y golpeado por los paramilitares,
quienes lo acusaron falsamente de prestar su motor a la guerrilla.
Julio 5: los paramilitares entregaron el cadáver de una de sus víctimas, JOSE DOLORES N.N.,
en Vigía del Fuerte, ante los ruegos de uno de sus hijos que era miembro de la Policía. El cadáver
mostraba huellas de tortura y estaba en avanzado proceso de descomposición.
Se anuncian próximos bombardeos, arrasamientos y quemas de los caseríos de Mesopotamia,
Bocas de Opogadó y Guamal. Todo esto mantiene a las poblaciones de la zona bajo el terror.
5. Corregimiento de Pavarandó (municipio de Mutat, Antioquia):
En este corregimiento se encuentran desde el 28 de marzo 4.500 personas desplazadas del Chocó,
zona del Bajo Atrato, luego de bombardeos, saqueos, desapariciones y asesinatos perpetrados por
el accionar conjunto de la fuerza pública y grupos paramilitares.
Los caseríos cercanos a Pavarandó han venido siendo blanco de incursiones paramilitares que
es difícil no interpretar también como hostigamiento contra los desplazados.
Mayo 27: unos 40 hombres armados, con prendas militares, llegaron a la vereda Llano Rico a las
6.00 P.M., reunieron a los pobladores, solicitaron documentos de identidad y seleccionaron a 3
personas, quienes fueron asesinadas: FIDEL SUESCUN, JOSE PITALUA y un joven apodado
"PERICO". Luego exigieron al propietario de un campero llevar los cadáveres hasta Mutat y
ellos se quedaron patrullando el pueblo toda la noche.
Mayo 28: en el mismo corregimiento de Llano Rico los paramilitares sacaron de su casa al
campesino EDILBERTO JIMÉNEZ, lo llevaron a un kiosco en el parque central, le cortaron el
pelo al estilo militar, lo amararon y lo pasearon así por el pueblo y luego, junto a la casa de sus
padres, lo asesinaron. Al retirarse del poblado anunciaron que luego irían a Pavarandó (donde
se encuentran los 4.500 desplazados) "a matar guerrilleros". El poblado de Llano Rico fue
entonces abandonado por sus pobladores.
Mayo 29: los paramilitares se dirigieron luego a las veredas La Secreta y Malvinas, de
Pavarandó. En total asesinaron a 10 personas cuyos nombres no ha sido posible registrar en su
totalidad, entre ellos un Pastor de la Iglesia Pentecostal, quien fue decapitado, y una señora,
propietaria de un restaurante.
La población de la zona asegura que ha visto patrullar conjuntamente el rea de la masacre a
miembros del Ejército con los paramilitares. Hay particular temor frente a un Capitán del Ejército
de apellido Londoño, destacado por la institución para "cuidar" a los desplazados de Pavarandó,
a quien han visto repetidas veces en compañía de los paramilitares.
Todas las palabras se quedan cortas para calificar tan criminal estrategia estatal. Aunque nunca
hemos sido escuchados, volvemos a clamar a todas las autoridades: EN NOMBRE DE DIOS,
EN NOMBRE DE LA HUMANIDAD, DETENGAN TAN CRIMINAL GENOCIDIO.
Con profundo estremecimiento y dolor,
Javier Giraldo M., s.j. Secretario Ejecutivo de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz
Editado electrónicamente en Madrid a 29 de julio de 1997 por el Equipo Nizkor.
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