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15sep15
Defender a la jurisdicción indígena y a Feliciano Valencia y no permitir el desmonte de la Constitución Política de Colombia
Comunicado a la Opinión Pública Nacional e Internacional
La Consejería Mayor del CRIC informa y denuncia ante las autoridades indígenas del Cauca y de Colombia, así como a los hermanos indígenas del mundo y a las organizaciones sociales, y sectores democráticos y comunidad internacional, la detención realizada en el día de hoy de Feliciano Valencia, autoridad de su resguardo en varios periodos, Consejero de nuestra organización periodo 2007- 2009, y persona activa en nuestro proceso.
Feliciano Valencia fue detenido el día de hoy martes 15 de septiembre de 2015, cuando regresaba a Santander de Quilichao luego de una sesión del programa de educación en Popayán. Se pudo establecer que se trata de una orden de captura del Tribunal Superior de Popayán tras revocar el fallo de primera instancia que había declarado a Feliciano inocente respecto a acusaciones por hechos sucedidos en la María Piendamó en el año 2008, en desarrollo de la Minga Indígena y Popular. No se conocen los pormenores del fallo, pues no se ha celebrado a la fecha la audiencia de lectura del mismo, pero causa desconcierto que se modifique una sentencia de primera instancia tan clara y contundente.
El caso por el que se imputaron cargos a Feliciano Valencia es, en sí mismo, una violación del derecho constitucional a la jurisdicción especial indígena ya que, haciendo caso omiso a su existencia, se tipificaron acciones sustanciales a la puesta en práctica de la misma (detención, investigación, juzgamiento, aplicación de remedio) como acciones delincuenciales. Sería un contrasentido que la Constitución haya dado unas funciones a las autoridades indígenas para que luego, en el momento en que se ejerzan, sea considerado ello un delito.
La jurisdicción especial indígena forma parte constitutiva del Estado Social de Derecho, Multiétnico y Pluricultural. El juzgamiento de Feliciano Valencia por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de dicha jurisdicción, es un juzgamiento a todos los pueblos indígenas de Colombia; en este sentido consideramos que se ha constituido un golpe de Estado contra nuestros derechos constitucionales y que se ha revocado el Tratado de Paz que la Carta Magna del 91 representó en nuestra historia, particularmente para los pueblos indígenas.
La Constitución también garantizó el derecho a la protesta social la cual hoy se encuentra seriamente amenazada por su judicialización y criminalización como en el caso del Congreso de los pueblos, la marcha patriótica y el movimiento indígena como en este caso específico de las grandes movilizaciones que realizamos en el año de 2008, y las que hemos venido realizando a lo largo de esta década.
Las comunidades indígenas del Cauca nos declaramos en Asamblea Permanente y llamamos al movimiento indígena y social para que estemos listos a defender nuestros derechos y para que no permitamos que, en cambio de avanzar hacia la paz, se avance en una guerra contra las organizaciones sociales y se acabe con el poco Estado social de derecho que va quedando en el país.
Popayán, Septiembre 15 de 2015.
Consejería Mayor
Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC
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