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11jul17
A respetar la vida de los exguerrilleros de las Farc
Cuatro excombatientes y ocho familiares de quienes hicieron parte de esta guerrilla han sido asesinados, entre abril y julio de 2017. En Colombia abundan los ejemplos históricos en los cuales los intentos de paz se frustraron por la violencia contra quienes dejaron las armas. No sólo está en juego el fin de la guerra.
"En Colombia se decía que al que entregaban las armas lo mataban", cuenta Antonio Navarro, senador y exintegrante del M-19. Esa idea cobra importancia en el momento histórico actual. Este 10 de julio el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad una segunda misión de paz en Colombia para verificar la reincorporación a la vida civil de los excombatientes de las Farc y para seguir la implementación de medidas de seguridad para ellos.
La preocupación no es infundada. El pasado 27 de junio, con presencia de Naciones Unidas, las Farc dejaron las armas. Sin embargo, Rodrigo Londoño, el excomandante de esa organización, alertó sobre el riesgo que corren las vidas de los exguerrilleros: "La muerte aleve alcanza ya a guerrilleros y milicianos indultados o amnistiados y son varios los casos en que familiares de estos han sido asesinados", dijo. Se refería a los asesinatos de cuatro excombatientes y ocho familiares.
La historia colombiana tiene varios ejemplos de persecución contra personas que renunciaron al uso de las armas para el ejercicio político: al guerrillero de los Llanos Guadalupe Salcedo lo asesinaron el 6 de junio de 1957 después de haber entregado las armas junto con sus hombres.
No muy lejos, en 1958, el gobierno de Alberto Lleras creó el Plan de Rehabilitación por medio del cual, en 1959, había 6.700 hombres trabajando en 110 frentes. Uno de esos trabajadores era Manuel Marulanda Vélez, quien en 1964 fundaría las Farc. Él, que había guardado su arma (el pacto con el gobierno no exigía dejación ni entrega), era el inspector de la construcción de la carretera entre Aleluyas y El Carmen. Varios jefes guerrilleros silenciaron sus armas por esos días para dedicarse a diversas labores en la vida civil. Pero la tranquilidad duró poco. El asesinato de 'Charro Negro', compañero de lucha de Marulanda, a manos de guerrilleros liberales enterró ese intento de paz. El 11 de enero de 1960 desempolvaron las armas y la guerra continuó.
Esos episodios siguen rondando como fantasmas en cada intento de paz en el país. En palabras de Álvaro Villarraga, exguerrillero desmovilizado del EPL, hoy director de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica: "En Colombia hay una gran desconfianza histórica heredada de los pactos de paz y las desmovilizaciones de los años 50 con las guerrillas liberales con el no respeto de la vida de los excombatientes".
El derramamiento de sangre de excombatientes siguió. Se recrudeció a tal punto que en los años 80 Colombia fue escenario de un genocidio. Tras una negociación entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc, el 28 de mayo de 1985, surgió el partido político Unión Patriótica (UP). En las elecciones de 1986 el éxito electoral de esa colectividad fue contundente: siete congresistas, trece diputados, once alcaldes y 69 concejales. Entre las personas que fueron electas por la UP se encontraba Luciano Marín, también conocido como "Iván Márquez", quien fue electo concejal y luego representante a la Cámara por Caquetá.
Mientras la UP obtenía esos éxitos electorales se orquestaba un plan para exterminarla. Agentes estatales, paramilitares y narcotraficantes perpetraron un plan llamado "El baile rojo". El primer asesinato se dio en Barrancabermeja, el senador Leonardo Posada murió tras recibir varios impactos de bala. Unos 4.000 integrantes de la UP fueron víctimas de esa violencia sistemática. "Los tiros que dispararon los sicarios fueron todos certeros", cuenta Imelda Daza, quien hizo parte de la colectividad y se tuvo que exiliar en Suecia para no correr la misma suerte de sus compañeros.
Ese genocidio empujó a muchos hacia la lucha armada. "Nutrió a la guerrilla", sentencia Daza. Por ejemplo, Ricardo Palmera, conocido también como "Simón Trinidad", dejó todo para unirse a las Farc. El mismo camino que emprendieron Luciano Marín y Luis Edgar Devia, alias "Raul Reyes". Daza, que nunca compartió la lucha armada, se quedó en la vida civil pero afirma con dolor sobre el exterminio de la UP que "al país se le cercenó una generación de intelectuales comprometidos con la democracia".
En la década de los 80 fueron asesinados 70 excombatientes amnistiados. La guerra se recrudeció. Unos 2.600 integrantes del EPL dejaron las armas el 1 de marzo de 1991. La organización creó el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad. Sin embargo, un año después algunos ya habían decidido rearmarse: los caraballistas (una disidencia) y los Comandos Populares (grupos de personas que tomaban las armas para defenderse).
Si bien los procesos de paz de los 90 fueron exitosos, las tasas de reincidencia no superaron el 6%, en el caso de los integrantes del EPL que operaban en el Urabá antioqueño esa cifra alcanzó el 20%. Lo que quiere decir que de unos 600 desmovilizados 200 volvieron a las armas. Álvaro Villarraga, que fue integrante de esa guerrilla, enfatiza en que "el Estado fue el causante". Explica que los incumplimientos de los acuerdos de reincorporación devinieron en que muchos jóvenes andaran rondando por Urabá sin alternativas para rehacer sus vidas en la civilidad.
A eso se sumó la violencia del quinto frente de las Farc y de la disidencia rearmada contra los desmovilizados. Es así que entre 1991 y 1996 se perpetraron 18 masacres contra integrantes de Esperanza, Paz y Libertad. Además, se registraron 763 ataques contra excombatientes y 2.000 contra simpatizantes de esa colectividad. El 23 de enero de 1994 fueron asesinadas 35 personas y otras 17 quedaron heridas a manos de integrantes de las Farc. Por esos hechos, en una solemne ceremonia, los comandantes guerrilleros Iván Márquez y Pastor Alape pidieron perdón el 30 de septiembre del año pasado. Los familiares de los asesinados llevaban camisas estampadas con el mensaje: "Las víctimas perdonamos".
Entre 1989 y 2005, 847 excombatientes fueron asesinados o desaparecidos forzosamente según el estudio La reinserción en Colombia elaborado por Fundación Cultura Democrática.
¿Qué hacer para que no se repita?
Antonio Navarro fue la persona del M-19 que decidió que a Carlos Pizarro, máximo comandante de esa guerrilla asesinado el 26 de abril de 1990, lo iban a enterrar en paz, sin hacer desmanes. Unos días después la dirigencia de esa guerrilla se reunió y unánimemente acordaron que no iban a volver a las armas.
El asesinato de Pizarro dejó lecciones para que no se derrame más sangre de excombatientes. "El tema de las escoltas es vital", dice Navarro. Se refiere a que es imprescindible que los cuerpos de seguridad de los guerrilleros estén conformados tanto por agente del Estado como por desmovilizados. "Los miembros de las escoltas del protegido deben contar con el visto bueno del protegido", enfatiza.
Teniendo en cuenta esos antecedentes el Estado y las Farc acordaron que las escoltas para los excomandantes de esa guerrilla serán mixtas. Con ese fin, el 12 de junio de este año, 305 exguerrilleros empezaron a capacitarse en la academia de seguridad privada SWAT Bodyguards, ubicada en Facatativá (Cundinamarca). Los esquemas de seguridad serán coordinados por la Policía y estarán integrados por personal de la Unidad Nacional de Protección y excombatientes.
[Fuente: Por Nicolás Sánchez A., El Espectador, Bogotá, 11jul17]
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