 | Este documento ha sido publicado el 28may05 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |
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19may05
Los estudiantes detenidos de la Universidad de Antioquia y la irresponsabilidad mediática.
El pasado jueves 5 de mayo entre las 3 y 3:30 am, 15 estudiantes de la Universidad de Antioquia fueron detenidos en la operación "álgebra II" realizada en la ciudad de Medellín. La Fiscalía, en conjunto con los CEAT (Comandos Especiales Antiterrorismo) y en un exceso de excentricidad y de espectáculo, allanaron alrededor de 20 casas en busca de ellos; algunos fueron abordados en los alrededores de la universidad por agentes del CTI que se movilizaban en vehículos sin placa.
Los estudiantes aparecen sindicados por la Fiscalía como miembros del ELN y de las FARC y están siendo acusados de organizar los disturbios ocurridos el pasado 10 de febrero en la Universidad de Antioquia en el marco de la jornada nacional de protesta contra la firma del TLC entre Colombia y los EU y en los que, tras una explosión, resultaron heridos varios estudiantes que merodeaban las acciones, dos de las cuales lamentablemente morirían dos días después en el hospital.
La desinformación de los medios masivos de "información" incita los asesinatos selectivos
La exageración injustificada del operativo llegó a tal punto que la Policía Metropolitana presentaría a los estudiantes ante los medios masivos de "información" no como "presuntos" sino como miembros de las redes urbanas de organizaciones insurgentes, esto incluso sin haberse establecido tan siquiera los primeros pasos del proceso investigativo que debería dar la sentencia de su situación jurídica. Es así como, desde mucho antes de iniciar la investigación, los estudiantes ya aparecen ante sus familiares, amigos, conocidos y todos los colombianos que vieron los noticieros televisivos de RCN y Caracol, como "terroristas". Se les sindica de ser miembros del ELN y de las FARC: sin haber empezado ya se están entregando "resultados de investigación"; y lo que es peor: los están difundiendo de manera masiva, exponiéndolos al riesgo de que la justicia privada --la que no pregunta, ni comprueba-- pose su mirada sobre ellos una vez se compruebe su inocencia y queden en libertad. (Aclaración: a la fecha de hoy han sido encontrados inocentes y puestos en libertad cinco de los estudiantes detenidos).
La irresponsabilidad mediática
Este acto de irresponsabilidad y de claro atropello a la vida y honra de las personas, así como el hecho de exponerlas a ser víctimas del ajusticiamiento paramilitar, debe señalarse como malintencionado y sedicioso, ya que costumbres políticas y procesales como éstas, enseñadas a los funcionarios civiles y militares por el mismo Presidente de la República, les han costado la vida a no pocos activistas y miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos en Colombia, los que tras ser acusados como "auxiliadores de la guerrilla" o como "terroristas" han sido ejecutados por las fuerzas paramilitares y sus crímenes legitimados por los medios de información y por funcionarios de instituciones oficiales, incluyendo al Presidente mismo. Para botón de muestra tenemos el caso cercano de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, donde incluso un alto funcionario de la Fiscalía lograría indignarnos cuando le salía al paso a la masacre de dos familias enteras diciendo que simplemente eran colaboradores de la guerrilla; o como sucedería --ya en el escenario universitario-- con el catedrático y sociólogo magdalenense Alfredo Correa de Andreis, académico de larga trayectoria, ampliamente apreciado en los círculos universitarios y cívicos de la Costa Caribe, quien, tras ser acusado por la Fiscalía en junio del año pasado como "ideólogo de las Farc" y tras ser dejado en libertad después de ser probada su inocencia, fue asesinado por las fuerzas oscuras del ajusticiamiento en Colombia.
Sin embargo, lo que estaba detrás de las capturas, el cubrimiento en los medios y la actitud adoptada por las directivas de la U de A era la exigencia por parte del Gobierno Nacional a la rectoría y a las autoridades de la ciudad de Medellín de encontrar responsables de la muerte de las estudiantes y de las acciones del 10 de febrero, ya que el Presidente no podría permitir que en su propia universidad y departamento estos hechos quedasen "impunes". La orden ya estaba dada: la universidad y las autoridades de la ciudad estaban en la obligación de encontrar responsables para "mostrarle" a la opinión pública y a la comunidad universitaria que la seguridad democrática funciona y opera.
Los detenidos: "Chivos expiatorios"
Pero, ¿cómo darle más credibilidad a la sindicación de ser miembros del ELN y las FARC? Pues realizando la captura de los estudiantes el mismo día que el operativo desplegado para capturar a 18 presuntos miembros de la red urbana del frente Jacobo Arenas de las FARC-EP; ya que si se estaban sindicando a los estudiantes de pertenecer a estructuras urbanas de la insurgencia, esta acción a las estructuras urbanas de las FARC, el mismo día y por los mismos delitos, podría parecer como un mismo golpe a una misma organización: es decir una misma presentación en los medios y una misma inculpación: guerrilleros, "terroristas", homicidas, rebeldes, y además estudiantes, sí, estudiantes, porque uno de los argumentos dados por el comandante de la Policía de Medellín fue que "los capturados llevaban hasta 14 años en el Alma Máter, incluso hasta dos carreras han cursado en el claustro universitario", lo que da a entender que, para los organismos de inteligencia, el amor por el conocimiento, los deseos de superación y la simple necesidad de tener más de un título universitario para tener mayores posibilidades en el mundo laboral, ¡es sinónimo de "terrorismo"!
Recordemos que en más de una ocasión los estudiantes de la U de A han figurado como "guerrilleros" en los medios: Hace un par de años El Tiempo y Noticias RCN, en un reportaje que se difundió con el nombre de "El Icetex de las FARC", y en el más claro ejemplo de irresponsabilidad periodística, "informó" sobre cómo la insurgencia tenía en este claustro miembros suyos estudiando carreras como Sociología y las del área de la Salud. Esta noticia permitió a los miembros de las AUC tomar la decisión de declarar objetivo militar a los estudiantes del programa curricular de Sociología: las amenazas, persecuciones y hostigamientos a estudiantes de esta carrera aumentaron. Obviamente, en esa ocasión --al igual que ahora-- la noticia salió a luz pública sin el más mínimo soporte investigativo.
Los funcionarios esperaron la coyuntura precisa para el acto de aparición mediática de la fuerza pública, ya que al igual que el Presidente, es en los medios donde es efectiva y donde da resultados. Esta misma intencionalidad queda manifiesta cuando el comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, el general Rubén Carrillo, se atreve a decir en los medios y sin iniciarse siquiera la investigación de la Fiscalía --conociéndose de antemano a través del caso Guaitarilla lo amañada que está la Fiscalía misma con el Gobierno Nacional-- lo siguiente:
"Los capturados aprovecharon su condición de estudiantes no sólo para la organización de protestas, sino para acciones terroristas... no tienen un liderazgo orientado a la organización de aspectos estudiantiles, sino a la parte subversiva" (El Colombiano, sábado 7 de mayo de 2005. Pág. 6D).
La misión de encontrar responsables a los actos del 10 de febrero y la inquietud del Presidente de la República en persona por los hechos, así como su demanda de resultados inmediatos para mostrar la eficacia de su "seguridad democrática", se ha convertido en fábrica de chivos expiatorios, en Arauca, pasando por las comunas de Medellín, el Cauca y por su puesto la universidad pública, no sin el obligado despliegue mediático que hacen los funcionarios de la fuerzas oficiales cada vez que ofrecen resultados por prensa y televisión; ahora los militares se nos presentan como investigadores precoces con su aire de prejuicios e ideología castrense, siendo expertos publicistas estigmatizadores de la protesta social, o como en este caso, suplantando a la Fiscalía General de la Nación en su función investigativa.
¿Y qué nos quedará entonces?
Por lo pronto, será acompañar a los compañeros detenidos y sindicados, tanto en la vigilia por un debido proceso como, llegado el caso, acompañamiento en su próxima condición carcelaria; así mismo necesitamos que en todas las universidades del país, en cualquier lugar en el que tengamos organizaciones y amigos conocidos, conozcan el itinerario de los montajes procesales y penales y de la persecución al activismo, así como del "a como dé lugar" cuando de mostrar los resultados de la "seguridad democrática" se trata, resultados en los que no importa ni quién, ni cómo caiga, ni si es o no, sólo basta con que se sospeche, y califique en las cifras estadísticas y como componente de propaganda de candidatura presidencial de reelección.
Habrá que ir pensando en una jornada nacional de denuncia por estos y otros atropellos, y que se denuncie la persecución y la estigmatización a la protesta social por parte de los gobernantes y funcionarios de dentro y fuera de las universidades, así como de los medios masivos de comunicación, de la Policía y los militares, forjados y forjadores de la ideología del "enemigo interno".
Habrá que denunciar además las intenciones de la Fiscalía de encontrar culpables simplemente por señalamiento o sindicación. Rechazar el hecho de que se muestre por los medios masivos de información a aquellos de quienes se sospecha y a quienes no se les ha comprobado a través de un necesario proceso de investigación los delitos de los que se le acusa. Denunciar esto como un acto de irresponsabilidad malintencionada y sediciosa, ya que casos como los del profesor Andreis en la Costa, y otros, así lo demuestran.
Es necesario e inminente el hacer uso público de la denuncia, y propugnar por la articulación y coordinación de los diferentes medios alternativos de comunicación, con la intención de que todas las organizaciones estudiantiles, sindicales, políticas y sociales (nacionales y locales) se pronuncien al unísono contra las detenciones arbitrarias de estudiantes y se pueda combatir la masificación de los señalamientos y las sindicaciones con denuncias a nivel local, nacional e internacional, incluyendo también las agresiones recientes contra los sectores sociales, como el asesinato el 1 de mayo en Bogotá del adolescente de 15 años, Nicolás Neira, a manos del Esmad; la detención de 200 indígenas paeces sindicados de ser colaboradores de las FARC; los atropellos contra más de 100 estudiantes de los colegios públicos de Barrancabermeja; así como rechazar tajantemente las amenazas contra la vida de quienes desde la ética, la imparcialidad, la diferencia, la militancia y la oposición política construyen prensa alternativa.
Estudiantes Universidad de Antioquia
19 de mayo de 2005
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