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11sep09
El Departamento de Estado certifica a Colombia en materia de Derechos Humanos
"En todo este proceso seguiremos, tanto en Washington como en la embajada de Estados Unidos en Bogotá, participando y beneficiándonos de la experiencia individual de los grupos colombianos e internacionales dedicados a los derechos humanos, así como de la sociedad civil, en relación con la conducta de Colombia en materia de derechos humanos. Valoramos el compromiso de esos grupos con la constante mejora de la situación de los derechos humanos en Colombia y aplaudimos su frecuentemente peligrosa tarea", indican las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado publicadas el 11 de septiembre de 2009
A continuación una traducción de las declaraciones:
(comienza el texto)
DEPARTMENTO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS
Oficina del Portavoz
Para difusión inmediata
11 de septiembre de 2009DECLARACION DE IAN KELLY, PORTAVOZ
Determinación y Certificación del gobierno y las fuerzas armadas de Colombia con relación a la situación de los derechos humanos.
El 8 de septiembre de 2009 el Departamento de Estado determinó y certificó ante el Congreso que el gobierno y las Fuerzas Armadas de Colombia, están cumpliendo con los criterios estatutarios relacionados con los derechos humanos y los grupos paramilitares. Esta determinación y certificación, en cumplimiento de la Sección 7046(b) del la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras, y Programas Relacionados de 2009, autoriza a que se pague el balance completo de los fondos del año fiscal 2009 designados como ayuda para las fuerzas armadas colombianas.
No hay duda que deben hacerse mejoras en ciertas áreas; sin embargo el gobierno colombiano ha hecho esfuerzos importantes para incrementar la seguridad de su pueblo y para impulsar el respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, y por lo tanto ha cumplido con los criterios de certificación. Años de reformas y de capacitación están conduciendo a un mayor respeto y comprensión de los derechos humanos por la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas. Además en años recientes la Fiscalía General ha logrado avances importantes en la investigación y enjuiciamiento de los casos relacionados con derechos humanos. Por ejemplo en el transcurso del año pasado la Fiscalía General arrestó a varios generales acusados en casos de derechos humanos; acusó a cinco miembros del Batallón "La Popa", del ejército, por colusión con fuerzas paramilitares y por el homicidio de 20 civiles; sentenció a siete soldados en relación con el asesinato de un miembro de la Comunidad de Paz San José y acusó a otros diez en relación con la masacre de febrero de 2005, de ocho miembros de esa misma comunidad.
Aunque estos avances son positivos, Colombia sigue enfrentando varios desafíos inquietantes. Las revelaciones sobre las matanzas extrajudiciales son evidencia de que las reformas de largo alcance en las Fuerzas Armadas no se han arraigado completamente. Tanto las Fuerzas Armadas como la Fiscalía General actuaron con celeridad para tomar medidas luego de la revelación de los asesinatos cometidos en Soacha en 2008, despidiendo a 51 miembros de las Fuerzas Armadas y ordenando la investigación de 75 soldados. Sin embargo el caso Soacha no es un incidente aislado y las medidas adicionales requerirán el firme liderazgo de las Fuerzas Armadas para resolver y eliminar los abusos y mejorar la cooperación con la Fiscalía General para que los perpetradores rindan cuentas.
Las denuncias sobre las grabaciones ilegales internas y la vigilancia por parte del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) son inquietantes e inaceptables. La importancia que la Fiscalía General ha concedido al procesamiento de estos delitos es un paso positivo para Colombia, aunque los medios y las ONG dicen que esa actividad ilegal continúa, y es por ello que es aún más vital que el gobierno de Colombia tome medidas para asegurarse que ese no sea el caso, y que la Fiscalía General realice una investigación rigurosa, completa e independiente, a fin determinar la extensión de esos abusos y de procesar a todos los perpetradores responsables.
Estados Unidos sigue preocupado por las matanzas extrajudiciales y las denuncias en contra del DAS y seguirá impulsando mejoras en la situación de los derechos humanos en Colombia, y subrayando la importancia que le concedemos a este asunto. Estamos comprometidos a tomar una serie de medidas para favorecer la constante mejora en las Fuerzas Armadas del respeto a los derechos humanos; la mejora de la capacidad de investigación y procesamiento de la Fiscalía General, el fomento del diálogo constructivo entre el gobierno colombiano y los grupos de la sociedad civil; y la muestra de apoyo a la celeridad en independencia de las investigaciones sobre el escándalo en el DAS. En todo este proceso seguiremos, tanto en Washington como en la embajada de Estados Unidos en Bogotá, participando y beneficiándonos de la experiencia individual de los grupos colombianos e internacionales dedicados a los derechos humanos, así como de la sociedad civil, en relación con la conducta de Colombia en materia de derechos humanos. Valoramos el compromiso de esos grupos con la constante mejora de la situación de los derechos humanos en Colombia y aplaudimos su frecuentemente peligrosa tarea.
(termina el texto)
[Fuente: Departamento de Estado de Estados Unidos, Washington, 11sep09]
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