Este documento ha sido publicado el 22may02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights
EQUIPO NIZKOR |
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Diciembre de 2001
Desterrados.
Desplazamiento forzado en ColombiaPor Mabel González Bustelo de Médicos sin Fronteras.
Índice
2. Las causas. Introducción histórica
2.1. ¿Apátridas?
2.2. La presión del modelo neoliberal3. Intereses en juego
3.1. La cuestión agraria
3.2. Cambios en el modelo de propiedad4. Economía política de la guerra, pobreza y exclusión: algunos datos
6. El problema de las cifras
6.1. Los desacuerdos7. La respuesta estatal
7.1. Los principios
7.2. El registro
7.3. Las filtraciones
7.4. El sistema y sus limitaciones
7.4.1. Prevención
7.4.2. Protección durante el desplazamiento y en el lugar de llegada
7.4.3. Retorno o reasentamiento y recuperación
7.4.4. Presupuesto
7.4.5. Resumen de problemas9. La impunidad frente a las violaciones del DIH y los derechos humanos 10. La situación humanitaria
10.1. La alimentación: encuesta nutricional en Soacha
10.2. Salud
10.3. Aspectos psicosociales
10.4. Educación11. Otras respuestas
11.1. Organizaciones colombianas
11.2. Organizaciones de desplazados
11.3. El sistema de NN UU y organismos internacionales
11.4. Otros13. Relación de fuentes utilizadas
13.1. Fuentes primarias: entrevistas
13.2. Fuentes secundarias
13.2.1. Bibliografía
13.2.2. Seguimiento de medios de comunicación
13.2.3. Páginas web con actualizaciones periódicas
13.2.4. Organismos oficiales y actores armadosGlosario y siglas
14.1. Glosario
14.2. Siglas utilizadas
AGRADECIMIENTOS
El término "desterrados", que titula este informe, ha sido aplicado en ocasiones por Alfredo Molano a los desplazados de Colombia. Con su permiso se utiliza aquí y con mi agradecimiento a su generosidad. Dos de las acepciones que esta palabra tiene en el diccionario, "echar a alguien de un territorio o país", y "quitar la tierra", reflejan las verdaderas implicaciones del desplazamiento forzado. Ninguna otra palabra define de manera más exacta la dimensión de despojo y múltiples pérdidas que implica esta expulsión.
Quiero agradecer su paciencia y colaboración a todos los miembros de los equipos de MSF-E en Colombia, en especial al coordinador Armando Jaular. Sin las valiosas aportaciones y sugerencias de todos ellos, y sin el apoyo y tiempo que me prestaron, la realización de este trabajo no hubiera sido posible. Mi agradecimiento también a Orlando Vaca por sus lúcidos comentarios y a Posky por recordarme algunas realidades de este país.
Mabel González Bustelo
Asistente de Testimonio Operacional para Colombia
Santafé de Bogotá, septiembre de 2001
SUMARIO
En los ultimos quince anos, mas de 2 millones de personas han sido expulsadas de sus hogares y tierras en Colombia. Pero caracterizar este desplazamiento forzado como un efecto del conflicto armado o de "la violencia" es desconocer los intereses economicos y politicos que estan detras y que lo convierten en una estrategia economica, de homogeneizacion social y de ampliacion de la gran propiedad. La violencia es solo el instrumento de la expulsion, las verdaderas razones son mas profundas.
El desplazamiento suele estar asociado a masacres, amenazas y otras practicas violentas dirigidas a la poblacion civil y en el participan todos los actores armados, incluido el Estado. La motivacion de los responsables vana dependiendo de las regiones y de sus alianzas e intereses en cada una de ellas. Se generan desplazamientos para controlar areas estrategicas desde un punto de vista militar o politico (en regiones con fuerte implantacion de movimientos sociales o donde se pretende desarticular la base social del adversario), pero tambien por el control de la tierra y los recursos, y esto esta produciendo una violenta recomposicion de las estructuras de tenencia de la tierra. Hay desplazamientos ligados a la expansion de explotaciones de ganadena extensiva o de monocultivos agncolas para la exportacion (palma africana, banano); alii donde hay una perspectiva de megaproyectos (canal interoceanico Atrato-Truando) o de inversiones extranjeras que provocaran una valorizacion de las tierras; en zonas de extraccion de recursos naturales (oro en la Serrama de San Lucas) y energeticos (petroleo en los territorios U'wa, presas hidroelectricas en el Choco) y por el control de cultivos ilicitos.
Los campesinos son expulsados de sus tierras u obligados a venderlas a precios muy bajos. Solo en la ultima decada se abandonaron 1,7 millones de hectareas de tierras agncolas. Esta "contrarreforma agraria" esta ligada al modelo economico neoliberal que impone monocultivos agncolas para exportacion y apertura de fronteras a los productos y la inversion extranjera. En este marco se ligan la crisis socioeconomica del campo y el desplazamiento forzado.
La mayoría de los desplazados son campesinos pobres, minonas etnicas, mujeres y ninos, y proceden de las zonas de Colombia mas ricas en recursos pero donde hay mayores niveles de pobreza. Las cifras nunca son exactas por las caracteristicas de este desplazamiento: es un fenomeno silencioso, diario, cotidiano, que se produce de familia en familia y en sucesivos avances, retornos o estabilizaciones que pueden durar anos. Ademas los desplazados tratan de no declararse como tales, debido a la estigmatizacion que sufren y a que las amenazas a su seguridad pueden continuar en el lugar de llegada. A su llegada a los barrios periurbanos de las grandes ciudades, estas personas pasan a engrosar el contingente de los pobres y excluidos. Los servicios publicos, debiles o inexistentes en estas zonas, se colapsan, los niveles de desnutricion son alarmantes y el acceso al sistema de salud muy dificil o imposible.
El Estado colombiano no aborda el desplazamiento como una cuestion de derechos humanos sino que ofrece una respuesta restrictiva y asistencialista. El registro oficial da cuenta de una minima parte de los desplazados por la violencia, los unicos que acceden a la atencion de emergencia que por 3 meses establece la ley (la "certificacion" es requisite previo para acceder a la condicion de desplazado).Tampoco se plantea la reparacion de los derechos vulnerados ni la prevencion o proteccion. Aunque hay abundancia de leyes y normas, la politica presenta una importante descoordinacion institucional, retrasos burocraticos, falta de recursos y ausencia de formacion y sensibilizacion de muchos funcionarios, que mantienen una percepcion negativa sobre los desplazados. Muchos no se acercan a las instituciones por temor a filtraciones y porque ven al Estado como una parte mas del conflicto, lo que explica en parte el gran subregistro existente. Aun cuando se acerquen, el proceso puede tardar de uno o dos meses a anos.
Las leyes no se cumplen porque los recursos dependen en su inmensa mayona de la financiacion internacional pero tambien porque no hay voluntad politica para ponerlas en practica. El desplazamiento forzado, un crimen contra la humanidad segun las leyes internacionales y un fenomeno continuado en la historia de Colombia, no fue delito en aquel pais hasta el ano 2000. No hay nadie condenado por esta causa.
0. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El objetivo de este informe y de la investigación previa que dio lugar al mismo era realizar una aproximación a la cuestión del desplazamiento forzado en Colombia, tanto en sus causas y motivos como en su evolución histórica, características, la situación que afronta la población desplazada y las respuestas que desde distintos frentes (Estado colombiano, ONG colombianas y organizaciones de desplazados, organismos internacionales y ONG de distintos países) se ofrecen al mismo.
La investigación combinó la consulta de fuentes secundarias (bibliografía, documentos inéditos y seguimiento de medios de comunicación) con el trabajo de campo en las zonas del país donde MSF-E tiene proyectos en este momento. Éste incluyó conversaciones con desplazados y sus organizaciones, visitas a ONG de distinto ámbito y origen y a organismos internacionales, oficinas de la Red de Solidaridad Social en los niveles local y departamental, personeros, oficinas locales de la Defensoría del Pueblo, hospitales y clínicas privados y públicos y organismos de carácter nacional como la propia Red de Solidaridad Social y el Ministerio del Interior.
El resultado quiere ser una aproximación al desplazamiento forzado que lo liga con procesos históricos aún en marcha en Colombia, agudizados en las circunstancias actuales por el modelo neoliberal y la política económica que éste induce. En este marco, y como primera precisión, hay que aclarar que no se trata de desplazamiento "por la violencia" ni tampoco se debe al conflicto armado, o al menos no principalmente. La violencia es sólo el instrumento utilizado para inducirlo. El desplazamiento es utilizado como arma de guerra pero sobre todo es --y lo ha sido siempre en Colombia-- una herramienta de acumulación económica y de expansión de la gran propiedad. Sus razones entroncan con un modelo de profunda exclusión en la propiedad de la tierra, con la ausencia institucional en grandes zonas del territorio, con la explotación de los recursos naturales orientada a los mercados externos y con el uso de la violencia como herramienta para lograr recomposiciones sociodemográficas y económicas acordes con los requerimientos de las elites del país y el mercado mundial. La única diferencia entre el momento actual y el proceso histórico es la ampliación de los circuitos de acumulación de capital y la extensión de la geografía del conflicto, que "cierran" las salidas y dejan sin alternativas a los campesinos expulsados de sus tierras.
Para el análisis del desplazamiento forzado en Colombia no son válidos los modelos ni las categorías aplicables a otras experiencias contemporáneas como los Balcanes, Timor Oriental, África Central o Chechenia, ya que tiene características muy específicas y particulares como la continuidad histórica del proceso, el carácter multipolar del conflicto y las dinámicas bélicas, la heterogeneidad de los desplazados y la ausencia de identidades preexistentes entre ellos.
Los desplazados de Colombia no pertenecen a una etnia, nacionalidad, partido político, religión o colectividad ideológica específica. Es decir, no tienen ningún tipo de identidad preexistente. (1) El colectivo está compuesto por personas de todas las etnias, religiones, adscripciones políticas y clases sociales (aun cuando afecta mayoritariamente a los campesinos). Pero la razón del desplazamiento no es su pertenencia a un grupo sino que responde a motivaciones diferentes.
Las particularidades que presenta este desplazamiento masivo son, entre otras:
Es un proceso extensivo y continuo a lo largo del tiempo, donde se combinan desplazamientos individuales y familiares (la mayoría hasta ahora) con algunos éxodos masivos, y con procesos sucesivos de huida y retorno que suelen culminar con el abandono definitivo del lugar de origen.
Debido a la multiplicidad de los escenarios bélicos, actores involucrados, intereses y alianzas de los mismos, no es un fenómeno simultáneo en las regiones sino que presenta destiempos muy acusados.
Precisamente por el factor anterior, el desplazamiento es mayoritariamente interno y apenas ha rebasado las fronteras: normalmente, basta con salir de la región para salvar la vida sin tener que huir del país. Aunque el refugio en países limítrofes se ha incrementado en los últimos años, sigue siendo marginal en relación con el proceso que ocurre dentro de las fronteras.
Una característica del conflicto interno en Colombia es la multiplicidad de actores involucrados y la dispersión de la violencia. Es una guerra irregular de larga duración, multipolar y muy diferenciada regionalmente. Por parte estatal se trata de una guerra contrainsurgente de baja intensidad (recurso al uso limitado de la fuerza o amenaza de uso, para conseguir objetivos políticos pero sin la inclusión plena de recursos y voluntad que caracteriza a otras guerras, como las de supervivencia o conquista de territorios). En estas guerras, características ya en Centroamérica en los años ochenta o en Chiapas, la intensidad puede ser baja pero la duración puede ser muy larga y se combinan herramientas militares con otras de carácter económico, de información y propaganda, etc.
En Colombia existen, por otra parte, varios grupos guerrilleros que en ocasiones luchan entre sí, multiplicidad de grupos paramilitares (no sólo las AUC sino grupos regionales de distinto tipo, pequeños ejércitos privados, etc), y organismos estatales de seguridad que no sólo son Ejército y Policía sino cuerpos especializados diversos, con una diferenciada presencia regional y que a veces "compiten" entre ellos y manifiestan rivalidades. A esto hay que unir milicias y bandas urbanas, organizaciones de los cárteles de la droga, etc. Por ello la dinámica del conflicto armado es muy específica según las regiones y los tiempos, y aquellos que son aliados en un lugar o tiempo determinado pueden ser enemigos en otro, dependiendo de factores coyunturales.
Los distintos grupos paramilitares que han actuado en Colombia han justificado su existencia por la de las guerrillas, como forma de contenerlas o eliminarlas ante la incapacidad del Estado, y para ello han sido muchas veces financiados por terratenientes y sectores sociales poderosos, que veían en los grupos insurgentes una amenaza a su posición. Por su parte, éstos se justifican a sí mismos por la existencia de grandes masas de población excluidas y por la ausencia de justicia social. Cabría decir, por tanto, que la desigualdad en la distribución de los ingresos y la existencia de una oligarquía que controla todos los resortes del poder político y económico, y que ha recurrido históricamente a la violencia para mantenerlos, están en el origen de la violencia en este país.
Con respecto a las percepciones acerca del desplazamiento, durante muchos años (y aún hoy en gran medida) se ha venido percibiendo de dos formas: en primer lugar como una catástrofe natural, impredecible e imposible de prevenir. De esta concepción, del "desplazado-víctima", se derivan respuestas estatales asistencialistas que, al no poder --o querer-- abordar las causas, vienen a introducir un elemento de "legalización" o legitimación del desplazamiento. Al abordar los éxodos forzados como un fenómeno casi natural, se invisibilizan sus dimensiones políticas. Entrelazada con la anterior existe, y está muy extendida, la otra cara de la moneda: la figura del "desplazado-bandido". El desplazado habría llegado a esta situación como consecuencia de sus propias acciones, de su vinculación a actores armados u opciones políticas determinadas, y viene a ser en sí mismo una fuente potencial de conflictos y violencia y un factor de deterioro de las condiciones de vida en las zonas receptoras (ya que ejerce demandas imposibles de asumir). Desde esta perspectiva, de "algo habrá hecho", nadie se siente aludido por su suerte ni asume la responsabilidad sobre lo que sucede. (2)
Estas dos concepciones estereotipadas, muy extendidas en la opinión pública colombiana, están presentes también en la respuesta institucional. Antes de la Ley 387/1997 sobre desplazamiento forzado, que marca un punto de inflexión, el desplazamiento fue asimilado a los "desastres y calamidades" y puesto bajo la protección del Fondo Nacional de Calamidades. Aun cuando la ley cambió esa concepción, sigue teniendo un enfoque coyuntural y asistencialista y no prevé protección ni reparaciones para los afectados. Lo mismo puede decirse acerca de su inclusión en las áreas de actuación de la Red de Solidaridad Social, que se ocupa de los colectivos vulnerables y pobres en general: supone una invisibilización de las variables características que tiene este proceso.
El desplazamiento forzado no obedece únicamente a las acciones de actores armados al margen de la ley, sino que está ligado a los procesos de construcción nacional y es la base de la actual configuración sociodemográfica y económica de la sociedad colombiana. Se relaciona con la aplicación de un modelo económico que privilegia la industria, el comercio y la acumulación de capital en detrimento de la economía campesina, y que para su desarrollo requiere obras de infraestructura como vías, transportes y energía. Estas obras demandan mano de obra barata y dominio territorial, y producen una valorización diferente de los territorios y los recursos naturales: tierras que durante años habían sido utilizadas por el pequeño campesino, en zonas de colonización, ahora tienen otro valor derivado de proyectos de distinto tipo y el campesino debe abandonarlas o venderlas a precios muy bajos, presionado por la violencia. A su vez, se relaciona con un sistema político estructurado históricamente sobre la exclusión de las mayorías pobres de los ámbitos de decisión económica y política y de sus beneficios (aunque formalmente se trate de la democracia más antigua de América Latina), y se sustenta en una visión excluyente del "otro", típica en la historia de Colombia. (3)
2. LAS CAUSAS. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
"La mera voz 'desplazados' denuncia la tentativa de ocultar una de las historias más dramáticas y sangrientas de nuestro tiempo. La verdad es que la gente no se desplaza: la destierran, la expulsan, la obligan a huir y a esconderse. Otro manido recurso para escamotear el hecho es verlo como si se tratara del resultado de los enfrentamientos entre dos actores recientes de la violencia: guerrilla y paramilitares. Se olvida que la expulsión de pueblos y de ciudadanos es un antiguo recurso del sistema y que, al situar el origen del problema en los grupos armados ilegales, se exculpa al régimen y, en particular, a las Fuerzas Armadas, de toda responsabilidad". (4)
Este texto de Alfredo Molano revela las trampas del lenguaje y el discurso que se utiliza al abordar la cuestión del desplazamiento forzado de población en Colombia. No se puede analizar como una consecuencia o efecto colateral de las acciones de los actores armados; no es un "efecto" del conflicto sino un arma de guerra y una estrategia de acumulación económica. El desplazamiento es mayor en zonas ricas en recursos donde confluyen la violencia por la tierra y la violencia política, pero no lo causa la violencia: la violencia es el instrumento que se utiliza para lograrlo; las verdaderas causas son más profundas y están muchas veces ocultas. Por eso, para comprender sus implicaciones, es necesario analizar las racionalidades de poder que están detrás y los conflictos por el control de territorios y recursos. (5)
Normalmente se produce en varios contextos que pueden coexistir al mismo tiempo: violaciones de derechos humanos, dinámica del conflicto armado, conflictos sociales (como demandas o reivindicaciones de los trabajadores), recomposición de la propiedad, implementación de megaproyectos, lucha por (o contra) los cultivos ilícitos. Las causas no son sólo actores sino factores (sociales, económicos, políticos...) que están en la base de conflictos no resueltos históricamente. En este sentido el desplazamiento se liga con tensiones y contradicciones aún pendientes, por ejemplo:
Una gran migración urbana que no iba acompañada de un proceso de industrialización o desarrollo económico que pudiera absorber en el sector formal esa mano de obra.
La colonización campesina permanente, que no contó ni cuenta con regulación ni acompañamiento del Estado, de forma que la organización de la convivencia la determinan las personas y los grupos y no la presencia estatal (Colombia no tiene todavía una Ley de Ordenamiento Territorial pero, aun cuando existiera la ley, no tiene una cultura de ordenamiento territorial).
La ausencia institucional en amplias regiones del país y las estructuras semifeudales, en el orden regional y local, a través de las cuales se ejerce el poder real.
La proliferación y yuxtaposiciones entre actores armados, que han hecho de la violencia un factor funcional a sus intereses en la medida en que garantiza su supervivencia.
Este país ha tenido un proceso de construcción nacional ligado al desplazamiento, que ha determinado sus características sociodemográficas actuales. La ocupación del territorio se ha basado históricamente en la apropiación privada y la orientación a los mercados externos (se puede observar en los ciclos de las quinas, el añil, el tabaco, la ganadería, café, caucho, tagua, petróleo y finalmente cultivos ilícitos), que han actuado como impulsores de la ampliación de la frontera agrícola. El patrón histórico de tenencia de la tierra ha sido la gran propiedad personal o unifamiliar sustentada en la violencia y asentada en las tierras de mejor calidad. Al margen quedaban otros territorios que no ofrecían condiciones adecuadas para los patrones de producción dominantes, y se convertían en zonas de asentamiento de las poblaciones desplazadas desde el interior de las fronteras agrícolas.
Las guerras civiles del siglo XIX tenían un fuerte componente de expropiación del contrario y apropiación de mano de obra, mediante el reclutamiento forzado de los peones y aparceros de las haciendas y la apropiación de todos los bienes del adversario (peones y tierras) por el ganador.
Ya en los años cincuenta, con "La Violencia", los campesinos fueron expulsados de las mejores tierras y valles del país y empujados, bien hacia las ciudades, bien hacia la frontera agrícola y las zonas de colonización, sobre todo en el sur y en las selvas amazónicas.
Con el asesinato en 1948 del líder liberal populista Jorge Eliécer Gaitán, se desató un período violento de casi 20 años en el que murieron 300.000 civiles y más de dos millones de personas tuvieron que huir. (6) Aunque ya había antes de esa época levantamientos armados campesinos y otros fenómenos violentos en varias regiones, este período "barrió" con las características regionales y extendió la violencia a grandes áreas del país. En Valle, Tolima y Cauca, gran cantidad de tierras campesinas terminaron en manos de hacendados y empresarios. En Urabá, a mediados de los años cincuenta, cuando se abrió la carretera al mar y las tierras se valorizaron, los campesinos que habían abierto la selva y sembrado los primeros bananos fueron obligados a vender sus tierras a precios muy bajos o a abandonarlas. De 5.000 personas, sólo quince recibieron en esa época sus títulos de propiedad, el resto fue condenado a seguir internándose en la selva. (7)
Muchos campesinos fueron expulsados desde valles fértiles hacia zonas con suelos poco aptos para la agricultura y que se agotaban rápidamente. La ausencia institucional y la inexistencia de infraestructuras de transporte impedían la comercialización de los productos cultivados. Tras un corto período de tiempo se endeudaban y detrás llegaban los latifundistas a quedarse con las mejoras y las tierras, mientras ellos seguían avanzando. La expansión de la frontera agrícola siempre tuvo detrás la presión de la gran propiedad. Como asegura Alfredo Molano, "la colonización ha sido en Colombia una modalidad de ampliación del latifundio y por tanto un proceso de desplazamiento permanente de los colonos y de extinción paulatina de las selvas". (8)
Precisamente en las áreas de colonización, donde los reducidos ingresos, la falta de infraestructuras y mercados y la presión de la gran propiedad situaba a los campesinos en un estado de precariedad permanente, se daría el caldo de cultivo ideal para la proliferación de cultivos ilícitos, que garantizaban al menos una economía de subsistencia.
Además de la expansión de la gran propiedad, durante este período numerosas áreas pasaron a ser "repobladas" con liberales o conservadores según quién ganara en el terreno militar. Cerca de 300.000 títulos de propiedad cambiaron de manos en aquellos años.
En cuanto a la marcha a las ciudades, también fue entonces cuando se produjo la transformación de Colombia de sociedad rural en urbana, un cambio demográfico que se produjo a un ritmo mucho mayor que en otras sociedades, principalmente entre los años cincuenta y los setenta. Bogotá pasó de 715.220 habitantes en 1951 a 1,6 millones en 1964, según los datos oficiales. Actualmente el 73% de la población es urbana, pero hasta la década de los cuarenta la proporción era la contraria; es decir que, en cinco décadas, la relación demográfica dio un vuelco total. Este proceso no iba acompañado de una industrialización que pudiera justificar esa marcha a los centros urbanos, por lo que puede deducirse que estos cambios demográficos se forzaban mediante la violencia y tenían un propósito político.
En los años setenta se produce otra gran oleada de desplazamientos hacia zonas de colonización y ciudades. Las medidas económicas introducidas por el presidente Misael Pastrana (1970-1974), dirigidas a eliminar obstáculos a la inversión extranjera, hicieron caer los ingresos de los pequeños campesinos y provocaron una concentración de la gran propiedad y de la agricultura comercial. Se proletarizó al campesino, mientras otros muchos huyeron hacia zonas de colonización o hacia las ciudades. Por otro lado se aplicaron duras políticas contrainsurgentes y surgieron grupos paramilitares dirigidos a hacer frente a la creciente presencia de los grupos guerrilleros de izquierda (herederos de los grupos de autodefensa liberal creados durante "La Violencia"). En el Magdalena Medio, las actuaciones de los "masetos" --nombre derivado del grupo paramilitar Muerte a Secuestradores-- generaron un éxodo de campesinos hacia Barrancabermeja y el abandono de grandes extensiones de tierra.
La ausencia del Estado en grandes zonas de Colombia ha favorecido la expansión de la violencia, ya que en las regiones donde aquel prácticamente no tenía presencia, la violencia era la única vía de resolución de los conflictos. Esa ausencia propició también la creación de "para-Estados" en manos de otros actores que pasaban a imponer las normas de vida y convivencia. La economía del narcotráfico tuvo influencia en la expansión y complejidad de la violencia: en muchos lugares se reconfiguraron los poderes locales, en un proceso reforzado por la concentración de propiedad territorial en manos de los narcotraficantes. En 1997, según el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), estos propietarios poseían 4 millones de hectáreas, la mayoría tierras llanas y de la mejor calidad, dedicadas a la ganadería. (9) El poder político y económico de este sector agudiza la complejidad de la violencia, ya que se han producido diferentes y cambiantes alianzas: en zonas de conflicto donde se crearon narcolatifundios, los narcos crearon o apoyaron la expansión de grupos paramilitares para contener a la guerrilla (para lo que se asociaron con sectores de las FF AA); en otras zonas, el sistema tributario que la guerrilla impuso a estas actividades le sirvió para financiarse, mientras los narcos se beneficiaban de la presencia guerrillera para contener las acciones militares y policiales. Los actores tienen intereses y alianzas variables, dependiendo de la región y la dinámica del conflicto.
Lo que ocurre ahora sólo se diferencia, por tanto, del proceso histórico, en que la magnitud del fenómeno es mayor, se ha ampliado el número de regiones y actores implicados y, por tanto, quedan menos espacios y los circuitos de salida se cierran, debido también a la expansión de la geografía del conflicto. (10) Además las fronteras entre los grupos armados son más móviles, pueden golpear en zonas lejanas de sus teóricas bases y las zonas pueden pasar del control de un actor a otro: las comunidades no tienen ninguna garantía de estar a salvo del terror, porque cuando la zona cambie de manos, serán acusados de haber apoyado al bando que la deja.
Por eso, en muchos casos, la única opción de huida son los barrios de invasión de las ciudades, que garantizan el anonimato y una cierta seguridad (o al menos así lo creen las personas que llegan a ellos). En este marco el desplazado queda asimilado la pobreza urbana y pasa de ser un desplazado rural a ser un pobre más, lo que contribuye a invisibilizar el fenómeno y a que no se planteen o salgan a la luz sus causas reales.
Las dificultades socioeconómicas generan otros tipos de movilidad y migración que hacen la situación aún más compleja: en áreas urbanas se puede generar una migración espontánea de personas pobres que se trasladan de un barrio a otro con la expectativa de recibir más atención o mejores servicios; la creación de barrios de invasión puede estimular otras migraciones hacia la zona por vínculos de parentesco o comunitarios, o con la esperanza de acceder a una vivienda propia que no sería posible en otras zonas de la ciudad; la atención de emergencia que generan los desastres naturales (por ejemplo el terremoto en Armenia) puede dar lugar a la llegada de población pobre. Muchos desplazados por la violencia no quieren dar a conocer su identidad por motivos de seguridad, mientras personas no desplazadas por la violencia se presentan como tales para acceder a alguna ventaja o ayuda.
2.1. ¿Apátridas?
Algunos autores han comparado a los desplazados colombianos con los "apátridas" europeos del período de los totalitarismos y la II Guerra Mundial. Aquellos apátridas habían perdido la trama social (fueron arrancados de los puntos de referencia de su identidad personal); su expulsión no se originó por una oposición explícita al régimen sino por su nacimiento y pertenencia a "una mala categoría de raza o de clase"; y por último, eran despojados de todos los derechos y no existía para ellos ninguna ley. (11)
Los desplazados colombianos siguen siendo miembros de una comunidad política, pero en muchos aspectos se parecen a estos apátridas definidos por Arendt. Han sido privados de los vínculos sociales que tenían en su lugar de origen; en la mayoría de los casos la huida sólo está determinada por su lugar de residencia, no por haber tomado parte en las confrontaciones, por lo que difícilmente logran darle un sentido a lo que les ha sucedido; y, aunque teóricamente disfrutan de los derechos de todo ciudadano, en realidad no tienen medios para hacerlos valer. Con una diferencia, en este caso: la mayoría de los desplazados, y muchos de los colombianos, nunca han tenido acceso a una ciudadanía plena y total. "El desplazamiento no es, así, una simple coyuntura sino que es vivido como una condición social casi permanente". (12) Esto es especialmente cierto en aquellos que provienen de zonas de colonización más o menos reciente: en Colombia la relación con la comunidad nacional está mediada por la dependencia de redes particulares de poder, tradicionalmente (y también ahora) por los gamonales y, en general, por la presencia de cualquier grupo político que disponga de medios de fuerza, que es el que establecerá la forma de organización social ante la ausencia de un Estado real.
La ciudadanía implica un sentimiento de pertenecer a un grupo social concreto y de acceder a las garantías que ofrecen las instituciones. Sin embargo, todo esto es escaso en muchas regiones por la heterogeneidad de la población (llegada de diferentes lugares y en sucesivas oleadas) y las presiones que ejercen las redes políticas. La presencia del Estado raramente se deja notar y muchos de sus supuestos representantes (jueces, policías, alcaldes...) de hecho entran a formar parte de las redes de poder locales.
Los grupos armados han llegado, en muchos lugares, a llenar el vacío del Estado y cumplir las funciones que serían propias de él. Esta situación lleva a la población a una aceptación de la convivencia con el actor armado y de las normas por él impuestas. Estos actores también crean redes de poder, desde el manejo de la información a canales de abastecimiento, impuestos sobre la producción, etc. En este contexto, cuando otro actor llega a disputar el territorio y eventualmente logra el control sobre él, se da paso a las venganzas sobre la población que se considera "base social" del enemigo. Dentro de las comunidades, la necesidad de supervivencia y el acomodamiento al nuevo actor pueden generar desconfianza y actos de venganza, incluso al interior de las propias familias.
Como señalaba Alejandro Reyes, "individualmente el desplazamiento forzoso en Colombia es una catástrofe en la vida de varios centenares de miles de personas, socialmente es una dinámica caótica de redistribución de la población en el territorio y políticamente es un sistema de exclusión que busca la homogeneización de lealtades en espacios disputados por poderes rivales, en el contexto de una confrontación armada múltiple y regionalmente diferenciada". (13)
2.2. La presión del modelo neoliberal
Pero además de la presión tradicional --sustentada en la violencia-- de las elites políticas y económicas locales, han entrado en juego nuevos factores. Las elites mantienen ahora una alianza con las instituciones multilaterales de crédito y el capital financiero, que impone la ampliación de los circuitos de capital, privilegios al capital financiero, reforzamiento del sector primario de la economía pero orientado a los mercados externos (agroindustria), favorecer la inversión extranjera y las importaciones y fortalecimiento de la represión para ahogar la protesta social.
Los escenarios de "La Violencia" fueron también la base de la acumulación capitalista en la segunda mitad del siglo XX. El nuevo ascenso de la violencia corresponde a las nuevas zonas de expansión de los circuitos del capital y a las áreas que tienen macroproyectos de desarrollo, cultivos ilícitos y alta riqueza en biodiversidad y recursos naturales. Las dinámicas de expansión del modelo de desarrollo pretenden articular regiones periféricas con los principales centros del país y fortalecer las vías de comunicación con los mercados mundiales. En el Plan de Desarrollo de la administración Pastrana estaba prevista la construcción de ocho vías transversales y ocho troncales, además de vías transporte ferroviario, aéreo, fluvial y marítimo. El objetivo es garantizar el acceso de las multinacionales y los inversores privados a los recursos.
Colombia tiene más de 39 millones de hectáreas de bosques comerciales y maderables no intervenidos. El Gobierno está promoviendo la explotación del corredor forestal al sur del río Meta y estimulando la inversión nacional y extranjera. El proyecto fluvial Orinoco-Meta, financiado por los Gobiernos japonés y colombiano, contempla la construcción de canales, puertos y peajes y la concesión de su gestión a una empresa transnacional. Las comunidades indígenas sikuani, sálivas y achaguas, que ocupan desde tiempos ancestrales el eje del río Meta, denuncian que no han sido consultadas. (14)
Las comunidades afrocolombianas desplazadas de la cuenca del río Cacarica (en el Chocó) han denunciado la deforestación ilegal de sus territorios por la empresa YIRH, que opera junto con Maderas del Darién. Sus actividades no respetan las normas medioambientales debido a su influencia sobre la entidad encargada de otorgar las concesiones, y cuentan desde hace tiempo con la protección de los paramilitares. Aquí se encuentra el principal bosque de cativo del país. Pero la región del Chocó también aporta a la producción nacional el 70% de la materia prima para la industria de la pulpería, el 82% del platino, el 18% del oro, el 13,8% de la plata, y en su suelo hay yacimientos de bauxita, manganeso, estaño, cromo, níquel y petróleo. (15)
Sobre el Chocó ("la mejor esquina de América") confluyen proyectos hidroeléctricos, de puertos, canal interoceánico, oleoductos, carreteras y vías férreas. La valorización que tendrán estas tierras y su apertura comercial explica la guerra desatada contra las comunidades de la zona: las agroindustrias del Urabá antioqueño se expandirán hacia esta área; se iniciará la explotación petrolera y minera; se desarrollará un gran proyecto hidroeléctrico que permitirá la exportación de energía a Centroamérica y EE UU. Ya hay multinacionales francesas en la zona extrayendo material genético y plantas medicinales.
Otras multinacionales, las petroleras, están muy interesadas en asegurar su presencia en Colombia y un entorno "seguro" para sus actuaciones. El diario británico The Guardian denunció en 1997 el involucramiento de British Petroleum en la financiación del paramilitarismo. También es conocida la presión de Oxy en el Congreso de EE UU para que se ampliara el radio de acción del Plan Colombia, desde el Putumayo (donde estaba previsto inicialmente) hacia las áreas donde esta compañía tiene intereses. "La violencia hace parte de los negocios en Colombia". (16)
En este punto hay que señalar las motivaciones que guían a unos y otros actores armados en la utilización de la violencia y en su relación con determinadas actividades económicas, más allá de las razones de estrategia militar. Para los grupos guerrilleros, el control de los territorios significa ampliar su "base tributaria", pues gravan con "impuestos" las actividades económicas que se desarrollen en la zona, sean éstas llevadas a cabo por actores nacionales o por empresas extranjeras. Para los grupos paramilitares y las fuerzas armadas estatales, el objetivo es garantizar el desarrollo de esas actividades y eliminar posibles "molestias" para aquellos que las llevan a cabo. A cambio, aquellos que son protegidos pagan el tributo y financian a estos grupos.
3. INTERESES EN JUEGO
Los actores armados utilizan el desplazamiento en el marco de luchas por el control territorial de áreas estratégicas desde un punto de vista militar --control de corredores, zonas de tráfico de armas e intendencia o de tránsito de productos ilegales-- o político --destrucción de bases sociales, reales o potenciales, del adversario--. Por ejemplo, los paramilitares y el Estado lo utilizan en regiones con fuerte presencia de actores sociales y con tradición organizativa en sindicatos, organizaciones campesinas o indígenas, como el Cauca. Esto en ocasiones se acompaña de un repoblamiento dirigido. En el Cauca hay fuertes organizaciones indígenas, agrupadas en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que han luchado por la titulación colectiva de tierras y la creación de resguardos indígenas; en este momento hay 60 que suponen 120.000 hectáreas. Estas comunidades tienen una relación con la tierra que la liga a su cosmovisión y pretenden conservar sus costumbres, idioma y el territorio ligado a sus actividades tradicionales. En otras palabras, "resistirse al avance del modelo neoliberal y plantear que otro modelo es posible". (17) Todos los actores armados tienen los ojos puestos en este departamento, que por su orografía montañosa y su tradición organizativa y de lucha se considera estratégico para el desarrollo de la guerra.
Pero también genera desplazamientos la lucha por el control de la tierra y los recursos en zonas de acumulación económica. En este marco, y dependiendo de las regiones, se provocan desplazamientos ligados a la tierra y a la expansión de explotaciones de ganadería extensiva o de monocultivos agrícolas para la exportación (palma africana, industria bananera en Urabá); allí donde hay una perspectiva de megaproyectos (canal interoceánico Atrato-Truandó en el Chocó) o de inversiones extranjeras que provocarán una valorización de las tierras (proyectos viales, puertos, aeropuertos...); en zonas de extracción de recursos naturales (economía aurífera en la serranía de San Lucas) y energéticos (petróleo en territorios U'wa, proyectos de presas hidroeléctricas en territorios negros del Chocó) y por el control de los cultivos ilícitos. También juegan un papel las demostraciones de fuerza con fines estratégicos y políticos y las disputas por la recomposición política regional y el control de gobiernos regionales (que ahora tienen mayor poder a medida que se aplican los procesos de descentralización del Estado). (18)
Según un estudio de la Red de Solidaridad, los departamentos que producen el 84% de los desplazados de Colombia concentran, también, el 78% de las regalías petroleras. Estos departamentos presentan índices de pobreza muy superiores a la media nacional, a pesar de las regalías. En el caso del Magdalena Medio, una zona muy castigada por la violencia, por esta región circula casi la totalidad del petróleo para exportación, la mayoría de la energía eléctrica del sistema nacional y casi la mitad de la carga transportada en el territorio del país.
Asimismo, las migraciones forzadas se producen desde zonas donde las colectividades tienen bajo nivel de activismo político (medido en participación electoral) pero alto nivel de activismo social (marchas, protestas...), y lo contrario ocurre en los lugares que más reciben. Esto confirma la pérdida de capital social que implica el desplazamiento. (19)
En relación con los megaproyectos de desarrollo públicos o privados, especialmente los de infraestructuras energéticas y de comunicación, sólo el anuncio de su implantación produce impactos en la valorización de las tierras, que empiezan a ser objeto de disputa. Cuando las personas huyen, los propietarios locales o las compañías multinacionales (y diversas alianzas entre estos y otros actores) pueden apropiarse de las tierras o adquirirlas a costes muy bajos. Esto es más fácil en zonas de colonización donde no hay títulos de propiedad (el 80-85% de las tierras en el Putumayo no están tituladas) pero, incluso aunque existan, un campesino puede encontrarse con que su título de propiedad no es válido porque la tierra se ha re-titulado a favor de otro dueño. Además, y en el caso de las poblaciones que permanecen en esas zonas, se realiza una "limpieza" de organizaciones sociales para evitar las reclamaciones o protestas de los afectados y brindar seguridad a los intereses que deben intervenir en la obra.
En el Medio y Bajo Atrato, sólo dos semanas después de lanzarse la idea del canal interoceánico Atrato-Truandó el precio de la tierra se había disparado; a los dos meses entraron los grupos paramilitares a amedrentar a los pobladores tradicionales de la zona y obligarles a irse. Paulatinamente fueron reemplazados por nuevos pobladores, más afines.
La construcción de la represa de Urrá, en el río Sinú (Sur de Córdoba), se ha iniciado con una fuerte presión a las comunidades indígenas embera-katío, que habitan la zona, obligándolas a abandonar las tierras afectadas. A pesar de una sentencia de la Corte Constitucional que imponía la obligación de consultarles, la obra sigue adelante. Su puesta en marcha ha contribuido a la intensificación del conflicto en la zona, ya que los grupos armados están interesados en cobrar parte de las indemnizaciones que se ofrecen a las comunidades, mediante presiones, y por otro lado los grupos guerrilleros han declarado las obras objetivo militar. Sin embargo, no se han contemplado medidas de protección.
También en Simití, en el sur de Bolívar, una región donde operan varias compañías extractoras de oro, se han producido desplazamientos a consecuencia de los asesinatos y desapariciones causados por militares y paramilitares, y por los enfrentamientos entre estos últimos y la guerrilla del ELN. En esta zona de la Serranía de San Lucas se ubica una de las minas de oro más grandes de América Latina. Produce el 42% del oro de Colombia y durante años la extracción fue realizada por 35.000 mineros afiliados a ASOAGROMISBOL (Asociación de Agricultores y Mineros del Sur de Bolívar), a través de los comités mineros. Actualmente hay 45 comités con licencias colectivas para explotar varias minas. Sin embargo la empresa San Lucas Ltda. (asociada con una firma canadiense) reclama la propiedad privada del título para explotar en exclusividad las tierras de varias veredas. (20) El Gobierno le ha concedido un título por más de 70 años, y la asociación de mineros ha venido denunciando sus arbitrariedades. Ante las denuncias, se han producido masacres y ejecuciones selectivas de los dirigentes mineros e incursiones masivas de los paramilitares en la zona desde 1998. La región es también estratégica porque en ella se establecería la siempre pospuesta zona de distensión donde se ubicarían los diálogos del Gobierno con el ELN.
En cuanto a los modelos de cadena o "alianzas productivas", propuestas para algunos sectores vinculados al gran capital como el algodón o la palma africana, son una nueva forma de aparcería y reproducen los modelos de producción intensiva para la exportación que en otra época se dieron con el fique, el caucho... El modelo es patrocinado y financiado por el Banco Mundial y se plantea también para tabaco, leche, banano, cacao y frutales. En el caso de la palma, hay capitales de Malasia (un gran productor de este aceite) interesados en aumentar la producción en un área que, por su cercanía a EE UU y la abundancia de mano de obra barata, puede garantizar grandes exportaciones. Este modelo elimina la autonomía del campesino y disminuye la seguridad alimentaria al reducir la producción agrícola básica a favor de un monocultivo. Las comunidades no reciben donaciones para el inicio de la producción sino préstamos (la donación se considera "perversa"), con la consecuencia de un mayor endeudamiento ya que se obvian las oscilaciones de precios en los mercados mundiales, que con su reducción dejan al campesino en la ruina ante la falta de alternativas. (21)
A partir de estos ejemplos, se puede afirmar que las líneas de expansión de los actores armados están articuladas con la economía del país y con las actividades extractivas. El modelo de desarrollo socioeconómico está muy ligado al conflicto y al desplazamiento, porque la exclusión de amplios sectores de la sociedad es una fuente de conflicto y violencia y porque los modelos que imponen las empresas nacionales y multinacionales sólo agudizan estos problemas.
3.1. La cuestión agraria
El modelo de desarrollo económico aplicado en Colombia desde hace décadas deriva de las teorías del economista franco canadiense del FMI Lauchlin Currie, (22) que preconizó la reducción del número de agricultores y del peso económico de la agricultura como medio de aceleración del desarrollo de un país. Como otros desarrollistas, consideraba que la eficiencia económica pasaba por estimular el éxodo de la agricultura, especialmente de aquellos agricultores menos competitivos en términos de mercado. Pero Currie iba más allá, y recomendaba un modelo deliberado de movilidad acelerada para conseguir la suficiente emigración del campo. En caso de no existir las condiciones para ese modelo, la guerra podría ser utilizada para generar los mismos resultados. La concepción de un campo "moderno" y basado en grandes fincas capitalistas y mecanizadas, como clave del desarrollo, fue el origen del Acuerdo de Chicoral de 1972 y de la clausura de la reforma agraria a principios de la década de los setenta.
Dado que en Colombia, este proceso de expulsión del campesinado no venía acompañado de un modelo de industrialización que fuera capaz de absorber esa mano de obra, se hacían necesarias formas de control de los movimientos sociales, dentro o fuera de la ley, y mecanismos para garantizar la estabilidad social y los intereses de la inversión extranjera. El Frente Nacional (1958-78), y la alternancia en el poder de los dos grandes partidos tradicionales, fue la vía exigida por el FMI para garantizar esa estabilidad y frenar la participación social y política de otros sectores.
Sobre un modelo de poder y de propiedad semifeudal ha venido a imponerse el neoliberal que ya no sólo enfrenta a las economías campesinas, indígenas, etc, con la gran agricultura y ganadería nacional, sino con la mundial (apertura de fronteras) y con el capital financiero y los megaproyectos e inversiones transnacionales. Estos proyectos se consideran fundamentales para el desarrollo del modelo, y las medidas para garantizarlos implican la expropiación de los campesinos, indígenas, comunidades negras, etc., asentadas en territorios donde "estorban" porque sus modelos de propiedad y uso de la tierra no son funcionales a esos intereses.
Las comunidades negras desplazadas del Chocó denuncian que la Ley 70/1993, que da valor legal a sus formas de tenencia de la tierra y obligan a pedir su aprobación para llevar a cabo en ellas cualquier actividad, ha resultado una trampa: supusieron que serviría para garantizar sus derechos pero, ante esta traba legal, ahora se les expulsa para no tener que contar con ellos. (23) Las comunidades afrocolombianas de la cuenca del río Cacarica constituyeron una sólida organización comunitaria para lograr la titulación colectiva de sus territorios, contemplada en la ley; en 1997 fueron obligadas a desplazarse masivamente (hacia Turbo, donde llegaron 2.000 personas, Bocas de Atrato y el Darién panameño).
Aquí se ligan el desplazamiento por violencia y el desplazamiento socioeconómico, cuyo trasfondo es el mismo: los intereses económicos. La implantación del modelo de apertura económica e inserción internacional supuso el empobrecimiento de amplias capas de los sectores medios y populares, y especialmente de los campesinos. Pero además, los modelos productivos que requiere este sistema son incompatibles con las formas tradicionales de tenencia y uso de la tierra, y la explotación incontrolada de recursos naturales para la exportación también lo es.
Como señala la Conferencia Episcopal de Colombia, "conectar el tema del desplazamiento forzado y el 'conflicto agrario' permite mostrar algunos de los intereses que ven en el desarraigo la forma más 'económica', barata, de conseguir objetivos referidos a la acumulación de tierras previamente acondicionadas y, por ende, valorizadas por el trabajo campesino". (24)
Hay un ejemplo que puede resultar ilustrativo con respecto a la función que se asigna a la tierra. El 1 de enero de 1994, en México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) protagonizó un levantamiento con la toma de San Cristóbal de las Casas y otras localidades en el estado sureño de Chiapas. Ese mismo día entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de México con EE UU y Canadá. Entre otros aspectos, y para dejar vía libre a los requerimientos que imponía el Tratado, en 1992 se había reformado el artículo 27 de la Constitución para debilitar las formas comunales de propiedad de la tierra de los indígenas mexicanos: los ejidos, y favorecer así su comercialización. A partir de estos paralelismos, algunos investigadores afirman que el Plan Colombia y su componente militarista y contrainsurgente es la vertiente militar del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que debe entrar en vigor en 2005, y busca allanar los "obstáculos" que suponen las protestas sociales, la insurgencia y la propiedad colectiva de tierras.
3.2. Cambios en la estructura de la propiedad
Un reciente censo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) revela que, de los 15,5 millones de campesinos que existían en 1990 en Colombia, al menos 5 millones han abandonado el campo o las labores agrícolas tradicionales en los últimos 10 años. Este desplazamiento masivo de población rural productiva generó un fenómeno de abandono de tierras que suman ya 1,7 millones de hectáreas. En la mayoría de los casos, esas extensiones son ocupadas por los actores armados --el copamiento de baldíos forma parte de una estrategia de control territorial y de guerra de posiciones-- y por terratenientes o medianos hacendados que se valen del terror para comprar terrenos a muy bajo costo o re-titular aquellos que son abandonados. "En solo 1990, con las 17 masacres grandes y pequeñas que se perpetraron en pueblos y campos del país, el número de minifundios que cambió de dueño fue mayor que en los primeros 40 años del siglo XX", afirma el investigador social Carlos Baquero. (25)
En Cesar, Córdoba, Norte de Santander, zonas del sur de Bolívar y en toda la Orinoquia hoy se consiguen fincas por la mitad del precio que costaban hace 10 años. En los Montes de María hay 8.000 hectáreas de minifundios abandonados, y en el departamento del Cesar las hectáreas sembradas se redujeron de 237.711 en 1990 a 110.000 en 1999.
Según la Encuesta Nacional Agropecuaria, las unidades menores de 5 hectáreas constituyen el 46,8% de las fincas y ocupan sólo el 3,2% de la tierra. Este tipo de finca destina el 38,6% de su superficie a usos agrícolas. En cuanto a las mayores de 200 hectáreas, constituyen el 2,8% de las fincas pero controlan el 39% de la tierra, y sólo destinan a usos agrícolas el 2,5% de su superficie como media. La tendencia de los últimos años apunta a una concentración de la propiedad y una paralela fragmentación de los predios pequeños, acompañadas de una disminución en la oferta de alimentos y materias primas que se compensa con las importaciones.
Estructura de la propiedad rural 1984-1996 (26)
1984 1996 Propiedad % de los predios % de la superficie % de los predios % de la superficie Pequeña 89,92 23,15 91,11 21,4 Mediana 8,68 30,5 7,81 24,8 Grande 1,4 46,35 1,08 53,8 Total 100 100 100 100 La reducción de aranceles para la importación de alimentos obliga a los campesinos a competir con los productos, altamente subsidiados, de EE UU y Europa. En el año 2000, según el propio Ministerio de Agricultura, se compraron en el exterior 7 millones de toneladas de alimentos, frente a 800.000 Tm de 1991. Por ejemplo, se trajeron 1,8 millones de Tm de maíz y 224.000 de arroz desde Estados Unidos. (27)
Paralelamente, la ganadería sigue ganando peso. Según datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en Colombia hay 9 millones de hectáreas aptas para la agricultura pero se utilizan 5. Por el contrario, hay 19 aptas para la ganadería y se utilizan 40; de ellas sólo 5 con pastos mejorados y el resto en régimen extensivo. (28)
4. ECONOMÍA POLÍTICA DE LA GUERRA, POBREZA Y EXCLUSIÓN: ALGUNOS DATOS
La situación colombiana hace buena la afirmación de algunos investigadores referida a los conflictos civiles africanos: la vieja afirmación de Von Clausewitz, "la guerra es la continuación de la política por otros medios", ha dado paso a que la guerra se consolide como la continuación de la economía por otros medios. En el marco del proceso de globalización, que impone la reducción de las estructuras estatales --incluso en lugares donde el Estado no era fuerte o incluso no había llegado a constituirse como tal-- y medidas económicas que agravan la exclusión de grandes sectores sociales, surgen otros actores que se integran en redes económicas legales o ilegales para garantizar su supervivencia, amenazando incluso, en ocasiones, la del propio Estado o disputándole su soberanía. El resultado, en Estados frágiles, es una tendencia a la ilegalidad que puede incluso llegar al establecimiento de la guerra como medio de vida. La crisis permanente "no es producto de actos irracionales sino que se trata de una herramienta de organización del poder y la economía", (29) aunque esté teñida de consideraciones de distinto tipo. Al disputarse los bienes y recursos, la guerra implica la exclusión o eliminación del "otro", en otras palabras, "no se trata de ganar los corazones y las mentes de los pueblos sino de expulsarlos o eliminarlos".
En Colombia, la economía política de la guerra ha permitido que los distintos actores se consoliden y obtengan más beneficios con la guerra de los que conseguirían con la paz, en el marco de una ausencia institucional extrema en amplias zonas del país, de la incapacidad del Estado para resolver los conflictos y dirimir las diferencias sociales y de su uso patrimonial por parte de la elite.
Las guerrillas se financian por el gravamen a las actividades del narcotráfico en todas sus fases (gramaje), el secuestro, la extorsión e "impuestos revolucionarios" a las actividades económicas, etc. Pero también se benefician del conflicto los agentes estatales, a través de altas asignaciones de los presupuestos generales del Estado y de aportaciones de compañías multinacionales que requieren su protección, además de lo que implica su papel en términos políticos (influencia en las políticas estatales) y sociales (status).
También se han beneficiado de fondos otorgados por distintos agentes para luchar contra la guerrilla y de la proliferación de empresas de seguridad privada, muchas de ellas gestionadas por militares retirados. (30) Otros actores que se benefician son los paramilitares y las elites que han usado históricamente la violencia para asegurar sus tierras y propiedades y que ven en la guerrilla una amenaza contra su poder y contra la implantación de medidas neoliberales que les permiten ampliar sus beneficios.
La economía de guerra estaba estimada en un 13% del Producto Interior Bruto en 1995, y afectaría directamente a un 5-6% de la población colombiana e indirectamente a un 10-13%. (31)
Frente a esto, hay que considerar algunos datos: en el año 2000 Colombia tenía 42,3 millones de habitantes, de ellos un 73% población urbana y el resto rural. (32) Los sectores populares y empobrecidos representan el 62% de la población, la clase media (cada vez más menguada) un 33% y los sectores con mayor riqueza y poder político un 5%. Desde 1991, todos los estratos socioeconómicos han retrocedido en la escala social excepto el más alto; la brecha de ingresos y condiciones de vida cada vez es mayor, tanto entre el mundo rural y el urbano como dentro de la pirámide social.
La tasa de desempleo abierto es del 21% en las ciudades, a la que hay que sumar un subempleo del 28% y un desempleo juvenil del 50% en los estratos bajos. Sin embargo, en este punto hay que hacer una precisión: en Colombia se considera empleado a todo aquel que trabaje de manera estable más de una hora diaria. Más de 1.600.000 niños están vinculados al campo laboral: (33) un dato muy grave, ya que la inasistencia y la deserción escolar son mecanismos clave de reproducción intergeneracional de la pobreza.
Se estima que la pobreza afectaba en el año 2000 al 61,5% de la población, ascendiendo a un 49,5% en las zonas urbanas y a un 84,9% en las rurales. Los ingresos del 50% más pobre de la población han bajado desde hace diez años. La brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre pasó de 52,1 a 78,4 veces entre 1991 y 1999. El excedente económico se concentra en el 3% de la población.
Frente a esta situación, agudizada por las políticas económicas neoliberales y por el predominio del capital financiero (las tasas de interés que aplican los bancos son superiores al 30%, lo que implica fuertes transferencias de toda la economía hacia el sector bancario), los incrementos del gasto en servicios básicos como salud y educación no llegan a la población debido a la corrupción y la ineficacia. Además, frente a un gasto social que es el 9,6% del PIB, los gastos dedicados a defensa y seguridad crecen a un promedio anual del 8,9%: como participación en el PIB, tenían un 2,1% en 1990, un 2,4% en 1995, un 3,5% en 2000 y un 3,2% en 2001 (sin embargo, sumando la aportación estadounidense en el componente militar del Plan Colombia llegaría al 4,4%). (34)
De esta forma se puede ver que ambos aspectos se retroalimentan: la pobreza y la exclusión económica, social y política polarizan el ambiente y refuerzan la opción de la violencia como salida, mientras la violencia y la extensión de los escenarios del conflicto también refuerzan la inequidad de la economía y la agudizan.
Es muy difícil o imposible realizar un censo de la población desplazada por la violencia en Colombia por las propias características del desplazamiento: en la mayor parte de los casos (aunque esta tendencia está cambiando) son individuales o familiares. Se llevan a cabo en varias etapas: una familia puede abandonar la vereda donde vive ante un "pico" o una situación aguda de violencia y desplazarse temporalmente a otra vereda o una cabecera municipal. En este caso se trataría de desplazados "emergentes", que en muchos casos regresan a sus casas cuando la situación se estabiliza.
En caso de amenazas directas esto no suele ocurrir por el miedo. De la cabecera municipal puede darse un traslado a la departamental y luego a una gran ciudad. El itinerario está condicionado por la evolución de la violencia, por lo directas que sean las amenazas, porque se buscan redes familiares o de otro tipo y por la posibilidad de acceso a servicios básicos o a unas condiciones mínimas de subsistencia. En sucesivos avances, estabilizaciones o retornos, pueden transcurrir varios años. Esto hay que unirlo a que muchos de ellos buscan mantener el anonimato y pasar desapercibidos ya que creen que es la única forma de garantizarse cierta seguridad.
Según un estudio que realizó la Conferencia Episcopal en 1995, y que fue pionero en el abordaje de la cuestión del desplazamiento forzado, (35) de todos los encuestados, sólo un 20% se había movilizado una vez, mientras un 56% lo había hecho dos veces y un 23% en tres o más ocasiones.
Normalmente los factores que determinan el recorrido son la búsqueda de condiciones mínimas de seguridad para garantizar el mantenimiento de la vida y la integridad personal, y la ilusión de encontrar un entorno socioeconómico que pueda ofrecer condiciones de subsistencia. Si la seguridad y refugio en el lugar elegido se hacen más precarias, se avanza hacia la siguiente fase. También es importante la existencia de redes de apoyo (algún familiar o conocido del lugar de origen). El último paso son las grandes ciudades, donde se busca básicamente el anonimato y una subsistencia elemental.
La subsistencia y la estabilización socioeconómica de las personas desplazadas van a depender, básicamente, de su nivel de educación y del grado de organización y participación previo al desplazamiento: a mayor experiencia organizativa, más posibilidades de reconstruir redes de apoyo y con ellas un proyecto de vida. (36)
Los desplazados que llegan a los barrios de invasión de las grandes ciudades comparten su espacio con comunidades ya asentadas (aunque, vistos con perspectiva histórica, son desplazados de épocas anteriores) y comparten otra situación: la exclusión de los derechos. Son los casos de Ciudad Bolívar en Bogotá, Altos de Cazuca en Soacha, Nelson Mandela en Cartagena o las comunas de Medellín: lo que en Colombia se denominan barrios "subnormales", zonas de aluvión que crecen sin planificación urbanística ni apoyo de las autoridades. En este marco se confunden con un grupo más amplio de migrantes de todo tipo. Pasan a engrosar, en definitiva, el grupo de los "pobres" en general.
A su llegada, los desplazados tropiezan con una serie de representaciones que les estigmatizan, ya que compiten en el acceso a los servicios sociales con la población que ya estaba allí y son vistos en muchos casos (incluso por funcionarios públicos) como parte de uno de los bandos y fuente potencial de conflictos. Como decía una funcionaria en Soacha, "guerrilleros, ex guerrilleros o informantes, quién sabe..."
La identificación de los desplazados como "subversivos" ha sido una tendencia común en toda América Latina; ya sucedió en Centroamérica, México o Perú. (37) Esto significa que siguen siendo políticamente sospechosos aun después de haber abandonado sus hogares y comunidades, porque el simple hecho de huir los convierte en sospechosos. Esta "etiqueta" hace que traten de camuflarse y pasar desapercibidos, ya que lo contrario no sólo pone en peligro sus vidas sino que dificulta el acceso al mercado laboral o simplemente a un arriendo. En Colombia, declaraciones públicas de miembros del Gobierno y de las Fuerzas Armadas, y algunas afirmaciones desde los medios de comunicación, contribuyen a reforzar esta imagen. La polarización de la vida económica y política hace que cualquier desplazado, sus líderes y las ONG que trabajan con ellos sean catalogados como subversivos y vulnerables a amenazas y ataques.
6. EL PROBLEMA DE LAS CIFRAS
Las diferencias en las cifras que ofrecen distintas entidades se derivan de que tienen criterios de conteo y de análisis distintos. La limitada capacidad y la falta de recursos hace que sean más frecuentes los estudios delimitados en tiempo y espacio, pero que no exista un estudio extensivo. Por ello, la comparación entre los distintos sistemas es muy difícil, cuando no imposible.
Al tratarse de un desplazamiento individual y familiar, prolongado en el tiempo y con diferentes ritmos espaciales, hay familias (aquellas que tienen un pequeño margen de ingresos o una mínima red de apoyo en los lugares de llegada) que no demandan apoyo institucional y por tanto son casos inexistentes para la estadística. Además, la necesidad de ocultamiento y la estigmatización hacen que muchas personas que sí necesitan ayuda tampoco acudan a las instituciones. Por otro lado, como las personas pueden ser objeto de varios desplazamientos a lo largo del tiempo, puede producirse un doble conteo.
La primera idea de la magnitud de la crisis la dio un estudio publicado por la Conferencia Episcopal de Colombia en 1995, en el que se estimó que casi 600.000 personas habían sido desplazadas de sus hogares por la violencia entre enero de 1985 y agosto de 1994. (38) Como continuación de este estudio, la Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) creó un sistema de información llamado SISDES para estimar las cifras anualmente. Para Codhes, el criterio de cálculo es la situación de hecho del desplazamiento, independientemente de cuándo haya ocurrido. Ésta es una de las cuestiones más complejas a la hora de abordar el análisis de cifras: ¿cuándo una persona deja de ser desplazada? Probablemente, y como recomendó el representante especial del secretario general de la ONU para los desplazados internos, Francis Deng, en su último informe sobre Colombia, sería necesaria una aproximación caso a caso que tuviese en cuenta las posibilidades de retorno y los niveles de restablecimiento socioeconómico que han logrado las personas. (39)
Las cifras de población desplazada del sistema de información de la Pastoral Social de Colombia (Conferencia Episcopal), denominado RUT, señalan más de 60.000 personas a junio de 2001. Pastoral Social refiere cifras de las personas que en un momento determinado están sufriendo las consecuencias del desplazamiento, y no considera acumulados históricos. Por ello se acepta, en general, que las cifras de Codhes son válidas en cuanto a números acumulados, y las de Pastoral Social señalan cuántas personas demandan asistencia en cada momento.
La información que ofrece el CICR no es, ni lo pretende, datos de población desplazada sino de población atendida por ellos. Este organismo no exige la carta de desplazado para atenderles. Se les recomienda acudir al Estado para acceder a los otros beneficios (por ejemplo salud) pero, si no quieren o pueden, el CICR comprueba la situación mediante visitas domiciliarias y concede la ayuda. También incluye causas difusas como "violencia generalizada" y, según los casos, desplazados por fumigaciones. Sólo en Florencia se atendieron 3.972 personas el año pasado. Además de la asistencia de emergencia, brinda protección activa a civiles amenazados para que puedan ubicarse en lugares más seguros: en el año 2000 se financiaron pasajes para 1.644 civiles. En Florencia se está financiando actualmente una media de uno o dos por semana y en Puerto Asís 3-4 al mes.
La Red de Solidaridad, entidad estatal encargada de la coordinación en esta materia, presenta dos cifras: las del Registro Único y las del Sistema de Información de Fuentes Contrastadas (SEFC), que son estimaciones y resultan más altas que las del registro. Según el balance del sistema de estimación a julio de 2001, en los primeros seis meses de este año habrían sido obligadas a desplazarse 85.012 personas, y 213.855 desde enero de 2000. (40)
Éste es un esquema de las cifras ofrecidas por cada institución para los últimos períodos que consideran:
Codees. Año 2000 Pastoral Social. Junio de 2001 CICR. Atención en 2000 RSS. Estimaciones desde enero 2000 RSS. Personas incluidas en el Registro (total) 317000 60.000 123.651 213.855 376.856 Según las estimaciones de la Red, la expulsión de poblaciones está afectando a extensiones crecientes del país. Si en el año 2000 eran 480 los municipios afectados, en los seis primeros meses de 2001 han sido un total de 547. Pese a esto, se presenta un alto grado de concentración: sólo 27 municipios expulsan el 51% de la población y a ellos llega el 55%.
Pero hay un dato todavía más importante: el 62% de la población está huyendo de 8 microrregiones: Oriente Antioqueño, Montes de María, Sierra Nevada de Santa Marta, Urabá ampliado, Centro del Chocó, Sur de Valle, Norte de Cauca y Magdalena Medio. Y el 76% de la población desplazada es expulsada de 15 microrregiones que sólo tienen el 18% de los municipios del país y el 28% de la población: éstas son las antes mencionadas más el Bajo Putumayo, Sur de Tolima, zona de distensión y área de influencia, Norte de Chocó, Bajo Cauca antioqueño, Medio Putumayo y Centro del Valle.
Casi la mitad de los desplazados son menores de 18 años. El porcentaje de hogares inscritos en el registro con jefatura femenina es del 49,7% (frente a una media nacional del 24%). Según la RSS, más del 18% de la población desplazada es negra y más de un 5% indígena, porcentajes muy superiores a su participación en la población general, y el grado de desplazamiento de estas comunidades va en aumento.
Este análisis de la Red estima que el 46% de los desplazamientos habría sido causado por las autodefensas, un 12% por las guerrillas, 18% por más de un actor armado y un 0,65% por agentes estatales. En promedio, y según la Red, por cada acción de las autodefensas se desplazan 154 personas; para la guerrilla son 24; 16 para agentes armados del Estado y 125 cuando está implicado más de uno de los anteriores.
Desagregando los datos del registro, se observa que está muy por debajo de la realidad y refleja una mínima parte del fenómeno: en Bogotá DC sólo hay incluidos 4.940 hogares (unas 25.000 personas), mientras hay una coincidencia general en que rondan las 400.000 ó 500.000. Sólo hay registradas 2.800 personas en todo el municipio de Soacha; sin embargo, en la encuesta nutricional realizada por MSF-E (que abarcaba un segmento de la población, de 40.000 personas, en los Altos de Cazuca) un porcentaje equivalente a 11.000 afirmaba ser desplazado. (41) En todo el departamento de Caquetá, hasta mayo de 2001, había registradas 1.529 familias.
Con respecto a las tendencias en otras áreas de influencia de MSF-E, desde la oficina de la Red en Puerto Asís se señala que hay 9 municipios receptores en el departamento, mientras que todos expulsan población. Así, Puerto Caicedo es expulsor (en su mayor parte hacia la capital departamental, Mocoa), Puerto Guzmán expulsa población mayoritariamente hacia Caquetá, y San Miguel, que fue receptor, ahora es expulsor de población de vereda a vereda, hacia el interior del departamento y hacia Nariño y Ecuador.
6.1. Los desacuerdos
En los estimativos y cifras subyacen en ocasiones los intereses de quien los realiza. Desde algunas instancias gubernamentales (incluso en documentos oficiales) se ha descalificado a Codhes por el hecho de que las cifras que da son estimaciones, acusándola de "inflar" los datos para recibir más financiación internacional. Sin embargo, el Gobierno ha comenzado también a hacer estimaciones y, con ello, está aventurando cifras, es decir que implícitamente reconoce su incapacidad para realizar una caracterización de este fenómeno y acceder a una parte de la población desplazada. Pero además de la incapacidad, la Red de Solidaridad Social y el Gobierno de Colombia tienen un interés político en disminuir las cifras: son juez y parte, por tanto, cuantas más personas reconozcan como desplazadas e incluyan en el registro, mayor cantidad de recursos habrá que destinar y mayor será el problema político a asumir. El desacuerdo también es significativo porque, en el momento en que una persona desplazada pasa a ser "pobre" sin más, no requiere ayuda humanitaria y entra a formar parte de la problemática del desarrollo.
Todos los sistemas presentados presentan subregistro y ninguno de los modelos permite deducir cuántas veces se ha desplazado una persona o el nivel de retornos o reasentamientos. Sin embargo, todos ellos muestran un aumento dramático de sus cifras en los últimos cinco años.
Algunas características a destacar son:
La crisis tiene especial gravedad en Antioquia, Bolívar, Santander, Córdoba, Magdalena, Chocó, Cesar, Sucre, Meta, Putumayo, Valle del Cauca, Caquetá, Cauca, Guaviare, Nariño y Arauca. Sólo Antioquia representa el 25% del total nacional.
Resultan especialmente afectados los campesinos y las comunidades negras e indígenas, aunque el fenómeno de la "limpieza política" y los asesinatos y amenazas a sindicalistas, activistas políticos y de derechos humanos, líderes comunitarios, periodistas, maestros, trabajadores de la salud... han provocado un aumento de los desplazamientos entre estos segmentos de población.
Todos los sistemas de estimación coinciden en la elevada incidencia del desplazamiento forzado sobre los menores de edad, que constituyen al menos la mitad de la población desplazada.
Aunque la tendencia principal es un desplazamiento urbano-rural, se están incrementando los desplazamientos intraurbanos, de ciudades intermedias hacia grandes centros urbanos, para huir de las amenazas a la seguridad y buscar nuevos modos de subsistencia. Se estima que 37 familias llegan a Bogotá todos los días. (42)
La mayoría de los desplazamientos siguen siendo individuales o familiares, pero se aprecia una tendencia al alza en los desplazamientos masivos (que involucran a más de 10 familias o de 50 personas). En 1997, por primera vez en Colombia, se establecieron dos campos para desplazados: uno en Pavarandó (Antioquia) y otro en el estadio de Turbo, donde estuvieron más de dos años. En junio y julio de 1998, 10.000 personas de 17 municipios fueron desplazadas a Barrancabermeja.
Actores: las guerrillas participan en más eventos generadores de desplazamiento pero con efectos menores en términos numéricos, debido a la estrategia comunicativa de terror que utilizan los grupos paramilitares y que hace sus acciones mucho más "eficaces" en este sentido: se calcula que por cada masacre se desplazan más de 170 personas. En este sentido, algunos analistas señalan que las masacres, la brutalidad y el ensañamiento con los cuerpos humanos vienen a relacionarse con la memoria histórica de las imágenes de "La Violencia" y con el imaginario colectivo de este país.
7. LA RESPUESTA ESTATAL
7.1. Los principios
El desplazamiento forzado es una de las expresiones más graves de la crisis humanitaria que vive Colombia. Sin embargo, y aunque existe una amplia reglamentación jurídica al respecto, que se materializa en leyes, decretos y normas desarrolladas en los últimos años, el Gobierno colombiano sigue sin plantear el problema como una cuestión de derechos humanos. Hasta el momento se ha dedicado sobre todo a la formulación de políticas y al ajuste institucional, con respuestas de carácter asistencialista muy limitadas y marginales y con escasas o nulas actuaciones encaminadas a la prevención de los desplazamientos y al retorno o reubicación de las personas desplazadas. Esto permite afirmar que la ineficacia de la respuesta no es sólo una cuestión de presupuesto sino también de voluntad política para hacer frente a esta cuestión.
El Estado colombiano tiende a plantear el desplazamiento como un efecto del conflicto y de la lucha entre grupos irregulares, y a sí mismo como una víctima más, impotente ante la magnitud del fenómeno. Esto condiciona una respuesta asistencialista que deja impunes las prácticas y los intereses que lo generan.
Un ejemplo del escaso interés que suscita esta cuestión es la demora en la elaboración de las normas: la ley que aborda el desplazamiento forzado es de 1997 pero sus aspectos más importantes no se reglamentaron hasta el año 2000. Por otro lado, ni el desplazamiento ni la desaparición forzada fueron delito hasta el año 2000, cuando se aprobó la ley 589 (de 6 de julio) y con la aprobación del nuevo Código Penal que entró en vigor en julio de 2001. Por consiguiente, ha habido muy pocos intentos de procesamiento y no hay nadie condenado hasta el momento por provocar desplazamiento forzado.
La Corte Constitucional de Colombia tiene una doctrina muy avanzada en términos de derechos humanos y en los últimos meses ha emitido sentencias que se consideran avances notables en esta materia. Estableció un tope de tres meses para reglamentar la ley (lo que dio lugar a que, finalmente, se publicara el decreto que la desarrolla); señaló que la responsabilidad primaria en este tema es del Estado y concretamente de la presidencia y, frente a los criterios restrictivos que se aplicaban y aún se aplican, asegura que el desplazamiento se configura "por el hecho material en sí de la movilidad humana forzada" y no con la inscripción en el Registro. Según la Corte, el que las autoridades desconozcan el origen de los hechos que forzaron el desplazamiento, no es prueba de que no hayan ocurrido sino de la inmanejable dimensión del problema.
El principal instrumento normativo para abordar el desplazamiento forzado es la ley 387/97, "Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados por la violencia en la República de Colombia". Este texto legal fue el primer intento serio de reconocimiento del problema. La ley define al desplazado como "aquel que se ha visto forzado a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas por conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al DIH u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que alteren o puedan alterar drásticamente el orden público".
Establece el derecho a ayuda humanitaria de emergencia por tres meses, prorrogables a tres más en circunstancias excepcionales, y el compromiso gubernamental de ayudar a los desplazados a regresar a sus lugares de origen, con garantías de seguridad y programas de consolidación económica. Sin embargo, no hay una estructura cohesionada ni presupuesto para ponerla en práctica. Hay múltiples instituciones implicadas en los niveles nacional, departamental y local que difícilmente logran una coordinación y que, aun en el caso de que tuvieran la voluntad política de articular actuaciones en este tema (lo que no siempre es cierto), no disponen de presupuesto. Por otra parte los mecanismos para acceder al sistema estatal son extremadamente complejos y restrictivos, y una gran parte de la población desplazada se queda fuera de él.
El decreto 2569 de diciembre de 2000 reglamenta parcialmente la ley y establece los requisitos para acreditar la condición de desplazado y para la ayuda de emergencia de tres meses. También amplía el acceso a la salud para los desplazados con carné. Sin embargo el decreto es restrictivo con respecto a los criterios de la ley y la Constitución del país, tiene una lógica exclusiva y, aunque presenta avances como el derecho a ayuda inmediata "por el sólo hecho de haber efectuado la declaración", esto (como todas las demás acciones) está sujeto a la disponibilidad presupuestal. El decreto no incluye los aspectos de protección ni ninguna consideración específica en razón de género, etnia y edad. Además el plazo de un año establecido para prestar declaración no tiene en cuenta la falta de información entre los desplazados sobre sus derechos, causas de fuerza mayor que les hayan impedido acudir a las autoridades, etc.
7.2. El registro
Para acceder a los servicios estatales las personas se ven sometidas a un procedimiento largo y burocrático que además, en algunos casos, puede incluso poner en peligro su seguridad. En resumen, un desplazado debe prestar declaración en una oficina del Ministerio Público (Defensoría, Personería o Procuraduría) o en un despacho judicial; debe dar detalles sobre el actor armado que lo desplazó; esa declaración se envía a la oficina departamental de la Red de Solidaridad Social, que comprueba su veracidad con el lugar de origen, en teoría en un plazo máximo de 15 días; el desplazado debe volver allí para comprobar si ha sido admitido; en caso de que así sea, recibirá un mercado (alimentos, artículos de aseo) y una pequeña ayuda para arriendo procedente de la Red de Solidaridad, así como una carta que le posibilita el acceso a los servicios de salud; si la Red no tiene fondos para ofrecerlo probablemente le derivará hacia el CICR, la Iglesia católica u otras ONG; si no ha sido admitido le cabe un recurso de reposición que debe superar largos trámites y pasar por un comité compuesto por varias instancias oficiales.
Algunas claves de por qué falla este sistema son:
Se debe prestar declaración en alguna oficina del Ministerio Público. Sin embargo, el cuerpo de las personerías está, según se reconoce desde algunos organismos internacionales, fuertemente infiltrado por los grupos paramilitares, con el riesgo que esto puede suponer para aquellos que acuden a prestar declaración. Estas oficinas tienen una capacidad de recepción de declaraciones limitada, disponen de poco personal y presupuesto para realizarlo. Ante esto, en Florencia se ha optado por un reparto de tareas: la Personería recibe declaraciones los lunes y martes, la Defensoría los miércoles y la Procuraduría los jueves y viernes. En la oficina del personero esto ha provocado que, si antes se recibían 10-15 declaraciones diarias, ahora se recibe ese número en los dos días de la semana habilitados.
La declaración debe contener, como mínimo, información sobre el lugar de la expulsión y tiempo que llevaba la persona en aquel lugar; fecha del desplazamiento; forma en que se dieron los hechos; presuntos actores; motivos o razones para abandonar el lugar y recorrido efectuado. Además el desplazado debe proporcionar todos sus datos y los de su familia, así como su dirección actual.
Algo muy problemático es que se debe aportar información sobre el actor que lo desplazó: los argumentos de "violencia generalizada" no son válidos, ni tampoco apreciaciones que se puedan considerar subjetivas como el temor al reclutamiento de hijos menores de edad o la imposibilidad de trasladarse a vender sus productos o de acceder a servicios sociales (educación, salud) como consecuencia de la presencia de actores armados. Tampoco entran en el sistema los desplazados por fumigación de sus cultivos.
Estas entidades envían la declaración a la Red de Solidaridad Social, donde la verifican con el lugar de origen, normalmente mediante llamada a las alcaldías, personerías, policía, etc. Si el desplazamiento lo causaron paramilitares o fuerzas oficiales, es más difícil o imposible obtener la calificación porque nadie quiere reconocerse responsable. Además esto implica que al desplazado le han localizado de nuevo y saben dónde ubicarlo. (43) Por ello, muchos optan por declarar que los desplazó la guerrilla, sabiendo que así es más fácil el ingreso al sistema. (44)
Si no hay presupuesto para hacer las llamadas de confirmación, el funcionario de la Red puede actuar guiado por lo que haya leído en la prensa o escuchado en televisión. (45)
Algunos funcionarios siguen reclamando la prueba del desplazamiento, como una certificación del alcalde o alguna autoridad del lugar de origen. La única posibilidad para muchos sería volver a reclamarla, lo cual pondría en peligro su seguridad.
Muchos funcionarios encargados de tomar la declaración y de valorarla están más preocupados por la posibilidad de que entren al sistema personas que no son realmente desplazadas por violencia que por garantizar los derechos de quienes sí lo son. La recepción de declaraciones la realiza personal no especializado y en ocasiones se presiona a la persona, se trata de hacerla incurrir en contradicciones... (46) El analfabetismo, factores culturales y el temor o inseguridad pueden dificultar la comunicación y facilitar que el relato tenga inconsistencias.
Desigualdad en la sensibilización y profesionalidad entre los funcionarios: aunque algunos tienen la mejor voluntad respecto a este tema, otros expresan su incredulidad porque consideran que un determinado municipio no expulsa población o ven ilógica (o increíble) la ruta recorrida por el desplazado. Esto provoca una desigual aplicación de la ley.
Los niveles de aceptación de declaraciones varían según las unidades territoriales: en Soacha se acepta el 81-82% de las declaraciones presentadas, mientras en Putumayo es un 75%. En Bolívar sólo se rechaza al 5%; en Bogotá este porcentaje llega al 50%.
Hay en determinados ámbitos una estigmatización del desplazado como persona vinculada a los grupos armados, especialmente a la guerrilla, ("guerrilleros o informantes, personas que sólo saben reclamar y no quieren poner nada de su parte; no se acomodan a normas, ni en el trabajo ni en la escuela, por eso nadie quiere tener que ver con ellos"). Además, en general se les considera un problema que desborda las arcas municipales (lo cual puede ser cierto) y que genera desórdenes públicos y delincuencia. En este sentido, proporcionarles algún tipo de atención puede hacer "que se queden", lo cual se quiere evitar. En la alcaldía de Soacha se considera en cierto modo responsables de su llegada masiva a las ONG que, al ofrecer ayuda, los atraen y logran que no quieran reubicarse en otro lugar. (47)
Con respecto a la carga sobre los servicios sociales, en una oficina de personero se manifestó que son "una carga impresionante sobre el sistema de salud, porque tienen enfermedades costosas, no simples gripes..."
Muchos desplazados no pueden ni siquiera entrar en las instituciones oficiales porque no tienen documentos de identificación. O nunca la tuvieron (por ejemplo, a muchas zonas del Chocó y de Urabá nunca llegó la Registraduría) o la han perdido en sucesivos traslados, o la destruyeron para no ser localizados. En estos casos el trámite se vuelve extremadamente complejo pues hay que volver a reclamar los documentos o iniciar todos los trámites de inscripción al Registro. Sin las tarjetas también es imposible acceder a la educación o la salud.
Algunas ONG ayuda y asesoran para la obtención de los documentos de identidad. ACNUR, junto con la Registraduría y la ONG Opción Legal, está llevando a cabo campañas para ubicar y censar a los indocumentados, expidiéndoles la Cédula de Ciudadanía o el Registro Civil. Se ha realizado en varias ciudades y parece haber dado buenos resultados, pero todavía tiene un alcance muy limitado.
Hay personas incluidas en el registro pero que no aparecen en las bases de datos, por lo que no pueden acceder a las ayudas. Las deficiencias en la actualización de la información y en la coordinación pueden suponer demoras de hasta varios meses entre la declaración y la inclusión en el registro.
Se han dado casos de presiones a desplazados para que pidan la baja en el sistema.
En cualquier caso, el proceso puede tardar de 1 ó 2 meses a años. A pesar de todas las dificultades se han experimentado avances: según los datos de la RSS, el 67% del registro existente se ha realizado en los últimos 15 meses, gracias a una labor de información entre los personeros municipales. (48)
7.3. Las filtraciones
Muchas personas no se acercan a las instituciones oficiales por temor a filtraciones y porque ven al Estado como una parte del conflicto. El decreto establece que toda la información que los desplazados le proporcionen a la RSS será absolutamente confidencial. Sin embargo se han filtrado datos y como consecuencia se han producido "razzias".
El propio decreto abre una puerta legal a las filtraciones, ya que contempla la posibilidad de entregar la información a aquellas instituciones que llevan atención a desplazados: INURBE, INCORA, instituciones de educación o salud... Esto se está haciendo en Puerto Asís, donde se entregan los datos porque se consideraba que alguna gente daba un uso imprudente a su certificación y "la enseñaba donde no debía". De esta forma, se envían los listados actualizados cada 15 días al hospital, colegios...
7.4. El sistema y sus limitaciones
El reconocimiento del problema del desplazamiento vino reflejado en una serie de documentos y normas legales que, en los últimos años, han ido constituyendo la institucionalidad de la respuesta estatal ante este tema. El resultado es el SNAIPD: Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, integrado por todas las instituciones que realizan planes o acciones de atención a esta población. El sistema tiene tres partes:
Un Consejo Nacional de Atención Integral a los Desplazados (presidido por un representante del presidente y donde participan consejeros presidenciales, ministros del Interior, Hacienda, Defensa, Salud, Agricultura, Desarrollo Económico; director del Departamento Nacional de Planeación; Defensor del Pueblo, Alto Comisionado para la Paz y director de la RSS). Es un órgano consultivo responsable del diseño de políticas y de asegurar la financiación. Sin embargo, después de su constitución en 1998 no volvió a reunirse hasta enero de 2001.
15 instituciones (incluyendo ministerios, direcciones generales, INURBE, INCORA, etc) responsables de la implementación de políticas.
Comités sobre desplazamiento que debían ser creados a nivel municipal y departamental, encabezados por los gobernadores o alcaldes y donde participarían las autoridades militares y policiales, de salud y educación, Cruz Roja colombiana, iglesias y representantes de comunidades desplazadas. Estos comités deben apoyar el sistema nacional a los niveles locales.
Muchos comités territoriales no se han constituido o presentan diversos problemas: por ejemplo, en el Comité Departamental de Caquetá, los desplazados señalan que sólo han acudido funcionarios de segundo y tercer nivel por parte de la Administración, por lo tanto no han podido tomarse decisiones respaldadas presupuestariamente. En cuanto a la alcaldía de Puerto Asís, está en proceso de elaboración del Plan de Contingencia pero no tiene presupuesto asignado. (49)
Otras instituciones:
En varios municipios, entre ellos Soacha y Bogotá, se han constituido Unidades de Atención y Orientación (UAO): espacios donde participan el Ministerio Público, la RSS, el municipio y ONG, y que pretenden concentrar las acciones del Estado para que el desplazado tenga mejor atención y más claridad.
Para asistir y apoyar el trabajo de estos organismos debía crearse una Red Nacional de Información sobre población desplazada. También se preveía la creación de un Observatorio encargado de monitorear la evolución del fenómeno, realizar análisis sobre el desplazamiento interno y analizar y valorar los resultados de las políticas. Este Observatorio no se ha constituido.
Otro instrumento previsto son las Mesas Permanentes de Trabajo: espacios de interlocución entre las instancias oficiales y las organizaciones de la sociedad civil para la definición de políticas y la ejecución de proyectos. El Grupo de Apoyo a Desplazados señala que sólo se han reunido las de Bogotá y Soacha, Neiva y Villavicencio. En cualquier caso, asociaciones de desplazados y ONG aducen que no han sido espacios propositivos sino que han sido utilizados por las instituciones oficiales, y en especial la Red, para justificar su ineficacia y firmar acuerdos que luego no se cumplen. (50)
En marzo de 1999, la Red de Solidaridad Social (dependiente de la presidencia) fue designada como entidad encargada de la coordinación de las políticas de atención a la población desplazada. La Red, que existe desde 1994, tiene en general la función de la atención a la población vulnerable (pobres, niños, minorías, personas mayores...). La responsabilidad en esta materia ha cambiado de manos en cada Gobierno y se teme que en el próximo pueda ocurrir otra vez. Los procesos de "empalme" y transición conllevan unos plazos y esperas que no se adecuan a las proporciones cuantitativas y cualitativas del problema.
Aunque el desarrollo normativo de la política encaminada a abordar el problema del desplazamiento forzado ha sido extensivo, en donde se ha avanzado poco es en la implementación. Como señalaba un miembro de una instancia gubernamental, "en Colombia no hacen falta más leyes sino que se cumplan".
La ausencia de respuesta desde el Estado ha llevado a varios grupos de desplazados a adoptar medidas de presión para intentar ser escuchados y obtener respuestas a su situación. Por ejemplo puede mencionarse la ocupación de oficinas públicas y de organismos internacionales como ACNUR (51) y el CICR. (52) Estos casos sólo expresan una lógica donde las políticas públicas se tramitan o se exigen por la vía de hecho, y ponen de relieve la distancia existente entre la normatividad y la atención gubernamental real al problema de los desplazados.
A continuación se analizan los progresos en algunos aspectos:
7.4.1. Prevención
El número de desplazados aumenta de forma vertiginosa año tras año. Sólo de esta afirmación ya se deduce que existen serias fallas en la protección frente al desplazamiento. De hecho, en la encuesta nutricional realizada en Soacha, casi un 70% de las familias que afirmaban ser desplazadas llegó al lugar desde 1996, y un 30% lo hizo en el último año.
El Ministerio Público tiene la responsabilidad de prevenir el desplazamiento y proteger los derechos de las personas desplazadas. Sin embargo, las propias instituciones reconocen que no tienen modelos y esquemas planificados. El sistema de alertas tempranas todavía está en fase de diseño y existen grandes dificultades al respecto porque el organismo encargado de su implementación, la Defensoría del Pueblo (que ha dado la voz de alerta en determinadas situaciones) no tiene capacidad para hacer actuar al Ministerio de Defensa. De hecho, incluso desde estamentos oficiales se reconoce la animadversión entre ambas instituciones y se afirma que "Defensa siempre hará lo contrario de lo que diga la Defensoría porque la considera infiltrada por los grupos guerrilleros". En algunos casos, comunidades y ONG de apoyo han dado la alerta sobre situaciones anunciadas de antemano que podrían haberse evitado, pero no se obtuvo respuesta por parte de las autoridades. Tampoco está contemplado en la ley que en estos casos, por omisión, puedan aplicarse sanciones (ni por vía administrativa ni penal).
Éste fue el caso del Alto Naya, donde se había dado la voz de alarma y entre el 10 y el 13 de abril de 2001 fueron asesinadas cerca de 40 personas y se desplazaron más de 1.000 (son cifras de la Defensoría del Pueblo, que denunció los hechos y reclamó la presencia de las autoridades, pero no encontró respuesta). Esto demuestra la ausencia de voluntad política para proteger el derecho a la vida.
Otro ejemplo de la ausencia de medidas efectivas para prevenir los desplazamientos forzados, incluso cuando existen indicios claros del riesgo, se produjo en el departamento de Norte de Santander. (53) En octubre de 1998, 15.000 campesinos de Tibú, La Gabarra, El Tarra y Filo Gringo marcharon a Cúcuta a pedir al gobernador que no se instalara en la región una base antinarcóticos y a denunciar que no se habían cumplido los pactos suscritos con ellos durante la presidencia de Samper, en 1996 (erradicación manual y voluntaria de cultivos ilícitos e inversión en desarrollo alternativo). El Gobierno se comprometió a implementar un plan de desarrollo alternativo para la región y los campesinos volvieron a sus localidades.
En mayo de 1999 comenzó el hostigamiento por parte de los paramilitares, que cometieron 12 masacres en el corregimiento de La Gabarra: el 23 de mayo en Abrego; el 29 en la carretera de Tibú a La Gabarra... Unos 3.500 campesinos salieron de sus tierras en junio a consecuencia de estos hechos, y otros 600 en julio por enfrentamientos entre paramilitares y guerrilla. El día 31 de junio la Defensoría del Pueblo departamental reclamó al gobernador medidas para defender la vida de los habitantes de La Gabarra, y la oficina nacional realizó requerimientos en este sentido a la comandancia militar, que anunció la toma de medidas inmediatas. La organización Minga reclamó protección para la población y el comandante de la V Brigada señaló que sus afirmaciones eran difamatorias, ya que los habitantes de La Gabarra estaban protegidos por el Batallón 46.
El día 10 de julio una comisión (fiscalía, defensoría, unidad de derechos humanos del Ministerio del Interior, ACNUR, Alto Comisionado de Derechos Humanos, RSS, diócesis de Tibú, Gobierno regional y varias ONG) viajó a la zona para verificar la situación y reclamó medidas para evitar nuevas masacres anunciadas por los paramilitares. El 17 tuvo lugar otra masacre en Tibú. El día 26, el comandante de la V Brigada volvió a afirmar, en un comunicado, que el informe de Minga era una manipulación contra el ejército. El 31, un informe de la Defensoría afirmó que 91 campesinos habían sido asesinados en 14 masacres desde la llegada de los paramilitares a la región.
A pesar de todas las alertas, los paramilitares atacaron Petrólea y La Gabarra entre el 20 y el 22 de agosto. En La Gabarra se cortó la energía eléctrica y las líneas telefónicas y la población estuvo absolutamente aislada durante varios días, en los cuales fueron asesinadas 60 personas. Se dio un ultimátum a los habitantes y 1.100 personas abandonaron el área. Hay un batallón del ejército a media hora de La Gabarra. Sin embargo, justificó su no intervención porque había sido atacado por paramilitares la noche del asalto, porque estaban patrullando otras áreas y porque el control de zonas urbanas es responsabilidad de la policía.
El ejército llegó el día 26 a La Gabarra. Mientras tanto, los paramilitares mataron a 5 personas en el área rural de El Zulia; entraron a San Martín de la Loba y dieron a los habitantes la orden de abandonar el lugar en 48 horas. 2.000 personas huyeron. Otras, de otras localidades, hicieron lo mismo ante el temor a nuevos ataques.
7.4.2. Protección durante el desplazamiento y en el lugar de llegada
La vicepresidencia de DDHH ha atendido un número limitado de casos en relación con el problema del desplazamiento, sobre todo en lo referente a protección (envío de funcionarios a la zona para realizar verificaciones, ante una alerta de riesgo), acompañamiento a retornos, interlocución con la fuerza pública para la puesta en marcha de medidas de protección, etc.
La Unidad de Derechos Humanos del Ministerio del Interior ha visto solicitudes de líderes de desplazados para protección y acompañamiento a retornos. En algunos casos se entregaron equipos de comunicación para personas y comunidades amenazadas. También ha realizado informes y seguimiento de denuncias de violaciones a los derechos humanos o el DIH, apoyo a comisiones judiciales, verificación en el terreno, etc. El decreto 2569 afirma que los desplazados deben prestar declaración y solicitar que ésta sea remitida a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior para lograr medidas de protección. Sin embargo no define plazos, acciones ni procedimientos para establecerla de forma efectiva. Los mecanismos existentes requieren trámites largos y complejos, se aplican en casos individuales y una vez que la persona ha recibido amenazas o agresiones. Por otro lado los estudios de caso están a cargo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), lo que hace que muchas personas no tengan la confianza necesaria para solicitar protección.
En algunas comunidades de llegada, el simple hecho de ser desplazado está asociado al estigma de la pertenencia a alguno de los bandos armados, lo que implica serios riesgos para la seguridad física. En caso de que los desplazados decidan agruparse en alguna asociación u organización para reclamar sus derechos, sus líderes pueden ser amenazados o asesinados. Tres líderes comunitarios de Altos de Cazuca (Soacha) fueron asesinados entre junio y agosto de 2001.
El temor que generan estos hechos hacen que las personas tengan más dificultades para organizarse y presentar reclamaciones sobre sus derechos. Los efectos sobre la desarticulación del tejido social son devastadores. Como señalaba un desplazado en Altos de Cazuca, "aquí no hay manera de exigir nada; a ver si nos mandan matar, que yo conozco casos, aquí si encabezas algo te matan".
Las organizaciones que trabajan con desplazados también son objeto de amenazas en numerosas ocasiones, especialmente si su apoyo va más allá de la asistencia inmediata y ofrece asesoría jurídica o formación en derechos y protección.
7.4.3. Retorno o reasentamiento y recuperación
La mayor parte de las acciones adelantadas se han dirigido hacia el retorno, en ocasiones con poca seguridad porque las condiciones que provocaron la salida seguían existiendo. No parece que haya habido órdenes directas de regresar pero sí presiones indirectas por parte de las autoridades a determinadas comunidades. El retorno debe estar basado en la información y la voluntariedad.
En cuanto a la reasignación de tierras a población desplazada, el organismo encargado de realizarlo (Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA) achaca su escasa incidencia a dificultades de tipo económico. Está entre sus funciones asignar tierras de cultivo para los reasentamientos de personas desplazadas, hacer gestiones para que puedan comprar tierras o proveer asistencia básica para que se establezcan en nuevas casas y granjas. Los procesos de reasentamiento se han aplicado a muy pocas comunidades y con éxito limitado, por varias razones, la principal de ellas que a los desplazados forzosos se les aplican los principios generales de la vigente ley de reforma agraria (160 de 1994), es decir, la "redistribución por la vía del mercado". Esto implica que se subvenciona el 70% del valor de la tierra y ellos deben conseguir el restante 30%.
Debido a la sobrevaloración de la tierra, a que los propietarios aprovechan las necesidades políticas del INCORA para venderle tierras a un precio superior a su valor real, y a los altos tipos de interés, ese porcentaje puede hacer insostenible el proceso de reasentamiento al no garantizar la subsistencia. En algunos casos se han asignado tierras de escaso valor productivo. Por otra parte, en ocasiones, las comunidades reasentadas han sido hostigadas por los actores armados obligándolas a huir de nuevo.
El INCORA tiene también la responsabilidad de llevar el registro de las tierras y bienes abandonadas por los desplazados (según el artículo 19 de la ley). Sin embargo esta actuación, que constituiría importante medida de prevención al eliminar los estímulos económicos de los desplazamientos, nunca se ha aplicado.
7.4.4. Presupuesto
El Gobierno colombiano creó, dentro del Plan Colombia, el Fondo de Inversiones para la Paz, una cuenta especial que se alimenta con recursos de los Bonos de Paz (que pagan los empresarios), préstamos de la banca multilateral y las solicitudes que atienda la comunidad internacional para programas sociales en áreas de conflicto y cultivos ilícitos.
El Plan de Acción para el desplazamiento forzado señala que esta política se circunscribe "dentro de las estrategias para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado contenidas en el Plan Colombia". De esta forma, la ejecución de la política ha sido presentada para ser financiada dentro del Plan Colombia, por un montante de 360 millones de dólares. Los programas tienen una extrema dependencia de los recursos internacionales y numerosas organizaciones vienen reclamando que se asignen recursos regulares del presupuesto nacional para el manejo del desplazamiento forzado, de forma que no esté supeditado a la negociación de los planes de cooperación internacional (dado que la responsabilidad del Estado ante este tema es inmediata). (54)
En estos momentos, 900 ONG se han inscrito en una convocatoria para la ejecución de recursos del componente social del Plan Colombia. Dentro del Programa Empleo en Acción están aprobados 1.502 proyectos para 150 ONG.
A pesar de todos los anuncios al respecto, las necesidades de atención a la población desplazada siguen descubiertas. En los primeros seis meses de 2001 seguían en discusión los recursos para financiar proyectos de vivienda rural (por 9.000 millones de pesos), de vivienda urbana (45.000 millones), y para atender al 40% de la población registrada en proyectos productivos (120.000 millones). (55) En medio de esa situación, la Red solicitó 42.000 millones de pesos para ejecutar proyectos comprometidos, pero en marzo de 2001 se le asignaron sólo 2.000 millones. (56)
El propio Departamento Nacional de Planeación señala que los procedimientos para el acceso de la población desplazada a programas de inversión de entidades nacionales (en vivienda, crédito, etc.) han sido muy restrictivos o imponen condiciones imposibles de asumir, como el recurso al préstamo, en las condiciones en que se encuentran estas personas. (57) Otra fuente de problemas es que se asigna un papel protagonista a organismos departamentales o municipales, pero no se incrementan los flujos de recursos destinados a ellos. El Estado central y las entidades descentralizadas compiten por los recursos públicos y no hay establecidos mecanismos claros de transferencias. La alcaldía de Soacha tiene, para 2001, un presupuesto de atención a población desplazada de 40 millones de pesos. (58)
Desde la Red de Solidaridad se manifiesta que sí existen dificultades de recursos y de transferencias desde la Administración central, pero que es más un problema de asignación y de ordenamiento en las finanzas. El clientelismo y la corrupción también afectan a estos programas y dificultan su puesta en práctica.
7.4.5. Resumen de problemas
Falta de voluntad política para poner las leyes en práctica. Las comunidades y personas afectadas nunca están presentes en el proceso de elaboración de las leyes; las hacen otros grupos, con intereses diferentes.
- Escasa clarificación de las responsabilidades de cada institución.
- Falta de fondos, retrasos en las asignaciones y descentralización poco clara.
- Obstáculos burocráticos en la certificación: gran número de desplazados queda por fuera del sistema.
- Temor en las instituciones locales y regionales a la llegada masiva de desplazados, que lleva a que no se apliquen las leyes.
- Sospecha y estigmatización hacia los desplazados, rechazo y discriminación.
Desde instancias gubernamentales a distintos niveles se "sospecha" de las actividades de las ONG porque pueden favorecer, a su juicio, la llegada de más desplazados.
A pesar de lo anterior, tendencia a descargar responsabilidades en ONG y organismos internacionales.
Falta de medidas para prevenir más desplazamientos.
Varias de las instituciones previstas en la ley o no se han creado o no funcionan.
La misma existencia del desplazamiento implicar asumir la debilidad del Estado para hacer frente a una situación generalizada de violencia y al debilitamiento de los espacios formales de poder. No está suficientemente analizado en qué medida es un mecanismo que ayuda a la reorganización local o regional del poder y quiénes se benefician de ella. Tampoco hay en el Estado una visión estratégica y de largo plazo, ni una prospectiva de qué puede suponer de cara al futuro. Sin embargo, a nivel socioeconómico, se puede afirmar que produce un crecimiento acelerado y no planificado de la población urbana y la expansión de barrios periféricos que carecen de servicios públicos y sociales, de centros de salud o educación y de puestos de trabajo. Está provocando la "lumpenización" de amplias capas sociales. Otro efecto claro es que rompe el tejido social. Además de la ruptura de los lazos en las comunidades de origen, difícilmente se pueden articular de nuevo en los lugares de llegada debido a las características de estos. No sólo se rompen los lazos de solidaridad sino que, muchas veces, se cataloga al otro como un invasor que viene a competir por los escasos servicios y empleos.
8. LA EMIGRACIÓN AL EXTERIOR
El Grupo Temático de Desplazamiento, coordinado por ACNUR, afirma que en 2000 dejaron el país sin regresar 226.165 colombianos, la mayor parte de los cuales se dirigió a Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y España. Estas cifras son todavía inferiores a las calculadas por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras que, basándose en los datos que ofrece Aeronáutica Civil (personas que se van por vía aérea menos las que regresan) y del Departamento Administrativo de Seguridad (que también incluye salidas por otras vías) ofrece una cifra de salidas netas en el año 2000 de 282.409, con un acumulado de 1,07 millones desde 1996. (59)
Los colombianos son la comunidad hispana de mayor crecimiento en EE UU en los últimos años, con un cálculo oficial de 500.000 legales y hasta 2 millones en total. En los últimos tres años podría haber llegado un millón de personas.
Las remesas que estos emigrantes envían a Colombia superan los 1.700 millones de dólares anuales, más que el café y sólo por detrás de los ingresos del petróleo. Los giros crecieron un 70% anual entre 1998 y 2000. Según el senador Alfonso Garzón, de no ser por esta situación, el desempleo en el país superaría el 30%.
En Europa, EE UU y Canadá se recibieron en el primer semestre de 2001 más de 6.000 solicitudes de asilo, más del doble de las recibidas en el mismo periodo del año anterior. Más de 2.500 pidieron asilo en Costa Rica entre enero y marzo (333 el año anterior). (60)
9. LA IMPUNIDAD FRENTE A LAS VIOLACIONES DEL DIH Y LOS DERECHOS HUMANOS
Colombia es uno de los países donde resulta menos "caro" violar los derechos humanos. El propio Gobierno reconoce la ineficacia del sistema judicial y un grado de impunidad del 97%, que puede considerarse casi absoluto.
Un ex Defensor del Pueblo así lo manifestaba durante su permanencia en el cargo, con respecto a los oficiales y miembros de las fuerzas de seguridad implicados en distintos sumarios. "Tal es el grado de impunidad que ha favorecido en este país a los violadores de los derechos humanos, que en muchos casos el Defensor del Pueblo se pregunta, al recibir y tramitar las quejas ante él presentadas por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, suplicios y otras demasías; ¿Cuántos de los responsables de estos crímenes de lesa humanidad serán destituidos? ¿Cuántos de ellos quedarán inhabilitados para desempeñar funciones públicas? ¿Cuántos de ellos irán a prisión? ¿Cuántos serán ascendidos o enviados a cursos en el exterior? ¿Cuántos de ellos resultarán injustamente absueltos, con la invocación torticera de la legítima defensa? Nadie negará que la historia reciente es pródiga en mostrarnos cómo en Colombia, los asesinos, los torturadores y los responsables de desapariciones forzadas no sólo escapan a menudo de cualquier sanción, sino que frecuentemente son favorecidos con promociones, traslados, comisiones de estudio y otros estímulos, para indignación y pasmo de la ciudadanía. En Colombia la impunidad ya ni siquiera se toma el trabajo de ocultarse". (61)
Según la Comisión Colombiana de Juristas, (62) en Colombia, entre abril y septiembre de 2000, casi 20 personas en promedio diario fueron víctimas de la violencia sociopolítica. Esto significa 3.538 personas. Eliminando de esta cifra a los combatientes muertos en combate, quedaría un total de 2.660 civiles. La mayoría de estas muertes se produce fuera de las hostilidades. El promedio diario se ha duplicado con respecto a 1988 y continúa en aumento. Esas 20 muertes diarias se deben a ejecuciones extrajudiciales (incluyendo masacres), desaparición forzada, víctimas de combates y operaciones de limpieza social.
Con relación a las violaciones de los derechos humanos y derecho humanitario de las cuales se conoce el autor, el 4,55% se atribuye a fuerzas estatales, el 79,1% a paramilitares y el 16,25% a guerrillas. Desde 1993 hay un incremento vertiginoso en las violaciones cometidas por paramilitares (eran menos del 20% aquel año y más del 75% desde 1997), mientras las realizadas por agentes estatales bajaron desde el 50% de 1993 a menos de un 5% en 1997. La Comisión de Juristas establece una correlación entre los dos fenómenos, señalando que "sugiere la ocurrencia de numerosas acciones encubiertas o toleradas, en las que no se descarta la participación directa o indirecta de agentes estatales". (63) Con respecto a las violaciones al DIH por parte de los grupos armados disidentes, han violado de forma habitual principios básicos como la distinción y la proporcionalidad, particularmente mediante el uso de coches bomba y cilindros de gas, así como con la toma de rehenes y el reclutamiento de menores.
Normalmente las violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH que se cometen contra la población civil, o la amenaza de cometerlos, preceden a la confrontación directa entre grupos armados o son completamente independientes de ella.
La disputa territorial se materializa, así, en una búsqueda de control sobre la población civil y la destrucción de sus vínculos con el adversario (reales o potenciales).
Frente a esto, hay que recordar que Colombia ha suscrito los cuatro Convenios de Ginebra y los dos Protocolos Adicionales, y todos ellos están vigentes en el país. Con la reforma constitucional de 1991 el DIH fue incluido en el marco constitucional, lo que sitúa a estas normas dentro del "bloque de constitucionalidad". Lo mismo ocurre con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todo esto significa que la responsabilidad frente a las violaciones de estos, y concretamente frente al desplazamiento forzado, le compete al Estado. Por otro lado los movimientos forzosos de población son considerados crímenes de guerra por el Derecho Internacional Humanitario y por el estatuto de la Corte Penal Internacional adoptado en Roma en julio de 1998. (64) Sin embargo, en Colombia, el desplazamiento forzado no fue delito hasta el año 2000, ni tampoco la desaparición forzada de personas.
Esto sucede en un clima polarizado que algunos analistas califican de "macartismo", es decir, de señalamiento permanente de los líderes y activistas sociales, que resultan sospechosos de ir contra el orden establecido. En los manuales de las FF AA colombianas sigue aplicándose la doctrina de la seguridad nacional y el "enemigo interno". Entre enero de 1991 y noviembre de 2000 fueron asesinados 1.524 sindicalistas, de ellos 299 directivos nacionales. Entre enero y noviembre de 2000 fueron 102 los asesinados. Numerosos trabajadores son detenidos arbitrariamente, otros obligados a desplazarse, secuestrados, desaparecidos... Los maestros y los profesionales de la salud son dos colectivos que han comenzado a ser crecientemente amenazados, lo que en algunas zonas incluso ha puesto en serias dificultades la continuación de las actividades educativas.
Un informe del Ministerio de Defensa, que pretende dar a conocer los avances en la lucha contra los grupos paramilitares, afirma que "los resultados difícilmente pueden ser proporcionales puesto que, mientras los grupos guerrilleros atacan y enfrentan a la Fuerza Pública, los grupos de autodefensa rehuyen la acción de esa Fuerza y tienen como lineamiento no enfrentarla, lo cual genera menos oportunidades para provocarles bajas y capturas". (65) También la Alta Comisionada de NN UU para los Derechos Humanos, en su tercer informe sobre Colombia, señala que "la Oficina ha sido testigo de declaraciones de altos oficiales del Ejército señalando que los paramilitares no atentan contra el orden constitucional y por tanto no es función del Ejército combatirlos". (66)
Las normas disciplinarias de las fuerzas militares no contemplan como falta el apoyo o tolerancia hacia grupos paramilitares. La nueva Ley de Defensa y Seguridad Nacional, ratificada por el presidente en agosto de 2001, hará todavía más difícil el control sobre los abusos de los derechos humanos cometidos por miembros de estas fuerzas, ya que aumenta sus facultades judiciales. Autoriza a la fuerza pública a detener personas y mantenerlas en establecimientos militares hasta siete días, interrogándolas sin orden judicial, y les permite asumir el control de zonas del territorio ("teatro de operaciones") y tomar medidas por encima del poder de alcaldes o gobernadores. Además se les autoriza al levantamiento de cuerpos que presuntamente hayan muerto en combate e impide actuar a la Procuraduría en las investigaciones contra miembros de la fuerza pública. Por último, se establece que "cuando se considere necesario, los servicios de vigilancia y seguridad privada podrán coadyuvar a los fines de la Seguridad y Defensa Nacional". Las órdenes de captura dictadas por la Fiscalía contra miembros de los grupos de autodefensa rara vez se cumplen.
10. LA SITUACIÓN HUMANITARIA
10.1. La alimentación: encuesta nutricional en Soacha
MSF España realizó entre mayo y junio de 2001 una encuesta en Altos de Cazuca (Soacha), con el fin de diagnosticar la situación nutricional en los niños de 6 a 59 meses de edad. Los resultados de este estudio ofrecen un panorama esclarecedor de la situación nutricional en zonas de asentamiento periurbanas y de las diferencias entre personas residentes y aquellas que manifestaban ser desplazadas. Todos ellos, sin embargo, presentan características comunes como unos índices de desnutrición crónica muy por encima de la media nacional. El 25,5% de los niños menores de 59 meses presentaba desnutrición crónica global. En la población que manifestaba ser desplazada, este índice subía hasta el 31,9%. En ambos casos es notoria la diferencia con la situación general (desnutrición crónica del 13,5%, y del 19,4% para el área rural, en el año 2000).
En los 26 barrios seleccionados como área de influencia del proyecto de salud MSF-E vive un total de 36.000 personas beneficiarias. De acuerdo a la encuesta, manifestaba ser desplazado el 27,6% de esta población (lo que arrojaría un resultado global de unas 11.000 personas, trasladando los porcentajes de la encuesta), aunque sólo un 2,5% de ellos tenía carta de desplazado.
Año de llegada 1980-1990 1991-1995 1996-1999 2000-2001 Población 5,6% 19,2% 45,4% 29,8% Tipo de seguro disponible y afiliación al régimen sanitario:
Tipo de seguro y afiliación al régimen sanitario Residentes Desplazados Ningún tipo de seguro 27,9% 37,7% Vinculados 24,5% 30,8% Régimen contributivo 18,1% 14,2% Régimen subsidiado 23% 12,3% En cuanto a la tasa de desempleo en los varones, es del 54% para los residentes y del 69,8% para los desplazados. Por otra parte, entre esta población desplazada, un 84,8% de las familias se dedicaba a la agricultura antes del desplazamiento.
Ingresos familiares mensuales Residentes Desplazados Menos de 100.000 pesos 8,6% 14,7% Entre 100.000 y 199.000 13,5% 22,4% Entre 200.000 y 279.000* 15,2% 19,2% Media mensual en pesos 317752 233.269
* 279.000 pesos es el salario mínimo actual10.2. Salud (67)
El Acuerdo Nº 185/2000, de 23 de diciembre de 2000, estableció que las reclamaciones para el pago de los servicios en salud prestados a población desplazada se haría de forma directa al Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), concretamente a la subcuenta de eventos catastróficos. Una reciente circular del Ministerio de Salud y la Red de Solidaridad pretende agilizar aún más el proceso, y establece la obligación de las IPS de ofrecer atención de todo tipo en urgencias, medicamentos, derivación, etc., previa comprobación (incluso mediante llamada telefónica) de que la persona figura en el registro de la Red.
Esto supone que teóricamente, y siempre que hayan accedido a la certificación de desplazados, tienen acceso ilimitado y gratuito a los servicios de salud en cualquier IPS, pública o privada, incluyendo los medicamentos. No se ha reglamentado cuándo un desplazado con carné deja de tener este acceso ilimitado al sistema por lo que, al menos de momento, es indefinido. Sin embargo esto se ve mediado por factores como la inclusión en el registro y la agilidad de circulación de la información; y también las posibilidades que ofrezcan las estructuras de salud en los lugares de llegada.
En Florencia, según las entrevistas realizadas en junio de 2001, estaban ofreciendo atención en salud hospitales públicos y clínicas privadas. Sin embargo, y según manifestó el gerente del hospital Malvinas, todavía no se les había reembolsado nada de lo facturado entre enero y mayo en concepto de atención a desplazados: 101,3 millones de pesos. También desde la clínica privada Santa Isabel (que asegura estar atendiendo entre 25 y 30 personas al día por este concepto) se señalan deficiencias en el cobro. Aparentemente los requisitos de facturación no están muy claros y numerosas facturas son devueltas por defectos de forma. Además, falta agilidad en el intercambio de información entre instituciones, por lo que algunas facturas son devueltas porque los datos de un desplazado con carné todavía no están a disposición del FOSYGA y no lo considera desplazado.
Contrasta con esto el dato de que el año pasado se asignaron en el FOSYGA 15.000 millones de pesos para la atención en salud a desplazados, de los cuales sólo se gastaron 4.000. (68) Probablemente debido a esta infrautilización de los recursos, para el año 2001 el presupuesto asignado se ha reducido a 7.000 millones.
Con respecto a los que no acceden a la certificación, por múltiples motivos (incluido el hecho de que no sean desplazados por la violencia en los términos que establece la ley), su situación es notablemente peor. Muchos son vinculados pero, en el mejor de los casos (si estaban afiliados a alguna EPS o ARS en su lugar de origen), tampoco pueden hacer valer sus derechos porque el traslado de la documentación y la nueva afiliación son procesos complejos que pueden llevar mucho tiempo. Por ello se encuentran totalmente desasistidos en cuanto a salud.
10.3. Aspectos psicosociales
Además de la necesidad de albergue y alimentación, que se producen sobre todo en el corto y medio plazo, las situaciones vividas pueden tener graves efectos psicológicos. Las personas sufren miedo, desconfianza, distintos grados de depresión clínica y trastornos somáticos, además de una pérdida de la identidad cultural, del sentido de comunidad y de pertenencia: pasan de tener individualidad y ser sujetos de derechos a convertirse en la "masa" de los desplazados.
Recientemente el Instituto Nacional de Salud realizó un perfil epidemiológico del barrio Nelson Mandela, en Cartagena, un asentamiento de invasión a donde llega gran número de desplazados. (69) La salud básica ambiental es pésima, con bajo acceso a servicios públicos, exposición a vectores de enfermedad y contaminantes ambientales, y viviendas en zonas de riesgo geológico. Hay una alta prevalencia de enfermedades en todos los grupos de edad: sólo un 7% de los niños y un 33% de los adultos se encontraba sano en los 15 días anteriores a la encuesta. El 57% de la mortalidad en niños, entre agosto y noviembre de 2000, era prevenible. Un 60% de la población entrevistada presentaba algún grado de depresión clínica o sospecha de esta patología. El estudio señala que, entre la población desplazada, es frecuente la presencia de uno o más síntomas de malestar emocional, así como las quejas somáticas.
El desplazado que llega a la ciudad enfrenta un buen número de problemas propios, además de los que afectan a las comunidades de recepción, aunque es cierto que, en ocasiones, los escasos servicios públicos existentes en los barrios de invasión son más de los que había en los lugares de origen. Especialmente en el caso de los campesinos, donde la identidad se construye mediante el contacto con la tierra y con la comunidad, muy pocos de sus elementos culturales son "trasplantables" a las ciudades. Las "herramientas" que le permitían garantizarse un medio de vida en el mundo rural ya no le sirven, por lo que se enfrentan a la imposibilidad de generar ingresos estables. Su única salida es la economía informal y el "rebusque", aunque estas opciones se han visto restringidas en los últimos años por la crisis económica en el país.
La falta de organización y solidaridad comunitaria en estos barrios también afectan a las posibilidades de recuperación socioeconómica: en un entorno al que continuamente están llegando personas nuevas, donde los vecinos no se conocen y probablemente desconfían del "otro", es difícil la articulación de redes sociales.
La mayoría de las personas llegan a estos barrios con la esperanza de que sea un alojamiento transitorio, hasta que puedan volver a su lugar de origen o, al menos, al campo o a una ubicación mejor dentro de la ciudad. Sólo con el paso del tiempo son conscientes de que probablemente ésta vaya a ser su residencia definitiva. "Uno cree que va a volver, pero el tiempo va pasando y te das cuenta de que ya no va a ser posible..." (70) La sensación de provisionalidad hace que muchos no se planteen la integración en organizaciones vecinales ni en actividades comunitarias.
Un elemento fundamental en la evolución psicológica lo determina la impunidad, que produce tanto daño psíquico como el mismo hecho violento. (71) Muchos sentimientos de culpa, autocrítica y dependencia vienen dados por el hecho de no haber podido hacer nada para evitar el desplazamiento y por la impunidad en la que continúan aquellos que lo provocaron. Como señala María Teresa Uribe, "los desplazadores están muy bien; nadie los está interrogando, nadie los está investigando". (72) Esto refuerza el desamparo.
10.4. Educación
Aunque no hay estudios exhaustivos, se sabe muchos niños no van a la escuela. Sólo en Bogotá, en 1999, 60.000 niños se quedaron sin cupo en las escuelas públicas, lo que muestra la incapacidad de la oferta institucional. De ellos, 24.000 eran niños y jóvenes desplazados. (73) Muchos tienen que trabajar para contribuir a la economía familiar. La situación se agrava por la debacle que sufren los servicios públicos, y que también afectan a la educación. En Altos de Cazuca, la mayoría de las escuelas estuvieron sin maestros durante los primeros meses escolares de 2001, comenzando su incorporación en mayo.
En cuanto a los programas que se aplican en algunos lugares, tienen que pagar el material o uniforme, algo imposible para muchas familias. Los desplazados (con carné) tienen derecho a ser eximidos del pago de matrícula y pensión, sin embargo esto sigue dependiendo de la existencia de cupos y del colegio de que se trate. Por otro lado, aquellos que entran en la escuela se enfrentan frecuentemente a la estigmatización y el rechazo, lo que aumenta la deserción escolar.
En los barrios de invasión las políticas hacia los desplazados tienen que ser políticas sociales, de acceso a salud, educación, servicios, etc., que se dirijan hacia la población vulnerable y pobre en general. Como elementos específicos para la población desplazada, habría que mencionar la protección y seguridad a poblaciones concretas afectadas por la violencia, apoyo psicosocial y atención de emergencia en la fase inicial. Otros aspectos, como la salud y la educación, deben formar parte no de una política para desplazados sino de una política social. Y como señala Jorge Rojas, director de Codhes, "para esto no hace falta registro sino oferta pública".
11. OTRAS RESPUESTAS
Un elemento a destacar, en la medida en que puede llegar a afectar a MSF por la confusión que genera, es que se está produciendo una proliferación de ONG trabajando en el terreno, que han firmado el convenio de administración delegada con la Red y reciben dinero de la parte social del Plan Colombia. Esto significa que trabajan con los criterios de la RSS, es decir, con los desplazados que tienen carné, lo que ha generado quejas de distinto tipo:
"Dicen que trabajan con desplazados pero no es verdad, sólo les importa la carta".
"Hay mucha gente ahora viviendo de los desplazados". (74)
En conversaciones llevadas a cabo en Altos de Cazuca y Nueva Colombia se han recibido quejas de que algunas organizaciones están utilizando a población desplazada para justificar gastos y proyectos, por ejemplo, organizando cursos o programas de formación "fantasma" en los que al desplazado sólo se le utiliza para reclamarle la firma que pueda justificar el gasto. (75) Sin embargo, hay iniciativas muy interesantes y organizaciones con larga trayectoria y profesionalidad que trabajan en este ámbito.
11.1. Organizaciones colombianas
El Grupo de Apoyo a Desplazados (GAD) se constituyó en 1994 por 13 ONG colombianas que trabajan en el campo de derechos humanos y en apoyo a comunidades desplazadas, y ha venido realizando hasta el año 2001 un valioso trabajo en términos de atención directa, lobby, publicación de informes y presión política. (76) Sin embargo, las diferencias entre sus miembros y problemas de presupuesto (como postura ética, no aceptan dinero del Plan Colombia) han llevado a su disolución como grupo en julio de 2001.
El centro de investigación Codhes ha tenido un papel fundamental en el posicionamiento del desplazamiento forzado en la agenda pública y sus estadísticas e informes son conocidos a nivel internacional.
La Fundación Mencoldes proporciona terapia psicosocial a desplazados recién llegados a Bogotá, así como ayuda alimentaria, banco de ropa, etc. También ofrece asistencia jurídica y médica. La ayuda de emergencia forma parte de un proyecto más amplio que tiene como objetivo la recuperación psicosocial y socioeconómica de la población desplazada, por medio de talleres de apoyo, formación en distintas profesiones, apoyo inicial para la venta ambulante, etc. Una vez al mes, se celebra un taller que pretende ser un espacio terapéutico para aquellas personas y familias que tienen más problemas psicológicos.
La Comisión Colombiana de Juristas participaba en el GAD, pero también (individualmente) ofrece asesoría jurídica a desplazados que le son remitidos desde otras organizaciones, asesora en casos en que es necesario salir del país, etc. También ha presentado iniciativas que se han traducido en sentencias de la Corte Constitucional respecto a este tema y realiza lobby político ante Congreso y Senado. Actualmente está analizando la posibilidad de plantear recurso ante el último decreto por su carácter restrictivo.
La organización Minga ha trabajado durante diez años en las zonas de Cesar, Sur de Bolívar, Magdalena Medio y Norte de Santander, en un trabajo de formación en derechos humanos y fortalecimiento de las formas asociativas (sindicatos, movimientos campesinos, cooperativas...). Allí llegaron a constituirse 15 comités municipales de derechos humanos. En los últimos años ha tenido que retirarse de algunas de ellas por las amenazas, sin embargo sigue actuando en zonas como la cuenca del río Catatumbo, donde hay comunidades campesinas que a pesar de la presión se resisten a abandonar la zona (a la que llegaron, por otra parte, expulsadas de otras regiones en épocas anteriores). En Bogotá realiza un proyecto de atención psicosocial a niños y jóvenes que comprende la recuperación de la identidad cultural y el fortalecimiento del tejido social.
11.2. Organizaciones de desplazados
Las organizaciones de la población desplazada normalmente se caracterizan por su pequeño tamaño y limitado presupuesto. Los procesos organizativos se ven dificultados por la heterogeneidad del colectivo; la reticencia de muchos de ellos a participar en actividades de cierta visibilidad pública, o a acercarse a organizaciones, por motivos de seguridad; la falta de apoyo estatal y de presupuestos y las dificultades de adaptación a un entorno cultural diferente. El elevado grado de dispersión de los procesos de desplazamiento favorece las alternativas asistencialistas, desmoviliza a las comunidades y dificulta la organización. Esto se ve reforzado por las agresiones y persecución de líderes comunitarios, que ocasiona vacíos de liderazgo y dificulta la reconstrucción social y comunitaria. Por otro lado, la población desplazada se ha convertido en blanco de grupos armados y políticos que ven en ella un instrumento de propósitos ajenos a sus derechos.
Se calcula que en Colombia puede haber 60 ó 70 organizaciones de desplazados. Por mencionar una iniciativa interesante, la Coordinadora Nacional de Desplazados agrupa a cinco organizaciones que trabajan en una labor de incidencia política, con el acompañamiento de Mencoldes. Esta organización está tratando de ampliar su radio de acción e integrar a otras para unificar criterios y presentar alternativas de políticas. Sus mayores dificultades han venido de la pretensión de agrupar a personas procedentes de todo el país y desplazadas por todos los actores armados, ya que resulta difícil generar la sensibilidad de que todos son igual de víctimas y de que sólo depende del lugar dónde te haya "tocado".
Por su parte AFRODES (asociación de afrocolombianos desplazados) ha llegado a agrupar a 260 familias, unas 1.400 personas. Esta organización señala las dificultades que afrontan los desplazados negros a su llegada a las ciudades pues, al señalamiento que caracteriza a los desplazados, se le une en estos casos el racismo. AFRODES afirma que el desplazamiento "se está convirtiendo realmente en un fenómeno masivo en comunidades negras, ya que se pretende el acceso a la tierra saltando por encima de la Ley 70, que regula nuestros derechos y nuestras relaciones con la tierra". Hay casos de familias integradas en esta asociación que presentaron su declaración hace 3 y 4 años y no han recibido respuesta. (77)
La organización sigue suponiendo serios riesgos, para los líderes de los desplazados y para las ONG locales que trabajan con ellos, especialmente cuando se proporciona asistencia jurídica. 127 líderes de comunidades indígenas desplazadas fueron asesinados entre 1998 y 1999, según el último informe de Francis Deng, durante su visita a Colombia en 1999. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha denunciado los ataques de que son objeto y ha pedido al Gobierno colombiano que tome medidas al respecto. Incluso funcionarios de la Defensoría del Pueblo a nivel local y miembros de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, han sido amenazados por su trabajo con los desplazados. (78)
11.3. El sistema de Naciones Unidas y organismos internacionales
El sistema de Naciones Unidas está representado en Colombia por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ACNUR, PNUD, UNICEF, PMA, FAO y otras agencias, bajo la coordinación de ACNUR con el apoyo de una oficial de la OCHA. ACNUR no está realizando asistencia directa a los desplazados en Colombia ni planea hacerlo en el futuro próximo, aunque financia a algunas ONG y asesora al Gobierno colombiano. La identificación de los beneficiarios de los proyectos se realiza a través de la RSS, y aunque algunos proyectos van dirigidos a población vulnerable en general, se trabaja en su mayor parte con los criterios de la Red (por tanto, con aquellos desplazados que han sido registrados y tienen carné). Realiza asesoría al Gobierno y cursos de sensibilización de funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Armadas, el cuerpo de personeros, etc.
ACNUR coordina el Grupo Temático de Desplazamiento, en el que participan 10 agencias de la ONU y la Organización Internacional de las Migraciones. También participan como observadores ECHO y el CICR, además de la Red de Solidaridad.
Periódicamente realiza informes de situación y previsiones de evolución del fenómeno para los siguientes períodos, así como departamentos y zonas de especial peligrosidad. En su penúltimo informe, de enero de 2001, señalaba que la respuesta estatal al desplazamiento interno "ha sido limitada e irregular en relación a la gravedad del fenómeno; además la mayoría de las entidades con un mandato de atención a las poblaciones desplazadas han eludido sus responsabilidades". (79)
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos abrió en 1997 una oficina en Bogotá y realiza informes anuales en los que denuncia las violaciones a los derechos humanos por todas las partes en conflicto (incluido el Estado) y reclama el cumplimiento de las normas internacionales. El último informe, de 2000, fue duramente rechazado por el Gobierno de Colombia, que se sintió aludido por la denuncias a su escasa implicación en la lucha contra los grupos paramilitares y a las conexiones existentes entre éstos y amplios estamentos de los cuerpos de seguridad. Esta oficina recibe denuncias de violaciones de los derechos humanos y ofrece al Gobierno asistencia técnica en esta materia.
Sin embargo, la actuación del sistema de Naciones Unidas en Colombia ha recibido críticas desde muchos frentes, entre otros, desde las redes internacionales de ONG que forma parte del Proyecto Mundial sobre Desplazamiento Interno (IDP Project). (80) En concreto, se ha reprochado que se limitan a las áreas de fácil acceso y no realizan trabajo de protección, y que la asistencia humanitaria es caótica y carece de un Plan Estratégico, y se les ha reclamado una mayor colaboración y coordinación entre sí y con las ONG, una mayor presión para facilitar el acceso de la comunidad internacional a la población desplazada, y el refuerzo del diálogo político para adoptar medidas de largo plazo tendientes a la prevención.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) realiza asesoramiento y apoyo al Ministerio de Salud en la atención a la población desplazada. Junto con el Ministerio ha editado un folleto de bolsillo donde se explica cuáles son los derechos básicos de los desplazados, los servicios a los que pueden tener acceso y las instituciones a donde dirigirse. Los equipos de brigadas rurales de MSFE en el Putumayo están distribuyendo este folleto entre las comunidades. También asesora en la elaboración de Planes de Contingencia y realiza alianzas con ONG para mejorar la formación y capacidad de respuesta. Tiene una interesante página web donde se ofrece de forma actualizada información sobre todas las instituciones que realizan actuaciones dirigidas a desplazados, ubicación geográfica, prioridades, así como análisis, estudios, etc. (81)
La Organización Internacional de las Migraciones apoya a la Red en el diseño y puesta en marcha del sistema de información sobre población desplazada, tiene un proyecto para ayudar a los desplazados a conseguir sus documentos de identidad y otro para capacitación de trabajadores sociales en atención psicosocial.
La Oficina Humanitaria de la Unión Europea, ECHO, está tratando de incrementar su acción en cabeceras municipales de tamaño medio, para evitar en la medida de lo posible la llegada a grandes ciudades estabilizando la situación antes, donde es más fácil la identificación de esta población. Realiza talleres con las ONG a las que financia en el Contrato de Partenariado para que unifiquen criterios en temas diversos. Hasta el momento se ha realizado un taller sobre atención psicosocial que ha dado lugar a un documento de lineamientos. Se ha llevado a cabo otro sobre agua y saneamiento (liderado por Oxfam) y está previsto el de seguridad (por el CICR). Dentro del Plan Global 2001-2002, está financiando proyectos a varias organizaciones y el número de beneficiarios previstos supera las 200.000 personas durante este año.
11.4. Otros
El Comité Internacional de la Cruz Roja tiene una oficina en Bogotá y 17 delegaciones en todo el país. (82) Además de realizar contactos con las partes en conflicto para promover el respeto al DIH, proporciona ayuda de emergencia a personas desplazadas por la violencia (aunque dependiendo de las circunstancias de cada caso, también incluye a personas que han sido afectadas por las fumigaciones).
Por otro lado, varias organizaciones de asistencia a desplazados se han unido en un grupo denominado DIAL (Diálogo Interagencial), a través del cual coordinan esfuerzos operacionales y de advocacy. Entre ellas están Save the Children, Oxfam, Diakonia y la Consejería en Proyectos.
12. RESUMEN Y CONCLUSIONES
El desplazamiento forzado es un fenómeno ligado a la historia de Colombia y que conecta con procesos históricos inacabados en el país. Las elites económicas y políticas lo han usado históricamente para "homogeneizar" población en una determinada zona y como forma de sostenimiento y ampliación de la gran propiedad. En este momento la presión del modelo neoliberal para ampliar los circuitos de capital ha venido a introducir un agravante en el proceso ya que entran en juego factores que cambian el valor de la tierra.
Los desplazados no son desplazados "por la violencia": la violencia es sólo el instrumento que se utiliza para expulsar a la población. Las verdaderas razones y causas del desplazamiento están detrás.
Se están generando desplazamientos asociados al valor estratégico de los territorios en términos militares y políticos, por la recomposición del poder local y regional, por el control o desmantelamiento de los movimientos sociales, control de actividades extractivas y productivas (recursos naturales y minerales), megaproyectos, expansión de la gran propiedad ganadera y la agroindustria, control de los cultivos ilícitos...
La expulsión del campo de miles de campesinos está provocando una recomposición de la propiedad de la tierra. Las explotaciones más grandes aumentan su tamaño y la concentración de la propiedad es cada vez mayor.
La expansión de la geografía del conflicto, la intensificación y multipolaridad de la violencia y las constantes violaciones de los derechos humanos, cometidas en un clima de casi absoluta impunidad, han agudizado el fenómeno del desplazamiento forzado en los últimos años. En estos momentos afecta a gran parte de la superficie del país, bien como zona de expulsión o recepción, aunque se concentra en varias microrregiones que presentan el fenómeno de forma más acusada.
Sigue tratándose, en su mayor parte, de desplazamientos individuales o familiares, de un "goteo" que se desarrolla en varias fases y en sucesivos avances y retornos o estabilizaciones que pueden durar años. El destino final suelen ser los barrios de invasión de las grandes ciudades, que garantizan el anonimato, una cierta seguridad y la ilusión de encontrar una alternativa de vida.
Las amenazas a la seguridad pueden continuar después de haberse desplazado, por lo que muchas personas tratan de mantener el anonimato y de que no se les identifique como desplazados. Una parte importante no se acerca, por ello, a las instituciones, y no accede a los programas estatales.
Subsiste una fuerte estigmatización de los desplazados. Bajo la calificación de "algo habrán hecho" suele identificárseles con uno de los bandos del conflicto, principalmente con las guerrillas. Por eso se les ve como una fuente potencial de conflicto y violencia, además de como una carga para los servicios sociales. Ningún municipio o institución está precisamente "deseoso" de recibir ni atender desplazados.
Una vez que pasa el primer momento de emergencia, los desplazados pasan a engrosar el contingente de lo que en Colombia es denominado "pobres históricos". Es decir, pasan a ser simplemente pobres. Por eso la mayoría de las políticas que se articulen en zonas de recepción de desplazados tienen que ser simplemente políticas sociales, dirigidas a población vulnerable y no a ningún colectivo en concreto.
Las políticas estatales reflejan un punto de vista asistencialista que no tiene en cuenta las causas del desplazamiento forzado ni las violaciones de los derechos humanos que implica, y no plantean reparación, protección ni prevención.
Se han hecho progresos en la formulación de leyes y normas pero queda un gran trecho para que se apliquen de forma efectiva. Falta coordinación entre las instituciones responsables y los recursos para poner en práctica las políticas dependen casi íntegramente de la financiación internacional.
El acceso al sistema estatal es muy complejo y restrictivo. Los desplazados no tienen información sobre los pasos que deben seguir y la larga burocracia hace que muchos desistan de pedir ayuda. El proceso de inscripción en el registro puede durar de 1ó 2 meses (en el mejor de los casos) hasta años.
El propio hecho de prestar declaración puede suponer un nuevo riesgo. Se debe declarar el actor del desplazamiento. Por otro lado, desde las instituciones oficiales se han producido filtraciones y algunas personas han sido de nuevo perseguidas, detenidas o asesinadas.
No hay voluntad ni política de Estado: cada nuevo Gobierno vuelve a retomar el problema desde el principio e incluso se cambian las instituciones responsables, con los retrasos y dilaciones correspondientes. Las instituciones de carácter departamental y municipal están desbordadas por la magnitud del fenómeno y no tienen recursos ni, en muchos casos, voluntad para tomar medidas al respecto.
En casos de desplazamientos colectivos, hay un mayor grado de organización que facilita la negociación con el Estado. Los más desprotegidos siguen siendo los individuos y familias que huyen solos.
El Estado no reconoce a los desplazados su carácter de víctimas de violaciones de los derechos humanos. Por eso, éstos tienen que negociar el acceso a sus derechos y utilizar formas de protesta y de presión.
En lo referente al acceso a salud, los desplazados con certificación tienen acceso ilimitado en prestaciones, medicamentos, etc. Aunque hay problemas derivados de la situación financiera de muchas IPS y de los retrasos en los pagos, el problema es mucho mayor para los desplazados sin carné, que o no tienen ningún tipo de afiliación o aquella que tienen (de su lugar de origen) ya no es válida.
El desplazamiento y las políticas económicas a las que está asociado están provocando la lumpenización de amplias capas sociales y un fenómeno de descomposición social que alcanza cotas dramáticas en algunas zonas del país.
Algunos estudios han resaltado la alta incidencia de trastornos psicosociales como consecuencia de la experiencia traumática, y la importancia de la atención psicosocial. No se ha evaluado lo suficiente el trauma psicológico y social que está produciendo el desplazamiento, especialmente en los niños (la mitad del colectivo).
Falta sensibilización sobre su situación y sus derechos. El fenómeno no tiene visibilidad en sus verdaderas causas, de cara a la opinión pública e incluso dentro del propio Estado. Hay mucha información y análisis pero no llega al gran público que se informa por televisión y que mantiene fuertes prejuicios con respecto a esta población. Un texto del director de la Red de Solidaridad, Fernando Medellín, reconoce este hecho:
"Las noticias que se transmiten desde medios masivos de Bogotá dicen que 'algo' pasó el día anterior en el Valle. En Cali, los medios dicen que 'algo' pasó en Tulúa. Y en Tulúa la gente dice que 'algo' pasó en Monteloro. Ese algo fue la matanza de civiles, que también produjo una alevosa amenaza contra los habitantes del corregimiento que motivó el desplazamiento de ciudadanos ajenos al conflicto hacia la cabecera municipal. Las noticias se registran y transmiten por los medios de manera atropellada y casual, y la gente fortalece su imaginario; 'alguien debía algo', 'alguien cobró algo' y 'alguien pagó algo'. (...) Al parecer, en la perspectiva mediática y casi irreal que se está construyendo en el ideario colectivo, el desplazamiento forzado por la violencia no está relacionado con el tema de los recursos naturales --con la explotación de carbón, de oro o de petróleo--, ni con la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos, ni siquiera con los anuncios de posibles inversiones en zonas habitadas por pobres, generalmente poseedores y no propietarios". (83)
El Estado colombiano plantea el desplazamiento como un efecto del conflicto y de la lucha entre grupos irregulares, y a sí mismo como una víctima más, incapaz de detenerlo. La misma existencia del desplazamiento implica asumir la debilidad del Estado para hacer frente a una situación generalizada de violencia y al debilitamiento de los espacios formales de poder. Pero no se trata de un problema coyuntural ni de corto plazo, y abordarlo con respuestas puntuales y asistencialistas, de forma fragmentada y parcial, no tendrá ningún efecto perdurable sobre la dinámica que guía los movimientos de población.
No está en la agenda de las negociaciones de paz ni en los debates del Congreso, no tiene la relevancia pública de las desapariciones o los secuestros. Los desplazados "por la violencia" son los grandes olvidados del sistema, aunque no son los únicos: los pequeños campesinos que producen cultivos ilícitos y son equiparados a los narcos, los que están siendo expulsados del campo mediante la presión del sistema económico, los excluidos del mercado laboral, todos ellos forman parte del contingente de olvidados.
13. RELACIÓN DE FUENTES UTILIZADAS (84)
13.1. Bibliografía
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13.2. Seguimiento de medios de comunicación
- Agencia Latinoamericana de Información: www.alainet.org
- BBC: http://news.bbc.co.uk
- Cambio: www.cambio.com.co
- CNN: www.cnn.com
- El Colombiano: http://elcolombiano.terra.com.co
- El Espectador (a partir de septiembre, semanario): www.elespectador.com
- El Mundo (España): www.el-mundo.es
- El País (España): www.elpais.es
- El Tiempo: http://eltiempo.terra.com.co
- Éxodo (revista del GAD): www.exodo.org.co
- Financial Times: www.ft.com
- International Herald Tribune: www.iht.com
- International Press Service en español: www.ips.org/spanish/
- Radio Caracol: http://caracol.com.co
- RCN: www.rcnradio.com.co
- Semana: http://semana.terra.com.co
- The Economist: www.economist.com
- The Guardian: www.guardian.co.uk
- The New York Times: www.nyt.com
- The Washington Post: www.washingtonpost.com
13.3. Páginas web con actualizaciones periódicas (ONG, organizaciones internacionales y medios de comunicación independientes en Internet)
- ACNUDH. Oficina en Colombia: www.hchr.org.co
- Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz: www.asambleaporlapaz.f2s.com
- Centre for International Policy: www.ciponline.org/colombia/
- Centro de Medios Independientes Colombia: http://colombia.indymedia.org
- CINEP: www.cinep.org.co
- Codhes: www.codhes.org.co
- Colombia Report: www.colombiareport.com
- Colombia Support Network. Human Rights for Colombia: www.colombiasupport.net
- Colombia Times: www.colombiatimes.com
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos: www.cidh.org
- Diálogo Interagencial: www.dial.org.co
- Equipo Nizkor: www.derechos.org/nizkor/colombia/
- Human Rights Watch: www.hrw.org/campaigns/colombia/
- Instituto Interamericano de Derechos Humanos: www.iidh.ed.cr
- Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos: www.ilsa.org.co
- Latin America Information Network (LANIC): http://lanic.utexas.edu/la/colombia
- Latin America Watch: www.zmag.org/LAM/index.html
- Naciones Unidas (Coordinación Humanitaria): www.reliefweb.int
- Norway Refugee Council: www.nrc.no
- Oneworld América Latina: www.oneworld.net/latinamerica/front.shtml
- Organización Panamericana de la Salud: www.col.ops-oms.org
- Pastoral Social (Conferencia Episcopal): www.pastoralsocialcolombia.org
- Paz Colombia: www.galeon.com/pazcolombia/
- Planeta Paz: www.planetapaz.org
- Rebelión: www.eurosur.org/rebelion/hemeroteca/colombia
- Refugee Studies Centre: www.qeh.ox.ac.uk/rsp/header.html
- The Colombia Lens. Resource Centre for the Americas: www.americas.org/colombia/
- The Global IDP Project: www.idpproject.org
- Transnational Institute (programa "drogas y democracia"): www.tni.org/drugs/
- United States Institute of Peace: www.usip.org/library/regions/colombia/
- United States Refugee Council: www.refugees.org
- Vía Alterna: www.viaalterna.com.co
- Washington Office on Latin America: www.wola.org/home.html
13.4. Organismos oficiales y actores armados
- Presidencia de la República: www.presidencia.gov.co
- Red de Solidaridad Social: www.red.gov.co
- Departamento Nacional de Planeación: www.dnp.org.co
- Ministerio de Defensa: www.mindefensa.gov.co
- Defensoría del Pueblo: www.defensoria.org.co/indexs.html
- Autodefensas Unidas de Colombia: www.colombialibre.org
- Ejército de Liberación Nacional: www.eln-voces.com
- Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia: www.farc-ep.org/home.html
- Embajada de EE UU: www.usembassy.state.gov
- Librería del Congreso de EE UU: http://lcweb2.loc.gov
- Departamento de Estado de EE UU. Documentos sobre Plan Colombia:
- www.state.gov/www/global/narcotics_law/fs_colombia.html
14. GLOSARIO Y SIGLAS
14.1. Glosario
- Añil: Arbusto perenne y leguminoso. Pasta de color azul oscuro obtenida de la maceración de los tallos y hojas del mismo.
- Cativo: Árbol de las leguminosas, autóctono de algunas regiones de América.
- Fique: Planta textil. Fibra de la misma planta, de la que se hacen cuerdas.
- Pulpería: Industria de elaboración de pulpa de frutas, etc. Por extensión, industria conservera.
- Quina: Corteza del quino, que contiene quinina; tiene propiedades medicinales.
- Tagua: También llamada marfil vegetal, madera que fue muy utilizada en la elaboración de botones y otros accesorios.
14.2. Siglas
- ACNUDH: Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ACNUR: Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
- AFRODES: Asociación de Afrocolombianos Desplazados
- ALCA: Área de Libre Comercio de las Américas
- ANIF: Asociación Nacional de Instituciones Financieras
- ANUC: Asociación Nacional de Usuarios Campesinos
- ASOAGROMISBOL: Asociación de Agricultores y Mineros del Sur de Bolívar
- AUC: Autodefensas Unidas de Colombia
- BM: Banco Mundial
- CCJ: Comisión Colombiana de Juristas
- CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja
- CND: Coordinadora Nacional de Desplazados
- CODHES: Consultoría sobre Derechos Humanos y Desplazamiento
- CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social
- CPDIA: Consulta Permanente sobre Desplazamiento Interno en América
- CRIC: Consejo Regional Indígena del Cauca
- DAS: Departamento Administrativo de Seguridad
- DD HH: Derechos Humanos
- DIAL: Diálogo Interagencial
- DIH: Derecho Internacional Humanitario
- DNP: Departamento Nacional de Planeación
- ECHO: Oficina Humanitaria de la Unión Europea
- ELN: Ejército de Liberación Nacional
- EZLN: Ejército Zapatista de Liberación Nacional
- FAO: Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
- FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo
- FF AA: Fuerzas Armadas
- FIP: Fondo de Inversiones para la Paz
- FMI: Fondo Monetario Internacional
- FOSYGA: Fondo de Solidaridad y Garantía
- GAD: Grupo de Apoyo a Desplazados
- GTD: Grupo Temático de Desplazamiento
- IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
- INCORA: Instituto Colombiano de Reforma Agraria
- IPS: Institución Prestadora de Salud
- JAC: Junta de Acción Comunal
- OCHA: Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas
- OEA: Organización de Estados Americanos
- OIM: Organización Internacional para las Migraciones
ONIC: Organización Nacional Indígena de Colombia
OPS: Organización Panamericana de la Salud
PIB: Producto Interior Bruto- PMA: Programa Mundial de Alimentos
- PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
- RSS: Red de Solidaridad Social
- SEFC: Sistema de Estimación por Fuentes Contrastadas
- SISDES: Sistema de Información sobre Desplazamiento Interno
- SNAIPD: Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada
- UAO: Unidad de Atención y Orientación
- UNICEF: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
- UTC: Unidad Técnica Conjunta
Notas:
1. Así se señala en el que constituye el más completo estudio realizado hasta la fecha sobre este tema, dirigido por María Teresa Uribe y realizado por el Secretariado Nacional de Pastoral Social (Conferencia Episcopal) y el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Antioquia. Es una obra de 10 tomos, Desplazamiento forzado en Antioquia 1985-1998, Conferencia Episcopal de Colombia, Bogotá, 2000. La aproximación conceptual al desplazamiento en Colombia se encuentra en el volumen 0 de la colección, "Aproximaciones teóricas y metodológicas al desplazamiento de población en Colombia".
2. María Teresa Uribe, El desplazamiento forzado en Antioquia..., Ibídem, 2000, p. 29.
3. Flor Edilma Osorio y Fabio Alberto Lozano, "Horizontes de comprensión y acción sobre el desplazamiento forzado en Colombia, 1995-97", en Codhes, Un país que huye. Desplazamiento y violencia en una nación fragmentada, Codhes-Unicef, Bogotá, 1999. Ver:http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/despl/
4. Alfredo Molano, "Desterrados", en Papeles de cuestiones internacionales, Nº 70, primavera de 2000, Centro de Investigación para la Paz, Madrid.
5. Jorge Rojas y Marco Romero, "Conflicto armado y desplazamiento forzado interno en Colombia", en Esta guerra no es nuestra. Niños y desplazamiento forzado en Colombia, Codhes-UNICEF, Bogotá, 2000.
6. Liliana Obregón y Maria Stavropoulou, "In search of hope: the plight of displaced Colombians", en R. Cohen y F. Deng (eds), The forsaken people: case studies of the internally displaced, Brookings Institution Press, Washington, 1998.
7. Marbel Sandoval, "Desplazados: una historia sin contar", en Universitas Humanística, Nº 47, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 1999.
8. Alfredo Molano, "El Plan Colombia. Versiones", documento mecanografiado, 8 de septiembre de 2000.
9. Jaime Zuluaga Nieto, "Antecedentes y tendencias del desplazamiento forzoso en Colombia", en Carlos Tassara et. al. (comp.), El desplazamiento por la violencia en Colombia. Experiencias, análisis y posibles estrategias de atención en el Departamento de Antioquia, Memorias del Foro "Desplazados Internos en Antioquia", Medellín, 27-28 de julio de 1998.
10. Darío Fajardo, "Bases para una política de asentamientos humanos, prevención de los desplazamientos forzados y acceso a la tierra para los desplazados", Informe final de consultoría para la Unidad Técnica Conjunta (ACNUR-RSS), Bogotá, 15 de noviembre de 2000, documento mecanografiado.
11. Hanna Arendt, Los orígenes del totalitarismo, Taurus, Madrid, 1994.
12. Daniel Pécaut, "Respecto a los desplazados en Colombia", en Carlos Tassara et. al. (comp.), El desplazamiento por la violencia en Colombia..., Op. Cit, 1998.
13. Ponencia presentada en el Seminario Nacional de Políticas Integrales sobre el Desplazamiento, Universidad Javeriana, Bogotá, julio de 1994; citado en Conferencia Episcopal de Colombia, Desplazados por violencia en Colombia, Bogotá, 1995.
14. Informe de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Para retornar... a la vida, Memorias del Encuentro Nacional de Desplazados, Bogotá, 23-25 de febrero de 2000.
15. Juan de Dios Mosquera, Las comunidades negras de Colombia hacia el siglo XXI, Docentes Editores, Bogotá, 2000.
16. Libardo Sarmiento Anzola, Desarrollo societal, conflicto y territorio, documento mecanografiado.
17. Entrevista personal con José Domingo Caldón, vicepresidente del CRIC, Bogotá, 13/7/2001.
18. Jorge Rojas y Marco Romero, "Conflicto armado y desplazamiento...", Op. Cit., 2000
19. Fernando Medellín y Ulises Rinaudo, "Los desafíos de la política de reasentamiento de población desplazada por la violencia", en William Partridge (ed), Reasentamiento en Colombia, Banco Mundial, Bogotá, 2000.
21. Vía Campesina, "Informe final de la misión de Vía Campesina a Colombia", julio-diciembre de 2000. En este sentido hay que recordar que los precios internacionales del aceite de palma cayeron más de un 20% sólo en el año pasado
22. Lauchlin Currie, Desarrollo económico acelerado, Fondo de Cultura Económica, México DF, 1968.
23. Entrevista con Marino Córdoba, presidente de AFRODES (Asociación de Desplazados Afrocolombianos), Bogotá, 9/7/2001.
24. Pastoral Social, RUT Informa, Nº 2, Boletín trimestral sobre desplazamiento forzado en Colombia, abril-junio de 1999, Bogotá, p. 11.
25. "Campesinos, una especie en vías de extinción", El Tiempo, 5 de agosto de 2001.
26. Tomado de Absalón Machado, La cuestión agraria en Colombia a fines del milenio, El Áncora Editores, Bogotá, 1998. Excluye Antioquia, San Andrés y los departamentos de la Amazonia y Orinoquia (excepto Meta, Caquetá, Arauca y Casanare).
27. "Campesinos, una especie en vías de extinción", en El Tiempo, 5 de agosto de 2001.
28. Dario Fajardo (et.al), Colonización y estrategias de desarrollo, IICA, Bogotá, 1997, p. 86.
29. Tamara Osorio et. al., "Estados frágiles, ruptura de equilibrios y exclusión", Cuadernos para el debate, Nº 1, MSF-E
30. Juan Gabriel Tokatlián y José Luis Ramírez (eds), La violencia de las armas en Colombia, Fundación Alejandro Ángel Escobar-Tercer Mundo, Bogotá, 1995.
31. Nazih Richani, "The political economy of violence: the war-system in Colombia", en Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Vol. 39, Nº 2, pp. 37-82.
32. Todos los datos de este apartado provienen, salvo que se indique lo contrario, de fuentes oficiales: Departamento Nacional de Planeación- Unidad de Desarrollo Social- División de Indicadores y Orientación del Gasto Social; Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y Sistema de Indicadores Sociodemográficos (SISD). Tomados de Libardo Sarmiento Anzola, "Plan Colombia, conflicto e intervención", Nueva Sociedad, Nº 172, marzo-abril 2001, Caracas; y de Libardo Sarmiento Anzola, "El Plan Colombia y la economía política de la guerra", documento mecanografiado.
33. Magda Rivera, "A diez años de la apertura. Un balance diferente", publicado en la revista del CINEP Cien Días, disponible en su página web: www.cinep.org.co
34. Libardo Sarmiento Anzola, "Plan Colombia...", Op. Cit., 2001
35. Conferencia Episcopal de Colombia, Desplazados por la violencia, Kimpres, Bogotá, 1995.
36. Harvey Danilo Suárez Morales, "Bucaramanga, Lebrija y Piedecuesta (Santander). Estudio de caso", en Pastoral Social de Colombia, RUT Informa. Sobre Desplazamiento Forzado en Colombia, Boletín Trimestral Nº 7, junio-septiembre de 2000.
37. Roberta Cohen y Gimena Sánchez-Garzoli, Internal displacement in the Americas: some dinstinctive features, Brookings Institution, mayo de 2001. Este texto será publicado próximamente en español, en Costa Rica, por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y ACNUR.
38. Conferencia Episcopal de Colombia, Desplazados..., Op.Cit, 1995
39. Francis Deng, Report of the Representative of the Secretary-General on internally displaced persons submitted in accordance with Commision resolution 1999/47. Addendum: Profiles in displacement. Follow-up mission to Colombia, presentado a la 55 sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, 11 de enero de 2000.
40. RSS, "Desplazamiento forzado en Colombia: magnitud, extensión territorial y grupos poblacionales afectados", agosto de 2001. Documento mecanografiado
41. Ver "Diagnóstico nutricional de Altos de Cazuca, Soacha", Lourdes Vázquez y Luz Amparo Sánchez, MSF-E, mayo-junio de 2001.
42. Francis Deng, Report of the Representative…, Op. Cit., 2000.
43. Con respecto a la confidencialidad de los datos consignados en la declaración, que se supone que es absoluta: durante alguna visita a las instituciones encargadas de recibirla, se me proporcionaron ejemplares de declaración con todos los datos de la persona desplazada, sin más identificación por mi parte que llevar un chaleco de MSF (no se pidió carné ni otro tipo de documento).
44. Esta afirmación, que realizó un desplazado en Altos de Cazuca, fue confirmada por responsables de la Red en Soacha.
45. Entrevista en la oficina de la RSS de Florencia (Caquetá).
46. Entrevista personal con F.D., desplazado, Altos de Cazuca, 6/7/2001
47. Entrevista realizada en julio de 2001.
48. Informe del director de la RSS en sesión ordinaria el 20 de marzo de 2001 en el Senado.
49. Entrevista con el responsable de Planeación de la alcaldía de Puerto Asís, 14/7/2001
50. Acta de la reunión de la Mesa de Bogotá y Soacha, 12 de diciembre de 2000, en Bogotá.
51. Entre el 3 y el 26 de agosto de 1999, unos 80 desplazados ocuparon la sede de ACNUR para pedir atención a su problemática por el Gobierno nacional
52. Desde diciembre de 1999, decenas de personas continúan ocupando la anterior sede del CICR en Bogotá, sin haber conseguido hasta el momento el cumplimiento de los compromisos por parte del Gobierno
53. Tomado de GAD, Report about forced displacement in Colombia.January-December 1999, Bogotá, marzo de 2000
54. Codhes, ¿Hasta cuándo? Codhes informa, Nº 35, Bogotá, 17 de abril de 2001.
55. Comparecencia del director de la RSS ante el Senado, 20 de marzo de 2001.
56. Como parte de las "cajas menores", un mecanismo del presupuesto orientado a regular la cantidad de dinero disponible en las entidades. Comparecencia de 20 de marzo de 2001, Ibídem.
57. Departamento Nacional de Planeación, Documento Conpes 3115, Bogotá, 25 de mayo de 2001.
58. Entrevista con la secretaria de Desarrollo de Soacha, Claudia C. Alfonso.
59. ANIF, Informe Semanal, Nº 565, Bogotá, 22 de enero de 2001.
60. Associated Press, "El aumento de refugiados colombianos preocupa a la ONU", Ginebra, 28 de agosto de 2001.
61. Jaime Córdoba Triviño, en Su Defensor, Nº 15, año 2, octubre de 1994, pp. 18-19. Citado en Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"- CREDHOS, Hoy, como ayer, persistiendo por la vida. Redes de inteligencia y exterminio en Barrancabermeja, Bogotá, 1999.
62. CCJ, Panorama de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia, Informe de avance: abril a septiembre de 2000, Bogotá, mayo de 2001.
63. CCJ, Panorama de derechos humanos, Op. Cit., 2001.
64. Françoise Bouchet-Saulnier, Diccionario práctico de Derecho Humanitario, Ediciones Península, Barcelona, 2001.
65. Ministerio de Defensa de Colombia, Los grupos ilegales de autodefensa en Colombia, diciembre de 2000.
66. Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2001/15, 20 de marzo de 2001.
67. Aquí sólo se hace mención a algunas novedades de los últimos meses en la atención a desplazados. Para más detalles ver el informe de Stella Quintana "Acceso a los servicios de salud en Colombia" , MSF-E, junio de 2001.
68. Así se manifestó en una reunión en Puerto Asís, entre las entidades que están tratando elaborar el Plan de Contingencia, y en la que estaba presente una representante de MSFE
69. Disponible en la página web de la OPS, www.col.ops-oms.org
70. Entrevista con varios desplazados en Altos de Cazuca, 6/7/2001.
71. Bertha Lucia Castaño y Pedro López, "Efectos psicosociales del desplazamiento interno en Colombia", memorias del seminario taller nacional Propuestas de políticas integrales relacionadas con el desplazamiento interno en Colombia, Ministerio de Gobierno, Bogotá, 1994.
72. "Colombia está atrapada por cadenas de retaliación y venganza. Por eso impera el lenguaje de los agravios", conversación entre María Teresa Uribe y Sante Cervellín, en La Revista de El Espectador, Nº 49, 24 de junio de 2001.
73. Denis Beatriz Andrade, "El derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento forzado en Santafé de Bogotá", informe de investigación de UNICEF y Codhes, febrero de 1999.
74. Testimonio de desplazados en Altos de Cazuca, 6/7/2001.
75. Entrevista con desplazados, Altos de Cazuca, Soacha
76. Constituido por organizaciones como CINEP, Justicia y Paz, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comisión Colombiana de Juristas, Mencoldes, Humanidad Vigente, entre otras. Sus informes anuales y el boletín Éxodo son valiosos aportes al conocimiento de la problemática del desplazamiento forzado en Colombia.
77. Entrevista personal con Marino Córdoba, presidente de AFRODES, Bogotá, 9/7/2001, en la cual tuve ocasión de ver los expedientes de las familias que no han obtenido respuesta de la Red de Solidaridad Social.
78. Roberta Cohen y Gimena Sánchez-Garzoli, Internal displacement..., Op.Cit., 2001.
79. GTD, "Estado de situación del desplazamiento y retos para el año 2001", documento de conclusiones de la reunión del 19 de enero de 2001. Disponible en la página web "Salud y desplazamiento" de la OPS: www.col.ops-oms.org
80. "IDP project" es una iniciativa en la que participan el Comité Interagencias (formado por los directores de las agencias de NN UU) y tres redes de ONG: Interaction, Steering Committee e ICVA. Los objetivos del proyecto son la construcción de bases de datos, publicaciones y capacitación en principios rectores.
81. La dirección es www.col.ops-oms.org
82. Ver los datos de población atendida en el apartado "Las cifras"
83. F. Medellín y Ulises Rinaudo, "Los desafíos de la política de reasentamiento de la población desplazada por la violencia", en William Partridge (ed), Reasentamiento en Colombia, Banco Mundial, Bogotá, 2000
84. No se incluye aquí el listado de entrevistas realizadas en España y Colombia. El trabajo de campo incluyó entrevistas con desplazados y organizaciones de desplazados; organizaciones colombianas que trabajan en el ámbito de asistencia directa, protección o asesoramiento, organizaciones de derechos humanos, organismos y ONG internacionales, agencias de Naciones Unidas, y las entidades gubernamentales que desempeñan alguna función en el "esquema" de asistencia a desplazados (personerías, Defensoría del Pueblo, Red de Solidaridad Social, Ministerio del Interior...), en el nivel local y nacional. Este trabajo se desarrolló en Bogotá, en los departamentos de Caquetá y Putumayo y en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos.
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